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La paz en Colombia: Realidad, mito y fantasías
Lara Montesinos Coleman y Gearóid Ó Loingsigh1
Brighton y Bogotá, abril 2013 El proceso de paz en Colombia ha vuelto a despertar interés en el ámbito nacional. Organismos internacionales de ayuda, organizaciones gubernamentales y académicos vuelven a hablar del conflicto interno armado y de las perspectivas de disolución de los movimientos insurgentes de las FARC-‐EP y el ELN. Muchos de los comentarios y análisis son una mezcla de viejos mitos sobre la naturaleza del conflicto y reflexiones fruto de la fantasía por no decir de una mente obnubilada. El documento “El fin del conflicto interno en Colombia: Perspectivas de paz con las FARC y más allá” de Matt Ince y Andrei Gómez Suárez, recientemente publicado, constituye un claro ejemplo de esta tendencia. El resumen ejecutivo inicial concluye cautelosamente: “A pesar del optimismo mesurado, las conversaciones de paz de Santos y las FARC son un proceso dinámico y altamente incierto. Por lo tanto, el establecimiento un de acuerdo de paz integral no está de ninguna manera garantizado.” Sin embargo, posteriormente los autores abandonan toda precaución y pasan a enumerar una serie de razones para optar por el optimismo que ignoran o tergiversan la naturaleza del conflicto. Esto no es del todo sorprendente. La experiencia de los procesos de paz en el ámbito internacional indica que en nombre de la paz que nunca se define, pero que se presume como un cese al fuego de todas las partes, a excepción de los agentes estatales, se abandona el pensamiento crítico y la realidad se distorsiona hasta hacerla coincidir con un propósito político. Los académicos o activistas que señalan las deficiencias del proceso son acusados de estar a favor de la prolongación de la violencia. No obstante, es necesario abordar la realidad del conflicto y los intereses que en él se involucran. Ninguna fantasía puede suplantar la realidad de un régimen asesino o las artimañas de engaño y distorsión que hacen parte del proceso de “paz”. En este artículo analizaremos algunos puntos puestos de relieve por Ince y Gómez Suárez. Comenzaremos por abordar las seis razones para optar por el optimismo (optimismo en cuanto a la desmovilización armada, no en cuanto a una reforma agraria significativa o a una solución a la desastrosa pobreza y a la desigualdad imperante en el país). Pasaremos a comentar los “desafíos” que enfrenta la paz según Ince y Gómez Suárez, así como las recomendaciones que proponen ellos proponen para “balancearlos”.
1 Lara Montesinos Coleman es académica del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sussex. Sus investigaciones giran en torno a teorías sociales y políticas de disentimiento y resistencia; la política del conocimiento y la sociología política del desarrollo y la violencia. Ha trabajado en el ámbito de los derechos humanos en Colombia desde el año 2000 y también ha hecho acompañamiento internacional a organizaciones campesinas y sindicales de base en Colombia. Es coautora del libro: Por Dentro E'Soga: Un Análisis de los Impactos de la BP en Casanare (Ediciones Desde Abajo, 2010), coeditora del trabajo: Situating Global Resistance: Between Discipline and Dissent (Routledge, 2012) y autora de otros artículos académicos. Fue profesora de la Universidad de Durham, se licenció en la Universidad de Oxford y culminó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Bristol. Gearóid Ó Loingsigh, es máster en Relaciones Internacionales (DCU, Universidad de Dublín) y trabaja como periodista en Colombia, donde reside actualmente. Trabaja estrechamente con diversas organizaciones campesinas e indígenas. Es autor de numerosos artículos sobre Colombia y de libros que abordan el tema de los conflictos en diversas regiones del país. Su última publicación: La Reconquista del Pacifico: Invasión, Inversión, Impunidad trata el tema de la invasión de las compañías mineras y de las compañías de palma africana a las tierras colectivas de las comunidades negras de la costa Pacífica, como de los planes del Gobierno para desalojar buena parte de los habitantes de la ciudad de Buenaventura para ampliar el puerto. Su primer libro La Estrategia Integral del Paramilitarismo en el Magdalena Medio (2003) generó gran controversia por las duras críticas al papel de las ONG en la promoción de los cultivos de palma africana y al modelo corporativo en las comunidades de esta región.
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Seis razones para optar por el optimismo ¿mito o fantasía? La búsqueda del cambio social a través de la negociación Ince y Gómez Suárez sostienen que la participación de las FARC en las negociaciones demuestra que las FARC han comprendido que “su agenda para el cambio social no puede lograrse a través de la lucha armada exclusivamente” (la itálica es nuestra). De hecho las FARC han participado en varias negociaciones y han tenido varios acercamientos con el Gobierno desde la década de los 80; incluso hubo algunas tentativas durante el régimen de Uribe. Sin embargo, las negociaciones en marcha son consecuencia de la derrota de las FARC en varios frentes2 (ateniéndonos aquí a su propia definición de éxito). La diferencia es sutil pero relevante. Militarmente, tal como Ince y Gómez Suárez lo reconocen, las FARC han perdido importantes franjas de territorio y su pie de fuerza ha pasado de 20 000 a 8 000 efectivos. Sin embargo, el significado de este hecho radica en el perfil estalinista y militarista de la organización. Resulta muy significativo que las FARC se autodenominen el “Ejército del Pueblo”. Cuando decidieron añadir las iniciales EP a su nombre en 1992, había un pueblo y un ejército representados, independientemente de que la gente así lo deseara. Este hecho, a su vez, provocó un conflicto con un grupo guerrillero más pequeño, el ELN, en el año 2007; un sangriento enfrentamiento que las FARC perdieron dramáticamente en el departamento de Arauca, donde miembros de las FARC de otros lugares se negaron a reemplazar a sus camaradas muertos. Después de su vertiginoso crecimiento en la década de los 90, las FARC se consideraban invencibles militarmente. No obstante descuidaron el aspecto político en esa expansión, financiada con dineros provenientes de vacunas a la producción de la coca. El objetivo era apoderarse de Bogotá y en el año 2000 contaban con frentes alrededor de la capital y una sólida milicia urbana. Dadas sus intenciones de derrotar militarmente al Estado colombiano y habiendo descuidado el trabajo político, no sorprende ahora que las FARC, después de haber sufrido derrotas importantes, hayan decidido negociar. Las FARC son el movimiento guerrillero más grande gracias a una expansión militar que se consolidó sacrificando el trabajo político. Esto debe inspirar cautela en cuanto al papel de la “agenda social para el cambio” de las FARC en el proceso actual. El clima político internacional Los autores también aducen que el clima político internacional actual es más propicio para las conversaciones de paz. Esto no aporta nada en cuanto a la naturaleza o a la importancia de esta coyuntura. A principios de la década de los 90, el movimiento guerrillero colombiano M-‐19 se desmovilizó. Esto ocurrió poco antes de la desmovilización del FMLN en El Salvador. A esto siguió la desmovilización en Colombia de grupos como el EPL, el PRT, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista (una fracción disidente del ELN), así como la desmovilización del URNG en Guatemala. ¿Por qué las FARC no se desmovilizaron en ese momento? La situación ha cambiado y, en la actualidad, las FARC son un fenómeno aislado en el ámbito internacional. Las revoluciones en Guatemala y El Salvador fueron derrotadas; la revolución sandinista en Nicaragua también fue derrotada a principios de los 90 (los sandinistas regresaron posteriormente con un programa más débil bajo la dirección de Daniel Ortega, convertido en un socialdemócrata corrupto). La ola roja que recorrió a Latinoamérica fue progresista en algunos temas y retrógrada en otros, como en el caso de las industrias extractivas. No ha habido revoluciones triunfantes, sino una sucesión de Gobiernos que no comparten los objetivos de los movimientos insurgentes colombianos de romper con el capitalismo y que se comprometen más con una praxis constante de la realpolitik, especialmente con respecto a Colombia. Estos son algunos de los aspectos del clima internacional que propicia la rendición. Por otra parte, no es posible comprender esta coyuntura política internacional sin tomar en cuenta los intereses económicos y la trayectoria histórica de los Estados que respaldan el deseo del Presidente Santos de llegar a un acuerdo negociado. No olvidemos que en 1928, mucho antes del surgimiento de los movimientos insurgentes de izquierda en Colombia, el Gobierno de Estados Unidos amenazó con invadir el país, si el Gobierno colombiano no actuaba en defensa de los intereses de la United Fruit Company, durante un paro de trabajadores colombianos de las bananeras. El incidente desembocó en la masacre de por lo menos 1 000 trabajadores y sus familias. Los movimientos guerrilleros conformados a mediados de la década de los 60 surgieron en el contexto de un anticomunismo genocida; Estados Unidos respaldó la guerra sucia que dio luz verde a las fuerzas estatales para que “exterminaran trabajadores sociales, sindicalistas y toda persona que no 2 Esta es la razón primordial que impulsa esta iniciativa de “paz”, si bien la discusión sobre las motivaciones de las FARC queda por fuera del alcance de este artículo.
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respaldara los estamentos oficiales”.3 A principios de la década de los 60, poco antes del surgimiento de las FARC y el ELN, Estados Unidos implementó una campaña brutal de contrainsurgencia: El Plan Lazo, fundamentado en sabotaje y actividades paramilitares y/o terroristas contra reconocidas figuras del comunismo”.4 Como resultado, la guerra sucia concedió a las fuerzas estatales “el derecho a.... exterminar trabajadores sociales, sindicalistas y personas que no respaldaran los estamentos oficiales”.5 Desde sus inicios se involucró a la población civil en las acciones de contrainsurgencia. Posteriormente se formaron grupos paramilitares mucho más fuertes, entrenados por batallones del ejército, que se convirtieron en los responsables -‐según cálculos conservadores-‐ de más de doce mil asesinatos políticos en la década de los 80. En 1991, las fuerzas militares colombianas suscribieron conjuntamente con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y un equipo de la CIA un plan de reorganización de inteligencia militar, orden 200-‐05/91. Esta iniciativa fortaleció la integración del paramilitarismo a las estructuras de inteligencia militar, bajo las órdenes directas de altos mandos militares. El resultado fue el surgimiento de una red de asesinos que identificaba y asesinaba a civiles sospechosos de colaborar con la guerrilla”.6 Los objetivos de la política exterior de Estados Unidos se mantuvieron prácticamente inalterados durante el periodo posterior a la Guerra Fría: “la preservación y la defensa de un orden internacional neoliberal y la destrucción de las fuerzas sociales o de los Estados considerados enemigos de este orden”.7 Recurriendo a información pública, documentación de las agencias gubernamentales de Estados Unidos e informes de derechos humanos, Doug Stokes demostró cómo el Gobierno estadounidense continuó financiando y apoyando la contrainsurgencia en Colombia. La única diferencia significativa fue el cambio de retórica; de anticomunismo se pasó a la lucha antidrogas y luego a la lucha contra el terrorismo”.8 Numerosas multinacionales, en muchos casos trabajando conjuntamente con compañías de seguridad estadounidenses o británicas, también han participado en la represión armada de fuerzas sociales que representan una amenaza para el orden económico neoliberal. Se han hecho acusaciones bien documentadas en contra de BP, Coca-‐Cola, Drummond, Occidental Petroleum, Chiquita Brands y muchas otras compañías. 9 Chiquita incluso ha admitido que entre 1997 y 2004 pagó a los paramilitares 1 700 000 dólares y adicionalmente admitió haberles suministrado armas. Según el Fiscal General de la Nación, estos pagos llevaron al asesinato de 4 000 civiles.10
3 GIRALDO, Javier. Colombia, esta democracia genocida. Centro de estudios Cristianisme i Justícia. Cuaderno 61. p. 10. 4 Visita a Colombia de un equipo especial de Special Warfare Center, Fort Bragg, Carolina del Norte, sede principal, U.S. Army Special Warfare School, 26 de febrero de 1962. Biblioteca Kennedy, apdo. postal 319, Archivos de Seguridad Nacional, grupo especial; equipo Fort Bragg; visita a Colombia; 3/62 Secret Supplement, Colombian Survey Report. 5 GIRALDO, Op. cit., p.10. 6 Ibid.; Human Rights Watch. Colombia’s Killer Networks: The Military-‐Paramilitary Partnership and the United States, (En línea). Nueva York. 1996. www.hrw.org/reports/1996/killertoc.htm [16 de agosto de 2005] (citado el 12 de junio de 2013). 7 STOKES, Doug. America’s Other War: Terrorizing Colombia. Londres: Zed, 2005. p. 47. 8 Véase STOKES, Doug. Why the end of the Cold War doesn’t matter: the US war of terror in Colombia. En: Review of International Studies. N.° 29 (2003), p. 569-‐585; STOKES, Op. cit., p. 84-‐121 9 Por ejemplo, Amnistía Internacional. A Laboratory of War: Repression and Violence in Arauca. (2004) (En línea) http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR230042004 [30 de abril de 2004](citado el 12 de junio de 2013), p.6; AYALA, M. et al. Por dentro e’soga: un análisis de los impactos de la BP en Casanare. Bogotá: Ediciones desde Abajo, Cospacc, 2010. COLEMAN, L. The making of docile dissent: neoliberalisation and resistance in Colombia and beyond. En: International Political Sociology 7:2. 2013; GILL, L. ‘Right there with you’: Coca-‐Cola, labor restructuring and political violence in Colombia. En: Critique of Anthropology, 27:3. 2007. p. 235-‐260; RAMIREZ Cuellar, F. The Profits of Extermination: How US Corporate Power is Destroying Colombia. Monroe: Common Courage Press. p. 73-‐80. 10 KOVALIK, D. Lawyer for Chiquita in Colombian death squad case may be next US Attorney General. En: The Huffington Post (6 de noviembre de 2008). (En línea) http://www.huffingtonpost.com/dan-‐kovalik/lawyer-‐for-‐chiquita-‐in-‐co_b_141919.html [9 de abril 2009] (citado el 12 de junio de 2013); BRODZINSKY, S. Terrorism and bananas in Colombia. En: Time, (2 de septiembre de 2007) (En línea) http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1616991,00.html [15 de septiembre de 2007] (citado el 12 de junio de 2013).
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¿Por qué se respalda ahora la “paz”? Es necesario entender este respaldo no solo en el contexto de la derrota militar de las FARC, sino también -‐y sobre todo-‐ como la consolidación del proyecto político y económico promovido por la contrainsurgencia armada en Colombia. En la década de los 90, el paramilitarismo se convirtió en pieza clave de la instauración del modelo económico neoliberal en Colombia. Hacia 1995 comenzaron a apoderarse de regiones completas del país; llevaron a cabo masacres y asesinatos selectivos de grupos y personas que consideraban un obstáculo para el modelo neoliberal de desarrollo. En sus declaraciones, los paramilitares involucrados en la implementación de esta estrategia han sido explícitos al hablar de la lógica de su funcionamiento. Por ejemplo, en el Magdalena Medio, una región rica en recursos y una de las primeras tomada por el paramilitarismo, los paramilitares destruyeron el equipamiento de los pequeños mineros aduciendo que iban a entregar las minas “a gente que haría una mejor explotación de éstas y un uso más racional de ese recurso” y añadieron que obraban en nombre del desarrollo y para “cuidar la inversión que viene del Estado y [las] multinacionales”.11 Carlos Castaño, uno de los líderes de la organización paramilitar más poderosa del país en ese momento, describió las tres fases de la estrategia implementada.12 La primera fase consistía en el desplazamiento de campesinos y la confiscación de tierras en poder de aquellos considerados colaboradores de la insurgencia, la concentración de la tenencia de la tierra y la lucha contra cualquier iniciativa social que no estuviera supeditada al control paramilitar. La segunda está relacionada con iniciativas de desarrollo tendientes a “llevar bienestar a la región”, ejecutada con el apoyo explícito de entidades gubernamentales como el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), (posteriormente Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)). Los paramilitares crearon incluso diversas ONG con la finalidad de supervisar el desarrollo de estos proyectos, muchos de los cuales terminaron manejando fondos de la cooperación internacional para el desarrollo, incluso mientras los asesinatos estaban a la orden del día.13 La fase final se definió como la “legitimación y consolidación” del modelo paramilitar. Tal como lo define el economista colombiano Libardo Sarmiento, una vez los elementos potencialmente subversivos de la población han sido eliminados y las bases de apoyo destruidas, “los paramilitares consideran que dejarán de ser una 'rueda suelta para el Estado'”. Así habrán construido las estructuras necesarias para la expansión victoriosa del capitalismo multinacional y nacional, y el Estado “modernizante” podrá instalarse con el concurso asociativo del sector privado, los organismos no gubernamentales y las comunidades 'organizadas'”14 En este contexto, el respaldo internacional a la “paz” en Colombia debe entenderse como la consolidación del modelo impuesto por estos medios. Esto se hace especialmente evidente en los esfuerzos actuales de la Unión Europea tendientes a la consolidación de la paz en Colombia. En este contexto resultan relevantes los laboratorios regionales de paz, un proyecto conjunto del Gobierno colombiano y la Unión Europea -‐en colaboración con el Banco Mundial y corporaciones nacionales y multinacionales-‐ que fueron establecidos para “explorar... los caminos que la sociedad colombiana tiene que recorrer para alcanzar la paz y propiciar el desarrollo sostenible”.15 Chris Pattern, en calidad de comisario europeo de Relaciones Exteriores, anunció la realización del primer laboratorio de paz en el Magdalena Medio cuando los paramilitares estaban consolidando su hegemonía en la región. En el mismo comunicado, el funcionario señaló el interés económico de la UE en un país donde la inversión extranjera directa (IED) se elevó a 800 millones de euros en 1999 y añadió que grandes sumas de capital solo entrarían al país si había estabilidad.16 Como era de esperarse, el modelo de desarrollo promovido por el laboratorio de paz da clara continuidad al énfasis de “capital social” competitivo y producción agrícola para la exportación, que promovían las ONG que florecieron a raíz de la consolidación del paramilitarismo. Uno de los ejes centrales, por ejemplo, ha sido la producción de palma
11 Ó LOINGSIGH, G. La Estrategia Integral Del Paramilitarismo en el Magdalena Medio de Colombia. Bogotá. 2003. pp. 68-‐9. 12 SARMIENTO A. Libardo. Un modelo piloto de modernización autoritaria en Colombia. Barrancabermeja: CREDHOS, Informe vol. 1, n. ° 2. 1996. p. 33. Citado por Ó LOINGSIGH, Gearóid. Op. cit., p. 11-‐24. 13 Ó LOINGSIGH, Op. cit., p. 22. 14 SARMIENTO A. Libardo. Un modelo piloto de modernización autoritaria en Colombia. Barrancabermeja: CREDHOS, Informe vol. 1, n. ° 2. 1996. p. 33. Citado por Ó LOINGSIGH, Gearóid. Op. cit., p. 22. 15 RUDQVUSTS, A. y VAN SLUYS, F. Informe Final de Evaluación de Medio Término Laboratorio de Paz del Magdalena Medio. Bruselas: ECO. 2005. p.2. 16 Ó LOINGSIGH, G. Laboratorios de paz de la UE. En: Frontline Latin America 2: 3. 2006. p. 4, 20.
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africana. Los campesinos son empujados a “alianzas estratégicas” con corporaciones privadas; en esas alianzas, ellos deben asumir los costos de producción y además quedan expuestos a los riesgos de la caída de precios.17 De hecho, la lógica de los laboratorios de paz concuerda mucho con la ortodoxia internacional en pro de la paz que surgió a finales de la década de los 90 y que se centra en la “promoción de la ortodoxia del neoliberalismo, las 'buenas' reformas administrativas y el uso de la ayuda de manera condicional o selectiva para afianzar el conformismo,”18 al tiempo que reduce al mínimo los efectos desestabilizadores del neoliberalismo. Así, el respaldo internacional al proceso de “paz”, lejos de ser una fuente de optimismo, debe generar más interrogantes con respecto al tipo de “paz” del que se habla en estas negociaciones. Una “paz” basada en lo que se ha logrado a través de años de represión estatal y paramilitar daría pocos motivos para celebrar. Las perspectivas económicas del país Los autores pasan a analizar factores de carácter interno que favorecen el proceso de “paz” y aducen que la perspectiva económica actual del país hace posible que Colombia financie los acuerdos logrados con las FARC. Nos permitimos hacer dos observaciones al respecto. En primera instancia, la perspectiva económica actual se basa en un modelo de explotación agrícola de cultivos industriales y en el saqueo a gran escala de las riquezas minero-‐energéticas del país. Los dos son planteamientos a muy corto plazo -‐especialmente el auge minero-‐ y los dos tienen consecuencias muy graves para el pueblo colombiano que incluyen la concentración de la tenencia de la tierra, el desplazamiento forzado mediante la violencia paramilitar y el desalojo de campesinos pobres.19 El auge minero también ha aumentado las tazas de pobreza, las más altas del país se registran en las regiones mineras y ha dejado secuelas nocivas en la salud de la población de estas regiones, daños ambientales generalizados y enormes pérdidas económicas para el Gobierno que favorecen a las multinacionales que poseen las licencias de explotación minera.20 Si la situación económica actual se percibe como algo positivo, esto obvia toda exigencia relacionada con los temas de la reforma agraria o con las miles de licencias de explotación minera actualmente en manos de multinacionales.21 No obstante, hay otro aspecto político que resulta todavía más preocupante en cuanto a lo afirmado por Ince y Gómez Suárez: la razón por la cual no tuvieron éxito acuerdos pasados fue la falta de dinero. Nos referimos aquí no solo a los acuerdos con los grupos guerrilleros, sino también a los más de quinientos acuerdos firmados con organizaciones campesinas a principios de los 90 y a comienzos de este siglo. Bien fueron completamente ignorados, como en el caso del acuerdo firmado en 1998 con los campesinos del sur de Bolívar o parcialmente reconocidos, como en el caso de los campesinos de Cauca y Nariño en 1999.22 El Estado colombiano ha hecho del desacato sistemático a los términos de acuerdos previos una costumbre; esto puede apreciarse claramente con la desmovilización del M-‐19. El gran éxito de ese proceso de paz fue la creación de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución Nacional de 1991, célebre por la amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales otorgados a los ciudadanos. Pero todavía estaba la tinta fresca y ya la oligarquía colombiana estaba tratando de cambiar o menoscabar la nueva constitución. Un ejemplo es el artículo transitorio 55 que dio lugar a la ley 70 de 1993. El propósito de esta ley era brindar protección legal a los derechos culturales de las comunidades negras, reconocer su derecho a la propiedad colectiva de tierras y a ejercer su control; y si bien les fueron otorgadas tierras en la costa Pacífica, fueron infructuosos todos sus intentos por ganar el control sobre las tierras en las que habían vivido o de las que habían sido expulsados en
17 Ibid.; COLEMAN, L. The Gendered Violence of Development: Imaginative Geographies of Exclusion in the Imposition of Neo-‐Liberal Capitalis. En: British Journal of Politics and International Relations 9:2. 2007. p. 213-‐216. 18 MAC GINTY, R. y WILLIAMS, A. Conflict and Development. Abingdon: Routledge. 2009. p.18. 19 Para conocer el debate en torno a este tema en relación con el modelo agrario, véase THOMSON, F. The Agrarian Question and Violence in Colombia. En: Journal of Agrarian Change 11:3. 2011. 20 RAMIREZ. The Profits of Extermination. p. 81-‐87. 21 También es necesario tener presente que si se cancelaran las licencias de explotación minera, Colombia quedaría
expuesta a demandas por pérdidas sufridas y por pérdida de utilidades futuras. Cualquier cambio al respecto implicaría infringir tanto normas internacionales como la legislación colombiana. Por lo tanto un movimiento así requiere mucho más que una simple decisión administrativa.
22 Para más información con respecto a los acuerdos alcanzados con las comunidades en el suroccidente del país, véase Ó LOINGSIGH, Gearóid. Una mirada desde el sur: Huellas de lucha y resistencia. Bogotá: CNA. 2011.
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los valles de la región Andina. Estas tierras estaban en manos de familias de la oligarquía colombiana, muchas de ellas con miembros de la familia en el Congreso. En la costa Pacífica, las comunidades negras todavía luchan por obtener el control de sus tierras colectivas.23 Las razones, en este caso, no son de carácter “económico” en el sentido de que sean el resultado de la falta de fondos del Gobierno; más bien debe atribuirse a otros factores “económicos”, como el deseo de preservar las estructuras existentes de poder, bienestar y privilegio. Adicionalmente, los títulos de propiedad colectiva que han sido reconocidos, han sido menoscabados por otras leyes. Por ejemplo, las comunidades son las propietarias de la tierra, pero no pueden intervenir para frenar la llegada de las multinacionales mineras. Ni siquiera se les garantiza el derecho a ser consultadas, en cumplimiento de lo contemplado en el Convenio n.° 169 de la OIT. El Gobierno sostiene que el derecho a ser consultados no implica que las comunidades puedan vetar o frenar el desarrollo de un proyecto minero. De igual manera, si bien la nueva constitución reconoce numerosos derechos laborales (incluidos el derecho a la organización colectiva, la estabilidad en el empleo, el descanso apropiado y la seguridad social) y compromete al Gobierno a elaborar un nuevo estatuto laboral que dé cuerpo a la ratificación de Colombia a los convenios de la OIT, el Estado no ha cumplido su compromiso y en cambio ha aprobado leyes que abiertamente continúan menoscabando los derechos consagrados en la constitución.24 Hay muchos otros ejemplos, pero la experiencia que han dejado acuerdos pasados indicaría que la coyuntura económica actual no influye de ninguna manera en los resultados de las discusiones, ni en la disposición del Gobierno para cumplir con los acuerdos pactados. Además de estos puntos, debemos poner de relieve una sorprendente distorsión de los hechos en la siguiente aseveración de Ince y Gómez Suárez: “La reciente Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras también ha proporcionado una buena base para un proceso de negociación exitoso, ya que, a diferencia de anteriores negociaciones de paz, el gobierno ahora tiene tres millones de hectáreas en su poder para poner en práctica la reforma agraria” (las itálicas son nuestras). Esto es absolutamente falso. La tierra a la que se hace referencia mediante la Ley de Restitución de Tierras -‐se aclara explícitamente-‐ no es para una “reforma agraria”. Se trata de tierra robada a los campesinos que mediante esta ley, teóricamente, busca restituirse a sus legítimos dueños. Los autores no solo enmascaran la devolución de propiedades robadas como “reforma agraria”, sino que evaden la discusión sobre la controvertida naturaleza de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en sí misma. El Gobierno no se limita a devolver tierra. De por medio hay un dilatado proceso en el cual la carga de la prueba recae sobre el campesino que exige la devolución de la tierra. Además de aportar las pruebas y para poder acceder a la tierra, los campesinos deben comprometerse a sembrar cultivos industriales, como la palma africana, la caña de azúcar, el caucho o el cacao e incluso ciertos vegetales para el mercado europeo como los espárragos que no hacen parte de la dieta alimenticia colombiana. Para poder sembrar estos cultivos, los campesinos deben asumir un préstamo de un ente estatal como FINAGRO. Es decir, la tierra no se les otorga; se les facilita siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones que incluyen contraer una deuda, con el fin de dar cumplimiento a los planes de exportación agrícola del Gobierno. No obstante, esta no es la única dificultad. El art. 99 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) especifica cuáles son las circunstancias bajo las cuales se puede restituir tierras. Este artículo estipula muy claramente que cuando el nuevo ocupante haya probado su “buena fe” y esté desarrollando proyectos agroindustriales productivos -‐por ejemplo un cultivo de palma o caucho-‐ el ocupante podrá seguir explotando la tierra después de firmar un acuerdo con el campesino. El campesino recibirá una indemnización económica y seguirá siendo reconocido como el propietario legítimo, pero no como el usufructuario legal. Además debe recordarse que es responsabilidad del campesino probar que el ocupante actuó de mala fe. En aquellos casos en los que se desarrolla un proyecto agroindustrial en las tierras y el campesino prueba la mala fe del ocupante, esto no basta para que se le restituya automáticamente la tierra. En el mismo artículo 99 se estipula que el magistrado que conozca del proceso “entregará el proyecto productivo a la unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para [que] lo explote a través de 23 Véase Ó LOINGSIGH, Gearóid. La reconquista del pacífico: Invasión, Inversión, Impunidad. Bogotá: CNA & PCN. 2013. 24 Las leyes más importantes que regularon esta reforma fueron la Ley 10 de 1989, la Ley 50 de 1990 y la Ley 189 de 2002.
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terceros y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio”. Esto significa que a los campesinos no se les devuelve la tierra ni siquiera si se prueba la mala fe del ocupante. El artículo 99 concluye estipulando que: “El Magistrado velará por la protección de los derechos de las partes y [por] que éstas obtengan una retribución económica adecuada.” Para esclarecer las cosas, las partes en este contexto son el ladrón y la víctima. Los dos recibirán una retribución económica adecuada. ¿Por qué se indemnizaría a un ladrón a través de una ley que busca restituir tierras a las víctimas del despojo? Porque como suele suceder en Colombia, lo que cuenta es el modelo económico, no el ciudadano. No se permitirá a ningún engreído campesino interponerse en el camino del modelo de la agroexportación, el mismo modelo que según Ince y Gómez Suárez, permitirá al Gobierno pagar el acuerdo de paz. Terreno común en relación con el desarrollo rural y las drogas ilícitas La cuarta razón para afrontar con optimismo el proceso según Ince y Gómez Suárez es que: “Varias declaraciones de prensa de las FARC y los negociadores del gobierno colombiano resaltan el hecho de que han encontrado un terreno común en relación con el desarrollo rural y las drogas ilícitas”. Debemos analizar esta afirmación con cautela. Las negociaciones se desarrollan a puerta cerrada y más allá de algunos comentarios insustanciales sobre los puntos que se discuten en La Habana, solo los delegados de las FARC-‐EP y el Gobierno conocen con exactitud los temas materia de discusión. No fue sino hasta el 1.° de marzo que Humberto de la Calle, coordinador de los negociadores del Gobierno, anunció a los medios que se habían logrado algunos avances en el tema agrario. No se dieron muchos detalles. Mucho de lo que sabemos nos llega a través de las fuentes de los periodistas, a quienes les comunican exclusivamente lo que estas fuentes desean que se sepa. Hasta que no se llegue a un acuerdo definitivo, no conoceremos detalles y nunca sabremos cómo se llegó al acuerdo. Al Estado le conviene que no haya debates en esta fase del proceso. Tácticamente les resulta más conveniente hablar de decisiones tomadas que discutir sobre la marcha. La confidencialidad también beneficia a las FARC porque pueden aducir que el resultado fue todo lo que pudieron conseguir. No obstante, haciendo un seguimiento de las declaraciones favorables sobre las perspectivas de la reforma agraria, los autores reivindican como un avance que “mientras las FARC anteriormente se oponían a la existencia de los latifundios, ahora se oponen a aquellas extensiones de tierra improductivas y subutilizadas”. Si esto es así, significaría que las FARC habrían renunciado a la reforma agraria, el argumento primordial de su lucha durante los últimos cincuenta años. El anuncio hecho por De la Calle el 1.° de marzo hacía referencia al avance en programas destinados a recobrar tierras ilegalmente ocupadas por individuos y grupos y por consiguiente parecería confirmar la opinión de los autores. Sin embargo, este hecho, lejos de ser una razón para optar por el optimismo, solamente añadiría una razón más a las preocupaciones. Colombia es uno de los países con la distribución menos equitativa de la tierra en todo el mundo. Sin embargo, el problema no es la tierra usurpada por grupos ilegales, sino los vastos territorios en manos de las familias más poderosas del país, entre ellas las de los legisladores. La confiscación de tierras usurpadas ilegalmente por paramilitares y narcotraficantes está consignada en la constitución desde hace algún tiempo. A pesar de ser una medida bien recibida, no es la solución para lograr una distribución equitativa de la tierra; es más, la falta de voluntad política ha hecho que incluso esta tímida medida no haya sido implementada verdaderamente y nada parece indicar que esto pueda cambiar. No es muy esperanzador que el tema central sean las fincas “improductivas”, ya que mucha de la tierra en manos de la oligarquía colombiana tiende a ser tierra apta para la producción agrícola y útil de alguna manera, así sea solo para la explotación ganadera a gran escala. Para entender lo que está en juego aquí es necesario analizar de manera más profunda el concepto de la desigualdad en la distribución de la tierra. Con frecuencia se citan cifras muy dispares, muchas de ellas correctas. La diferencia no radica en las figuras, sino en la manera como se usan. Si se analiza el número de fincas de más de 100 o 200 hectáreas se obtiene un panorama muy distinto al del número de fincas de más de 2 000 hectáreas. Muchos académicos recurren a una categoría de cifras más pequeña y por eso les resulta un número mayor de personas a las que se les podría pedir que renunciaran a sus tierras en el marco de una reforma agraria. El punto de corte resulta clave, tal como lo ilustra un estudio llevado a cabo por la Sociedad Geográfica de Colombia con datos de 2011. Si contabilizamos las fincas de más de 100 hectáreas, encontramos que 107 593 personas poseen 49 427 991 hectáreas, lo que equivale a 459 hectáreas por persona, lo cual no resulta excesivo. Si contamos las fincas con más de 200 hectáreas de extensión, el número se reduce a 48 218 personas que poseen 44 260 929 hectáreas; casi 1 000
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hectáreas por persona. No obstante, si nos fijamos en las fincas de 2 000 hectáreas o más, observamos que solamente 3 639 personas poseen 31 631 308 hectáreas; un área que equivale al tamaño de Gran Bretaña e Irlanda juntos y que representa el 47 % de las tierras de la zonas rurales, excluidos parques naturales y las tierras colectivas de las comunidades negras e indígenas.25 Estas cifras fueron recopiladas por el subdirector del Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la Sociedad Geográfica de Colombia. Estas dos instituciones son entes estatales; no se trata de ningún grupo de expertos de izquierda a los que se pueda culpar de estar exagerando la situación. Según un estudio reciente encomendado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la concentración de la tenencia de la tierra ha aumentado en el periodo comprendido entre 2000 y 2010. Mientras en el año 2000 el 75.7 % de la tierra estaba en manos de un 13.6 % de terratenientes, en el 2010 la cifras se elevaron al 77.6 % de la tierra en manos de un 13.7 %.26 Ante este panorama, el hecho de que las FARC hayan abandonado su oposición a grandes posesiones de tierra no es una razón para hablar de “optimismo”, se trata más bien de uno de los aspectos más tristes del proceso. Una reforma agraria sustancial se podría lograr modificando la situación de apenas 3 639 oligarcas. Mientras tanto, más de dos millones de campesinos viven en menos de 1 300 000 hectáreas. Esta injusticia es parte esencial del conflicto colombiano 27 y todos los esfuerzos por compensarla con la confiscación de tierras usurpadas o improductivas no bastarán para resolverla. Todo parece apuntar a una falta de voluntad política para resolver el problema de la distribución desigual de la tierra. Por otro lado, en cuanto a las drogas, el supuesto “terreno común” tiene muy poca relevancia política, porque el Gobierno colombiano no tiene la última palabra al respecto. Como afirman los autores, pueden buscar que se permita el cultivo de la coca para usos medicinales; no obstante, es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en las Naciones Unidas la que decide dónde se puede cultivar el opio y la coca con fines medicinales. Luego, los países presentan sus solicitudes ante la JIFE exponiendo sus necesidades y solicitando los permisos para comprar legalmente opio y coca. En el tema de las drogas, Colombia debe acatar la Convención única de 1961 sobre estupefacientes. El desacato de las normas acarrearía las siguientes consecuencias:
1) la suspensión del 50 % de ayuda bilateral, excepción hecha de algunas ayudas para el control de estupefacientes y de carácter humanitario; 2) voto negativo en materia de préstamos en seis órganos financieros internacionales, incluido el BID y el Banco Mundial y 3) Denegación de acceso a los exportadores estadounidenses a los créditos del Banco de Exportaciones e Importaciones para financiar ventas al país en cuestión y denegación de acceso a los inversionistas a los créditos de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC).28
Digámoslo abiertamente; no está en manos del Estado colombiano hacer ofrecimientos en asuntos relacionados con reformas a la legislación sobre estupefacientes. La última palabra la tienen la JIFE y en última instancia, Estados Unidos. Cohesión al interior de las FARC La quinta razón que los autores aducen para mirar el proceso con optimismo es que las FARC parecen ser una organización unificada, con un secretariado capaz de ejercer un control real sobre los diferentes frentes del grupo guerrillero. Esto no es tan relevante en la política del proceso de “paz” que ellos han abrazado. Esto simplemente significa que están en posición de desmovilizar la mayor parte de sus combatientes pacíficamente y, de ser necesario, traicionar a los demás pasando información al Estado. 25 MARTÍNEZ, Y. La Tenencia de la Tierra en Colombia. Bogotá. Sociedad Geográfica de Colombia. 2003. (En línea) http://www.sogeocol.edu.co/documentos/09late.pdf [12 de marzo de 2013] (citado el 12 de junio de 2013). 26 ALBÁÑEZ, A.M. y MUÑOZ, J.C. La persistencia de la concentración de la tierra en Colombia: ¿Qué pasó entre 2000 y 2010?”. Notas de la Política 9. Bogotá: Universidad de los Andes, CEDE. 2011. 27 Por ejemplo: THOMSON. The Agrarian Question. 28 JOYCE, E. Conclusions. En: JOYCE, E. y MALAMUD, C. (eds) Latin America and the Multinational Drug Trade. Londres: MacMillan. 1998. p.208.
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“Medidas anticorrupción” que atenúan la complicidad del Estado Sin embargo, la sexta razón que los autores traen a colación para mirar con optimismo el proceso es todavía más preocupante y deprimente que su adhesión a una reforma agraria limitada o a su eliminación total. Ince y Gómez Suárez afirman que:
Pese a la evidencia de que algunos elementos del crimen organizado mantienen estrechas relaciones con las agencias de seguridad en Colombia, los recientes esfuerzos del gobierno para implementar mecanismos anticorrupción sugieren que ahora es más difícil ocultar sí (sic) miembros de las fuerzas armadas deciden respaldar a los grupos paramilitares o sí (sic) deciden desviar recursos a grupos privados para que tomen la ley en sus propias manos.
Sus afirmaciones van en contra de todo lo que los grupos de derechos humanos han dicho sobre la naturaleza de la relación del Estado con las organizaciones paramilitares. No se trata solamente de algunos “elementos del crimen organizado”; ante lo sucedido en la historia reciente, sería un absurdo sugerir que súbitamente el Estado se preocupa por el asesinato de sus ciudadanos. Hablaremos de este último punto ahora que el escándalo de los falsos positivos todavía está fresco en la memoria de la mayoría; cabe anotar que el presidente Santos era el ministro de Defensa en funciones. Con el nombre de falsos positivos se hace referencia a la ejecución extrajudicial de civiles que se solían hacer pasar por guerrilleros vistiéndolos con uniformes de la insurgencia y que eran presentados como prueba del éxito del Estado en la guerra contra los movimientos guerrilleros. La mejor descripción del fenómeno, “el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio” la hizo Phillip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias. Alston, como es propio de los diplomáticos, afirmó que no había encontrado evidencia de que esto fuera parte de una estrategia por parte del Estado colombiano. Afirmó que: Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país.”29 (La negrilla es nuestra). Sin embargo, el relator especial de las Naciones Unidas afirmó explícitamente que no aceptaba la “teoría de unas cuantas 'manzanas podridas'” promulgada por muchos en el Gobierno. En el comunicado de prensa que divulgó el último día de su visita a Colombia afirmó que: “Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército”.30 (La negrilla es nuestra). Reiteramos: no estamos hablando de unos pocos criminales; por ejemplo, la logística del transporte de un buen número de jóvenes de Soacha al Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, donde posteriormente fueron asesinados, exige permisos y ayuda de altos rangos militares. No puede ignorarse que era política oficial pagar una prima a los soldados según el número de bajas (el relator hace referencia a esta política). Es cierto que también se pagaban primas por la captura de guerrilleros, pero resulta más complicado entregar a una persona inocente con vida. Los muertos no proclaman su inocencia. Las primas fueron aprobadas y otorgadas por el presidente en funciones, Juan Manuel Santos, en calidad de ministro de Defensa. En el año 2009, la Fiscalía reconoció que los falsos positivos se elevaban por lo menos a 2 077 y que entre ellos se contaban 59 menores de edad.31 Todos estos asesinatos generaron un pago del Estado. En ese momento, ni Santos ni el presidente de entonces, Álvaro Uribe, reconocieron el problema, ni el Estado ha sancionado un número significativo de estos casos. El caso que recientemente fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual el Estado colombiano declaró que no había habido “desaparecidos” en la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte
29 ALSTON, Philip. Informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip
Alston. En: Tema 3 de la agenda. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Consejo de Derechos Humanos.14º período de sesiones. 2010. p. 1-‐2
30 ALSTON, Philip. Comunicado de Prensa del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Junio de 2009. (En línea). www.extrajudicialexecutions.org (citado el 12 de junio de 2013). 31 “Más de dos mil colombianos habían sido asesinados en falsos positivos, según informe de la Fiscalía” En: el Tiempo, Bogotá 17/10/09 (En línea), www.eltiempo.com (citado el 12 de junio de 2013).
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de miembros del movimiento guerrillero M-‐19,32 así como en medidas legislativas recientes -‐discutidas a continuación-‐ que amenazan con agudizar el clima de impunidad que rodea a los criminales en las filas de las fuerzas armadas contradicen la idea de que el Estado persigue activamente a los numerosos autores de gran número de violaciones a los derechos humanos en las filas de las fuerzas armadas. También contradice esta idea la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, cuyo informe de enero de 2013 afirma en relación con los falsos positivos, que: “Considerando la magnitud de la crisis de los falsos positivos, son muy pocos los responsables que han sido retirados del servicio o procesados. Altos funcionarios vinculados a estos crímenes contra los derechos humanos continúan en servicio activo y siguen siendo ascendidos” 33 (la negrilla es nuestra). En el informe se afirma además:
75. La Fiscalía General ha acumulado denuncias, entre ellas las relativas a 4 716 víctimas de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales corresponden al tipo de ejecuciones conocidas como falsos positivos. De todas las investigaciones de homicidios, solo hay procesos activos conocidos en un 30% de ellas. De los casos abiertos, la gran mayoría no han superado la fase preliminar de la investigación criminal: más del 60% de las causas activas (unas 1 000) están en la fase de indagación preliminar (que precede a la fase de investigación formal); y para agosto de 2012 solo habían llegado a la fase de juicio oral (juzgamiento) o estaban vistas para sentencia 294 causas. Dada la naturaleza de estos delitos cometidos por agentes estatales, a medida que pasa el tiempo es cada vez menor la capacidad de establecer la responsabilidad penal en estos casos y la impunidad se vuelve sistémica.34
Las Naciones Unidas es una organización extremadamente cuidadosa en el lenguaje que utiliza al criticar Gobiernos. Sin embargo, no hay duda sobre la situación real. No hay razón para suponer que el Estado colombiano tenga algún tipo de interés en sancionar lo que Ince y Gómez Suárez llaman esos “elementos criminales” en las filas del Ejército y aún con la evidencia aportada por las Naciones Unidas no hay razón para creer que “ahora es más difícil ocultar si miembros de las fuerzas armadas deciden respaldar a los grupos paramilitares o si deciden desviar recursos a grupos privados para que tomen la ley en sus propias manos” tal como lo analizamos más profundamente en relación con el problema de la impunidad. Las opiniones de Ince y Gómez Suárez sobre el tema tienen muy serias implicaciones. La mayoría de los procesos de paz se comprometen en un proceso de reescritura de la historia. Se considera necesario diluir o borrar cualquier responsabilidad del Estado en el conflicto. Una vez se ha firmado el acuerdo, se considera que el Estado no solo es legítimo, sino que siempre lo fue y que sus actos confirmaron siempre su legitimidad. Ince y Gómez Suárez se adhieren a este precepto. En sus afirmaciones queda implícito que el Estado no es el responsable, sino que el problema reside en algunos elementos criminales en las filas de las fuerzas armadas. Esto contradice los argumentos de los grupos de derechos humanos durante cuatro décadas e ignora todos los informes presentados, todos los asesinatos y todos los ascensos de los oficiales ligados a estos asesinatos. Adicionalmente, mientras nuestros análisis previos de las tácticas de la guerra sucia en Colombia giraron en torno al papel de EE UU, también se debe poner de relieve que el Estado colombiano fue pieza clave del auge del paramilitarismo y brindó una base legal a la formación de los grupos paramilitares. En este sentido vale la pena citar al famoso defensor de los derechos humanos, el sacerdote jesuita Javier Giraldo:
Hasta 1989, los debates públicos sobre el paramilitarismo, cuya articulación a la fuerza pública ha sido siempre difícil de ocultar, citaban como sustento legal de la proliferación de grupos de civiles armados coordinados por el Ejército, el párrafo 3 del artículo 33 del Decreto 3398 de 1965, convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968. Dicha norma facultaba al ministerio de Defensa Nacional,
32 “Palacio de justicia: La peor defensa”. Revista Semana (23/02/13). (En línea) www.semana.com 33 Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. UNHCHR. En: Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. Consejo de Derechos Humanos. 22º período de sesiones. Tema 2 de la agenda. (2013). p. 15 34 Ibid.
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“por conducto de los comandos autorizados, para amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las fuerzas armadas.”35
Giraldo continúa explicando el propósito de estas acciones:
El paramilitarismo llega a ser, entonces, piedra angular de una estrategia de guerra sucia, donde las acciones sucias no puedan ser atribuidas a personas que comprometan al Estado a través de su accionar visible, sino que se deleguen, se traspasen o se proyecten en cuerpos confusos de civiles armados, anónimos y fácilmente definibles como delincuentes comunes que actúan y luego se esfuman en la niebla. Este objetivo de ENCUBRIMIENTO de responsabilidades, respecto a actos que no tienen ninguna presentación legal ni legítima, ni siquiera dentro de fuertes confrontaciones bélicas, hace que se confundan y se complementen dos tipos de procedimientos: el accionar de los militares camuflados de civiles y el accionar militar de civiles protegidos clandestinamente por militares. Ambos procedimientos tienden al mismo objetivo: el encubrimiento que salvaguar (sic) de la impunidad.36.
Finalmente, en 1989 se declaró inconstitucional la Ley 48. Sin embargo el Estado no dio el brazo a torcer. César Gaviria del Partido Liberal, quien llegó al poder en 1990, emitió un decreto en su último año de Gobierno mediante el cual se crearon las Cooperativas de Seguridad Rural, las Convivir, que brindaron una nueva fachada legal a los paramilitares. Esta política fue implementada posteriormente por el presidente Samper y fortalecida por Álvaro Uribe en calidad de gobernador del departamento de Antioquia. Estas a su vez se convirtieron en fuerzas anticonstitucionales y durante su propio mandato como presidente, Uribe las reemplazó con el experimento de muy corta duración de los soldados campesinos. Incluso la alta comisionada de las Naciones Unidas Mary Robinson tuvo que declarar muy claramente que:
...el Estado colombiano tiene una responsabilidad histórica innegable en el origen y desarrollo del paramilitarismo, que contó con amparo legal desde 1965 hasta 1989. Desde entonces, a pesar de que las llamadas "autodefensas" fueron declaradas inconstitucionales, han transcurrido ya diez años sin que se haya logrado su desmantelamiento efectivo. En este mismo plano histórico, particular responsabilidad le toca a las fuerzas militares, puesto que durante el extenso período de amparo legal de (sic) las "autodefensas", les correspondió promover, seleccionar, organizar, entrenar, dotar de armamento y proveer de apoyo logístico a estos grupos, dentro de un esquema general de apoyo a la fuerza pública en su lucha contrainsurgente.37
Cabe subrayar que los oficiales militares de alto rango involucrados con grupos paramilitares, como el entonces mayor Harold Bedoya, fueron promovidos. 38 Finalmente, Bedoya se convertiría en comandante general de las Fuerzas Militares. Es necesario mencionar que el ascenso a coronel y a rangos superiores requiere la aprobación del Congreso, de tal manera que la larga lista de oficiales militares que han alcanzado esta posición lo han hecho con el consentimiento y la aprobación del Congreso colombiano. Podríamos extendernos en este punto, pero baste con decir que el fenómeno de los paramilitares no se reduce a algunos “elementos criminales”. El papel del Estado en el asesinato de sus propios ciudadanos no puede ignorarse, ya que la primera exigencia hecha a las víctimas es que acepten la buena fe del Estado. No sabemos de dónde proviene el optimismo del que hacen gala Ince y Gómez Suárez.
35 GIRALDO, J. El Paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país. 2005. (En línea), www.javiergiraldo.org (citado el 12 de junio de 2013). 36 Ibid. 37 ROBINSON, Mary. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia. 2000. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 56º período de sesiones. Tema 3 del programa provisional. p.24. 38 Por ejemplo: Human Rights Watch. Colombia’s Killer Networks.
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Desafíos y propuestas Ince y Gómez Suárez pasan a enumerar cuatro potenciales escollos en el proceso de paz y una serie de propuestas relacionadas. En este aspecto también encontramos algunas fantasías, así como una tendencia recurrente a ocultar la evidencia que compromete al Estado colombiano. El desafío de las bandas criminales Una de las recomendaciones advierte que: “El gobierno de Santos tendrá que asegurar que los esfuerzos por llegar a un acuerdo político con las FARC sean complementados por una lucha integral contra las BACRIM.” Este último término es utilizado por el Gobierno colombiano para referirse a las bandas de crimen organizado, muchas de las cuales como Ince y Gómez Suárez lo reconocen: “están constituidas por actores criminales ilegales reagrupados poco antes de la desmovilización de los paramilitares en 2006.” Estas, según Ince y Gómez Suárez “se consideran ahora las principales generadoras de inseguridad en el país”. [Hay partes del texto original que no fueron traducidas en la versión española, hemos recurrido a una traducción propia donde esto ocurre. N. de la T.]. La manera como se presenta esta recomendación es un ardid más para desdibujar la responsabilidad del Estado en relación con el conflicto y la inseguridad en Colombia. El concepto de “paramilitares desmovilizados” debe entenderse no solo en el contexto histórico, en el cual el Estado se vio gravemente implicado en el fenómeno paramilitar de muchas maneras, sino también en el contexto histórico más reciente. Esta supuesta “desmovilización” ocurrió durante la presidencia del predecesor de Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, cuya elección fue muy bien recibida por los líderes paramilitares aduciendo que era: “el hombre más cercano a su filosofía”.39 El llamado “proceso de paz” de Uribe con los paramilitares fue ampliamente denunciado por las organizaciones de derechos humanos como una parodia de engaños y distorsiones que garantizaban una tácita impunidad a los crímenes de los paramilitares y no emprendía acción alguna para desmantelar las estructuras de esas organizaciones.40 Cumplida su misión, muchos de los grupos paramilitares que controlaron diversas regiones de Colombia a partir de la década de los 90, fueron desmantelados en ese momento; sin embargo mantuvieron el control de sus recursos y fueron “reciclados” eficazmente en forma de milicias urbanas que siguieron vigilando, amenazando y matando activistas sociales. Llama la atención en este contexto que Ince y Gómez Suárez acepten sin cuestionarlo el término BACRIM propuesto por el Gobierno. En un blog, poco después de que el informe de Ince y Gómez Suárez fuera publicado, Grace Livingstone cuestiona -‐con razón-‐ la aceptación de este término: “¿Deben aceptar los académicos este término acuñado por el Gobierno colombiano, cuando las evidencias demuestran que estos grupos armados están conformados en su mayoría por antiguos paramilitares, que acosan a las mismas personas y con frecuencia conspiran con el Estado?”.41 En el informe de enero de 2013 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se registra que los paramilitares desmovilizados suman el 53 % de las BACRIM y que estas continúan acosando a los líderes de las organizaciones sociales, en muchos casos, con la complicidad de las autoridades legales y las fuerzas estatales.42 Como señala Livingstone: “Se corre el riesgo de que al usar el término BACRIM se exima de toda responsabilidad a la autoridades colombianas -‐locales y nacionales-‐ y se dé la impresión de que tomar cartas en el asunto se reduzca a la tarea de arrestar a unos cuantos criminales. De hecho el asunto es mucho más complejo porque estos grupos armados controlan territorios, son poderosos económicamente y tiene fuertes vínculos con las élites políticas regionales”.
39 HYLTON, F. An Evil Hour: Uribe’s Colombia in Historical Perspective. En: New Left Review 23. 2003. p. 51-‐93. Véase también: LIVINGSTONE, G. Inside Colombia: Drugs, Democracy and War. Londres: Latin America Bureau. 2003. p. 57. 40 Human Rights Watch. Smoke and Mirrors: Colombia’s Demobilization of Paramilitary Groups. 2005. Nueva York. (En línea) http://hrw.org/reports/2005/colombia0805/ [16 de agosto de 2005] (citado el 12 de junio de 2013); Amnistía Internacional. 2005. Los paramilitares en Medellín: desmovilización o legalización? (En línea) http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230192005 [5 de septiembre de 2005]; ISAACSON, Adam. 2005. Peace or “Paramilitarisation”? Why a weak peace agreement with Colombian paramilitary groups may be worse than no agreement at all. En: International Policy Report. Julio de 2005. pp. 1-‐11. (En línea) http://www.ciponline.org/colombia/cipanal.htm [7 de julio de 2005] (citado el 12 de junio de 2013) 41 LIVINGSTONE, G. Is BACRIM just a new name for paramilitaries. En: British Academics for a Colombia Under Peace (BACUP) http://bacupblog.wordpress.com [6 de marzo 2013] (citado el 12 de junio de 2013). 42 Alta Comisionada de las Naciones Unidas. 2013. párrafos 37-‐43.
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Justicia transicional Esta tendencia a eximir a las autoridades colombianas de toda responsabilidad se evidencia una vez más en las recomendaciones de Ince y Gómez Suárez, en relación con la justicia que debe aplicarse en el periodo de transición. Sus argumentos tienen muchos matices; por un lado reconocen la complejidad que rodea las amnistías y el problema de la impunidad e insisten en que la adopción de un mecanismo adecuado de justicia transicional “no debería ser carta blanca para la impunidad en Colombia”. No obstante, lo que llama la atención es que gran parte de esta discusión parece estar dirigida a las FARC. La noción de “las medidas de responsabilidad dirigidas a cualquier actor armado que haya cometido violaciones de derechos humanos” se aborda al final y tales medidas se describen como algo que: “también debería fortalecerse a fin de garantizar que las políticas de justicia adoptadas sean justas y equitativas, y que buscan (sic) la rendición de cuentas de todos los agresores”. Lo que Ince y Gómez Suárez no aclaran es que la mayor parte de “la necesidad de justicia demandada tanto por la comunidad nacional como internacional” a la cual hacen referencia, no se ha enfocado en el problema de la impunidad de la insurgencia (a pesar de lo real y complejo que este tema pueda ser) sino en la impunidad rutinaria, imperante y de larga data que ha rodeado a los actores estatales y paramilitares a pesar de graves violaciones de los derechos humanos durante muchas décadas. Si bien durante los últimos años se han tomado muy pocas medidas para llevar a un reducido grupo de responsables de estos abusos ante la justicia, la impunidad sigue imperando. Testigos y abogados en estos casos continúan siendo amenazados y asesinados. 43 La vaga referencia al fortalecimiento de “las medidas de responsabilidad” para los violadores militares de derechos humanos resta importancia de manera drástica al problema de la impunidad en Colombia. Incluso después de la Constitución de 1991 -‐resultado del proceso de paz anterior con grupos guerrilleros-‐ la impunidad se afianzó aún más firmemente en el sistema judicial colombiano; en parte porque la Constitución misma otorga al Ejecutivo una gran injerencia en designaciones clave, como la del Fiscal General de la Nación.44 Entre tanto, numerosos oficiales militares que habían colaborado con el paramilitarismo fueron promovidos y también se integraron más formalmente grupos paramilitares a las operaciones militares. No obstante, la institucionalización de la impunidad ha sido un fenómeno claramente unidireccional. No ha sido un fenómeno para aquellos que hacen parte de la oposición política, que ha sido constantemente perseguida por el sistema judicial, incluso cuando hay muy poca evidencia de su participación en un acto criminal. Los funcionarios responsables del orden público, más que verla como un límite a sus acciones, tienden a usar de manera instrumental la legislación criminal, como un “arma de guerra” utilizada para reprimir grupos e individuos considerados una amenaza.45 No cabe aquí una discusión sobre el amplio contexto social y legal que ha facilitado la institucionalización de la impunidad en Colombia; pero llama la atención que Ince y Gómez Suárez no hagan referencia a este contexto más amplio. Su opinión de incorporar medidas para “fortalecer la responsabilidad” en un mecanismo de justicia transicional da la impresión de que el contexto legal permisivo, que favorece a responsables de violaciones a los derechos humanos vinculados con el Estado, sea más un asunto técnico que político. Sobre todo resulta sorprendente que Ince y Gómez Suárez omitan toda referencia a la reforma constitucional aprobada por el Congreso en diciembre de 2012; este hecho no puede considerarse una coincidencia si se toman en cuenta sus antecedentes históricos. Esta reforma fortalece la justicia penal militar en Colombia y ha sido duramente criticada por Amnistía Internacional, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, varios expertos 43 Amnistía Internacional. Colombia: La impunidad perpetúa las violaciones de derechos humanos. Información para el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas. Periodo de sesiones n.° 16 del Grupo de Trabajo sobre el EPU. Abril-‐mayo de 2013. p. 4. 44 GIRALDO, Op. cit., p. 61-‐62. Human Rights Watch. A Wrong Turn: The Record of the Colombian Attorney General’s Office. Nueva York: 2002.(En línea) http://hrw.org/reports/2002/colombia/ [16 de agosto 2005] (citado el 12 de junio de 213). 45 SANTOS, B. y GARCÍA Villegas, M. Colombia el revés del contrato social de la modernidad. En: El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia. Bogotá: Editorial Siglo de Hombres. 2001. p 79-‐80. GIRALDO, Op. cit., p. 61-‐62, 48, 79.
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de las Naciones Unidas y numerosos grupos de derechos humanos en el país. Tal como lo afirma la directora del programa para América de Amnistía Internacional, la aprobación de esta reforma “va en contra de las obligaciones internacionales contraídas por Colombia en materia de derechos humanos y entraña el riesgo de consolidar todavía más la impunidad de las fuerzas armadas y la policía”.46 La justicia militar en vigor en el país -‐especialmente la jurisdicción militar en los casos que involucran violaciones a los derechos humanos-‐ ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales durante años. La reforma propuesta reforzaría el control sobre las primeras etapas de la investigación criminal que ya ejercen los militares mediante la creación de un Tribunal de Garantías Penales, en el cual representantes militares decidirían junto con otros representantes la jurisdicción de los casos. Si bien la reforma “parece excluir de la revisión militar algunas de las más graves violaciones de derechos humanos”, el tribunal propuesto otorgaría a los militares una mayor influencia sobre las decisiones y facilitaría la definición de las violaciones de derechos humanos como “actos legítimos de situación de conflicto... sujetos a jurisdicción militar” (algo que ya han hecho repetidamente en el pasado, incluida la manipulación de las escenas del crimen, vistiendo a las víctimas con indumentaria militar, por ejemplo). Adicionalmente, los “crímenes de guerra”, que como Amnistía señala: “pueden incluir desaparición forzada, tortura y violación y otros actos de violencia sexual” según la reforma, estarán todavía sujetos a revisión en el sistema de la justicia militar, mientras que “los tribunales militares continuarán, asimismo, procesando casos de colaboración y colusión con grupos paramilitares”.47 De igual manera, Ince y Gómez Suárez dejan de lado otras medidas legislativas recientes que también ponen en tela de juicio cualquier supuesto compromiso del Estado colombiano de poner fin a la impunidad.48 Particularmente, su discusión sobre las “amnistías condicionales” debe entenderse en el contexto del llamado “marco legal para la paz”, una reforma constitucional sobre justicia transicional aprobada por el Congreso en junio de 2012 que permitirá al Congreso suspender sentencias de encarcelamiento de partes que hacen parte del conflicto, incluidas sentencias de las fuerzas de seguridad colombianas. La reforma también permite que el Fiscal General establezca prioridades en las investigaciones, lo cual implica que algunos de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos puedan no ser investigados (a pesar de la obligación de someter a investigación todos estos casos según el código internacional). Tanto esta medida, como la reforma propuesta a la justicia penal militar se consideran una amenaza tan seria en lo que toca a la impunidad, que Amnistía Internacional, en su reciente presentación para el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas (abril-‐mayo de 2013), recomendó la revocatoria de las dos reformas constitucionales.49 Ince y Gómez Suárez no mencionan nada de esto. Garantías políticas y protección para los miembros desmovilizados de las FARC La preocupación de Ince y Gómez Suárez de que se brinden garantías políticas y protección a los miembros de las FARC que se desmovilicen continúa en la línea de borrar los antecedentes históricos que involucran al Estado colombiano. En este caso hacen recomendaciones que fácilmente pueden resultar fatales para los insurgentes que deseen participar en el escenario político del país. Los autores afirman, con razón, que uno de los obstáculos para llegar a un acuerdo con las FARC es la capacidad del Estado “para salvaguardar las garantías políticas para los guerrilleros que están dispuestos a desarmarse y a ser reconocidos como actores políticos legítimos”. Con esto se hace referencia, en primera instancia, a las garantías y al derecho de los grupos políticos existentes y de grupos similares que puedan llegar a existir para ejercer oposición política. En este sentido, los autores no están del todo equivocados, el Estado tendrá que convencer a las FARC de que no van a ser masacrados. Los autores se refieren aquí al genocidio de la Unión Patriótica en década de los 80; se trataba de una coalición electoral de izquierda que convocaba a las dos guerrillas desmovilizadas y a los colombianos 46 Colombia: La reforma fomentará la impunidad de abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y la policía. Comunicado de prensa de Amnistía Internacional. 6 de diciembre de 2012. 47 Ibid. 48 No cabe aquí una discusión detallada de este tema, pero para conocer más detalles, véase, por ejemplo: “Informe de la situación de derechos humanos en Colombia 2008-‐2013” (diciembre de 2012) elaborado por varias plataformas y organizaciones para el Examen Periódico de las Naciones Unidas en 2013. (En línea) http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Report%20on%20the%20Human%20Rights%20situation%20in%20Colombia.pdf [4 de abril de 2013], p. 6-‐8. (Citado el 12 de junio de 2013). 49 Amnistía Internacional. Presentación para el Examen Periódico de las Naciones Unidas. p. 5-‐6,8.
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que no pertenecían a los partidos políticos tradicionales. Entre 3 000 y 5 000 miembros de la UP fueron asesinados por fuerzas del Estado y paramilitares, quienes además continuaron matando muchos militantes del M-‐19 desmovilizados posteriormente.50 Sin embargo, convencer a las FARC de que ellas no correrán la misma suerte no es lo mismo que cumplir esa promesa. El tiempo dirá que tan interesado estaba el Gobierno en ello y si tiene éxito y para entonces el acuerdo de “paz” será historia. Lo más preocupante al respecto es lo absurdo de esta propuesta:
Una forma de evitar una repetición de experiencias anteriores podría incluir la creación de una Unidad Especializada de Protección, integrada por miembros de las fuerzas armadas, la policía, miembros de los servicios de inteligencia, y excombatientes de las FARC para asegurar que la violencia dirigida contra sectores asociados con la UP y con las FARC en los años 1980 no se repita sí (sic) se lograra un acuerdo de paz.
Se debe plantear una simple pregunta: ¿quién asesinó a la UP? Algunos paramilitares se vieron involucrados, pero como los grupos de derechos humanos lo han señalado repetidamente, el peso represivo de los asesinos militares pasó a los paramilitares solamente a principios de los 90. Mucho de lo sucedido en la década de los 80 fue responsabilidad directa del Ejército. En 1988, en Segovia, municipio del departamento de Antioquia, el Ejército y la Policía asesinaron a 43 personas, a muchos de ellos abiertamente en la plaza principal del pueblo, porque habían votado por la UP y no por el partido Liberal. (Esto ha sido ampliamente documentado, incluso por el proyecto Nunca Más)51. Los helicópteros utilizados para repartir volantes amenazadores fueron helicópteros militares. El mensaje en los volantes era claro: el pueblo sería castigado por haber votado equivocadamente. La UP no solo ganó las elecciones municipales de Segovia, sino que barrió en el Consejo. Cuarenta y tres personas pagaron por este triunfo; todas asesinadas por la XIV Brigada del Ejército colombiano y la Policía. Es preciso señalar que en esta misma brigada se crearon y se entrenaron los paramilitares de Puerto Boyacá, el lugar donde Carlos Castaño desarrolló su vena asesina. Estos hechos son vox pópuli. Es imposible que lo autores no conozcan el papel del Ejército en el exterminio de la UP. La confianza de Ince y Gómez Suárez en los servicios de inteligencia también resulta bastante sorprendente teniendo en cuenta los antecedentes históricos. El 31 de octubre de 2011, el Gobierno se vio forzado a disolver el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) después de que se desatara un escándalo por las amenazas, los asesinatos, el espionaje y las grabaciones que se hicieron y que atentaron contra la integridad de activistas de derechos humanos, políticos y periodistas.52 Sobre todo durante el gobierno del predecesor de Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, el DAS, que operaba bajo las órdenes directas del presidente, espió de manera sistemática y recopiló información que por su naturaleza solo podía utilizarse para asesinar, chantajear o emboscar a quienes resultaban sospechosos. Según informes de los medios, la mayor parte de la información se recopiló a través de los guardaespaldas asignados por el Estado para proteger a los defensores de derechos humanos en cuestión. El DAS también se ha visto involucrado en el asesinato de sindicalistas y dos de sus exdirectores son actualmente investigados por vínculos con los paramilitares. ¿Se les escapó a Ince y Gómez Suárez una parte o la totalidad de estos hechos? ¿No notaron ellos que a muchos defensores de los derechos humanos les han imputado cargos en los que los testigos principales fueron los guardaespaldas que les habían asignado? Los servicios de inteligencia militar tienen antecedentes igualmente inconsistentes. La Red n.° 07 de inteligencia de la Armada en Barrancabermeja es un caso infame. Esta organización llevó a cabo una serie de asesinatos en esta ciudad encomendando a unos sicarios el trabajo sucio. La Fiscalía General de la Nación profirió una resolución de acusación con respecto a 68 asesinatos. No obstante, diversos grupos de derechos humanos de la ciudad aseguran que los asesinatos ascienden a más de 430.53 Los involucrados fueron 50 HYLTON, Op. cit., p.82. 51 El proyecto Nunca Más inició sus actividades en Antioquia. Sus esfuerzos estaban encaminados a registrar la violación sistemática de derechos humanos en algunas regiones del país. Se produjeron informes de otras regiones como El Catatumbo, Meta y la zona suroccidental del país. 52 Amnistía Internacional. Colombia: Informe anual 2012. (En línea) http://www.amnesty.org/en/region/colombia/report-‐2012#section-‐29-‐8 (citado el 12 de junio de 2013). 53 Entrevista Credhos 2002.
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exonerados en 1998 por el General Tapias que prestó servicios en el periodo de ese otro gran hombre de paz, el presidente Pastrana, quien dejó salir impunes a los militares en medio de las negociaciones de paz con las FARC. También se les pudo haber escapado a los autores que la XX Brigada -‐cuya tarea principal era la recopilación de información de inteligencia-‐ tuvo que ser disuelta cuando sus actividades se convirtieron en intolerables, incluso para el Gobierno de Estados Unidos, a quien se presionó para que no financiara unidades comprometidas en violaciones de derechos humanos. ¿Por qué Ince y Gómez Suárez piensan que las FARC deben confiar esta vez en el Ejército, la Policía y los servicios de inteligencia? Eso no se explica de ninguna manera. Tal vez sus esperanzas se fundan en la disolución del DAS y la creación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reemplazar los antiguos programas de protección adscritos al Ministerio del Interior, cuyo objetivo era la protección de los defensores de derechos humanos y los activistas políticos, pero esto tampoco justifica su optimismo. Los organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación por que “muchos de los trabajadores de la UNP, a algunos de los cuales se les han asignado tareas de protección, son antiguos funcionarios del DAS”.54 Esto, sumado al clima de impunidad continua que rodea a los responsables de violaciones de derechos humanos vinculados al Estado, indicaría que la propuesta de Ince y Gómez Suárez es peligrosamente errónea. La capacidad de presentar reformas estatales significativas en materia de tierras Otro desafío al que Ince y Gómez Suárez hacen referencia tiene que ver con la capacidad que tenga el Estado de proponer reformas significativas en materia de tierras. Teniendo en cuenta los argumentos que hemos presentado, no podemos más que coincidir con Ince y Gómez Suárez en cuanto a que “varias cosas quedan por hacer” en lo referente al desarrollo rural, los derechos de las víctimas y para garantizar que los esfuerzos que se hagan en torno a las reformas en materia de tierras sean “tan incluyentes y tengan un alcance tan amplio como sea posible”. No obstante, los autores, que no pudieron entender que una reforma significativa en materia de tierras ni siquiera hace parte de la discusión en este proceso entre una guerrilla derrotada y un Gobierno que no tiene el más mínimo interés en esta clase de reformas, se equivocan al identificar los obstáculos que afronta una reforma así, al asumir que el problema fundamental tiene que ver con las élites y los terratenientes en el ámbito regional:
...si el gobierno propusiera un cambio sustancial, por ejemplo en la forma en que la tierra se utiliza, o cualquier otro cambio en la vida rural, es probable que muchas personas, especialmente de la derecha, se opongan. Si bien el Gobierno de Santos y la élite política de Bogotá pueden entender la necesidad de plantear una reforma, las élites regionales de línea radical -‐especialmente los propietarios de latifundios-‐ que creen que el conflicto todavía se puede ganar militarmente, podrían estar menos dispuestos a aceptarla. Por lo tanto, la clave está en que Santos pueda convencer a una buena parte de esas élites regionales de aceptar cierto grado de reforma y [de] no tomar la ley en sus propias manos, por ejemplo, mediante el patrocinio de paramilitarismo. [Hay partes del texto original que no fueron traducidas en la versión española, hemos recurrido a una traducción propia donde esto ocurre. N. de la T.].
El problema que los autores señalan no es ni mucho menos insignificante. Como ya se dijo, en el pasado las élites regionales recurrieron al paramilitarismo para proteger sus intereses y no hay razón para creer que esta práctica no se repetirá, si no se toman las medidas necesarias para prevenirlo. No obstante, no podemos olvidar el contexto político que permitió que esto sucediera y que le otorgó un asidero legal al paramilitarismo; la complicidad de las fuerzas del Estado promoviendo y entrenado grupos paramilitares y la institucionalización de la impunidad a cuyo permisivo amparo se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Estos grupos permitieron que se afianzara la concentración de latifundios que serían legitimados y consolidados por el Estado, conjuntamente con el sector privado y las ONG, en aras del “desarrollo”. En nuestras objeciones hechas a la ley que aborda la restitución de tierras ya hemos dicho que Santos y la élite política no están interesados en promover ningún cambio significativo en la zona rural del país. Las élites regionales no son las únicas responsables de que no se plantee una reforma agraria, la élite de Bogotá, muchos de cuyos miembros son grandes terratenientes, tiene una responsabilidad mucho más grande. ¿Por qué los 54 Amnistía Internacional. Información para el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas. 2013. p.4.
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Gobiernos en los que Santos participó (en los mandatos de Gaviria, Pastrana y Uribe) introdujeron reformas que iban en contra del campesinado? En el mandato de Uribe, por ejemplo, se promulgaron una serie de leyes que menoscababan la producción campesina; desde prohibir el uso de semillas que no fueran compradas a multinacionales, hasta prohibir la producción de panela y la crianza casera de pollos, forzando a los campesinos a producir mediante procesos muy tecnificados55 ¿Por qué estos gobiernos firmaron acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea que van en detrimento de los métodos de producción campesina y dan preponderancia a la producción agroindustrial? Participación de la sociedad civil Aparentemente, el llamamiento que hacen Ince y Gómez Suárez a una “participación constructiva de la sociedad” parece loable. En el proceso de paz actual, las personas solo pueden participar en calidad de espectadores que pueden aprobar o rechazar el acuerdo final. A pesar de algunos aspavientos iniciales con respecto a la participación en el proceso, esto tuvo muy poca o ninguna repercusión en la práctica. La Universidad Nacional y UNDP convocaron dos foros en los que se invitaba a personas y organizaciones a participar en un debate. El foro sobre el tema agrario fue especialmente patético; solamente unas 1 200 personas acudieron a la convocatoria. De estos, unos 200 eran representantes de organizaciones comerciales que llegaron bien preparados. La metodología consistía en dividir a los asistentes en diferentes grupos que discutían de manera abierta y caótica toda suerte de temas sin una metodología específica. El encuentro terminó con una plenaria y las propuestas viajaron a La Habana. A duras penas, este método puede considerarse participativo. Los grupos de campesinos no tienen una participación directa en el proceso, porque su exigencia es clara: reclaman tierra; lo cual puede incomodar en las negociaciones. El foro sobre el tema agrario fue clausurado por tres personas: la exsenadora Piedad Córdoba, el presidente de la Sociedad de Agricultores de (SAC) y Francisco de Roux, exdirector de la ONG administradora del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y cabeza actual de los jesuitas. De Roux concluyó el foro abogando por más cultivos de los que él llamó: “cosechas tropicales permanentes” (palma, caucho y cacao), fiel a un modelo agroindustrial que no concuerda en lo más mínimo con la exigencia de tierras.56 Es necesario plantearse cómo sería una “participación significativa” en la práctica. Aquí una vez más es importante tomar en cuenta el contexto histórico. No se trata solo de que lo que Ince y Gómez Suárez califican como una “una ciudadanía pasiva” sea falso, pasando por alto el asesinato indiscriminado de muchos campesinos, trabajadores y la destrucción de organizaciones indígenas y de derechos humanos durante de las últimas décadas; es necesario, además, tener en cuenta los antecedentes históricos de la promoción de la participación popular en Colombia. Desde la implementación de las políticas neoliberales y la vigencia de la Constitución de 1991, los distintos Gobiernos han puesto de relieve la importancia de la participación popular en los asuntos estatales y han recalcado la necesidad de contar con instituciones abiertas y descentralizadas, con el fin de propiciar las condiciones que afiancen la paz y la competitividad del mercado.57. No obstante, en este contexto, la participación ciudadana se concibe como una participación enmarcada dentro de las fronteras predeterminadas y no negociables de las políticas neoliberales y como un medio para “fortalecer la efectividad de las acciones estatales” y “desarrollar la competitividad”.58 El enfoque que se ha dado a un “Estado participativo” está acompañado de un impulso para crear una sociedad de ciudadanos emprendedores y fieles
55 Véase la Resolución 4287/2007 del Ministerio de Protección Social y el Decreto 1500 de 2007 en relación con la crianza de aves de corral (criollas) y la Resolución 779 de marzo de 2006 y 3462 de 2008. 56 La información presentada en este párrafo proviene de informes verbales presentados a uno de los autores, así como de grabaciones hechas por periodistas de los discursos de clausura y de los cuales los autores recibieron copias. 57 Departamento Nacional de Planeación (DNP). La Revolución Pacífica: Plan de Desarrollo Económico y Social 1990-‐1994. 1991. Bogotá: Presidencia de la Republica y Departamento Nacional de Planeación; Departamento Nacional de Planeación (DNP). El Salto Social: Plan Nacional de Desarrollo, Ley de Inversiones 1994-‐1998. 1995. Bogotá: Presidencia de la Republica y Departamento Nacional de Planeación; Departamento Nacional de Planeación (DNP). Plan Nacional de Desarrollo 1998-‐2002: Cambio para Construir la Paz. 1999. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación; Departamento Nacional de Planeación (DNP). Plan Nacional de Desarrollo 2002-‐2006: Hacia un Estado Comunitario. 2003. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. 58 Ibid., p. 68.
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que “participarán” solo como se espera. Desde mediados de los 90, el Gobierno de Ernesto Samper comenzó a hacer explícitas referencias a la creación de un prototipo ideal de ciudadano que ha sido reforzado de manera preponderante por los Gobiernos sucesivos.59 Este discurso ha sido repetido en intervenciones en pro del “desarrollo y la paz” dirigidas a la población rural. Por ejemplo: Asocipaz, una ONG fundada por paramilitares en el Magdalena Medio ha afirmado que los campesinos deben convertirse en empleados de la agroindustria, con el fin de “generarles posibilidades de participar activamente, en calidad de accionistas o copropietarios”.60 Llama la atención que esta, la ONG que maneja los fondos de los Laboratorios de Paz en el Magdalena Medio-‐ subvencionados por la UE-‐ incluya dentro de sus objetivos inculcar en los campesinos la idea de forjar una identidad más competitiva y empresarial. Esta organización define así una de sus funciones: “facilitar al conjunto de pobladores percibirse como dueños y actores del propio destino”.61 La promoción de este tipo de “participación de la sociedad civil” ha sido el instrumento de activas luchas emprendidas para recuperar territorio, contra el despojo de tierras y la devastación de la naturaleza propiciada por el modelo de explotación neoliberal. Ya mencionamos las fundadas acusaciones contra diversas compañías multinacionales, entre las que figura la BP, por su complicidad con la violencia estatal y paramilitar contra organizaciones sociales. En los alrededores de los pozos petroleros de la BP en Casanare, la ONG de la compañía, Fundación Amanecer, abiertamente promueve formas similares de fortalecimiento de la identidad propia en el campesinado, pero ha enviado representantes a las reuniones de las comunidades de derechos humanos para invitarles a que participen en sus proyectos productivos en vez de comprometerse en la peligrosa tarea de organizarse para enfrentar las ejecuciones extrajudiciales del Ejército colombiano.62 ¿Cuál es el tipo de participación por el que abogan Ince y Gómez Suárez? ¿El modelo de participación dentro de parámetros predefinidos, favorecidos por el Estado y promovido por ONG vinculadas con el paramilitarismo, el sector privado y los intereses internacionales? ¿O abogan por una participación que abra espacios para disentir, debatir y luchar por el trasfondo del acuerdo sobre la mesa? El primer paso en esta dirección sería que el Estado tomara las medidas necesarias para poner fin a la represión en marcha contra los procesos de base de las organizaciones sociales. Esto implicaría, entre otras cosas, poner fin a la impunidad de la que han disfrutado agentes estatales y paramilitares. Sin embargo, Ince y Gómez Suárez, al pasar por alto sistemáticamente el papel del Estado en el conflicto colombiano, se limitan a reforzar la cultura de impunidad que da luz verde a la continua represión de que son víctimas las organizaciones sociales. Pocas expectativas Gran parte del problema es que Ince y Gómez Suárez aceptan sin reservas la legitimidad del Estado colombiano y miran el proceso de paz a través de los lentes oficiales, según los cuales los problemas tienen simplemente un carácter técnico y no un perfil político. Esto se hace evidente en la última recomendación para hacer frente a la decepción:
Para evitar la radicalización de la sociedad colombiana si las negociaciones no logran un acuerdo antes de noviembre de 2013, Santos tendrá que mantener las expectativas del electorado bajo control durante los diálogos en La Habana. Esto podría lograrse mediante el diseño de una estrategia de comunicación más eficaz en torno a la difusión de información pública, de manera que ayude a reducir las altas expectativas y permita a los equipos de negociación la entrega de declaraciones públicas breves, francas y transparentes en relación con los progresos realizados
La preocupación de los autores por el electorado parece ser una prioridad inusitada si se tiene en cuenta que la mayor parte de la población no vota y de quienes lo hacen, gran parte vende su voto.63 Sin embargo, se destaca 59 DNP. 1995., El Salto Social; DNP.1999, Cambio para Construir la Paz. p.14. 60 Ó LOINGSIGH, Op. cit., p. 83. 61 Citado en RUDQVUSTS, A. y VAN SLUYS, F. Informe Final de Evaluación de Medio Término Laboratorio de Paz del Magdalena Medio. 2005. Bruselas: ECO. p. 5. 62 COLEMAN, L. The making of docile dissent. (En preparación). 63 En las últimas elecciones presidenciales se invirtió cerca de un millón de dólares en compra de votos solamente en Bogotá.
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todavía más la necesidad de trazar una estrategia para disminuir las expectativas sociales y políticas de la sociedad, no para promover la participación popular en el proceso o para convocar a una asamblea constituyente o para poner en marcha cualquier mecanismo similar donde se dé espacio a las demandas del pueblo colombiano, que pueden diferir -‐y muy posiblemente difieren-‐ de las exigencias de las FARC. ¿Qué tipo de expectativas es necesario disminuir? La reforma agraria puede hacer parte de la lista. ¿Por qué recomiendan ellos que el Estado prepare una estrategia para disminuir expectativas? ¿Es porque creen que los campesinos deben cejar en su empeño en nombre de la “paz”? Tal vez algunas personas esperan que oficiales militares sean procesados por crímenes pasados. ¿Es esta una de las expectativas que es necesario aplacar? La recomendación final los deja al descubierto; no se habla aquí de justicia, esta tampoco es su propuesta. Se trata de crear estabilidad para los capitales y las élites. Observaciones finales Disminuir las expectativas es tan solo una de las estrategias del Estado para eliminar o pacificar la oposición, así como para ocultar su responsabilidad en las prácticas de represión armada. Los académicos que respaldan sin reparos estas negociaciones solo le suman al conflicto. Las experiencias de los procesos de paz en todo el mundo, desde Irlanda hasta Latinoamérica, pasando por Sudáfrica, indicarían que dichos procesos fomentan sobre todo la estabilidad del Estado y de los capitales; no se trata de reducir niveles de violencia, fundamentalmente entre los más pobres. El proceso de paz en el Salvador es un ejemplo claro. En los tiempos de la insurgencia, cerca de 70 000 personas perdieron la vida a raíz del conflicto. Muchas personas se solidarizaron con el proceso promulgando la idea de que lo importante era poner fin al conflicto y salvar vidas. Entre el año 2000 y 2011, un periodo que prácticamente coincide con el del conflicto, se registraron 38 660 homicidios intencionales en el Salvador64; no tantos como los que perecieron en el conflicto, pero aun así esta es una cifra muy alta. La tasa de asesinatos en el Salvador se ha mantenido como la segunda más alta de Latinoamérica; la tasa registrada en 2011 fue de 69.2 por cada 100 000.65 Si echamos una mirada a la tasa de homicidios entre los jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad, la cifra se disparó a 105.6 en el 2008 (último año de cifras del que se dispone).66 ¿Dónde queda la preocupación internacional? ¿Las donaciones en efectivo, las mesas redondas, los países mediadores? No hay nada de eso, porque no se trata de reducir muertes; se trata de eliminar una amenaza armada contra el capitalismo. Si se tratara solo del papel de los académicos ocultando la derrota de un movimiento insurgente que tiene muy pocas posibilidades de ganar, el asunto sería grave, pero no tan serio para el resto de la sociedad. No obstante, los procesos de paz no solamente tienen que ver con la desmovilización de organizaciones armadas, sino con la desmovilización de sectores más amplios de la sociedad. Se trata de que nadie dañe los planes y que el acuerdo alcanzado no afecte los poderes existentes, ni el patrimonio; que los bienes queden intactos. En este sentido el papel de las ONG y los académicos es crucial. Se redactan documentos, se dan conferencias y se publican libros sobre la importancia del acuerdo y las razones por las que todos deben respaldarlo. Se dice que todos los que no muestran simpatías con el acuerdo, quieren guerra; sin saber si los críticos alguna vez se mostraron partidarios de la guerra. El mismo modelo impuesto a sangre y fuego establece ahora los parámetros del camino para alcanzar la paz, siempre y cuando pueda ser implementada de la manera “adecuada”, es decir, teniendo en cuenta el potencial del conflicto. Se habla de la importancia de resolver el conflicto, un concepto prestado del ámbito de la terapia familiar, como si se tratara de una pareja que ya no puede convivir. Se ignoran los intereses en juego y las fuerzas sociales involucradas. Se proclama la victoria y a aquellos en la oposición, como por ejemplo los campesinos que continúan exigiendo tierra, se les acusa de darle la espalda a la historia, al progreso y por último a la paz. Se pasa por alto el aspecto político. En un conflicto hay ganadores y perdedores; no hay empates. Se gana en el conflicto o se gana en la mesa de negociaciones; de cualquier manera alguien gana y 64 OEA, Informe sobre la Seguridad Ciudadana en las Américas 2012: Estadísticas oficiales de Seguridad Ciudadana producidas por los Estados miembros de la OEA. Washington D.C: Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. 2012. p.17 65 Ibíd p.18 66 Ibíd p.25
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alguien pierde. No reconocer esta realidad ha propiciado muchas acrobacias verbales, políticas y sociales ejecutadas para impedir una percepción clara de la realidad del conflicto social. Se hace sentir presionada a la gente para que no propicie un retorno a la guerra al exigir justicia, verdad, reparación tierras, educación, salud o vivienda. No se debe exigir nada que pueda amenazar el acuerdo o los poderes instaurados. Después de la desmovilización del movimiento guerrillero M-‐19, los líderes de la organización asumieron cargos diplomáticos y pasaron a representar el Estado colombiano en las embajadas del mundo, mientras que la represión militar y paramilitar estaba en su apogeo; lo mismo pasó con los insurgentes desmovilizados del EPL y la historia se repetirá: se pedirá a la gente que defienda lo indefendible y ellos lo harán en el nombre del proceso de paz. Este es el ideal de los tecnócratas; todo se reduce a las necesidades del Estado, a convencer a los insurgentes de desmovilizarse y los demás que se las arreglen como puedan, mientras se intenta darle una fachada académica y política a un débil acuerdo, que es lo máximo que se puede esperar de un proceso así. Einstein decía que locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados; cuando se trata de procesos de paz, tendemos a ignorar las experiencias del pasado. En el caso de Colombia, Ince y Gómez Suárez han optado por una nefasta distorsión de la realidad del país y han dado la espalda a un pasado plagado de muerte a la hora de dar recomendaciones; han abrazado argumentos en pro de una paz a cualquier precio que solo beneficia al Estado y al capital e ignora las consecuencias que puede tener para los demás miembros de la sociedad.