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LA DEMOCRACIA BOLIVIANA: ENTRE LA CONSOLIDACION, LA PROFUNDIZACION…

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Estudios Atacameños N° 25 - 2003

El día 17 de octubre de 2003, dimitió el presiden-te Sánchez de Lozada de Bolivia, luego de variassemanas de protestas sociales, represión policial ymilitar, y más de 70 víctimas. El presente ensayofue escrito antes de esos eventos, tratando de ana-lizar los resultados de las elecciones de 2002 y lacrisis del sistema partidario en Bolivia, y logran-do incluir en un “epílogo” los disturbios de febre-ro de 2003. No pudimos vaticinar el desenlace deoctubre de ese año, aunque pronosticamos una di-fícil tarea para el presidente que asumió en agostode 2002. No obstante la ausencia de un análisisespecífico de los acontecimientos más recientes,confiamos en que el presente ensayo contribuya acomprender por qué Bolivia pasó por la crisis deoctubre de 2003 y por qué aún no puede llamarseuna “democracia consolidada”.

Introducción

Según los parámetros bolivianos, las elecciones dejunio de 2002 se llevaron a cabo en una atmósferade total orden y tranquilidad. Los resultados, aun-que sorprendentes, fueron reconocidos sin mayo-res protestas por los contendientes. El proceso nosufrió interferencias de injerencia militar alguna,

La democracia boliviana: Entre la consolidación,la profundización y la incertidumbre.

Un análisis contextualizado de los resultados de laselecciones de 2002 en Bolivia1

WILLEM ASSIES2 Y TON SALMAN3

RESUMEN

En este ensayo analizamos las elecciones bolivianas de2002. No nos centramos únicamente en los resultados, quefueron sorprendentes, sino también tratamos de conectarestos resultados con desarrollos actuales del sistema departidos políticos, con la brecha entre sociedad y mundopolítico, y con las políticas neoliberales implementadasen Bolivia a partir de 1985. Sugerimos que sólo un aná-lisis de gestión política no basta, y que necesitamos in-cluir un análisis detallado del proceso político y de laspolíticas económicas para poder comprender la crisisactual. Eventos recientes que culminaron en la dimisióndel presidente Sánchez de Lozada en octubre 2003 confir-man la sospecha que el sistema partidario boliviano hasido incapaz de remediar la “deficiencia representativa”,lo que contribuyó al éxito de los partidos “antisistémicos”y a la convulsión social. En nuestro análisis, abordamostanto lo económico y lo político, como también lo social,lo étnico y la dimensión de la cultura.

Palabras clave: democracia – consolidación democrática– deficiencia representativa – sistema de partidos políti-cos – Bolivia.

ABSTRACT

In this essay we analyse the Bolivian 2002 elections. Wefocus not only on the surprising results, but try to connectthese to the recent developments within the Bolivian partysystem, the abyss between polity and society, and the neo-liberal policies in place in Bolivia since 1985. We suggestthat a mere analysis of institutional engineering anddevelopment will not do and that detailed exploration ofpolitical processes, and of politic-economic policies is inorder to account for a party system in turmoil and for a

society “at war” with its polity. Recent events in Bolivia,leading to the toppling of president Sánchez de Lozada onOctober 17th, seem to confirm that the incapacity of theexisting party system to reform itself and to remedy the“representation deficit” of the Bolivian polity contributedto the rise of what are called the “anti-systemics”, and toprotests outbursts capable of disrupting the democraticinstitutionality. In our analysis, we focus both on economicand political, as well as on social, ethnic and politicalculture dimensions.

Key words: democracy – democratic consolidation –representation deficit – party system – elections –Bolivia.

Recibido: noviembre 2003. Manuscrito revisado aceptado: febrero 2004.

1 Este trabajo forma parte del Proyecto de Cooperación In-ternacional Nº 7020442 relacionado con el ProyectoFONDECYT Nº 1020442: “Sociedad andina, municipio yetnicidad en el norte de Chile”.

2 Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán,CER, Martínez de Navarrete 505, Frac. Las Fuentes, 59690Zamora, Michoacán. Email: [email protected]

3 SCA/FSW, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan1081c, 1081 HV Amsterdam. Email: [email protected]

WILLEM ASSIES, TON SALMAN

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ninguna protesta callejera de envergadura o nin-gún político que amenace rechazar los resultados.4

Las protestas y acusaciones menores sobre peque-ños fraudes en lugares de votación específicos notuvieron suficiente peso como para dañar la ima-gen de una democracia ordenada y “normal”.Puesto que ninguno de los candidatos obtuvo unamayoría absoluta, el nuevo presidente fue elegidopor el Congreso –tal como indican las reglas elec-torales en Bolivia– entre los dos primeros en lavotación, el candidato del MNR y anterior presi-dente, Gonzalo Sánchez de Lozada, y el candida-to del MAS y líder de los cocaleros, Evo Mora-les. La elección de Sánchez de Lozada tuvo lugarel 4 de agosto y dos días después él asumió lapresidencia por segunda vez.

Así, a primera vista, la democracia pareciera ha-berse establecido y consolidado en Bolivia. Sinembargo, si se mira más de cerca, la situación esmucho más compleja de lo que estas imágenes denormalidad sugieren. Hace ocho años, después detranscurridos 13 años de gobierno civil en Boli-via5, Mainwaring y Scully (1995: 19) clasificaronal sistema de partidos boliviano como incipientey débilmente institucionalizado, pero anotaron queéste estaba “mostrando algunas señales de estarlogrando mayor solidez”. El resultado de las elec-ciones indica claramente que ocurrió algo más queun desplazamiento “normal” de las preferenciaselectorales e hizo estragos con el sistema partida-rio. Uno de los tres partidos grandes, tradiciona-les y establecidos, ADN, no obtuvo ni el 4% de lavotación. El MIR, otro de los grandes, cayó a un

4 Para ser exactos, sí hubo uno: Manfred Reyes Villa, de NFR.Sin embargo, según la mayoría de los comentarios, su filí-pica reflejaba mezquindad y no era una acusación seria defraude. Reflejaba envidia, rabia y frustración por haber per-judicado él mismo su propia campaña debido a sus menti-rosas declaraciones públicas y conexiones con la SectaMoon; esto último provocó que muchos católicos optaranpor algún otro candidato.

5 Como tal, un verdadero logro en un país notoriamente ines-table que ingresó al Libro Guinness de Records con 188golpes de Estado en los 157 años entre 1825, el año de laIndependencia, y 1982, año en que se dio el retorno a losgobiernos civiles (Van Lindert y Verkoren 1994: 17). A lolargo del siglo XIX, el promedio de duración de los perío-dos presidenciales era de dos años y medio, para el período1900-1982 era de un año y 11 meses. De los 73 presidentesque tuvo el país desde 1825 hasta 1982, 33 gobernarondurante menos de un año (Lavaud 1991: 19).

cuarto lugar aunque manteniendo su votación es-table. De los dos partidos que habían surgido aprincipios de los ‘90 y parecían estar camino a suconsolidación, UCS perdió fuertemente, mientrasque CONDEPA fue virtualmente barrido del es-cenario. Su lugar fue parcialmente llenado por otropartido populista, NFR, dirigido por el anterioralcalde de Cochabamba, el Mayor Manfred Re-yes Villa. Este partido salió en tercer lugar, ape-nas derrotado por un margen de algunos cientosde votos por el segundo (Cuadro 1).

Para sorpresa de muchos, el izquierdista MAS, deEvo Morales, se convirtió en el nuevo número dos.Los planteamientos de Morales son vistos con totaldesprecio por la mayor parte de los partidos esta-blecidos. Y el partido que salió en quinto lugar,MIP, es dirigido por una persona que los otrosconsideran actúa en los márgenes de la legitimi-dad política, el líder campesino Felipe Quispe, elMallku.6 De este modo, dos partidos que obtuvie-ron una votación impresionante son liderados porpolíticos que cosecharon el desprecio y fuerondescalificados por los partidos que se consideran“establecidos” y “democráticos”. En los últimosaños, ellos se destacaron por las protestas fueradel Parlamento contra el gobierno de Banzer(1997-2002), contra las políticas neoliberales ycontra la presunta corrupción e incompetencia delos políticos “tradicionalmente elitistas”. Además,son partidos que expresan las voces del descon-tento indígena en Bolivia. El hecho de que estospartidos nuevos no sólo enfrenten la hostilidad“normal” de los oficialistas, sino se les niegueincluso su condición de ser los legítimos repre-sentantes de reivindicaciones de orden societal,sugiere que la democracia boliviana podría ser unrégimen profundamente defectuoso.

En este ensayo enfocaremos dos cuestiones. Enprimer lugar, pareciera que el sistema de partidosboliviano, en vez de moverse en la dirección deuna mayor solidez, estuviera pasando por un pro-ceso de profunda agitación que refleja las tensio-nes que se han ido acumulando en la sociedadboliviana en el transcurso de las pasadas décadas.El país se encuentra aún lejos de las aguas tran-quilas de la gobernabilidad democrática. En lostérminos propuestos por O’Donnell, el tránsito delos pasados 20 años hacia la consolidación e

6 Un título honorífico en los Andes.


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institucionalización de la democracia podría ha-ber sido ilusorio en la medida en que, aunque losrequisitos mínimos de una poliarquía pueden ha-berse satisfecho, no se ha logrado una transiciónposterior hacia un régimen democrático-represen-tativo consolidado. En vez de ello, el proceso pa-rece haberse detenido en lo que él llama “una si-tuación precaria e incierta” (O’Donnell 1999a,1999b). Con un razonamiento algo similar, Lazarte(2001: 360) ha planteado que, aunque los bolivia-nos tienden a aceptar la idea de que la democra-cia es la mejor forma de gobierno, se encuentranpoco contentos con la democracia boliviana talcomo existe en la realidad.7 Por su parte,Whitehead (2001: 12) sugiere que Bolivia es unpaís con “un conjunto de estructuras y prácticasque ubican a la autoridad fuera del régimen de-mocrático”. El presente artículo examina las ten-siones reflejadas en el trastorno del sistema departidos boliviano y muestra que en años recien-tes el punto de ruptura puede no haber estado muylejos, aunque hasta el momento se preservó la“institucionalidad”. De modo marginal, consideratambién el tema de las incursiones realizadas porlos “partidos étnicos” (Van Cott 2004). Este enfo-que (ver Assies y Salman 2004) no es central enel presente ensayo, pero es un aspecto significati-vo del desorden de la democracia en Bolivia quesí se aborda.

En segundo lugar, necesitamos reflexionar sobrela significación de la experiencia boliviana parael debate acerca de la consolidación democrática.La redemocratización en Latinoamérica durantelos años ‘70 y ‘80 fue ampliamente bienvenida yaplaudida pero también produjo desaliento ydesilusión, puesto que sólo muy puntualmente seconcretaron algunas esperanzas relacionadas conlos procesos de democratización. Ello provocórenovados esfuerzos por conceptualizar la metade una “auténtica” consolidación democrática(O’Donnell 1999b; Diamond y Plattner 1996;Haynes 2001; Harto de Vera 2000; Schor 2001).Estos esfuerzos muestran diferentes acentos quevan desde los enfoques neoweberianos sobre losrasgos religiosos-culturales como sine qua non delcapitalismo y la democracia, pasando por el im-perativo del imperio de la ley (Schor 2001) y ellistado de las precondiciones necesarias en loscampos de la alfabetización, la mitigación de lasbrechas socioeconómicas extremas y la industria-lización como la única manera posible de produ-cir la riqueza requerida para sostener la estabili-dad democrática, hasta llegar finalmente a losenfoques sobre el nacimiento y arraigamiento delos valores culturales que sostienen el sistemademocrático como única forma legítima de reso-lución de los conflictos societales (Ninou Guinot2000: 126). Susceptible de probarse empíricamen-te es la sugerencia hecha por Huntington (1991)de definir la consolidación por la “prueba deldoble retorno”: si un partido pasa, en eleccionesconsecutivas, del gobierno a la oposición y luego

PARTIDO/FRENTE 1985 1989 1993 1997 2002

MNR 26.4 23.0 33.8 18.2 22.5AP (ADN/MIR) 20.3ADN 28.6 22.7 22.3 3.4MIR 8.9 19.6 16.8 16.3CONDEPA 11.0 13.6 17.2UCS 13.1 16.1 5.51MBL 5.1 3.1IU 0.7 7.2 0.9 3.7PS-1 2.2 2.8 0.7NFR 20.9MAS 20.9MIP 6.1MRTKL 2.2LyJ 2.7

Votos válidos 1.728.363 1.573.790 1.731.309 2.177.171 2.778.808

Cuadro 1. Elecciones nacionales 1985-2002. Fuentes: Dunkerley (2000: 44); Gamarra y Malloy (1995: 432); Yaksic y Tapia (1997);Corte Nacional Electoral www.cne.org.bo. El partido que al final obtuvo la presidencia tiene los porcentajes señalados en negrita. Parauna lista de siglas véase el Anexo 1.

7 Revisar también The Economist (17/08/02, pp. 41-42).


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otra vez al gobierno, un sistema político ha pasa-do la prueba.

Sin embargo, contra una propuesta así de simplela mayoría de los teóricos señala la necesaria co-rrelación entre la evolución de la sociedad yaquella de las instituciones para el logro de laconsolidación. Ninou Guinot (2000) aborda lacuestión de la consolidación desde un enfoqueprocesual, enfatizando el simultáneo “robusteci-miento” gradual de las instituciones y procedi-mientos, y afianzamiento gradual de la legitimi-dad social de los gobiernos. Alude así a un dobleproceso: el fortalecimiento y consolidacióninstitucional están estrechamente relacionados conla confianza creciente en las prerrogativas de es-tas instituciones y su capacidad para resolver losasuntos de una manera pacífica y equitativa. Di-cho de otra manera, se trata de procesos dentrodel Estado y en la sociedad que se refuerzan mu-tuamente. Desde su punto de vista, existenprecondiciones específicas para que tal cosa ocu-rra, no todas las cuales han sido satisfechas enLatinoamérica. En primer lugar, se necesita unaaceptación de los resultados electorales así comoun respeto de los derechos y la legitimidad de laoposición; lo que otros autores han denominadode “oposición leal” en contraste a la oposición“antisistémica”. En segundo lugar, en la actuali-dad latinoamericana, Ninou Guinot (2000: 145)observa que existe todavía una muy difundida“semilealtad” a la legalidad, tanto entre los gru-pos gobernantes como entre la oposición. En ter-cer lugar, la intromisión de las fuerzas armadasen los procesos políticos es una cuestión aún pen-diente. Además, los factores socioeconómicos soncruciales. Los altos niveles de pobreza y desigual-dad afectan a la larga el apoyo a la democracia.Unos plantean una suerte de disyuntiva, argumen-tando que mientras que la democracia implicatomar en cuenta los intereses de la mayoría, lagobernabilidad implica tomar en cuenta los inte-reses de los grupos de poder. Sin embargo, comoveremos, el caso boliviano demuestra que la ex-clusión de la mayoría al final es contraproductiva.Adicionalmente, se necesita un sistema de parti-dos que sea sólido, es decir, todos los partidosdeben respetar los procedimientos democráticosindependientemente de su posible frustración elec-toral o su percepción de amenazas a los interesesde sus representados. Finalmente, se necesita deun Estado capaz para influir en el proceso econó-mico y la distribución de recursos e ingresos a fin

de fomentar una confianza en que el Estado pue-da impulsar una política “diferente”. Al revisartodas estas y algunas otras condiciones previas,Ninou Guinot llega a la conclusión de que variascosas no están yendo tan mal como podría haber-se esperado: el conflicto social es menos violentode lo que fue anteriormente, el rechazo a los sis-temas democráticos por los partidos u otros acto-res políticos ha sido escaso y, aunque el rendi-miento económico ha sido débil, se ha podidocontrolar en gran medida la inestabilidad moneta-ria. Con todo, la consolidación democrática es unenorme desafío. Desde su punto de vista, la me-jor forma de describir la situación actual seríahablando de una “consolidación parcial” (NinouGuinot 2000: 148).

Con un enfoque similar, Diamond (1996) percibela necesidad de un proceso de dos vías para sos-tener la consolidación democrática: por el ladodel Estado y el de la sociedad civil. En el ámbitode la sociedad civil, se necesita lograr condicio-nes previas cruciales para la consolidación demo-crática: su independencia (pero no alienación) delEstado, su función de fiscalización en relación conéste, y una “vida asociativa plena” (Diamond1996: 230) que incentive las habilidades demo-cráticas de los ciudadanos, así como la toleran-cia, moderación, disposición para llegar a acuer-dos y respeto por los puntos de vista opuestos.Adicionalmente, la sociedad civil puede crear ca-nales, distintos a los partidos políticos, para laarticulación, agregación y representación de losintereses sociales, con el resultado de una mayorparticipación, no siendo menor la de nivel local(Diamond 1996: 231). Resumiendo los principa-les puntos de su análisis, Diamond afirma que:

“[A]l ampliarse la obligación de rendir cuentas(accountability), la capacidad de respuesta, lainclusión, efectividad y, por ende, la legitimidaddel sistema político, una sociedad civil vigorosabrinda a los ciudadanos respeto por el Estado yun compromiso positivo con el mismo. Al final,esto mejora la capacidad del Estado para gober-nar...” (1996: 234).

Sorprendentemente, sin embargo, añade que “elsolo factor más importante y urgente en la conso-lidación de la democracia no es la sociedad civilsino la institucionalización política” (1996: 238).Esto suena contradictorio pero, en la perspectivade Diamond, tiene sentido porque la adhesión de


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los ciudadanos a la democracia y las leyes depen-de del desempeño de las instituciones estatales.La consolidación, entendida como “el proceso porel cual la democracia se vuelve tan amplia y pro-fundamente legítima... que es muy improbable suruptura” (1996: 238), descansa en la capacidadinstitucional para “asegurar que el gobierno esta-rá en condiciones de formular e implementar al-gún tipo de políticas, en vez de simplemente on-dear por ahí, impotente y sin salidas” (1996: 239).La idea de un proceso de dos vías que se entrela-zan emerge nuevamente de estas consideraciones:la consolidación democrática es un proceso en queel control efectivo y la participación capaz de lasociedad, “vigilancia y lealtad” (1996: 239),interactúan con la capacidad de implementacióny el vigor institucional del Estado.

Por su lado, Linz y Stepan (1996) hacen la distin-ción entre los criterios de comportamiento, lasactitudes y las estipulaciones constitucionales ne-cesarias para considerar una democracia como“consolidada”. El primer punto se refiere a la au-sencia de actores de peso que buscan derrocar elproceso democrático; el segundo implica que to-dos están convencidos de que la democracia es la“mejor vía”, y el tercero se refiere a la aceptacióndel imperio de la ley y los procedimientos de-mocráticos por todos los actores significativos.

En la literatura sobre la consolidación que aquíhemos revisado se específica poco el grado en quela soberanía y participación popular se encuen-tran delimitadas; tampoco se analiza el proceso através del cual los criterios enumerados podrían ala larga satisfacerse. Este tiende a ser el problemaen muchos de los argumentos sobre el tema: elproceso mediante el cual “los patrones ad hoc decomportamiento orientado hacia la democracia(…) se convierten a la larga en los cánones acep-tados” (Haynes 2001: 37) es algo asumido antesque analizado o desglosado en sus partes consti-tuyentes. Haynes distingue entre normas, institu-ciones y derechos como condiciones previas parala consolidación democrática y trata de establecerel conjunto de factores de los cuales dependen lasposibilidades de la consolidación democrática.Estos factores se dividen en políticos, económi-cos e internacionales. Sin embargo, su elabora-ción tiende otra vez a caer en un argumentotautológico, como se puede ver claramente en lasformulaciones que realiza acerca de estos facto-res cuando señala a “una cultura política pro-de-

mocrática” (ver Salman 2002), “unas formas desociedad política y civil conducentes a la demo-cracia”, “un crecimiento económico sostenido,distribuido más o menos en forma equitativa” ysimilares (Haynes 2001: 44-49), como condicio-nes indispensables para lograr una democraciaestable.

No es éste el lugar para discutir todas las comple-jidades de (las condiciones previas y los elemen-tos de edificación de) la consolidación democrá-tica. Lo que podemos aprender de lo anterior esque la lista de “condiciones previas necesarias”para la consolidación tiene un valor analítico perono ayuda mucho en virtud del hecho de que estascondiciones necesarias son resultados así comorequisitos previos en un proceso sin causas y con-secuencias unívocas. La “consolidación” sólo sepuede validar como un proceso y como un conti-nuo desacuerdo acerca de los contenidos de unorden democrático.

Hemos de argumentar que los resultados de laselecciones bolivianas de 2002 no reflejan simple-mente el descontento con el gobierno precedentede Hugo Banzer, el “dictador elegido” (Sivak2001), cuyo período lo concluyó el vicepresiden-te Jorge “Tuto” Quiroga después que Banzer fue-ra diagnosticado con cáncer y renunciara en agostode 2001. Por cierto, la implosión de ADN y UCSrefleja seguramente el descontento con un gobier-no específico. Por otro lado, el MIR, que tambiénparticipó en la “megacoalición”, salió relativamen-te ileso. Nuestro análisis indica que el segundobanzerato y su desgobierno son sólo una parte dela historia.

Proponemos que para entender los resultados delas elecciones de 2002 se requiere un análisis delretorno a la democracia en 1982 y del giro haciael neoliberalismo en 1985. Las protestas popula-res que se dieron a partir de 1999 ayudan a expli-car buena parte del resultado electoral, y un aná-lisis más minucioso revela que no solo estuvierondirigidas contra un gobierno particular8, sino tam-bién contra un “modelo de desarrollo” impuestoen 1985. Al mismo tiempo, ellas revelan las ca-

8 Aunque las protestas fueron alimentadas sin duda por el he-cho de que el gobierno de Banzer se caracterizó por el hábi-to vigente de la politiquería, el fraude sofisticado, pugnas alinterior de las facciones políticas, y cosas por el estilo.


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racterísticas y problemas del régimen político for-malmente democrático de Bolivia y sugieren queel Estado ha pretendido, de modo sistemático yprobablemente deliberado, excluir a grandes sec-tores de la población del control y la participa-ción genuinos. Esto señala un déficit de “consoli-dación”, especialmente en relación con la “obli-gación de rendir cuentas, capacidad de respuesta,inclusión, efectividad y, por tanto, legitimidad delsistema político” (Diamond 1996: 234).

En el siguiente acápite presentaremos primero unarevisión muy sucinta de la historia política deBolivia desde 1982, el año en que la democraciafue restituida. Resaltamos la “doble transición” deBolivia. Al tiempo que el país se volvía formal-mente democrático, desde 1985 adoptaba tambiénun marco de política económica neoliberal y, des-pués de 1993, una serie de reformas de “segundageneración” fueron introducidas para completarlas medidas de ajuste adoptadas en 1985. En lasegunda parte del acápite nos concentramos en elsegundo gobierno de Banzer, de 1997 a 2002, ymostramos su incapacidad para impedir que lascondiciones económicas siguiesen empeorando.Esta ineptitud, combinada con la arrogancia ycorrupción desvergonzada, características del se-gundo banzerato, constituyó el trasfondo del cre-ciente descontento social que analizaremos en latercera parte de este artículo. Allí revisaremos al-gunos de los episodios más importantes de con-flicto social. La forma en que el gobierno respon-dió a estas protestas es reveladora del “déficit derepresentación” que caracteriza al Estado formal-mente democrático de Bolivia. El descontento re-primido frente a una clase política indiferente,inepta y además totalmente corrupta (Salman2000a) explica el creciente apoyo a los políticos“antisistémicos”. Luego, esbozamos el desarrollodel sistema de partidos boliviano y, particularmen-te, damos cuenta del clima político en que algu-nos de los protagonistas de las protestas sociales,tales como el líder del MAS, Evo Morales y delMIP, Felipe Quispe, se convirtieron en alternati-vas atractivas para el electorado. A éste le sigueun acápite final donde buscamos conectar nuestrarevisión del desarrollo de la política boliviana yel sistema de partidos con algunas de las nocio-nes teóricas sobre la consolidación democráticaque hemos introducido anteriormente.

La mayor parte de este texto fue escrito en losmeses inmediatamente posteriores a las eleccio-

nes de 2002. En febrero de 2003, Bolivia se con-virtió de nuevo en escenario de enfrentamientosdramáticos entre movimientos de protesta y lasfuerzas del “orden”. En vista de estos aconteci-mientos hemos añadido un epílogo que describelos desafíos que enfrenta el actual gobierno y lasdecisiones que llevaron a la violenta convulsiónde febrero de 2003.

Bolivia en transición: Una revisión

Cuando el primer Banzerato (1971-78) se habíacerrado con la renuncia de Hugo Banzer, Boliviaingresó a un proceso de transición democráticaparecido a una montaña rusa con caídas abruptascomo las dictaduras de Alberto Natush Busch yLuis García Meza (Whitehead 1994). Al final, en1982 se había instalado un gobierno sostenido porla coalición de centro-izquierda Unidad Democrá-tica Popular (UDP). Estuvo presidida por HernánSiles Zuazo, uno de los veteranos de la Revolu-ción de 1952, quien tuvo que enfrentar la tarea deadministrar una economía virtualmente en banca-rrota y satisfacer las demandas populares repri-midas. El gobierno de la UDP intentó relanzar elmodelo económico nacional-revolucionario insta-lado en 1952 pero este intento terminó en fracasorotundo. La inflación se convirtió en hiperinflacióny el descontento social estaba que hervía. Final-mente, con un dramático gesto de renuncia, Silesse hizo a un lado y convocó a elecciones un añoantes de terminar su mandato constitucional. Lesucedió otro veterano de la Revolución, Víctor PazEstenssoro (1985-1989), el Jefe del MNR quien fueelegido presidente por el Congreso con el apoyode ADN, el partido fundado por Hugo Banzer des-pués de renunciar a su período dictatorial. AmbosMNR y ADN firmaron un Pacto por la Democra-cia. A fines de agosto de 1985, el gobierno de PazEstenssoro introdujo una Nueva Política Econó-mica (NPE), a través del Decreto 21060, que con-sistió en un duro tratamiento de shock; decretoque se convertiría en blanco emblemático de lasprotestas sociales del final de los ‘90.

Entre muchas otras medidas, los despidos masi-vos de mineros y otros empleados públicos, lle-vados a cabo a pesar de las protestas, marcaron laderrota de la antaño poderosa Central ObreraBoliviana (COB). Un efecto adicional de la libe-ralización comercial fue la inundación de losmercados bolivianos con mercancías importadas


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baratas, lo cual determinó el cierre de muchasfábricas grandes y medianas. Debe señalarse queel relativo éxito macroeconómico de la NPE esta-ba relacionado con el hecho de que el paqueteeconómico facilitó el lavado de narcodólares. Lacocaína se convirtió en el principal producto deexportación del país (Laserna 1997: 177).

Jaime Paz Zamora (MIR), también nuevamentecon la ayuda de la ADN de Banzer, fue presiden-te de 1989 a 1993. Su gobierno continuó en loesencial las políticas de ajuste pero la nueva coa-lición mostró poca coherencia en sus políticaseconómicas; la ausencia de crecimiento económi-co le restó apoyo popular. Además, la corrupciónera generalizada e, internacionalmente, el gobier-no se volvió sospechoso de estar involucrado conel narcotráfico.9

Las elecciones de 1993 resultaron en un gobiernodel MNR encabezado por Gonzalo “Goni”Sánchez de Lozada (1993-97), acompañado deVíctor Hugo Cárdenas como su vicepresidentegracias a una sorprendente alianza entre el MNRy uno de los pequeños partidos kataristas, elMRTK-L (Albó 1994).10 Cárdenas se había trans-formado en un líder indígena más intelectual ypor tanto más digerible para el electorado mesti-zo, que abanderó la causa del pluriculturalismoy la multietnicidad. Esta alianza era sorprenden-te no sólo por el matrimonio derecha/izquierda,sino también porque el MNR había tradicional-mente negado o simplemente ignorado el elemen-to étnico en la política boliviana. El decreto delreemplazo de la palabra “indio” por aquella de“campesino”, después de la Revolución de 1952,había sido obra suya y, de modo más general, elpartido representaba una doctrina más naciona-lista que multicultural. Pero el MNR había cam-biado, se había abierto a las ideas en torno a ladescentralización, participación y multicultura-lidad11, y estaba listo para implementar una “se-

gunda generación” de reformas neoliberales que,entre otras cosas, apuntaba a la modernización delaparato estatal. Las reformas iniciadas por el go-bierno de Sánchez de Lozada se enmarcan dentrodel cuadro que Hale (2002) ha caracterizado como“multiculturalismo neoliberal”; un multicultura-lismo que acepta un paquete mínimo de derechosculturales pero igualmente rechaza de manera vi-gorosa las implicancias más profundas delmulticulturalismo y de las demandas indígenas.

Después de las elecciones, el gobierno del MNRfirmó un “pacto de gobernabilidad” con la UCS,mientras que, por otra parte, llegaba a un acuerdocon el pequeño MBL, asegurándose así un sufi-ciente respaldo parlamentario. La conformaciónde esta coalición entre un núcleo de tecnócratasneoliberales ligados al MNR y reformistas delMBL y MRTK-L dio lugar a una mezcla de polí-ticas orientadas por un “reformismo socialneoliberal”. Entre las reformas destacables estabala “capitalización”, la variante boliviana deprivatización de las empresas públicas que fueronconvertidas así en empresas mixtas donde el 50%de sus activos había sido vendido en el mercadode capitales; una medida que además estuvo liga-da a la reforma del sistema de pensiones. Otrareforma importante fue introducida mediante laLey de Participación Popular de 1994. Esta leyimplicaba una amplia reestructuración y descen-tralización de la estructura político-administrati-va del país a través de una revalorización del que,hasta entonces, había sido un intrascendente nivelmunicipal de gobierno. La participación de losgobiernos locales en el total de la inversión pú-blica subió de aproximadamente 9% en 1994 hastacerca de 25% a finales de la década de 1990,mientras que la participación del gobierno centralbajó de 65% a 29%. Al mismo tiempo, esta leypretendió incorporar a la población indígena deBolivia mediante el reconocimiento de las autori-dades tradicionales y el otorgamiento de estatuslegal a las comunidades campesino-indígenas y

9 En 1997, uno de los hombres fuertes del MIR, Oscar EidFranco, fue sentenciado a cuatro años de prisión por com-plicidad con narcotraficantes. Retiraron la visa de ingresode Jaime Paz Zamora a los Estados Unidos, sin embargo,la misma le fue renovada en mayo de 2001.

10 Para una revisión de movimientos de los pueblos indígenasen Bolivia, ver también Assies (2000) y Van Cott (2000).

11 Sin embargo, la adhesión a la multiculturalidad parece ha-ber sido poco profunda. En alguna medida, fue un artificio

para atraer electores que darían su voto al MIR o CONDEPA.La designación de Víctor Hugo Cárdenas se debió, en buenamedida, al resultado de un estudio de mercado en el ámbitopolítico. La dedicación de los neoliberales al multicultu-ralismo se encuentra inmersa en sus enfoques sobre la des-centralización y un tipo particular de participación, enfo-ques que a menudo son contrarios a las aspiraciones de losmovimientos de los pueblos indígenas (Calla 2000).


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los pueblos indígenas, así como a las organiza-ciones vecinales (Calla 2000). La reforma del sis-tema educativo se orientó hacia una educaciónparticipativa, intercultural y bilingüe. En 1996, seintrodujo una nueva legislación agraria y forestal.La reforma de la Constitución en 1994 no sola-mente reconoció la composición multiétnica de lasociedad boliviana sino que allanó el camino paralas reformas de los sistemas judicial y electoral.La reforma promulgada en 1996 creó 68 distritosuninominales para la elección de una parte de losrepresentantes en la Cámara de Diputados. Aun-que la reforma pretendía fortalecer el actual siste-ma de partidos y reforzar su control de la políticalocal, tuvo el efecto imprevisto de abrir un res-quicio para el ingreso de nuevos partidos. Esteefecto se vio claramente en las elecciones de 2002.Pero antes, se dio el retorno de Banzer a la Presi-dencia.

El segundo “Banzerato”

El gobierno de “Goni”, acusado de ser “duro”,preparó el terreno para el gobierno de lamegacoalición de Banzer que asumió el poder en1997 careciendo de cualquier programa definido.En la primera sesión de su gabinete realizada el16 de agosto, al inicio de su mandato de cincoaños12, el presidente propuso lo que llamó los“Diez Mandamientos” de su gobierno: adhesiónestricta a la ley, respeto al ciudadano, prohibiciónal uso indebido de la propiedad estatal, austeri-dad, disciplina, sobriedad, sentido de autocrítica,modestia, convivencia democrática, honestidad(Sivak 2001: 74-75). En los hechos resultó que lamayoría de estos mandamientos fueron incumpli-dos. El vicepresidente Jorge Quiroga asumió latuición las políticas económicas y asistió a lasreuniones con las agencias financieras multila-terales. Al interior, los socios de la megacoalicióndisputaban por cuotas de poder, anticipando otrorasgo persistente de ese período de gobierno.

Todos los planes del gobierno para “reactivar” laeconomía no lograron revertir las tendencias dedepresión económica, en parte debido a que elgobierno perdía credibilidad rápidamente y era

lento en ejecutar sus planes. La agudización delos conflictos sociales, la “guerra del agua” enCochabamba (sobre la cual hablaremos más ade-lante) y los bloqueos de caminos por los cocalerosy campesinos de muchos lugares del país en abrily “septiembre negro”, empeoraron las cosas. Apar-te de que las protestas populares habían caracteri-zado al 2000, a fin de año los empresarios, espe-cialmente del oriente, se pusieron crecientementeintranquilos, e inclusive, empezaron a cuestionaral modelo económico y amenazar con la “resis-tencia civil”. En vista de este nuevo desafío, elgobierno empezó un diálogo con ese sector y, enmarzo de 2001, llegó a un acuerdo en el que seprometieron medidas complementarias, la mayorparte en el área de reprogramación de deudas yreducción de impuestos. Los analistas observaronque las medidas podrían ser bastante beneficiosaspara un pequeño grupo, pero fracasaban en enca-rar las cuestiones fundamentales como el empleoo las serias dificultades de los pequeños produc-tores; los intereses de la mayoría fueron sacrifi-cados en beneficio de los grupos de poder. Ade-más, el acuerdo incluía cláusulas sobre la habili-tación de los campesinos para que puedan utilizarsus tierras como garantía, una propuesta plantea-da insistentemente por los agroempresarios y du-ramente rechazada por las organizaciones campe-sinas.

Los millones de bolivianos que sufrieron las se-veras consecuencias de la crisis y las medidasincapaces de contrarrestarla nunca tuvieron unaoportunidad de participar en algún diálogo sobrelas causas y los remedios para la situación que seatravesaba en Bolivia. A medida que la crisis seprofundizaba y los ingresos reales de la mayorparte de la población se hundían, surgieron pedi-dos de renuncia del presidente Banzer, entre otrosdel líder del MNR, Sánchez de Lozada. Banzerrechazó vehementemente la idea y estaba decidi-do a terminar su período de cinco años. No iba aser así. En junio de 2001, le diagnosticaron cán-cer y, a pesar de sus intentos iniciales de aferrar-se al poder, decidió bajarse de la silla presiden-cial en agosto de 2001.13 Jorge “Tuto” Quiroga,quien por entonces escasamente hablaba con

12 La reforma constitucional de 1994, ratificada en febrero1995, había alargado el período presidencial de cuatro acinco años.

13 Por supuesto, su muerte relanzó los debates acerca de susignificación en la reciente historia boliviana, en la medidaen que fue presidente dos veces, primero como dictador y,muchos años después, como presidente constitucional. La


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Banzer, ascendió a la presidencia y anunció su Plande Doce Meses para reactivar la economía, que erabásicamente un resumen y condensación de laspolíticas implementadas hasta entonces(reprogramación de deudas y fortalecimiento de lasinstituciones financieras, distribución de los benefi-cios de la capitalización, pago del BOLIVIDA –quesustituyó al Bonosol– y la devolución de los apor-tes al fondo de vivienda, más la reprogramaciónde las finanzas municipales) a ser cubiertas conel gasto acelerado de los ingresos por exportacio-nes de gas al Brasil y complementadas mediantela incorporación de microempresas en el mante-nimiento de la red de carreteras a fin de generarempleos temporales.

Convulsiones sociales y diálogo en medio delas balas

Las protestas no habían estado ausentes en losprimeros años del gobierno de Banzer. Sin em-bargo, el año 2000 fue un punto de inflexión.Revisaremos aquí el conflicto más destacado queexplotó ese año, en la medida en que fue un indi-cador del déficit del sistema de partidos estable-cido en Bolivia y el fracaso de la mediación polí-tica –un “déficit de representación”– y ayudará aexplicar los resultados de las elecciones de 2002.Después de examinar este conflicto “ejemplar”sobre el agua en Cochabamba14, nos abocaremosa varios otros actores contestatarios significativos.Por razones de espacio, dejaremos de lado losbloqueos organizados principalmente por los cam-pesinos indígenas del altiplano y los conflictos porla tierra y los territorios indígenas en los llanosdel oriente y, en su lugar, nos iremos a los con-flictos sobre la erradicación de cocales. Tanto elasunto de los conflictos y actores que abordamoscomo aquellos que omitimos, forman historiasparalelas: son encendidas por otras protestas, sedesarrollan sincrónicamente o en parte se yuxta-ponen. Al mismo tiempo, compiten por la prima-cía, por la atención de los gobiernos, por la capa-

cidad de movilización y a veces se enfrentan en-tre ellas sobre demandas específicas y sobre prio-ridades. Pero su similitud se encuentra en su acu-sación contra un Estado que perciben como“autista” en relación a los problemas que ponensobre el tapete.

La Guerra del Agua en Cochabamba

Desde hace varias décadas el agua ha sido un bienescaso en Cochabamba y ha provocado disputasentre el Municipio y las áreas rurales que la ro-dean que se vieron afectadas por la perforaciónde pozos profundos para proveer de agua a la ciu-dad. Desde hace décadas también había una solu-ción en los papeles: el proyecto MISICUNI quetraería agua a la región desde el área de recolec-ción de Misicuni, a través de un sistema de túne-les y acueductos, y de paso generaría electrici-dad. En las mentes de muchos cochabambinos,MISICUNI había adquirido un aura mágica en eltranscurso de los años y en varias ocasiones semovilizaron para presionar por su implementación.Sin embargo, se trataba de un proyecto costoso y,según el Banco Mundial (1999), un “elefante blan-co”. De todos modos, las soluciones alternativaspropuestas por el gobierno de Sánchez de Lozadahabían sido rechazadas. Hacia el final de su go-bierno, Sánchez de Lozada propuso una puja abier-ta por MISICUNI y vincularla con la privatizaciónde la ineficiente empresa municipal de aguaSEMAPA, a objeto de incrementar su rentabili-dad futura. Este proceso de puja empezó duranteel gobierno de Banzer. Algunas empresastransnacionales se mostraron inicialmente intere-sadas pero retrocedieron después de examinar lascondiciones y sólo un consorcio, Aguas del Tunari,continuó mostrando interés. Las autoridades die-ron brazo a torcer frente a la mayoría de las con-diciones planteadas por el consorcio, lo que sig-nificó reducir drásticamente el proyecto inicial,flexibilizar los términos del contrato y permitirun duro incremento en las tarifas de agua, hastaque, en septiembre de 1999, el contrato fue fir-mado.

Por otro lado, el gobierno tramitó en noviembreuna ley de agua potable y saneamiento básico enel Congreso, aunque una Ley General de Aguasque debía proporcionar el marco para esa legisla-ción secundaria era controvertida y todavía esta-ba siendo debatida. La nueva ley introdujo un sis-tema de concesiones por 40 años para las áreas

mayor parte de las apreciaciones no fue positiva. Para mu-chos, Banzer terminó como un presidente que será recorda-do por promover la corrupción y prebendalismo a nivelesinauditos y por no haber dejado ningún legado político quevalga la pena conmemorar en el transcurso de su “repechaje”democrático.

14 La “guerra del agua” se analiza en detalle en Assies (2001y 2003) y en Nickson y Vargas (2002).


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en que se esperaba que la provisión de agua fuerarentable. El otorgamiento de tales concesionessería llevado a cabo por una Superintendencia, cuallegado del gobierno de Sánchez de Lozada que,siguiendo los lineamientos de las agenciasmultilaterales, había introducido estas entidadespara reglamentar aquellos sectores con tendenciaa constituir monopolios naturales. Las Superin-tendencias funcionan como autarquías y dispen-san al Estado de involucrarse directamente en laadministración de los recursos. Se esperaba queen 41 ciudades la provisión de agua sería rápida-mente transferida a concesionarios privados. Dehecho, la ley de agua potable y saneamiento bási-co legalizó de este modo el contrato con el con-sorcio de Aguas del Tunari.

La oposición al contrato provino primero de lossectores de clase media como los ingenieros, abo-gados y algunos ambientalistas quienes organiza-ron un Comité para la Defensa del Agua y la Eco-nomía Popular. Entre otras críticas, ellos denun-ciaban que el contrato permitía una dura eleva-ción de las tarifas que podría alcanzar a 180% enalgunos sectores de la población. La oposición sehizo mayor cuando al Comité se unió el sindicatode los trabajadores fabriles, los bien organizadosregantes del valle de Cochabamba y los comitésurbanos de abastecimiento de agua que maneja-ban pozos cooperativos, ya que el sistema deSEMAPA sólo cubría parte del área urbana.15 Lanueva agrupación adoptó el nombre de Coordina-dora para la Defensa del Agua y la Vida.

Cuando a principios de enero de 2000 las factu-ras de agua empezaron a llegar a manos de lapoblación, incorporaban en efecto drásticos incre-mentos en las tarifas de hasta 150% en algunoscasos. De hecho, a la población se le estaba ha-ciendo pagar por adelantado las promesas de me-joras futuras en el abastecimiento de agua. Almismo tiempo, se llegó a saber que el contratopermitía que Aguas del Tunari instale medidoresen los pozos perforados por las cooperativas y lospropietarios privados. Entonces empezó un movi-miento de protesta en que la Coordinadora y el

Comité Cívico, intentando este último recuperarterreno tras haber celebrado el contracto conAguas del Tunari en 1999, rivalizaban por la he-gemonía. Esto derivó en una serie de protestasque enfrentó una dura represión por parte de ungobierno que estaba más preocupado con el cli-ma de inversiones que con la economía popular.Violentas batallas callejeras sacudieron la ciudada comienzos de enero y febrero hasta alcanzar elclímax en los primeros días de abril, cuando lasprotestas llegaron a involucrar prácticamente atoda la población que salió a bloquear, inclusivelas calles de barrio. Los enfrentamientos con lasfuerzas armadas ocasionaron muchos heridos y fuemuerto un adolescente, muy probablemente porun francotirador del ejército vestido de civil.16

Los enfrentamientos en Cochabamba estuvieronentre las razones por las que el gobierno declaróun Estado de Sitio el 8 de abril. En la víspera, laIglesia y otros mediadores habían organizado unencuentro entre la Coordinadora, el Comité Cívi-co, autoridades municipales y una delegación deMinistros a realizarse en la Prefectura deCochabamba. Sin embargo, para consternación delos mediadores, en vez de que arribaran los mi-nistros llegó un contingente policial que arrestó ala delegación de la Coordinadora, la cual fue pues-ta en libertad al día siguiente. En todo el país, loslíderes de las protestas en curso fueron arrestadossiendo 22 de ellos deportados a San Joaquín, la“Liberia” boliviana en el Departamento tropicaldel Beni.

Los arrestos no sólo fracasaron en dispersar lasmovilizaciones, también tuvieron un efecto con-trario porque dieron nuevo impulso a las protes-tas que, finalmente, obligaron al gobierno a ce-der. El contrato con el Consorcio Aguas del Tunarifue cancelado, la ley de agua potable y saneamien-to básico fue sustancialmente modificada con unarápida gestión ante el Congreso, y el abastecimien-to de agua en la ciudad fue devuelto a SEMAPAcon un nuevo Directorio que incluía “independien-tes” ligados a la Coordinadora. La Coordinadoraproclamó que después de 15 años de derrotas delmovimiento popular había revertido la tendencia

15 Aparte de tales pozos, a menudo perforados con la ayudade ONGs o la Iglesia, los camiones cisternas son tambiénimportantes para el abastecimiento del agua a los sectoresmás pobres de la población, los mismos que con seguridad,son un negocio rentable.

16 El gobierno negó que francotiradores hubiesen estado tra-bajando, incluso a despecho de las escenas de video quemostraban claramente lo contrario y que fueron difundidaspor la red de televisión P.A.T.


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y obtenido una victoria sobre el neoliberalismo yel capital transnacional. Más tarde buscó trans-formarse en un movimiento de oposición, la Coor-dinadora de Movilizaciones Unica Nacional (CO-MUNAL), asumiendo como su tarea varios recla-mos de usuarios de servicios públicos así comoasuntos laborales. Esto sugiere el modo en que elvacío dejado por la desarticulación de la COBpodría ser llenado por un nuevo tipo de organiza-ciones que ya no están enraizadas estrictamenteen el lugar de trabajo sino también en el barrio(Kruse 2002).

Varios aspectos del contexto de la guerra del aguadeberían tomarse en cuenta. En primer lugar, lamanera en que el gobierno ignoró las primerasprotestas, recurriendo entonces a una represióndura y, al final, firmando acuerdos que no estádispuesto a llevar a cabo; una dinámica queLaserna (1999) ha caracterizado como “negocia-ción forzada”.

En segundo lugar, y relacionado con lo primero,debería indicarse que el gobierno negó legitimi-dad a la Coordinadora como interlocutor válido.En vez de ello, en el curso de las protestas elgobierno buscó negociar con el Comité Cívico, elmismo que –aunque nominalmente de base am-plia– representa en gran medida al sector empre-sarial y a algunos notables. Esta actitud fue justi-ficada señalando los artículos de la Constituciónboliviana que definen solamente a los partidospolíticos y grupos cívicos con “personalidad re-conocida” como los canales legítimos de partici-pación. La posición del gobierno respecto a estacuestión es sintomática de la falla inherente alsistema. Tanto la legislación como las actitudes yposiciones asumidas por sus funcionarios mani-fiestan una grieta entre el sistema político y lasvoces y demandas de la sociedad. El menospre-cio a la legitimidad de todas las objeciones a lasdecisiones gubernamentales que no estén formu-ladas por entidades oficialmente reconocidas,como pretende el oficialismo, delata el carácterexcluyente de la política. A su vez, los manifes-tantes descubren que la única manera de hacerque el gobierno “pise tierra” es presionándolo conmedios que rebasan los canales formalmente re-conocidos. Esta rutina es ilustrativa de una regu-laridad en que la falta de respuesta del sistemapolítico socava la consolidación democrática, de-bido a que bloquea un elemento fundamental detal régimen: la representación de las preocupacio-nes de la sociedad y la heterogeneidad en la esfe-

ra de la deliberación política y toma de decisio-nes.

La Coordinadora no tenía “personería jurídica re-conocida” pero contaba con amplio apoyo y legi-timidad en la población. Este es un caso queejemplifica lo que Habermas (1992: 237) ha de-nominado “la opinión pública como una ficciónde la ley constitucional”. Se ignora y puede repri-mir a la opinión pública que no está canalizadasegún los preceptos constitucionales. Sin embar-go, el gobierno se vio finalmente obligado a ne-gociar con la Coordinadora como resultado de lasprotestas masivas y prolongadas, una dinámica queencaja en el concepto de “negociación forzada”propuesto por Laserna.

En tercer lugar, se debería tomar en cuenta que alfinal se llegó a una resolución negociada del con-flicto a través de la mediación del Arzobispo TitoSolari, la Asamblea Permanente de DerechosHumanos de Bolivia (APDHB) y la Defensoríadel Pueblo. Los partidos políticos no jugaron nin-gún papel, lo que apunta a un “déficit de repre-sentación”.

En cuarto lugar, el movimiento no estuvo confi-nado al área urbana; incluía a los regantes del vallede Cochabamba. El movimiento campesino a ni-vel nacional añadió el rechazo a la ley de sanea-miento básico a su lista de demandas; considera-ba que la legislación sobre el agua constituía unaamenaza. Esto incluía al sistema de lasSuperintendencias que, al operar con criterios derentabilidad, tienden a favorecer a la empresa pri-vada17 y no están sujetas al control popular. Laalternativa propuesta para el caso del agua es unConsejo Nacional de Agua que incluya a repre-sentantes de los consumidores. Por último, la ra-bia contra el contrato con Aguas del Tunari porparte de los manifestantes, incluidos no sólo lossectores populares, sino los de clase media, no sedebió solamente al contenido del contrato, sinotambién al engaño sobre la elevación de tarifas y,más allá de todo aquello, a la falta de transparen-

17 Otro caso puntual es la Superintendencia de Recursos Fo-restales que otorgó concesiones forestales que se yuxtapo-nen a los territorios indígenas que estaban en proceso de sureconocimiento. El caso fue remitido para su consideraciónpor la ILO que, en 1999, emitió una serie de recomenda-ciones para que Bolivia cumpla con la Convención 169 sobrederechos de los pueblos indígenas.


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cia en las negociaciones en un contexto de am-plia corrupción gubernamental.18

La “guerra del agua” fue el más destacado de losacontecimientos de protesta y choques que el go-bierno de Banzer enfrentó. Sin embargo, es unahistoria inmersa en todo un conjunto de historiassimilares, algunas ocurridas en forma (parcialmen-te) paralela, y otras manifestándose después oantes de estos acontecimientos específicos. Sinpoder abordar aquellos temas, cabe señalar quese trata de una coyuntura de protestas que inclu-yó las de los campesinos del altiplano lideradospor Felipe Quispe19, de los cocaleros encabeza-dos por Evo Morales y el movimiento de los pue-blos indígenas del oriente, para mencionar algu-nas. Quispe y Morales, a quienes presentaremosmás adelante, se convirtieron en figuras políticasen el curso de esa serie de conflictos. El gobiernolos pintó como agitadores “irresponsables” y“extremistas”, pero como ya mencionamos, en2002 el electorado no coincidía con esta percep-ción. Antes de abocarnos a esos temas, esbozare-mos los acontecimientos relacionados con otroámbito de conflicto endémico: la coca.

Los cocaleros y el Movimiento al Socialismo

Como se mencionó anteriormente, el partido quesalió segundo en las elecciones del 2002 tiene sus

raíces en las organizaciones de los cultivadoresde coca del Chapare, en su mayor parte quechua-hablantes. El cultivo de la coca en esta región noes muy antiguo. Creció espectacularmente rápidodurante el primer régimen de facto de Banzer(1971-78) y en la década de los ‘80. Mientras quelos militares estaban entonces fuertementeinvolucrados en el circuito de la cocaína, no exis-te evidencia de que los productores campesinosestén involucrados en el crimen organizado. Apesar de no ser una región de cultivo de coca tra-dicional, resultó ser una población combativa. Conel liderazgo de gente como Evo Morales, los agri-cultores constituyeron un grupo bien organizado,en una situación suficientemente desesperadacomo para estar dispuestos a defender ferozmen-te su sustento, conseguido hace poco después dehaber inmigrado a la región a consecuencia delos bajos rendimientos agrícolas en el altiplano ylos despidos masivos en la minería a partir de1985, que los obligaron a desarrollar otra estrate-gia de supervivencia.

Uno de los pocos “logros” reivindicados por elgobierno de Banzer ha sido la considerable re-ducción de la producción de coca en Bolivia.Considerando que en 1997 se estimaba que unas38.000 hectáreas tenían cultivos de coca, en 2001las estimaciones se encontraban en un rango de3.000 a 6.000 ha. En los seis años anteriores, la“guerra contra la coca” había provocado más de50 víctimas fatales y 500 heridos, mientras quecerca de 400 personas fueron detenidas en base ala Ley 1.008 sobre la coca y sustancias controla-das de 1988, una ley que contradice absolutamentela vigencia de los derechos humanos.20

Inicialmente, en octubre de 1997, los cocalerosdel Chapare habían decidido cooperar con la erra-dicación voluntaria, pero las cosas cambiaroncuando en enero de 1998 el gobierno hizo públi-co su Plan Dignidad. El Plan tenía cuatro “pila-res”: el desarrollo alternativo, la prevención y re-habilitación, la erradicación de la coca ilegal yredundante, y la interdicción. Para el período1998-2002 se presupuestaron US$ 952 millonesde los cuales US$ 700 estarían destinados al de-sarrollo alternativo. A principios de febrero, en elcontexto de la nueva estrategia y los acuerdos bi-

18 Un último elemento que vale la pena mencionar es que, en2002, el Consorcio Aguas del Tunari, a través de su pre-eminente “empresa matriz” Bechtel, llenó un pedido de com-pensación ante un tribunal del Banco Mundial, por las utili-dades que no había podido realizar, recurriendo para ello alos Tratados Bilaterales sobre Inversiones o BITs. Por el hechode que Holanda tiene tal acuerdo BIT con Bolivia, el proce-so ha sido tramitado a través de la extensión de correo “P.O.-Box” que tiene la empresa en Holanda.

19 Sólo para ilustrar un acontecimiento durante el largo perío-do de protestas: las protestas indígeno-campesinas condu-jeron a un violento enfrentamiento en la localidad deAchacachi, el 9 de abril de 2000, ocasionando la muerte dedos campesinos y un capitán del ejército. Pretendiendomostrar a los habitantes aymara de Achacachi comoirracionalmente violentos y crueles, el Ministro de DefensaJorge Crespo y fuentes del ejército afirmaron que el Capi-tán Omar Téllez no sólo había sido golpeado hasta morirsino que también había sido descuartizado y sus ojos arran-cados, afirmaciones que más tarde fueron negadas por eldirector del hospital local y por la Defensora del Pueblo,Ana María Romero, quien denunció las acciones abusivasde los militares y señaló que el Capitán Téllez había sido elprimero en disparar a matar (La Prensa 5/06/00).

20 Para una discusión sobre el desarrollo de la políticaantidrogas, véase Laserna (1996 y 1998).


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laterales con los Estados Unidos, Banzer autorizótácitamente la participación “ampliada” de lasfuerzas armadas en la guerra contra las drogas. ElChapare organizó la resistencia al Plan. Las con-diciones del diálogo se deterioraron cuando enmarzo el gobierno anunció que la compensacióneconómica por la erradicación de una hectárea decoca sería reducida de US$ 2.500 a US$ 1.650.En abril, la represión de los bloqueos de carrete-ras en el Chapare provocó sus primeras víctimasentre los campesinos y la región fue creciente-mente militarizada con el pretexto de que habríagrupos armados operando allí. La militarizaciónvino de la mano con el abuso a los derechos hu-manos, las detenciones injustificadas, la tortura,violación de mujeres y el robo por parte de losmilitares. Entretanto, las políticas del desarrolloalternativo produjeron unas carpetas más lujosasy grandes titulares de periódicos en lugar de be-neficios tangibles para los campesinos. Hasta elaño 2000, los enfrentamientos habían reclamadolas vidas de 11 campesinos y seis policías.

Cuando en septiembre de ese año, los bloqueosde caminos liderados por Felipe Quispe empeza-ron en el altiplano, los cocaleros aprovecharon laocasión para presionar por sus propias demandasy, en particular, protestar contra la intención delgobierno de construir tres nuevos cuarteles mili-tares en el Chapare. Aparte de mejores condicio-nes para la comercialización de los productos deldesarrollo alternativo, también exigieron que seles permitiera cultivar un “cato” (1.600 m2) decoca por familia. Mientras que en las primerassemanas de octubre una serie de otros conflictosterminaron en negociaciones, el conflicto en elChapare se prolongó e intensificó. Varios policíasy erradicadores fueron emboscados y asesinados;el gobierno acusó a Evo Morales de ser el autorintelectual de los crímenes y pidió el retiro de suinmunidad parlamentaria, aunque nunca pudo pro-porcionar pruebas sólidas que respalden su acu-sación.21 Una de las líderes cocaleras que habíasido arrestada con esos cargos tuvo que ser nue-vamente liberada cuando se hizo absolutamenteclaro que ella no pudo haber estado en el lugardel crimen. Por su parte, Morales sugirió que lasmuertes bien podrían haber sido provocacionesque justifiquen la militarización, una versión que

adquirió credibilidad cuando en noviembre de2001 se hizo evidente que una fuerza especial irre-gular paralela de entre 1.000 a 2.000 “mercena-rios” habían sido reclutados para llevar a cabo una“guerra sucia” contra las drogas.

Mientras tanto el gobierno, en diciembre de 2000,había declarado haber logrado su meta de “cocacero” en el Chapare. Ello fue inmediatamente re-futado y dio lugar a bastantes especulaciones so-bre cuánto quedaba todavía. De este modo, el“Plan Dignidad” terminó en disputas intermina-bles sobre cuánto se había erradicado, cuánto que-daba y cómo estaban funcionando los programasde cultivos alternativos y compensación a los agri-cultores; el Plan había costado un número varia-ble de víctimas en cada año de implementación y,finalmente, se convirtió en “erradicación perpe-tua”, en la medida en que las 600 ha que habíanquedado en cierto momento se convertían en 6.000ha al siguiente mes. Violentos enfrentamientosocurrieron nuevamente en los últimos meses de2001; en noviembre, cinco campesinos murierondurante la represión a los bloqueos y se denunciótambién la violación de 30 mujeres por parte delas fuerzas represivas. El Ministro de InformaciónMauro Bertero comentó que esta supuesta viola-ción fue “producto de la intolerancia de loscocaleros”.22

En ese momento, bajo la presión de la Embajadade Estados Unidos, el presidente Quiroga intensi-ficó las políticas anticoca y nombró a un “zarantidrogas”. El gobierno se empeñó tercamenteen su obsesión fundamentalista con la meta de“coca cero” en el Chapare y, en base a dos decre-tos de noviembre de 2001, decidió controlar to-dos los transportes de hoja de coca y cerrar sumercado legal en Sacaba el 15 de enero de 2002.23

La provocación no tardó en conducir a una con-

21 Tampoco se ha podido nunca probar los presuntos vínculosde Morales con la mafia de la cocaína (Albó 2003).

22 Mientras la reacción del ministro es otra muestra de insen-sibilidad escandalosa de la clase política, cabe señalar quelos hechos denunciados por la diputada Helen Hayes (MNR)no fueron confirmados ni denunciados oficialmente por loscocaleros.

23 El mercado de Sacaba es más bien poco significativo encomparación con el mercado de La Paz, pero es un impor-tante punto de salida para algunas toneladas de coca legalque producen los campesinos del Chapare. Debido a laspolíticas de erradicación, la cantidad de hoja de coca ven-dida se redujo en un 90% y las ventas cayeron desde cercade Bs. 20 millones en 1997 hasta Bs. 6 millones en 2001.


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frontación violenta durante los siguientes días(Pulso 18-24/01/02). Veinticinco vehículos de laagencia de control del narcotráfico fueron que-mados, tres campesinos y dos soldados murieronen los enfrentamientos y pocos días después seencontró a dos soldados que habían sido cruel-mente asesinados.

Fue otro asesinato en circunstancias oscuras, elmismo que proporcionó al presidente Quiroga unanueva oportunidad para demandar el retiro de lainmunidad parlamentaria de Evo Morales. Des-pués de un proceso abreviado a cargo de la “co-misión de ética”, 104 de los 130 miembros de laCámara de Diputados votaron a favor de la “se-paración definitiva” de Morales, lo que significa-ba su virtual “erradicación” del escenario políti-co. Morales no sólo perdió su inmunidad sino quetambién su mandato popular fue anulado. El exministro y miembro de la Cámara Baja FernandoKieffer, él mismo inmune a cualquier posibilidadde ser procesado por varios casos de corrupción,fue claro en señalar que el objetivo era eliminar ala expresión política y sindical del movimientococalero (Pulso 25-31/01/02).

Aquella mayoría que había votado en contra deMorales no esperaba que su decisión tuviese ma-yores consecuencias; “nada, absolutamente nadaocurrirá”, afirmó Fernando Kieffer. No pudo ha-ber estado más equivocado. Después de cuatroaños de Banzerismo, a los del gobierno y la ma-yor parte de la clase política se los percibía, y pormuy buenas razones, como enteramente corruptosy arrogantes que desprecian a la mayoría de lapoblación. Cuando Morales fue expulsado delParlamento, la gente se sintió profundamente ofen-dida y humillada por una clase política que habíaarmado un proceso fraudulento en contra de unode ellos y, además, sintió que se atrevieron a ha-cerlo porque Morales era un indio. El desprecioracista de la clase gobernante se volvió contra ellamisma como un boomerang. Los sectores delmovimiento campesino normalmente divididoscerraron filas. La CSUTCB –la confederación sin-dical campesina cuyo liderazgo había sido fuerte-mente disputado en el pasado por varias tenden-cias y no menos actualmente por los entornos deMorales y Quispe, siendo este último su principaldirigente en ese momento– convocó al bloqueode caminos en su Congreso de Sucre, los cocalerosde Yungas hicieron lo propio y los del Chaparemarcharon hacia Cochabamba donde Morales se

encontraba en huelga de hambre en la sede delSindicato de Trabajadores Fabriles. Ellos acam-paron en los predios de la Universidad de SanSimón desde donde marchaban diariamente a laplaza principal para saludar a Morales. Una vezmás la ciudad se convirtió en el escenario de vio-lentas confrontaciones entre los manifestantes ylas fuerzas policiales. Fernando Kieffer tuvo queadmitir el 6 de febrero que “[el] país está vivien-do una situación dramática que se vuelve máscomplicada minuto a minuto” (Pulso 8-14/02/02).

Dos días más tarde el gobierno y Evo Moralesllegaron a un acuerdo. Los puntos básicos eranque los decretos sobre el secado y transporte dela hoja de coca serían suspendidos y que un nue-vo esquema para su comercialización legal debíaser acordado entre ambas partes. Los derechospolíticos y sindicales de Evo Morales serían res-petados, además de que la Iglesia y la APDHBiniciarían un trámite de apelación ante el Tribu-nal Constitucional para anular la expulsión deMorales de la Cámara de Diputados. El Gobiernotambién atendería las demandas de varios otrosmovimientos y respetaría los acuerdos a los quese había arribado con Felipe Quispe (La Prensa9/02/02).

Una pregunta que hizo Morales fue: ¿cuánto ha-bía pagado la embajada norteamericana para ob-tener todos los votos “éticos” en contra suya? Enefecto, aparte de la rabia popular contra el go-bierno y la clase política más el descontento conlas políticas neoliberales a las que Morales siem-pre se había opuesto con vehemencia, la injeren-cia de la embajada norteamericana en la políticaboliviana supuso una ayuda extraordinaria paracatapultarlo a su victoria electoral. Su ascenso enlos sondeos preelectorales había preocupado tan-to al embajador norteamericano que unos pocosdías antes de las elecciones advirtió a los bolivia-nos –después de haber afirmado que se trataba deun país libre e independiente– que no votaran porMorales si no querían perder el apoyo de EstadosUnidos.24 Sus declaraciones elevaron a Moralesdesde el cuarto hasta el segundo lugar y cuandolos resultados de las elecciones empezaron a con-firmar su abrumadora victoria, Morales se burló

24 Para un análisis sugerente sobre la creciente vinculación dedoble vía entre los intereses geopolíticos y los motivos de-trás de la “ayuda al desarrollo”, ver Duffield (2001).


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indicando que no habría podido conseguir unmejor jefe de campaña electoral.

Sistémicos y antisistémicos: Un sistema departidos trastornado

Los ejemplos seleccionados de protestas que he-mos descrito fueron las fuerzas decisivas en lamira de devastación del espectro de partidos esta-blecidos. Los partidos emergentes presentan undesafío al sistema tal como éste solía funcionar, yreflejan las voces de los sectores que ya no acep-taban más el engaño de la emisión del voto talcomo lo habían conocido, lo cual dista mucho,por supuesto, de la apropiación de un lugar reco-nocido en el espectro de partidos o de haber de-sarrollado la fuerza para corregir sustancialmenteel déficit del sistema de partidos.

Los partidos tradicionales establecidos en Boliviay su accionar se pueden resumir, si lo formulára-mos cínicamente, bajo el título de “poder, corrup-ción y mentiras”. La lista de casos es demasiadolarga como para contarla rápidamente. A pesar dealgunos intentos de aminorar en algo el “déficitde representación” que caracteriza al sistema departidos boliviano (Tapia y Toranzo 2000), los re-sultados de las elecciones del 2000 y el ascensode las fuerzas llamadas antisistémicas sugieren quela renovación ha sido muy poco exitosa. Esto ayu-da a explicar el surgimiento de los “anti-sisté-micos”. Ya hemos discutido sobre Evo Morales ymencionado a Felipe Quispe, el “Mallku”. Ellostransformaron su capacidad de movilización enpartidos: el MAS y el MIP. Los elementos másdestacables de sus éxitos electorales en junio de2002 son dos: el hecho de que a pesar de queestos partidos fueron estigmatizados como extre-mistas, subversivos, antidemocráticos e “irracio-nales” les fuera tan bien, y el hecho de haber uti-lizado crecientemente el argumento étnico, y nohaber dudado en utilizar la polarización entre “po-derosos blancos-mestizos” e “indígenas someti-dos y explotados”, algo considerado tabú en lasdécadas anteriores de discurso cada vez más “po-líticamente correcto” en la política boliviana.Mientras que la mayoría de analistas políticos delpaís llegaron a la conclusión de que estos elemen-tos habrían de perjudicar a estos partidos en obte-ner una parte significativa de la votación, los acon-tecimientos se dieron de otro modo. La contra-dicción entre la improbabilidad “lógica” de suéxito y el hecho de haberlo logrado de todos

modos, es indicativa de cuánta credibilidad haperdido el sistema.

El gobierno de Banzer simboliza este proceso. Suintento desesperado por subrayar su vocación de-mocrática, después de haber sido elegido presi-dente con el olor del “antiguo dictador” todavíasobre él, lo alejó, por lo general, de maniobrascomo disolver el parlamento o decretar cosas queprohíbe la Constitución. El Estado de Sitio quedecretó una vez, costó varias vidas pero fue efí-mero; se volvió rápidamente evidente que no seacercaría a ninguna solución a la amenaza plan-teada por el descontento mediante la suspensiónde los derechos civiles y políticos. Al ser con-frontados con la opción entre una represión durade tipo dictatorial y el retorno a la mesa de nego-ciaciones, las autoridades finalmente optaron poresta última alternativa. Por lo general, el gobier-no frecuentemente terminó cediendo a las peti-ciones de los movilizados y, posteriormente,incumpliendo lo acordado, reflejando el patrón dela “negociación forzada”.

Sin embargo, la presidencia de Banzer fue man-chada por varias decisiones debatibles en relacióncon la preservación de todos los estándares de-mocráticos. Más de una vez el gobierno recurrióa los militares para “restaurar el orden” en losmuchos casos de acciones de protesta. Y durantesu período, decenas de personas murieron en losenfrentamientos entre las fuerzas policiales o mi-litares y los manifestantes, la mayor parte en laregión del Chapare. Por último, aunque no menosimportante, los mecanismos vigentes y nuevos dela corrupción financiera, la manipulación políticay la impunidad de los políticos que esquivan laley o sus obligaciones tributarias, no pueden servistas como respaldo a normas democráticas “lim-pias”. A este ambiguo currículo de servicio en elorden del respeto a los cánones de la democracia,debe añadirse el fracaso total para mejorar el des-empeño económico y las políticas sociales. Enconjunto, estos rasgos no modificaron y muy pro-bablemente incluso exacerbaron una herencia deprofunda desconfianza respecto al sistema políti-co por parte de una abrumadora mayoría de lapoblación (ver Salman 2000b). Mucha gente sienteque existe un gran abismo entre sus preocupacio-nes y las de los políticos.

Miles de bolivianos sienten que sus intereses ylas consecuencias de las medidas políticas sobre


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sus medios de sustento casi nunca se reflejan enlas deliberaciones políticas. Ellos tienen la sensa-ción de que no existe una alternativa política enla cual depositar una firme confianza para la de-fensa y expresión de sus problemas. Curiosamen-te, los lugares comunes del discurso como “ha-blar el lenguaje de la gente común”, “no ser unpolítico más sino alguien del pueblo”, han marca-do las recientes contiendas electorales pero nuncase materializaron en un acceso efectivo al sistemapolítico por parte de aquella “gente común”. Elsistema de partidos como sistema de mediaciónentre la sociedad y el Estado sólo se ha deteriora-do aún más en años recientes (Gamboa 2001: 102).Situaciones como esta llevaron a que NinouGuinot (2000: 146) sugiriera que Latinoaméricase caracteriza por tener partidos fuertes aunqueun débil sistema de partidos; los partidos mono-polizan el campo de la representación y descalifi-can o cooptan las formas organizativas alternati-vas pero, al mismo tiempo, la combinación deestas características dan como resultado un meca-nismo de mediación totalmente defectuoso. El sen-timiento de no tener ningún acceso a través delos mecanismos electorales institucionales y for-males25 alentó la costumbre boliviana de resolverlos conflictos políticos y sociales mediante víasextraparlamentarias. Para la democracia esto sig-nifica que:

“[al] haber escasa sensación de una “interfase”positiva entre las estructuras partidarias y lasidentidades sociales, cuando ya la mayor partede la población recibe poca atención en el proce-so de reforma económica, el fracaso en incorpo-rarla políticamente representa una amenaza alavance democrático” (Domingo 2001: 157)

Esta tendencia se ha prolongado e inclusive in-tensificado en los últimos años, debido a variosfactores. En primer lugar, la tradicional falta deconfianza en los políticos y partidos, y las con-signas y promesas que encarnan, se ha acentuadodebido a las políticas recientes en las cuales elEstado se desligó de responsabilidades y tareasantaño formalmente asumidas. Hoy en día lospolíticos son vistos como aquellos que mercan-tilizan lo que, al menos en principio, debería cons-tituir su razón de ser: asumir la tarea de desarro-llar el país y proporcionar bienestar a todos losbolivianos. Considerando que antes “sólo” el cum-plimiento de lo que se consideraba eran las tareasdel Estado solía quedar insatisfecho, hoy estoocurre también con el papel del Estado en el cui-dado del bienestar de la nación a través de unaintervención activa, puesto que las políticas post-“nacional-desarrollistas” descartan esa funciónestatal. Sin embargo, la gente siente que las con-secuencias de las políticas de privatización ydesregulación, y la falta de acceso a la política, leafecta en varios grados y formas en su vida coti-diana. La percepción ciudadana de abandono, ala que se añaden sus sospechas bien fundadassobre corrupción y falta de confiabilidad, da lu-gar a la “naturalización”de protestas radicales,feroces y desconsideradas, las que en los últimosaños se han convertido en la cuna de los políticosy organizaciones políticas “antisistémicas”.

En segundo lugar, las tendencias económicas re-cientes exacerbaron la segregación tradicional yno contribuyeron a la integración social y cultu-ral. La brecha tradicional se profundizó abismal-mente y convirtió en sospecha absoluta. La repre-sentación se debilitó y, simultáneamente, los ni-veles de vida se deterioraron. Como resultado, lossectores desposeídos reciben con una profundadesconfianza, e interpretándola como una amena-za, cualquier propuesta o medida proveniente “des-de arriba”. Esto alienta las demandas y posturasque muestran poca empatía con puntos de vista eintereses de los oponentes. Una especie de “encie-rro en su propia verdad” que afecta ambas partes

25 La confianza en los políticos y partidos es tradicionalmen-te precaria en Latinoamérica (ver Camp 2001), pero alcan-za niveles bajísimos en Bolivia: según un sondeo de 1990,77% de los bolivianos expresaron su convicción de que lospartidos no trabajaron por el bien del país sino que defen-dieron meramente sus intereses de grupo (Gamboa 2001:101; ver también Berthin Siles y Yáñez 1999: 37-44). Se-gún The Economist (17/08/02), en la mayoría de los paísesde la región, el respaldo de la población al funcionamientode la democracia en sus países se incrementó de 1996 al2002; pero en Bolivia esto ocurrió sólo levemente. Con todo,más del 70% de los encuestados expresaron una parcial ototal insatisfacción. De todos modos, como lo muestra elsondeo en cuyos resultados se basan estas conclusiones, elapoyo a la democracia como tal, como el sistema políticopreferible a otros, se incrementó, lo cual justifica el co-mentario de The Economist acerca de “un rayo de leve es-peranza para los demócratas” (17/08/02, pp. 41). Además,vale la pena mencionar que el desprecio hacia los partidospolíticos en Bolivia se ha incrementado (los partidos califi-can diez de un total de 40 puntos posibles), así como eldescreimiento respecto a que las privatizaciones hubiesenbeneficiado al país. En cuanto a hostilidad hacia laprivatización, a Bolivia sólo le sobrepasan Argentina, Para-guay y Uruguay.


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perjudica al diálogo y negociación (Calderón ySzmukler 2000: 330). Al mismo tiempo, existe unaterca incapacidad para identificar a los compañe-ros de infortunio y articular intereses comparti-dos y alianzas posibles (Paris Pombo 1990: 65).

En tercer lugar, las iniciativas de descentraliza-ción y la promoción de la participación local queBanzer heredó de “Goni”, las cuales habían con-tado al comienzo con el beneficio de la duda en-tre amplios sectores de la población, quedaron va-radas por los engaños, sabotaje y peleas mezqui-nas, contribuyendo de este modo a los ya intensossentimientos de estar siendo impedidos de utilizarlos canales formales e institucionalizados para ha-cer escuchar sus voces. En este sentido, estos pro-cesos reflejaron la persistencia de la “democracialimitada” (Haynes 2001: 14-15), y posiblementerespalden su afirmación aun más temeraria de que“la democracia limitada en Latinoamérica no ne-cesariamente es una etapa temporal o transitoria,sino que muy bien podría ser una forma de go-bierno duradera que mezcla un grado considera-ble de democracia con un grado considerable deautoritarismo” (Haynes 2001: 79). O en los tér-minos de Crabtree y Whitehead (2001: 218) (apesar de que su conclusión general sobre el esta-do de la situación respecto a la democracia enBolivia es ligeramente más positiva que la nues-tra): “…los rasgos fuertemente oligárquicos,clientelistas y provincianos (…) reducen la pro-fundidad a la que la democracia representativapuede llegar a enraizarse”. Nosotros sugerimos quela falta de legitimidad de la “autoridad legal” de-bería tomarse en cuenta y complementarse con lanoción de “ficciones de ley constitucional” pro-puesta por Habermas (1992: 236), ya que losmovimientos de protesta fueron descalificados conel argumento de que carecían de credenciales le-gales, a pesar de su legitimidad entre la pobla-ción. En consecuencia, un fuerte sentimiento deque “ellos sólo entienden el argumento de la fuer-za” se consolidó tanto entre los tradicionales lu-chadores (trabajadores, mineros, maestros) comoentre las nuevas constelaciones de manifestantes(consumidores de agua, cocaleros, rentistas, trans-portistas y otros).

El déficit democrático evolucionó hacia una faltade correspondencia estructural entre las percep-ciones, preocupaciones e intereses de amplios sec-tores de la sociedad y el Estado. Los partidos ylas autoridades son incapaces de expresar la lec-

tura que realiza la sociedad de las medidas políti-cas y sus efectos sociales, y de canalizar las in-certidumbres y demandas de la población. A losojos de mayorías abrumadoras, las institucionesestatales han estado poco inclinadas a intervenirde una forma que “marque una diferencia” o bienson incapaces de hacerlo. En vez de ello, tiendena quedar absorbidas en pugnas por cuotas de po-der y siguen reclutando sus cuadros de los secto-res de población poco representativos mientras,al mismo tiempo, persisten en recibir a los nue-vos contendientes políticos con maniobras enga-ñosas a través de legislación autodefensiva de lospartidos políticos y otras medidas ad hoc si fueranecesario. Esto hizo que el tema subyacente delas elecciones de 2002 fuera el mal funcionamien-to del sistema de partidos como tal, hasta conver-tirse en el mensaje de las nuevas voces, idiomas yvestimentas en las cámaras legislativas.

Se trata de un cambio significativo, pero está le-jos de ser uno decisivo. Como se dijo anterior-mente, las protestas siguieron siendo dispersas ymayormente reactivas. La mayor parte de las ac-ciones y manifestaciones no mostraron un agru-pamiento de visiones y propuestas coordinadas osiquiera emparentadas por parte de los manifes-tantes. Muchos incidentes fueron medidas ad hoc,aisladas y desencadenadas por situaciones fortui-tas, a menudo tenían un aspecto oportunista, y noestaban orientadas a converger. Los “anti-sistémicos” están lejos de actuar, por tanto, como“sistémicos alternativos” y tampoco actúan toda-vía como la voz coherente de aquellos que lesdieron su voto en rechazo a las tradicionales prác-ticas de exclusión.

De cualquier modo, en sus discursos, los dirigen-tes y voceros insisten en la culpabilidad del capi-tal internacional, las políticas de ajuste estructu-ral y la privatización añadiendo la explotación ydiscriminación estructuradas en términos raciales.Y a pesar de la fragmentación, las protestas nofueron cuestión del azar. Al revisar las motivacio-nes, temas y coyunturas, se vuelve evidente quelas protestas expresaban la rabia y ansiedad provo-cadas por las consecuencias de un conjunto demedidas políticas promovidas por las políticas dereestructuración y ajuste que sufrió la población,en un contexto de incapacidad e ineficaciainstitucionales y pugnas políticas mezquinas. Estacombinación de transformaciones económicas quedebilitaron las condiciones de subsistencia de la


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población y de intentos de cambios políticos quefracasaron en lograr una participación real deberíaconsiderarse como responsable de la persistente olade protestas que el gobierno de Banzer tuvo queenfrentar, y del éxito electoral de la antipolítica.

Epílogo

El segundo gobierno de “Goni” Sánchez deLozada enfrenta un fuerte vendaval. Encara vien-tos en contra en lo económico, luchas políticasinternas y una oposición política que expresa unacrítica intransigente a su legitimidad.

En lo económico, el gobierno enfrenta varias con-diciones adversas que escapan a su control: lacrisis en Argentina afectó todavía más el comer-cio exterior, llevó a las importaciones ilegales abajar los precios contra los que la industria nacio-nal no es capaz de competir y provocó un retornode la población migrante que exacerba el desem-pleo. El desempeño poco seguro del Brasil en loeconómico y monetario, y el actual aflojamientoeconómico en el planeta, también afectan las pers-pectivas de exportación del país. Y la complicadapuesta en vigencia del Acuerdo de PreferenciasArancelarias Andinas26 tampoco alienta las pers-pectivas de una expansión de las exportaciones.

Los asuntos que se encuentran, en principio, alalcance del gobierno, parecen igualmente proble-máticos. La reactivación económica será difícil deobtener. Casi con cinismo, considerando los ac-tuales indicadores de pobreza, The EconomistIntelligence Unit en su Country Report de agostode 2002, informa que la inflación probablementeseguirá por debajo del 3% “en tanto la demandainterna sólo se incrementará modestamente”. Lamisma fuente predijo también que el nuevo go-bierno

“tendrá que reconciliar las ofertas electorales deincrementar la inversión del sector público con lapresión del FMI y los acreedores internacionalespara que consolide las finanzas públicas despuésdel desfase fiscal de los últimos 18 meses”.

En una conferencia de prensa inmediatamenteposterior a su elección, “Goni” afirmó que “éste

será un gobierno de mucha intervención en laeconomía, para hacerla funcionar...”. Se trata deuna afirmación bastante poco convencional pro-viniendo de un reputado neoliberal, lo cual sirvepara subrayar los dilemas que enfrenta el gobier-no. El gobierno está muy consciente de que, enBolivia, la desconfianza hacia la globalización, ymás en particular hacia el FMI (Fondo MonetarioInternacional) como un representante de laglobalización con poderes para imponer políticasmonetarias y económicas que afectan negativa-mente a las mayorías de la población, es enorme.Por eso, el gobierno se muestra reticente a aplau-dir su rol públicamente.

Lo más probable es que en la mayoría de los sec-tores estatales, como educación, los ministerios, lasfuerzas armadas y policía, y otros, los salarios se-guirán siendo bajos (aunque los funcionarios demayor jerarquía hayan recibido incrementos ante-riormente, no obstante los tiempos adversos). Contoda probabilidad, las oportunidades de empleodifícilmente se incrementarán, debido a que el FMIno estará muy dispuesto a aprobar nuevos gastosdel sector público para los proyectos de infraes-tructura anunciados por “Goni”. Y, probablemente,los ingresos fiscales por la explotación del gas yotros recursos naturales no serán suficientes paradarle al gobierno mayores perspectivas.

Al preparar este trabajo, no podíamos habernosimaginado que apenas siete meses después de suposesión, “Goni” enfrentaría una ola de violenciae insurrección sin precedentes que habrían provo-cado 30 víctimas fatales y según algunas fuentesincluso más de 50. El 12 de febrero de 2003 unaserie de sucesos fatales desembocaron en una fuer-te balacera en el mismo centro de La Paz, queobligó al presidente a retirar una medidaimpositiva clave, cambiar casi completamente sugabinete e intentar desesperadamente la recupe-ración de su autoridad. Esto ocurrió después deque estos sucesos habían terminado en muchasvíctimas fatales y casi una guerra abierta entredos instituciones del orden principales –las fuer-zas armadas y la policía– al punto de que la pro-pia supervivencia política de su gobierno se habíavuelto dudosa.

Esto es lo que ocurrió27: obligado por un conside-rable déficit fiscal y la necesidad de obtener un

27 Agradecemos el apoyo de Hernando Calla en reconstruirlos acontecimientos descritos aquí.

26 APTA; ver The Economist Intelligence Unit Country Report,agosto de 2002.


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nuevo préstamo del FMI condicionado a la reduc-ción de dicho déficit, el gobierno de Goni diseñóuna medida impositiva que se resumía en un im-puesto a la renta del 12.5% para los salarios porencima de Bs. 880, lo que equivale aproximada-mente a US$ 115. Desde el primer momento, lapropuesta provocó una amplia protesta, por su faltade consideración de un impuesto progresivo y porhacer caer –“una vez más”– la factura del desgo-bierno en las espaldas de los bolivianos pobres.Los sectores que iban a ser afectados por la me-dida eran los empleados del sector público y lasgrandes empresas; la mayoría de gente que traba-ja en la economía informal sólo sería afectadaindirectamente.

Entre los descontentos más conspicuos estaba lapolicía. Sus efectivos se amotinaron y dejaron decontrolar las calles el 12 y 13 de febrero –mien-tras las mismas se llenaban de gente que salía aprotestar en las inmediaciones del centro paceño–rechazando la medida impositiva e insistiendo enun aumento de sueldos que habían estado solici-tando durante un largo tiempo. Como es normalen situaciones de protesta en las calles, el palaciopresidencial en la Plaza Murillo estaba resguar-dado por un pequeño contingente de policía mili-tar. En la Plaza, la policía verde olivo recibió lacompañía de “[c]abreados de toda índole, mili-tantes de la exclusión, trotskistas y demás faunapropia de la rebelión…” (Pulso 14-20/02/03); pocoantes, estudiantes de secundaria habían aprovecha-do el desconcierto de la policía militar para arrojarpiedras a la fachada del Palacio de Gobierno, rom-piendo la mayoría de las ventanas. Ellos habíanllegado allí exigiendo el retiro del director del Co-legio Ayacucho y también gritaban consignas derechazo a la política del gobierno en general y con-tra el “impuestazo” en particular. La verdadera re-friega empezó una vez que los escolares se habíanretirado, después que soldados adolescentes barrie-ran las piedras y vidrios rotos que los estudianteshabían dejado a las puertas de Palacio y avanzaranhasta la mitad de la plaza. Al fracasar la media-ción por parte de los representantes de DerechosHumanos entre los policías amotinados y el Mi-nistro de Defensa, a consecuencia de la intempes-tiva aparición de efectivos de la patrulla 110 congran ruido de sirenas en una de las esquinas de laPlaza Murillo, los militares responden abriendofuego. Las primeras víctimas fueron policías quese encontraban en torno al palacio presidencial. A

su vez, los policías abrieron fuego sobre el Pala-cio causando bajas y heridos entre oficiales y sol-dados que lo resguardaban.

En medio del caos, el presidente fue evacuado yno volvió a aparecer sino algunas horas más tardeen un video difundido por un canal de TV priva-do (el canal estatal había dejado de emitir su se-ñal) donde, no obstante la desazón reflejada enlos rostros, intentaba mostrar haber negociado unalto al fuego entre los comandantes de las institu-ciones armadas que se habían enfrentado y queaparecían dándose la mano.

Mientras tanto el desborde social había cundidomás allá de cualquier posibilidad de control, lamuchedumbre, que se había reunido en la plaza ylos alrededores, atacó las dependencias de la Vice-presidencia, además de los Ministerios de Desa-rrollo Sostenible y de Trabajo, saqueando equi-pos, muebles y materiales, a los que luego pren-dieron fuego, para luego proseguir y hacer lo mis-mo con las oficinas de la Alcaldía y la AduanaNacional en El Alto, y terminar asaltando varioscentros comerciales, particularmente, del centropaceño y alteño. Este saqueo se prolongó hasta eldía siguiente.

Sorprendentemente, los dos grupos de oposiciónal gobierno más poderosos y consistentes no fue-ron los protagonistas en estos acontecimientos. Decualquier modo, el MAS, liderado por Evo Mora-les, no dudó en pedir la renuncia del presidenteinmediatamente después de los sucesos del 12 yamenazó con nuevas medidas de protesta. FelipeQuispe se unió a ellos en esta demanda y amena-za, aunque su relación con Morales se mantuvosiempre tensa. Sin embargo, ambos fueronreactivos y no proactivos durante los acontecimien-tos del 12 de febrero y los inmediatamente poste-riores.

Su reacción se sumó a los otros desafíos que en-frenta el gobierno: los rentistas protestaban con-tra los montos minúsculos que reciben, los con-sumidores contra los incrementos en las tarifasde los servicios básicos y las privatizaciones, losmaestros de escuela contra el nivel de sus sala-rios, los empresarios contra la falta de reactivaciónde la economía, los cocaleros acababan de tenernegociaciones para una pausa temporal en la erra-dicación, y los campesinos del altiplano todavía


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seguían esperando la entrega de una serie de trac-tores, como una concesión simbólica por parte delgobierno antes de proceder al manejo más siste-mático de un conjunto de reivindicaciones delsector campesino. Al interior de estos grupos yentre ellos, las afinidades eran y todavía son frá-giles, la cooperación es débil o inexistente, y lasidentidades se desplazan desde lo étnico, pasandopor lo socioeconómico y gremial, hasta lo regio-nal y nacional, en configuraciones cambiantes yprioridades relativas.

El gobierno retiró la medida impositiva y, en lossiguientes días, se removió casi a todo el gabine-te. Esta medida estuvo acompañada del mensajedel presidente a la nación pidiendo calma y com-prensión para la necesidad de adoptar políticas deausteridad. En su alocución, subrayó que su go-bierno estaba dando el ejemplo al reducir el nú-mero de ministerios y, él mismo al renunciar a susalario. Sin embargo, los últimos informes demarzo de 2003 sugieren que las amenazas de pro-testa continúan y los partidos de la coalición,mientras se daba la reestructuración del gabinete,ingresaban a una pelea por cuotas de poder comosi nada hubiese ocurrido.

El impacto en el país fue enorme. La prensa la-mentó unánimemente el número sin precedentesde muertos en un solo día, desde que la democra-cia fuera restituida, y diagnosticó la incapacidadgubernamental para mantener el orden y el mo-nopolio de la violencia debido al amotinamientodentro de las instituciones que supuestamente de-ben garantizarlo. Los comentarios de prensa in-sistieron en la urgencia de tomar medidasinnovadoras que impidan la desintegración yanomia en el país. El prestigio del gobierno reci-bió un golpe devastador y, según los informes dealgunos observadores, la inseguridad reinó en lascalles, en los círculos de gobierno, entre los em-presarios e inversionistas, y en todo el espectrode los partidos políticos.

Las protestas no pueden ser menospreciadas como“convulsión” y saqueo no político, aunque sin dudaestuvieron presentes elementos asaltantes y opor-tunistas. Aun en la situación actual de grupos depresión no coordinados e inclusive enfrentados, hayuna clara señal de que el actual manejo de la crisissocioeconómica por parte del actual gobierno, asícomo del anterior, no logra ninguna toleranciaentre amplios sectores de la población y de queeste rechazo alcanza niveles de descrédito de lalegitimidad del gobierno como tal.

Por el momento, es difícil imaginar un plan degobierno coherente aunque algunos comentariosde prensa han dado pistas sobre los problemasfundamentales que enfrenta la coalición. A estodebe añadirse la notoria ineficiencia actual en laimplementación de políticas y la estructura deservicios públicos. Los resultados de esta nuevafase de desintegración del Estado y la sociedaden el contexto de lo que se esperaba serían las“nuevas reglas del juego” en la escena parlamen-taria, quedan todavía por verse. A primera vista,los acontecimientos anticipan un mayor deteriorodel proceso democrático que podría buscar nue-vamente una salida violenta que desafíe a las au-toridades políticas y termine, esta vez con el apo-yo de voces “subversivas” en los círculos “oficia-les”, ilegitimando aún más la validez del ordena-miento legal en Bolivia. Para prevenir este esce-nario, se necesita algo más que medidas políticas.Se requiere una transformación de los mecanis-mos subyacentes que condujeron a la actual po-larización y convulsiones, y es posible que a la lar-ga la nueva configuración en el Parlamento puedajugar un papel en este proceso. Pero está por versesi la nueva presencia parlamentaria de aquellosanteriormente excluidos podrá anunciar en algúnmomento la transición hacia una democracia quelos bolivianos encuentren valioso defender.

Agradecimientos A Hernando Calla por su tra-ducción.


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Periódicos

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Semanarios

Pulso, La Paz 18-24/01/02, 25-31/01/02, 8-14/02/02, 14-20/02/03.

The Economist, Londres 17/08/02; Unit Country Report 08/02.


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Anexo 1: Siglas

ADN Acción Democrática NacionalistaAP Acuerdo PatrióticoAPDHB Asamblea Permanente de Derechos Humanos de BoliviaASP Asamblea por la Soberanía de los PueblosCAO Cámara Agropecuaria del OrienteCIDOB Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia de BoliviaCOMUNAL Coordinadora de Movilizaciones Unica NacionalCOB Central Obrera BolivianaCONDEPA Conciencia de PatriaCSUTCB Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de BoliviaGANPI Gran Asamblea Nacional de los Pueblos IndígenasIU Izquierda UnidaLyJ Libertad y JusticiaMAS Movimiento al SocialismoMBL Movimiento Bolivia LibreMIP Movimiento Indigenista PachacutiMIR Movimiento de Izquierda RevolucionariaMNR Movimiento Nacionalista RevolucionarioMRTKL Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de LiberaciónMST Movimiento Sin TierraNFR Nueva Fuerza RepublicanaPS-1 Partido Socialista-UnoUCS Unidad Cívica SolidaridadUDP Unión Democrática y Popular

la democracia boliviana: entre la consolidación, la … · te sánchez de lozada de bolivia, luego...

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