informe de población de origen africana solicitante de refugio en la ciudad de rosario

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Informe del estado de situación de la población de origen africana solicitante de refugio en la ciudad de

Rosario y su área metropolitana.

· Informe 2010 ·

AUTORES: Noelia Caudet , Eliana Girotti , Natalia Perren

TUTOR INSTITUCIONAL: Lic. Gustavo Lafarge

TUTORES ACADÉMICOS: Lic. Cristina Wheeler / Lic. Juan Pablo Angelone

Introducción

Marco teórico

Situación política y socio- económica de losprincipales países expulsores

Argentina como país receptor

Rosario como “ciudad solidaria”

Los refugiados en Rosario

Posibles estrategias de intervención

Conclusión

Fuentes

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Índice

· Costa de Marfil

· Guinea

· Liberia

· Níger

· Nigeria

· Senegal

· Sierra Leona

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Introducción

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Desde comienzos del año 2000 un número importan-te de africanos, en su mayoría, hombres jóvenes, co-

menzaron a transitar las calles de Rosario. Producto de este fenómeno desde finales de 2006 - y a partir de haber sus-cripto un Acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)- Rosario se convirtió en Ciudad Solidaria.

A partir de entonces, la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario ha venido atendiendo la de-manda de muchos de estos jóvenes que llegan en busca de ayuda alimentaria, de soluciones a problemas de alojamien-to o inserción laboral. Además, existen organizaciones que a través de diversos mecanismos intervienen en la inserción social de los refugiados. Ellos, en su totalidad, han pasado por la Dirección Nacional de Migraciones peticionando el estatus legal de refugiado.

Debido al interés creciente que ha adquirido esta proble-mática a nivel local, la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario se ha propuesto realizar un es-tudio de campo para conocer especificidades de la temática, definir la dimensión de la problemática y luego abordarla de manera eficiente.

Con esta finalidad, la Oficina de Derechos Humanos con-voca, a través del Departamento de Pasantía de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, a un grupo de estudiantes para la realización de una inves-tigación y posterior confección de un informe, acerca del estado de situación de la población de origen africana so-licitante de refugio en la ciudad de Rosario y su área me-tropolitana. Los objetivos que guían la realización de este informe son:

Objetivo general· Describir el estado de situación de la población africa-

na solicitante de refugio en la ciudad de Rosario y su área Metropolitana en el año 2009.

Objetivos específicos· Identificar los principales países de origen y las causas

de expulsión. · Reconocer a los actores que intervienen en el proceso

de inserción local.· Enumerar y describir casos de solicitantes de refugio de

la ciudad de Rosario.

Durante el desarrollo del apartado 2, se trabajan conceptos importantes a la hora de aproximarse a la temática. Primero, se define la noción de migraciones en general; luego se des-cribe el marco legal que contiene las definiciones de refu-giados y solicitantes de refugio, para después vincularlo con los Derechos Humanos.

En el apartado 3 se avanza en la identificación de los prin-cipales países expulsores de población africana solicitante de refugio en Rosario: Costa de Marfil, Guinea, Liberia, Níger, Nigeria, Senegal y Sierra Leona. Primariamente, se descri-be aspectos generales de la región del África Occidental, a la cual pertenecen todos los países en consideración, para

luego avanzar en las razones de expulsión relacionadas con violaciones de Derechos Humanos en cada uno de ellos.

El apartado 4 se refiere a la situación de Argentina como país receptor. Se describe el marco legal internacional al que nuestro país suscribe y la reglamentación interna. Así mis-mo, se brinda información cuantitativa respecto a los refu-giados en Argentina, para finalmente exponer un mapeo de actores que intervienen en la inserción de los refugiados y solicitantes de asilo.

El desarrollo del apartado 5 se centra en la descripción de Rosario como “Ciudad Solidaria”, es decir, de las respon-sabilidades adquiridas luego de haber suscripto un acuerdo con ACNUR. Además se presentan los actores involucrados en la inserción social de los refugiados y solicitantes de asilo en Rosario.

En el apartado 6 se exponen las conclusiones respecto del estado de situación de la población africana refugiada y soli-citante de refugio en Rosario, a partir del estudio de campo realizado entre agosto y diciembre de 2009.

Por último, en el apartado 7 se elaboran posibles líneas es-tratégicas de intervención tendientes a dar solución a los principales problemas detectados en los apartados 5 y 6, te-niendo en cuenta tanto las necesidades manifestadas por los solicitantes de refugio, como las dificultades de coordina-ción en la función gubernamental.

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Marco teórico

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“aquellas personas que han presentado una solicitud en la que afirma que él o ella es un/a refugiado/a, y se halla esperan-do a que esa solicitud sea aceptada o rechazada”. (ACNUR; 2008; pág. 10)

Describe el hecho de que alguien ha interpuesto la solici-tud y en el periodo en el cual se define si es o no refugiado debe recibir las mismas consideraciones que un refugiado.

La problemática de la migración se vincula con la de los Derechos Humanos a partir de tres aspectos. En primer lu-gar, los migrantes que buscan refugio lo hacen como con-secuencia de la vulneración de sus derechos en los países de origen. Más de 20 millones de personas han sido desplaza-das a la fuerza de sus hogares en África.

Alrededor de la cuarta parte de ellas son refugiados que han recibido asilo en territorios extranjeros. Las razones por las que las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares y comunidades en busca de seguridad son complejas. En casi todos los casos se entremezclan factores como la represión, la violencia social, los conflictos armados, la pobreza y el desplazamiento forzado. No obstante, la causa directa de la huida es casi siempre el peligro de sufrir abusos y violacio-nes de derechos humanos (Anmesty Internacional; 1997)

En segundo lugar, la migración en si misma constituye un derecho que ejercen los migrantes: el derecho a la movili-dad. Y por último, es el Estado receptor quien debe garanti-zar los derechos antes vulnerados en virtud de los acuerdos internacionales a los que se halla suscripto.

Estos vínculos se relacionan con una concepción que en-tiende a los Derechos Humanos como necesidades huma-nas contempladas en el ordenamiento jurídico, ya sea en la Constitución, las leyes o los tratados internacionales, cuyo garante y protector es el Estado en todas sus formas.

“Siguiendo a Eduardo Barcesat, diremos que la expresión de-rechos humanos alude a necesidades humanas socialmente ob-jetivadas las cuales son exigibles y deben ser accesibles a to-das las personas. Por su parte, el sujeto jurídico que tiene la obligación de garantizar el acceso a la satisfacción de esas ne-cesidades es el Estado, ya sea local, provincia, nacional e internacional.”(Angelone; 2006)

Entonces, todo aquel que ve vulnerados sus derechos puede exigir al Estado el cumplimiento efectivo de lo contempla-do en la norma.

Las migraciones internacionales se definen como mo-vimientos masivos de personas de un país a otro. És-

tas deben entenderse como un proceso colectivo, que no parte de decisiones individuales, sino que incluye grupos y sociedades completas. Si bien no es un fenómeno nuevo, desde principios de la década del 90 comienza a aparecer como una problemática prioritaria en las agendas de la co-munidad internacional.

Según Lelio Mármora (2002), las migraciones actuales tie-nen como carácter distintivo: su segmentación. A princi-pio de siglo, a pesar de su gran diversidad, las migraciones mantenían cierto patrón homogéneo en cuanto a su com-posición. En cambio, hoy existen al menos tres grandes co-rrientes: en primer lugar, la de los pobres, desempleados, y excluidos de los mercados de trabajo, que sólo tienen acceso a los sectores informales o más precarizados de las econo-mías de las sociedades receptoras. En segundo lugar, la de los cuadros técnicos y profesionales, que se movilizan en forma cada vez más fluida, en mercados multinacionales, formales, y exclusivos y que tiende a incrementarse en la medida en que se expandan los procesos de integración regionales. Y en tercer lugar, las migraciones forzadas, por causas políti-cas o luchas étnico- tribales, cuya composición se confunde muchas veces, con las primeras.

Se puede afirmar que los dos primeros grupos correspon-den a la categoría de migrantes económicos, y el tercer grupo se define como refugiados. El migrante económico deja su país voluntariamente, en busca de mejores condi-ciones económicas, mientras recibe la protección del go-bierno de su país de origen. En cambio el refugiado aban-dona su país por circunstancias que ponen en riesgo su integridad y su seguridad.

El marco legal de los refugiados se encuentra en dos do-cumentos de las Naciones Unidas: La Convención de 1951, y el Protocolo sobre el Estatus de Refugiados de 1957. En los mismos se determinan derechos y deberes de los refugiados.

La Convención Sobre el Estatus de Refugiados de 1951 de-fine al refugiado como la persona que

“teniendo un temor bien fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membrecía a un grupo social par-ticular, u opinión política, está fuera del país de su nacionalidad y está inhabilitado o, debido a ese temor, no desea colocarse en la protección de dicho país.” (Art. 1 de la Convención sobre el Estatus del Refugiado; 1951)

Asimismo, cabe agregar que la protección internacional no incluye sólo la seguridad física, sino también ayuda básica y los mismos derechos civiles que cualquier residente le-gal. Generalmente, las personas que huyen de los conflic-tos o de la violencia generalizada son también considera-das como refugiadas

También se debe tener en cuenta la categoría de solicitante de asilo o refugio, que se define como

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Situación política y socioeconómica de los principales países expulsores

Según la información recabada1 los principales países que expulsan población en busca de asilo a Rosario son:

Costa de Marfil, Guinea, Liberia, Níger, Nigeria, Senegal y Sierra Leona. Todos estos países pertenecen a la región de África Occidental según un criterio geopolítico de agrupa-ción de países.

Antes de describir la situación política y socioeconómica de cada uno de los países antes nombrados, para expli-car los principales causales de expulsión, nos referiremos brevemente a características generales de la región del África Occidental.

Siguiendo a Gladys Lechini (1986) se puede decir que el África contemporánea es la síntesis entre su tradición, la herencia colonial y los intentos de modernización. En este sentido, y a pesar de que para la década del 60 la totali-dad de los países de África Occidental habían logrado su independencia, la dominación colonial quebró el equilibrio tradicional al desnaturalizar la vida comunitaria, e inten-tar privar del carácter sagrado a la autoridad incorporando instituciones políticas europeas.Efectivamente, la domina-ción colonial actuó como fuerza modernizante y las prime-ras constituciones responden a modelos parlamentarios. Sin embargo, hoy 45 de los 51 estados independientes son repu-blicas presidenciales como consecuencia de que este sistema político se adecua mejor al sistema de valores del África pre colonial.

En ese sistema de valores el poder temporal siempre se vin-cula al poder divino. Esto explica la tendencia a la personali-zación, sacralización y concentración del poder, en manos del líder, que encontramos en los estados modernos africanos.

Asimismo, los sistemas políticos del África occidental se es-tructuran generalmente desde la república unitaria con el fin de reforzar el estado nacional. La idea de un gobierno federal es resistida en la medida en que la identidad nacional no co-incide con las fronteras artificiales que no respetaron las fron-teras étnicas naturales y la diversidad del África tradicional.

La diversidad étnica atraviesa de manera determinante la realidad política africana. En algunos países del África Oc-cidental existen movimientos separatistas que se constitu-yen a partir de una identidad étnica, y cuyos enfrentamien-tos superan las fronteras estatales. Además, los gobiernos y las facciones políticas explotan cada vez más las diferencias étnicas para ganar apoyo y definir al enemigo. Esta actitud hace que se identifique como objetivos bélicos a comuni-dades y poblaciones enteras. Además, en algunos casos, estas divisiones se han institucionalizado a lo largo del tiempo con la creación de partidos políticos donde la lealtad étnica es la lealtad primaria.

Los abusos y violaciones de derechos humanos que provo-can la expulsión de población no son accidentales, sino el resultado de decisiones políticas y militares, especialmente en el caso de las brutales guerras que existen actualmente en diversas partes de África, así como de la represión y la discriminación que se ejerce en las distintas sociedades.

A continuación se describen las particularidades de cada país de origen de la mayoría de los solicitantes de asilo que residen en Rosario.

1Entrevistas a solicitantes de asilo, Rosario. Entrevistas a actores claves en la inserción de los solicitantes de asilo, Rosario. Informe Anual de la De-fensoría General de la Nación. Documentos de ACNUR. Documentos del CEPARE. Documentos proporcionados por Migraciones.

Situación política y socioeconómica de los principales países expulsores:

Costa de Marfil

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Costa de Marfil, ex-colonia francesa, obtuvo su inde-pendencia en 1960. Su primer presidente después de la

independencia fue Félix Houphouët-Boigny, líder del Parti Démocratique de la Côte d’Ivoire (PDCI), hasta su muer-te en 1993, es decir que la vida política contemporánea esta marcada por la influencia de este presidente. Fue uno de los fundadores de la Rassemblement Démocratique Africain (RDA), el principal partido político interterritorial pre-in-dependencia, de todos los territorios africanos occidentales franceses excepto Mauritania.

Félix Houphouët-Boigny, fue sucedido tras su muerte por su diputado Henri Konan Bédié, presidente del Parlamen-to, quien fue derrocado el 24 de diciembre de 1999 por el general Robert Guéï, un ex comandante de ejército sacado por Bédié. Este fue el primer golpe de estado en la historia de Costa de Marfil. Siguió un descenso de la actividad eco-nómica y la junta prometió devolver el país al gobierno de-mocrático en el año 2000.

Guéï permitió que se hicieran elecciones al año siguiente, pero cuando éstas fueron ganadas por Laurent Gbagbo, él se rehusó en un principio a aceptar su derrota. Pero las protes-tas callejeras lo obligaron a renunciar y Gbagbo se convirtió en presidente el 26 de octubre de 2000.

El 19 de septiembre de 2002, surgió una rebelión en el nor-te y en el oeste y el país quedó dividido en tres partes. Ocu-rrieron asesinatos masivos, notablemente en Abiyán, cuando fuerzas del gobierno mataron a más de 200 protestantes. Un proceso de reconciliación bajo auspicios internacionales co-menzó en 2003. Varias miles de tropas francesas y africanas occidentales permanecieron en Costa de Marfil para mante-ner la paz y a ayudar a implementar los acuerdos.

Se suponía que se llevaría a cabo un desarme el 15 de octu-bre de 2004, pero fue un fracaso. Costa de Marfil ahora está dividida en dos sectores, uno liderado por el líder rebelde Guillaume Soro, y el otro por el presidente Laurent Gbag-bo, quien ha bloqueado los avances diplomáticos hechos en Marcoussis y Accra. De las leyes relacionadas con las refor-mas políticas prometidas por Gbagbo en Accra, sólo dos de diez se han votado hasta ahora. El lado rebelde tampoco ha mantenido sus promesas, lo cual resulta en un estado de guerra civil. Las fuertes represiones del gobierno sufridas en marzo y en noviembre de 2004, que dejaron 25 muertos, el desmarque del proceso de Paz por parte de los rebeldes y la detención de un grupo de mercenarios en Francia y en Costa de Marfil el 28 agosto de 2003 con intención de atentar contra el presidente Gbagbo de Costa de Marfil, po-nen en entredicho los intentos de paz últimos firmados con los rebeldes en mayo de 2003.

La frustración es ahora un sentimiento dominante en la po-blación, especialmente desde que la calidad de vida ha caído desde la era de Félix Houphouët-Boigny. Atribuida principal-mente al patrocinio del sistema “Françafrique” (diseñado para consolidar la influencia de Francia en África) y a una econo-mía mantenida principalmente gracias a una mal pagada clase trabajadora burkinabé e inmigrantes de Malí. Sin embargo, la responsabilidad es ampliamiente atribuida al pueblo del Norte.

La deuda del país ha crecido, el desorden civil ocurre a dia-rio, y la vida política se ha vuelto en luchas personales por intereses. Para responder a estos problemas, nació el concep-to de “ivoirité”, un término racista que apunta principal-mente a denegar los derechos económicos y políticos a los inmigrantes del Norte.

A pesar de las intensas presiones políticas de la comuni-dad internacional, no se reunieron las condiciones necesa-rias para la celebración de elecciones presidenciales, debi-do principalmente a desacuerdos entre los simpatizantes del presidente Laurent Gbagbo y los partidos de la oposición. El presidente y sus simpatizantes exigieron el desarme in-mediato de las Fuerzas Nuevas, mientras que la oposición insistía en un programa para emitir documentos de identi-dad antes de las elecciones.

Siguieron recibiéndose informes de abusos graves contra los derechos humanos de las mujeres y niñas en la zona del país controlada por el gobierno, alentados por un ambiente de impunidad, de varios casos de detención arbitraria, tortura y malos tratos en el contexto de las extorsiones generalizadas en los controles de seguridad y durante las inspecciones de documentos de identidad.

Según informes, los ataques se centraron en los dioulas y los ciudadanos de países vecinos. En el oeste del país, el an-tagonismo entre la población indígena y los agricultores de otras regiones o de países vecinos, como Burkina Faso, siguió provocando conflictos con respecto a la propiedad de la tierra y enfrentamientos étnicos. La retórica xenófoba empleada por los políticos y los medios de comunicación agravó la hostilidad.

En marzo de 2007, el presidente Laurent Gbagbo y Gui-llaume Soro, Secretario General de las Fuerzas Nuevas (Forces Nouvelles), coalición de grupos armados que con-trolaba el norte de Costa de Marfil desde septiembre de 2002, firmaron un acuerdo en Uagadugú, capital de Bur-kina Faso, con objeto de reunificar el país y establecer las condiciones necesarias para la celebración de elecciones presidenciales, aplazadas desde 2005. Se fijó un calendario de desarme y de creación de un ejército integrado. Gui-llaume Soro fue nombrado primer ministro de un nuevo gobierno de transición en marzo. En septiembre se eliminó la zona temporal de seguridad que, controlada por fuerzas francesas y de la ONU, separaba a las tropas del gobierno y a los elementos armados de las Fuerzas Nuevas y se crea-ron brigadas mixtas, formadas por tropas de ambos bandos, que comenzaron a patrullar allí. En septiembre se inició un proceso de registro de votantes, y en noviembre ambas partes acordaron celebrar elecciones presidenciales antes de junio de 2008. Se comprometieron a comenzar el esperado proceso de desarme en diciembre, con miras a formar un nuevo ejército nacional.En octubre, el Consejo de Seguri-dad de la ONU decidió prorrogar otro año el embargo de armas y de las exportaciones de diamantes, así como algu-nas sanciones particulares, como la prohibición de viajar y la congelación de activos impuestas a tres líderes políticos.

Continuó en el poder el gobierno de coalición formado

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por partidarios del presidente Laurent Gbagbo y encabeza-do por Guillaume Soro. Sin embargo, no se alcanzaron los principales objetivos que se fijaban en el acuerdo de paz de Uagadugú de 2007. Pese a algunos esfuerzos, no se com-pletó el proceso de desarme de los miembros de las Fuerzas Nuevas y de creación de un ejército integrado. Además, los procesos de identificación y de registro de votantes se vie-ron dificultados por los ataques lanzados por una organi-zación estudiantil vinculada al presidente Gbagbo. A pesar del acuerdo de paz, ambos bandos continuaron cometien-do abusos contra los derechos humanos, cuyas principales víctimas eran las mujeres; el hostigamiento y las agresiones físicas, perpetrados sobre todo en controles de carretera, si-guieron estando muy extendidos.

Los estudiantes saquearon los centros de registro, robaron equipos informáticos y se apoderaron de certificados de na-cimiento. En octubre, las elecciones presidenciales se aplaza-ron por cuarto año consecutivo.

En marzo y abril, la policía antidisturbios dispersó a varios cientos de manifestantes que habían bloqueado vías públi-cas y quemado neumáticos en Abiyán, la capital económica del país, para protestar contra el alza de los precios de los alimentos básicos. La policía utilizó granadas de gases lacri-mógenos y fuego real. Dos hombres murieron y más de 10 personas resultaron heridas.

La historia del país, desde su independencia se ve sig-nada por los continuos abusos ejercidos sobre los dere-chos humanos, destacándose el abuso cometido hacia mujeres y niñas, tanto por parte de las fuerzas de se-guridad como de las fuerzas nuevas, en lo que refiere a detenciones arbitrarias, violaciones, tortura, extorsión generalizada y ataques a la libertad de expresión. Preva-leció un clima de impunidad debido a la inexistencia de un sistema judicial efectivo en el norte.

Costa de Marfil es el 53° país más poblado y el 68° más grande del mundo, con una población estimada de 20 mi-llones de habitantes, es el primer productor mundial de ca-cao con el 43% del mercado, entre sus demás producciones se destacan las exportaciones de , maderas tropicales, petró-leo, algodón, plátanos, piña, aceite de palma y pescado.


Guinea

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Desde su independencia de Francia en 1968 hasta la ac-tualidad, Guinea sólo ha conocido tres presidentes. To-

dos asumieron a través de Golpes de Estado y ninguno de sus gobiernos ha dejado de violar reiteradamente los dere-chos humanos de los guineanos.

Las esperanzas suscitadas por Sekou Touré al producirse la independencia, fueron barridas por el establecimiento de una dictadura simbolizada por el campo Boiro, donde miles de guineanos hallaron la muerte. El Campo Boiro fue un campo de concentración que albergaba a una gran canti-dad de presos políticos del régimen. Funcionó desde el año 1958 hasta 1984, localizado en un suburbio dentro de Co-nakry. En este campo se estima que fueron torturadas y ase-sinadas más de 50.000 personas.

Tras la muerte de Sekou Touré en 1984, llego al poder La-sana Conté, mediante un Golpe de Estado realizado contra el presidente interino. El comité Militar de Regeneración, liderado por Conté suspendió la Constitución y disolvió la Asamblea Nacional.

Francia, Estados Unidos y la mayoría de los países africa-nos habían recibido con alivio la desaparición del sangrien-to fundador de Guinea. Al contar con la aprobación de estos países, y verse absuelto de forma anticipada, el general Con-té transformó, en tan sólo un cuarto de siglo, “la perla de África” en un semillero para multinacionales.

A partir de 1990 el gobierno de Conté inició un proceso de “democratización”, o más bien, de institucionalización del Golpe, que culminó en la aprobación de una nueva Cons-titución en 1992. Conté gobernó Guinea por 24 años du-rante los cuales se celebraron elecciones en 1993, 1998 y en 2003, todas rodeadas de acusaciones de fraude, encarce-lamiento y tortura de lideres opositores, o parlamentarios opositores, el veto o el boicot de los demás partidos en las elecciones, en suma, con una falta total de garantías demo-cráticas y de transparencia durante todos los procesos electorales.

A nivel social, el malestar producto de la política de Conté sumado a la crisis económica se han traducido en impor-tantes protestas que comenzaron en 2003, seguidas de bru-tales represiones, encarcelamiento, torturas y violaciones a mujeres. En 2007, se produjo una nueva oleada de manifes-taciones pacíficas. Los principales sindicatos del país, con el apoyo de los partidos de la oposición, convocaron una huel-ga general en protesta, sobre todo, por el descenso del poder adquisitivo y las interferencias del jefe del Estado en asun-tos judiciales. Se organizaron manifestaciones en Conakry y en otras ciudades, como Nzérékoré, Kissidogou, Siguiry y Kankan. Más de 130 personas murieron y más de 1.500 re-sultaron heridas durante la represión violenta. Las manifes-taciones, y las violaciones de derechos de quienes se mani-festaban contra el gobierno de Conté continuaron durante el 2008, principalmente realizadas por los llamados “boinas rojas”, unidad del ejército que depende directamente del jefe del Estado Mayor de la Defensa.

El 23 de diciembre de 2008 el capitán Moussa Dadis Ca-mara, volvió a sumir la vida pública de Guinea en un nue-

vo Golpe de Estado, tras las muerte de Conté. En los meses previos a su muerte, ya circulaba el nombre de Camara, por entonces Director General de Hidrocarburos del Ejército. Camara orquestó motines militares con motivaciones cor-porativas, que aterrorizaron a la población y provocaron de-cenas de víctimas civiles en 2007 y 2008. La última rebelión le permitió deshacerse de militares de alto grado que estor-baban sus planes.

El primer acto de la junta consistió en suspender la vigencia de la Constitución y de las instituciones republicanas. No se llamó al presidente interino designado por la Constitución y degradó a todos los generales del Ejército.

Como consecuencia inmediata de esa situación de excep-ción, la transición democrática preparada desde 2007 se in-terrumpió de hecho. Las elecciones legislativas, financiadas por la Unión Europea, ya habían sido postergadas tres veces. A pesar de ello la oposición y la sociedad civil, debilitadas por sus divergencias, no se movilizaron. La junta y las “fuer-zas vivas” (partidos, sindicatos y asociaciones), se pusieron rápidamente de acuerdo sobre una transición, que debería culminar con elecciones legislativas y presidenciales a fines de 2009. El CNDD (Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo), presidido por Camara, se comprometió a no presentar candidato.

La lucha contra la corrupción era una de las prioridades de la junta, que anunció la suspensión de todos los con-tratos de explotación de los recursos minerales firmados por el régimen anterior y la interrupción de la explota-ción de las minas de oro en todo el país. “Hemos bloquea-do el sector minero”, declaró Camara durante la primera reunión informativa mantenida con las fuerzas vivas de la nación para explicar los motivos del golpe. Así los sectores más rentables pasaron a depender directamente de la Presi-dencia: el Ministerio de Minas, la Aduana, los impuestos, el puerto autónomo y la caja de seguridad social. Sin embar-go, los contratos se negociaron sistemáticamente de mane-ra personal, y sin ninguna transparencia; coimas mediante, se concreta la firma de los contratos comprometidos bajo la presidencia de Conté, al tiempo que se denuncian los acuerdos antiguos con el fin de renegociarlos a cambio de importantes comisiones.

Además la lucha contra el narcotráfico sirvió sobre todo de pretexto para purgar al ejército y la policía de decenas de cuadros molestos para Camara. En enero de 2009 doce hombres fueron arrestados, poco después del Golpe. Estos soldados detenidos sin cargos han sido trasladados a un cen-tro de detención ilícito, se encuentran incomunicados, y su-fren torturas y condiciones de detención inhumanas.

Asimismo Camara había prometido combatir el etnocen-trismo pero no paró de designar altos responsables prove-nientes de las etnias de la selva, de la que él mismo proviene; los nombró al frente de ministerios y, por supuesto, del ejér-cito. Todos los cargos de gobernadores y de prefectos queda-ron en manos de militares pertenecientes a su etnia. Conté era miembro del Partido de la Unidad y el progreso, perte-neciente a la etnia Soussou, la cual representa sólo el 20%

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de la totalidad de la población, pero que es predominante en Conakry. Camara pertenece a los Fulani, que comprende el 40% de la población, y que se encuentran principalmente en la región montañosa. Camara es el primer individuo de etnia Fulani que gobierna desde la independencia del país.

El 28 de septiembre de 2009, aniversario de la independencia, varios miles de manifestantes se reunieron en un estadio de Conakry en respuesta a un llamamiento de las “fuerzas vivas” (partidos políticos, sindicatos y la sociedad civil) para expre-sar su oposición a la candidatura del jefe de la junta, Moussa Dadis Camara, para las elecciones presidenciales previstas para enero de 2010, que violaba su propia promesa de no presen-tarse. La junta había prohibido la manifestación la noche an-terior, pero la oposición mantuvo su convocatoria.

La manifestación fue brutalmente reprimida por las fuer-zas de seguridad guineanas, especialmente por los “boinas rojas”, sometiendo a fuerza excesiva, actos de violencia y otras graves violaciones de derechos humanos a partidarios desarmados de organizaciones de la sociedad civil y parti-dos políticos que se manifestaban pacíficamente, dejando un saldo de 157 muertos, 1.500 heridos, mas de 100 mu-jeres violadas, mutiladas y esclavizadas y la posibilidad de que otras personas que asistieron a la concentración, cuyo paradero se desconoce, hayan sido víctimas de homicidio o desaparición forzada.

Durante los dos días posteriores, los militares siguieron inti-midando, violando y asesinando en Conakry a todos los sos-pechosos de oponerse a la pretensión de Camara de presen-tarse a las elecciones presidenciales de 2010. Camara culpó a elementos indisciplinados al interior del Ejército guineano de la muerte de muchos manifestantes en una protesta. Las autoridades han hecho todo lo posible para ocultar la ver-dad sobre los homicidios sistemáticos, las violaciones y los actos de tortura organizados contra una parte de la pobla-ción guineana, presumiblemente pertenecientes a la etnia peul. Por estos atentados y declaraciones posteriores Cama-ra recibió un disparo en la cabeza, del cual ya se recuperó.

Frente a esta realidad, podemos decir que el actual go-bierno de Guinea representa una amenaza real para quie-nes no son partidarios del mismo, demostrado por los acontecimientos de septiembre de 2009, y la necesidad de buscar seguridad en otros estados parece imperativa.

Por otro lado, y a pesar de los ingresos provenientes de sus recursos minerales, Guinea sigue siendo un país pobre, ubi-cado en el puesto 170 de la escala de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre un total de 182.

Guinea es un país rico en reservas de minerales, entre las que destacan las de bauxita, que representan un tercio del total mundial. Otros minerales que se destacan son: el hie-rro, del que se estima que existen 1,8 billones de toneladas métricas; grandes depósitos de oro y diamantes; y una can-tidad indeterminada de uranio. Sin embargo, en virtud del modelo impuesto por Conté, la agricultura emplea cerca del 80 por ciento de la mano de obra disponible en el país,

que tiene como principales productos a la castaña de cajú y el algodón.

El modelo de desarrollo económico de Conté y Camara sólo benefició a una cantidad muy limitada de sectores, los enclaves mineros en particular, y a una minoría que gravita en torno al poder y se enriquece con las cajas del Estado.


Liberia

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La historia reciente de Liberia está signada por enfrenta-mientos tribales, la creciente militarización de los dis-

tintos partidos políticos, los continuos golpes de Estado y los intentos de paz y desarme.

La guerra civil comienza en diciembre de 1989, cuando surge el Frente Patriótico Nacional para la Liberación de Liberia (NPFL), liderado por Charles Taylor y Prince John-son, para combatir al presidente Samuel K. Doe que se en-contraba en el poder tras dar un el golpe de Estado de 1980, y ganar, después, las elecciones de 1985.

Este enfrentamiento se convierte en una lucha a tres bandos cuando Johnson crea una facción independiente, separán-dose de Taylor, que asesina a Doe en 1990.

A partir del año 1993, comienza una serie de acuerdos de paz y el desarme - que incluyeron mediación de organiza-ciones internacionales como las Naciones Unidas y la Co-munidad de los Estados de África Occidental - que han fra-casado sucesivamente dado que los intereses en juego no se agotan en lo político sino que tienen su fundamento en lo económico. Las facciones luchan por el control del Estado en la medida en que esto pueda garantizarles el acceso ex-clusivo a la explotación y la comercialización de las riquezas naturales del país (caucho, hierro, oro, diamantes).

En agosto de 1995 se firmó en Abuja (Nigeria) un pacto que integraba a los líderes de las facciones enfrentadas en un Gobierno de transición, exigiendo el desarme y el lla-mado a elecciones para el año 1997. En estas elecciones obtuvo la victoria Taylor. Sin embargo, como se planteó, este triunfo no llevó la paz al país. Aunque las principales milicias se disolvieron para constituirse en organizaciones políticas, grupos rebeldes siguieron operando desde Sierra Leona y Guinea.

El año 2003 el presidente liberiano, tras ser inculpado por los crímenes cometidos durante la guerra civil (1991-2001), dejó el poder en manos del que fuera vicepresi-dente del país, Moses Blah, tras aceptar el asilo político ofrecido por Nigeria -en marzo de 2006, las autoridades nigerianas aceptaron extraditar a Taylor, que fue arrestado y deportado a Liberia-.

Los integrantes de estos brazos armados de los partidos son en su mayoría jóvenes y niños pertenecientes a diferentes etnias. Los conflictos interétnicos sólo son utilizados en Li-beria por algunos grupos para atraer reclutas.

Luego de la firma de un acuerdo de paz entre las frac-ciones todavía enfrentadas se estableció un Gobierno de transición hasta octubre de 2005. La primera presidenta después de 14 años de conflicto, desde enero de 2006, es Ellen Johnson-Sirleaf.

El conflicto y sus consecuencias - impactos en el medio ambiente, desempleo, pobreza, ciudades completamente devastadas - han provocado grandes oleadas de despla-zamientos internos y refugiados, que huyeron a dife-rentes países para escapar de muertes y torturas perpe-

tradas por las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos paramilitares; y del hambre y la pobreza.

Liberia posee múltiples y grandes cantidades de recursos naturales. Por un lado, en las zonas costeras fértiles del país se cultiva arroz, café, caña de azúcar, cacao y palma oleagi-nosa. Por otro, es un país rico en recursos minerales como hierro, oro y diamantes. El control de la explotación de es-tos últimos ha generado buena parte de los enfrentamientos y muertes en el país.

Sin embargo, las consecuencias de la guerra civil en el te-rritorio y en el medio ambiente, la deforestación y la caza ilegal y la explotación de los recursos monopolizada por empresas de capital extranjero, sobre todo estadounidenses, generan que hoy Liberia sea un país signado por la pobreza, la violencia y la impunidad.


Níger

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La democracia de la República de Níger se caracteriza por su inestabilidad, puesto que ha sufrido varios golpes

de estado en las últimas décadas.

Las grandes sequías que se sucedieron a partir de 1968 y se intensificaron en los años 1970 generaron un estado de inquietud social y de inestabilidad de gobierno, que con-dujeron a un primer golpe de estado militar en 1974 diri-gido por el coronel Seyni Kountché que derrocó a Diori. Kountché sufrió a su vez varios intentos golpistas frustrados, pero también fue afortunado por los descubrimientos de uranio. Kountché falleció y fue reemplazado por su cama-rada Ali Seibou, quien constituyó el Movimiento Nacional para el Desarrollo Social (MNSD), que sería el único parti-do político legal. Las organizaciones estudiantiles y obreras se opusieron a la intervención del FMI en la economía y al monopartidismo mediante manifestaciones, huelgas y mo-tines en todo el país, que tuvieron una respuesta guberna-mental violenta.

En 1993 se promulgó la Constitución y se celebraron las primeras elecciones libres, vencidas por la Alianza de Fuer-za para el Cambio (AFC), una coalición de seis partidos de oposición. . El MNSD perdió, asimismo, la presidencia, que pasó a manos de Mahamane Ousmane.

Con el nuevo gobierno se registró un alzamiento de la etnia tuareg, motivado por las repetidas sequías que habían acaba-do con el ganado de este pueblo nómada, que fue obligado a convertirse en sedentario mientras reclamaba al gobierno una solución al problema. El gobierno prometió entregarles tierras, pero incumplió su promesa, lo que generó una gue-rra civil hasta 1994. Esta vez, a diferencia del levantamien-to ocurrido en 1983, se incluían entre sus reivindicaciones un reparto más justo y equitativo de los beneficios de los enormes recursos que existen en el subsuelo, la integración de los tuaregs en el ejército y las fuerzas de seguridad, entre otras y, esta vez consiguieron que el gobierno central firma-ra un acuerdo de paz en 1995 mediante el cual se compro-metía a descentralizar el gobierno y conceder la autonomía de una parte del país a cerca de 750.000 tuaregs.

Por su parte, también se registraron manifestaciones estu-diantiles. Sumadas, las discrepancias, condujeron a la ruptu-ra de la Alianza de Fuerza para el Cambio en 1994, y a la renuncia del Primer Ministro. En 1995 se formó un nuevo gobierno, que quedó en manos de Hama Amadou. En ene-ro de 1996, sin embargo, el coronel Ibrahim Baré Mainas-sara dio un nuevo golpe de estado. Éste prometió devolver el gobierno al poder civil y cumplió en 1999, en que las primeras elecciones municipales dieron el triunfo a la opo-sición. Esa circunstancia provocó descontento en amplios sectores militares, cuya reacción fue hacer asesinar a Mai-nassara. En diciembre de 1999 el poder regresó a manos de civiles al elegirse presidente a Mamadou Tandja.

En 2007, surge el conflicto entre el Movimiento del Pue-blo Nigerino por la Justicia (MNJ), de la etnia tuaregs, acti-vo en la región de Agadés, en el norte del país y el ejército nigerino. A pesar de los pedidos de diálogo por parte de la sociedad civil y los partidos políticos, con el MNJ, el presi-

dente Nigerino descartó toda posibilidad de acercamiento. Habían transcurrido 12 años de lo que parecía el final de un conflicto armado entre tuaregs y gobierno. Sin embargo dicho conflicto no culminó debido a que nunca se cumplió la promesa de autonomía ni la del reparto de los beneficios que se consiguen con la explotación del uranio, haciendo que la violencia por parte de los tuaregs se organizara de forma más eficiente con la aparición en 2007 del MNJ.

En la actualidad, el norte de Níger vive en una situa-ción constante de violaciones de los derechos más fun-damentales de la población local que sufre detenciones arbitrarias, ejecuciones, desapariciones forzadas de ci-viles en el norte del país y arrestos arbitrarios de va-rios periodistas acusados de tener vínculos con el MNJ. Además, el número de desplazados internos aumenta puesto que la población tiene miedo de unas fuerzas armadas que, en muchas ocasiones, utiliza a los civiles como escudos humanos para no caer en las zonas mi-nadas por el MNJ.

El presidente de Níger, Mamadou Tandja, se niega sistemá-ticamente a negociar con los rebeldes, aunque éstos mani-fiestan voluntad de diálogo. Su mandato debía finalizar en diciembre de 2009. No obstante, durante el mes de agos-to, decidió disolver el Parlamento y orquestar una reforma constitucional con la finalidad de prorrogarlo cinco años, para lo cual convocó un referendo. La iniciativa fue conde-nada dentro y fuera del país, incluso con sanciones interna-cionales, pues eliminaba muchos de los obstáculos a su auto-ridad. El Tribunal Constitucional declaró esa consulta ilegal, a lo que Tandja respondió con la abolición de ese organis-mo y remplazó a sus miembros. En 2009 esas decisiones políticas llevaron al país a ser expulsado de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. En respuesta a estas medidas el 18 de febrero de 2010 se produce un golpe de estado liderado por el militar Adamou Harouna.

La economía de Níger es una de las más pobres del mundo y dos tercios de su población viven bajo el umbral de po-breza. Su Índice de Desarrollo Humano es el más bajo del mundo. Es un país rico en minerales, entre los que se desta-ca el uranio, un producto valioso cuyo precio sin embargo registra fuertes fluctuaciones. Sin embargo, apenas el 3,9% de su territorio es apto para la agricultura, lo que sumado a las sequías y a la desertificación de su territorio, lo hace vul-nerable a las hambrunas, como la del año 2004 que afectó directamente a cuatro millones de personas.


Nigeria

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Nigeria es el Estado más poblado de África. Se trata de un país de gran diversidad étnica, religiosa y lingüísti-

ca. Conviven en él más de 200 etnias, lo que históricamente ha provocado conflictos políticos, culturales y económicos.

La inestabilidad de la economía, el subdesarrollo, la in-suficiente inversión en servicios sociales básicos, la co-rrupción y la marginación de ciertas comunidades eran algunos de los factores que explicaban por qué no se hacían efectivos los derechos humanos fundamenta-les. En países como Nigeria, la existencia de petróleo y otros minerales seguía destrozando la vida de la pobla-ción en lugar de mejorarla, a causa de los conflictos, la corrupción y las luchas de poder.

Durante los últimos años, y en particular desde 1993, se han documentado continuas violaciones de derechos humanos en Nigeria: detenciones arbitrarias de defensores de los de-rechos humanos y activistas en pro de la democracia, polí-ticos de la oposición y miembros del grupo étnico ogoni; juicios políticos sin las debidas garantías ante tribunales es-peciales, dos de los cuáles condujeron a la ejecución de los condenados; detenidos que son objeto de tortura y malos tratos; ejecuciones públicas en masa de criminales convictos juzgados por tribunales especiales que no cumplen las nor-mas internacionales sobre garantías procesales; y la ejecu-ción extrajudicial de civiles indefensos a manos de soldados.

Desde el fin de la guerra de Biafra en 1970 hasta 1999, el país estuvo dirigido por militares del norte que incum-plieron sus promesas de democratizarlo. En 1999 se restau-ra la democracia pero los conflictos no se solucionaron, en 2004 se produce un recrudecimiento de la violencia que deja centenares de muertos en solo un mes.

A la falta de tolerancia religiosa se le suman como causa de conflicto las importantes reservas de petróleo del país -hasta abril de 2008 era el primer productor de petróleo de África, fecha en que fue superado por Angola- y el consiguiente deseo de controlarlas.

En la década de 1970 el gobierno aprobó un decreto que le otorgaba el derecho exclusivo sobre la riqueza del suelo y las zonas costeras, y firmó lucrativos contratos con multi-nacionales como Shell, Texaco o Chevron que ejercían un gran control sobre sus territorios.

En esa década las ventas petroleras permitieron que los in-dicadores económicos subieran, aunque esto no se ve re-flejado en el ámbito social lo que provoca la indignación de muchas tribus que atentaron contra los pozos, con la posterior represión del ejército. Pese a ello los grupos si-guieron actuando.

El conflicto por el petróleo se acentúa desde 2006. El movi-miento de emancipación del Delta del Níger ha lanzado va-rios atentados contra instalaciones petrolíferas, que han he-cho reducir la producción.

La contaminación en el Delta del Níger en manos de una empresa petrolera es actualmente la mayor preocupación,

ya que ha provocado daños significativos en la población. La degradación medio ambiental que surge como conse-cuencia de los accionares de esta empresa, ha profundizado la pobreza, al dañar los recursos necesarios para subsistir, ya que la mayoría de la población depende de su entorno natural para alimentarse, especialmente mediante la agri-cultura y la pesca.

Pese a la grave situación del pueblo nigeriano el gobierno no ha tomado medidas contra la vulneración de los dere-chos humanos de sus habitantes.

Esta situación sigue deteriorándose por la afluencia de armas alentadas por los grandes ingresos generados por el robo de petróleo, las cuales son utilizadas por las milicias armadas en sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en dispu-tas entre comunidades y en actividades delictivas. En 2008, bandas y grupos armados secuestraron a decenas de trabaja-dores de los campos petrolíferos y a sus familiares, incluidos niños y niñas, y atacaron instalaciones petroleras.


Senegal

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Senegal parece ser el más estable políticamente de todos los países del África Occidental. Posee un sistema de go-

bierno Presidencialista y multipartidista, cuenta con alrede-dor de 60 partidos políticos registrados oficialmente. Ade-más ha conseguido mantener una alternancia política seria y en condiciones electorales aceptables y no ha sufrido un solo golpe de estado a lo largo de su historia.

Las elecciones presidenciales se celebran cada siete años, de acuerdo con una reciente reforma constitucional (entre 2001 y octubre de 2008 la Constitución establecía un man-dato por cinco años).

El actual Presidente de la República es Abdoulaye Wade, votado por primera vez en 2000 y reelecto en febrero de 2007 con un 55,9% de los votos. La oposición ha denuncia-do irregularidades y fraudes durante la campaña electoral, lo que no fue compartido por los observadores internacionales que consideraron las elecciones libres y justas.

A pesar de esta aparente estabilidad, la zona sur de Sene-gal ha estado signada durante más de 25 años por el con-flicto independentista de la región de Casamancia. Ésta es una de las zonas más fértiles y la más rica en recursos na-turales. Sin embargo, su desarrollo se ha visto obstaculizado por las luchas entre el Ejército nacional y el independentista del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamancia (MFDC). Debido a este conflicto han muerto más de 1.200 personas y cerca de 9.000 refugiados se traslada-ron al país vecino, Gambia, además de 60.000 desplaza-dos, según datos de UNICEF.

El 30 de diciembre de 2004, luego de varios intentos de reestablecimiento de paz, el gobierno senegalés y algu-nas facciones del movimiento independentista firmaron la paz definitiva.

Hoy, cuatro años después de la firma del acuerdo no se han registrado avances en el proceso de paz en el sur de Casa-mancia, donde la población civil es víctima de las minas terrestres y de los ataques esporádicos de combatientes se-paratistas. Durante el año 2009, dirigentes del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia se reunieron en un intento de reunificar el movimiento separatista. To-davía no se han logrado superar las divisiones entre los bra-zos armados y civiles.

Asimismo, a esta situación hay que sumarle otros factores desestabilizadores y problemáticos para el país. Por un lado existe una fuerte demanda social en condiciones de extrema pobreza y hacinamiento, que se concentra sobre todo en la ciudad de Dakar. Se ha generado en los últimos años un in-cremento de las tensiones sociales, debidas a la subida de los costos de vida, el desempleo, el congelamiento de salarios y problemas en la gestión de las empresas públicas.

Por otro lado, la población senegalesa es víctima de abusos e impunidad por parte de las fuerzas de seguridad del gobier-no de Abdoulaye Wade. Protestas y manifestaciones han sido reprimidas, dejando como consecuencia arrestos, heridos, muertos y gran cantidad de personas en la clandestinidad.

A principios de la década del 60, Senegal era uno de los paí-ses más desarrollados de África Occidental. Esto se vincula a su ventajosa localización geográfica y al hecho de haber albergado la capital del África Occidental francesa durante la colonia. Sin embargo, hoy la economía senegalesa se en-cuentra en una difícil situación.

En primer lugar está escasamente diversificada, y aunque el sector primario representa menos del 20% del PIB, de él de-pende cerca de un 70% de los habitantes del país, siendo el maní el principal cultivo, y la pesca la principal fuente de di-visas. En el sector industrial, la extracción y procesamiento de fosfatos es tradicionalmente el principal sector, y la segunda fuente de divisas del país. Es importante tener en cuenta que la localización de la industria aparece desequilibrada, con casi un 90% de las empresas situadas en la región de Dakar.

En segundo lugar, entre las características estructurales del país se destaca el fuerte peso del sector privado informal de la economía, que constituye la primera fuente de empleo. El desempleo y el subempleo afectan a buena parte de la po-blación activa.

Hoy la economía senegalesa se caracteriza por el elevado endeudamiento y bajo crecimiento, lo que repercute direc-tamente en el incremento del desempleo y la pobreza.


Sierra Leona

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La historia contemporánea de Sierra leona esta signada por la guerra civil que asoló esas tierras durante 11 años

entre 1991 y 2002. Las violaciones de los derechos hu-manos actuales se vinculan directamente con las secue-las de dicho conflicto armado sobre la estructura eco-nómica y el sistema político.

En marzo de 1991, el Frente Revolucionario Unido (FRU), bajo la dirección de Foday Sankoh, comenzó a atacar las aldeas en el este de Sierra Leona, en la frontera con Libe-ria. En abril de 1992, el Consejo Provisional del Gobierno Nacional (NPRC), dirigido por el capitán Valentine Stras-ser, dio un golpe de Estado, que envió al exilio a Momoh y estableció el Consejo Nacional Provisional de Gobierno (NPRC). Strasser favorecería a los mende sobre otros gru-pos étnicos en su gobierno y en el ejército. En enero de 1996 sería derrocado por otro golpe militar dirigido por el diputado Julius Bio, quien procedió a la organización de elecciones libres que serían ganadas, en marzo de ese mismo año, por un civil, Ahmed Tejan Kabbah, hasta mayo de 1997, en que fue derrocado por otro golpe de estado, este último encabezado por Johnny Paul Koroma.

Ahmed Tejan Kabbah es medio mende y su SLPP (Parti-do Popular de Sierra Leona) es fundamentalmente mende. La dirección del FRU ha estado principalmente compuesta por personas temne, al igual que la mayor parte de sus tro-pas y luchan contra la hegemonía mende. Pero la verdadera razón que guía la guerra es el control del comercio de dia-mantes, la mayor riqueza de Sierra Leona.

Tras el golpe de mayo de 1997, el FRU pidió a Sankoh que apoyase al nuevo gobierno militar del comandante Koroma. Los hasta entonces rebeldes optaron por asociarse con el gobierno militar. Después de 10 meses en el cargo, la junta fue derrocada por el Ecomog, fuerzas de intervención afri-canas, dirigida por Nigeria –que termina por transformarse en una facción más en el conflicto-, y el gobierno elegido democráticamente del Presidente Kabbah fue reinstalado en marzo de 1998.

Las consecuencias de esta guerra civil son violaciones ma-sivas a los derechos humanos. Entre diez y quince mil ci-viles han perdido la vida asesinados por ambos ejércitos o por inanición y la mitad de la población del país se ha visto obligada a abandonar sus hogares y desplazarse a zonas más seguras alguna vez durante el conflicto, convirtiéndose en refugiados, muchos de los cuales aún no han podido regre-sar al país. Se calcula que 20.000 civiles sufrieron amputa-ciones, además de innumerables casos de abuso sexual, y el reclutamiento de niños y niñas soldado.

En enero de 2002 el Presidente Kabbah declaró el fin de la guerra civil oficialmente, luego de la intervención de tropas británicas y de la ONU. En mayo de 2002 el Presidente Ka-bbah y su partido, el SLPP, obtuvo victorias en las eleccio-nes presidenciales y legislativas.

En 2007 Koroma del partido del Congreso de Todo el Pueblo, volvió a acceder al poder, pero esta vez, tras ganar las elecciones en segunda vuelta. Estas fueron las primeras

elecciones libres sin supervisión de la ONU.

A lo largo del año 2009 se registraron enfrentamientos vio-lentos entre jóvenes partidarios del Partido Popular de Sierra Leona, del Movimiento Popular por el Cambio Democrático y del Congreso de Todo el Pueblo. En enero, cuatro perso-nas murieron en esos enfrentamientos en Port Loko y 11 ca-sas fueron incendiadas. En junio, julio y agosto se produjeron nuevos episodios de violencia política entre estos grupos.

Hay avances en materia de derechos humanos en la medida en que hay sentencias dictadas por el Tribunal Especial para Sierra Leona, que ha declarado a tres altos cargos del Frente Revolucionario Unido culpables de crímenes de lesa hu-manidad y crímenes de guerra, incluidos violación y otros delitos de índole sexual, así como el juicio en La Haya con-tra el ex presidente liberiano Charles Taylor, quien apoyó y financió al FRU.

Sin embargo, Sierra Leona sigue siendo un país extremada-mente pobre, con unos índices de mortalidad infantil y ma-terna entre los más altos del mundo. Según las estimaciones, una de cada ocho mujeres muere a consecuencia del parto y uno de cada cuatro menores de edad no llega a cumplir los cinco años.

El primer informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sierra Leona, publicado en julio de 2009, se ocupaba de una amplia variedad de violaciones de de-rechos humanos, como la brutalidad policial y el uso de fuerza excesiva, así como numerosos casos de detención prolongada sin cargos. Pero el informe se centraba espe-cialmente en los derechos de las mujeres y de las niñas, destacando las elevadas tasas de mortalidad infantil y ma-terna, así como la violencia sexual y de género, incluida la mutilación genital femenina.

Sierra Leona es el segundo país más pobre del mundo, y además cuenta con una distribución de la riqueza total-mente desigual. Tiene importantes recursos minerales y pes-queros y una agricultura a potenciar. Sin embargo, la infra-estructura social y económica no esta muy desarrollada, y distintos problemas sociales siguen obstaculizando el desa-rrollo económico. Cerca de dos tercios de la población en edad de trabajar viven de la agricultura de subsistencia. La industria se reduce al procesado de materias primas y a la industria ligera está dirigida al mercado doméstico.

Hay planes para reabrir las minas de bauxita y rutilo cerra-das durante el conflicto, pero la mayor fuente de divisas para el país es la extracción de diamantes. Los ingresos de dia-mantes se han incrementado más de diez veces desde el fi-nal del conflicto, de $ 10 millones en 2000 a cerca de $ 130 millones en 2004, aunque más del 50 por ciento de la ex-tracción de diamantes sigue siendo controlada y comerciada a través del contrabando ilegal.

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Argentina como país receptor

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Argentina asumió el compromiso a nivel internacional en la protección de los derechos de los refugiados a

partir de su incorporación a la Convención de 1951, el 15 de noviembre de 1961 y su posterior adhesión al Protoco-lo sobre el Estatus de Refugiados de 1957, el 6 de diciem-bre de 1967.

A partir de 2004 el Gobierno de la Republica Argentina, en el marco del respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la observancia de los instrumentos internacionales relativos a la protección e integración de refugiados y la búsqueda de soluciones duraderas, ha firmado un acuerdo marco con el ACNUR para establecer un Programa de reasentamiento de refugia-dos en la Argentina.

Asimismo en noviembre de 2006 se sanciona y promulga la Ley 26.165 “Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado”. La misma establece en su artículo 1º que la protección de los refugiados se regirá por las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos apli-cable en la República Argentina, o sea, la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967.

Además, en su artículo 2º determina que la protección de los refugiados en la República Argentina se realizará con arreglo a los principios de no devolución, no discrimina-ción, no sanción por ingreso ilegal, la unidad de la familia, confidencialidad y trato más favorable. Debido al carácter declarativo que tiene el reconocimiento de la condición de refugiado, tales principios se aplicarán tanto al refugiado re-conocido como al solicitante de refugio.

De la misma forma, establece que ningún refugiado o pe-ticionante podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, incluido el derecho a no ser so-metido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhuma-nos o degradantes.

Esta ley estipula los derechos y obligaciones que tienen los refugiados en Argentina. Por un lado, todo refugiado que se encuentra en el país tiene la obligación de respetar la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos vigen-tes, así como las medidas que se adopten para el manteni-miento del orden público. Por el otro, el refugiado goza de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, y las leyes del país.

Por otro lado, la Ley 26.165 bajo los Títulos 4 y 5 esta-blece como será conformada la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) dependiente del Ministerio del Interior y los procedimientos para la solicitud y reconoci-miento de refugiados.

Según datos de ACNUR, en Argentina la cantidad de re-fugiados reconocidos supera las tres mil personas. En 2008 se produjeron 114 nuevos reconocimientos de refugiados (provenientes de diecinueve países) y de las aproximadas 800 solicitudes de asilo iniciadas, un 75 % corresponden a hom-

bres. La nacionalidad con mayor cantidad de solicitudes fue la senegalesa (38 % del total), seguida por la colombiana.

A nivel nacional, los actores que intervienen en la protección e inserción de los refugiados y solicitantes de refugio son:

• Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refu-giados (ACNUR)

El ACNUR fue creado por resolución de la Asamblea Ge-neral de Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950, e inició sus actividades en enero de 1951. Se halla compro-metido en un constante esfuerzo, junto a los Estados, por explicar, clarificar y construir el régimen existente de Dere-cho Internacional surgido de la Convención sobre los Re-fugiados de 1951. En los últimos años ha lanzado una serie de iniciativas dirigidas a reforzar la Convención y a fomen-tar la búsqueda de soluciones permanentes y seguras para los refugiados.(ACNUR; 2008)

La Agencia coordina la provisión y la distribución de refu-gio, comida, agua, higiene y cuidado médico y busca modos de encontrar soluciones duraderas a la situación de los refu-giados, ayudándoles a repatriarse a su país de origen -si las condiciones lo permiten- o ayudándoles a integrarse en sus países de asilo, o a reasentarse en terceros países.

ACNUR es financiado casi enteramente por contribucio-nes voluntarias, principalmente provenientes de gobiernos, pero también de organizaciones intergubernamentales, cor-poraciones y particulares. Recibe una subvención limita-da del presupuesto regular de Naciones Unidas para costos administrativos y acepta otro tipo de contribuciones como medicinas, camiones y transporte aéreo.

La Oficina Regional del ACNUR fue creada en 1965. Cu-bre los países del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Asesora a los Estados acerca de la apli-cación de los términos de la Convención de y su Protocolo Adicional de 1967. Además promueve la integración de los refugiados en la sociedad en colaboración con organismos gubernamentales y no-gubernamentales. El ACNUR tam-bién facilita el retorno voluntario de los refugiados a sus paí-ses de origen una vez que las condiciones así lo permitan.

En Argentina, la sede de ACNUR se encuentra en la ciu-dad de Buenos Aires y trabaja directamente coordinada con la Fundación Comisión Católica Argentina de Migracio-nes, en relación a los refugiados y peticionantes de asilo de origen africano.

• Fundación Comisión Católica Argentina de Migra-ciones (FCCAM)

La FCCAM es la encargada de implementar los planes de asistencia elaborados por el ACNUR. Tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires y recibe fondos del ACNUR para realizar las tareas que se describen a continuación. Se des-empeña en 4 áreas específicas:

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1. Área Social: sus funciones específicas son la conten-ción, orientación y asesoramiento de los solicitantes de re-fugio y refugiados mediante las siguientes acciones:

- Estudio del idioma español a partir de un acuerdo sus-cripto con el Laboratorio de Idiomas de la UBA.

- Acceso al Sistema de Salud Público a través de un conve-nio con el Plan Médicos de Cabecera del GCABA.

- Provisión de ropa con ayuda de CARITAS.

- Programas de inserción y capacitación laboral: La FCCAM posee convenios formales con los sindicatos SU-THER, UOCRA, SMATA, Sindicato de Empleados de Comercio, Sindicato de Farmacéuticos y Centros de For-mación Profesional del GCABA.

- Organización de talleres de capacitación para actores que colaboran en el trabajo de protección de la pobla-ción beneficiada en lo referente al derecho de los mi-grantes y refugiados.

- Ejecución de jornadas de recreación y trabajo con jóve-nes refugiados.

2. Área Legal: su objetivo es brindar asesoramiento ju-rídico y recabar información sobre las dificultades de los peticionantes y refugiados a fin de mejorar su integración local a través del acceso a derechos.

3. Área de Salud Mental: se propone brindar asisten-cia en salud mental a través de reuniones con agencias gubernamentales relacionadas con la temática del refu-gio, con equipos de salud mental de instituciones públi-cas abocadas a la asistencia de los solicitantes y refugiados manteniendo entrevistas con profesionales a cargo del tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacoterapéutico de refugiados y solicitantes.

4. Área Habitacional: su objetivo es promover la sensibi-lización en los ámbitos gubernamentales específicos sobre la problemática de la vivienda para este sector de la pobla-ción.

Con respecto a la ciudad de Rosario la FCCAM es la en-cargada de enviar los fondos del ACNUR a través de la De-fensoría de la Nación (Tutora Fernanda Tugnolli) para los menores peticionantes de refugio y refugiados.

• Comisión Nacional para Refugiados (CONARE)

La CONARE fue creada por la Ley 26.165 del año 2006 y a partir del 17 de abril de 2009 quedó constituida formal-mente. Esta comisión continúa la labor del CEPARE (Co-mité de Elegibilidad para los Refugiados) en lo que respec-ta a la elegibilidad de los refugiados.

El CEPARE fue creado en 1985 por un decreto presiden-cial. Estaba integrado por el Ministerio del Interior, a través

de la Dirección Nacional de Migraciones y la Cancillería, y tenía funciones exclusivamente relacionadas a la deter-minación de la condición de refugiado. La CONARE, a diferencia de éste, tiene una composición más amplia. Está integrada por distintos organismos: Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-nal y Culto, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Na-cional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. A su vez, participan con voz y sin voto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y un representante de la sociedad civil.

Además, suma funciones que se vinculan con la asistencia y búsqueda de soluciones duraderas, de velar por el bienestar de los refugiados para que, mediante los órganos competen-tes, se les brinde asistencia y se tienda a su integración.

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Rosario como “ciudad solidaria”

En el marco del Programa de reasentamiento de refu-giados en la Argentina en 2007, la ciudad de Rosa-

rio fue nombrada como “Ciudad Solidaria” por ACNUR. Han establecido así una carta de intención para la elabo-ración de estrategias y la formulación de políticas públicas y ejecución coordinada de proyectos que hagan efectiva la protección y el acompañamiento del proceso de integra-ción local de los refugiados y provean una asistencia inicial a los peticionantes de asilo.

En síntesis, el compromiso asumido desde la Municipalidad de Rosario es promover el funcionamiento de un Comité Operativo conformado por distintas Secretarias del Gobier-no Municipal, el ACNUR y las demás instituciones involu-cradas o relacionadas con la protección de la población re-fugiada en la Ciudad de Rosario.

Este Comité tendrá la misión de evaluar las condiciones en que se encuentran refugiados y solicitantes de asilo en la Ciudad y sus necesidades especificas, definir planes de ac-ción e intervenciones especificas a fin de facilitarles el acce-so a planes y programas de la municipalidad (subsidios fami-liares, planes de emergencia habitacional, planes de política alimentaría, apoyo a micro emprendimientos, integración al sistema educativo, etc.).

Hasta el momento, desde la Municipalidad de Rosario se han desarrollado intentos tanto de coordinar prácticas entre los distintos actores, como de garantizar lo estable-cido en el acuerdo, sin embargo no se han logrado soste-ner en el tiempo.

Los actores que se describirán intervienen de diferentes ma-neras para mejorar la situación de los refugiados y solicitan-tes de asilo africanos en el proceso de inserción en Rosario.

• Delegación Rosario de la Dirección Nacional de Migraciones

Migraciones es la primera organización que tiene contacto con los que arriban al país. Sus funciones son:

- Tomar declaración en el barco a las personas que no fi-guran en la lista de embarque.

- Determinar si la declaración encuadra o no, para peticio-nar refugio. Si no encuadra, esa persona debe permanecer en el barco y ser regresado a su país. Si encuadra, se envía la petición de refugio a la CONARE (Comisión Nacio-nal para Refugiados).

- Extender “la precaria de refugio” (permiso de residencia temporaria hasta que la CONARE reconozca a los peti-cionantes de refugio como refugiados)

- Tomar declaraciones y renovar la precaria cada 3 meses (Muiñoz; 2009)

En el caso de que los que arriban sean menores de 19 años cambia el procedimiento. En primer lugar se los retira de

barco, se les extiende la “precaria” y se los pone a disposi-ción del Juzgado Federal, que les asigna un tutor y un hogar donde residir a través de la Dirección del Menor del Go-bierno de Santa Fe.

La delegación de Migraciones de Rosario cumple una fun-ción meramente administrativa.

• Defensoría General de la Nación – Fernanda Tug-nolli (Tutora de los menores refugiados en Rosario)

Es la tutora legal de los menores peticionantes de refugio y refugiados africanos en Rosario. En la actualidad tiene a su cargo a 10 menores procedentes de Níger, Nigeria, Liberia, Guinea y Sierra Leona.

Entre sus funciones se encuentran la asistencia legal, apoyo para la inserción social de los mismos (búsqueda de empleo, gestión de cursos de formación en oficio e idiomas) y apoyo en cualquier problemática que puedan tener los menores.

• Oficina de Derechos Humanos de Municipalidad de Rosario

La Oficina de Derechos Humanos, dependiente de la Se-cretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario ha reci-bido a lo largo de los últimos años varias demandas de asis-tencia económica, social y legal.

Con la predisposición de otras áreas municipales han asis-tido a los solicitantes, pero de manera esporádica y sin la existencia de un programa sostenido con objetivos claros y medios económicos, humanos y de infraestructura, suficien-tes para alcanzarlos.

Es por esta razón que en el año 2009 la Oficina se ha pro-puesto realizar un estudio de campo para conocer en detalle la temática de los refugiados y solicitantes de asilo de origen africano en la ciudad, reconociendo a los actores intervi-nientes en el proceso de petición de refugio y posterior in-serción social de los refugiados.

• Fundación migrantes y refugiados “Sin fronteras”

Es una organización no gubernamental y ecuménica que brinda asistencia social y jurídica para favorecer el mejo-ramiento y desarrollo de las condiciones de vida de los migrantes y refugiados (Zaccari Tognetti; 2009). Entre sus principales tareas se encuentran:

- Asesoramiento y orientación de los inmigrantes a partir de su llegada.

- Tramitación de documentación necesaria y obligatoria.

- Asistencia de personas que se encuentran en estado de indigencia.

2 Decreto Nº 2394 del Intendente Miguel Lifschitz: “Carta de intención entre la Municipalidad de la Ciudad de Rosario y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la Ejecución del Programa de integración local de refugiados "Ciudades Solidarias" – Rosario 2 de octubre de 2007.

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- Informes sobre su colectividad en Rosario, centros re-ligiosos, horarios de celebraciones en su idioma, centros asistenciales, sociales, culturales y deportivos.

- Promoción de jornadas sobre temas migratorios.

• Hogar del Padre Salvador Yaco. Capitán Bermúdez

El Padre Salvador Yaco es un sacerdote que reside en la ciudad de Capitán Bermúdez y que a partir del año 2005 comenzó a recibir peticionantes de refugio en los hogares que el administra en la ciudad. Albergó a 10 jóvenes en total en dos oportunidades, mayores y menores, todos de origen africano. Los hogares son muy amplios, con capaci-dad para cerca de 15 personas y se encuentran excelente-mente equipados.

Además de alojamiento, en los hogares se dictaban clases de español y capacitación en oficios para los jóvenes. Por otro lado, el Salvador Yaco funcionaba como nexo para que los jóvenes pudieran conseguir su primer empleo.

A partir del año 2009, luego varias discusiones y conflic-tos con la Oficina de Derechos Humanos (que era la que contactaba a los peticionantes de refugio que no tenían donde residir con los hogares) ha decidido no recibir más a los jóvenes.

El Padre Yaco manifiesta que si se pensara en una política integral y sostenida, que involucre todas las problemáticas de los refugiados, sus hogares y su trabajo estarían a disposi-ción de todos los que lo necesiten (Yaco; 2009).

• Hogar de tránsito de Bigand

El hogar de niños en tránsito de Bigand, cuya directora es Susana Shell es una organización no gubernamental que al-berga a niños de la localidad de Bigand. Su financiamiento proviene de la Comuna de Bigand, de vecinos y un subsidio del Gobierno de la Provincia.

Actualmente se encuentran 3 jóvenes menores de origen africano que llegaron entre fines de 2008 y mediados de 2009 al puerto de Rosario. Son solicitantes de refugio, su tutora es Fernanda Tugnolli, y llegaron al hogar por inter-medio de la Dirección del menor del Gobierno de Santa Fe. Gracias a la gestión del personal del hogar reciben asis-tencia psicológica, médica y capacitación laboral. Cada uno de ellos recibe una mensualidad por parte de ACNUR, a través de su tutora, que administra la directora del hogar, que según manifiesta no es suficiente para costear lo que necesitan los jóvenes (Shell, 2009).

Los actores que intervienen de alguna manera en la in-serción y asistencia de los refugiados y peticionantes de asilo africanos trabajan articuladamente de manera informal, y muchas veces sin pleno conocimiento de lo que cada uno realiza y los lugares que ocupan en el proceso. Existe una fuerte superposición de recursos y

esfuerzos, que podría ser evitada si estos actores logra-ran ponerse de acuerdo en pos de una política integral que contemple todas las aristas de la cuestión.

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Los refugiados en Rosario

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En este apartado se expondrán las conclusiones respecto del estado de situación de la población africana refu-

giada y solicitante de refugio en Rosario, a partir del estu-dio de campo realizado entre agosto y diciembre de 2009. A pesar de que sólo se entrevistó a menores solicitantes de asilo, entrevistas con informantes claves permiten dar cuenta de la situación de los refugiados en general.

Para comenzar resulta importante destacar la presencia de dos oleadas migratorias de población africana específica-mente. La primera se dio entre fines de 2005 y principios de 2006, y la segunda, más reciente, entre fines de 2008 y principios de 2009.

Según la información relevada, la mayor parte de las perso-nas que componen la primera oleada permanecieron en la ciudad y su área metropolitana aproximadamente durante dos años, para luego migrar presumiblemente a la ciudad de Buenos Aires. En cambio, las personas que componen la oleada migratoria iniciada en 2008 se encuentra desarro-llando un proceso de inserción en la ciudad, con mayores perspectivas de residencia permanente, puesto que han lo-grado acceder a estudios secundarios, de idioma, de oficios y a trabajo independiente.

Se puede afirmar que actualmente residen en la ciudad de Rosario y su área metropolitana trece personas que son solicitantes de refugio de origen africano. Todos ellos son hombres, cuya franja etárea promedio oscila entre los cator-ce y los veinticinco años. En el año 2008 arribaron al puer-to de San Lorenzo treinta y seis polizones, de los cuales sólo cuatro hicieron efectiva la petición de refugio. En el año 2009 llegaron veintiocho polizones más, de los cuales nueve pidieron refugio.

Diez de los trece residentes actuales, solicitantes de refugio, son menores de diecinueve años. Dos son provenientes de Sierra Leona, tres de Guinea, tres de Nigeria, uno de Níger y uno de Liberia. Los tres mayores de edad son oriundos de Liberia, de Sierra Leona y de Costa de Marfil.

Las puertas de ingreso de la totalidad de esta población son el puerto de San Lorenzo y el de Rosario, dado que arriban en buques transatlánticos que transportan generalmente ce-reales. La mayor parte de estos barcos zarpan del puerto de Dakar, por lo que antes de acceder al buque, la mayoría de-bió trasladarse a Senegal, produciendo migraciones dentro del continente africano.

Los viajes duran aproximadamente entre ocho y diez días, durante los cuales según declaraciones de los propios solici-tantes, no tienen posibilidades de consumir agua o alimento alguno. Viajan solos y se conocen en la condición de polizo-nes. Algunos han manifestado haber tenido que pagar para acceder al barco, o robos y maltratos al ser encontrados den-tro del mismo. Además hay casos de personas que mueren durante el trayecto en situaciones dudosas.

Las condiciones en las que arriban son pésimas, presen-tan golpes, ocasionados por las condiciones del viaje, estado de deshidratación y problemas emocionales. Por

tanto, muchos son internados al llegar y/o reciben tra-tamientos psicológicos.

“El viaje fue peligroso, pero llegamos. Tenés que sobrevivir. Es vida o muerte. Tenés que decidir si sobrevivir o morir. Todo está li-brado a las manos de Dios. Ocho días sin agua ni comida, hasta que nos encontraron. Algunos han perdido su vida, nosotros sal-vamos la nuestra” (Entrevista a solicitantes de refugio menores de edad; 2009)

Cuando llega un barco al territorio argentino, la Junta de control migratorio, compuesta por Prefectura, Aduna y Migraciones, es la primera que toma contacto con él. Res-pecto de las personas, Migraciones es la autoridad compe-tente. Cuando se detectan polizones a bordo se procede a realizar una entrevista, se elabora un acta de declaración, y de la misma se determina si entra o no como peticionan-te de refugio. A partir de ese momento se da inmediata intervención al CONARE, se le entrega una solicitud de residencia precaria de refugio y con eso ya tienen un do-cumento en el país que se renueva cada tres meses en las oficinas de Migraciones. En el caso de que la declaración no encuadre para solicitar refugio, la persona debe regresar a su país de origen generalmente por la misma vía que in-gresó. Es el inspector de Migraciones quien decide si está habilitado para quedarse o no.

En el caso de los menores, Migraciones se contacta con el tutor a cargo y por medio de la Dirección del Menor del Gobierno de Santa Fe se los aloja en hogares de la ciudad y su área metropolitana. En otros casos, se alojan en pen-siones que ellos mismos financian, en parte con recursos provenientes de ACNUR -esto es una pensión mensual que oscila entre los 500 y 600 pesos- y por otro con su propio trabajo.

Las ocupaciones son diversas, algunos se han dedicado a hacer cursos de electricidad o computación e idiomas. In-cluso uno de los solicitantes de refugio pudo acceder a la Universidad (Facultad de Ingeniería), aunque generalmen-te no son constantes en las actividades que emprenden, en parte por dificultades económicas y de inserción, y por otro, por sus costumbres que incluyen la movilidad cons-tante para la supervivencia. Respecto a lo laboral, general-mente se dedican a trabajos autónomos como la venta am-bulante de bijouterie.

Según las declaraciones de los jóvenes las razones por las que abandonan sus países de origen se vinculan general-mente con la búsqueda de mejores condiciones de vida y “un mejor futuro”. Esta idea no está simplemente anclada en cuestiones económicas, sino que incluye además situa-ciones de pérdida de sus grupos de pertenencia ocasionadas por guerras, hambrunas y traslados dentro del continente.

Asimismo, se debe tener en consideración que la situación económica del África Occidental está estrechamente vincu-lada con la situación política de los países. Por ejemplo, las guerras civiles de más de diez años en Liberia y en Sierra Leona son factores determinantes que impidieron el desa-rrollo de estructuras productivas que generen condiciones

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de vida favorables para la mayoría de la población.

Argentina no es el destino que eligen los que llegan. Sus ex-pectativas responden a países europeos o a Estados Unidos, que en los últimos años han comenzado un proceso de cie-rre de sus fronteras, impidiendo el ingreso a los solicitantes de refugio, provocando un reflujo de la corriente migratoria a países Sudamericanos.

Tanto los jóvenes que arriban como los informantes claves, han manifestado dificultades a la hora de enfrentar el siste-ma de valores y las expectativas de los migrantes con la rea-lidad de nuestro país. Por ejemplo, reniegan de la ropa, las condiciones habitacionales y la comida que se les pueden proporcionar. Tienen una expectativa que excede las ca-pacidades de las instituciones locales que intentan incluir-los. De aquí se desprende la idea de que probablemente no provengan de los estratos sociales más castigados de África. Además, las condiciones en las que crecieron determina-ron una marcado instinto de supervivencia constante y una impronta nómade en su modo de vida, lo que dificulta la inserción en estructuras rígidas de funcionamiento social, como el trabajo y la escuela.

Los principales problemas que afrontan al llegar tienen que ver con la barrera idiomática y las restricciones en el acceso a cursos de idioma, en su mayoría afrontados por las orga-nizaciones que los alojan, generando importantes gastos de dinero que muchos no pueden costear. Asimismo, existen serios problemas en el acceso a la salud y medicamentos, so-bre todo porque falta información respecto de los espacios desde los cuales se puede tener acceso gratuito a la salud y a los medicamentos. Muchos presentan graves problemas dentales y dermatológicos. Por otro lado, si bien el tutor cu-bre en parte la asistencia legal, algunos manifiestan desco-nocimiento acerca de su situación y de cómo continúa el proceso luego de la petición.

Todos estos problemas y otros, podrían ser resueltos efi-cientemente si existiera una política pública que coordi-ne los esfuerzos de las instituciones y del Estado en pos de avanzar hacia una visión integral de los Derechos Huma-nos para su protección.

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Posibles estrategias de intervención

Los actores que intervienen en la inserción de los refu-giados y peticionantes de asilo africanos trabajan arti-

culadamente de manera informal y muchas veces sin pleno conocimiento de lo que cada uno realiza y los lugares que ocupan en el proceso.

La dimensión de inserción social de refugiados y solicitantes de asilo contempla varias aristas problemáticas. A partir de lo relevado se considera necesario abordar principalmente las siguientes: alojamiento, capacitación e idioma, trabajo, sa-lud, alimentación y asistencia legal.

Si bien la problemática del alojamiento no ha demostrado demasiadas dificultades con los solicitantes de refugio me-nores de edad, donde interviene la Dirección del Menor del Gobierno de Santa Fe para su ubicación, sí presenta di-ficultades en el caso de los mayores. Estas podrían ser supe-radas si las acciones entre los actores estuvieran coordina-das. Es importante que las instituciones (sobre todo los que reciben a los solicitantes de refugio) tengan pleno conoci-miento sobre los lugares que se encuentran disponibles para el alojamiento de los peticionantes. En este sentido, una de las propuestas sería elaborar un listado digitalizado donde se detalle la cantidad de lugares disponibles, para que los acto-res receptores (en primer lugar Migraciones y la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad) deriven a los soli-citantes. Esto aceleraría el proceso y evitaría que los mayo-res que piden asilo se alojen en pensiones que implican, en algunos casos, altos costos.

Otra de las aristas del problema de la inserción social, es la de la capacitación en idiomas y oficios. Respecto a la misma, existe una fuerte superposición de recursos y esfuer-zos, que podría ser evitada si los actores lograran un acuer-do. Tal como se ha descrito a lo largo del trabajo, todos los actores de alguna u otra manera trabajan en esta cuestión, lo que genera grandes gastos sobre todo para las organizacio-nes pequeñas.

La propuesta con respecto al estudio de idioma español es generar un convenio entre la Oficina de Derechos Huma-nos y los Cursos de Lenguas Extranjeras (CLEC) para la Comunidad, dependiente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Una expe-riencia similar se lleva adelante en la ciudad de Buenos Aires, donde la existencia de convenios formales entre la FCCAM y la UBA permite que la totalidad de los solicitantes de re-fugio y refugiados aprendan español gratuitamente. De esta forma, en Rosario las organizaciones que reciban a los soli-citantes de asilo no deberían contratar docentes particulares y todos tendrían igual acceso al estudio del idioma.

Por otro lado, Rosario al convertirse en “Ciudad Solidaria” se comprometió a definir planes de acción, a fin de facilitar el acceso de los solicitantes y refugiados a planes y progra-mas que la municipalidad tiene en ejecución. Actualmente, y desde hace 5 años, la Secretaría de Promoción Social Mu-nicipal a través del Área de la Mujer, el Centro de la Juven-tud y el Servicio Municipal de Empleo, ofrecen ciclos de formación de tres meses que abarcan especialidades de di-ferentes rubros (construcción, mecánica, gastronomía, hote-

lería, marroquinería, administración, informática, servicios, textil y calzado) a través del Programa de Capacitación en Oficios. Esta iniciativa constituye una oportunidad para que los solicitantes y refugiados logren capacitarse, para luego insertarse en el mercado laboral, ya sea a partir de la obten-ción de un puesto de trabajo o del autoempleo. También es posible la gestión de convenios con gremios afines o cen-trales sindicales.

Respecto del acceso a la salud, se considera importante di-fundir información tanto a los solicitantes de asilo, como a los actores involucrados en su inserción social sobre las po-sibilidades que brinda la salud pública provincial y munici-pal, como el acceso a medicamentos que ofrece el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario.

En lo atinente a alimentación, muchos actores claves para la inserción social de los refugiados han manifestado dificul-tades para costear la alimentación diaria de los solicitantes. Siendo esta una población pequeña, dado que no represen-ta un gran porcentaje respecto de la población total de la ciudad, se considera viable la posibilidad de que se desvíen recursos desde áreas de desarrollo social nacional, provincial y municipal con la finalidad de cubrir estas carencias y ne-cesidades.

Por último, en lo que se refiere a la asistencia legal, y de acuerdo a inquietudes manifestadas por los propios bene-ficiarios, es menester aceitar los canales comunicacionales con el fin de que estén en pleno conocimiento de su situa-ción legal, de los pasos que deben seguir y de los derechos que poseen en nuestro territorio.

En suma, la propuesta es la coordinación entre los actores y la centralización de la información. El planteo con-siste en hacer extensivas a los refugiados posibilidades que existen en la ciudad, a través de la gestión conjunta entre diferentes dependencias municipales; y entre la Municipali-dad con los diferentes actores involucrados y dependencias provinciales y nacionales. Además, es importante tener en cuenta que todos los actores mencionados, y sobre todo la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad mani-festaron su voluntad para actuar concertadamente, elemento indispensable para llevar adelante el proceso descrito.

3 Esto se manifestó en una reunión llevada a cabo el día 18 de noviembre en la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad donde par-ticiparon la mayoría de los actores ya mencionados.

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Conclusión

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Para finalizar, y en función del trabajo realizado, se puede decir que los actores que intervienen de alguna manera en la inserción y asistencia de los refugiados y peticionantes de asilo africanos trabajan articuladamente de manera informal, y muchas veces sin pleno conocimiento de lo que cada uno realiza y los lugares que ocupan en el proceso. Existe una fuerte superposición de recursos y esfuerzos, que podría ser evitada si estos actores lograran ponerse de acuerdo en pos de una política integral que contemple todas las aristas de la cuestión como alojamiento, capacitación e idioma, trabajo, salud, alimentación y asistencia legal.

Hasta el momento, y a partir de que Rosario fue nombra-da “Ciudad Solidaria”, desde la Municipalidad de Rosario se han desarrollado intentos de coordinar prácticas entre los distintos actores y de garantizar lo establecido en la carta de intención.

Sin embargo, y fundamentalmente por falta de recursos, no se ha podido hacer efectivo el Comité Operativo, y por lo tanto ninguno de sus objetivos, entre ellos el vinculado a la definición de planes de acción e intervenciones especifi-cas que hagan efectiva la protección y el acompañamiento del proceso de integración local de los refugiados y provean una asistencia inicial a los peticionantes de asilo.

Se considera a este informe como una primera aproxima-ción a la problemática de los refugiados y solicitantes de asi-lo en la ciudad de Rosario, que de ninguna manera agota la temática. Sino que, por el contrario, genera a partir del diagnóstico de la situación problemática, posibles líneas de intervención para afrontarla desde el Estado, pero con todos los actores involucrados.

Asimismo, el trabajo tiene la potencialidad de generar nue-vos interrogantes para trabajar la temática desde la perspec-tiva de la cultura, los imaginarios y la identidad que posibi-litarían nuevas líneas de investigación.

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Fuentes

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Entrevistas

Entrevista al Padre Salvador Yaco – Realizada el 24 de junio de 2009.

Entrevista a Leandro Javier Zaccari Tognetti – Presidente de la Fundación Migrantes y Refugiados “Sin fronteras” - 22 de julio de 2009

Entrevista a Alejandro Muiñoz – Inspector de la delegación de Migraciones de Rosario – 28 de agosto de 2009

Entrevista a Susana Shell – Directora del Hogar de Tránsito de Bigand – Realizada el 28 de octubre 2009

Entrevista a Fernanda Tugnolli – Tutora de los menores refugiados y peticionantes de asilo africanos en la ciudad de Rosario – Rea-lizada el 16 de noviembre de 2009

Entrevista a solicitantes de refugio menores de edad, realizada en noviembre de 2009

informe de población de origen africana solicitante de refugio en la ciudad de rosario

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