Informe estándar de progreso

Enero - Marzo de 2015

Abril 2015

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Contenido

Análisis de contexto .............................................................................................................................................. 3

Resumen ................................................................................................................................................................ 5

1. Fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las herramientas de Justicia Transicional existentes. ......... 8

1.1. Fortalecimiento y articulación de organizaciones de víctimas. .................................................................... 8

1.2. Apoyar mecanismos que garanticen el acceso a la verdad y la justicia. ..................................................... 10

1.3. Apoyar iniciativas de reintegración y reconciliación con enfoque comunitario. ........................................ 15

1.4. Fortalecimiento institucional para la implementación de mecanismos de Justicia Transicional. .............. 19

1.5. Apoyo a la efectividad de la reparación integral. ....................................................................................... 22

1.6. Pedagogía sobre la Justicia Transicional. .................................................................................................... 24

2. Brindar apoyo para diseño y formulación de nuevos mecanismos de Justicia Transicional. ..................... 25

3. Articulación con otras iniciativas del PNUD y agencias del SNU ................................................................. 26

4. Gestión de riesgos ...................................................................................................................................... 27

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Análisis de contexto

Presentación del Informe de La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas El pasado 10 de febrero, los doce académicos que integraron La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas entregaron a la Mesa de Conversaciones de La Habana un informe de 809 páginas sobre la génesis y los efectos que ha tenido la guerra en Colombia. Esta Comisión fue creada en el mes de agosto de 2014, en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, con el propósito de avanzar de manera más concreta en el punto de víctimas y fin del conflicto que hace parte integral de la agenda de conversaciones. En ella participaron 12 investigadores, cada uno de los cuales presentó un ensayo que responde a tres preguntas centrales de acuerdo con la metodología de la investigación: ¿cuál es el origen del conflicto? ¿Por qué se prolongó? ¿Cuáles han sido sus efectos? Para dar un enfoque integral al informe, fueron nombrados dos relatores, Eduardo Pizarro, embajador de Colombia en Ginebra, y Víctor Manuel Moncayo, profesor y Exrector de la Universidad Nacional, para que hicieran un documento que recogiera los principales puntos de acuerdo y señalaran las diferencias entre los diferentes ensayos. Esta Comisión no tenía como propósito lograr visiones comunes ni a acuerdos sobre la historia del conflicto, tampoco se trató de una comisión de la verdad, el énfasis de la investigación fue realizar una interpretación académica de los hechos que originaron el conflicto y sus consecuencias. Vale señalar, que este nivel de complejidad, no permitió que los relatores lograron ponerse de acuerdo en un solo documento. Todos los académicos pusieron sobre la mesa sus respuestas sobre el conflicto quedando en evidencia que no existe una visión unificada. Estas son entre otras algunas de las diferencias más relevantes1: ¿Cuándo empezó todo? El informe “¡Basta ya!”, del Grupo de Memoria Histórica, que era hasta la fecha el documento más completo sobre la guerra contemporánea en Colombia, ubica el comienzo del conflicto en 1958, con la entrada en vigencia del Frente Nacional. Las Farc criticaron ese corte temporal, pues consideran que hay hilos de la historia que van más atrás y explican la guerra civil de mediados del siglo XX. Efectivamente, uno de los puntos más polémicos es cuándo comenzó el conflicto. Varios miembros de la comisión se remontan hasta la década del 20 del siglo pasado para hablar de los inicios del capitalismo en el país y “los primeros efectos en el mundo rural”. Esta sería la base del nacimiento de las Farc 40 años después, según el relator Víctor Manuel Moncayo; un punto que contribuye a pensarlas también como víctimas o no.

1 Verdad abierta. Desacuerdos sobre la guerra (11 Febrero 2015). Bogotá D.C., http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/5613-desacuerdos-sobre-la-guerra

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Darío Fajardo, Sergio de Zubiría y el padre Javier Giraldo ven una línea de continuidad desde esa década hasta hoy y aseguran, junto a Alfredo Molano y María Emma Wills, que la tierra es un hilo común y detonante del conflicto. Molano por ejemplo, explica el origen del conflicto armado por La Violencia (entre 1946 y 1958), mientras hay otro grupo que aunque encuentra continuidades entre este período y el conflicto contemporáneo, cree que son fenómenos diferentes. Francisco Gutiérrez, por ejemplo, habla de La Violencia como una guerra civil, mientras considera que el conflicto actual es de corte contrainsurgente. Otros, como Jorge Giraldo, ubican el inicio de este conflicto a finales de los años 70, en el declive del Frente Nacional. Un punto de convergencia de los historiadores es que en los ochenta la guerra se recrudeció con la expansión del paramilitarismo hasta llegar a la fase actual. ¿Por qué se produjo el conflicto? Este es uno de los aspectos más controversiales, donde se diferencian dos posiciones claras. Quienes piensan, como Sergio De Zubiría y Jairo Estrada, que la guerra nace de “causas objetivas” como el capitalismo y la desigualdad. Otros, como Gustavo Duncan, Jorge Giraldo, Daniel Pécaut y Gutiérrez, que creen que hay una mezcla de razones, en las que también caben “causas subjetivas”, es decir, a la decisión política de personas de empuñar las armas o con base en una ideología. En este campo, si bien casi todos reconocen que la desigualdad, la injusticia social, y los graves problemas agrarios no resueltos han sido telón de fondo y agravantes del conflicto, no hay consenso sobre si hay una relación directa entre desigualdad y violencia. El otro gran tema de discusión es el Frente Nacional. Mientras algunos de los académicos consideran que la falta de pluralismo de este período, y el pacto bipartidista conllevaron directamente al alzamiento armado; otros consideran que el Frente Nacional fue eficiente en cuanto a lograr un descenso de la violencia; que fue una época en la que se impulsaron importantes reformas, y que hubo un auge del movimiento social. Casi todos coinciden en todo caso en su imperfección, y que dejó herencias negativas como el abstencionismo, el clientelismo y el Estado de Sitio. Como paradoja, varios autores señalan que el Frente Nacional fue el período menos violento del siglo pasado, mientras los más violentos estuvieron asociados a aperturas en el sistema político. Otras causas señaladas por los ensayistas fueron la obstrucción de las reformas sociales, especialmente en el periodo de Alfonso López Pumarejo, la debilidad institucional y un “colapso parcial del Estado durante la violencia”. Una de las tesis más fuertes es la precariedad del Estado para ejercer sus deberes tanto en la garantía de derechos, como en la construcción de un imaginario nacional. Respecto al régimen político y las instituciones, también hay profundas diferencias. Mientras posiciones como la de Renán Vega hablan de que existe un terrorismo de Estado, y una total subordinación a Estados Unidos, otros ensayistas se oponen abiertamente a estas tesis, y reconocen que en Colombia hay democracia, aunque un Estado precario.

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Resumen

A continuación se presentan los resultados e impactos más relevantes de las iniciativas del Fondo de Justicia Transicional para el periodo enero – marzo de 2015. Es importante señalar que a partir del 2015, estos informes de progreso tienen una nueva estructura, de tal forma que los avances reportados respondan a la lógica de las prioridades establecidas por el Comité Estratégico que fue convocado en el mes de Noviembre de 2014. En este sentido se resumen seguidamente los más relevantes para este periodo:

Fortalecimiento de organizaciones de víctimas

Se ha dado inicio a la fase exploratoria en 3 nuevos territorios priorizados por la estrategia de articulación de redes de victimas (Caquetá, Huila y Córdoba), en los cuales se adelantan los primeros acercamientos con la sociedad civil. Esta primera fase se ha adelantado en trabajo conjunto con las oficinas territoriales del PNUD.

Mecanismos de acceso a la verdad y la justicia

Se ha contribuido a garantizar el acceso integral a la justicia de 415 nuevas víctimas con el apoyo a los procesos judiciales de la Ley 975 de Justicia y Paz. Esto en el marco de los IRI del Bloque Cacique Nutibara, Bloque Héroes de Tolová y del Ejército Revolucionario Guevarista.

En el marco del trabajo realizado con la estrategia de apoyo a víctimas de violencia sexual, se ha logrado que en el departamento del Choco se adelanten acciones de respuesta institucional en favor de las víctimas de violencia sexual y VBG en el marco del conflicto armado. Gracias al trabajo de las organizaciones del equipo promotor vinculadas con el Fondo y del Ministerio de Justicia, fue brindada asistencia psicojuridica a un total de 67 mujeres víctimas. Las recomendaciones realizadas por las organizaciones a la institucionalidad fueron presentadas durante el desarrollo de una audiencia en la cual participó la Sra. Zainab Hawa Bangura, Representante Especial de la ONU sobre Violencia Sexual en los Conflictos.

Se ha logrado en este periodo promover el acceso a la justicia y a la reparación administrativa de 104 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Esto en desarrollo de la estrategia interinstitucional de acceso a la justicia apoyada por el FJT y liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Así mismo, se ha promovido la recuperación emocional y el empoderamiento en lógica de derechos de 239 víctimas de violencia sexual (mujeres y personas con OSIG diversas) con el trabajo adelantado por los círculos de acompañamiento psicosocial.

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Reintegración y reconciliación con enfoque comunitario

Con las iniciativas de promoción de la reintegración basada en comunidades se han logrado importantes avances en los cinco municipios y también a nivel nacional. Se destaca: 1. El Encuentro de Comités de Impulso realizado en el mes de febrero que permitió el intercambio de experiencias en los cinco municipio así como mejorar la articulación interinstitucional; 2. El proceso de formación llevado a cabo por las 5 instituciones socias de la iniciativa, propiciando la difusión de la caja de herramientas que fue construida como instrumento de multiplicación en los municipios, así como la propuesta del Ministerio de Justicia de llevar esta herramienta a todos los municipios del país como un recurso para el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias.

En el caso del municipio de Popayán, destaca la construcción de confianza entre la institucionalidad y la comunidad, que han permitido avances sustantivos de la iniciativa y que dan cuenta de cambio observables en las condiciones de vida de las comunidades participantes. En el municipio de Bello, se ha logrado vincular a un total de 20 personas en proceso de reintegración y a sus familias en el desarrollo y promoción de actividades deportivas como la iniciativa Golombiao, promoviendo entre los jóvenes del municipio un mensaje paz, reconciliación y convivencia pacífica.

En el mismo municipio, la Secretaría de Educación promueve con el apoyo del proyecto, una estrategia que articula los procesos que en la actualidad desde el arte y la cultura le apuestan a una construcción de paz en esta región del país. A esta convocatoria respondieron distintas organizaciones lo que contribuye en gran medida con la sostenibilidad futura del proyecto.

Fortalecimiento institucional para la implementación de mecanismos de Justicia transicional.

Por otra parte, se logró la expedición de la Circular conjunta 001 de 2015 de la Comisión Nacional del Ministerio Público para la Justicia Transicional y la Directriz Conjunta 003 del 18 de Marzo de 2015 de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Esto con el fin de mejorar los conocimientos y la apropiación de los funcionarios del Ministerio Publico respecto al Protocolo de Participación de las víctimas.

En el trabajo desarrollado con las instituciones para promover el uso de herramientas para prevenir el estrés emocional y el autocuidado, han sido formados 267 funcionarios responsables de la atención a víctimas o de la supervisión directa de este tipo de funcionarios en la ciudades de Bogotá, Cúcuta, Cali, Florencia y Pasto, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de la respuesta institucional en la atención a víctimas.

Un total de 100 víctimas que han solicitado medidas de protección han sido capacitadas gracias al apoyo del Fondo en medidas de autoprotección, lográndose de manera directa una cobertura del 16% de este grupo específico de víctimas en el país (la cifra de solicitudes de protección tramitadas ante la UNP para 2014 fue de más de 7500 de las

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cuales un total de 640 corresponden a víctimas de violaciones a los derechos humanos y reclamantes de tierra). Es de destacar que cerca del 50% de las víctimas son líderes de organizaciones, por lo cual se espera un efecto multiplicador de las medidas de autoprotección en las víctimas que hacen parte de estas organizaciones.

Un total de 130 evaluadores del nivel de riesgo pertenecientes tanto al programa de Justicia y Paz como de la Unidad Nacional de Protección (60% del total de evaluadores de los 2 programas) han sido capacitados en relación con la aplicación del protocolo de entrevista a víctimas de violencia sexual dejando capacidad instalada en las instituciones para que las víctimas de este delito cuenten con una atención cualificada.

Reparación integral

Gracias al trabajo apoyado por el Fondo a la Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría del Pueblo, se ha logrado la aprobación de una medida cautelar en el caso Pedeguita y Mancilla en el departamento del Chocó. Con esto se logra un impacto directo en la protección de los derechos al territorio de 16 comunidades indígenas que representan aproximadamente 1.000 personas.

Pedagogía sobre la Justicia Transicional.

En el trabajo con la red de periodistas apoyada por el Fondo, un total de 100 Periodistas de radio, prensa, televisión e internet del ámbito regional (16 departamentos y 2 subregiones), lograron conocer de la mano del Centro Nacional de Memoria Histórica la importancia que representan los archivos periodísticos y del Medios de comunicación para su conservación y manejo.

Nuevas iniciativas

Se ha dado inicio al nuevo proyecto de apoyo al proceso de reparación colectiva con la Unidad de Víctimas y el proyecto interagencial de prisiones desarrollado entre PNUD – FJT, ONU Derechos Humanos y UNODC.

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1. Fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las herramientas de Justicia

Transicional existentes.

1.1. Fortalecimiento y articulación de organizaciones de víctimas.

Durante este periodo, se ha logrado que en el departamento del Choco se adelanten acciones de respuesta institucional en favor de las víctimas de violencia sexual y Violencia Basada en Género en el marco del conflicto armado. Gracias al trabajo adelantado por el equipo promotor y en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Justicia, fue brindada asistencia psicojuridica a un total de 67 mujeres víctimas de este delito de las cuales 20 ya se encontraban inscritas en el Registro Único de Victimas.

Actividad cuidado al cuidador – Equipo promotor Guajira

Las organizaciones del equipo promotor de la Red de Organizaciones de Víctimas contribuyeron con la documentación de los casos lo que permitió priorizar a este grupo inicial de víctimas, además de contribuir con las acciones de sensibilización para promover el acceso a la reparación integral de este grupo de víctimas. Es importante señalar que las recomendaciones realizadas por el equipo promotor a la institucionalidad fueron presentadas durante el desarrollo de una audiencia en la cual participó la Sra. Zainab Hawa Bangura, Representante Especial de la ONU sobre Violencia Sexual en los Conflictos (esta información se amplía en el acápite 1.2 relacionado con el acceso a la justicia en materia de violencia sexual).

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Entre tanto, las organizaciones de los equipos promotores en otros territorios continúan adelantando distintas iniciativas en materia de construcción de memoria histórica. Las organizaciones del equipo promotor Cauca lograron visibilizar hechos relacionados con el delito de Violencia Sexual en el marco del conflicto, reclutamiento forzado y masacres. Esto gracias al trabajo previo de construcción de estos ejercicios que permitió a los participantes de los talleres exteriorizar los efectos de estos hechos en las vidas personales y comunitarias, y así mismo permitió dar inicio a procesos de elaboración de duelos y reconocimiento de daños en el marco de acciones de atención psicosocial. Otro ejemplo de este trabajo de sensibilización adelantado por las victimas ha sido la actividad denominada" El arte nos hace superar el dolor" por parte de las organizaciones del departamento de Magdalena. Gracias a estas jornadas fue posible trasladar la información a las comunidades sobre los puntos de la agenda de los diálogos de La Habana, de esta forma se identificó la falta de conocimiento de las comunidades sobre este tema en particular. Así mismo, las organizaciones de víctimas del Atlántico realizaron un espacio de diálogo con instituciones, en el cual se presentó el balance de la recolección de ejercicios de memoria histórica de 19 municipios del departamento, con el fin de solicitar la realización de las medidas de satisfacción de los mismos y la construcción de un centro por la memoria. Con respecto al trabajo de las organizaciones para incidir en espacios con la institucionalidad, se destaca el trabajo adelantado por las organizaciones del Magdalena, que promovieron un espacio de interlocución con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el marco de las audiencias por la verdad. Gracias a este trabajo las autoridades del nivel local conocieron los hechos de distintos casos priorizados y se comprometieron a realizar esfuerzos para avanzar con los procesos de judicialización. Entre tanto, el equipo promotor de Bogotá hizo entrega de las propuestas en materia de vivienda y retorno de la población victima asentada en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe a las Alcaldías Locales y centros Dignificar de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Con este trabajo se espera incidir en la priorización de los medidas adoptadas por el Distrito en favor de la población victima que es su mayoría corresponde a población en situación de desplazamiento. Fase exploratoria en 3 nuevos territorios priorizados: Con el objetivo de ampliar el alcance de la estrategia de articulación y fortalecimiento de organizaciones de víctimas han sido priorizados tres nuevos territorios (Caquetá, Huila y Córdoba) en los cuales se adelantan las primeras acciones de la fase exploratoria.

En el departamento de Córdoba se han adelantado las primeras reuniones con la oficina territorial del PNUD, instituciones locales y regionales del departamento, además de la Diócesis de Montelíbano. Esto permitió el intercambio de bases de datos de organizaciones de víctimas del departamento.

En el departamento del Caquetá se han desarrollado los primeros contactos con instituciones locales en el municipio de Florencia.

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1.2. Apoyar mecanismos que garanticen el acceso a la verdad y la justicia.

Acceso a la justicia Durante este periodo, el Fondo ha continuado con la implementación de la estrategia de acceso a la justicia, logrando priorizar de manera conjunta con las instituciones el apoyo a 3 nuevos Incidentes de Reparación Integral (IRI) en el marco de la Ley de Justicia y Paz:

1. Bloque Cacique Nutibara - BCN. 2. Bloque Héroes de Tolová - BHT. 3. Ejército Revolucionario Guevarista - ERG.

Gracias a este nuevo apoyo brindado desde el Fondo, se ha logrado que 415 víctimas aproximadamente accedan de manera digna e integral a la justicia gracias a su participación activa y efectiva en las etapas del proceso judicial. En las audiencias judiciales, la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Medellín, escuchó de primera mano las afectaciones de las víctimas que fueron objeto de la violencia de estos grupos y sus posteriores consecuencias en sus proyectos de vida y en el tejido social, lo que resulta fundamental para que sea escuchada la voz de las víctimas y su testimonio aporte a la construcción de la verdad judicial.

IRI - Ejército Revolucionario Guevarista (Medellín).

El apoyo del Fondo fue fundamental tanto para el desarrollo de los Incidentes, como para las brigadas previas en donde se realizan las jornadas de acopio documental, otorgamiento de

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poderes, asistencia y orientación psicosocial, peritaje psicológico y financiero, que permiten brindar una atención integral a las víctimas. En términos de impacto, es muy valioso señalar el caso particular del IRI del Bloque Héroes de Tolová en el que participaron 70 víctimas, el cual tuvo una participación activa y efectiva de la comunidad de paz de San José de Apartadó en la audiencia judicial y la investigación, judicialización y condena de 16 crímenes graves cometidos por los postulados de este bloque que afectaron a cerca de 53 víctimas directas. Esto significa un gran cambio en esta comunidad, pues unos años atrás, no existía confianza en el proceso penal especial de Justicia y Paz ni en las instituciones encargadas de su implementación.

IRI - Bloque Cacique Nutibara (Medellín).

Por otra parte, se está impulsando en trabajo conjunto con las Unidad para las víctimas un nuevo componente en esta estrategia, con el objetivo de avanzar en la promoción de la verdad judicial. Para esto se está definiendo un cronograma y una metodología para la socialización de la verdad judicial de (4) cuatro sentencias de Justicia y Paz que han sido apoyadas desde el Fondo. Se tiene previsto un trabajo territorial en los siguientes casos:

1. Norte de Santander (sentencia del Iguano) Patrón de macrocriminalidad: Desaparición forzada para eliminación de evidencias del delito.

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2. Urabá (sentencia del Alemán)

Patrón de macrocriminalidad: Reclutamiento Forzado de menores

3. Magdalena Medio (Sentencia de Botalón) Patrón de macrocriminalidad: Violencia basada en género y por orientación sexual o identidad de género diversa.

4. Meta-Vichada (sentencia de Baldomero Linares)

Patrón de macrocriminalidad: Control social

Violencia Sexual Con respecto al trabajo adelantado con el Ministerio de Justicia para el apoyo a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, se ha logrado en este periodo promover el acceso a la justicia y a la reparación administrativa de 104 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, en desarrollo de la estrategia interinstitucional de acceso a la justicia apoyada por el FJT. Particularmente en las 2 jornadas realizadas en el mes de marzo, se ha promovido el impulso de sus casos judiciales y administrativos, facilitando su acceso a un defensor público y difundiendo información sobre la oferta institucional a la cual pueden acceder como víctimas. Todo ello en un contexto que a la vez les permite recibir apoyo psicosocial y jurídico.

Visita Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas – Choco.

De la misma forma, las acciones adelantadas por el Fondo en esta materia, fueron destacadas en la visita realizada en el mes de febrero por la Sra. Zainab Hawa Bangura, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en materia de violencia sexual en conflicto armado.

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La Sra Bangura realizó una visita a Chocó, acompañada por Onu Mujeres y el FJT, donde pudo conocer de primera mano las acciones impulsadas por el Fondo en esta materia desde el año 2014 y, particularmente, aquellas relacionadas con el impulso a la estrategia interinstitucional de acceso a la justicia y a la reparación administrativa de las víctimas de violencia sexual: 1) identificación de casos con el apoyo de las organizaciones de la Red de Víctimas articuladas con el FJT, 2) jornadas de acompañamiento psicosocial y 3) jornadas interinstitucionales de denuncia y declaración conjunta que permitieron a las mujeres iniciar rutas de acceso a la justicia y la reparación. Durante su misión la señora Bangura tuvo la oportunidad de hacer una visita al municipio de Quibdó (Chocó), con el fin de reunirse con la institucionalidad local, organizaciones sociales y víctimas del delito de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Así mismo, la Representante, pudo visitar un asentamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes, espacio que le permitió conocer la voz de las víctimas de primera mano. La recomendación principal en este sentido fue la de centrar esfuerzos en la construcción de políticas públicas que permitan acabar con la “cultura del silencio” frente a comportamientos que socialmente tienen repercusiones jurídicas y que prolongan patrones de tipo machista que impiden la realización de igualdad entre los hombre y las mujeres. En el marco del apoyo institucional para mejorar las capacidades de respuesta a las víctimas, se ha fortalecido la coordinación interinstitucional para la implementación de la Estrategia de Acceso a la Justicia y a la Reparación Administrativa de las víctimas de violencia sexual, tanto en el nivel nacional como local en las ciudades donde se implementa la estrategia. Bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho y con el acompañamiento del Fondo, se ha logrado que el 80% de las personerías municipales y distritales del país, cuentan ahora con herramientas para defender a las mujeres de la violencia "dentro y fuera del conflicto armado" promoviendo sus capacidades para que puedan actuar en el nivel local. Otro impacto relevante en este periodo, ha sido el impulso para la recuperación emocional y el empoderamiento en derechos de 239 víctimas de violencia sexual (mujeres y personas con OSIG diversas). Algunas de las mujeres participantes en los círculos (apoyados por el FJT desde 2013) han asumido un liderazgo muy importante para contribuir a la recuperación de las víctimas de este delito y han creado redes de apoyo para brindar atención y asesoría en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla, Valledupar y Sincelejo.

Iniciativas de verdad y memoria

Por último, con el fin de finiquitar el proceso de formulación de la propuesta de política pública en materia de archivos de DDHH y DIH, se espera incorporar las últimas observaciones, comentarios y sugerencias al interior del CNMH. Se tiene previsto realizar la última socialización en terreno en el segundo trimestre de 2015 para presentar de manera oficial el documento final en el 2do semestre de este año. En este sentido, se logra contribuir de manera contundente en un aspecto estructural de la construcción de la memoria histórica del conflicto en el país y por otra parte con el diseño y puesta en marcha de una eventual comisión de la verdad.

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De manera complementaria, se han definido los criterios de selección para elegir las 3 organizaciones de víctimas que adelantaran un ejercicio piloto de construcción de archivos a partir de los lineamientos que establece esta propuesta de política pública.

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1.3. Apoyar iniciativas de reintegración y reconciliación con enfoque comunitario.

A través de las cinco iniciativas en los municipios priorizados, se continúa promoviendo la participación de personas víctimas de la violencia desde un ejercicio de ciudadanía con los comités de impulso y desde la implementación de los planes de acción. En los municipios de Barranquilla y Soledad, se ha logrado ampliar la participación de la población víctima gracias a la vinculación de nuevos integrantes al e Comité de impulso de Barraquilla y la Escuela Reconciliarte en el municipio de Soledad que se constituye como una estrategia itinerante de formación en arte, memoria y cultura que agrupa a más de 40 jóvenes víctimas y participantes en procesos de reintegración. Se destaca en igual sentido, las acciones comunitarias que posibilitan la participación de los diferentes sectores de la comunidad para el logro de los objetivos. Por ejemplo en el Municipio de Soledad se llevó a cabo una acción simbólica denominada “Toma barrial en el sector Villa María”, identificado como uno de los sectores con mayor presencia de población desplazada y desde donde los jóvenes de la Escuela Reconciliarte construyeron un mural que permitió movilizar a más de 150 personas entre estudiantes, padres de familia, líderes comunitarios, comunidad receptora y personas en proceso de reintegración, plasmando un concepto concertado frente a la Paz y a la Convivencia en este sector del municipio.

Mural por la reconciliación Soledad, Atlántico.

En el municipio de Bello, es muy importante señalar en este periodo que con la iniciativa Golombiao que impulsa la práctica del futbol para la promoción de los valores y la promoción de la convivencia pacífica, se logró vincular al torneo a 20 personas en proceso de reintegración y a sus familias, promoviendo con esto la reconstrucción del tejido social y la construcción de confianza entre los diferentes sectores poblacionales en favor de la reconciliación.

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De manera complementaria al torneo Golombiao, desde la Secretaría de Educación del municipio se ha diseñado una estrategia que articula los procesos que en la actualidad desde el arte y la cultura le apuestan a una construcción de Paz en esta región del país. A esta convocatoria respondieron con gran interés la Fundación Mi Sangre, Cootrafa, Comfenalco y Comfama, lo que ha posibilitado un intercambio de saberes y metodologías en torno al tema y en donde el proyecto ha realizado una importante contribución a otras iniciativas. Por último, en el municipio de Popayán, se ha identificado que algunas de las acciones del plan de acción 2015 deben reorientarse en la medida en que puedan contribuir de manera más contundente a la cohesión entre la población víctima y los participantes en proceso de reintegración, debido a posiciones muy radicales de algunos integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas. Esta situación en particular fue identificada previamente en un ejercicio de gestión de riesgos y actualmente el equipo técnico está avanzando en el diseño de nuevas estrategias para responder a esta necesidad. Sin embargo, es válido subrayar que en este periodo se han logrado identificar importantes resultados e impactos del Proyecto, con el desarrollo de una metodología de análisis cualitativo basada en la realización de grupos focales que ha sido aplicada en los 5 municipios. Ya se tienen los primeros resultados en el caso del municipio de Popayán y se trabaja actualmente con la información de los municipios de Barraquilla, Soledad, Turbo y Bello.

Conmemoración y Memoria. A continuación se relacionan algunos de los impactos tempranos identificados durante el presente trimestre en el municipio de Popayán, resultado de la realización del grupo focal que permitió llevar a cabo acciones de seguimiento al desarrollo de la iniciativa. Los impactos tempranos que se han logrado identificar están basados en los testimonios de algunos de los participantes y dan cuenta en algunos casos de cambios observables en las condiciones de vida de las comunidades participantes.

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"Nosotros después de lo que vimos en el Torneo muchos muchachos decían que irse a las fuerzas armadas ilegales ya no paga. Entonces frente a lo que se dice ahí yo sí creería que se han cambiado algunos imaginarios, quizá no en un 100% pero se ha logado algo. Porque antes pensaban que tener un arma en la mano lo era todo, pero se ha cambiado ese imaginario". (Testimonio líder comunitario – Popayán).

"Los NNA con el Torneo Campeones por la Vida y la Paz dan un ejemplo a los adultos, ellos se están alejando de las problemáticas como los embarazos en adolescentes y el pandillismo, desde el primer día se vio en algo el cambio y deben de seguir practicando ese tipo de mensajes y valores". (Testimonio líder comunitario – Popayán).

Lo anterior evidencia que generar estrategias de uso del tiempo libre para los jóvenes posibilita que encuentren otras opciones diferentes que les permita la construcción de sus proyectos de vida. De otro lado, la vinculación activa del sector educativo ha permitido que se miren estas iniciativas socioculturales como elemento clave en los procesos de formación de NNJA, por tanto se está analizando la manera de que empiecen a formar parte de los Proyectos Educativos Institucionales.

"Las acciones que se han desarrollado en Popayán sí han fomentado de manera importante y positiva la participación ciudadana, independientemente del nivel de participación, …... y me parece importante porque en la medida en que se inició el proceso desde el año pasado el sólo hecho de haberlo iniciado y de haber roto unos esquemas de trabajo que se tenían fue bueno, porque había una especie de divorcio entre comunidad e instituciones, … A mí me parece que el sólo hecho de haber realizado este empalme de trabajar de una manera coordinada entre instituciones y comunidad y además un plus a eso es entre instituciones como tal porque había muchas instituciones que no tenían mucha cercanía, pero no había esa relación y permitió dar ese paso y hacer ese acercamiento y que se diera esa oferta institucional". (Testimonio líder comunitario – Popayán).

Este testimonio demuestra cómo la iniciativa en Popayán ha venido contribuyendo a la creación de nuevos relaciones entre las comunidades e institucionalidad, promoviéndose un ambiente de confianza y de trabajo más armónico.

"Pues nosotros, como Defensoría, de pronto por el tema de víctimas que es el último en estos años, vemos que se ha incrementado y con las comunidades en general… hacía mucha falta el trabajo en Popayán y con las comunas, este ejercicio ayudó a la construcción de confianzas y es un ejercicio que descentraliza a la institucionalidad" (Testimonio funcionaria - Defensoría del Pueblo).

"Bueno, debo resaltar bastante las personas que están en proceso de reinserción con la ACR, porque estas personas nos han contribuido como líderes a nosotros también por medio de la ACR en la labor social, hemos estado trabajando en tema ambiental y en este tema la ACR nos ha contribuido mucho en el trabajo de los senderos ecológicos, para nosotros esta participación de parte de las personas que están en proceso ha sido muy importante. Porque muchas veces cuando nosotros queremos hacer alguna acción con la

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comunidad afectada en estos sectores, la participación de esta comunidad es mínima. Nunca como líder pensé que estas personas tuvieran esos procesos y nos pudieran ayudar en la labor social" (Testimonio líder comunitario – Popayán).

“Al principio cuando nosotros iniciamos el proceso nos acompañaba la Mesa, después por diversos motivos se retira y ahora se está tratando de retomar esos lazos porque vieron los resultados. Y eso es mostrarnos nosotros y no dejar ver ese miedo, porque ese es un tema el cual nos costaba conciliar y es el resultado que se puede y que se abrió ese espacio de confianza" (Testimonio víctima del conflicto armado – Popayán).

"Las personas en proceso de reintegración están trabajando como ciudadanos y no como desmovilizados, ya que no se identifican por el proceso que ya han superado esta etapa de ellos, al comienzo sí se identificaron pero ahora ya no, igual que las víctimas, desplazados, desmovilizados están en un solo grupo, eso es exitoso". (Testimonio de funcionaria de la ACR – Popayán).

Lo anterior permite concluir que la iniciativa, como se mencionó anteriormente, ha tendido canales de comunicación para el diálogo entre las instituciones y los diferentes actores que participan del proceso alrededor de un objetivo común, es decir, víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reintegración, comunidad receptora y siempre teniendo una perspectiva de ejercicio ciudadano. En el trabajo conjunto con las contrapartes, se destacan algunos resultados referidos a la coordinación y articulación institucional, como por ejemplo, la realización del Encuentro Nacional de Comités de Impulso en el que participaron los cinco municipios, constituyéndose nuevamente en un espacio de coordinación y articulación institucional, evidenciado en los momentos de apertura del Encuentro y especialmente en su participación en la realización del Panel de "Justicia Transicional desde abajo", con ponencias que aportaron al enriquecimiento del tema. De igual manera, el Encuentro contribuyó al diálogo directo de las instituciones del nivel nacional con los territorios y al reconocimiento del trabajo de la institucionalidad en lo local, reconociendo la necesidad de propiciar un mayor fortalecimiento de la articulación de las acciones en los municipios en la relación Nación-territorio. Así mismo, la búsqueda de una nueva alianza con el ICBF a fin de establecer una alianza estratégica para la vinculación del Instituto en las iniciativas en los cinco territorios de tal forma que contribuya a la sostenibilidad a futuro de los procesos adelantados, especialmente con las acciones en favor de los NNJA. Por último es válido señalar, el resultado positivo del proceso de formación como ejercicio de articulación institucional, mediante la implementación de los módulos de capacitación que desarrolló cada entidad socia, propiciando no sólo la iniciativa de difundir la caja de herramientas que fue construida para ser utilizada como instrumento de multiplicación en los cinco municipios, sino la propuesta del Ministerio de Justicia de llevar esta herramienta a todos los municipios del país como un recurso para el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias.

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1.4. Fortalecimiento institucional para la implementación de mecanismos de

Justicia Transicional.

Ministerio Público En relación con el trabajo adelantado con instituciones del Ministerio Publico, se destaca en este periodo la articulación con la Comisión Nacional del Ministerio Publico para la Justicia Transicional - CNMPJT y la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, con el fin de adelantar el seguimiento de los compromisos adquiridos en las rendiciones de cuentas convocadas por las Mesas de participación de víctimas de los municipios de Tibú, Buenaventura, Cali y Villavicencio. Estas acciones de acompañamiento y asistencia a las Secretarias Técnicas de las Mesas Municipales de Participación han facilitado que la información obtenida en las jornadas, particularmente la obtenida a través de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por las Personerías y Mesas que acompaña el FJT, se convierta en un insumo para la labor que adelantan de manera conjunta estas comisiones dando cumplimiento a la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras. Estos ejercicios analíticos han permitido identificar de manera muy clara en cada uno de estos territorios, las debilidades en la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima, muchas de ellas relacionadas con la débil articulación interinstitucional a nivel territorial al igual que a nivel nación-territorio.

Por otra parte, se logró la expedición de la Circular conjunta 001 de 2015 de la CNMPJT y la Directriz Conjunta 003 del 18 de Marzo de 2015 de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Si bien la circular conjunta 001 de 2015 convocando a las Personerías, Defensorías y Procuradurías no fue completamente exitosa en su propósito, sí incentivó la participación de los funcionarios del Ministerio Publico que asistieron a los talleres de capacitación dirigidos a las Personerías del país para el periodo de convocatoria, elección e instalación de las Mesas Municipales y Departamentales de Participación Efectiva de las Víctimas de acuerdo a la actualización del Protocolo de Participación. Aunque aún no es posible verificar el efecto total de la Directriz Conjunta 003 del 18 de Marzo de 2015, en tanto el periodo de elección e instalación de Mesas no ha culminado, sí es posible afirmar que gracias a la Directriz, las Personerías han contado con la posibilidad de solicitar el acompañamiento de Defensorías y Procuradurías. Esto es particularmente importante considerando los descontentos y cuestionamientos de algunos grupos de líderes y lideresas sobre las reformas que la Resolución 00828 de 2014 insertó en el Protocolo de Participación. Un ejemplo puntual del efecto de la Directriz es la jornada de elección e instalación en el municipio de Buenaventura.

Este esfuerzo para promover los espacios de participación ha contribuido al empoderamiento de los miembros de las Mesas Municipales de Participación de Víctimas con las cuales se ha trabajado directamente y se ha despertado el interés de las víctimas asistentes a las actividades para inscribirse a la Personería y hacer parte de las nuevas mesas. En el municipio Carepa (Antioquia), por ejemplo, participaron alrededor de 150 personas en las sesiones descentralizadas de la Mesa y gracias a este nivel de participación se hicieron jornadas de toma de declaración en

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varios corregimientos. En El Rosario (Nariño), se destaca el interés de la mesa en el tema de Memoria Histórica y las gestiones para que el CNMH los asesore para crear su propio centro municipal de la memoria.

Por último, también en este eje de trabajo, fueron desarrollados, en coordinación con la Unidad de Víctimas 10 talleres regionales en los departamentos de Antioquia, Cesar, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Atlántico, Putumayo, Meta, Santander y Norte de Santander, en los cuales un total de 466 funcionarios, en su mayoría representantes de las personerías, pudieron actualizar sus conocimientos sobre los cambios en el proceso de elección de las mesas de participación de víctimas, particularmente aquellos incluidos en la Resolución 0828 del 26 de diciembre de 2014.

Prevención del estrés emocional y autocuidado Por otra parte, en el trabajo desarrollado con las instituciones para promover el uso de herramientas para prevenir el estrés emocional y el autocuidado, se destaca durante este periodo la formación de 267 funcionarios responsables de la atención a víctimas o de la supervisión directa de este tipo de funcionarios en la ciudades de Bogotá, Cúcuta, Cali, Florencia y Pasto, evidenciando la necesidad de este tipo de metodologías para mejorar la calidad de la respuesta institucional en la atención a víctimas. Las instituciones beneficiarias han sido la Defensoría del pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General, Ministerio del Interior, Centro de Memoria Histórica, Unidad para las Víctimas, Agencia Colombiana para la Reintegración, gobernaciones y personerías. Adicionalmente al grupo de beneficiarios directos de esta iniciativa, se destaca como un resultado importante la apropiación de la metodología por parte de la Unidad para las víctimas y la Defensoría del Pueblo al interior de sus equipos, que fue construida colectivamente con la asesoría de la corporación CEDAVIDA.

Prevención y protección En materia del apoyo a iniciativas de prevención, el Fondo ha dado continuidad al trabajo con la Unidad Nacional de Protección para la difusión de la cartilla de autoprotección elaborada con los insumos de líderes de organizaciones de víctimas, reclamantes de tierras, mujeres, periodistas, sindicalistas y grupos étnicos. Luego de un análisis detallado, se estableció que la cifra proyectada de solicitudes de protección tramitadas ante la Unidad Nacional de Protección para 2014 fue de más de 7500 de las cuales un total de 640 corresponden a víctimas de violaciones a los derechos humanos y reclamantes de tierra. Por ello, se ha proyectado la impresión y difusión de 10.000 ejemplares de la cartilla y 10.000 videos, así como la socialización de la misma en cuatro territorios. En este sentido, 100 víctimas que han solicitado protección han sido capacitadas gracias al apoyo del Fondo en medidas de autoprotección, lográndose de manera directa una cobertura del 16% de este grupo específico de víctimas y, de manera indirecta del 100% de los solicitantes de los 13 grupos poblacionales de la Unidad Nacional de Protección, ya que adicionalmente se capacitó a los funcionaros que a nivel territorial son responsables de orientar a los solicitantes de protección en materia de autoprotección. Es de destacar que cerca del 50% de las víctimas son líderes de

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organizaciones, por lo cual se espera un efecto multiplicador de las medidas de autoprotección en las víctimas que hacen parte de estas organizaciones. Las jornadas de socialización de la cartilla se desarrollaron en las ciudades de Medellín, Popayán, Villavicencio y Pasto, a las cuales asistieron víctimas que han solicitado protección y funcionarios responsables de orientar en materia de autoseguridad y autoprotección. En total fueron capacitadas 200 personas. Por otra parte, el programa de Justicia y Paz a enero de 2015 tiene registrados más de 30 casos de solicitud de protección en departamentos diferentes a los lugares donde sesionan los Grupos Técnicos de Evaluación del Nivel de Riesgo GTER. Por ello se realizaron las sesiones descentralizadas de los mismos en Córdoba, Bolívar, Risaralda, Cauca y Cesar, lográndose evaluar 21 casos y estableciendo medidas protectivas para el 55% de los casos evaluados, siendo 6 mujeres y 5 hombres, las víctimas beneficiarias del total de estas medidas. Con respecto a la estrategia de protección y la incorporación del enfoque de género, se estableció que a 30 de marzo de 2015 la Unidad para las Víctimas reporta un total de 9.817 personas objeto de delitos contra la libertad y la integridad sexual, de los cuales 8.795 son mujeres, 802 corresponden a hombres, 31 a población LGTBI y 189 no registran. De otra parte, el programa de protección de Justicia y Paz ha estudiado 3872 solicitudes de protección desde el año 2008, de las cuales 1893 han sido mujeres y 1979 hombres; actualmente están vinculados 244 hombres y 296 mujeres con medidas protectivas de las cuales 71 mujeres son víctimas de violencia sexual. A partir de este análisis, se priorizó la elaboración y distribución de 1000 plegables del protocolo de entrevista a víctimas de violencia sexual que solicitan protección, así como la capacitación durante este trimestre de 130 evaluadores del nivel de riesgo pertenecientes tanto al programa de Justicia y Paz como de la Unidad Nacional de Protección (60% del total de evaluadores de los 2 programas). De esta forma se espera dejar capacidad instalada en las instituciones para que las víctimas de este delito cuenten con una atención cualificada y se evite una nueva revictimización, así como acciones contra su integridad al hacer las indagaciones respectivas para brindar una medida protectiva. En términos de sostenibilidad es muy importante señalar que La Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior, asumen el protocolo de entrevista a víctimas de violencia sexual que solicitan protección como la herramienta para adelantar el proceso de entrevista a todos los casos de este tipo. Por último, fue incorporado de manera clara el enfoque de género en la metodología de elaboración de los planes de prevención territoriales. Esta metodología responde al marco de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas y puntualmente a las resoluciones del Consejo de Seguridad 1960 y 2106 de 2013, que establece la obligación del Estado por prevenir la violencia sexual en los conflictos armados y los escenarios de postconflicto. Aunque la metodología está en fase final de validación, se ha dado un avance muy importante con su inclusión en le Conpes 3784 como estrategia de prevención del Estado.

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1.5. Apoyo a la efectividad de la reparación integral.

En materia de apoyo a los procesos de restitución de tierras a sujetos étnicos, se ha logrado, en trabajo conjunto con la Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría del Pueblo, la documentación de 4 nuevos casos para avanzar con los procesos de restitución de tierras, a través de la interposición de las medias cautelares correspondientes: Los casos priorizados fueron:

1. Consejo comunitario de la libertad - Sucre 2. Consejo comunitario rio yurumanguí - Valle 3. Pueblo motilón bari – Norte de Santander 4. Pedeguita y Mancilla - Choco

Este esfuerzo permitió, en el caso Pedeguita y Mancilla, en el departamento del Choco, que fuera interpuesta la medida cautelar con una respuesta favorable con su admisibilidad. Con esto se logra un impacto directo en la protección de los derechos al territorio de 16 comunidades indígenas que representan aproximadamente 1.000 personas. También, como parte integral del plan de acción 2015 en esta materia, ha iniciado la formación de los funcionarios públicos en materia de los decretos Ley 4633 y 4635. Un total de 50 funcionarios participan en las primeras jornadas de formación. Los resultados de estas acciones de formación se presentaran de manera más detallada en los siguientes informes. Así mismo, se adelanta con la Unidad para las Victimas un trabajo de formulación para la puesta en marcha de una nueva propuesta en materia de reparación colectiva enfocada en sujetos comunitarios, casos nacionales y organizaciones de mujeres. A continuación se resumen las principales líneas de trabajo que han sido propuestas: Línea 1: Fortalecimiento organizativo Esta línea busca: i) Recuperar las dinámicas organizativas propias de cada sujeto antes de la ocurrencia de los hechos víctimizante; ii) Recuperación de las agendas políticas desde el principio general de la reparación transformadora, permite que los sujetos colectivos reconstruyan sus proyectos políticos bajo el contexto y coyuntura actual; y iii) Fortalecimiento de la capacidad de incidencia política.

Línea 2: Potenciación de las capacidades locales para la paz en el marco del proceso de justicia transicional Tomando como referencia la importancia de lograr el fortalecimiento de los comités de impulso, grupos de apoyo, tejedores y tejedoras de los sujetos de reparación colectiva, puesto que ellos se constituyen como referentes y líderes reconocidos por las comunidades en sus territorios, la Unidad para las Víctimas busca generar espacios de cualificación de estas instancias sobre temas claves en el escenario postconflicto y de acuerdo a las dinámicas del proceso de justicia transicional que se adelanta actualmente en Colombia.

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Línea 3: Estrategia de recuperación y fortalecimiento del tejido social Para seguir avanzando en el proceso de reparación colectiva, se hace importante dar continuidad a la implementación y la sostenibilidad de la estrategia de rehabilitación comunitaria – Entrelazando – donde se promueven espacios de autonomía para el re-encuentro de las organizaciones por objetivos comunes, escenarios para recordar e incidir socialmente y seguir en búsqueda de la verdad y la justicia y otras acciones que posibiliten la reconstrucción del tejido social que ha sido fragmentado por el conflicto armado, donde las víctimas sean visibilizadas como ciudadanas de derecho en una apuesta por la construcción de paz. Línea 4: Propuesta de protección colectiva en el escenario de la justicia transicional Partiendo de la importancia social y política de los sujetos de reparación colectiva, se identifica la necesidad de generar un espacio para la construcción conjunta (entre la institucionalidad y los sujetos de reparación colectiva) de una estrategia de protección colectiva a sus integrantes, su patrimonio y al sujeto como tal en condición de colectivo (organizaciones).

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1.6. Pedagogía sobre la Justicia Transicional.

Durante el primer trimestre de 2015 las acciones de comunicación adelantadas por el Fondo en favor de la promoción de los derechos de las víctimas, han priorizado el trabajo directo con la red de periodistas y el trabajo con instituciones educativas. Con este propósito se ha dado continuidad a los conversatorios sobre justicia transicional y el papel del periodismo regional en la materia, facilitando así que un total de 80 estudiantes de comunicación social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano pudieran participar de este espacio y así promover el debate público en la materia. Este espacio denominado “Qué entendemos por Justicia Transicional, las víctimas y el papel de los medios en contextos de transición”, ha contribuido en gran medida a establecer unos principios básicos sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de paz y se espera que brinden insumos importantes para la eventual fase de implementación de los acuerdos de la mesa de dialogo en La Habana. En el trabajo con la red de periodistas apoyada por el Fondo, un total de 100 Periodistas de radio, prensa, televisión e internet del ámbito regional (16 departamentos y 2 subregiones), lograron conocer de la mano del Centro Nacional de Memoria Histórica la importancia que representan los archivos periodísticos y del Medios de comunicación para su conservación y manejo. Así como la importancia del tema como aporte desde el ejercicio periodístico a una eventual comisión de la verdad. Por otra parte, se abrió a los comunicadores un espacio de reflexión y análisis sobre el ejercicio periodístico para el cubrimiento mediático en un eventual post acuerdo a las negociaciones de la Habana con las FARC. En coordinación con la iniciativa para impulsar la política pública de archivos de DDHH y DIH, el CNMH y el Fondo, brindan actualmente asesoramiento en manejo y conservación de archivo periodístico a los periódicos regionales Meridiano de Sucre y El Pilón (Cesar), sobre el cubrimiento del conflicto armado que estos medios hicieron desde el periodo 1990 hasta el año 2005, en los departamento de Sucre, Cesar y la subregión de los Montes de María. Este ejercicio constituye una iniciativa piloto que se espera sea apropiada por otros medios de comunicación en el corto plazo.

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2. Brindar apoyo para diseño y formulación de nuevos mecanismos de Justicia

Transicional.

El Fondo de manera coordinada con la OCR y la participación de OACNUDH, PNUD y UNODC, ha puesto en marcha el diseño de una nueva propuesta para responder a una necesidad identificada en relación con el estudio de medidas alternativas a la privación de la libertad en el caso de excombatientes de grupos armados, tanto en la fase de investigación como de cumplimiento de las penas. Ya han sido definidos el alcance general de la propuesta así como las principales acciones a ser implementadas, sin embargo se esperan los últimos ajustes para que sea integrada oficialmente en el plan de acción 2015. El objetivo del proyecto es realizar un análisis exhaustivo sobre medidas diferentes a la privación de libertad como única respuesta a los delitos, tanto en fase de investigación como de cumplimiento de la pena; así como la asesoría e impulso a la aprobación e implementación de la iniciativa legislativa en curso en materia de reglamentación de medidas de aseguramiento (ver ficha 3. Resumen Ejecutivo).

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3. Articulación con otras iniciativas del PNUD y agencias del SNU

Como se ha mencionado anteriormente, se destaca el primer proyecto interagencial ejecutado por el Fondo de Justicia Transicional de manera conjunta entre el PNUD, ONU Derechos Humanos y UNODC referido al análisis exhaustivo sobre medidas diferentes a la privación de libertad como única respuesta a los delitos, tanto en fase de investigación como de cumplimiento de la pena; así como la asesoría e impulso a la aprobación e implementación de la iniciativa legislativa en curso en materia de reglamentación de medidas de aseguramiento. En trabajo coordinado con ONU Derechos Humanos, se ha logrado adelantar un ejercicio de análisis en relación con la estrategia de "Lucha Contra la Impunidad del Delito de Desaparición Forzada", la cual tiene, entre otros objetivos, el fortalecimiento del rol de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Instituto Nacional de Medicina Legal para la Intervención de Cementerios en Colombia. La implementación se focalizará en primer lugar en el municipio de Cimitarra en el departamento de Santander, teniendo como objetivo central, la recuperación de cadáveres inhumados en dicho cementerio y realizar un ejercicio piloto de tipo interinstitucional para la ubicación de cadáveres identificados. Así mismo, sobresale el trabajo integrado con las oficinas territoriales del PNUD en el marco del trabajo articulado entre el FJT y el Programa Alianzas Territoriales para la Paz. Destaca el trabajo en el departamento de Antioquia, que integró en su plan de trabajo y seguimiento 2015, las iniciativas desarrolladas desde el Fondo referidas a la promoción de la convivencia y la reconciliación en los municipios de Turbo y Bello. Complementariamente, vale señalar la alianza estratégica que se ha mantenido con la Agencia de Voluntarios de Naciones Unidas, que ha permitido hasta el mes de marzo la vinculación de 10 jóvenes (hombres y mujeres) voluntarios que acompañaron la implementación de esta propuesta como un complemento a los esfuerzos del comité de impulso. Por último, en relación con las iniciativas de protección, se ha logrado un trabajo más articulado con ACNUR para la definición de las acciones en esta materia, especialmente en el componente de seguimiento a amenazas que se adelanta conjuntamente con la Defensoría del Pueblo.

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4. Gestión de riesgos

Como parte integral de la planeación de las acciones del Fondo para la vigencia 2015, se ha adelantado un ejercicio de identificación de riesgos que permite establecer las medidas de contingencia que pueden ser consideradas para mitigar los impactos que este tipo de eventualidades pueden tener en los proyectos en curso y de manera general para el funcionamiento del Fondo. A continuación se presenta el resultado de este ejercicio:

Con. Tipo Riesgo Medida a Implementar

R1 Seguridad

Amenazas e intimidaciones a las comunidades por participar en el proceso de restitución de tierras que llevan a cabo las instituciones como la Unidad de Restitución de tierras, la Unidad de Victimas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

Hacer seguimiento de las dinámicas de seguridad en las regiones en las que se lleve procesos de restitución para denunciar la situación a través del SNU. Mantener un diálogo continuo con las instituciones que tienen la capacidad de respuesta para atender casos específicos de riesgo para las comunidades (UNP-Policía Nacional).

R2 Estratégico La interrupción de las iniciativas apoyadas por el FJT en la transición a un nuevo programa de justicia transicional o un MDTF

Avanzar en la formulación de un nuevo programa de justicia transicional específico para el PNUD de manera paralela a la conformación del MDTF.

R3 Político La alteración de la agenda programática del FJT derivada de la indefinición de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC

Mantener un dialogo constante con el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y con el Gobierno para identificar temas en los cuales el FJT puede acompañar el proceso de paz a través de asesoría técnica especializada.

R4 Político La agenda preelectoral puede dificultar la puesta en marcha de las acciones regionales apoyadas por el FJT.

Puede aprovecharse el ambiente y la agenda de los candidatos para posicionar algunos temas de trabajo del FJT. Definir planes de contingencia territoriales para evitar que los resultados esperados no se cumplan según lo previsto.

R5 Financiero La implementación del plan de actividades 2015 puede tener alteraciones derivadas del retraso en los desembolsos programados en el marco de los distintos convenios con donantes.

Generar alertas periódicas e informar a los donantes sobre la necesidad de disponer de los recursos en los tiempos establecidos. Recursos track para poder realizar actividades.

R6 Político Que el marco normativo de Justicia y Paz sea relegado por un marco normativo nuevo.

Plantear una estrategia que recoja la experiencia de Justicia y Paz y a la vez contribuir con la formulación de nuevos mecanismos en trabajo conjunto con las instituciones.

R7 Estratégico Salida de postulados de justicia y paz sin un proceso de reintegración efectivo

Identificar las zonas de mayor afectación y apoyar estrategias locales preventivas en materia de procesos de reintegración, en las zonas de trabajo del FJT

R8 Operativo Retrasos en la implementación de las iniciativas por cuenta de los procedimientos administrativos.

Establecer cronogramas de procedimientos acordes con la planeación. Hacer seguimiento al plan de adquisiciones

R9 Financiero Algunas de las propuestas que implementa el FJT o algunas de ellas no sean asumidas por la institucionalidad o no generen un proceso sostenible.

Establecimiento de acuerdos, seguimiento técnico y político