joseantoniocrespoeleccionesytransiciondemocraticaenmexico1976-2012

7/30/2019 JoseAntonioCrespoEleccionesytransiciondemocraticaenmexico1976-2012

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Estudios 103, vol. x, invierno 2012.

ELECCIONES Y

TRANSICINDEMOCRTICAEN MXICO (1976-2012)

Jos Antonio Crespo*

* Profesor-investigador del Centro de Investigacin y Docencia Econmicas, cide.

resumen: El autor ofrece un equilibrado anlisis de los procesos electorales en Mxico,desde 1976 hasta el 2012. Luego de revisar las crisis de n de sexenio en tiempos del Primonoltico, describe las distintas estrategias seguida por Salinas, Zedillo, y Fox; examinala problemtica e incierta eleccin presidencial del 2006 y concluye con una valoracin de lareciente eleccin del 2012.

aBstract: In this article, the author provides a well-balanced analysis of the Mexican electoralprocesses from 1976 to 2012. After revisting the recurrent end-of-term crisis during the Priregime, the author describes the different political strategies employed by Salinas, Zedillo, andFox, explains the troublesome and uncertain 2006 presidential election, and concludes with anevaluation of the 2012 election.

PalaBrasclave: Mxico, elecciones, democracia, crisis, Pri, Pan, Prd.Keywords: Mexico, elections, democracy, crisis, Pri, Pan, Prd.

recePcin: 17 de septiembre de 2012.aProBacin: 26 de septiembre de 2012.

TAM Derechos Reservados.

a reproduccin total o parcial de este artculo se podr hacer si el ITAM otorga la autorizacin previamente por escrito.


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TRANSICINDEMOCRTICAEN MXICO (1976-2012)

itroducc

Las elecciones han constituido la ruta por la cual Mxico ha transita-do hacia la democracia, lo cual no representa sino uno de los elementosconstitutivos de tal rgimen poltico: el acceso al poder. El otro tiene quever ms con el ejercicio del poder. En lo primero, el acceso al poder,

una democracia se distingue del autoritarismo por contemplar al menosdos opciones reales de poder, que compiten en condiciones de equidady libertad tales que no determinen el resultado previamente, y la deci-sin nal es tomada por los electores por medio de su voto. En lo que tocaal ejercicio del poder, la democracia se distingue por contar con meca-nismos que permitan remover a quienes disponen de poder formal(incluido el jefe de gobierno) en caso de que incurra en una grave tras-gresin legal o abuso de poder, por va pacca, legal e institucional.

En contraste, en los autoritarismos, dicha posibilidad es imposible, porlo cual la remocin del poder de algn gobernante abusivo se hace su-mamente difcil (prevalece la impunidad institucional), y exige, en elextremo, la movilizacin externa de las instituciones vigentes de unamplio sector de la poblacin (lo que es tpico en una revolucin), conaltos costos sociales, humanos y econmicos.

En Mxico hemos avanzado signicativamente en lo primero, peromuy poco, si acaso, en lo segundo. Por la va de elecciones esencial-

mente competitivas, libres y equitativas, se ha podido ir transforman-




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do el rgimen, de autoritario a democrtico, al menos en lo que hace alacceso al poder. Desde luego, ha habido dudas e inconformidades, as

como ajustes peridicos al marco normativo e institucional en materiaelectoral, que han permitido experimentar dos alternancias paccasa nivel presidencial (en 2000, y en 2012), sin recurrir a la violencia o congraves riesgos a la estabilidad. Eso no haba ocurrido en toda la historiadel pas. El proceso no ha estado exento de desafos y tropiezos, casi ine-vitables en todo proceso de democratizacin, pero hasta ahora han sidosuperados. Y en esa medida, los riesgos de inestabilidad poltica tambinse han ido reduciendo.

Crss cclcas de de sexeo

Al menos desde 1976, el pas ha sufrido una crisis de n de sexenio,aunque con distinta intensidad y por diferentes motivos. En ese ao, lomismo que en 1982, las crisis tuvieron esencialmente un origen eco-nmico, pero golpearon fuertemente la legitimidad del rgimen prista,

debilitndolo signicativamente. Eso mismo cre las condiciones paraque el tradicional control poltico de corte autoritario se empezara a di-cultar. En 1988 hubo tambin una crisis de n de sexenio, igualmen-te con tintes econmicos, pero fundamentalmente de origen poltico,enmarcada por una ruptura grave del Pri en 1987, y la consecuentecandidatura de Cuauhtmoc Crdenas, por quien votaron numerosossegmentos del rgimen descontentos con el nuevo modelo econmicoadoptado por Miguel de la Madrid, llamado genricamente neolibe-

ralismo, que implic una poltica de austeridad y la reduccin de losprivilegios econmicos para los lderes de los sectores corporativos delPri, andamiaje esencial del rgimen posrevolucionario.1 Varios de ellos,o sus agremiados, sin abandonar elPri, sufragaron por Crdenas, dn-dole un caudal de votos que pudo haberlo hecho ganar la eleccin (lo cualqued incierto) y que orill al gobierno en turno a cometer un mo nu-mental fraude electoral, hoy reconocido por todos (aunque en ese ao

1 Cfr. Luis Javier Garrido,La ruptura; la Corriente Democrtica delpri, 1993, Mxico,Grijalbo.




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muchos sostuvieron que no hubo tal fraude o, si acaso, que no fue tangrande como para poner en duda la legitimidad del triunfo del candi-

dato ocial, Carlos Salinas de Gortari). Cont tambin el fortalecimien-to del Pan, sobre todo a raz de la crisis de 1982, que gener descontentoen amplios sectores de clase media, que orientaron su voto y respal-do hacia el blanquiazul, as como la llegada a ese partido de impor-tantes empresarios, molestos con la estatizacin de la banca que arbi-trariamente decidi Jos Lpez Portillo durante su ltimo informepresidencial (1982).2 Las dos oposiciones ya fortalecidas, el Pan, y laencabezada por Crdenas (quien fue postulado por un amplio frente

de partidos de izquierda), generaron la crisis electoral de ese ao, conun conicto que puso en riesgo la estabilidad social, si bien Crdenasdecidi no convocar a sus partidarios a la confrontacin y apost acristalizar su movimiento en un nuevo partido poltico, el de la Re-volucin Democrtica (Prd).

El gobierno de Salinas de Gortari termin tambin en una crisis pol-tica que desencaden otra de tipo econmico, sumamente severa. Laaparicin pblica de la guerrilla chiapaneca a principios de 1994 afect

el proceso electoral y desat una dinmica poltica en medio de la cual sedio el asesinato del candidato ocial, Luis Donaldo Colosio (sustituidopor Ernesto Zedillo), y poco despus, del secretario general delPri, JosFrancisco Ruiz Massieu. Las salidas de capital durante ese ao redujeronal lmite las reservas internacionales lo cual, aunado a un mal manejo deuna inevitable devaluacin monetaria, provoc una crisis econmica msgrave an que la de 1982.3

Frente a todos esos antecedentes, el presidente Zedillo comprendique no haba ya condiciones para prolongar la tradicional hegemonadel Pri, por lo que acept una amplia apertura poltica, dio un paso de-cisivo a un sistema electoral cabalmente competitivo.4 Eso, y la marcadatendencia a la baja de la votacin del Pri, provocaron en 1997 la pr-

2 Cfr. Soledad Loaeza,El Partido Accin Nacional, la larga marcha; 1939-1994, 1999,Mxico, Fondo de Cultura Econmica.

3 Cfr. Jos Antonio Crespo, Urnas de Pandora; partidos y elecciones en el gobierno deSalinas, 1995, Mxico, Espasa-Calpe.

4 Cfr. Jos Antonio Crespo, Tiene futuro el pri?; entre la supervivencia y la desinte-gracin total, 1998, Mxico, Grijalbo.




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dida de la mayora absoluta de ese partido en la Cmara Baja del Con-greso, as como del gobierno de la capital, y tres aos despus, la pre-

sidencia de la Repblica. Zedillo comprendi que la viabilidad delmodelo econmico de su preferencia se pondra en riesgo de no abrirde par en par el sistema electoral y partidista, pues ello supondra tensarnuevamente la cuerda de la estabilidad poltica. Preri exponer elpoder de su partido (por lo cual fue considerado como un traidor porsus correligionarios) que arriesgar la estabilidad del pas. La alternanciaconsecuente, a favor del Pan, abri una enorme oportunidad para con-solidar la democracia electoral y profundizar ese rgimen en otros mbitos

(como el indispensable de la rendicin de cuentas). Y tambin repre-sent, por primera vez en mucho tiempo, un n de sexenio sin crisis pol-tica ni econmica, precedente que debi ser repetido para fortalecer lafrgil y no garantizada democratizacin del pas. Sin embargo, el primergobierno emanado de la oposicin, por diversas razones no favore-ci esa tendencia y en cambio gener condiciones que dieron lugar auna nueva crisis de n de sexenio, esta vez exclusivamente poltico-electoral.5 Una crisis que podra tener perjudiciales secuelas polticas

y sociales, dado el rijoso clima de polarizacin que precedi la eleccinpresidencial y que se intensic una vez celebrada.

La estratega frete a las oposcoes: cerraz o apertura?

Para entender estas crisis cclicas hay una variable (entre muchas) de tipopoltico que resulta clave: la estrategia hacia las oposiciones, ubicadas

a la derecha e izquierda del Pri. El punto de partida es un principiogeneral de la poltica democrtica (o semi-democrtica): cuando se abrenlos canales institucionales a la oposicin y la disidencia, stas tienden amoderarse (que no es lo mismo que claudicar a su causa); si en cambiose cierran u obstruyen dichos canales, la oposicin y la disidencia tien-den a radicalizarse. Y la radicalizacin de las oposiciones en plenotraspaso del poder gubernamental incrementa la probabilidad de que

5 Cfr. Alejandra Lajous, Vicente Fox; el presidente que no supo gobernar, 2007,Mxico, Ocano.




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se genere una crisis poltica, que puede afectar o no la economa, con-siderando adems que en todo rgimen poltico la sucesin del poder

genera riesgos y tensiones que pueden poner en riesgo la estabilidadpoltica. Y es que la pugna por el poder moviliza a diversos grupossociales, econmicos y polticos que desean ocupar directamente elpoder o inuir decisivamente sobre quien recaer. Lo que est en juegoes mucho, por lo cual, si las reglas para dirimir esta sucesin no estnslidamente fortalecidas, entonces la sucesin poltica se vuelve suma-mente conictiva, e incluso conlleva el riesgo de desatar las hostilidadesentre los contendientes y sus partidarios. Mal manejada la sucesin podra

dar lugar a disturbios, un golpe de Estado, una revolucin o una guerracivil.6 Ejemplos de ello sobran, lo mismo en la historia universal que enla de Mxico.

Las crisis polticas de n de sexenio deben tambin enmarcarseen el agotamiento gradual de la institucionalidad poltica del rgimenprista, que haba logrado resolver perfectamente el problema de la su-cesin del poder sexenalmente, aunque mediante reglas claramenteautoritarias. Cuando dichas reglas se fueron agotando (lo mismo dentrodel Pri como en relacin a la oposicin), los riesgos de conictividaddurante cada sucesin del poder gubernamental tendieron a incrementarse.Por eso hubo graves crisis polticas en las sucesiones posteriores a larevolucin (1920, 1923, 1928, 1929), y en la etapa nal del rgimenprista (1988 y 1994). Al principio se debi a la fragilidad de la nuevainstitucionalidad (reglas y procedimientos), y al nal, por su ago-tamiento.7

Volviendo al la forma en que los distintos gobiernos enfrentaron ala oposicin partidista, segn el cual la apertura genera moderaciny la cerrazn, radicalismo, hagamos un breve repaso de cmo se ma-nej esto en los ltimos aos, ya en el mbito de la transicin pol-tica. Jos Lpez Portillo (1976-1982) experiment el agotamiento del r-gimen de partidos y de la legitimidad poltica del rgimen, que se tradujo

6 Cfr. Samuel Huntington,El orden poltico en las sociedades en cambio, 1972, BuenosAires, Paids.

7 Cfr. Jos Antonio Crespo,Los riesgos de la sucesin presidencial; actores e institu-ciones rumbo al 2000, 1999, Mxico, Centro de Estudios de Poltica Comparada.




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en que fue candidato nico por la presidencia (lo que desprovea alrgimen de sus atuendos democrticos, exponindolo como partido

prcticamente nico), por lo cual instrument en 1979 una reforma po-ltica (aunque no plenamente democrtica) que ofreci mejores condi-ciones de competencia a la oposicin, incorporando a grupos y partidosde la izquierda histrica (marxista y revolucionaria) hasta entoncesexcluidos del sistema de partidos.8 Es decir, aplic una estrategia deapertura hacia las oposiciones de derecha e izquierda, que se tradujoen su moderacin, revigorizando adems el sistema de partidos y arro-jando una nueva bocanada de legitimidad sobre el rgimen. Por lo cual,

en 1982 no hubo conictividad poltico-electoral, sino incluso gran plu-ralidad con varios candidatos en contienda.9 La crisis, ese ao, respondia variables fundamentalmente econmicas.

El sucesor de Lpez Portillo, Miguel de la Madrid (1982-1988), echreversa a la apertura poltica, pese a haberla ofrecido como compen-sacin a la austeridad econmica que se impona, por el temor que lesuscit el fortalecimiento de la oposicin. El Pan gan presencia yalcaldas importantes sobre todo en el norte del pas (Ciudad Jurez,

Chihuahua, San Luis Potos, Durango), lo que impuls a De la Madrida detener ese avance por medio del tradicional recurso al fraude electo-ral (claramente en Durango y Chihuahua, en 1986).10 Se tradujo enuna postura radicalizada de los panistas, que en 1988 postularoncomo candidato presidencial a un lder carismtico y temerario, salido delas las empresariales: Manuel Clouthier. Por su parte, la izquierda,desde su incorporacin a la lucha electoral en 1979, se haba modera-

do ideolgica y estratgicamente (abandonando la retrica marxista, lahoz y el martillo, la internacional socialista), pero no sumaba ms del5% de la votacin.11 No representaba un desafo real al rgimen. Sinembargo, la inconformidad dentro del Pri tradicional (nacionalista-

8 Cfr. Octavio Rodrguez Araujo,La reforma poltica y los partidos en Mxico, 1979,Mxico, Siglo XXI.

9Cfr. Juan Molinar,El tiempo de la legitimidad; elecciones, autoritarismo y democracia enMxico, 1991, Mxico, Cal y Arena.

10 Cfr. Juan Molinar, Regreso a Chihuahua,Nexos, nm. 111, marzo de 1987.

11Cfr. Arturo Anguiano,Entre el pasado y el futuro; la izquierda en Mxico, 1969-1995,1997, Mxico, Universidad Autnoma de Mxico.




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revolucionario), consecuencia de las polticas neoliberales de De laMadrid, gener una grave ruptura en el partido hegemnico (la ltima

haba tenido lugar en 1952), permitiendo aglutinar a la izquierda hist-rica en torno a la candidatura de Cuauhtmoc Crdenas, quien tambincapt el respaldo de segmentos pristas afectados por el neoliberalismo.La reaccin del gobierno ante la disidencia dentro delPri (la Corrien-te Democrtica), fue de cerrazn, lo que precipit la ruptura y radi-calizacin de ese movimiento.12 As, la eleccin presidencial de 1988enfrent dos movimientos opositores fuertes y radicales, lo que orillal rgimen a recurrir a un magno fraude electoral con el consecuenteconicto poltico. En otras palabras, De la Madrid, por temor al cre-cimiento de la oposicin, practic la poltica opuesta de Lpez Portillo;en lugar de la apertura, la cerrazn. Y obtuvo los efectos contrarios alos de la apertura lpez-portillista: radicalismo y conictividad.13

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) entendi parcialmente laslecciones de 1988. Por un lado, entabl una alianza integral con elPan,cuyo programa econmico era compatible con el neoliberalismo aban-

derado por De la Madrid y fortalecido por el propio Salinas. A cambio,se reconoceran algunos de los triunfos incontestables del Pan a nivelregional (contrariamente a lo ocurrido en 1986), por lo cual se recono-cieron victorias panistas a nivel de gubernatura en Baja California(1989), Guanajuato (1991) y Chihuahua (1992), as como varias plazasmunicipales de importancia. El resultado de dicha apertura fue la

moderacin del panismo. De modo tal que, por el anco derecho, Sa-linas sigui una estrategia similar a la de Lpez Portillo, con efectosestabilizadores.

Sin embargo, dicha apertura fue parcial (selectiva, se le llam),pues no se aplic en el caso de la pujante izquierda. Salinas, ademsde sentirse agraviado dado que su triunfo fue escatimado y opacadopor Crdenas, temi el potencial poltico-electoral delPrd, por lo quesu reaccin fue de hostigamiento y cerrazn. Le aplic el tradicional

12 Cfr. Garrido,La ruptura op. cit.

13 Cfr. Pablo Gonzlez Casanova (coord), Segundo Informe sobre la democracia enMxico; el 6 de julio de 1988, 1990, Mxico, Siglo XXI.




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fraude, arrebatando una posible victoria del Prd, al menos en el Con-greso de Michoacn (origen regional del neocardenismo) en 1989, y

tres aos despus en la contienda por la gubernatura. Puede decirseque Michoacn en 1992 tuvo efectos similares en elPrd que los del Panpor Chihuahua y Durango en 1996. El resultado fue una mayor radi-calizacin del Prd y de algunos grupos sociales con l identicado.Si bien dicha estrategia se tradujo en el debilitamiento electoral delPrd(obtuvo 9 % de la votacin en los comicios intermedios de 1991), poreso mismo se intensic la movilizacin de los grupos de izquierdaextra-institucionales. Uno de ellos fue el Ejrcito Zapatista de Libera-

cin Nacional (ezln), quien al irrumpir en 1994 justic su recursoa las armas a partir de que, por el lado de la izquierda, se haban cerra-do los canales institucionales, a diferencia de lo ocurrido respecto de laderecha, lo cual era exacto. En otras palabras, la apertura de Salinashacia el Pan se tradujo en la moderacin de ste, pero la cerrazn haciael Prd se tradujo en la radicalizacin de la izquierda (partidista y social),lo que le complic la sucesin presidencial, provocando una nueva crisis

poltica y econmica.14

Ernesto Zedillo (1994-2000) entendi cabalmente esa leccin y de-cidi que, para conjurar las crisis de n de sexenio, era menester abrirlos canales institucionales, no slo al Pan sino tambin al Prd.15 Por elloacept la plena autonoma y nuevas facultades a las autoridades electo-rales: el Instituto Federal Electoral (ife) y el Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federacin (tePjf). Tambin impuls una nueva leyelectoral plenamente competitiva (1996), y se dispuso a aceptar todo

triunfo que legtimamente ganara la oposicin, lo mismo del Pan quedel Prd.16 El Pan continu ganando nuevas plazas, como las de Jalisco,Quertaro y Nuevo Len. Al Prd le fue reconocida una importantevictoria en el gobierno de la capital (1997), y ms tarde en Zacatecas(producto de una nueva ruptura dentro del Pri). Esto se tradujo en

14 Cfr. Crespo, Urnas de Pandora op. cit.15Cfr. Jos Antonio Crespo,Jaque al rey; hacia un nuevo presidencialismo en Mxico, 1996,

Mxico, Joaqun Mortiz.

16 Cfr. Jos Woldenberg, Ricardo Becerra y Pedro Salazar,La reforma electoral de 1996;una descripcin general, 1997, Mxico, Fondo de Cultura Econmica.




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moderacin poltica no slo del Pan, sino tambin del Prd (con laconsecuente prdida de inuencia de los movimientos extremistas de

ese polo del espectro ideolgico, incluido el ezln). Esto prepar po-lticamente el terreno a una sucesin presidencial ordenada y civili-zada que, adems, se tradujo en la primera alternancia pacca delpoder (que favoreci al candidato delPan, Vicente Fox). Desde luego,tampoco hubo una crisis econmica, sino que el pas registr en ese aoun inusual crecimiento econmico del 7%. La ya tradicional crisis den de sexenio fue evitada.

La opc estratgca de Fox

Vicente Fox (2000-2006) lleg con la mayor legitimidad democrticay electoral registrada en la historia. Pero no continu con la poltica deapertura democrtica iniciada por su antecesor, sino que, por diversasrazones (y probablemente de forma inconsciente) aplic a la oposicinla estrategia seguida por Salinas de Gortari: apertura a una parte de ella

(el Pri, en este caso, a quien se le extendi una carta de impunidadbuscando su cooperacin para aprobar reformas estructurales en mate-ria econmica), y creciente cerrazn y hostigamiento a otra parte de laoposicin (el Prd, nuevamente). Las razones de ello no estn del todoclaras y pueden haber sido diversas: a) el riesgo de que un eventualascenso al poder del Prd trastocara la poltica neoliberal (que tambinFox sigui); b) una rivalidad personal entre el precandidato ms fuertede ese partido y jefe de gobierno de la capital, Andrs Manuel Lpez

Obrador; c) el temor de que Lpez Obrador, no muy proclive a la nego-ciacin pragmtica con sus rivales, desde la presidencia llamara a cuentasa Fox y su esposa por presuntos actos de corrupcin e ilcito enrique-cimiento familiar. Cualquiera de estas razones, o todas en combinacin,podran explicar la decisin de Fox para poner trabas en el caminode Lpez Obrador a Los Pinos, quien casi desde el principio empez aencabezar las encuestas de preferencia electoral.

A nes de 2003 se registr ya un suceso que auguraba posibles di-cultades para la eleccin de 2006; el Instituto Federal Electoral (ife),




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que haba cobrado en sus ltimos aos gran prestigio y credibilidad,perdi el consenso partidista que le haba dado fuerza y funcionalidad

tanto en 1994 como en 1996 (fechas en que se renov el Consejo Generalde esa institucin). El consenso partidista supone que al menos lostres partidos ms importantes validen y den un voto de conanza alos miembros del Consejo General del ife. Pero en 2003, al renovarseuna vez ms el Consejo General, el Prd qued fuera del proceso, lo quedio un grave golpe a la credibilidad del instituto. La izquierda perredis-ta se sinti injustamente marginada en ese procedimiento (tanto elPricomo el Pan pudieron haberlo evitado), y neg dar un voto de conanza

al nuevo Consejo General del ife. El proceso de radicalizacin del Prdempez a resurgir a partir de entonces.

Poco ms adelante, surgieron varios videos que mostraban movimien-tos de corrupcin de algunos funcionarios del gobierno capitalino, lo queimplicaba un fuerte golpe poltico a Lpez Obrador. El problema consis-ti en que el manejo y divulgacin de tales videos tuvo como eje al go-bierno federal, en combinacin con personajes como el senador panista

Diego Fernndez de Cevallos, y el ex presidente Carlos Salinas deGortari. La injerencia en ello del poder Ejecutivo implicaba el uso del Es-tado, su aparato y recursos para incidir sobre la contienda poltico-electoral, lo cual rompe una de las reglas bsicas del juego democrtico(pues contra los recursos del Estado es imposible competir). En otraspalabras, el nuevo gobierno emanado delPan empezaba a incurrir enla prctica que desde la oposicin conden: no respetar los principiosbsicos de la democracia electoral. Y eso fue tomado por la izquierda

como la ruptura del acuerdo democrtico que se pact bajo el gobiernode Zedillo y que fue respetado en lo esencial por ste.

El asunto del llamado video-escndalo no logr bajar a LpezObrador en las encuestas decisivamente. Entonces el gobierno federalaprovech una falta menor del gobierno capitalino para emprender unnuevo embate poltico; haba desacatado una orden judicial al nodespejar la maquinaria utilizada para hacer un camino en una propie-dad privada, que comunicara un hospital. El camino no se hizo perola orden de remover la maquinaria tard algunas semanas, por lo cual




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el gobierno decidi solicitar al Congreso el desafuero de Lpez Obrador,para penalizarlo. Aquello implicara su posible remocin de la contienda

presidencial en 2006. Los diputados del Pan y el Pri acordaron des-aforar a Lpez Obrador, pese a no hacer lo mismo con los corruptoslderes petroleros del Pri, cuya falta en el llamadoPemexgate involu-craba cerca de 1,500 millones de pesos desviados ilcitamente para lacampaa del Pri en 2000.

La opinin pblica, en su mayora (hasta el 80% segn varias encues-tas), se inclin a ver el desafuero de Lpez Obrador bajo la ptica delPrd(una maquinacin poltica para sacarlo de la contienda presidencial), ms

que bajo la versin del gobierno federal (la estricta aplicacin de la leyante una falta administrativa menor). Eso, y una intensa movilizacin dediversos grupos ciudadanos (que incluy una mega-marcha de ms de unmilln de asistentes en el centro de la capital), orillaron a Fox a desistirde su estrategia, dando marcha atrs mediante una opcin jurdica cuyaviabilidad meses atrs haba negado (con lo cual conrm en los hechosque, en efecto, el desafuero no era la nica alternativa legal, sino que

tena una clara intencionalidad poltica).17

La estrategia del desafuero fue diseada y operada de manera burda,por lo cual result contraproducente a los objetivos esperados. Peoran, la izquierda lo interpret como una nueva muestra de que haba unadecisin del gobierno federal de detener el avance de Lpez Obrador,echando mano de los recursos del Estado (en este caso, la ProcuraduraGeneral de la Repblica). Se vea como un desconocimiento de Foxdel acuerdo democrtico forjado durante el sexenio anterior, con lo

cual se empez a dar una polarizacin social y poltica y la radicali-zacin de la izquierda, pues senta no sin fundamento que los ca-nales institucionales se le obstruan una vez ms (como en el gobiernode Salinas de Gortari). Pese a que el candidato del Prd segua gozan-do de gran ventaja en las encuestas electorales, la izquierda saba queenfrentara una fuerte resistencia por parte del gobierno federal y otrosactores polticos, cuyos intereses podran ser afectados ante una even-

17 Cfr. Jorge Castaeda y Rubn Aguilar,La diferencia: radiografa de un sexenio,2007,Mxico, Grijalbo.




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tual llegada de Lpez Obrador a la presidencia. Y bajo ese clima po-ltico, polarizado, enrarecido, rijoso, escaso en conanza electoral y con

una izquierda crecientemente radicalizada, se lleg al proceso electoral.La poltica de Fox hacia la oposicin fue muy similar a la seguidapor Salinas de Gortari (hostigar y bloquear al Prd), por lo que termi-n su gobierno con una crisis poltica en lugar de seguir la estrategia deZedillo (abrir el juego poltico a todas las oposiciones y dejar a la ciu-dadana tomar la eleccin nal en las urnas), que termin su sexenioen medio de civilidad, consenso y estabilidad.

2006: ua elecc certa

Debe decirse que los intentos de Fox por detener a Lpez Obrador nohubieran impedido el triunfo del perredista, dada la enorme ventajaque todava en marzo registraba en las encuestas (cerca del 10%), de nohaber cometido graves errores que mermaron esa ventaja de mane-ra dramtica. Lpez Obrador descuid una regla fundamental en loscomicios democrticos: el llamado voto duro, formado por los par-tidarios incondicionales (o casi), gustan de un discurso radical y extre-mista. Pero dado que con ese segmento no es posible ganar una elec-cin, se requiere contar con el voto de otros sectores ms moderadose independientes, que en Mxico conforman entre el 40 y 45% delelectorado; se distinguen en que su respaldo no es incondicional, nogustan de las expresiones radicales ni la estridencia discursiva y no tienenmayor problema en cambiar de preferencia o simplemente alejarse delas urnas. En marzo, Lpez Obrador aventajaba por al menos 10 puntosa Felipe Caldern, candidato delPan y su principal adversario. El votoobradorista estaba formado mayoritariamente por independientes, quesin embargo se fueron alejando en los ltimos meses ante sus errores,la soberbia de darse por ganador anticipadamente y su estridencia dis-cursiva. El radicalismo en el discurso del candidato delPrd, que incluauna descalicacin indiscriminada a los grupos empresariales, y queculmin con insultos estridentes al presidente Fox, le abri un hueco

que permiti a sus rivales (en particular elPan

) presentarlo creble-mente como Un peligro para Mxico (segn rezaba una de las con-




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signas en la publicidad panista), un lder populista o un Mesastropical.18 En otras palabras, por dar gusto a su base dura (una minora

ya convencida) descuid a sus electores independientes. As ocurri ylos independientes se redujeron signicativamente. Justo en marzo,Lpez Obrador contaba con 40 % de independientes frente al 22% queapoyaba a Caldern. Pero al mes siguiente, ya slo 29% de independien-tes continuaba con el tabasqueo, en tanto que Caldern atraa al 25%.19Al nalizar la campaa, ya slo 35% de independientes estaba conLpez Obrador, frente a 31% que se alinearon con Caldern.20

Pero ese no fue el nico error del candidato delPrd. Tambin haber

decidido no asistir al primero de dos debates presidenciales. Sueleocurrir que el candidato que lleva la ventaja arriesga en un debate y sonsus rivales los que ms tienen que ganar en esos encuentros. Al plan-tearse el primer debate, Lpez Obrador se hallaba an muy por encimade sus seguidores, por lo cual decidi no asistir y reservarse simple-mente para el segundo debate. Adems, en el momento en que se

celebr ese primer debate, era ya un hecho el descenso del candida-to perredista en las encuestas.21 Finalmente, debe sealarse tambincomo un error haber decidido no aparecer en los medios, por una me-dida de austeridad que hipotticamente el ciudadano recompensara enlas urnas. En principio quiz s, pero cuando se es objeto de una fuertey ecaz campaa negativa conviene ms responder puntual y oportu-namente y no dejar que lo dicho por el adversario quede como unaverdad no desmentida. As pues, Lpez Obrador repiti algunos de loserrores cometidos por Cuauhtmoc Crdenas durante la campaa de

1994, de cuyos tropiezos no fue capaz de extraer las lecciones pertinen-tes para no tropezar con las mismas piedras con que top Crdenas doceaos atrs.22 Esos errores minaron gravemente las preferencias electo-rales de Lpez Obrador, al grado de que las ltimas encuestas previas

18As lo denomin el historiador Enrique Krauze en un ensayo publicado en su revistaLetras Libres.

19 Encuesta deEl Universal,abril de 2006.20 Encuesta de salida de Consulta Mitofsky, julio de 2006.21 Cfr. Lajous, Vicente Fox, el presidente op. cit., pp. 384-407.

22Adolfo Aguilar Znzer, Vmos a ganar! La pugna de Cuauhtmoc Crdenas por elpoder, 1995, Mxico, Ocano, p. 142.




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a los comicios, reejaban un empate tcnico con Caldern, lo quesupone que cualquiera de estos dos contendientes poda ganar y segu-

ramente lo hara por un margen estrecho.Puede decirse que la eleccin presidencial de 2006 represent unfracaso en tanto que no pudo generar consenso sobre el resultado o laconviccin generalizada de que, quien gan ocialmente Felipe Cal-dern, fue la opcin de la mayora de los electores. Las elecciones de-mocrticas disean sus reglas y condiciones para elevar la probabilidadde que dicho consenso se d, pues en esa medida, es ms factible que lapugna por el poder se dirima de manera pacca y civilizada, se proteja

la estabilidad poltica, se fortalezcan las instituciones pblicas y las auto-ridades emanadas del proceso gocen de plena legitimidad. Al no haberconsenso electoral, todo ello se logra en menor medida o, en el extremo,se llega a perder. Desde luego, una eleccin organizada democrtica-mente no garantiza que se alcance ese consenso; simplemente elevasignicativamente la probabilidad de que ello ocurra. Pero toda ins-titucin humana es falible y tambin lo son las elecciones, incluso decontar con un formato democrtico. Por eso mismo, pases con gran tra-

dicin y solidez democrtica pueden experimentar tambin dudas eimpugnaciones sobre los resultados ociales, como ocurri en Esta-dos Unidos en el ao 2000, o en Alemania e Italia en 2005 y 2006,respectivamente.

La mayor equidad en la contienda, la imparcialidad de las autori-dades que organizan y calican los comicios, as como la pulcritud delproceso electoral son elementos que contribuyen a obtener el consen-so electoral (y por ende, la aceptacin del veredicto por parte de los per-

dedores). Pero no siempre es posible garantizar tales condiciones, omejor dicho, casi nunca lo es. Siempre quedar algn remanente encuanto a la equidad, imparcialidad o pulcritud; los partidos gobernan-tes suelen gozar de alguna ventaja por el solo hecho de serlo. Tampocoes posible evitar por completo que los contendientes intenten incidirsobre la votacin incurriendo en conductas ilcitas, cuando no ilegales.No puede presumirse una perfecta organizacin, limpia de anomalas,sean stas resultado de errores humanos, del diseo de la boleta o de laforma de ser llenada; fallas en el conteo o bien producto de acciones do-




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losas, aisladas u orquestadas. Y aun en caso de que no hubiera malafe, los errores y anomalas pueden opacar la claridad del resultado, de

ser ste sumamente cerrado, como lo fue en 2006 (233, 831 votosde ventaja para el ganador, es decir .56 % de la votacin total).De lo que se trata en una democracia electoral es, entre otras cosas,

de reducir las condiciones para que ocurra todo ello, con el propsito deque esas inevitables anomalas o inequidades no se vuelvan determinan-tes en el resultado nal. Cosa que, sin embargo, se diculta si la distan-cia entre el ganador ocial y su ms cercano seguidor es muy reducida,pues en tal caso ese pequeo nmero de irregularidades as sean errores

humanos y no actos dolosos pueden nublar la certeza del veredictonal. En otras palabras, si bien es verdad que una regla de la democra-cia electoral es que por un voto se gana o se pierde (lo cual es ciertodependiendo del sistema electoral en cuestin), un corolario lgico deello es que, en tal circunstancia, basta un voto dudoso o irregular paraque no sea posible determinar con certeza quin gan. Es decir, mientrasms cerrado es un resultado, ms limpia, equitativa y transparentedebe ser la eleccin, para que un veredicto estrecho genere, pese a todo,

consenso y credibilidad entre los participantes y sus respectivos parti-darios. De lo contrario, surgirn la incertidumbre, la duda, la impug-nacin, el cuestionamiento sobre la credibilidad en la eleccin mismay la legitimidad de su ganador ocial. Y por eso, una reducida ventajapara quien obtiene el primer sitio puede hacer que las inequidades,errores, inconsistencias, incluso si son de una magnitud relativamentepequea, puede afectar la claridad del resultado al grado de no podersesaber con certeza quin fue el ganador de la contienda.

En una eleccin sumamente cerrada, para que el veredicto nalquede libre de toda duda al menos a los ojos de la mayora ciudadanadebe ser impecable, impoluta de toda irregularidad, inequidad o erroresde escrutinio y cmputo, lo cual no ocurre ni en las democracias ms de-sarrolladas. De hecho, tampoco fue muy distinto el nivel de anomalasen la eleccin de 2000, considerada como la ms democrtica de lahistoria de Mxico. La magnitud de errores de captacin fue de 1.26%de votos por casilla en 2000, y 1.35% en 2006.23 La diferencia consisti

23Cfr. Javier Aparicio, La evidencia de una eleccin conable,Nexos, nm. 346, octubre2006, pp. 49-53.




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pues, en el margen de victoria, de ms de 6 % en 2000 y de casi .6%en 2006. Esas inconsistencias y errores, tanto en el 2000 como en el 2006,

no fueron producto de un magno operativo para torcer la voluntad ciu-dadana, o al menos no se puede concluir a partir de la distribucinde esas anomalas.24 Como quiera, tales inconsistencias fueron sucien-tes en 2006 (a diferencia de lo ocurrido seis aos antes) para arrojardudas razonables sobre quin gan en realidad. Precisamente por ello,las autoridades electorales pudieron y debieron haber puesto todo suempeo en hacer lo ms transparente y exhaustivo posible el procesode escrutinio y cmputo de los votos en el que se registraron mlti-

ples inconsistencias, fuesen o no dolosas. Pudieron el Instituto FederalElectoral (ife) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin(tePjf) hacer un mayor esfuerzo por transparentar el proceso de es-crutinio y cmputo de la votacin? Sin duda.

Por eso mismo, est previsto en la ley electoral que el ife realice unasegunda revisin de las actas y lleve a cabo el cmputo ocial de laeleccin por parte de un Consejo Distrital (uno por cada distrito electoral,que son 300). Estos Consejos tienen como responsabilidad entre otras

realizar el cmputo de la eleccin mediante las actas correspondientesa su distrito, y en los casos que prev la ley, estn facultados para abrirlos paquetes electorales y proceder al recuento de las boletas ah con-tenidas. El nmero de actas con inconsistencias aritmticas fue de aproxi-madamente 83 mil, es decir, el 65% del total. El ife decidi abrir yrecontar slo 2,873 paquetes, es decir, apenas un 3.5% del total de pa-quetes cuyas actas registraban inconsistencias (un promedio de 9 paque-tes por distrito). En muchos distritos, el nmero de actas abiertas fue

sumamente reducido, incluso nulo, como se percibe en el Cuadro 1.cuadro 1

nmero de dstrtos dode se abrero y

recotaro tres o meos paquetes electorales

Paquetes abiertos 0 1 2 3 4 5 6 Total

Nmero de distritos 22 29 32 24 24 24 24 155

24 Fernando Pliego,El mito del fraude electoral en Mxico, 2007, Mxico, EditorialPax, cap. V.




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En 107 de los 300 distritos (es decir, poco ms de una tercera parte),se abrieron y recontaron 3 o menos paquetes, y en 155 de los distritos

(ms de la mitad) se recontaron 6 paquetes o menos, frente a un promediode 275 actas inconsistentes por distrito (es decir, en ms de la mitad dedistritos se abri 1 de cada 45 paquetes cuyas actas registraban inconsis-tencias aritmticas). Eso mismo gener acusaciones de parcialidad delifepor parte del Prd, pues la estrategia seguida por el Pan era justo abrirel menor nmero posible de paquetes electorales. Elifeno deba de abrirni ms ni menos paquetes que aquellos que ordenaba la ley, pero abrislo el 3.5% de los que debi haber recontado.

Ante esta situacin y la consecuente inconformidad del Prd, culfue la respuesta del Tribunal Electoral? Una primera sentencia sobrela eleccin presidencial fue emitida por eltePjf el 5 de agosto de 2006,en la que aborda la forma y los criterios en que el ife realiz el recuentoocial, el 5 de julio del mismo ao.25 El Tribunal reprendi al ife porhaber dejado sin revisar tantos paquetes cuyas actas mostraban inconsis-tencias (cerca de 80 mil actas, es decir, 96% de las que deban revisarse).Y eso tena que hacerlo de ocio, es decir, que para hacer dicha apertura

no se requiere peticin de los partidos polticos. El Tribunal reclamla falta de exhaustividad al ife, lo que implicaba que el ifedescuidaba elmximo benecio posible que se pudiera alcanzar en el procedimien-to de depuracin del recuento de la votacin.26

Llegado a este punto, eltePjfpudo haber instruido al ife la reposicindel procedimiento bajo la presencia del propio Tribunal, o bien pudoordenar la revisin de las actas inconsistentes que no fueron revisadaspor el ife, para lo cual tambin tiene atribuciones, de acuerdo a una tesisde jurisprudencia en la que se lee:

A efecto de alcanzar el objetivo de certeza, rector del sistema dejusticia electoral, se prev como una atribucin del rgano jurisdiccionalelectoral federal la de ordenar, en casos extraordinarios, la realizacinde alguna diligencia judicial, como sera la apertura de los paqueteselectorales (aunque ello) constituye una medida ltima, excepcional

25tePjf: Expediente: Sup-Jin/212-2006 y otros, op. cit., 5 de agosto de 2006.26tePjf: Sup-Jin/212-2006 y otros, op. cit., 5 de agosto de 2006.




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y extraordinaria que nicamente tiene vericativo cuando, a juicio delrgano jurisdiccional, la gravedad de la cuestin controvertida as lo

exige, su eventual desahogo pudiera ser de trascendencia para el senti-do del fallo como ocurriese si pudiese ser determinante para el sentido dela eleccin y (cuando) slo se pueda alcanzar certidumbre a travsde tal diligencia.27

Pero en lugar de ordenar la depuracin de inconsistencias requeri-do para imprimir certeza en el resultado, el Tribunal orden abrir slouna proporcin reducida de los paquetes que quedaban an sin revisar:

11,718 casillas, que corresponde al 15% de las actas inconsistentes.En total, entre el ife y el Tribunal se recontaron 14, 594 los paqueteselectorales abiertos, aproximadamente el 18% de las ms de 83 milactas que registraban errores aritmticos de manera evidente, y que elCope estipula que deban ser recontadas de ofcio, de acuerdo a la inter-pretacin que hizo el propio Tribunal. Eso, pese a que los observadoreselectorales de la Unin Europea recomendaban justo el recuento totalpara disipar toda duda y que en ese mismo sentido se manifestaba buena

parte de la prensa extranjera. Segn encuestas, alrededor de un 72%de los ciudadanos vea bien la revisin de todas las casillas para impri-mir mayor certeza al resultado de la eleccin.28

La decisin del Tribunal de revisar slo una pequea proporcin depaquetes electorales fue tomada por elPrd como una seal de parcia-lidad de los magistrados electorales, pues coincida con la es trategiadel Pan. El propio equipo de Felipe Caldern, y l mismo, reconocieronposteriormente que lo que ms les convena era abrir el menor nme-

ro de paquetes electorales posible, pues en realidad no saban bien abien qu contenan esos paquetes, por lo que un recuento amplio podaarrebatarles el triunfo que ya tenan en las manos. El propio Caldernnarr que en un primer momento consider que sera positivo el recuen-to para su causa, pues podra darle ms credibilidad a un triunfo delque l mismo no dudaba. El 10 de julio, es decir, das despus del recuen-

27 Paquetes electorales. Slo en casos extraordinarios se justica su apertura ante elrgano jurisdiccional, Compilacin Ocial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,

2005, Mxico, tePjf, p. 211 (cursivas mas).28 Cfr.Exclsior-Parametra, 28 deJulio de 2006.




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to ocial del ife, cuenta: Reun a mi equipo y dije vamos al recuento.No tengo la menor duda. Es ms, probablemente un recuento hubiera

dado ms votos, porque si alguien hizo trampa fue el Prd en el D.FYo no tena preocupacin.29 Sin embargo, miembros de su equipo loconvencieron de que un recuento podra implicar el riesgo de mayoresanomalas que las detectadas hasta entonces; efectivamente, si hubi-ramos ido a un recuento en ese momento de desorden, lo que hubierasacado el Prd es un argumento poltico para anular la eleccin.30

El Tribunal no deba, en efecto, respaldar en los hechos ni la es-trategia del Pan ni la del Prd, sino hacer lo que la ley le facultaba para

buscar la mxima certidumbre posible. Al quedar ms del 80% de actasinconsistentes sin revisar por ninguna autoridad, el Pan obtuvo untriunfo estratgico. Pero, evidentemente, eso dej sin despejar la incgnitasobre cuntas inconsistencias aritmticas que no pudieran ser justi-cadas ni depuradas (votos irregulares) quedaron en las actas, y si sunmero sera tal que opacara la certeza del resultado. De acuerdo a lalgica que rige la normatividad electoral, si el nmero de votos irregu-lares no justicables iguala o supera la cantidad de sufragios con que

el primer lugar aventaja al segundo, no es posible saber cul fue la vo-luntad del electorado. As, una tesis de jurisprudencia seala que:

No es suciente la existencia de algn error en el cmputo de losvotos para anular la votacin recibida en la casilla impugnada, sino quees indispensable que aqul sea grave, al grado de que sea determinante enel resultado que se obtenga, debindose comprobar por tanto, que la irregu-laridad revele una diferencia numrica igual o mayor en los votos obtenidos

por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en la votacinrespectiva.31

Qu sucedera si dicha situacin se diera tambin a nivel nacional,es decir, que el nmero de votos irregulares, no justicados ni depurados,

29 Citado por Salvador Camarena y Jorge Zepeda Patterson,El presidente electo, 2007,Mxico, Planeta, p. 187.

30Apud Camarena y Zepeda, op. cit., p. 187.31 Error grave en el cmputo de votos. Cundo es determinante para el resultado de la

votacin, Compilacin Ocial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 2005,Mxico, tePjf, p. 116.




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superase a los 233,831 sufragios con que Caldern aventaj ocial-mente a Lpez Obrador? Pues, al igual que en las casillas anuladas por el

Tribunal, se violentara la certeza en el recuento de votos. No se podrasaber, en otras palabras, cul fue la voluntad del electorado ni, por tanto,quin fue el legtimo ganador.

El Tribunal, en su dictamen nal, seal que el nmero de incon-sistencias fue debidamente justicado en su mayora, y que las queno lo fueron no superaban la ventaja con la que ocialmente Caldernaventaj a su ms cercano seguidor. Por lo cual, la certeza del resul-tado estaba fuera de duda. Sin embargo, al revisar las actas de 150 de

los 300 distritos electorales, resulta que los votos irregulares plena-mente justicados no constituyeron una mayora, y los no justicadossuperan la diferencia que ocialmente se adjudic a Caldern sobreLpez Obrador. As, los votos irregulares contabilizados fueron 365,995, pero de ellos 49,456 estuvieron plenamente justicados a partirde los criterios establecidos por el Tribunal Electoral, quedando enton-ces 316, 539 votos irregulares sin justicar. Esos votos irregulares ens mismos rebasan los 233, 831 con que Caldern super ocialmente

a Lpez Obrador. La proyeccin de esos votos irregulares a 300 distritosrebasan los 600 mil.32 Es decir, lo que prevalece segn las actas ocia-les de escrutinio y cmputo no reejan un triunfo claro e inequvocode Felipe Caldern, tal como lo arm el Tribunal Electoral en su dic-tamen nal, sino la imposibilidad de saber con certeza cul fue la volun-tad del electorado. Por eso era importante llevar a cabo un recuentomucho ms amplio del que se hizo, al menos de aquellos paquetes cuyasactas eran inconsistentes (el 63% del total), para as imprimir certezaelectoral al reducirse los votos irregulares por debajo de la diferen-cia entre primero y segundo lugar. En tal caso, hubiera sido posiblegenerar el mayor consenso en torno al resultado y mayor legitimidadpara el ganador ocial. Pero, debido a que no fue as, podemos bauti-zar la de 2006 como una eleccin incierta.

La reaccin de Lpez Obrador fue, de nuevo, poco institucional.Primero orden un plantn en paseo de la Reforma por seis semanas,

32 Cfr. Jos Antonio Crespo, 2006: hablan las actas, 2008, Mxico, Random HouseMondadori.




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afectando a un buen nmero de ciudadanos, tanto en el trco comoen el comercio de esa importante zona capitalina. Tambin desco-

noci el veredicto del Tribunal, faltando a una regla bsica de la de-mocracia electoral: aceptar el veredicto del rbitro mximo, inclusosi se le considera como injusto. De lo contrario, los objetivos de lademocracia electoral se pondrn en riesgo.33 Y de ah la importancia deincorporar a los contendientes tanto en la formulacin de las reglascomo en la seleccin de rbitros. Si bien en el nombramiento del ifequed fuera el Prd (lo cual, como se dijo, fue un elemento de impug-nacin), no fue el caso respecto del tPjf, cuyos magistrados fueron

nombrados por consenso de todos los partidos. Al desconocer elresultado ocial, y tras haber mandado al diablo a las instituciones(segn su propia expresin), tuvo la ocurrencia de hacerse investirfrente a sus seguidores como Presidente legtimo, todo lo cual podraprovocar que los electores independientes que an haban votado porl ese ao se le alejaran en alguna proporcin, dicultando su eventualtriunfo en los comicios de 2012, en caso de volver a contender por lapresidencia. Cosa que, en efecto, ocurri.

2012: el retoro del pri y el uevo ltgo poselectoral

El nuevo presidente, Felipe Caldern (2006-2012), tom una posturafrente a la oposicin ms parecida a la de Ernesto Zedillo que a la deVicente Fox. Pese al desconocimiento que hizo elPrdde su triunfo, optpor mantener una posicin de apertura y dilogo tanto con ese partidocomo con el Pri (que respald su triunfo, facilitando con ello la gober-nabilidad durante su gobierno), lo que en principio deba traducirseen un n de sexenio y un traspaso del poder tranquilo y civilizado en 2012.No ocurri exactamente as, pues ante el triunfo delPri en ese ao (unanueva alternancia, pero en sentido inverso a la del ao 2000), el candi-dato del Prd (y sus aliados partidarios, el Partido del Trabajo y el Mo-vimiento Ciudadano), Lpez Obrador, mantuvo su posicin radical de

33Cfr. Christopher Anderson, Andr Blais, Shaun Bowler, Todd Donovan y Ola Listhaug,Losers Consent: Elections and Democratic Legitimacy, 2005, Oxford, Oxford University Press.




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no reconocer el resultado ocial ni a su ganador como presidente leg-timo. Pero eso no podra atribuirse ya, al menos no en ese ao, a

la cerrazn gubernamental, sino a la decisin del lder tabasqueode mantener una estrategia de confrontacin frente al gobierno y decuestionamiento a las autoridades electorales, pese a que en 2007 y 2008se modic signicativamente el marco normativo e institucional de loscomicios. Dicha reforma incorpor varias de las demandas que la izquier-da haba exigido (como la utilizacin de tiempos ociales para desple-gar la publicidad partidaria y de campaa, en lugar de ser directamen-te contratado con los medios electrnicos de comunicacin). Tambin, se

sustituy anticipadamente al Consejo General del ife, permitiendo, ahoras, la participacin delPrd en la propuesta y nombramiento de los conse-jeros electorales (que incluso hizo la propuesta formal de quien ocup lapresidencia del Instituto para los comicios de 2012).

Lpez Obrador logr hacerse nombrar nuevamente candidato presi-dencial, orillando a su principal contendiente, Marcelo Ebrard (jefe delgobierno capitalino), a hacerse a un lado para no provocar una ruptura en

la izquierda. El candidato perredista arranc su campaa en tercer lugaren las encuestas, mostrando adems un elevado nmero de los llamadosnegativos (electores que jams votaran por un candidato, en estecaso, el tabasqueo), probable producto de su desconocimiento del vere-dicto en 2006 y de los actos de protesta y su autonombramiento comopresidente legtimo en ese ao. En contraste, el candidato del Pri, elexgobernador del Estado de Mxico, Enrique Pea Nieto, iniciaba congran ventaja en esas mismas encuestas. La candidata del Pan, Josena

Vzquez Mota, que se hallaba en segundo sitio, enfrentaba ya una grandecepcin de lo que haban signicado los gobiernos de su partido, muypor debajo de las expectativas despertadas en el ao 2000. Lpez Obrador,ms conciente de la necesidad de contar con el voto independiente, dioun giro de 180 grados en su tradicional discurso de confrontacin insti-tucional y polarizacin social, apelando a la instauracin de lo que llamuna Repblica amorosa, lo que le atrajo un importante segmento devotantes independientes que, adems, recelaban mayoritariamente de unretorno del Pri al poder. Eso le permiti escalar al segundo sitio y acortar




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signicativamente la distancia que lo separaba originalmente del candi-dato prista, pero los votantes independientes no fueron sucientes para

darle el triunfo a Lpez Obrador. En marzo de 2012, todava 45% de losindependientes apoyaba a Pea Nieto, en tanto que Lpez Obrador con-vocaba apenas al 26% de ese segmento.34 El da de la eleccin, el 41%de independientes vot por Lpez Obrador frente al 32% que lo hizo porPea Nieto.35 Una gran hazaa haber arrebatado esa proporcin de inde-pendientes a Pea durante la campaa, pero no fue suciente para ganarla presidencia. Se explica porque el voto duro delPrd es mucho menorque el correspondiente al Pri (16% frente a 28%, respectivamente);

no basta con contar con la mayora del voto independiente para ganar laeleccin. Se hubiera requerido una proporcin an mayor de ese votan-te para lograr el triunfo. La distancia con la que triunf Pea Nietorespecto de Lpez Obrador fue de 6.6% de la votacin (catorce vecesms que la diferencia con que gan Caldern seis aos atrs).

Sin embargo, Lpez Obrador tampoco reconoci el resultado en estaocasin, alegando inequidad en la competencia, as como ilcitos que,

segn l, decidieron la eleccin a favor del abanderado prista. Perotal reclamo era ms difcil de sostener que en 2006 pues, como se dijo,cuando un resultado es sumamente cerrado, cualquier nivel de irregula-ridades, incluso uno pequeo, puede ser determinante; pero cuando ladistancia es holgada, los ilcitos deben ser enormes para modicar unveredicto. Y si es el caso, deben ser debidamente sustentados y compro-bados. El candidato perredista no reclam el triunfo para s, pero solicitque se invalidara la eleccin, pues a su juicio se haban violentado prin-

cipios constitucionales relativos a la eleccin. Pero, de acuerdo a lajurisprudencia electoral vigente, dicha violacin tendra que ser grave,generalizada y determinante en el resultado, lo cual, dada la distanciade casi 7 puntos entre primero y segundo lugar, no era fcil demostrar.La coalicin de izquierda seal como principal causa de invalidacinel sobregasto de campaa en que el Pri habra incurrido. Algo ms queprobable, pero que, segn la legislacin vigente aprobada por todos

34 Encuesta deReforma, marzo de 2012.35 Encuesta de salida deReforma, julio de 2012.




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los partidos (incluidos los de izquierda), no era causal de nulidad sinoslo una falta administrativa sancionable con multas econmicas. Y

justo por eso, los tiempos para revisar los gastos de campaa no ajusta-ban con el plazo para calicar la eleccin, sino que lo sobrepasaban.Adems, la instancia ocial para la investigacin pertinente era elife, porlo cual el Tribunal no poda iniciar una investigacin paralela a la delife ni adelantar conclusiones en tiempos menores para determinar sihaba o no afectacin tan grave que ameritara invalidar la eleccin.El Tribunal seal, en todo caso, que respetaba la voluntad del legislador(es decir, el Congreso) en sentido de que el sobregasto de campaa no

podra ser motivo para anular una eleccin.La otra denuncia ms importante hecha por la izquierda fue que

hubo una compra masiva del voto, que resultaba determinante en elresultado; si el Pri haba ganado por una ventaja de 3 millones 300 milsufragios, Lpez Obrador seal que hubo alrededor de cinco millonesde votos comprados, que por ende resultaban determinantes en el resul-tado. Pero, para la exigencia de anulacin a partir de esa denuncia haban

algunos problemas: a) las pruebas presentadas no permitan demostrarnada, pues se trataba de cuatro mil (no cinco millones) de objetos conpropaganda impresa o grabada del Pri, que constituyen regalos quelcitamente todos los partidos pueden y suelen ofrecer en sus mti-nes y actos de campaa, adems de un puado de animales de granja quecuantitativamente tampoco demostraban la magnitud acusada de votospresuntamente comprados; b) si bien condicionar dinero, bienes o pro-gramas sociales a votar por un partido o candidato es un delito sancio-

nable con crcel, difcilmente puede demostrarse que en efecto dichointento culmina con el voto as comprometido. Y es que, como en otros

pases democrticos, se considera como suciente antdoto contra la com-pra o coaccin del voto el secreto para emitirlo, en cuyo caso el electorpuede decidir libremente su sufragio, para quien intent comprrseloo por cualquier otro partido. Ese argumento fue refrendado por elTribunal, pero curiosamente haba sido validado tambin por el propioLpez Obrador durante la campaa, cuando exhortaba a sus simpati-zantes a recibir toda ddiva que se les ofreciera, pero a votar segn su




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conviccin, lo que era posible gracias a la secreca del voto. Una causal denulidad perceptible sera, en todo caso, la violacin al secreto del voto,

siempre y cuando fuese determinante resultado. Pero fue innitesi-mal el nmero de casillas donde ese derecho no se garantiz. c) Desdeel punto de vista lgico, resultaba al menos extrao que se denunciarancinco millones de votos exclusivamente en la eleccin presidencial, puesno haban afectado los comicios legislativos, mismos que no fueronimpugnados por la izquierda.36

Finalmente, la izquierda apel a otros ilcitos o inequidades, comola probable compra ilcita de tiempos ociales por parte de Pea Nieto

para su publicidad, como el presunto uso propagandstico de las en-cuestas, todas las cuales acertaron en denir al prista como ganador,pero muchas lo hicieron por un porcentaje mucho mayor del que enrealidad ocurri. Lo primero supone tambin una infraccin adminis-trativa, sancionable econmicamente, pero no una causal de nulidad(ante la imposibilidad de determinar si los votos as conseguidos sondeterminantes en el resultado), y lo segundo no puede ser considera-

do como un acto doloso, premeditado o producto de una compra detodas las encuestadoras por parte del ganador (cuando, adems, lamismas encuestadoras anunciaban el apabullante triunfo delPrd enla capital, como ocurri).

Con todo, Lpez Obrador logr implantar en buena parte de ciu-dadanos (principalmente sus seguidores) la duda sobre la limpieza dela eleccin y delidad de los resultados. Segn una encuesta pos-electoral, 71% consideraba que hubo compra de votos, 59% que el

proceso no fue limpio, y 53% no crea que hubiera prevalecido laequidad. Sin embargo, 55% pensaba que el fallo deltePjf, validandola eleccin, fue la correcta (aunque un no despreciable 36%, conside-raba que dicho fallo no era adecuado).37 La explicacin ms probable deesa aparente contradiccin es que muchos ciudadanos podan pensarque hubo irregularidades, pero que stas no fueron determinantes enel resultado como para invalidar la eleccin, dada la holgada diferen-

36tePjf, Juicio de Inconformidad, Sup-Jin/359/2012.37 Encuesta telefnica deReforma, septiembre de 2012.




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cia que en esta ocasin hubo entre primero y segundo lugar. Y es que, enefecto, las condiciones que prevalecieron en la eleccin de 2012 desca-

licadas por muchos en la izquierda como las ms sucias de la historiano fueron muy distintas a las que prevalecieron en la eleccin consi-derada como la ms limpia de nuestra historia, la del ao 2000. En 2012,la distancia entre primero y segundo lugar fue cercana a 7% (poco msque en 2000), que en votos se traduce en 3 millones 3 mil (en 2000 fueron2 millones 400 mil de diferencia entre primero y segundo lugar). Lacompra y coaccin del voto nunca ha disminuido en nuestro pas, segnlo reejan diversos informes de Alianza Cvica organizacin de obser-

vacin electoral por excelencia a lo largo de estos aos de democra-tizacin. El aparato del Pri estaba volcado en favor de su candidato,pues peligraba la presidencia. Y elPridesvi 1,500 millones de pesos dePemex. Por su parte, hubo el sistema de nanciamiento paralelo cono-cido comoAmigos de Fox, as como rebase de gasto de campaas. Igual-mente, las encuestas fallaron en mayor medida que en 2012, pues lamayora daba como ganador a Francisco Labastida. Y los medios ma-

yoritariamente atacaban y descalicaban al candidato de la oposicin,alejndose de cualquier equidad en la cobertura de la campaa. Nadiecuestion esa eleccin, pese a que en 2012 incluso la nueva normati-vidad electoral (de 2007) haba logrado mayor equidad y vigilancia queen la de 2000.

Por qu la distinta evaluacin en 2000 y en 2012? Por las siguien-tes razones: 1) en 2000 quien perda era el Pri, smbolo de la antide-mocracia, y era la primera alternancia pacca en toda nuestra historia.

Evidentemente, haba esperanzas de cambio y mejora. En 2012, elPri regresa, lo que genera rechazo en la mayora de la poblacin, ascomo el temor o conviccin de que eso representara el n del expe-rimento democrtico. En 2000, 60% de ciudadanos pensaba que, paratener democracia cabal, elPri deba perder. Ese mismo porcentaje, en2012, supona que el Pri no poda ganar en comicios competitivos si nofuese con grandes (y determinantes) irregularidades de por medio. 2) En2000 quien qued en segundo lugar no impugn el resultado; al Prino le quedaba ms remedio que resignarse y aceptar un resultado des-




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favorable (en parte porque el presidente Zedillo haba aceptado la ine-vitabilidad de ese desenlace y reconoci de inmediato el veredicto).

Y el Prd qued en tercer lugar, muy por abajo del ganador. No hubierasido raro que, de haber quedado en segundo sitio, hubiera impugnadoel proceso y desconocido el resultado.

En ese sentido, puede decirse que la diferencia entre las democraciasavanzadas y las rezagadas radica menos en las irregularidades o inequi-dades que pueda haber y ms en la aceptacin del resultado por los per-dedores. Un ejemplo tpico es el de Al Gore en el ao 2000. Las medioshaban anunciado una gran ventaja para George Bush en Florida, esta-

do determinante en la eleccin. Gore ya haba dicho a su rival por telfonoque aceptara su derrota en ese momento. Su equipo le dijo que esperara,pues su programa preliminar registraba slo 1500 votos de ventaja paraBush. Gore decidi impugnar los resultados por todas la vas legales.La Corte de Florida de inclinacin demcratadetermin un recuentototal en el estado que, conforme avanzaba, reduca la distancia entre lospunteros. Cuando esa diferencia era de apenas 158 votos, la Suprema

Corte Federal de inclinacin republicana orden suspender el recuen-to para determinar si ste era legal. Tras las audiencias de rigor, la Cortedecidi que el recuento ordenado en Florida s era legal, pero que eltiempo para continuar con ese ejercicio se haba agotado! Se compro-b tambin que la secretaria de gobierno en Florida haba rasurado delpadrn a 20 mil electores demcratas, pero eso no era causal de nulidad(y haba que acatar es disposicin legal). A diferencia de lo que suelecreerse, tales irregularidades son habituales en ese pas. Es simple-

mente que en algunas ocasiones dichos ilcitos son determinantes, comofue el caso en la eleccin de 2000.38 Pero Gore felicit pblicamen-te a Bush: No estoy de acuerdo con la decisin de la Suprema Cortedijo, pero la acepto por el bien de la unidad y el fortalecimientode nuestra democracia.

En Mxico conceder suele ser visto como claudicacin de principios,traicin a los seguidores, suicidio poltico o incluso como una posicin

38Cfr. Tracy Campell,Deliver the Vote: A History of Election Fraud, an American PoliticalTradition, 1742-2004, 2005, New York, Carroll & Graf Publishers.




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JOS ANTONIO CRESPO


antidemocrtica. Cuenta desde luego la personalidad de los candidatos,pero ms importantes son los incentivos creados histricamente para

aceptar o desconocer una derrota. Desde el origen mismo de la democra-cia norteamericana, los empresarios y lderes polticos que apoyaban aun candidato lo hacan hasta que se emita el fallo ocial. Despus, lecondicionaban su respaldo futuro a que acatara el veredicto, poniendo nal conicto. Y es que a esos promotores no les convena en absoluto lainestabilidad que podra derivarse de un desacato y la consecuente rebe-lin (armada o no). De ah que los incentivos para conceder sean muyfuertes en ese pas. Aqu sucede a la inversa: Lpez Obrador tiene fuertes

incentivos intrapartidistas para no reconocer su derrota; le permite pre-sentarse no como perdedor, sino como vctima, lo cual le puede darnuevo aire para mantener un liderazgo moral y fctico en el mbito de laizquierda. Pero tambin hay incentivos externos al partido. John Ackerman,por ejemplo, reeja que, para el obradorismo, acatar un fallo desfavorablerepresenta una actitud antidemocrtica y no a la inversa:

El problema principal con la democracia mexicana no es que algunos

actores polticos no acepten su derrota, sino que demasiados aceptan laimpunidad y la complicidad como algo normal y cotidiano. La debilidadms importante de la cultura poltica del pas no es la supuesta ausenciade una cultura de la legalidad, sino una obediencia y respeto exageradosa los dictados de la autoridad. En 2006, el cuestionamiento de la legitimi-dad de la eleccin y del gobierno de Caldern fue a todas luces justicado,y adems rindi frutos polticos muy importantes.39

Entre esos frutos, Ackerman lista los siguientes: reformas favorablesa la izquierda en materia electoral, penal, de derechos humanos y trans-parencia. Sin la presin social derivada del no reconocimiento no sehabran dado tales avances. Adems, la izquierda pudo frenar las refor-mas que no le gustaban, como la energtica. Igualmente se logr removerprematuramente a Luis Carlos Ugalde, presidente del ife en 2006. Sinembargo, una encuesta seal que 26% consideraba que desconoceres democrtico, en tanto que 61% pensaba que eso daa a la demo-

39 John Ackerman, El sendero de la inconrmidad,Proceso, 1 de septiembre de 2012.




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cracia, pese a reconocer irregularidades.40 Pese a todo, el compromi-so con la institucionalidad en materia electoral sigue siendo mayorita-

rio entre la ciudadana, lo que permite continuar por esa ruta en buscade la consolidacin de la democracia. Sin embargo, como se mencional principio, sigue pendiente la asignatura de la rendicin de cuentas,as como el combate efectivo contra la corrupcin y el n de la impuni-dad en el pas. Sin ello, difcilmente se podr hablar de una democraciafuncional en Mxico.

40 Encuesta telefnica deReforma, septiembre de 2012.




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joseantoniocrespoeleccionesytransiciondemocraticaenmexico1976-2012

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