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Informe sobre la situación política, económica, social

y sindical en España

Madrid, noviembre de 2016

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Informe de situación política, económica y social de España

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Situación política española El pasado 30 de octubre se cerraron 315 días de gobierno provisional en España, tras la celebración de dos elecciones generales (diciembre 2015 y junio 2016) sin mayoría suficiente para configurar un nuevo ejecutivo. Lo que pone en evidencia la incapacidad de los principales partidos para administrar los resultados electorales de unos ciudadanos que, por primera vez, han querido trasladar su indignación por el gobierno de la crisis en la sociedad, perdiendo la confianza en la política y sus instituciones. El bipartidismo, tal y como se ha conocido en los últimos 38 años (Unión de centro Democrático -UCD-/Partido Popular -PP- y Partido Socialista Obrero Español -PSOE-), sufrió una notable censura electoral en los últimos procesos, si bien no se cumplieron los pronósticos más radicales que apuntaban hacia su derrota a manos de las nuevas formaciones políticas (PODEMOS y CIUDADANOS), lo que se interpretó como una sanción electoral a la gestión de la crisis que ambas formaciones, en distintos períodos, han realizado. Las llamadas coaliciones ciudadanas de la izquierda alternativa, en las que se encuadra Podemos en Catalunya, País Valenciá y Galicia, logran resultados muy significativos, mientras el nacionalismo conservador y/o independentista cotiza a la baja en Catalunya, País Vasco y Galicia. Unión Progreso y Democracia (UPyD) e Izquierda Unida-Unidad Popular (IU-UP) son las grandes perjudicadas por una ley electoral concebida para favorecer a las formaciones mayoritarias. Todo ello, tras un ciclo de cuatro años de gobierno de la derecha que se caracterizó por la instauración del mayor ajuste económico vivido por la historia reciente española y cuyas consecuencias se reflejaron en un desempleo que superó los cinco millones de personas, un alto nivel de pobreza, el mayor ataque a los derechos sociales, laborales y sindicales sufridos en el período democrático español. Todo ello, acompañado de la mayor ausencia de diálogo social de la democracia española. En el camino de este proceso, queda la crisis del PSOE), que se ha llevado por delante a su secretario general y que ha supuesto pasar del “no es no” a la abstención para facilitar el Gobierno de Rajoy, una decisión de imprevisibles consecuencias para el futuro de este partido. Lo que resulta evidente es que la izquierda no ha sabido gestionar el resultado electoral de diciembre de 2015. Sea por inmadurez, sea por incompetencia o sectarismo, ha frustrado las aspiraciones de cambio que la ciudadanía votó en las urnas y donde la actitud de los nuevos partidos no se ha diferenciado mucho de las de los tradicionales. La situación actual nos acerca al riesgo de que se consolide un ciclo largo de hegemonía de la derecha, no solo política y no únicamente electoral, sino también en la concepción de la economía y de la sociedad, en el modelo de los próximos años. Un modelo que, en la salida de la recesión en España, se está aplicando a partir de la desigualdad y la precariedad, sin la mínima autocrítica sobre la austeridad compulsiva, las reformas laborales a la baja y la devaluación salarial. Desde los sindicatos seguimos apostando porque las


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fuerzas de izquierda conformen un proyecto político, económico y social alternativo al neoliberal que, desde la confluencia permita dar el “sorpasso” electoral a la derecha española. En el discurso de investidura del nuevo gobierno, el mismo que ha dejado sus funciones hace un mes escaso y con el mismo Presidente que, al mismo tiempo que aboga por el diálogo social -que no ha facilitado durante su mandato- pone líneas rojas a éste, afirmando que las reformas aprobadas por su Gobierno no van a tener marcha atrás. Lo que supone poner restricciones al futuro diálogo social. El 2 de noviembre fue designado el nuevo gobierno que todos catalogan de “continuista”. En definitiva, nos encontramos con el parlamento más fragmentado de la historia de la democracia y con dificultades para que el actual gobierno, sustentado en el voto de la nueva derecha y la abstención socialista, pueda desarrollar sus funciones más allá del mes de junio de 2017. Porque el reafirmado gobierno ha dado señales de continuismo en su política al hacer referencia concreta a su falta de disposición de negociar para cambiar las reformas aplicadas hasta la fecha, lo que refleja un claro síntoma de no querer tender puentes, dialogar o construir. La situación actual, reflejada en la fuerte división de la izquierda -lo que imposibilitó un gobierno de este signo en el mes de junio-, es una muestra de la falta de cultura de diálogo en la diversidad que padece la política y los políticos españoles. Situación que han marcado los resultados electorales desde el inicio de la democracia, con mayorías absolutas de un único partido o minoritarias apoyadas por partidos nacionalistas de todo signo que dieron cobertura a los distintos gobiernos. Este es el “sino” que caracteriza a la actual política española y que debiera cambiar en el futuro, porque las cosas no van a ser iguales a partir de este momento. Evolución de la economía española: crecimiento con precariedad La ya larga crisis política e institucional que vive el país se ha “superado”, pero sus efectos, como los de la crisis económica, están lejos de paliarse. Ha mejorado la macroeconomía, dejando atrás la recesión, pero los efectos de la crisis están muy presentes, como puede verse en que hoy hay menos empleo que en 2010. El alto nivel de paro, la frágil situación de la Seguridad Social, el déficit público incontrolado, una deuda pública que bordea el 100% del PIB y una deuda exterior que ronda el 90%, una desigualdad social creciente, manifiestan una salud delicada. Asimismo, las directrices de política económica europea, en cuanto a la disciplina presupuestaria orientada a la limitación de los déficits fiscales, implican una clara determinación para los márgenes de inflexión positiva de la economía española, con un “aviso” desde Bruselas de necesario y urgente recorte de 5.500 millones de euros en el ejercicio económico presente. Una presión que, como en todo el período de crisis gestionado desde el gobierno del PP ha implicado una creciente senda de recortes en las políticas sociales,


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laborales y de inversión productiva directa o indirecta; un mal panorama para las expectativas de una salida de la crisis con reemergencia de las condiciones sociales. Desde los sindicatos se apuesta por la puesta en marcha de un plan de choque que impulse el empleo. Para ello, se necesita inversión pública, fundamentalmente en infraestructuras y atención a las personas, acompañado de una reforma fiscal para conseguir los recursos necesarios que impulsen la creación de empleo. Además de un reforzamiento de la industria, para que se generen mayores ingresos públicos, mayor desarrollo tecnológico y mejores productos para el mercado global. La economía española mantiene su rumbo y continúa creciendo hasta el 3,2% en el tercer trimestre del año, aunque duplica la media de la eurozona desacelera su evolución, enmarcándose en la dinámica de crecimiento a la baja de la UE (1,6%, frente al 2,9% de EEUU o el 6,7% de China). El vigor inusitado del PIB español ha venido ayudado por la rebaja fiscal, la política monetaria del Banco Central Europeo y el precio del petróleo (como factores externos); al tradicional patrón de importador neto, por la aportación la evolución favorable de la demanda interna y añadiéndose últimamente el incremento del empleo. La economía española crece más porque en 2012 y 2013 cayó más que la media de la UE (ha pasado de ser la 8ª economía mundial en 2007, la 14ª en 2016) y, por tanto, tiene mayor recorrido hasta alcanzar el nivel de producción de bienes y servicios previo a la recesión. Pero no olvidemos que los países centrales de la UE ya han recuperado su nivel de PIB hace dos o tres ejercicios y España no; y que hay ahora dos millones de asalariados menos que en 2008. Hay que decir además, que esta recuperación es insuficiente, frágil e inestable, con amenazas que ponen en riesgo su continuidad. Por ejemplo, las subidas de los tipos de interés y/o el cambio de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE); los problemas del sistema financiero italiano (y portugués o del Deutche Bank); la subida del precio del petróleo y el aumento de los precios como consecuencia del incremento del crudo.

Fuente: INE


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Una recuperación que supone disponer de la misma riqueza pero con menos empleo y de peor calidad, tanto en términos contractuales como de horas de trabajo, con salarios devaluados que están provocando una redistribución muy negativa en contra de las rentas salariales y a favor del excedente empresarial. Además, son las regiones turísticas del Mediterráneo, las que tiran al alza del PIB del país, con un 4% de crecimiento, mientras que no se recupera el tejido industrial y de empleo perdido durante la larga crisis. En este contexto, España necesita un Gobierno que alinee la economía con las necesidades de las personas, que sea capaz de renegociar con la UE los términos y plazos para la consolidación de las cuentas públicas que son urgidas por Bruselas por valor de 5.500 millones de euros para rebajar el déficit del 3,6% previsto por el gobierno hasta el 3,1% en 2017. España necesita al menos un año adicional para reducir el déficit público al 3%, un margen imprescindible para, con otra política fiscal, poder enfrentar los desafíos de la economía y las necesidades de las personas., porque España no tiene un problema de excesivo gasto público, sino de insuficientes ingresos fiscales. Al mismo tiempo, desde los sindicatos, venimos reiterado las reservas sindicales a los tratados TTIP y CETA, en el marco de la defensa de la globalización de los derechos y garantías sociales y sindicales, la preservación del acervo comunitario, amenazado por los sistemas de resolución de conflictos de inversores y las jurisdicciones ad hoc… Al mismo tiempo que valoramos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -coincidiendo con otras sentencias de diferentes tribunales-, en la línea de equiparar los derechos de indemnización de las personas contratadas a través de un contrato temporal o interino con los de los fijos equivalentes. Deterioro social. Se reduce el desempleo e incrementa la pobreza El nivel de vida de los españoles ha retrocedido una década y la desigualdad ha aumentado, al mismo tiempo que se han ido perdiendo las conquistas sociales conseguidas durante el período de transición democrática de este país. Los ciudadanos reclaman cambios políticos urgentes y profundos que afectan al reto dinamizador del Estado: la justicia, la administración pública, la transparencia, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Además, los pactos por un nuevo modelo productivo y del sistema educativo, son básicos para el futuro del país también. La crisis ha sacado a la luz el desarrollo de un estado de la corrupción donde han estado instalados muchos políticos del país, desde los que lo han hecho de forma individual hasta los que ha actuado de forma organizada y donde la derecha, el Partido Popular, ha tenido un protagonismo destacado en los últimos diez años, facilitando que la crisis económica se traslade también a los parámetros políticos, sociales e institucionales. El fuerte retroceso en la calidad del empleo y su remuneración, la puesta en peligro de la viabilidad del sistema de pensiones y de la negociación colectiva, el deterioro de calidad del sistema educativo, el desafío secesionista en


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Catalunya, el ataque a la función de los sindicatos… todo ello ha generado una alta frustración de la población que se ha manifestado en los resultados electorales. En este marco, es preocupante la velocidad de incremento del déficit de la seguridad social, lo que incide en la reducción del déficit del Estado -a pesar del incremento de la afiliación a la seguridad social-, mientras que se hunden las cuotas de los desempleados e incrementa el gasto por pensiones. Esta situación ha provocado el tener que disponer del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, provocando la caída del remanente hasta situarse algo por encima de los 25.000 millones de euros, reduciéndose un 26% en el último año, menguando las disponibilidades del mismo que de 66.815 millones a 24.207, desde finales del año 2012. Respecto al empleo, la población ocupada se sitúa en los 18,5 millones de personas en el último año, considerando hasta el tercer trimestre de 2016, con un incremento en todos los sectores y haciendo realidad la debilidad del crecimiento del empleo industrial en nuestro país, que casi se ha estancado. En los últimos doce meses se han creado 478.800 nuevos empleos (2,7%) -por debajo de los trimestres anteriores-, de los que más de la mitad se concentraron en tres ramas de actividad: sanitarias y de servicios sociales (20% de los nuevos ocupados); hostelería (19,8%) y educación (15,2%). Administración Pública, defensa y seguridad, y las TIC, lo siguen perdiendo. Los asalariados temporales superan de nuevo los cuatro millones (4,2), la cifra más alta de los últimos seis años, alcanzando la tasa de temporalidad el 27%. El grueso del empleo que se está creando durante la recuperación es temporal, lo que incide en la precariedad del mercado de trabajo y su debilidad para generar empleo de calidad en sectores de alto valor añadido, más allá de nuestro modelo de crecimiento, basado en servicios de bajo valor (comercio, hostelería…). El problema no es sólo que haya cada vez más asalariados temporales, es que cada vez es más precario el empleo: todo el empleo asalariado creado en el tercer trimestre de 2016 tiene esta característica y más de la mitad del creado durante los últimos doces meses.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)


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Como consecuencia del tirón de la temporalidad se ha perdido fuello en los contratos a tiempo parcial (2,7 millones de trabajadores por horas en el último año, 50.000 menos que hace un año), reduciéndose esta tasa hasta el 14,6%, la más baja desde el año 2012. Con una tasa de paro que se sitúa en el 18,91%, cayendo por debajo del 20% seis años después de iniciarse, configurándose como el período más largo de desempleo por encima de ese porcentaje (que en los últimos 40 años ya había alcanzado en dos ocasiones -en la década de los ochenta y noventa del pasado siglo-). Los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se elevan a 1,4 millones. España, sólo superada por Grecia, se mantiene como el país con mayor desempleo en el entorno europeo. La cifra total de desempleados se ha reducido en 530.000 personas en un año, sin embargo, el número de activos desciende, hasta los 22,85 millones. En este período, el desempleo ha descendido en los servicios, sobre todo, seguido de la construcción y la agricultura, mientras que en la Industria prácticamente no ha habido variación en el último año. Desde que se tocó el techo histórico de desempleo (25,7%), a comienzas de 2013, el número total ha caído en casi dos millones de parados El 57% de los parados son desempleados de larga duración y hay casi 2,5 millones de personas en paro desde hace más de dos años, de los que el 74% lleva más de ese período en situación de desempleado. Además de 1,44 millones de hogares en los que todos sus miembros activos se encuentran en paro y 666.600 hogares que no cuentan con ingreso alguno (nómina, pensión o prestación por desempleo).

Fuente: EPA del INE. Tercer trimestre de 2016

Al mismo tiempo, el salario más frecuente o modal español se situó en los 16.490 euros brutos anuales en 2014, con retribuciones inferiores en un 14% por parte de las mujeres, y de cerca del 37% son menores los de los temporales que los contratos fijos. Por otro lado, las tasas negativas de inflación están provocando un resultado positivo en el poder adquisitivo de los salarios -en 2014 y 2015, con la inflación en el -1%, la mejora pactada del


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poder adquisitivo es del 2,3%-, si bien los incrementos pactados en la negociación colectiva son muy moderados y la precariedad extrema afecta a las trabajadoras/es menos protegidos. Situación sindical La fragmentación de las respuestas en función de la coyuntura nacional ha generado una fractura entre la resistencia del sur de Europa, la actual posición de Gran Bretaña y el acompañamiento silencioso de estos procesos por parte de los sindicatos del centro de Europa y Escandinavia. El sindicalismo europeo ha quedado encerrado en esas fracturas y durante el período más álgido de la crisis prácticamente ha estado paralizado, contemplando y no dirigiendo el proceso de las movilizaciones en cada país. En España, a pesar la oposición sindical, mediante la configuración de un frente estratégico común para abordar los grandes desafíos que se nos presentaban por el gobierno, las patronales y las empresas, solo hemos podido paliar la reducción salvaje de las condiciones de empleo y de trabajo. En un marco, en el que la crisis generó un sentimiento generalizado de desconfianza de la sociedad ante las instituciones, incorporando en este elenco a los propios sindicatos, aprovechando la derecha política y mediática para reducir o limitar la función de los mismos en la sociedad. A pesar de todo, hemos combatido las reformas laborales impuestas por el Gobierno en su legislatura con varias huelgas generales y hemos llegado a acuerdos que han facilitado el despegue de importantes sectores industriales del país, como es el de automoción, el textil o la química, manteniendo buenas relaciones con la administración agroalimentaria y el Ministerio de Industria, que no han ido más allá de la buenas elaciones y la voluntad de diálogo. La falta de disposición de diálogo por parte del gobierno se ha tratado de compensar con la firma de compromisos con la patronal, aunque con escaso éxito, por la injerencia de la legislación a la hora de debilitar la posición de los sindicatos y, por tanto, reducir la capacidad de acuerdo con las patronales y las empresas. La unidad de acción entre UGT-FICA y CCOO de Industria se ha mantenido y ha ido evolucionando de forma positiva en los últimos años, evitando un mayor deterioro industrial, económico y laboral en nuestros sectores de actividad. Una situación que tiene y tendrá continuidad en el futuro, sobre todo, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a las mismas o peores situaciones a las derivadas del actual gobierno en la legislatura anterior. Ambas federaciones sindicales seguimos liderando, a pesar de los esfuerzos del gobierno, patronales y lobbies mediáticos, la representación de los trabajadores en las empresas de todo el país, con casi el 80% de participación en la representación sindical, estando el restante 20% repartido entre más de diez sindicatos. El 80% de los empleos afectados por las actividades de ambas federaciones están acogidos a convenios sectoriales (81% de ellos provinciales) y el resto a convenidos de empresas (provinciales y estatales).


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En el interno de CCOO de Industria, tras un convulso congreso realizado a finales de 2012, ha superado la fragmentación provocada por la división interna, afrontando posteriormente un importante trabajo para consolidar la nueva organización, fruto de la fusión de dos federaciones (química, textil e industria) con una amplia tradición sindical y donde hemos sido capaces de conformar, en un tiempo record, una estructura sólida y reconocida en el conjunto del Estado. Proceso concluido en 2016, con la integración de la federación agroalimentaria, haciendo realidad el mapa federativo acordado en los órganos de dirección confederales en su último congreso. Un mapa que tiene correspondencia con la necesaria atención a los problemas que derivan de la actividad económica e industrial del país. Porque siempre hemos estado convencidos de que se requiere una adecuación de las estructuras del sindicato a estas nuevas realidades. Procesos que han confluido en la actual organización, creando:

• Una federación donde la composición económica de sus actividades representa el 20% del PIB y casi el 90% en el PIB industrial.

• Donde el empleo de sus actividades representa casi el 20% de toda la economía y un 82% del empleo industrial.

• Con más de 700.000 trabajadores vinculados a convenios sectoriales y más de 1,9 millones a convenios provinciales o empresas.

• Una federación que supera el 25% de la masa afiliativa confederal, con 230.000 afiliados, y desde donde asumimos el 42% de la representación sindical elegida en las empresas.

Derivado de estos procesos de confluencia, nuestra presencia en el ámbito internacional se refleja en la pertenencia a dos federaciones sectoriales europeas y otras tantas internacionales (industria, alimentación y campo), con una participación activa en su desarrollo y políticas de actuación. Por otra parte, en julio pasado, el Consejo Confederal aprobó la convocatoria del 11º Congreso de la CS de CCOO. Con este motivo, el Consejo de CCOO de Industria, en su reunión de septiembre, ha decidido convocar su segundo Congreso los días 18 al 20 de abril del año 2017. Pacto de Estado por la Industria Hasta mediados de 2016, la industria sólo ha recuperado un 22,1% de la producción destruida entre 2008 y 2013, tras un desplome del 29%, recobrando únicamente 6,5 puntos. O lo que es lo mismo, la industria todavía produce un 22,8% por debajo de los niveles de 2008. Estas cifras contrastan con la evolución del sector servicios, que ha restablecido un 42% de lo perdido y se sitúa sólo 14,2 puntos por debajo de los niveles de producción anteriores a la Gran Recesión.


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Estas circunstancias han influido directamente en la pérdida de participación de la industria en el PIB, con más intensidad durante los años de crisis (1% en el período 2008-2016, situándose en el 12,5% en el primer semestre de este año), produciendo un incremento de la brecha con los países más desarrollados y, sobre todo, alejándose del compromiso europeo de llegar al 20% en el año 2020. La producción industrial despegó con fuerza en 2015, pero en agosto de ese mismo año se frenó en seco, mostrando bastante atonía hasta ahora, donde automóvil y alimentos elaborados vienen ejerciendo de motores de la industria española, mientras que el turismo lidera la economía. Los desequilibrios y las dificultades que atraviesa la industria española para asimilarse al resto de los países de nuestro entorno tiene como principal referencia el bajo esfuerzo innovador de las empresas; el lento avance en la incorporación y difusión de nuevas tecnologías, asociadas a la digitalización; las deficiencias formativas de parte del empresariado; y la falta de engarce óptimo entre las necesidades del aparato productivo y la cualificación de los trabajadores, contribuyendo esta limitaciones al déficit de eficiencia y calidad en los procesos productivos industriales. En todo ello, se manifiesta un claro déficit de visión y perspectiva por parte de los distintos gobiernos y, sobre todo, de la mayoría del arco político del país. En la configuración de nuevo gobierno la distribución de las carteras ministeriales reflejan continuidad en la falta de voluntad política para acometer estos déficits, disgregando las actividades que requieren de una especial coordinación, cohesión y planificación, mediante la creación de un nuevo ministerio para el sector energético y para la digitalización y “escondiendo” al Ministerio de Industria en el de Economía. Lo que da a entender que nos espera un nuevo período legislativo donde la industria y los sectores estarán ausentes de sus políticas. Para vencer estas resistencias y corregir estos déficits, después de muchos años intentando conciliar posiciones con todos los agentes vinculados al desarrollo de la industria en España, el pasado 18 de noviembre se hizo realidad un primer paso para impulsar un Pacto por la Industria en nuestro país. CCOO de Industria y UGT-FICA, junto a las principales asociaciones patronales, hemos apostado por que esta sea “la legislatura de la industria”, en el marco de una “Declaración de los Agentes Sociales instando al desarrollo de un Pacto de Estado por la Industria” que firmamos y presentamos públicamente para hacerlo llegar al Gobierno y en el que reflejamos las nueve políticas para la competitividad de la industria:

1) Una política energética que permita garantizar el suministro energético a un precio competitivo, que impulse la independencia con el desarrollo de energías renovables y los recursos autóctonos.

2) El diseño de una política de infraestructuras logísticas y de transporte que mejore la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de los diferentes modos de transporte de mercancías.

3) Una política de I+D+i y desarrollo tecnológico y digital que facilite y apueste por la actividad innovadora de las empresas e incremente la inversión pública y privada para la generación de mayor valor añadido.


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4) Una política de formación y empleo que garantice el desarrollo del talento y de la capacitación de los trabajadores a lo largo de su vida.

5) Una política de regulación que proteja los principios de unidad de mercado a escala nacional y europea, mejore la eficacia y eficiencia de las normas en vigor, y futuras.

6) La ordenación y control de medidas de carácter fiscal, especialmente las de carácter medioambiental, evitando una merma del tejido industrial.

7) Una política de inversión, internacionalización y comercio exterior que incluyan los criterios éticos, de defensa de los derechos humanos, de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo.

8) La financiación y potenciación del tejido industrial mediante incremento en dotaciones y articulación de los instrumentos de apoyo a la inversión en proyectos innovadores, generadores de empleo.

9) Impulsar la sostenibilidad industrial, incluyendo las estrategias de mejora de la eficiencia energética, salvaguardando la competitividad de las empresas industriales radicadas en nuestro país.

Para los firmantes, la implantación de estas políticas con los objetivos propuestos debe originarse en el compromiso conjunto de los poderes públicos y agentes sociales a través de un Pacto de Estado de carácter público que sitúe el objetivo industrial al mayor nivel posible de los poderes ejecutivos y legislativos. Propuestas de actuación sindical para el futuro más inmediato El sindicalismo español afronta un debate que tiene como principal referencia los cambios en las empresas y sus efectos en las relaciones de empleo y laborales, además del afianzamiento de los nuevos procesos industriales, para reafirmar la utilidad del sindicalismo en momentos como los actuales, en donde la presión mediática, las estrategias del Gobierno y las patronales buscan prescindir de quienes pretendemos combatir la precariedad económica, social y laboral. En coherencia con ello, los sindicatos insistimos en la puesta en marcha de las 20 actuaciones urgentes para el progreso y el bienestar social, elaborado por CCOO y UGT. La Reforma Laboral ha servido para acelerar la destrucción de empleo y, ahora, para hacer aflorar el empleo precario que sustituye al anterior. La Reforma lleva en sus genes la desigualdad y ha extendido la pobreza laboral, constituyendo uno de los principales objetivos para erradicar. Además de modificar las leyes laborales, hay que impulsar la negociación colectiva, por lo que proponemos a las organizaciones empresariales un gran acuerdo de tres años de duración, en el que se incluye:

• La lucha contra el paro masivo y su enquistamiento debe ser la prioridad de la política económica, mediante una política presupuestaria que tenga un mayor efecto sobre el crecimiento y la creación de empleo.


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• Incrementar los salarios, empezando por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de manera que este llegue a los 800€ en el primer año de legislatura.

• Luchar contra la pobreza, para lo que, CCOO y UGT, han presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la aprobación de una Renta Mínima.

• Garantizar las pensiones, ante las sombras que se ciernen sobre el futuro de la Seguridad Social, recordando que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social es finito y se agotará en 2018.

• Una política industrial y sectorial activa que, al calor de los retos que encara el país (dependencia energética, digitalización, transporte, sociedad de la información, biotecnología).

• Por un marco más democrático y equilibrado de relaciones laborales, restituyendo la capacidad de diálogo y la negociación colectiva como principales factores de cohesión y desarrollo económico y social.

• Un sistema fiscal justo, suficiente, transparente y eficiente. Recuperar, progresivamente, los niveles de gasto públicos previos a la crisis y mejorar los mecanismos de control de la eficacia del gasto público.

En materia industrial, las líneas de política industrial deben beneficiar del concurso de otras políticas que no son propiamente industriales, y en particular de cuatro de ellas:


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1. La política energética, que influye sobre la competitividad precio de las manufacturas.

2. La política educativa, que debe garantizar el paulatino ascenso del capital humano. Dos aspectos relacionados con las empresas merecen especial atención:

a) El primero, la formación en la empresa, que adapta al trabajador a las características específicas de los puestos de trabajo.

b) El segundo, el impulso de la formación profesional dual, que acerque la preparación de los trabajadores a las exigencias de los puestos de trabajo, en los aspectos teóricos y en la práctica.

3. La política laboral, que debe favorecer el empleo estable sobre el que desarrollar la formación en la empresa.

4. La política de infraestructuras físicas, redes de transporte principalmente, y de otro orden, digitales, sobre todo.

El núcleo de este esfuerzo se enmarca en el desarrollo de medidas para hacer realidad el objetivo por el que venimos trabajando desde hace tiempo y que tiene como propósito el conseguir un Pacto por la Industria que favorezca nuestra posición en Europa y nos coloque al mismo nivel que el resto de los países de nuestro entorno en materia de competitividad industrial.

• El desarrollo de un marco de propuestas y objetivos en materia industrial; el crear y participar en instrumentos de seguimiento y debate sobre las medidas a adoptar por el Gobierno y su desarrollo.

• Aprovechar las expectativas creadas con la creación de los Foros de Diálogo Sectorial, desde donde podemos realizar un papel importante de cara al futuro de los sectores y de la industria del país, compartiendo objetivos con asociaciones patronales y el Gobierno.

• Una vez establecido el cauce de relación con las asociaciones patronales de los distintos sectores industriales, consolidarlos en el futuro más inmediato mediante la puesta en marcha de proyectos comunes con una única finalidad: garantizar el desarrollo de la industria y del empleo en las mejores condiciones posibles.

• La política energética es fundamental para la pervivencia de las empresas de nuestro país, por lo que debemos establecer, cuanto antes, una definición de los medios más eficientes para hacer posible una energía adaptada a las necesidades de las empresas y de la población.

• Poner todos los esfuerzos para conseguir abrir mesas de debate en todas las CCAA, que incluyan compromisos concretos de desarrollo industrial y empleo, enmarcados en la perspectiva de consolidar y desarrollar el tejido productivo del país.

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