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U N I V E R S I D A D D E L V A L L E D E A T E M A J A C

En México, durante 2007 a 2012, la agenda ambiental se consolidó a través de la participación ciudadana y de la transversalidad en las decisiones administrativas del Gobierno Federal. Sin embargo, uno de los puntos pendientes es el cómo deben continuar operando los Consejos Consultivos (CCDS) a nivel nacional y local. En México, la Sociedad Civil requiere de estos espacios, donde se genere la posibilidad de un diálogo y debate en temas ambientales, y exista un aprendizaje mutuo de todos los actores involucrados. Un espacio donde la Sociedad Civil pueda plantear sus prioridades ambientales.

Palabras clave.Participación ciudadana, agenda ambiental, Carta de la Tierra, Consejos Consultivos, CCDS, Semarnat, PNUMA.

Introducción. En México, durante 2007 a 2012, la agenda ambiental se consolidó a través de la participación ciudadana y de la transversalidad en las decisiones administrativas del Gobierno Federal. Este avance se logró, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En forma central, a la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST) le correspondió dirigir estos esfuerzos. A nivel regional, estas acciones fueron coordinadas desde las Delegaciones Estatales de la SEMARNAT.

Desde el inicio de la administración, uno de los principales objetivos del Gobierno Federal, fue: “asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación

L A C A R TA D E L A T I E R R A . U N I N S T R U M E N T O D E P O L Í T I C A A M B I E N TA L

E N M É X I C O – u n a p e r s p e c t i v a d e s d e e l s o f t l a w o h a r d

p o l i c y .

L i c . F r a n c i s c o J a v i e r C a m a r e n a J u á r e z

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U N I V E R S I D A D D E L V A L L E D E A T E M A J A CA N U A R I O D E I N V E S T I G A C I Ó N U N I V A 2 0 1 4

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responsable de los mexicanos, en el cuidado, protección, preservación y aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.”i

Este objetivo, que se tradujo en acciones de participación ciudadana, pero también de educación y de gobernabilidad ambiental, sirvió para impulsar distintos temas de la agenda ambiental. Por ejemplo, desde la SEMARNAT, se implementó la Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental, que conjuntamente con los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS), sirvió para legitimar políticas públicas hacia el desarrollo sustentable e incluir el diálogo cultural y ambiental con las generaciones de jóvenes, mujeres y comunidades indígenas.

La SEMARNAT, además de vincularse a una Sociedad más participativa y plural, tuvo que abordar temas de gestión y administración de recursos naturales y de fenómenos globales como el Cambio Climático, desde una perspectiva de transversalidad. Este esfuerzo significo sumar los esfuerzos de organizaciones ciudadanas, grupos civiles, iniciativas empresariales. Y de manera recíproca, sumar a la Sociedad Civil con el Estado mexicano.

La Carta de la Tierra - como un conjunto de principios y valores enfocados hacia la sustentabilidad – fue la plataforma que permitió vincular las decisiones de las Autoridades Ambientales, de los tres niveles de gobierno: federal o nacional, estatal o regional, y local o municipal.

Este esfuerzo de transversalidad significó la operación de mecanismos - con gobiernos estatales y municipales, como con la Sociedad Civil en su conjunto – para la implementación de soluciones a conflictos ambientales, previamente discutidos y analizados.

En muchos casos, significó traducir la sustentabilidad en actos concretos de gobierno que cumplieran con la legalidad y la legitimidad. En algunos casos, la gestión ambiental se enfocó en una justicia participativa, y en otros,

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significó cómo alcanzar un resultado específico, sobre el ejercicio de derechos fundamentales como elderecho a un medio ambiente sano o el acceso al agua potable.

Entre los próximos retos, quizás haya que considerar la consolidación de la participación ciudadana en temas ambientales, en los nuevos desafíos como el Cambio Climático en las zonas urbanas y rurales de México.

La Carta de la Tierra y la política ambiental en la administración publica en México.La Carta de la Tierra de la Tierra, ha sido un documento que públicamente ha comprometido a líderes sociales y representantes de México.

En 2002, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, el Presidente Vicente Fox hizo público su compromiso de apoyar y difundir la Carta de la Tierra. En 2010, en la Celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, el Presidente Felipe Calderón reconoció que la Carta significa un llamado a la acción.

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El reconocimiento efectuado por el Presidente de la República y Jefe de Estado de la Nación mexicana, considero la legitimidad que soportaba un documento como la Carta de la Tierra, desde el reconocimiento de principios universales como el respeto y cuidado de vida, justicia social y económica, hasta la vinculación de la agenda de la Administración Pública, con la Sociedad Civil.

El adoptarla como base para el principio de sustentabilidad ambiental, implicó que la actividad técnica de la Administración Pública Federal tuviera que compatibilizar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, con el uso racional de los recursos naturales, asegurando el patrimonio de generaciones futuras.ii Además del pronunciamiento político, es importante reconocer el impacto que tuvo en el contenido de las decisiones y acciones enfocadas hacia la sustentabilidad.

Uno de los puntos que normalmente se critican en las decisiones ambientales de gobierno, es que las decisiones se toman en forma aislada y no como un conjunto sucesivo y acumulado de actos con un impacto ambiental.

Durante la Administración Federal 2007-2012, se utilizaron varios instrumentos para impulsar la sustentabilidad ambiental desde una visión integral:

•La Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental (ENAPCi)•El funcionamiento de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS), conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo•El Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental (PDHSA)•El Programa hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental 2007-2012 (PIGSA)•El Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente 2007-2012 (PPIMA)•El Programa de Jóvenes hacia la Sustentabilidad Ambiental 2009-2012 (PJHSA)

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•El Índice de Participación Ciudadana del Sector Ambiental (IPC Ambiental)

La aplicación de estos instrumentos, permitió desde el ámbito de las políticas públicas, proveer vínculos específicos con la Carta de la Tierra. Por ejemplo, en el Principio 3 que se refiere a la construcción de sociedades democráticas, justas, participativas, sostenibles y pacíficas.

En muchos casos, estos instrumentos facilitaron adherirse a los principios de la Carta de la Tierra, enriquecer el debate, abrir espacios de diálogo en temas de desarrollo urbano, recursos naturales, contaminación industrial y una mayor participación de grupos de jóvenes, mujeres y pueblos indígenas, por mencionar algunos.

Probablemente, la articulación de una Estrategia enfocada hacia la participación ciudadana en temas ambientales, permitió el desarrollo de potencialidades, en lo material, cultural e histórico. Casos como en el Pueblo Wixárika en San Luis Potosí y de la Comunidad Yaqui en Sonora, permitió que se abrieran nuevos espacios en la protección de libertades fundamentales, del derecho a un medio ambiente sano. (Ver un poco más de detalle más adelante).

La Carta de la Tierra resultó ser un instrumento que inspiró y consolidó muchas de las políticas ambientales en el Gobierno Federal, durante el período 2007-2012. Su difusión e implementación, mayormente en las Universidades de México y también en los Ayuntamientos, como lo fue en el caso del Municipio de Guanajuato en 2010 significó visualizar nuevos espacios que demandan sensibilidad y congruencia en la toma de decisiones.

Usualmente, cuando se reclama un acto de autoridad en México, se acude al Juicio de Amparo, que puede revertir decisiones que sean arbitrarias en la forma. Sin embargo, en el fondo, este mecanismo judicial, salvo en contadas ocasiones, no puede proveer los elementos que permitan un acercamiento entre los distintos actores y sobre todo, la solución a sus problemas sociales.

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El Juicio de Amparo, asi como otros mecanismos formales, no tiene como objeto, la participación ciudadana, la consulta pública para temas de infraestructura social, donde se analicen y discutan los mecanismos para mitigar el impacto ambiental o atención de las demandas sociales generadas con motivo de la obra de infraestructura social.Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental(ENAPCi).En 2008, la ENAPCi nace fundamentalmente de las demandas de la Sociedad Civil “con capacidad para detectar los problemas que afectan el medio ambiente y los recursos naturales, y que a la vez cuente con los espacios de participación para expresar sus necesidades y gestionar sus propuestas”.

En su diagnóstico, la ENAPCi reconoció la compleja pluralidad de la sociedad, la necesidad de involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos, en eliminar la discriminación por motivos de género y etnia, y garantizar la igualdad de oportunidades.

Al promover la participación ciudadana, la ENAPCi tuvo como propósitos:

•Un orden democrático que permitiera formas auténticamente representativas de arbitrar conflictos, y que promueva la participación de todos los actores•El desarrollo productivo sin menoscabo del ejercicio de las libertades individuales•El pleno respeto a la diversidad cultural, plasmado en instituciones idóneas que aseguren el derecho de todos a no ser discriminados por factores culturales, y a gozar de libertad para estructurar la vida propia de acuerdo con sus valores, en un marco de respeto de los derechos de los demás•Una estructura distributiva y de provisión de servicios que optimice la satisfacción de necesidades básicas y la protección de toda la población ante los riesgos que enfrenta

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En la ENAPCi, se efectúo una referencia expresa a los Principios 3, 11, 12 y 13 de la Carta de la Tierra, relativos a la participación ciudadana, igualdad y transparencia. Al promover la transversalidad en políticas públicas en materia de sustentabilidad, la ENAPCi planteó una participación ciudadana en tres diferentes ciclos: planeación, gestión y evaluación de programas gubernamentales.

De manera específica, como mecanismos de participación ciudadana, la ENAPCi identificó:

•Derecho de petición•Derecho a la transparencia y acceso a la información ambiental•Denuncia popular•Consulta pública en ordenamientos ecológicos•Consulta pública de manifestaciones de impacto ambiental•Consulta sobre la liberación de organismos genéticamente modificados

Entre algunos de los retos identificados en la ENAPCi, se encuentran:

•La formación de capacidades en la Sociedad Civil y también entre los funcionarios del Sector Ambiental•La mejora de la representatividad sectorial y de grupos principales•La efectividad de la participación ciudadana a nivel estatal y municipal•La comunicación que permita a las autoridades incorporar las propuestas de los grupos de interés, crear consensos, anticipar objeciones y buscar colaboraciones de las organizaciones de la sociedad civil en la negociación, la aplicación y el monitoreo de los acuerdos ambientales internaciones y sus instrumentos de gestión

De nuestro punto de vista, la formación de capacidades ambientales, fue uno de los temas que más se desarrollaron, no sólo desde la actividad institucional de la UCPAST, sino también desde el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), dependiente de la SEMARNAT. Otro de los logros alcanzados con la Estrategia, además de programas específicos

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de género, pueblos indígenas y jóvenes, fue la participación en consultas de impacto ambiental. Esto no quiere decir que su implementación haya sido fácil, ni perfecta, pero la Estrategia permitió construir un marco racional y un avance en la toma de decisiones ambientales.

Otro de punto que fue clave, fue el de transmisión de experiencia institucional de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable. Las memorias de 2 generaciones de Consejeros permitieron el seguimiento de recomendaciones en temas de residuos, educación ambiental y sustentabilidad.

Finalmente, entre los puntos fundamentales de cualquier Estrategia para la participación en materia ambiental, se debe considerar la vinculación al nuevo marco constitucional de los derechos fundamentales y el medio ambiente. También, lo será en la implementación de la legislación sobre cambio climático y responsabilidad ambiental.

Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable.Los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS) son considerados, por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), como un órgano de consulta que facilita la participación de los ciudadanos en la política ambiental.

Los Consejos Consultivos, operan desde 1995 en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los Consejeros son representantes de los diversos sectores de la sociedad mexicana, elegidos de manera democrática, y participan en el diagnóstico y elaboración de propuestas de solución de temas ambientales y de manejo de recursos naturales.Entre las temáticas que más recomendaciones generaron los CCDS, se encuentran:

•Educación Ambiental•Manejo Integral de Residuos•Legislación Ambiental•Bioseguridad•Ordenamiento Ecológico del Territorio

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Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable

Generación 2005-2007 2008-2011 2011-2014

Recomen-daciones

154 140 En proceso

A c c i o n e s más

relevantes

Foro Mundial del

Agua, Frontera

2012 (México- Estados Unidos)

COP 16 (Cancún),

CITES, Conven-ción Ballenera In-ternacional

Estrategias sobre

Manejo

sustentable de Tierras, Especies Invasoras, y para la Conservación Vegetal

Desde nuestra perspectiva, los CCDS a nivel nacional y regional, se han constituido como espacios de diálogo y vinculación entre la Sociedad Civil y la Autoridad Administrativa. Probablemente, debamos preguntarnos si no existieran los CCDS, podría existir algún otro mecanismo que facilitara la gobernabilidad ambiental.

Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental.El Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental (PDHSA), permitió garantizar la tutela del derecho humano a un medio ambiente sano, a través de: definir recursos institucionales, mejorar la capacidad de respuesta y la planificación interinstitucional.

El PDHSA, con una perspectiva vinculada estrechamente a la Carta de la Tierra, tuvo como propósito:

•Orientar estrategias y acciones que permitan disminuir violaciones a los derechos humanos

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•Mejorar las condiciones de los derechos humanos en la sociedad y a propiciar un mayor desarrollo económico y social•Articular y armonizar con los instrumentos éticos en la materia•Profundizar los procesos democráticos en la toma de decisiones ambientales•Fortalecer la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos•Desarrollar un entorno de diálogo incluyente para analizar la situación de los derechos humanos vinculados al medio ambiente•Vincular los derechos formalmente reconocidos y su realidad

En el PDHSA, se efectúo una recopilación de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales, lo cual contribuye a consolidar la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en la política ambiental. Entre los principios expresamente citados en este programa, están: el Preámbulo de la Carta de la Tierra y los Principios 3 y 16.

Entre los logros resultantes del PDHSA, se encuentran: el de promover espacios para prevenir conflictos ambientales, por ejemplo, en el aprovechamiento de arena de río en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Entre las acciones que se encuentran pendientes, sería la de producir decisiones judiciales, que sean vinculantes, y que permitan mantener una defensa efectiva de los derechos fundamentales y el medio ambiente. Probablemente, en los próximos años, veremos más decisiones sobre el derecho a un medio ambiente sano, el acceso y gestión del agua, la administración de recursos naturales. En la aplicación del principio “pro persona” por autoridades judiciales y administrativas, se podrá plasmar de manera concreta, el alcance del derecho a un medio ambiente sano.

Programa hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental 2007-2012.En el Programa hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental (PIGSA) se reconocieron los efectos de la degradación ambiental, la cual afecta a

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hombres y a mujeres de diferentes maneras y en distintas magnitudes.

Entre algunos de los objetivos del PIGSA se identificaron:•Incorporar la perspectiva de género en la política ambiental, a través de la ampliación y consolidación de mecanismos de participación social que promuevan la equidad entre las mujeres y los hombres, en relación al acceso, uso, manejo y conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;•Identificar la participación diferenciada de mujeres y hombres en el manejo y conservación de los recursos naturales y orientarla hacia la construcción de un desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable; y•Promover que los beneficios económicos del uso sustentable de los sistemas naturales sean equitativos.

De los resultados derivados del Programa, se encuentran la valorización del rol de las mujeres como generadoras de un cambio en el manejo del medio ambiente y sobre todo en la recuperación de suelos y conservación de agua, en las zonas rurales de México. Por ejemplo, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, grupos de mujeres realizaron obras (reforestación con nopales, zanjas de infiltración y captación de agua) que permitieron mejorar las condiciones de vida, a partir de la recuperación de microcuencas.

La ejecución del Programa, permitió poner en práctica, el Principio 11 de la Carta de la Tierra, sobre la afirmación de la igualdad y la equidad de género como un prerrequisitos para el desarrollo sostenible.

Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente 2007-2012.El Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente (PPIMA) reconoció que la riqueza cultural y el carácter distintivo de México, como pueblo único en el mundo, se debe a la herencia de los pueblos y comunidades indígenas. A través del Programa, se promueve la diversidad cultural, expresada en diferentes visiones e identidades regionales, consolidada en diferentes procesos de autonomía y autodeterminación.

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En el Programa, se subrayó la estrecha vinculación que existe entre biodiversidad y diversidad cultural, como la base del sustento material y espiritual de pueblos originarios, que ofrecen diversos bienes y servicios ambientales y culturales.

A través del PPIMA, se definieron mecanismos para garantizar a los pueblos indígenas, la igualdad en el acceso a los recursos y reparto justo de los beneficios que proveen los ecosistemas y elementos naturales, así como el respeto a los sistemas normativos indígenas relacionados con el acceso, uso, manejo, control y aprovechamiento de los recursos naturales y los conocimientos tradicionales asociados.

Uno de los resultados de la aplicación del PPIMA, fue la focalización de acciones de gestión ambiental, en pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, en los Altos de Chiapas, y en la Selva Lacandona. Entre los Principios de Carta de la Tierra, que tienen una referencia específica en el PPIMA, se encuentran: los Principios 1, 3.a,4.b, 5.a, 7, 8.b, 10, 11, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 13.b y 13.f.

Probablemente, uno de los mayores retos, es el reconocimiento y homologación de los sistemas normativos de aprovechamiento tradicional de los recursos naturales y la biodiversidad en la legislación mexicana, como lo es el caso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Programa de Jóvenes hacia la Sustentabilidad Ambiental 2009-2012.El Programa de Jóvenes hacia la Sustentabilidad Ambiental (PJHSA) reconoció la necesidad de contar con estrategias que incorporen la visión de la Juventud, sobre todo porque los esfuerzos destinados a la formación y a la participación de las nuevas generaciones, permitirá contar con personas adultas, sensibles, informadas y comprometidas con la conservación, protección y preservación del patrimonio natural del país. Este Programa está dirigido a la participación de personas entre 12 y 29 años de edad.

Entre los objetivos de talleres efectuados con jóvenes y que permitieron integrar

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el PJHSA, se encuentran:

•Identificar las necesidades, potencial y líneas de acción por el sector de jóvenes•Divulgar e internalizar los principios y valores para la sustentabilidad•Estimular el aprendizaje del desarrollo humano sustentable en los jóvenes mediante instrumentos de ética (como la Carta de la Tierra)

Entre los resultados de la aplicación del PJHSA, se encuentra el fortalecimiento del sector de jóvenes en los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de Semarnat, sobre todo, en atención a la aplicación del principio 12.c de la Carta de la Tierra.

Índice de Participación Ciudadana del Sector Ambiental (IPC Ambiental).El Índice de Participación Ciudadana, resultó ser un esfuerzo de sistematización de la actividad institucional de la SEMARNAT, en la implementación de los mecanismos para involucrar a la Sociedad Civil en los instrumentos de política ambiental, como lo son las reuniones públicas de información y consulta, los comités de vigilancia participativa y la rendición de cuentas.

Este esfuerzo institucional, inició en 2009, y se efectuaron dos mediciones sobre los años de 2010 y 2012. La medición fue de carácter cuantitativo – sin embargo, el modelo puede y debe evolucionar hacia aspectos cualitativos, como la efectividad o impacto de la participación ciudadana en materia ambiental o de sustentabilidad.

Los 39 indicadores se agruparon en cuatro categorías:

(1) Participación ciudadana (consultas, reuniones, actividades formativas);(2) Transparencia y atención ciudadana (principalmente, solicitudes de acceso a la información y rendición de cuentas);(3) Inclusión e igualdad (porcentajes de grupos específicos como jóvenes, mujeres o población indígena); y

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(4) Denuncia ciudadana (además de denuncias y quejas, se incluyeron grupos atendidos en conflictos ambientales)

Entre los resultados que permitió obtener el IPC Ambiental, se encuentran:•El incremento de espacios de participación ciudadana, y sobre todo, una participación efectiva•En transparencia y atención ciudadana, se señaló la necesidad de incrementar la escucha, en la atención de derechos constitucionales de petición y acceso a la información.•El seguimiento y atención de conflictos socio-ambientales, lo que permite generar un conocimiento y manejo institucional.

El desarrollo y aplicación del IPC Ambiental, considera los principios 3.a, 3.b, 13.a,

13.d y 16.b de la Carta de la Tierra, sobre todo el establecimiento de estrategias para prevenir los conflictos violentos y utilizar la colaboración en la solución de problemas para gestionar y resolver conflictos ambientales.

Desde nuestro punto de vista, la incorporación de indicadores ambientales, fortalece la gestión y el control de las políticas públicas. Tal y como lo propuso la UCPAST, el IPC Ambiental, fue un esfuerzo institucional. El reto consistirá en darle continuidad y publicidad, de manera que la participación ciudadana pueda consolidarse.

La Administración Pública y las decisiones ambientales.El diseño e implementación de Planes, Estrategias y Programas Ambientales, consideran aspectos generales de la sustentabilidad ambiental. Sin embargo, la Administración Pública en su actuar cotidiano, emite decisiones específicas, que por sí solas, pueden tener un efecto acumulativo positivo o negativo sobre la sustentabilidad local.

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Uno de los campos que resulta más novedoso de la aplicación de la Carta de la Tierra, es la utilización de sus principios y valores éticos, en los actos administrativos. Las decisiones ambientales, exteriorizadas en actos jurídicos y administrativos, conllevan la voluntad de la Administración dirigida a producir efectos de derechoiii. En materia ambiental, las decisiones específicas, deben mantener una coherencia con una agenda de sustentabilidad y justicia ambiental.

En la revisión de cada uno de los Programas Ambientales del Gobierno Federal, se identificó que las decisiones de los servidores públicos deben considerar, además del cumplimiento de la ley, su eficacia. Sobre todo, en vistas de una mayor pluralidad y diversidad cultural.

Probablemente, iniciar procesos de consulta pública en materia ambiental de manera oportuna, contribuirá a alcanzar los mejores mecanismos para:

•Prevención o mitigación de los daños ambientales, por desastres ambientales•La responsabilidad mutua de generaciones actuales y las futuras generaciones, en el manejo de recursos como el agua, los bosques•El seguimiento y rendición de cuentas de las decisiones justificadas en el desarrollo social, en qué grado debemos considerar los efectos de largo plazo de nuestras decisiones

La Carta de la Tierra ha proporcionado el marco ético sobre el cual revisar la oportunidad y mérito de actos de gobierno y de políticas públicas dirigidas hacia la sustentabilidad ambiental. Cualquier decisión humana, puede presentar imperfecciones en su formación y contenido, pero esto no le resta importancia sobre la trascendencia que conlleva recuperar un río, un bosque, un ecosistema – y por ende, la trascendencia que significa proteger nuestro Hogar, la Tierra.

En sí, las políticas públicas deben buscar alcanzar una justicia ambiental, y no pueden estar desvinculadas de la agenda de la Sociedad Civil. En nuestra experiencia, esto requiere superar los formalismos jurídicos y alcanzar una

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justicia ambiental de fondo.

En el caso Gabcikovo-Nagymarosiv, el Magistrado Christopher Weeramantry advertía la necesidad de resolver las limitaciones formales a la justicia ambiental, para alcanzar una protección universal, a través de las obligaciones erga omnes, exigibles a todos.El esfuerzo realizado desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en específico desde la UCPAST, permitió salvar formalismos administrativos y jurídicos. Inclusive, desarrolló un modelo de indicadores (IPC Ambiental) que permitió identificar acciones de transversalidad hacia grupos vulnerables.

Una de las conclusiones más interesantes, es el efecto de establecer mecanismos de responsabilidad y diálogo mutuo. Los Programas de Derechos Humanos, de Igualdad de Género, de Pueblos Indígenas y de Jóvenes hacia la Sustentabilidad Ambiental permitieron focalizar la racionalidad y congruencia de las decisiones administrativas.

En suma, estos esfuerzos buscaron poner en práctica, el Principio 5.a. de la Carta de la Tierra que establece la “adopción de planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la conservación y la rehabilitación ambientales como parte integral de todas las iniciativas de desarrollo”.

Ejemplos de casos ambientales en México.México, durante el período 2007-2012, mantuvo una activa participación sobre el tema de derechos humanos y medio ambiente.

Desde la Sociedad Civil, se generaron casos que cuestionaron decisiones de autoridades mexicanas, y que significaron avances en el derecho y acceso al manejo de recursos naturales y a un medio ambiente sano como en el caso del Pueblo Yaqui y de la comunidad Wixárika.

En 2011, en la legislación mexicana, se incorporaron las acciones colectivas en materia ambiental. Aunque todavía no existen casos o precedentes resueltos, su

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aplicación permitirá ampliar la esfera de los mecanismos para la protección y ejercicio de derechos fundamentales.

Quizás, en el fortalecimiento de los mecanismos para un acceso efectivo a la justicia ambiental, se requiera la creación de capacidades a nivel estatal y municipal.

Concepto del derecho a un medio ambiente sano.En 2007, el Poder Judicial Federal de México establece que el derecho fundamentala un “medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar” previsto en el artículo4 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en dos aspectosv:

a) En un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales)b) En la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical).

Este precedente permite el avance de la regulación ambiental, sobre todo en el caso de la eficacia horizontal. Un aspecto que se encuentra claramente identificado en la Carta de la Tierra, al exigir responsabilidad a corporaciones multinacionales, en el principio 10.d.

Por otro lado, en cuanto a la eficacia vertical, esta se corresponde en la necesidad de incrementar los canales de participación ciudadana, sobre todo en cuanto a los mecanismos estatales y locales.

Caso Acueducto Independencia (Sonora).En el contexto de la Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en

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el Sector ambiental (ENAPCi), conjuntamente con el Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental y del Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente 2007-2012, es de destacar la Recomendación 37/2012vi de la Comisión Nacional deDerechos Humanos (CNDH), por la construcción del Acueducto Independencia en Sonora, y las violaciones a los derechos del Pueblo Yaqui.

La construcción del Acueducto Independencia, considera el envío de agua de la Cuenca del Río Yaqui a la Ciudad de Hermosillo, y en consecuencia, la oposición de módulos de riego ubicados en el valle del Yaqui. Este caso implica consultas dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y de acceso a la justicia ambiental.

En la recomendación de la CNDH, dirigida la Semarnat y al Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, por violaciones a los derechos del Pueblo Yaqui, consideró los siguientes aspectos:

•El diseño de un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, dirigido a los servidores públicos de la dependencia;•La armonización de políticas de la Semarnat – incluyendo sus órganos desconcentrados y entidades del Sector, principalmente la Comisión Nacional del Agua – en lo que se refiere al derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 2012;•La orden al personal, para tomar en cuenta, la salvaguarda de los derechos de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad y el establecimiento de los mecanismos para el cumplimiento efectivo.•La orden para que en las manifestaciones de impacto ambiental, se implemente medidas para que se consulte y se tomen en cuenta las opiniones de la sociedad que va a ser afectada.

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En nuestra opinión, la Recomendación CNDH 37/2012, significó integrar aspectos concretos del Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental. En específico, a los derechos a la consulta y participación indígena, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento y a la protección a la salud.

Este enfoque se volvió a repetir en la Recomendación CNDH 56/2012 por la vulneración a varios derechos humanos colectivos del pueblo indígena Wixárika (en el centro de México, en el Estado de San Luis Potosí), por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

En estas Recomendaciones, la CNDH a través de mecanismos vinculatorios para la Administración Pública Federal, y específicamente en instrucciones dirigidas a los servidores públicos, se ocupa de la eficacia vertical y horizontal del derecho a un medio ambiente sano, del acceso al agua.

Eficacia de los instrumentos de política ambiental.Conjuntamente, con el PND y las estrategias nacionales de medio ambiente y derechos humanos, las decisiones de las autoridades ambientales requieren de la participación ciudadana para incrementar su eficacia.

La participación ciudadana en el desarrollo sustentable, permite enfocarse hacia conceptos de justicia intergeneracional o de contenidos de una economía verde.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 propuso lo siguiente:

“Para que el desarrollo planteado sea sustentable, requiere la protección del patrimonio natural del país y el compromiso con el bienestar de las generaciones futuras.”

“Es, pues, necesario que toda política pública que se diseñe e instrumente en nuestro país incluya de manera efectiva el elemento ecológico para que se propicie un medio ambiente sano en todo el territorio, así como el equilibrio de

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las reservas de la biosfera con que contamos. Sólo de esa manera lograremos que las políticas de hoy aseguren el sustento ecológico del mañana.”

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece lo siguiente:

“VI.4. México Próspero. Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Estrategia4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule lasustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.”

En ambos casos, las políticas nacionales ambientales deben fortalecer las instituciones democráticas y brindar rendición de cuentas y en el acceso a la justicia ambiental, en congruencia con el principio 13 de la Carta de la Tierra. En la ejecución del PNDvii, se busca inducir las acciones de la iniciativa privada hacia un crecimiento verde, incluyente e innovador.

Estos principios de participación ciudadana e inclusividad ambiental, tienen congruencia con el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo donde “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.”

Conclusiones.En México, durante el período 2007-2012, la participación ciudadana conjuntamente con la Administración Pública Federal, permitió la incorporación de legitimidad a las decisiones y políticas públicas ambientales.

El compromiso público de líderes mexicanos manifestado con la Carta de la Tierra y el uso de la misma, le ha permitido dar contenido a las decisiones administrativas. Con independencia de los mecanismos, se requiere vincular más las decisiones y políticas públicas a principios éticos en materia ambiental. Desde la estrategia y acciones de una Administración en lo particular (hard policy) hasta

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los actos administrativos sujetos al control jurisdiccional (soft law).

Durante la Administración Federal 2007-2012, se utilizaron varios instrumentos para impulsar la sustentabilidad ambiental. Entre los principales instrumentos, fueron: la Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental (ENAPCi) y el funcionamiento de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable. Considero que:

•La Carta de la Tierra debe incrementar su influencia - no sólo en la justificación de decisiones con un alcance ambiental - sino al requerir a los gobiernos locales, asumir las consecuencias de sus decisiones, en el mediano y largo plazo, con respecto al desarrollo sustentable.•La Carta de la Tierra facilitó la comprensión y el diálogo en temas de integridad ecológica, de respeto y cuidado de la comunidad de vida, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructura social en México. México, al ser un país con alta biodiversidad, requiere hacer compatibles las demandas de grupos como comunidades indígenas, jóvenes y mujeres.•El enfoque en la eficacia de los mecanismos de protección de derechos fundamentales, permitieron ir más allá de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, requiriendo un programa de capacitación a funcionarios públicos sobre derechos humanos y medio ambiente.•La Carta de la Tierra, es un instrumento que debe continuar permeando en las decisiones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En las políticas públicas, en los razonamientos y argumentos de sentencias judiciales.

Por último, en cuanto a los retos de la participación ciudadana en la agenda ambiental, es el cómo deben continuar operando los Consejos Consultivos (CCDS) a nivel nacional y local. En México, la Sociedad Civil requiere de estos espacios, donde se genere la posibilidad de un diálogo y debate en temas ambientales, y exista un aprendizaje mutuo de todos los actores involucrados. Además, a través de los CCDS, la Sociedad Civil puede plantear sus prioridades

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– en un mecanismo que ha ganado legitimidad.

Aún y cuando, algunos grupos o personas en México, puedan criticar la inefectividad de los instrumentos de participación y transversalidad, considero que los consejos consultivos tienen un papel fundamental en la construcción de ciudadanía - a través de mecanismos de participación, transversalidad y horizontalidad de políticas ambientales. Por lo tanto, es un proceso continuo, que necesita seguir avanzando.

i Objetivo 8. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Presidencia de la República. México.

ii Gobierno Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México. Eje 4. Sustentabilidad Ambiental. iii Nava Negrete, Alfonso. Derecho Administrativo Mexicano. México. Fondo de Cultura Económica. 3ª. Edición, 2007. Disponible electrónicamente.

iv Corte Internacional de Justicia (CIJ). Caso Gabcikovo-Nagymaros. Sentencia del 25 de septiembre de

1997. Hungría vs. Checoslovaquia.

v Poder Judicial Federa. México. Tesis aislada. “Derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. Aspectos en que se desarrolla”. Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Marzo de 2007; Pág. 1665.v i h t t p : / / w w w . c n d h . o r g . m x / s i t e s / a l l / f u e n t e s / d o c u m e n t o s /Recomendaciones/2012/REC_2012_037.pdf

viiEl Artículo 32 de la Ley de Planeación de México, establece la obligatoriedad de los mecanismos de planeación nacional, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo y las Estrategias Nacionales de Cambio Climático y de Participación Ciudadana.

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Bibliografía:Gobierno Federal de México. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012_____Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018______(septiembre de 2008). Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental. Semarnat. México______ (septiembre de 2011). Acuerdo mediante el cual se crean el Consejo Consultivo Nacional, seis Consejos Consultivos Regionales y treinta y dos Consejos Consultivos Núcleo para el Desarrollo Sustentable. Semarnat. México_______(21 de enero de 2008). Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012. Semarnat. México._______ (septiembre de 2009). Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental. Semarnat. México._______ (septiembre de 2008). Programa hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental 2007-2012. Semarnat. México._______ (marzo 2009). Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente 2007-2012. Semarnat. México.________ (mayo de 2010). Programa de Jóvenes hacia la Sustentabilidad Ambiental 2009-2012. Semarnat. México._________ Índice de Participación Ciudadana del Sector Ambiental (IPC Ambiental). Informes año 2010 y 2012. Diciembre de 2011 y Abril de 2013. Semarnat. México.Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Recomendación CNDH 37/2012. Acueducto Independencia (Sonora). Comunidad Yaqui. México._________ Recomendación CNDH 56/2012. Aprovechamientos mineros (San Luis Potosí). Pueblo Wixárika. México.

la carta de la tierra. un instrumento de ...biblioteca.univa.mx/anuario/2014/2014_13_la_carta.pdfla...

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