informe-sindicalismo

7/30/2019 informe-sindicalismo

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Reconocer el pasado

Construirel futuro

Informe sobre violencia contra

sindicalistas y trabajadores sindicalizados

1984 2011


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Inorme sobre violencia contra sindicalistasy trabajadores sindicalizados 1984 2011

el pasado,el uturo

Reconocer

construir


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Reconocer el pasado, construir el uturoInforme sobre violencia contra sindicalistas

y trabajadores sindicalizados 1984 2011

Cualquier visin u opinin expresada en este do-

cumento no reeja necesariamente la posicin o

polticas ni delpnud ni de las embajadas que lo

acompaaron y fnanciaron en el desarrollo de

las actividades de este proyecto.

Centros de investigacin y universidadesCentro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad

(DeJusticia)

Centro de Investigacin y Educacin Popular (Cinep)

Centro de Recursos para el Anlisis de Conictos (Cerac)Corporacin Nuevo Arco Iris (cnai)

Fundacin Ideas para la Paz (fip)

Universidad Externado de Colombia

Universidad Nacional de Colombia

Organizaciones de la sociedad civilEscuela Nacional Sindical (ens)

Comisin Colombiana de Juristas (ccj)

Produccin editorial

Marcela Giraldo

Editora general

Equilibrio Grfco Editorial

Diagramacin y diseo

Fotograas

Cortesa de la Escuela Nacional Sindical (ens)

y del cinep. Archivo pnud.

Portada, Mario Basilio Maldonado.

ISBN: 978-958-8447-71-1

Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, pnud ColombiaAvenida 82 No. 10-62 Piso 3 Bogot D.C.

www.pnud.org.co

Bogot, Colombia

Noviembre de 2011

Programa de las Naciones Unidaspara el Desarrollo (pnud)

Bruno Moro

Representante Residente

Silvia Rucks

Directora de Pas

Jos Ricardo Puyana

Coordinador del rea

de Gobernabilidad Democrtica

Carlos Miguel Ortiz

Coordinador del proyecto

Gerardo Ferro

Leonardo Monsalve

Nicols Barrios

Equipo del proyectoAsistentes editoriales

Este documento se elabor en el marco

delproyecto sobre violencia contra sindicalistas

y trabajadores sindicalizados que ue una realidad

gracias a las siguientes instituciones:

Gobierno nacionalVicepresidencia de la Repblica

Ministerio de Relaciones ExterioresMinisterio de la Proteccin Social

Centrales sindicalesConederacin General de Trabajadores (cgt)Conederacin de Trabajadores de Colombia (ctc)

GremiosAsociacin Nacional de Empresarios de Colombia (andi)

CooperantesAgencia de Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (usaid)Agencia Espaola de Cooperacin Internacional

para el Desarrollo (aecid)

Embajada de Canad

Embajada de EspaaEmbajada de Estados Unidos

Embajada de Francia

Embajada de los Pases BajosEmbajada de Noruega

Embajada del Reino Unido

Embajada de Suecia


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Contenido

5

Presentacin 7

Introduccin 9

Primera parteEl contexto del problema 15

Captulo 1El contexto de lo sindical: evolucin de la relacin entre sindicalismo,

sociedad y poltica 18

Captulo 2El contexto de la violencia: evolucin de la relacin de la poltica

y el sindicalismo con la violencia 32

Captulo 3El contexto de las miradas sobre el sindicalismo 38

Segunda parteFuentes, ciras y tendencias 47

Captulo 4Las uentes: divergencias y complementariedades 50

Captulo 5Series cronolgicas y tendencias 59

Captulo 6

Dierenciacin por zonas y sindicatos 61

Tercera parteCaracterizacin de las vctimas y de las accionesviolentas a partir de las uentes 69

Captulo 7La violencia contra los maestros de Fecode 74


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6

Captulo 8La violencia contra los trabajadores de la uso 83

Captulo 9

La violencia contra los trabajadores de los sindicatos bananeros 93

Cuarta parteAutores y mviles 103

Captulo 10Quines son los autores? 106

Captulo 11Cules son los mviles? 135

Quinta parteEl reto del Estado ante la situacin de violencia 149

Captulo 12Verdad y justicia, retos de la judicializacin 153

Captulo 13Los retos de la reparacin individual y colectiva 163

Captulo 14La proteccin de los sindicalistas y sindicalizados 174

Sexta parte 183

Conclusiones 185

Eplogo 193

Anexo 207

Bibliograa 212

Glosario 217

Tabla general 220

Agradecimientos 221


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7

ste Informe, titulado Reconocer el pasado, construir el futuro, es el paso nal de unproceso que ha sido posible gracias al inters, la voluntad y el compromiso de tres importantesactores de la sociedad colombiana: el gobierno nacional, a travs del Ministerio de RelacionesExteriores, la Vicepresidencia de la Repblica y el Ministerio de la Proteccin Social; las centrales yconfederaciones sindicales, especialmente la Confederacin de Trabajadores de Colombia (ctc)y la Confederacin General del Trabajo (cgt); y el empresariado, representado en la AsociacinNacional de Empresarios de Colombia (andi). Sin el concurso de estos tres actores, este Infor-me pero, en particular, el proyecto del cual ha surgido no hubieran sido posibles.

Un esfuerzo de este calibre fue una realidad gracias al inters de todos los actores porbuscar una solucin conjunta a una situacin que ha afectado al pas durante varias dcadas. Suparticipacin, activa y decidida, es para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(pnud) una muestra de su compromiso y disposicin en avanzar hacia la construccin deacuerdos y soluciones. Todos ellos hicieron que una idea surgida hace tres aos se convirtieraen el punto de partida de un anlisis interdisciplinario, plural y riguroso sobre el fenmeno dela violencia contra sindicalistas en el pas.

El presente documento junto con las seis investigaciones que lo acompaan desa-rrolladas por centros de investigacin de reconocida trayectoria en Colombia y los quinceespacios de discusin, en los que participaron todas las partes involucradas en el proyecto,

que se organizaron en torno al tema entre talleres, conversator ios y seminarios constituye elresultado de un ejercicio singular de dilogo constructivo, democrtico, franco y respetuosoentre actores con intereses dismiles y a veces contrarios. Un ejercicio que logr abrir espa-cios de conanza para que las partes brindaran sus aportes a la comprensin compartidadel problema.

El papel del pnud fue principalmente el de promover y auspiciar este dilogo entre losactores. Despus de poco ms de dos aos constatamos con satisfaccin que los intereses delas partes pueden converger en un mismo propsito: el de avanzar decididamente hacia una

E

Presentacin

Presentacin


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8 Reconocer el pasado, construir el futuro Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 20118 Reconocer el pasado, construir el futuro Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 2011

democracia de ciudadanos y ciudadanas en donde el sindicalismo desempee un papel central.El Informe Reconocer el pasado, construir el futuro se dirige en esa trayectoria y pretende con-vertir se en un punto de partida que facilite la construccin de acuerdos que permitan superar

este fenmeno de violencia.Todo lo anterior es tambin gracias a los seis centros de investigacin cuyos insumos

han sido la base para la construccin del Informe: el Centro de Recursos para el Anlisis deConictos (Cerac); el Centro de Investigacin y Educacin Popular (Cinep); la CorporacinNuevo Arco Iris (cnai); la Fundacin Ideas para la Paz (fip); el Centro de Estudios de Derecho,Justicia y Sociedad (DeJusticia) y la Universidad Externado de Colombia. Los equipos de estasseis organizaciones contribuyeron incansablemente a entender, con sus anlisis, las causas ycaractersticas del problema.

En igual sentido, corresponde reconocer el acompaamiento de un grupo de docentese investigadores de la Universidad Nacional de Colombia que, con su experiencia y rigor, per-

mitieron asegurar la calidad de las investigaciones y las discusiones que estas animaron. Otrasorganizaciones, como la Escuela Nacional Sindical (ens) y la Comisin Colombiana de Juristas(ccj) invitadas como interlocutoras tambin enriquecieron el debate con sus aportes.

Esta iniciativa no hubiera sido posible sin el compromiso de las embajadas y agenciasde cooperacin de los ocho pases que apoyaron y nanciaron esta iniciativa: Canad, Espaa,Estados Unidos, Francia, Noruega, Pases Bajos, Reino Unido y Suecia. Su participacin activa ycualicada durante los espacios de dilogo son prueba fehaciente del inters de cada una ellaspor contribuir a la erradicacin de todas las formas de violencia en Colombia.

El respeto por los derechos humanos y el reconocimiento del sindicalismo como prota-

gonista de este sistema poltico son parte central de la agenda del actual gobierno. Estamos se-guros de que este Informe, con su anlisis y con sus propuestas de poltica pblica, contribuira su puesta en marcha. Creemos que dialogando se construyen acuerdos; una premisa que hasido pieza fundamental de un proyecto que naliza con la entrega de este Informe. Los resul-tados y anlisis consignados en estas pginas son, por tanto, un punto de vista que esperamossea til para nutrir las miradas sobre la democracia en Colombia y la relacin entre sus actores.

Bruno MoroRepresentante Residente

Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, pnud - Colombia


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Situacin de violencia,preocupacin de todos los actores

Introduccin

C

9Introduccin

on ocasin del Seminario sobre Derechos Humanos y Sindicalismo, que se llev

a cabo en Bogot los das 24 y 25 de noviembre de 2010, convocado por el Programa de lasNaciones Unidas para el Desarrollo (pnud), se destac la situacin de violencia contra los sindica-listas y los trabajadores sindicalizados como una preocupacin compartida tanto por el gobiernonacional como por organizaciones sindicales, el sector empresarial y la comunidad internacional.

As lo revelan las palabras del vicepresidente de la Repblica, Angelino Garzn, en la ins-talacin del evento; las de los dirigentes sindicales Julio Rober to Gmez, secretario general de laConfederacin General del Trabajo (cgt) y Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederacinde Trabajadores de Colombia (ctc); y las del vicepresidente de Asuntos Jurdicos de la AsociacinNacional empresarios de Colombia (andi), Alberto Echavarra, en el panel nal del seminario; ascomo el discurso de clausura, por parte de la entonces embajadora de Suecia en Colombia, Lena

Nordstrm, a nombre de los pases cooperantes que apoyaron esta iniciativa.

Las cifras sobre violencia contra sindicalistas provistas por las diferentes fuentes, ya seanociales o alternativas, son motivo de inquietud. Muchos de los datos, en particular en la modalidadde violencia constituida por homicidios, han podido ser rastreados y comparados en el presente In-forme. Pero ya antes de este documento, la informacin existente aun con sus divergencias llamabala atencin sobre la gravedad de la situacin.

Surge el proyecto: compromiso de actores

A este inters tambin ha sido sensible la comunidad internacional. En par ticular, ocho pases

que han manifestado en todo momento su disposicin de contribuir a la mejor comprensin delproblema y, sobre todo, a su superacin. Esos pases son: Canad, Espaa, Estados Unidos, Francia,Noruega, Pases Bajos, Reino Unido y Suecia.

Sus organizaciones polticas y sindicales han logrado eco en los parlamentos y en los gobier-nos, recogiendo el clamor de las vctimas colombianas de muchos aos y a ello han contribuidoong y organismos internacionales. La comunidad internacional sabe, en efecto, que el conjunto dela sociedad resulta afectada, porque el ejercicio de la actividad sindical es uno de los pilares impor-tantes de una democracia de ciudadanos y ciudadanas.


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En ese sentido, se solicit al pnudservir de instancia coordinadora del Proyecto para mejorar labase de conocimiento sobre la violencia contra sindicalistas en Colombia y contribuir al fortalecimientodel dilogo entre los actores comprometidos con la solucin del fenmeno.

Esta organizacin encontr, en efecto, que un proyecto de tal naturaleza y dimensin respondaa su misin institucional. Una iniciativa de este tipo le permita cooperar con el pas en el propsito deun desarrollo humano integral y sostenible, que comprende de manera esencial el ejercicio y respetode los derechos humanos y la permanente construccin de la democracia, mediante el fortalecimientode la institucionalidad y el ejercicio de las libertades polticas y sindicales sin coacciones de hecho ode amenaza.

Esto exiga una orientacin del proyecto que concitara el compromiso de tres actores de la so-ciedad colombiana interesados por la situacin: el gobierno nacional, las centrales sindicales y el sectorempresarial, representado en la andi. As pues, se dio un proceso de interlocucin con ellos que durvarios meses, al nal del cual, e incorporadas distintas sugerencias, el proyecto pudo ponerse en marcha

con la participacin del gobierno, la ctc, la cgt y la andi.

La Central Unitaria de Trabajadores (cut), por sus razones, decidi tomar distancia del proyecto,actitud que el pnud ha asumido con respeto. No obstante, el pnudsigue interesado en atender suspuntos de vista, incluidos por supuesto los comentarios crticos.

Si bien los grandes actores, en su momento, no estuvieron de acuerdo en los diferentes aspec-tos de las mediciones, las explicaciones y las soluciones frente al problema, s compar tan la preocu-pacin sobre su gravedad y la necesidad de dialogar para entenderlo mejor y buscar en conjunto lassalidas al callejn.

Parte de la agenda inicial de discusin fue la escogencia de los centros de investigacin que reali-zaran los estudios sobre seis subtemas en los que se dividi el tema general. Surgi tambin la necesidadde seleccionar por convocatoria una universidad de prestigio que fuera acompaante acadmico delos centros de investigacin y del pnud en la bsqueda de la calidad, el rigor y la independencia de losestudios.

La institucin seleccionada fue la Universidad Nacional de Colombia (en adelante, UniversidadNacional) y los seis centros (en adelante, los centros), todos de reconocida trayectoria en el pas, fueronlos siguientes, cuyo objeto de estudio se especica:

Centro de Recursos para el Anlisis de Conictos (Cerac): Estado del arte sobre la medicin de laviolencia de los trabajadores sindicalizados en Colombia y estado de situacin 1984-2009.

Centro de Investigacin y Educacin Popular (Cinep): Incidencia de la violencia contra los trabaja-dores sindicalizados y evolucin de su protesta.Corporacin Nuevo Arco Iris (cnai): La relacin entre el conicto armado y la victimizacin de lostrabajadores sindicalizados 1984-2009.Fundacin Ideas para la Paz (fip): Estudio sobre la cultura frente al sindicalismo en Colombia.Centro DeJusticia: Evaluacin de la judicializacin de delitos contra trabajadores sindicalizados.Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (cipe) de la Universidad Externado de Colombia:Evaluacin de las polticas del Estado colombiano, de prevencin y proteccin a lderes sindicales ytrabajadores sindicalizados.


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11Introduccin

Una vez el proyecto estuvo en marcha en los ltimos meses de 2009, el pnud rm luego unimportante acuerdo de interlocucin, sin vnculo contractual y bajo el inters de contribuir a la calidadde los estudios, con la Escuela Nacional Sindical (ens) y la Comisin Colombiana de Juristas (ccj) con-

juntamente.

Discusin con los actores, dimensin del proyecto

Tanto los primeros resultados parciales de los estudios de los centros como los informes nalesborradores y depurados fueron sometidos a discusin de los tres grandes actores gobierno, centralessindicales y sector empresarial, de los interlocutores permanentes estratgicos, ens yccj, y de los paresde la Universidad Nacional. Esto se dio en mesas de trabajo que se llamaron conversatorios, llevadasa cabo entre febrero y octubre de 2010, y en un seminario internacional realizado en noviembre delmismo ao. Estas instancias tuvieron tambin la participacin de consultores y expertos nacionales einternacionales invitados para cada ocasin.

En el diseo del proyecto, la discusin, en particular entre los tres actores, deba ser y lo fuetan importante y fecunda como la investigacin de los centros. Desarrollada en un clima de franqueza ycon un nivel conceptual apreciable, logr tramitar en forma adecuada las discrepancias y lleg incluso agenerar acuerdos de intercambio de informacin en el respeto de la autonoma.

El pnud ha recogido y articulado el valioso conocimiento proveniente de los estudios y deesas discusiones para consignarlo en este Informe. Su objetivo es el de contribuir a la profundizaciny renamiento de los debates, que deben proseguir en espacios privados y pblicos, y sobre todo a laformalizacin de unas propuestas ancladas en los anlisis, que permitan realizar, entre todos, a medianoy largo plazos, las mejoras necesarias para superar el estado de cosas.

Se espera que la experiencia de discusin posibilitada por este proyecto pueda ser un anticipo delos debates pblicos que deben proseguir entre los diferentes actores.

Este Informe, con los dos propsitos de ayudar a entender y de proponer, no podr decir muchoms de lo que ya dijeron los seis estudios de los centros y las discusiones de los conversatorios y delseminario. El esfuerzo del pnud, si algn valor tiene, es el de aprovechar lo mejor posible los resultadosde esa reexin y dilogo.

El momento de la entrega del Informe no ha podido ser, por cierto, ms propicio: pues si bienla violencia infortunadamente contina, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, iniciado el 7 deagosto de 2010, ha mostrado ser consciente de la necesidad de esclarecer los hechos, como primer

paso para encontrar salidas efectivas. En consecuencia, se ha comprometido en un mayor esfuerzo parasuperar la impunidad de esos crmenes y extender los programas de proteccin a un nmero ms altode sindicalizados en riesgo1.

1 Estos compromisos forman parte del acuerdo rmado en Washington entre los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama,el 7 de abril de 2011, llamado Plan de accin de Colombia para derechos laborales. En adelante este Informe har referencia alplan de accin como el acuerdo suscrito entre Santos y Obama.


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Acuerdo sobre sujeto, objeto y cobertura cronolgica

Una dimensin fundamental de este proyecto ha sido su desarrollo a travs del dilogo. Uno

de los primeros espacios de discusin se dio entre los centros de investigacin, los pares del grupo deacompaamiento de la Universidad Nacional, los interlocutores permanentes ens-ccj y el pnud, paradelimitar el sujeto, el objeto y la cobertura cronolgica del proyecto y de los seis estudios que en suprimera etapa lo integraron. El consenso producto de este dilogo marca tambin la hoja de ruta paraeste Informe nal, en tres puntos:

El sujeto, que son los sindicalistas y los trabajadores sindicalizados vctimas de la violencia, distinguien-do estas dos importantes categoras y a la vez considerndolas ambas con el mismo nfasis.El objeto, que es la violencia perpetrada contra ellos, entendiendo por violencia la violacin de susderechos humanos, y diferenciando, como modalidades, el homicidio o violencia letal y modalidadesno letales, a saber: desaparicin forzada, tortura, secuestro, detencin arbitraria, amenaza.

La cobertura cronolgica, que se extiende de 1984 a 20112.

Alcance del Inorme

Para contribuir a los debates pblicos, el Informe se propone: describir las caractersticas de esaviolencia en cuanto las fuentes disponibles lo permiten; captar su magnitud, a partir del rastreo y cotejode las mismas fuentes; sopesar hasta qu punto se han respondido las preguntas sobre los responsables ylos mviles de dicha violencia en las fuentes y en las instancias del Estado, as como las preguntas sobrela reparacin a las vctimas y la proteccin de quienes continan en riesgo, para encontrar alternativas enla perspectiva de superar el problema.

El Informe, entonces, no ser ni pretende ser un conjunto de verdades totales ni de explicacionesexhaustivas, sino una primera aproximacin que da cuenta de lo que hasta el momento se ha esclare-cido, pero sobre todo de lo que falta por esclarecer. Mostrar asimismo los vacos de informacin, queconstituyen retos para las entidades que administran bancos de datos, los analistas, los actores sociales yen especial las instituciones del Estado que tienen a su cargo la investigacin y juzgamiento, la reparaciny la proteccin.

De acuerdo con lo anterior, el Informe:

No se propone ni revelar una cifra o unas cifras propias como tampoco emitir pronunciamientossobre la verdad o la falsedad de las que cita provenientes de las fuentes, de modo que el debatepudiera ser resuelto de una vez por todas. Pretende, en cambio, mostrar las diferentes cifras que las

mismas fuentes han ido construyendo, entendindolas en sus respectivas metodologas y criterios, ala vez ligados a sus identidades y objetivos misionales.

No se propone, mucho menos, sustituir las funciones que tiene el Estado de investigar y establecerla verdad, as sea en el nivel de la verdad judicial, sobre los mviles de las acciones de violencia y losdistintos tipos de responsables a quienes debe condenar y castigar.

2 La precisin de las categoras anteriores y las razones para la delimitacin de la cobertura son expuestas en el anexo 1.


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13Introduccin

S se propone, en cambio, reconocer hasta dnde han llegado las fuentes, por una parte, y los tribu-nales del Estado, por otra, en la bsqueda de esa verdad, con el n de identicar y mostrar los vacosexistentes y de sugerir iniciativas en la perspectiva de superarlos.

De all se desprendern propuestas de accin que podran emprender los diferentes actoressociales comprometidos en el proyecto, as como nuevos proyectos que, como este, ahonden enaspectos y dimensiones especcos del problema y desde el anlisis contribuyan a avanzar en lasuperacin del mismo.

Estructura del Inorme

A partir de las diferentes fuentes disponibles, rastreadas principalmente a travs de los seis estu-dios de los centros, el Informe se ha estructurado en cinco partes, conclusin y eplogo, de la siguientemanera:

En la primera parte, se inscribe el problema de esta violencia especca en un contexto histrico ysocial considerado en tres dimensiones: la de lo sindical, moldeada especialmente por la evolucinde la relacin entre sindicalismo y poltica; la de lo violento, fruto de la evolucin de la relacin entreviolencia y poltica; y la de las percepciones sobre el sindicalismo predominantes en el pas, resultadode una interaccin de prcticas y discursos a lo largo del tiempo.

La segunda parte se propone una aproximacin inicial descriptiva y de conjunto del problema, em-pezando por la valoracin de la diversidad de fuentes en las cuales se basa dicha aproximacin, consus divergencias y complementariedad. Se acude a algunas mediciones factibles, con la prudenciaque el rigor investigativo demanda, construyendo con las cifras series cronolgicas que permiten

identicar tendencias, a su vez diferenciadas por reas geogrcas y sindicatos.

En la tercera parte, el Informe se detiene en las tres organizaciones con mayor nmero de casos deviolaciones contra sus aliados en par ticular de homicidios, y se propone auscultar en ellas algunasde las caractersticas de las vctimas y de las acciones criminales desplegadas en su contra. Las tresorganizaciones son la Federacin Colombiana de Educadores (Fecode), la Unin Sindical Obrera(uso) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Agrcola (Sintrainagro).

La cuarta parte aborda dos polmicas que se han venido dando en el pas con relacin al problema:el debate sobre los autores de las violaciones y el debate sobre sus mviles. Se trata de dos con-troversias tan cruciales como difciles, dados los todava modestos resultados de las investigacionesy de los juicios, y la insuciencia de la informacin de las fuentes en esos dos grandes temas. De lo

que esas deliberaciones hayan logrado aqu aclarar, se desprenden tambin las principales rutas deexplicacin.

Desarrolladas las anteriores cuatro partes orientadas al esclarecimiento del problema, la quintaaboca la pregunta sobre qu se ha hecho hasta ahora para la superacin del mismo y qu serequerira hacer. Aunque la pregunta va dirigida a todos los actores, la seccin se detiene en loconcerniente al Estado. Se trata de un balance de polticas pblicas, sobre funciones del Estadodesde la perspectiva de responder a los derechos de las vctimas: a la verdad y la justicia, a la repa-racin, y a la prevencin, no repeticin y proteccin de los sindicalistas y sindicalizados en riesgo.


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Al nal el Informe cierra con un aparte de conclusiones que recoge los principales enunciados quese desprenden de la descripcin, medicin, tendencias, caractersticas, factores explicativos de lasituacin de violencia y del balance de lo alcanzado hasta ahora en su superacin.

Estas descripciones y anlisis, a su vez, y en particular el balance efectuado en la quinta parte, llevana la formulacin de propuestas relacionadas con cada uno de los tres actores principales: gobiernocomo cabeza del Estado, centrales sindicales y sector empresarial. Tal formulacin constituye eleplogo, que se halla estructurado mediante el cruce de dos ejes: el eje de los actores, a saber los tresfundamentales del proyecto, otros actores de la sociedad como las ong y los medios de comunica-cin y la comunidad internacional; y el eje de los derechos de las actuales o potenciales vctimas, estoes derecho a la verdad, la justicia, la reparacin individual y colectiva, la prevencin y la garanta de norepeticin, y la proteccin frente al riesgo.


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Primera parte El contexto del problema 15Primera parte El contexto del problema 15

Primera parteEl contexto del problema


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Esta parte se apoya, entre otras fuentes, en el informe de la Fundacin Ideas

para la Paz Estudio sobre la cultura frente al sindicalismo en Colombia

(fip, 2010).

Captulo 1

El contexto de lo sindical: evolucin de

la relacin entre sindicalismo, sociedad ypoltica

Captulo 2

El contexto de la violencia: evolucin de la

relacin de la poltica y el sindicalismo con

la violencia

Captulo 3

El contexto de las miradas sobre el

sindicalismo

SumarioEste no es un hecho nuevo, este es unhecho dramtico, a m personalmente

me ha tocado vivirlo como dirigente

sindical y como servidor pblico y

es inaudito que tantos crmenes de

sindicalistas, como tantos crmenes en

Colombia, sigan en la impunidad.

Angelino GarznVicepresidente de la Repblica


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El problema de la violencia contra los sindi-calistas y los trabajadores sindicalizados en sus

distintas modalidades objeto del presente Infor-me, est inscrito en al menos tres dimensiones contextuales

que conviene tener en cuenta como perspectivas de acerca-miento, o claves para una mejor comprensin, tanto en lo quese reere a las magnitudes y caractersticas de esa violencia queperlan su gravedad, como a los factores que puedan, en mayoro menor grado, explicarla aunque nunca justicarla.

Esas tres dimensiones contextuales son:

La dimensin de lo sindical: vista histricamente, a travs de laevolucin de la relacin entre sindicalismo, sociedad y poltica.

La dimensin de la violencia: vista tambin histricamente, atravs de la evolucin de la relacin entre el fenmeno de laviolencia, el sindicalismo y la poltica.

La dimensin de las percepciones predominantes en el passobre el sindicalismo, producto tambin de una construccinhistrica.


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18 Reconocer el pasado, construir el futuro Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 2011

El contexto de lo sindical:evolucin de la relacin entresindicalismo, sociedad y poltica

1 Este Informe, por sus objetivos denidos desde el inicio del proyecto que le dio origen, se reere solo a las accionesde violencia, entendidas, ya se dijo, como violaciones de derechos humanos, limitadas por la cobertura acordada, al pe-riodo de 1984 a 2011. Pero se hace necesario tener presente tambin este horizonte de obstculos y dicultades que,sin ser acciones de violencia en el sentido estricto, se han opuesto al derecho de libre asociacin y al libre ejercicio delas actividades sindicales. Sobre la historia del sindicalismo y de sus luchas en Colombia existen numerosas referenciasen los documentos producidos por la ens y por el Cinep, y un buen nmero de libros publicados, entre ellos: ArchilaNeira (1991), Archila Neira y Delgado Guzmn (1995), Cullar, (2009), Bergquist (1988), y sobre las restriccionesjurdicas que han signado esta historia del derecho laboral en Colombia, Silva Romero (2005).

uesto que el sujeto del estudio son las vctimas de violencia, sindicalistas y trabajadores

sindicalizados, y por tanto su identidad se halla denida para efectos de lo que aqu se diga porla actividad sindical, es necesario entender la evolucin de esta en Colombia y todo lo que elejercicio de ella incluye. En sntesis, comprender la evolucin del sindicalismo, porque dentrode ese mundo, producto de procesos histricos, es en donde se desarrolla lo que dene laidentidad de las vctimas de las cuales se ocupa el Informe.

Desde el enfoque de las Naciones Unidas, la actividad sindical se dene a partir delejercicio de los derechos y libertades que nacen del derecho humano fundamental a la libreasociacin y se hallan reconocidos internacionalmente a travs de los Convenios de la Orga-nizacin Internacional del Trabajo (oit) 87 de 1948, 98 de 1949, 151 de 1978 y 154 de 1981.

Los anteriores convenios han sido formalmente raticados por el Estado colombianopero el ejercicio efectivo de los derechos y libertades sindicales que reconocen ha tenido ysigue teniendo una historia de dicultades en el pas.

Esas dicultades han interferido desde el derecho a la creacin misma de los sindica-tos (Convenio 87), hasta el derecho a la negociacin colectiva para acordar las condicioneslaborales (Convenio 98), pasando por el derecho a suscribir entre trabajadores y patronoslas convenciones colectivas y el derecho a la huelga cuando se hace necesaria en las etapasprevias a la rma de las convenciones.

Es as que esos derechos se han tropezado en esta historia con restricciones jurdicas,actitudes patronales adversas, discursos de descalicacin, tratamiento de los conictos labo-

rales como alteraciones del orden pblico y, nalmente, con la interferencia de acciones deviolencia, violatorias de los derechos humanos1.

P

Captulo 1


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Todo ello incide, as mismo, en que parte de las acciones de los trabajadores para hacer valer susderechos hayan tenido que ser acciones contenciosas, en el sentido en el que Tarrow (1994) las dene,esto es, acciones a las que recurre

Gente que carece de acceso regular a las instituciones, que acta en nombre de reivindicaciones nuevas ono aceptadas y que se conduce de modo que constituye una amenaza fundamental para otros.

Tampoco ha sido fcil la relacin del sindicalismo con la actividad poltica en el sentido amplio deltrmino (actividad poltica, cvica y cultural), dados los niveles de polarizacin que se conocen y dada lainterferencia en la poltica, de actores armados irregulares organizados.

Desde que fue reconocida la huelga en la normatividad colombiana (Ley 78 de 1919), durante lapresidencia del conservador Marco Fidel Surez (1918-1921), ese reconocimiento se dio acompaadode muchas restricciones a su ejercicio, especialmente en las actividades consideradas de servicios pblicos.

De igual modo, la restriccin a los sindicatos de participar en poltica form parte de la mismaLey 83 de 1931, que reconoci el derecho fundamental de los trabajadores a asociarse, durante la pre-sidencia del liberal Enrique Olaya Herrera (1930-1934).

La restriccin al derecho de huelga sigue aun haciendo parte del Cdigo Sustantivo del Trabajo 2aunque respecto no de los servicios pblicos en general sino de los servicios pblicos esenciales, segnla modicacin que introdujo el artculo 56 de la Constitucin Poltica de 1991.

2 El cdigo vigente fue expedido mediante el Decreto 2663 de 1950, durante la presidencia del conservador Mariano Ospina Prez(1946-1950). En tantos aos ha sufrido un buen nmero de modicaciones, en especial las contenidas en la Ley 50 de 1990. Sinembargo, varios analistas estiman que an no se ha puesto completamente a tono con los convenios de la oit raticados por elEstado colombiano y que en este punto del derecho de huelga su restriccin todava excede lo dispuesto en el Convenio 98.


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1. La restriccin de participar en poltica

La restriccin de participar en poltica partidista afect durante muchos aos a todos los traba-

jadores del sector pblico y, por ende, a sus sindicatos. Aunque abunda la normatividad en este tema, eigualmente la controversia jurdica en torno de l, el eje principal de esta prohibicin fue hasta la Cartade 1991, el Decreto-Ley 2400 de 1968, expedido durante el Frente Nacional en la presidencia del liberalCarlos Lleras Restrepo (1966-1970).

Con la nueva Constitucin, en su artculo 127, recogido en elActo Legislativo 2 de 2004, dicha restriccin queda circunscrita sola-mente a los empleados del Estado que se desempeen en la ramajudicial y en los rganos electorales, de control y de seguridad.

La participacin en poltica se permite, entonces, para sectores delservicio pblico como maestros y trabajadores de la salud. Estos lo venan

reclamando, sobre todo desde los aos 1980, cuando las organizacio-nes sindicales vieron la necesidad de asumir compromisos polticos comoplanteamiento importante impulsado por un sector del sindicalismo: en-foque que se conoci como sindicalismo sociopoltico3.

Ahora bien, ms all de las restr icciones normativas, desde el mis-mo momento en que se reconoce en 1919 el derecho de huelga y en1931 el derecho a constituir sindicatos, ha existido en amplios sectoresde la dirigencia y del Estado una gran desconanza hacia la inevitable ynecesaria relacin entre sindicalismo y poltica.

En especial, cuando la actividad sindical se ha desplegado en con-tra de polticas econmicas o laborales que afectan a los trabajadores, seha acusado a las organizaciones sindicales de participacin indebida enpoltica. Esto ha conducido a que sean vistas, no solo como opositoras,sino muchas veces como subversivas o enemigas de la institucionalidad,lo cual ha dado pie para que se persiga a sus miembros e incluso seejerza violencia contra ellos.

Tal fue el tratamiento que en los aos 1940 recibieron los sindi-catos aliados a la ms antigua de las centrales, la ctc, por parte de ladirigencia del partido de gobierno durante la presidencia de MarianoOspina Prez (1946-1950).

A pesar de que los numerosos paros y huelgas se adelantaban por causales como el crecientecosto de vida y los frecuentes despidos de trabajadores, el discurso ocial y el de los medios proclives

3 Se trat de un enfoque del sindicalismo latinoamericano, que tuvo su principal exponente en el argentino Julio Godio, entre cuyasnumerosas obras fue especialmente importante para la difusin de este pensamiento en la dcada de 1980 su libro Sindicalismoy poltica en Amrica Latina. Impulsaron este enfoque, en Panam, Luis Anderson, y en Colombia, Beethoven Herrera y OrlandoObregn, entre otros. Consideraban que el sindicalismo debe responder a sus propios intereses laborales, ligando tales objetivos apropsitos ms grandes relacionados con toda la sociedad y con el Estado, principalmente el de la construccin de democracia. Conrelacin al tema en Colombia y Panam, puede consultarse: Herrera (2005), y Carrillo, Rodrguez y Garzn (1987).

Desde el enoque

de las Naciones

Unidas, la actividad

sindical se defne a

partir del ejercicio

de los derechosy libertades

que nacen del

derecho humano

undamental a la

libre asociacin y se

hallan reconocidos

internacionalmente

a travs de los

Convenios de

la Organizacin

Internacional del

Trabajo (oit) 87 de

1948, 98 de 1949,

151 de 1978 y 154

de 1981.


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al gobierno, politizaban la situacin y la atribuan a planesde conspiracin de la oposicin, que a la sazn era prin-cipalmente el Partido Liberal.

Esto pese a que el principal jefe de la oposicin li-beral durante el gobierno de Mariano Ospina, Jorge Eli-cer Gaitn, hubiera mostrado su vacilacin y desinterscon ocasin del famoso paro nacional organizado por lactc en mayo de 1947. De esa manera, el populismo co-lombiano gaitanista lograra apartarse de los populismoslatinoamericanos ms clsicos como el peronista, queencontr en el reconocimiento de los sindicatos una desus principales fuerzas constitutivas (recuadro 1.1).

De manera simultnea al hostigamiento, Ospina

Prez y sus sucesores, Laureano Gmez (1950-1951) yRoberto Urdaneta Arbelez (1951-1953), tutelaron unanueva central para hacer contrapeso a la ctc, que fue laUnin de Trabajadores de Colombia (utc).

La utc aglutinara especialmente los sindicatosdel sector fabril, empezando por los antioqueos, quehaban asimilado el modelo paternalista de sus patro-nos empresarios, gracias en buena parte a la labor delos jesuitas a travs del movimiento de lajoc (JuventudObrera Catlica). Por la misma inuencia religiosa, eran

anes al Partido Conservador.

La ctc haba pasado de ser la gran central nacida en 1935 con las reformas laborales y aliada delos gobiernos de la Repblica Liberal, a ser ya en la hegemona conservadora de los primeros aos de laViolencia, una organizacin considerada peligrosa por el gobierno. Lo anterior, porque reuna dos con-diciones que, aun en la poca actual, siguen pesando como estigmas sobre la actividad sindical, a saber:(a) tener anidades con partidos polticos de la oposicin, como eran en ese momento el Liberal y elComunista; y (b) congregar a los trabajadores del sector pblico, sumado al ya desde entonces belige-rante sector petrolero.

El carcter de sindicatos del sector pblico los pona ms cerca de la posibilidad de controvertirla orientacin de las polticas pblicas, tanto ms si, como era el caso, simpatizaban con la oposicin.

Su nmero de aliados era mucho ms alto que el de los sindicatos del sector privado y mayor, portanto, el impacto de las movilizaciones. En la medida en que, al vaivn de los cambios de partido degobierno, se despeda a los trabajadores del partido saliente para sustituirlos por los amigos del par-tido de turno, haba motivos de ms para la protesta y las movil izaciones, lo cual a su vez, estimul laaccin reactiva de los gobiernos.

La enorme presin sobre la ctc durante los mencionados gobiernos del Partido Conservador yel gobierno militar de hecho del general Rojas Pinilla (1953-1957), termin por debilitarla profundamen-te, pero se recuperara en los aos inmediatamente siguientes. La presin fue tambin uno de los factores

Foto:cortesa

Cinep.


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para que salieran de la organizacin los miembros comunistas, los que en 1964 crearan otra central: laConfederacin Sindical de Trabajadores de Colombia (cstc).

En el aumento de las tensiones entre el gobierno del conservador Mariano Ospina Prez y el Par-tido Liberal que haca oposicin interrumpida por etapas de colaboracin bipar tidista, incidi sobretodo la movilizacin social urbana que jalon el gaitanismo como corriente dentro del Partido Liberal,llamada Movimiento Popular del Liberalismo (mpl), y en convergencia con ella y pese a Gaitn, las huelgasy paros de los sindicatos aliados a la ctc.

Sin embargo, lo paradjico es que la violencia que ese aumento de tensiones fue causando hastageneralizarse por casi todo el pas durante los gobiernos de Laureano Gmez y de Roberto UrdanetaArbelez, tuvo como escenarios los campos y los poblados y no tanto las ciudades en donde resida ytrabajaba la mayor parte de sindicalizados y de los seguidores gaitanistas.

Ni los poblados y los campos de la zona cordillerana ni los de las vastas planicies del Llano, en

donde se fue propagando la Violencia, haban vivido la movilizacin social de las ciudades, que incidi en laexacerbacin de la confrontacin partidista que se fue tornando violenta.

La paradoja anterior se resuelve si se entiende cmo la desorganizacin del movimiento gaitanistadentro del Partido Liberal posibilit que, a la muerte del lder, la movilizacin en torno a consignas dereivindicaciones sociales formuladas a partir de la divisin oligarqua-pueblo, volviera a los cauces de lavieja confrontacin partidista. Era la confrontacin heredada del siglo XIX entre liberales y conservado-res, avivada por los dirigentes polticos nacionales y por los caciques o jefes locales de los dos par tidos.

Con el posterior rgimen apaciguador del Frente Nacional, la ctc denitivamente dej de servista como enemiga del gobierno. Este rgimen se instaur como fruto de sucesivos pactos bipartidis-

tas, celebrados desde el mismo gobierno de hecho del general RojasPinilla, y fruto de una reforma constitucional plebiscitaria (1957), queinstitua en todas las ramas del Estado el poder compartido entre losdos partidos antes enfrentados.

Sin embargo, esto no libra a la ctc de ser vctima de la violenciaen los aos siguientes. Su presidente, Jos Raquel Mercado, fue secues-trado en 1976 por la guerrilla Movimiento 19 de Abril (m-19) y dosmeses despus asesinado por ella, el 19 de abril de ese ao.

Esos aos de cogobierno de los dos partidos tradicionales fueronuna poca en la que predomin la desconanza hacia las organizaciones

sindicales que no fueran percibidas como afectas a ellos: en especial porparte de los sectores ms intolerantes dentro de los gobiernos de la po-ca y de los cuerpos armados.

Para estos son objeto de toda sospecha tanto los sindicatosque se hallan aliados a la cstc, debido a la proclividad de esta centralhacia el Partido Comunista Colombiano (pcc), de orientacin proso-vitica, as como los sindicatos no adscritos a ninguna confederacinque proliferan y acrecientan su actividad y beligerancia en esos aos.

Desde el mismo

momento en que se

reconoce en 1919 el

derecho de huelga y

en 1931 el derecho a

constituir sindicatos,

ha existido en amplios

sectores de la dirigencia

y del Estado una

gran desconfanza

hacia la inevitable y

necesaria relacin entre

sindicalismo y poltica.


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Al no tener anidades con ninguno de los anteriores partidos polticos,ni los del Frente Nacional ni el pcc, estos se van reconociendo bajo ladenominacin de sindicalismo independiente.

En realidad no era independiente si el calicativo quisiera de-cir apoltico o independiente de las agrupaciones polticas, pues tenaanidades e incluso nexos orgnicos con agrupaciones de izquierdadistintas del pcc. Algunas de estas, ajenas a guerrillas, eran el Mo-vimiento Obrero Independiente Revolucionario (moir), el BloqueSocialista y la Unin Revolucionaria Socialista (urs). Otras, entrecru-zadas con guerrillas, eran el Partido Comunista Marxista-Leninista(pc-ml), que en cier to momento lleg a confundirse con la guerrilladel epl (Ejrcito Popular de Liberacin), y otras fracciones que seescindieron de ese partido, o agrupaciones cercanas a la guerrilla deleln (Ejrcito de Liberacin Nacional), inspirada en la experiencia de

la revolucin cubana.

Estas aproximaciones polticas eran ms perceptibles en el nivelde la dirigencia sindical que en el de los sindicalizados de base. De nin-guna manera la dinmica de los sindicatos se reduca o se explicaba pordichas aproximaciones, pues fue notorio en esas organizaciones el gradode movilizacin en torno a intereses laborales colectivos y los logros queobtuvieron a travs de las acciones. No obstante, tales anidades y la noaceptacin de nexos con los partidos de la coalicin del Frente Nacionalgeneraron por parte de los gobiernos de los aos 1960 y 1970, la estig-matizacin de esos sindicatos, y en ocasiones la violencia.

La violencia se manifest, bien dentro del marco institucional, porejemplo a travs de la aplicacin a los huelguistas de sumarios consejosverbales de guerra, que facultaba el Estado de sitio declarable en virtud delartculo 121 de la Constitucin Poltica de 1886, bien mediante excesos depoder ilegales y violentos contra ellos, que iban desde el asesinato hasta elhostigamiento.

Entre varios casos, pueden recordarse los hechos de violencia pro-tagonizados por contingentes del Ejrcito, en el transcurso de la huelga deCementos El Cairo en 1963. Estos hechos, recordados como la masacre deSanta Brbara, se dieron contra trabajadores de un sindicato aliado a la Federacin de Trabajadores de Antio-

quia (Fedeta), de anidad poltica con el Partido Comunista. En igual sentido, se destacan los del ingenio azucareroRiopaila, en 1976, cuyo sindicato tena anidad con las fracciones maostas ml (Marxista-Leninistas).

No ser prxima a los partidos cogobernantes le cost a la cstc la exclusin institucional y tuvoque esperar hasta 1975 ms de dos lustros para obtener personera jurdica. No resulta difcil inferirlas consecuencias negativas que esa exclusin del orden legal habra tenido para las distintas iniciativas yacciones emprendidas por sus aliados. En otras palabras, se les obligaba a actuar de hecho y fuera de lalegalidad laboral, por lo que en buena parte sus acciones resultaban contenciosas.

En especial, cuando

la actividad sindicalse ha desplegado en

contra de polticas

econmicas o

laborales que aectan

a los trabajadores,

se ha acusado a

las organizaciones

sindicales de

participacin indebidaen poltica. Esto ha

conducido a que

sean vistas, no solo

como opositoras,

sino muchas veces

como subversivas

o enemigas de la

institucionalidad, lo

cual ha dado pie para

que se persiga a sus

miembros e incluso

se ejerza violencia

contra ellos.


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RECUADRO 1.1


1947: Tensin poltica y huelga general

Tambin durante el rgimen del Frente Na-cional, ms exactamente en 1961, un ncleo desindicalistas cercanos a la Democracia Cristiana,

decidi separarse de lautc

, dirigida en ese enton-ces por cuadros del Partido Conservador. Con losaos, esta nueva central crecera mucho ms queel partido poltico con el cual estuvo ligada en susinicios, y lleg a constituirse en una de las tres msimportantes y densas confederaciones sindicales del

pas en la actualidad: la Confederacin General delTrabajo (cgt)4.

Apenas tres aos despus de terminado elltimo gobierno del Frente Nacional, ya durantela presidencia de Alfonso Lpez Michelsen (1974-1978), el paro nacional de septiembre de 1977que los historiadores del sindicalismo suelenevocar fue el punto culminante de la accin de

4 La violencia de hoy contra sindicalistas tambin ha cobrado vctimas de sindicatos aliados a esta confederacin, como es el caso, enel sector pblico, de la Asociacin Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Aseinpec).

El mes de mayo de 1947 ue de alta tensin poltica en el pas con ocasin de la preparacin delinminente paro nacional y las posiciones encontradas entre el gobierno nacional y las centrales obreras.En su artculo Crisis y recomposicin del sindicalismo colombiano (1946-1980), la investigadora RocoLondoo Botero hace reerencia a la huelga general de 1947, plantea puntos relacionados con lo crucial deeste ao para el sindicalismo, y la manera como el movimiento gaitanista, en cabeza de su mximo lder,tuvo relacin con los hechos de mayo de 1947. A continuacin, algunos apartes de este texto:

El movimiento huelgustico y la movilizacin popular es-

timulada por Jorge Elicer Gaitn van adquiriendo [para

1946] una clara connotacin de oposicin al gobierno

de Ospina Prez. En diciembre de 1946, se reconstituye

la alianza Liberal-Comunista en la ctc y se produce una

especie de tregua con el gaitanismo [el enrentamiento

entre la ctc y Gaitn haba adquirido proporciones con-

siderables: la ctc lo denunci de ascista y divisionista, y

Gaitn propici, en alianza con sectores conservadores,la campaa anticomunista y la constitucin de la Central

Nacional de Trabajadores (cnt)] alrededor de la consigna

de huelga general contra el rgimen conservador, pro-

puesta por Gaitn. En enero de 1947, el Partido Comunis-

ta anuncia su apoyo a Gaitn con el propsito de detener

el avance de la reaccin.

En las acciones y conictos de 1946 la consigna de huelga

se hace recurrente. En marzo de 1947, el triuno electoral

sobre el sector tradicional le permiti a Gaitn utilizarla

como amenaza para el Partido Conservador. La intensif-

cacin de las huelgas en los meses de abril y mayo, cre

en la dirigencia de la ctc la ilusin de que la huelga ge-

neral podra por fn llevarse a cabo con xito. Se estaba

realizando un paro general en Barranquilla, una huelga

de trabajadores de carreteras en Nario, la paralizacinde actividades en los errocarriles de Antioquia y una

huelga estudiantil.

En esa atmsera, la ctcaprob la huelga general el 11 de

abril de 1947 y la realiz el 13 de mayo, pero solo obtu-

vo el respaldo de los sectores sindicales ms dinmicos:


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las organizaciones que se proyectaban fuera de larbita de los partidos Liberal y Conservador mu-chas de ellas incluidas en el sindicalismo indepen-

diente (de izquierda). Ahora bien, la convocatoriadel paro logr la acogida de las cuatro centrales:ctc, utc, cgtycstc, en torno a un pliego nacio-nal de peticiones, y este fue precisamente uno desus mayores xitos, pues participaron tambin lossindicatos cercanos a los partidos Liberal y Con-servador.

Ese logro, sin duda, alert al gobierno si-guiente, el de Julio Csar Turbay Ayala (1978-1982),el cual opt por la mano dura frente al ascenso de

la movilizacin sindical y a la creciente popularidaddel M-19, una nueva guerrilla de carcter urbano,muy distinta de las anteriores.

El gobierno actu no solo contra los inte-grantes de esta guerrilla que le propinaba golpesespectaculares, como el robo de armas del Can-tn Norte del Ejrcito, sino contra dirigentes yactivistas sindicales, de los llamados movimientoscvicos y de las dems protestas y movilizacionessociales. Incluso procedi contra intelectuales quese mostraban simpatizantes de todo ese despertarciudadano. El marco legal para esa actuacin fue elllamado Estatuto de Seguridad.

los erroviarios, los braceros de Buenaventura y los tra-

bajadores de las empresas pblicas de Medelln []. El

gobierno orden la detencin de cerca de 1.300 personas

y el transporte ue sustituido parcialmente por transpor-

te militar.

Gaitn mantuvo silencio, el sector del Partido Comunista

dirigido por Augusto Durn la rechaz, y el gobierno jun-

to con la jerarqua eclesistica la present ante la opininnacional como un atentado contra el orden pblico y la so-

ciedad. El 14 de mayo, cuando el racaso de la huelga era

evidente, Gaitn expres su oposicin a tal movimiento

[]. La posicin de Gaitn buscaba debilitar a la ctcpara

aumentar su inuencia en el sindicalismo y reorzar su tc-

tica de oposicin-negociacin con el gobierno.

El asesinato de Jorge Elicer Gaitn, el 9 de abril de 1948,

produjo un paro obrero espontneo y un decreto de

huelga general de la ctc, pero la revuelta popular haba

tomado cauces bien distintos a los de la organizacin sin-dical , de tal suerte que la consigna sin duda ajustada

a las circunstancias no tuvo un interlocutor consciente.

El pueblo estaba desbordado en las calles y los dirigen-

tes liberales en Palacio buscando una negociacin con el

presidente Ospina.

Titular diarioJornada. Mayo 17 de 1947.Jorge Elicer Gaitn se pronuncia sobreel paro nacional.

Fuente: elaboracin con base en Londoo Botero, Roco.1989. Crisis y recomposicin del sindicalismo colombiano (1946-1980). Nueva Historia de Colombia.Tomo III . Bogot: 271-306.


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2. Participacin poltica en una ambivalenteapertura democrtica

En contraste con la mano dura del gobierno de Julio Csar Turbay, el relevo de la presidencia encabeza de Belisario Betancur (1982-1986) signic, al menos hasta 1985 (ao de los sucesos del Palaciode Justicia), una apertura, por muchos adjetivada como democrtica. En otras palabras, una ampliacinde la institucionalidad para integrar o neutralizar a los actores insurgentes armados, cada vez msapertrechados, agresivos y organizados y, en el caso del m-19, cada vez tambin ms populares. Por esofue pieza clave de esa apertura la amnista que el gobierno logr hacer aprobar del Congreso mediantela Ley 35 de 1982 y la rma de los acuerdos de paz y cese-al-fuego con varias de las guerrillas. Estosacuerdos se rompieron bien pronto de parte y parte.

En el terreno de la actividad sindical y de la movilizacin, ya no solo sindical sino social en general,dicha apertura signic un espacio propicio. La base de datos de luchas sociales del Cinep reporta que,entre 1984 y 1989, se constata un crecimiento de las acciones que dicha fuente clasica como luchas

sociales, y entre ellas las propiamente sindicales, incluidos huelgas y paros (grco 1.1).

Fuente: Cinep, 2010: 42.

Grfco1.1

Luchas sociales y luchas sindicales por ao. 1984-2009


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La irrupcin de los movimientos cvicos y de los paros cvicos lo-cales y regionales fue una de las caractersticas del gobierno de BelisarioBetancur. En muchos de ellos las guerrillas, que en vir tud de los acuerdos

rmados podan hacer proselitismo y ejercer actividades polticas, quisie-ron e incluso lograron inmiscuirse.

Al abrigo de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucio-narias de Colombia (farc) tambin naci la agrupacin poltica de laUnin Patritica (up), de la cual fue integrante el Partido Comunistapero no solo l. Muy pronto hizo curso la repudiable estrategia decobrarle a las farc, a travs de la violencia contra los militantes de laup, la ruptura de los pactos y la combinacin de las formas de luchaproclamada por esa guerrilla.

La reforma constitucional promovida por el presidente y apro-

bada en 1986 para introducir la eleccin de los alcaldes por eleccinpopular fue otra de las piezas de la apertura. La cnai (2010) muestracmo dicha reforma, que se pone en marcha en 1988, acrecienta elinters de los sindicatos, as como de otras fuerzas antes ignoradas yde los mismos movimientos cvicos, por participar en poltica, concre-tamente en procesos electorales locales5.

Sin embargo, hay que entender tambin las limitaciones de loque aqu se ha llamado apertura democrtica:

Por una parte, salvedad hecha de la reforma de la eleccin de los

alcaldes, muchas iniciativas del gobierno, incluso las ms importan-tes, se quedaron en el terreno de la informalidad sin concretarseen hechos legales. Baste saber que los mencionados acuerdos depaz no fueron rmados por el presidente de la repblica ni incor-porados a decretos o leyes, sino rmados por el presidente de laComisin de Paz, que ni siquiera tena un cargo constitucional por ejemplo de ministro o directorde instituto en el organigrama del Estado.

Por otra parte, como contrapar tida de esa misma informalidad, por fuera de sus funciones institucio-nales, algunos ociales del Ejrcito, de las otras Fuerzas Armadas y de la Polica, o funcionarios civiles,se involucraban subrepticiamente en los nacientes grupos armados que ms tarde se llamaran

5 Al amparo de las negociaciones de paz la Unin Patritica y el Frente Popular ampliaron su presencia poltica a travs de la parti-cipacin en la primera eleccin popular de alcaldes, aprobada en 1986 y que se realiz por primera vez en 1988. La participacinde la up permiti no solo consolidar la inuencia tradicional del Partido Comunista en algunas regiones, sino incluso ampliar suradio de accin a nuevos municipios y departamentos. Para el Frente Popular, la incursin en las elecciones municipales signicabadejar atrs una larga historia de abstencionismo beligerante promovida por el pc de c (m-l) y el epl. En los municipios, los frentespolticos surgidos de la negociacin y la tregua, buscaron unirse a los movimientos cvicos, los cuales haban desarrollado un impor-tante proceso de organizacin y unicacin de sus luchas en el plano nacional desde nales de los aos 1970. Entre 1984 y 1986,se constituyeron organizaciones sociales como la Asociacin de Mujeres Campesinas e Indgenas (Anmucic), fundada en 1984; laAsociacin Nacional de Usuarios del dri (Andri), conformada en 1985; el Consejo Nacional de Vivienda Popular (Conavip), surgidoen el Primer Congreso Unitario de Organizaciones Populares y de Vivienda, celebrado en 1985; y la cut, fundada en noviembre de1986, sin duda el proceso de unidad de mayor importancia histrica (cnai, 2010: 36-37).

La violencia se

maniest, bien dentrodel marco institucional,

por ejemplo a travs

de la aplicacin a

los huelguistas de

sumarios consejos

verbales de guerra,

que acultaba el Estado

de sitio declarable

en virtud del artculo

121 de la Constitucin

Poltica de 1886, bien

mediante excesos

de poder ilegales

y violentos contra

ellos, que iban desde

el asesinato hasta el

hostigamiento.


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paramilitares o los toleraban (Pardo Rueda, 2007: 18-19; Romero Vidales, 2003; Medina Gallego,

1990; Ortiz Sarmiento, 1991; Gutirrez Sann, 2006; Reyes Posada, 1991). As interferan, desde susinstituciones o a travs de los grupos irregulares, los acuerdos con las guerrillas o la apertura deespacios para las luchas sociales, auspiciados por el gobierno.

Entendan responder de este modo a la combinacin de formas de lucha que ponan en prcticalas guerrillas, hablando de paz y de apertura democrtica y rmando los acuerdos pero sin cesaren los planes y estrategias de guerra. Estos planes, en el caso de las farc, haban sido claramentetrazados en la VII Conferencia realizada en mayo de 1982, dos aos antes de rmar los acuerdos depaz que no cambiaron en nada esa dinmica (cnai, 2010: 41-42; Pizarro Leongmez, 2011; Dudley,2004; Echanda Castilla, 1999; Echanda Castilla, 2006).

El apoyo de tales ociales con mando, dio carta blanca a los grupos irregulares armados con

propsitos, en principio, contrainsurgentes. As fue adver tido por la Procuradura del tiempo de BelisarioBetancur (Jimnez Gmez, 1986), y lo document un par de aos despus el Departamento Adminis-trativo de Seguridad (das) en un informe para el presidente Virgilio Barco (1986-1990), que se ltr ala prensa (recuadro 1.2).

Lo anterior lleva a que estos aos, que son tambin los de apertura democrtica, arrojen ya ci-fras de homicidios de sindicalistas y trabajadores sindicalizados. Sin descontar que tambin las guerrillas,


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aunque en menor nmero de casos segn las estadsticas conocidas, pudieran cobrar cuentas con laviolencia a simpatizantes de agrupaciones polticas de izquierda cercanas a ellas, que tomaban en seriolos discursos de paz y aper tura y no auspiciaban, por ende, en la prctica la combinacin de las formas

de lucha

(cfr. Dudley, 2008).En medio de esa situacin ambivalente, de apertura por un lado y de violencia por otro, surge

en 1986 una nueva central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores (cut), que ya en su nacimientoaglutin 600 sindicatos y 45 federaciones: todos los de la anterior cstc, la mayor parte del llamadosindicalismo independiente, y varios sindicatos provenientes de la utc y la ctc. De acuerdo con esosorgenes, se plante desde el comienzo como una organizacin multipartidista.

Segn la ens, a solo cuatro aos de creada, en 1990, la cut ya reuna a 842 sindicatos y 504.053trabajadores. Entre los principales sindicatos y federaciones que la integraron, se contaron el sindicatopetrolero uso, los dos principales sindicatos bananeros de Urab, Sintagro y Sintrabanano, y la federa-cin sindical de los maestros, Fecode. Tambin segn la ens, la cut es la central que, desde el ao de su

constitucin, mayor nmero de vctimas de homicidio ha registrado: 2.495.

Al ao siguiente de conformada la nueva central, se realiza en 1987 el denominado Paro delNororiente Colombiano, al cual sucede una ola de asesinatos, amenazas y otras formas de violencia que,como se ver ms adelante, golpea especialmente a dirigentes sindicales que lo haban organizado, en sumayor parte de la uso y de Fecode. El paro cubri los departamentosde Arauca, Norte de Santander y Santander, y las zonas del nordesteantioqueo y el sur de Bolvar.

Los aos 1980 fueron ya de altas cifras de homicidios de sindicalis-tas y trabajadores sindicalizados: 357 segn el Cinep (entre 1984 y 1989)

(Cinep, 2010: 20) y 343 segn la ens (entre 1986 y 1989; ens, 2011).

As pues, desde los aos 1980 los sindicalistas se ven abocadosa enfrentar, no solo las vicisitudes acarreadas por nuevas realidadescomunes a todos los trabajadores del subcontinente, sino adems lascontingencias propias del sindicalismo colombiano, como son la rela-cin entre sindicalismo y poltica y la afectacin de esas dos activida-des por el contexto de violencia.

Al hablar de nuevas realidades comunes a los trabajadores deAmrica Latina nos referimos tanto a la exibilizacin laboral, ampa-rada en Colombia en la Ley 50 de 1990, como a la proliferacin de

cooperativas de trabajo asociado al abrigo de la Ley 79 de 1988 yde su Decreto reglamentario 468 de 1990.

A continuacin se aborda precisamente el contexto de violen-cia que, no solo para el sindicalismo sino para muchas otras activida-des, se fue tejiendo en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX,y que inevitablemente afecta an hoy su ejercicio.

No ser prxima a los

partidos cogobernantes

le cost a la cstc la

exclusin institucional

y tuvo que esperar

hasta 1975 ms de dos

lustros para obtener

personera jurdica. No

resulta dicil inerir las

consecuencias negativas

que esa exclusin del

orden legal habratenido para las distintas

iniciativas y acciones

emprendidas por sus

afliados.


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RECUADRO 1.2

30 Reconocer el pasado, construir el futuro Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 201130 Reconocer el pasado, construir el futuro Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 201130 Reconocer el pasado, construir el uturoInorme sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 2011

En marzo de 1989, eldasprodujo un inorme confdencial que describa de manera detallada a la organi-zacin denominada Autodeensas del Magdalena Medio. El inorme, entregado al gobierno del presidenteVirgilio Barco, se fltr a la prensa, y el 12 de junio de 1989, la revista Semana public un artculo bajo el ttuloEl Dossier paramilitar, en el que hace reerencia a esta investigacin. A continuacin, se transcriben algunosde sus apartes.

E l Dossier paramilitar

La inormacin con que cuenta el gobierno es amplia y

detallada. Gracias a ella se conocen ya los orgenes, el

desarrollo y la estructura actual de los paramilitares. Se

sabe cmo se fnancian, cmo operan, cmo se comuni-

can y cmo preparan a sus hombres. Se tiene establecido

cul es el nexo entre estos grupos y la industria del nar-

cotrfco. Adems, se tiene un conocimiento exacto de

quines son sus jees mximos.

Se sabe, entre otras cosas, que especialistas israeles y

britnicos han sido trados al pas en orma secreta, para

preparar a los comandos de lite de estas organizaciones.

En fn, se sabe mucho. As lo pudo establecerSemanades-

pus de conocer un paquete de documentos que, desde

distintos despachos ofciales y de seguridad, han llegado

a manos del presidente Virgilio Barco, y que recogen una

vasta inormacin basada en labores de inteligencia, in-

terceptacin de documentos y llamadas telenicas, y, lo

ms importante de todo, valiosos testimonios de deser-

tores de los grupos paramilitares [].

A mediados de 1983, los habitantes de Puerto Boyac y

sus alrededores, que aun entonces eran vctimas de una

de las ms eroces actividades de boleteo, extorsin y se-

cuestro por parte de las farc, comenzaron a ser testigos

de un proceso que al principio les result apenas curio-

so y atractivo. Grupos de civiles, en ocasiones armados,

empezaron a recorrer la regin llevando a numerosas

veredas brigadas de salud que se convertan en una

oportunidad de entrar en contacto con los campesinos,

conocer sus inquietudes y ubicar cules de ellos esta-

ban asociados con las farc y cules, por el contrario, se

mostraban hastiados de las prcticas de la organizacin

guerrillera. Las brigadas haban sido originalmente unaidea de Acdegam, la Asociacin de Ganaderos del Mag-

dalena Medio, cuyas directivas se encontraban bastante

entusiasmadas con esta prctica.

[] En ese municipio [Puerto Boyac] surgi entonces

la primera organizacin armada de autodeensa, cuyos

undadores ueron, segn la inormacin recogida, Pablo

Guarn, asesinado en 1987 por las farc, Carlos Loaiza,

Luis Surez y Gonzalo Prez. Ellos recogan aportes de ha-

cendados de la regin y reclutaban entre los hijos de los

campesinos a los jvenes que deban ingresar a la prime-

ra escuela de autodeensa, llamada El Tecal y ubicada

en la lnea La Paz cerca a Puerto Boyac.

Los primeros contingentes de este grupo realizaban

patrullajes por la zona, en ocasiones acompaados


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por eectivos del Batalln Brbula, con asiento en

Puerto Boyac. Estos patrullajes no solo buscaban

sacar a las farc de la regin, sino amedrentar a sus

antiguos colaboradores y convertirlos en aliados de la

autodeensa [].

A principios de 1985, un episodio ocurrido en cerca-

nas del sitio Dos y Medio, a unos cuantos kilmetros

de Puerto Boyac, cambi para siempre la historia de

la organizacin. Un comando de autodeensa, que

haba montado un retn en el camino, intercept un

campero cargado de cocana. Segn uno de los docu-

mentos del gobierno, el cargamento era de propiedad

de Jairo Correa y Pacho Barbosa, este ltimo dueo

de la inca La Suiza en Puerto Nare, no muy lejos de

all. Los propietarios de la carga entraron en contacto

con los jees de la autodeensa en Puerto Boyac y seiniciaron negociaciones que culminaron con un acuer-

do. Hubo consenso alrededor de que narcotraicantes

y autodeensas coincidan en su rechazo a la guerrilla

y a los comunistas.

[] Tambin result cil extender a nuevas regiones la

operacin de lo que ya para entonces, eran los grupos pa-

ramilitares. El eje Urab-Crdoba-Bajo Cauca-Magdalena

Medio-Meta estaba ya prcticamente cubierto por los

tentculos del pulpo paramilitar.

[] La inormacin sobre las conexiones entre la or-

ganizacin y miembros de las Fuerzas Armadas y de la

Polica es la que ms celosamente guarda el gobierno.

Sin embargo, Semana pudo establecer que, aparte de

las acusaciones existentes contra el mayor Echanda, hoy

ugitivo de la justicia, hay datos sobre las acilidades con

que Henry Prez [quien coordinaba la escuela paramilitar

Cero-81, en inmediaciones de la Cinaga de Palagua, en

Puerto Boyac] tramita salvoconductos y consigue com-

prar armas de Indumil a travs del Batalln Brbula.

Los documentos de las autoridades hablan tambin

de conexiones establecidas entre los grupos parami-

litares y ofciales y subofciales que han actuado en

Montera, Puerto Boyac, Puerto Berro, Puerto Salgar

y San Vicente del Cagun. Segn un testigo cuya decla-

racin ue recogida por las autoridades, en la Navidad

de 1987, algunos miembros del Ejrcito y de la Polica

asignados al rea de Puerto Boyac, llegaron a la casa

de Henry Prez a recibir su aguinaldo.

Fuente: Revista Semana. Lunes 12 de junio de 1989. [Dis-ponible en: http://www.semana.com/especiales/dossier-paramili-

tar/25679-3.aspx] (consulta: 30 de agosto de 2011).


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32 Reconocer el pasado, construir el futuro Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 2011

Captulo 2

o cabe duda sobre lo diferente que sera el ejercicio del sindicalismo en Colom-

bia, aun teniendo que enfrentar las contradicciones universales entre capital y trabajo y suagravamiento de los ltimos decenios, si no existieran grupos armados, como las guerrillas, losparamilitares y otras bandas, con los niveles de organizacin y recursos que se conocen. Enesta armacin coinciden expertos en el tema, como LeGrand (2010) y Pcaut (2010).

Lo que encuentro es que la violencia contra sindicalistas ha crecido ms cuando y donde hayconictos por el control de terr itorio entre guerrillas y paramilitares (LeGrand, 2010).

Como muchos analistas lo han subrayado, el conicto armado colombiano, como la mayorade los conictos internos contemporneos, tiende a desarrollarse ante todo golpeando a lapoblacin civil. No sorprende que los sindicalistas guren entre las mayores vctimas de los

paramilitares y de sus aliados al lado de los defensores de los derechos humanos y de los lderespopulares. Pero queda casi imposible distinguir las acciones antisindicales que obedecen msque todo a nes polticos y los que obedecen ms que todo a nes sociales: los dos tienden amezclarse (Pcaut, 2010).

La interferencia de actores armados organizados y de la dinmica de violencia a la cualellos contribuyen en el ejercicio de las actividades sindical y poltica, no es un dato solamentede los ltimos aos. Es, por tanto, necesario conocer a grandes rasgos la evolucin de esadinmica, por lo menos desde mitad del siglo XX, para entender esta dimensin del contextoque en la actualidad incide tanto en la actividad sindical como en la poltica.

1. Del periodo de la Violencia al del Frente Nacional

En el captulo 1 se analiz cmo la confrontacin poltica de los aos 1940 fue tor-nndose cada vez ms violenta, hasta que poltica y violencia casi llegaron a ser sinnimos, ytoda la poca se deni como de la Violencia. Se trataba de una confrontacin acrecentaday estimulada en los partidos de oposicin por la movilizacin social y, desde la otra orilla, porel modo como el gobierno dise la estrategia para contenerla.

N

El contexto de la violencia:evolucin de la relacin de lapoltica y el sindicalismo con laviolencia


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Durante esos aos, con ms intensidad de 1947 a 1953 pero con sus ltimos efectos hasta 1965,la mayor parte de la actividad poltica (y la actividad sindical relacionada con ella) se volvi violenta o deriesgo alto de violencia. As mismo, las ms diversas expresiones de violencia se fueron revistiendo todas

de color poltico partidista (liberal o conservador principalmente). En otras palabras, toda la violencia seregistraba entonces como poltica.

Eso se reeja en las fuentes estadsticas de la poca, que prcticamente se reducan a las de laPolica, inconsistentes y a menudo discontinuas. Si se comparan los registros de homicidios acaecidos de1947 a 1965 (periodo llamado de la Violencia, con inclusin de ocho aos del Frente Nacional) con losperpetrados despus de 1965, resaltan dos constataciones:

Las cifras de homicidio, en general, descienden de manera impactante, de modo que sus tasaspor 100.000 habitantes se colocan al nivel de tasas de pases como Estados Unidos y otros lati-noamericanos.

Mientras en esas fuentes, los homicidios del periodo 1947 a 1965 son registrados como ho-micidios de carcter poltico (asesinados por ser conservadores y liberales), en oposicin a lacategora de homicidios comunes, a partir de 1965 esta ltima categora es la que prevalece ydesaparecen los homicidios de carcter poltico6.

Quiere decir que el Frente Nacional logr lo que se propona en cuanto a disminuir la violenciay claramente llevar a su mnimo lmite la caracterizada como poltica, o mejor, como partidista, entreliberales y conservadores7. Eso no signica, por supuesto, ni que ofreciera plenas garantas para todas lasagrupaciones polticas distintas a las mayoras que fueron las de los dos partidos signatarios del pacto, nique el ejercicio sindical se posibilitara sin restricciones, sobre todo si los sindicatos, como ya se dijo, tenananidades con partidos y movimientos diferentes a los dos partidos cogobernantes.

De hecho la guerrilla m-19 creada a raz de la acusacin de fraude que hicieran los seguidoresdel entonces candidato Rojas Pinilla en las elecciones presidenciales de 1970, reivindic como su raznde ser la lucha por espacios y garantas institucionales para las opciones polticas que no fueran los dospartidos cosignatarios de los pactos y reforma del Frente Nacional.

Pero en materia de violencia, aun teniendo en cuenta los casos individualizados relacionados conlas actividades poltica o sindical, que espordicamente se dieron entre 1965 y 1978, lo cierto es que sufrecuencia en ese intervalo de aos, no se puede comparar ni con la violencia de 1947 a 1965 ni conaquella que arreciara en los aos 1980, en particular despus de 1984.

Socilogos e historiadores proponen interpretaciones diferentes para explicar la intensidad y la

generalizacin de la violencia en los aos de 1947 a 19658, y su resurgir, ciertamente con otras especi-cidades, a mitad de los aos 1980.

6 Estas cifras y las correspondientes curvas pueden consultarse en Cubides et l. (1998: 285 y 286, grcos 1 y 2). Es explicable quelos efectos de los cambios inducidos por el nuevo rgimen se reejen en estadsticas desde 1965, siete aos despus de iniciado elexperimento, y no inmediatamente aprobadas las reformas en plebiscito.

7 Sobre el Frente Nacional se recomienda consultar principalmente a Gutirrez Sann (2006) y Leal Buitrago (2002).

8 Sobre la Violencia de los aos 1940 y 1950, consultar: Pcaut (1987), Gonzlez, Bolvar y Vsquez (2007), Snchez y Meertens (1982),Palacios (1995) y Ortiz (1985).


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Ahora bien, las diferentes explicaciones pueden converger enlo que signic el hecho de que el Estado en su conjunto, gobierno a lacabeza, optara por una va no exclusivamente institucional para hacer

frente a la movilizacin social y a la oposicin poltica.Esta va consista en alentar la iniciativa de los particulares que

se articulara a travs de la organizacin de partido mucho ms que delas instituciones del Estado, y sin las restricciones y controles que la leyimpone, pero pagando el costo de la proliferacin y desborde de violen-cia. Cincuenta aos despus es importante entender esta lgica, porquetiene an algo de comn con las condiciones que perpetan la actualviolencia.

Comisiones mixtas de policas con civiles, que apodaron chu-lavitas, sobre todo despus del 9 de abril de 1948, pjaros a sueldo

o sin l, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, tuvieronentonces carta blanca, supuestamente para ayudar a restablecer elorden pblico all donde estaba per turbado. En realidad, sin embargo,se mezclaban en sus acciones todo tipo de mviles, desde msticos yreligiosos hasta banales y mezquinos.

Del lado contrario, la exclusin de la oposicin en todos losescenarios institucionales la llev progresivamente a armar o apoyarguerrillas de campesinos. En principio lo hizo para defenderse peromuy pronto para vengarse, someter por el miedo y lograr tambin,como los otros, toda suerte de propsitos y despropsitos.

As se van fortaleciendo los actores armados irregulares de entonces y van creciendo poderesde facto, no institucionales, que amenazan con la violencia a los ciudadanos: unos en maridaje con insti-tuciones formales (comisiones mixtas de policas y civiles, cuadrillas conservadoras y pjaros), otros almargen o contra las instituciones (guerrillas liberales), unos y otros vulnerando los derechos ms esen-ciales de las poblaciones.

Con esos actores en la escena, fcil es deducir el riesgo que implicaba, bien ser un defensor del go-bierno o bien, desde la otra orilla, participar en una huelga desautorizada por los gobernantes (que fueronla mayora de ellas). Incluso resultaba riesgoso ejercer el sindicalismo dentro de una organizacin que sim-patizara con uno de los partidos de la oposicin que, como en el caso del liberalismo, apoyara las guerrillas.

Los intentos de institucionalizacin durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla y msecientemente durante el Frente Nacional, lograron a la postre que los gobiernos recurrieran al Ejrcitopara mantener el orden pblico en cambio de auspiciar los grupos privados armados, y que los liberalesdejaran de hacer oposicin y de apadrinar guerrillas y, a cambio de ello, pactaran cogobernar. Sin embar-go, las simientes de esas formas quedaron latentes y revivieron pujantes en los aos 1980.

De hecho, los reductos de guerrillas campesinas que no se desmovilizaron a la voz de mando delliberalismo fueron recuperados, politizados por los viejos y nuevos partidos y movimientos de izquierdadurante los decenios de 1960 y 1970. Precisamente, en los aos 1980 se convirtieron en uno de losactores de violencia con mucha capacidad de intimidacin.

No cabe duda sobre lo

dierente que sera el

ejercicio del sindicalismo

en Colombia, aun

teniendo que enrentar

las contradicciones

universales entre

capital y trabajo y su

agravamiento de los

ltimos decenios, si

no existieran grupos

armados, como

las guerrillas, los

paramilitares y otras

bandas, con los niveles

de organizacin y

recursos que se conocen.


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Por otra parte, elEjrcito regular, al cual ladirigencia de los dos par-

tidos encomendara en elFrente Nacional la institu-cionalizacin de la fuerzapara superar la va de losgrupos privados armadosy acabar con la violencia,paradjicamente produjotambin de su entraa losmandos que facilitaran, en1980, el renacer de esaestrategia de los gruposprivados.

En efecto, algunos ociales con mando permitieron y apoyaron en sus jurisdicciones gruposarmados, al sentirse coartados a raz de la poltica de apertura democrtica de los aos 1980, acos-tumbrados como estaban a la car ta blanca que se les haba otorgado antes, desde el Frente Nacional,y que haba llegado al mximo de facultades en el Estatuto de seguridad, promulgado en el gobiernode Julio Csar Turbay.

2. Los actores armados y la violencia desde 1980

Ahora bien, el resurgir de actores armados fuera de la institucionalidad tendra en los aos 1980

diferencias grandes con los grupos armados de los aos 1940 y 1950; la principal de todas, la injerenciade las organizaciones dedicadas al trco ilegal de drogas ilcitas.

Este trco, como actividad delincuencial de contornos transnacionales, se revela el gran motorque potencia la organizacin, la expansin, el reclutamiento y la dotacin de armas y de tecnologa, tantoen las guerrillas izquierdistas preexistentes como en las guerrillas de nuevo tipo (el m-19). En ambos ca-sos, se dio segn zonas y momentos, y en los grupos recin creados con objetivos de contrainsurgencia,que pronto fueron llamados paramilitares (Pcaut, 2001 y 2003).

Este trco, adems, tiene sus propias dinmicas e intereses, no siempre reductibles a los dos tiposde actores descritos. En otras palabras, esa fuente los surte a ellos, con las consecuencias previsibles deaumento desaforado de hechos de violencia de los cuales van a ser vctimas militantes polticos, sindica-

listas y periodistas entre los ms apetecidos. Pero desata igualmente otra violencia que no es clasicable,al menos directamente, ni como poltica ni como sindical: arreglos de cuentas entre tracantes, cobrosde deslealtades, bajas por control de rutas o de cultivos, y estimulacin de mltiples violencias en rias,venganzas, atracos callejeros y guerras de pandillas, por efecto de la circulacin de armas y de los patro-nes culturales que los tracantes inducen.

No obstante, en esta suerte de violencia heterognea pueden ser tambin victimizados los sindi-calistas, cuando apersonados de sus responsabilidades cvicas y de liderazgo social pretenden interceptarlos circuitos delictivos.


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3. El ortalecimiento del paramilitarismo en los aos 1990

Los grupos paramilitares de los aos 1980, de los cuales el ms conocido fue el de Puer to Boyac

en el Magdalena Medio, muy ligado al crtel de Medelln, dieron paso, en los aos 1990, a un modelode coordinacin nacional. En efecto, la estructura llamada Autodefensas Unidas de Colombia (auc) seconstituye a partir de las Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab (accu) conformadas entre1993 y 1994, las que, a su vez, se haban originado en dos grupos matrices armados por los hermanosCastao en sendas haciendas de su propiedad en Crdoba y el Darin.

Esta estructura pretenda articular grupos localizados en zonas distintas y distantes del pas que,para el efecto, se agruparon en bloques. Los de mayor control de territorio fueron el Bloque CentralBolvar, disperso entre varios departamentos, y el Bloque Norte, que lleg a extenderse desde Urab yel Darin hasta La Guajira. Este ltimo fue comandado por Rodrigo Tovar alias Jorge 40 desde 2001,cuando desaparece Carlos Castao y Salvatore Mancuso toma el mando del conjunto de las auc.

A ese bloque se debera, ms que al Ejrcito regular aunque en complicidad con varios de susmandos, el desmantelamiento de las guerrillas en la regin de la Costa Atlntica, incluyendo santuariosguerrilleros como Beln de Bajir para las farc y el sur de Bolvar para el eln.

Pero, ms all de disputarle zonas a las guerrillas, las auc planea-ron la estrategia del terror, especialmente a travs de las masacres, parasometer a poblaciones campesinas enteras. Tambin para desplazarlaspor la fuerza en reas que despus se destinaran a ganadera o se sem-braran de palma de aceite. Todo esto a travs de amenazas y ejecucio-nes de sindicalistas, polticos, universitarios, como se est conociendoahora en las propias declaraciones de los desmovilizados postulados a

la Ley 975 de 2005, conocida como ley de justicia y paz.

De 2003 a 2005 se llevan a cabo las negociaciones entre lamayor parte de la cpula de las auc y el gobierno de lvaro Uribe(2002-2006 y 2006-2010), las cuales llevaron a los acuerdos para ladesmovilizacin en el marco de la Ley 975 de 2005. Los apartes deesta ley ms favorables a los negociadores de las auc, fueron supri-midos por la Corte Constitucional al considerarlos inexequibles enespecial mediante la sentencia C-370 de 2005.

En forma paralela, los procesos abiertos por la Corte Supremade Justicia y las primeras condenas, contra congresistas y dems pol-

ticos con indicios de haber estado vinculados a los paramilitares, vanpoco a poco mostrando tambin la profundidad del arraigo de estasorganizaciones e

informe-sindicalismo

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