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1 La paz en Colombia: Realidad, mito y fantasías Lara Montesinos Coleman y Gearóid Ó Loingsigh 1 Brighton y Bogotá, abril 2013 El proceso de paz en Colombia ha vuelto a despertar interés en el ámbito nacional. Organismos internacionales de ayuda, organizaciones gubernamentales y académicos vuelven a hablar del conflicto interno armado y de las perspectivas de disolución de los movimientos insurgentes de las FARCEP y el ELN. Muchos de los comentarios y análisis son una mezcla de viejos mitos sobre la naturaleza del conflicto y reflexiones fruto de la fantasía por no decir de una mente obnubilada. El documento “El fin del conflicto interno en Colombia: Perspectivas de paz con las FARC y más allá” de Matt Ince y Andrei Gómez Suárez, recientemente publicado, constituye un claro ejemplo de esta tendencia. El resumen ejecutivo inicial concluye cautelosamente: “A pesar del optimismo mesurado, las conversaciones de paz de Santos y las FARC son un proceso dinámico y altamente incierto. Por lo tanto, el establecimiento un de acuerdo de paz integral no está de ninguna manera garantizado.” Sin embargo, posteriormente los autores abandonan toda precaución y pasan a enumerar una serie de razones para optar por el optimismo que ignoran o tergiversan la naturaleza del conflicto. Esto no es del todo sorprendente. La experiencia de los procesos de paz en el ámbito internacional indica que en nombre de la paz que nunca se define, pero que se presume como un cese al fuego de todas las partes, a excepción de los agentes estatales, se abandona el pensamiento crítico y la realidad se distorsiona hasta hacerla coincidir con un propósito político. Los académicos o activistas que señalan las deficiencias del proceso son acusados de estar a favor de la prolongación de la violencia. No obstante, es necesario abordar la realidad del conflicto y los intereses que en él se involucran. Ninguna fantasía puede suplantar la realidad de un régimen asesino o las artimañas de engaño y distorsión que hacen parte del proceso de “paz”. En este artículo analizaremos algunos puntos puestos de relieve por Ince y Gómez Suárez. Comenzaremos por abordar las seis razones para optar por el optimismo (optimismo en cuanto a la desmovilización armada, no en cuanto a una reforma agraria significativa o a una solución a la desastrosa pobreza y a la desigualdad imperante en el país). Pasaremos a comentar los “desafíos” que enfrenta la paz según Ince y Gómez Suárez, así como las recomendaciones que proponen ellos proponen para “balancearlos”. 1 Lara Montesinos Coleman es académica del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sussex. Sus investigaciones giran en torno a teorías sociales y políticas de disentimiento y resistencia; la política del conocimiento y la sociología política del desarrollo y la violencia. Ha trabajado en el ámbito de los derechos humanos en Colombia desde el año 2000 y también ha hecho acompañamiento internacional a organizaciones campesinas y sindicales de base en Colombia. Es coautora del libro: Por Dentro E'Soga: Un Análisis de los Impactos de la BP en Casanare (Ediciones Desde Abajo, 2010), coeditora del trabajo: Situating Global Resistance: Between Discipline and Dissent (Routledge, 2012) y autora de otros artículos académicos. Fue profesora de la Universidad de Durham, se licenció en la Universidad de Oxford y culminó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Bristol. Gearóid Ó Loingsigh, es máster en Relaciones Internacionales (DCU, Universidad de Dublín) y trabaja como periodista en Colombia, donde reside actualmente. Trabaja estrechamente con diversas organizaciones campesinas e indígenas. Es autor de numerosos artículos sobre Colombia y de libros que abordan el tema de los conflictos en diversas regiones del país. Su última publicación: La Reconquista del Pacifico: Invasión, Inversión, Impunidad trata el tema de la invasión de las compañías mineras y de las compañías de palma africana a las tierras colectivas de las comunidades negras de la costa Pacífica, como de los planes del Gobierno para desalojar buena parte de los habitantes de la ciudad de Buenaventura para ampliar el puerto. Su primer libro La Estrategia Integral del Paramilitarismo en el Magdalena Medio (2003) generó gran controversia por las duras críticas al papel de las ONG en la promoción de los cultivos de palma africana y al modelo corporativo en las comunidades de esta región.

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La  paz  en  Colombia:  Realidad,  mito  y  fantasías    

Lara  Montesinos  Coleman  y  Gearóid  Ó  Loingsigh1    

Brighton  y  Bogotá,  abril  2013      El  proceso  de  paz  en  Colombia  ha  vuelto  a  despertar  interés  en  el  ámbito  nacional.  Organismos  internacionales  de  ayuda,  organizaciones  gubernamentales  y  académicos  vuelven  a  hablar  del  conflicto  interno  armado  y  de  las  perspectivas   de   disolución   de   los   movimientos   insurgentes   de   las   FARC-­‐EP   y   el   ELN.   Muchos   de   los  comentarios  y  análisis  son  una  mezcla  de  viejos  mitos  sobre  la  naturaleza  del  conflicto  y  reflexiones  fruto  de  la  fantasía   por   no   decir   de   una   mente   obnubilada.   El   documento   “El   fin   del   conflicto   interno   en   Colombia:  Perspectivas  de  paz  con   las  FARC  y  más  allá”  de  Matt   Ince  y  Andrei  Gómez  Suárez,   recientemente  publicado,  constituye  un  claro  ejemplo  de  esta  tendencia.    El  resumen  ejecutivo  inicial  concluye  cautelosamente:  “A  pesar  del  optimismo  mesurado,  las  conversaciones  de  paz  de  Santos  y  las  FARC  son  un  proceso  dinámico  y  altamente  incierto.  Por  lo  tanto,  el  establecimiento  un  de  acuerdo   de   paz   integral   no   está   de   ninguna  manera   garantizado.”     Sin   embargo,   posteriormente   los   autores  abandonan  toda  precaución  y  pasan  a  enumerar  una  serie  de  razones  para  optar  por  el  optimismo  que  ignoran  o  tergiversan  la  naturaleza  del  conflicto.    Esto  no  es  del  todo  sorprendente.    La  experiencia  de  los  procesos  de  paz  en  el  ámbito  internacional  indica  que  en  nombre  de  la  paz  que  nunca  se  define,  pero  que  se  presume  como  un  cese  al  fuego  de  todas  las  partes,  a  excepción  de  los  agentes  estatales,  se  abandona  el  pensamiento  crítico  y  la   realidad   se  distorsiona  hasta  hacerla   coincidir   con  un  propósito  político.     Los  académicos  o   activistas  que  señalan   las   deficiencias   del   proceso   son   acusados   de   estar   a   favor   de   la   prolongación   de   la   violencia.     No  obstante,  es  necesario  abordar  la  realidad  del  conflicto  y  los  intereses  que  en  él  se  involucran.    Ninguna  fantasía  puede  suplantar  la  realidad  de  un  régimen  asesino  o  las  artimañas  de  engaño  y  distorsión  que  hacen  parte  del  proceso  de  “paz”.    En  este  artículo  analizaremos  algunos  puntos  puestos  de  relieve  por  Ince  y  Gómez  Suárez.    Comenzaremos  por  abordar  las  seis  razones  para  optar  por  el  optimismo  (optimismo  en  cuanto  a  la  desmovilización  armada,  no  en  cuanto   a   una   reforma   agraria   significativa   o   a   una   solución   a   la   desastrosa   pobreza   y   a   la   desigualdad  imperante  en  el  país).  Pasaremos  a  comentar  los  “desafíos”  que  enfrenta  la  paz  según  Ince  y  Gómez  Suárez,  así  como  las  recomendaciones  que  proponen  ellos  proponen  para  “balancearlos”.        

1  Lara  Montesinos  Coleman   es   académica   del   departamento   de  Relaciones   Internacionales   de   la  Universidad   de  Sussex.  Sus  investigaciones  giran  en  torno  a  teorías  sociales  y  políticas  de  disentimiento  y  resistencia;  la  política  del  conocimiento  y  la  sociología  política  del  desarrollo  y  la  violencia.  Ha  trabajado  en  el  ámbito  de  los  derechos  humanos  en  Colombia  desde  el  año  2000  y  también  ha  hecho  acompañamiento   internacional  a  organizaciones  campesinas  y  sindicales   de   base   en   Colombia.   Es   coautora   del   libro:  Por  Dentro   E'Soga:   Un   Análisis   de   los   Impactos   de   la   BP   en  Casanare   (Ediciones  Desde  Abajo,  2010),   coeditora  del   trabajo:  Situating  Global  Resistance:  Between  Discipline  and  Dissent   (Routledge,  2012)  y  autora  de  otros  artículos  académicos.    Fue  profesora  de   la  Universidad  de  Durham,  se  licenció  en  la  Universidad  de  Oxford  y  culminó  estudios  de  maestría  y  doctorado  en  la  Universidad  de  Bristol. Gearóid   Ó   Loingsigh,   es   máster   en   Relaciones   Internacionales   (DCU,   Universidad   de   Dublín)   y   trabaja   como  periodista  en  Colombia,  donde  reside  actualmente.  Trabaja  estrechamente  con  diversas  organizaciones  campesinas  e  indígenas.     Es   autor   de   numerosos   artículos   sobre   Colombia   y   de   libros   que   abordan   el   tema  de   los   conflictos   en  diversas  regiones  del  país.  Su  última  publicación:  La  Reconquista  del  Pacifico:  Invasión,  Inversión,  Impunidad  trata  el  tema  de   la   invasión  de   las  compañías  mineras  y  de   las  compañías  de  palma  africana  a   las   tierras  colectivas  de   las  comunidades   negras   de   la   costa   Pacífica,   como   de   los   planes   del   Gobierno   para   desalojar   buena   parte   de   los  habitantes   de   la   ciudad   de   Buenaventura   para   ampliar   el   puerto.   Su   primer   libro   La   Estrategia   Integral   del  Paramilitarismo  en  el  Magdalena  Medio  (2003)  generó  gran  controversia  por  las  duras  críticas  al  papel  de  las  ONG  en  la  promoción  de  los  cultivos  de  palma  africana  y  al  modelo  corporativo  en  las  comunidades  de  esta  región.  

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Seis  razones  para  optar  por  el  optimismo  ¿mito  o  fantasía?      La  búsqueda  del  cambio  social  a  través  de  la  negociación  Ince  y  Gómez  Suárez  sostienen  que  la  participación  de  las  FARC  en  las  negociaciones  demuestra  que  las  FARC  han   comprendido   que   “su   agenda   para   el   cambio   social   no   puede   lograrse   a   través   de   la   lucha   armada  exclusivamente”  (la  itálica  es  nuestra).  De  hecho  las  FARC  han  participado  en  varias  negociaciones  y  han  tenido  varios   acercamientos   con   el  Gobierno  desde   la   década  de   los  80;   incluso  hubo   algunas   tentativas  durante   el  régimen  de  Uribe.    Sin  embargo,   las  negociaciones  en  marcha  son  consecuencia  de   la  derrota  de   las  FARC  en  varios   frentes2   (ateniéndonos   aquí   a   su   propia   definición   de   éxito).     La   diferencia   es   sutil   pero   relevante.    Militarmente,   tal   como   Ince   y   Gómez   Suárez   lo   reconocen,   las   FARC   han   perdido   importantes   franjas   de  territorio  y  su  pie  de  fuerza  ha  pasado  de  20  000  a  8  000  efectivos.    Sin  embargo,  el  significado  de  este  hecho  radica   en   el   perfil   estalinista   y   militarista   de   la   organización.     Resulta   muy   significativo   que   las   FARC   se  autodenominen  el  “Ejército  del  Pueblo”.    Cuando  decidieron  añadir  las  iniciales  EP  a  su  nombre  en  1992,  había  un  pueblo  y  un  ejército  representados,  independientemente  de  que  la  gente  así  lo  deseara.    Este  hecho,  a  su  vez,  provocó   un   conflicto   con   un   grupo   guerrillero   más   pequeño,   el   ELN,   en   el   año   2007;   un   sangriento  enfrentamiento  que   las  FARC  perdieron  dramáticamente  en  el  departamento  de  Arauca,  donde  miembros  de  las   FARC   de   otros   lugares   se   negaron   a   reemplazar   a   sus   camaradas   muertos.     Después   de   su   vertiginoso  crecimiento   en   la   década   de   los   90,   las   FARC   se   consideraban   invencibles   militarmente.     No   obstante  descuidaron   el   aspecto   político   en   esa   expansión,   financiada   con   dineros   provenientes   de   vacunas   a   la  producción  de  la  coca.    El  objetivo  era  apoderarse  de  Bogotá  y  en  el  año  2000  contaban  con  frentes  alrededor  de  la  capital  y  una  sólida  milicia  urbana.    Dadas  sus  intenciones  de  derrotar  militarmente  al  Estado  colombiano  y  habiendo  descuidado  el  trabajo  político,  no  sorprende  ahora  que  las  FARC,  después  de  haber  sufrido  derrotas  importantes,   hayan   decidido   negociar.     Las   FARC   son   el   movimiento   guerrillero   más   grande   gracias   a   una  expansión  militar  que  se  consolidó  sacrificando  el  trabajo  político.  Esto  debe  inspirar  cautela  en  cuanto  al  papel  de  la  “agenda  social  para  el  cambio”  de  las  FARC  en  el  proceso  actual.    El  clima  político  internacional  Los  autores  también  aducen  que  el  clima  político  internacional  actual  es  más  propicio  para  las  conversaciones  de  paz.    Esto  no  aporta  nada  en  cuanto  a  la  naturaleza  o  a  la  importancia  de  esta  coyuntura.  A  principios  de  la  década  de   los   90,   el  movimiento   guerrillero   colombiano  M-­‐19   se   desmovilizó.   Esto   ocurrió   poco   antes   de   la  desmovilización  del  FMLN  en  El  Salvador.  A  esto  siguió  la  desmovilización  en  Colombia  de  grupos  como  el  EPL,  el  PRT,  el  Quintín  Lame  y   la  Corriente  de  Renovación  Socialista  (una  fracción  disidente  del  ELN),  así  como  la  desmovilización   del   URNG   en   Guatemala.   ¿Por   qué   las   FARC   no   se   desmovilizaron   en   ese   momento?     La  situación  ha  cambiado  y,  en   la  actualidad,   las  FARC  son  un  fenómeno  aislado  en  el  ámbito   internacional.    Las  revoluciones  en  Guatemala  y  El  Salvador  fueron  derrotadas;  la  revolución  sandinista  en  Nicaragua  también  fue  derrotada  a  principios  de  los  90  (los  sandinistas  regresaron  posteriormente  con  un  programa  más  débil  bajo  la  dirección   de   Daniel   Ortega,   convertido   en   un   socialdemócrata   corrupto).   La   ola   roja   que   recorrió   a  Latinoamérica   fue   progresista   en   algunos   temas   y   retrógrada   en   otros,   como   en   el   caso   de   las   industrias  extractivas.   No   ha   habido   revoluciones   triunfantes,   sino   una   sucesión   de   Gobiernos   que   no   comparten   los  objetivos  de   los  movimientos   insurgentes   colombianos  de   romper   con  el   capitalismo  y  que   se   comprometen  más  con  una  praxis  constante  de  la  realpolitik,  especialmente  con  respecto  a  Colombia.    Estos  son  algunos  de  los  aspectos  del  clima  internacional  que  propicia  la  rendición.      Por   otra   parte,   no   es   posible   comprender   esta   coyuntura   política   internacional   sin   tomar   en   cuenta   los  intereses  económicos  y  la  trayectoria  histórica  de  los  Estados  que  respaldan  el  deseo  del  Presidente  Santos  de  llegar  a  un  acuerdo  negociado.  No  olvidemos  que  en  1928,  mucho  antes  del  surgimiento  de   los  movimientos  insurgentes   de   izquierda   en   Colombia,   el   Gobierno   de   Estados   Unidos   amenazó   con   invadir   el   país,   si   el  Gobierno  colombiano  no  actuaba  en  defensa  de   los   intereses  de   la  United  Fruit  Company,  durante  un  paro  de  trabajadores   colombianos   de   las   bananeras.   El   incidente   desembocó   en   la   masacre   de   por   lo   menos   1  000  trabajadores   y   sus   familias.   Los   movimientos   guerrilleros   conformados   a   mediados   de   la   década   de   los   60  surgieron  en  el  contexto  de  un  anticomunismo  genocida;  Estados  Unidos  respaldó  la  guerra  sucia  que  dio  luz  verde  a  las  fuerzas  estatales  para  que  “exterminaran  trabajadores  sociales,  sindicalistas  y  toda  persona  que  no   2  Esta  es  la  razón  primordial  que  impulsa  esta  iniciativa  de  “paz”,  si  bien  la  discusión  sobre  las  motivaciones  de  las  FARC  queda  por  fuera  del  alcance  de  este  artículo.  

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respaldara   los  estamentos  oficiales”.3    A  principios  de   la  década  de   los  60,  poco  antes  del   surgimiento  de   las  FARC   y   el   ELN,   Estados   Unidos   implementó   una   campaña   brutal   de   contrainsurgencia:   El   Plan   Lazo,  fundamentado   en   sabotaje   y   actividades   paramilitares   y/o   terroristas   contra   reconocidas   figuras   del  comunismo”.4     Como   resultado,   la   guerra   sucia   concedió   a   las   fuerzas   estatales   “el   derecho   a....   exterminar  trabajadores  sociales,  sindicalistas  y  personas  que  no  respaldaran  los  estamentos  oficiales”.5    Desde  sus  inicios  se   involucró   a   la   población   civil   en   las   acciones   de   contrainsurgencia.     Posteriormente   se   formaron   grupos  paramilitares   mucho   más   fuertes,   entrenados   por   batallones   del   ejército,   que   se   convirtieron   en   los  responsables  -­‐según  cálculos  conservadores-­‐  de  más  de  doce  mil  asesinatos  políticos  en  la  década  de  los  80.    En  1991,   las   fuerzas   militares   colombianas   suscribieron   conjuntamente   con   el   Departamento   de   Defensa   de  Estados  Unidos  y  un  equipo  de  la  CIA  un  plan  de  reorganización  de  inteligencia  militar,  orden  200-­‐05/91.    Esta  iniciativa  fortaleció  la  integración  del  paramilitarismo  a  las  estructuras  de  inteligencia  militar,  bajo  las  órdenes  directas  de  altos  mandos  militares.  El  resultado   fue  el  surgimiento  de  una  red  de  asesinos  que   identificaba  y  asesinaba  a  civiles  sospechosos  de  colaborar  con  la  guerrilla”.6      Los  objetivos  de   la  política  exterior  de  Estados  Unidos   se  mantuvieron  prácticamente   inalterados  durante  el  periodo   posterior   a   la   Guerra   Fría:   “la   preservación   y   la   defensa   de   un   orden   internacional   neoliberal   y   la  destrucción   de   las   fuerzas   sociales   o   de   los   Estados   considerados   enemigos   de   este   orden”.7     Recurriendo   a  información   pública,   documentación   de   las   agencias   gubernamentales   de   Estados   Unidos   e   informes   de  derechos  humanos,  Doug  Stokes  demostró  cómo  el  Gobierno  estadounidense  continuó  financiando  y  apoyando  la   contrainsurgencia   en   Colombia.     La   única   diferencia   significativa   fue   el   cambio   de   retórica;   de  anticomunismo   se   pasó   a   la   lucha   antidrogas   y   luego   a   la   lucha   contra   el   terrorismo”.8     Numerosas  multinacionales,  en  muchos  casos   trabajando  conjuntamente  con  compañías  de  seguridad  estadounidenses  o  británicas,  también  han  participado  en  la  represión  armada  de  fuerzas  sociales  que  representan  una  amenaza  para  el  orden  económico  neoliberal.    Se  han  hecho  acusaciones  bien  documentadas  en  contra  de  BP,  Coca-­‐Cola,  Drummond,  Occidental  Petroleum,  Chiquita  Brands  y  muchas  otras  compañías.  9  Chiquita  incluso  ha  admitido  que   entre   1997   y   2004   pagó   a   los   paramilitares   1  700  000   dólares   y   adicionalmente   admitió   haberles  suministrado  armas.  Según  el  Fiscal  General  de  la  Nación,  estos  pagos  llevaron  al  asesinato  de  4  000  civiles.10    

3  GIRALDO,  Javier.  Colombia,  esta  democracia  genocida.    Centro  de  estudios  Cristianisme  i   Justícia.  Cuaderno  61.  p.  10.  4  Visita  a  Colombia  de  un  equipo  especial  de  Special  Warfare  Center,  Fort  Bragg,  Carolina  del  Norte,  sede  principal,  U.S.   Army   Special   Warfare   School,   26   de   febrero   de   1962.   Biblioteca   Kennedy,   apdo.   postal   319,   Archivos   de  Seguridad  Nacional,  grupo  especial;  equipo  Fort  Bragg;  visita  a  Colombia;  3/62  Secret  Supplement,  Colombian  Survey  Report.  5  GIRALDO,  Op.  cit.,  p.10.  6  Ibid.;  Human  Rights  Watch.  Colombia’s  Killer  Networks:  The  Military-­‐Paramilitary  Partnership  and  the  United  States,  (En   línea).   Nueva   York.   1996.  www.hrw.org/reports/1996/killertoc.htm   [16   de   agosto   de   2005]   (citado   el   12   de  junio  de  2013).  7  STOKES,  Doug.  America’s  Other  War:  Terrorizing  Colombia.  Londres:  Zed,  2005.  p.  47.  8  Véase  STOKES,  Doug.  Why  the  end  of  the  Cold  War  doesn’t  matter:  the  US  war  of  terror  in  Colombia.  En:  Review  of  International  Studies.  N.°  29  (2003),  p.  569-­‐585;  STOKES,  Op.  cit.,  p.  84-­‐121  9   Por   ejemplo,   Amnistía   Internacional.  A   Laboratory   of  War:   Repression   and   Violence   in   Arauca.   (2004)   (En   línea)  http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR230042004     [30  de  abril  de  2004](citado  el  12  de   junio  de  2013),  p.6;  AYALA,  M.  et  al.  Por  dentro  e’soga:  un  análisis  de   los   impactos  de   la  BP  en  Casanare.  Bogotá:  Ediciones  desde  Abajo,   Cospacc,   2010.   COLEMAN,   L.  The  making   of   docile   dissent:   neoliberalisation   and   resistance   in   Colombia   and  beyond.  En:  International  Political  Sociology  7:2.  2013;  GILL,  L.   ‘Right  there  with  you’:  Coca-­‐Cola,  labor  restructuring  and   political   violence   in   Colombia.   En:   Critique   of   Anthropology,   27:3.   2007.   p.   235-­‐260;   RAMIREZ   Cuellar,   F.  The  Profits  of  Extermination:  How  US  Corporate  Power  is  Destroying  Colombia.  Monroe:  Common  Courage  Press.  p.  73-­‐80.  10   KOVALIK,   D.   Lawyer   for   Chiquita   in   Colombian   death   squad   case   may   be   next   US   Attorney   General.   En:   The  Huffington   Post   (6   de   noviembre   de   2008).   (En   línea)   http://www.huffingtonpost.com/dan-­‐kovalik/lawyer-­‐for-­‐chiquita-­‐in-­‐co_b_141919.html   [9   de   abril   2009]   (citado   el   12   de   junio   de   2013);   BRODZINSKY,   S.   Terrorism   and  bananas   in   Colombia.   En:   Time,   (2   de   septiembre   de   2007)   (En   línea)  http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1616991,00.html   [15   de   septiembre   de   2007]   (citado   el   12   de  junio  de  2013).  

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¿Por  qué  se  respalda  ahora  la  “paz”?    Es  necesario  entender  este  respaldo  no  solo  en  el  contexto  de  la  derrota  militar   de   las   FARC,   sino   también   -­‐y   sobre   todo-­‐   como   la   consolidación   del   proyecto   político   y   económico  promovido   por   la   contrainsurgencia   armada   en   Colombia.     En   la   década   de   los   90,   el   paramilitarismo   se  convirtió   en   pieza   clave   de   la   instauración   del   modelo   económico   neoliberal   en   Colombia.     Hacia   1995  comenzaron  a  apoderarse  de  regiones  completas  del  país;  llevaron  a  cabo  masacres  y  asesinatos  selectivos  de  grupos   y   personas   que   consideraban   un   obstáculo   para   el   modelo   neoliberal   de   desarrollo.   En   sus  declaraciones,   los   paramilitares   involucrados   en   la   implementación   de   esta   estrategia   han   sido   explícitos   al  hablar  de  la   lógica  de  su  funcionamiento.    Por  ejemplo,  en  el  Magdalena  Medio,  una  región  rica  en  recursos  y  una   de   las   primeras   tomada   por   el   paramilitarismo,   los   paramilitares   destruyeron   el   equipamiento   de   los  pequeños  mineros  aduciendo  que  iban  a  entregar  las  minas  “a  gente  que  haría  una  mejor  explotación  de  éstas  y  un   uso   más   racional   de   ese   recurso”   y   añadieron   que   obraban   en   nombre   del   desarrollo   y   para   “cuidar   la  inversión  que  viene  del  Estado  y  [las]  multinacionales”.11  Carlos  Castaño,  uno  de  los  líderes  de  la  organización  paramilitar  más  poderosa  del  país  en  ese  momento,  describió  las  tres  fases  de  la  estrategia  implementada.12    La  primera   fase  consistía  en  el  desplazamiento  de  campesinos  y   la   confiscación  de   tierras  en  poder  de  aquellos  considerados   colaboradores   de   la   insurgencia,   la   concentración   de   la   tenencia   de   la   tierra   y   la   lucha   contra  cualquier  iniciativa  social  que  no  estuviera  supeditada  al  control  paramilitar.  La  segunda  está  relacionada  con  iniciativas   de   desarrollo   tendientes   a   “llevar   bienestar   a   la   región”,   ejecutada   con   el   apoyo   explícito   de  entidades   gubernamentales   como  el   Instituto  Colombiano  de   la  Reforma  Agraria   (INCORA),   (posteriormente  Instituto   Colombiano   de  Desarrollo   Rural   (Incoder)).   Los   paramilitares   crearon   incluso   diversas  ONG   con   la  finalidad  de  supervisar  el  desarrollo  de  estos  proyectos,  muchos  de  los  cuales  terminaron  manejando  fondos  de  la  cooperación  internacional  para  el  desarrollo,  incluso  mientras  los  asesinatos  estaban  a  la  orden  del  día.13    La  fase   final   se   definió   como   la   “legitimación   y   consolidación”   del   modelo   paramilitar.     Tal   como   lo   define   el  economista  colombiano  Libardo  Sarmiento,  una  vez  los  elementos  potencialmente  subversivos  de  la  población  han   sido   eliminados   y   las   bases   de   apoyo   destruidas,   “los   paramilitares   consideran   que   dejarán   de   ser   una  'rueda  suelta  para  el  Estado'”.    Así  habrán  construido  las  estructuras  necesarias  para  la  expansión  victoriosa  del  capitalismo  multinacional  y  nacional,  y  el  Estado  “modernizante”  podrá   instalarse  con  el   concurso  asociativo  del  sector  privado,  los  organismos  no  gubernamentales  y  las  comunidades  'organizadas'”14      En  este  contexto,  el  respaldo  internacional  a  la  “paz”  en  Colombia  debe  entenderse  como  la  consolidación  del  modelo  impuesto  por  estos  medios.    Esto  se  hace  especialmente  evidente  en  los  esfuerzos  actuales  de  la  Unión  Europea   tendientes   a   la   consolidación   de   la   paz   en   Colombia.   En   este   contexto   resultan   relevantes   los  laboratorios   regionales   de   paz,   un   proyecto   conjunto   del   Gobierno   colombiano   y   la   Unión   Europea   -­‐en  colaboración  con  el  Banco  Mundial  y  corporaciones  nacionales  y  multinacionales-­‐  que  fueron  establecidos  para  “explorar...   los   caminos   que   la   sociedad   colombiana   tiene   que   recorrer   para   alcanzar   la   paz   y   propiciar   el  desarrollo   sostenible”.15  Chris  Pattern,   en   calidad  de   comisario   europeo  de  Relaciones  Exteriores,   anunció   la  realización   del   primer   laboratorio   de   paz   en   el   Magdalena   Medio   cuando   los   paramilitares   estaban  consolidando  su  hegemonía  en  la  región.    En  el  mismo  comunicado,  el  funcionario  señaló  el  interés  económico  de   la  UE  en  un  país  donde   la   inversión  extranjera  directa   (IED)   se   elevó  a  800  millones  de  euros  en  1999  y  añadió  que  grandes  sumas  de  capital   solo  entrarían  al  país   si  había  estabilidad.16    Como  era  de  esperarse,  el  modelo  de  desarrollo  promovido  por  el   laboratorio  de  paz  da   clara   continuidad  al   énfasis  de   “capital   social”  competitivo   y   producción   agrícola   para   la   exportación,   que   promovían   las   ONG   que   florecieron   a   raíz   de   la  consolidación   del   paramilitarismo.   Uno   de   los   ejes   centrales,   por   ejemplo,   ha   sido   la   producción   de   palma  

11  Ó  LOINGSIGH,  G.  La  Estrategia  Integral  Del  Paramilitarismo  en  el  Magdalena  Medio  de  Colombia.  Bogotá.  2003.  pp.  68-­‐9.  12  SARMIENTO  A.  Libardo.  Un  modelo  piloto  de  modernización  autoritaria  en  Colombia.  Barrancabermeja:  CREDHOS,  Informe  vol.  1,  n.  °  2.  1996.  p.  33.  Citado  por  Ó  LOINGSIGH,  Gearóid.  Op.  cit.,  p.  11-­‐24.  13  Ó  LOINGSIGH,  Op.  cit.,  p.  22.  14  SARMIENTO  A.  Libardo.  Un  modelo  piloto  de  modernización  autoritaria  en  Colombia.  Barrancabermeja:  CREDHOS,  Informe  vol.  1,  n.  °  2.  1996.  p.  33.  Citado  por  Ó  LOINGSIGH,  Gearóid.  Op.  cit.,  p.  22.  15  RUDQVUSTS,  A.  y  VAN  SLUYS,  F.  Informe  Final  de  Evaluación  de  Medio  Término  Laboratorio  de  Paz  del  Magdalena  Medio.  Bruselas:  ECO.  2005.  p.2.  16  Ó  LOINGSIGH,  G.  Laboratorios  de  paz  de  la  UE.  En:  Frontline  Latin  America  2:  3.  2006.  p.  4,  20.  

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africana.  Los  campesinos  son  empujados  a  “alianzas  estratégicas”  con  corporaciones  privadas;  en  esas  alianzas,  ellos  deben  asumir  los  costos  de  producción  y  además  quedan  expuestos  a  los  riesgos  de  la  caída  de  precios.17      De  hecho,  la  lógica  de  los  laboratorios  de  paz  concuerda  mucho  con  la  ortodoxia  internacional  en  pro  de  la  paz  que  surgió  a  finales  de  la  década  de  los  90  y  que  se  centra  en  la  “promoción  de  la  ortodoxia  del  neoliberalismo,  las   'buenas'  reformas  administrativas  y  el  uso  de   la  ayuda  de  manera  condicional  o  selectiva  para  afianzar  el  conformismo,”18   al   tiempo   que   reduce   al   mínimo   los   efectos   desestabilizadores   del   neoliberalismo.   Así,   el  respaldo   internacional   al   proceso   de   “paz”,   lejos   de   ser   una   fuente   de   optimismo,   debe   generar   más  interrogantes  con  respecto  al  tipo  de  “paz”  del  que  se  habla  en  estas  negociaciones.    Una  “paz”  basada  en  lo  que  se  ha  logrado  a  través  de  años  de  represión  estatal  y  paramilitar  daría  pocos  motivos  para  celebrar.      Las  perspectivas  económicas  del  país  Los  autores  pasan  a  analizar   factores  de   carácter   interno  que   favorecen  el  proceso  de   “paz”  y  aducen  que   la  perspectiva  económica  actual  del  país  hace  posible  que  Colombia  financie  los  acuerdos  logrados  con  las  FARC.    Nos  permitimos  hacer  dos  observaciones  al  respecto.    En  primera  instancia,  la  perspectiva  económica  actual  se  basa  en  un  modelo  de  explotación  agrícola  de  cultivos  industriales  y  en  el  saqueo  a  gran  escala  de  las  riquezas  minero-­‐energéticas  del  país.    Los  dos  son  planteamientos  a  muy  corto  plazo  -­‐especialmente  el  auge  minero-­‐  y  los   dos   tienen   consecuencias   muy   graves   para   el   pueblo   colombiano   que   incluyen   la   concentración   de   la  tenencia  de  la  tierra,  el  desplazamiento  forzado  mediante  la  violencia  paramilitar  y  el  desalojo  de  campesinos  pobres.19    El  auge  minero  también  ha  aumentado  las  tazas  de  pobreza,  las  más  altas  del  país  se  registran  en  las  regiones  mineras  y  ha  dejado  secuelas  nocivas  en  la  salud  de  la  población  de  estas  regiones,  daños  ambientales  generalizados   y   enormes   pérdidas   económicas   para   el   Gobierno   que   favorecen   a   las   multinacionales   que  poseen   las   licencias  de  explotación  minera.20   Si   la   situación  económica  actual   se  percibe   como  algo  positivo,  esto   obvia   toda   exigencia   relacionada   con   los   temas   de   la   reforma   agraria   o   con   las   miles   de   licencias   de  explotación  minera  actualmente  en  manos  de  multinacionales.21    No  obstante,  hay  otro  aspecto  político  que  resulta  todavía  más  preocupante  en  cuanto  a  lo  afirmado  por  Ince  y  Gómez  Suárez:   la  razón  por   la  cual  no   tuvieron  éxito  acuerdos  pasados   fue   la   falta  de  dinero.    Nos  referimos  aquí  no  solo  a  los  acuerdos  con  los  grupos  guerrilleros,  sino  también  a  los  más  de  quinientos  acuerdos  firmados  con  organizaciones  campesinas  a  principios  de  los  90  y  a  comienzos  de  este  siglo.    Bien  fueron  completamente  ignorados,  como  en  el  caso  del  acuerdo  firmado  en  1998  con  los  campesinos  del  sur  de  Bolívar  o  parcialmente  reconocidos,  como  en  el  caso  de  los  campesinos  de  Cauca  y  Nariño  en  1999.22    El  Estado  colombiano  ha  hecho  del  desacato  sistemático  a  los  términos  de  acuerdos  previos  una  costumbre;  esto  puede  apreciarse  claramente  con  la  desmovilización  del  M-­‐19.    El  gran  éxito  de  ese  proceso  de  paz  fue  la  creación  de  la  Asamblea  Nacional  Constituyente  que  elaboró   la  Constitución  Nacional  de  1991,  célebre  por   la  amplia  gama  de  derechos  civiles,  políticos,  económicos,  sociales  y  culturales  otorgados  a  los  ciudadanos.    Pero  todavía  estaba  la  tinta  fresca  y  ya  la   oligarquía   colombiana   estaba   tratando  de   cambiar   o  menoscabar   la   nueva   constitución.    Un   ejemplo   es   el  artículo  transitorio  55  que  dio  lugar  a  la  ley  70  de  1993.    El  propósito  de  esta  ley  era  brindar  protección  legal  a  los  derechos  culturales  de  las  comunidades  negras,  reconocer  su  derecho  a  la  propiedad  colectiva  de  tierras  y  a  ejercer   su   control;   y   si   bien   les   fueron   otorgadas   tierras   en   la   costa   Pacífica,   fueron   infructuosos   todos   sus  intentos  por  ganar  el  control  sobre  las  tierras  en  las  que  habían  vivido  o  de  las  que  habían  sido  expulsados  en  

17  Ibid.;  COLEMAN,  L.  The  Gendered  Violence  of  Development:  Imaginative  Geographies  of  Exclusion  in  the  Imposition  of  Neo-­‐Liberal  Capitalis.  En:  British  Journal  of  Politics  and  International  Relations  9:2.  2007.  p.  213-­‐216.  18  MAC  GINTY,  R.  y  WILLIAMS,  A.  Conflict  and  Development.  Abingdon:  Routledge.  2009.  p.18.  19  Para  conocer  el  debate  en  torno  a  este  tema  en  relación  con  el  modelo  agrario,  véase  THOMSON,  F.  The  Agrarian  Question  and  Violence  in  Colombia.  En:  Journal  of  Agrarian  Change  11:3.  2011.  20  RAMIREZ.  The  Profits  of  Extermination.  p.  81-­‐87.  21  También  es  necesario  tener  presente  que  si  se  cancelaran  las  licencias  de  explotación  minera,  Colombia  quedaría  

expuesta   a   demandas   por   pérdidas   sufridas   y   por   pérdida   de   utilidades   futuras.   Cualquier   cambio   al   respecto  implicaría  infringir  tanto  normas  internacionales  como  la  legislación  colombiana.  Por  lo  tanto  un  movimiento  así  requiere  mucho  más  que  una  simple  decisión  administrativa.  

22  Para  más   información  con   respecto  a   los  acuerdos  alcanzados   con   las   comunidades  en  el   suroccidente  del  país,  véase  Ó  LOINGSIGH,  Gearóid.  Una  mirada  desde  el  sur:  Huellas  de  lucha  y  resistencia.  Bogotá:  CNA.  2011.  

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los  valles  de  la  región  Andina.    Estas  tierras  estaban  en  manos  de  familias  de  la  oligarquía  colombiana,  muchas  de  ellas  con  miembros  de  la  familia  en  el  Congreso.    En  la  costa  Pacífica,  las  comunidades  negras  todavía  luchan  por  obtener  el  control  de  sus  tierras  colectivas.23    Las  razones,  en  este  caso,  no  son  de  carácter  “económico”  en  el  sentido  de  que  sean  el  resultado  de  la  falta  de  fondos  del  Gobierno;  más  bien  debe  atribuirse  a  otros  factores  “económicos”,   como   el   deseo   de   preservar   las   estructuras   existentes   de   poder,   bienestar   y   privilegio.  Adicionalmente,  los  títulos  de  propiedad  colectiva  que  han  sido  reconocidos,  han  sido  menoscabados  por  otras  leyes.    Por  ejemplo,  las  comunidades  son  las  propietarias  de  la  tierra,  pero  no  pueden  intervenir  para  frenar  la  llegada   de   las   multinacionales   mineras.   Ni   siquiera   se   les   garantiza   el   derecho   a   ser   consultadas,   en  cumplimiento  de  lo  contemplado  en  el  Convenio  n.°  169  de  la  OIT.    El  Gobierno  sostiene  que  el  derecho  a  ser  consultados  no   implica  que   las  comunidades  puedan  vetar  o   frenar  el  desarrollo  de  un  proyecto  minero.    De  igual  manera,  si  bien  la  nueva  constitución  reconoce  numerosos  derechos  laborales  (incluidos  el  derecho  a  la  organización  colectiva,  la  estabilidad  en  el  empleo,  el  descanso  apropiado  y  la  seguridad  social)  y  compromete  al  Gobierno  a  elaborar  un  nuevo  estatuto  laboral  que  dé  cuerpo  a  la  ratificación  de  Colombia  a  los  convenios  de  la  OIT,  el  Estado  no  ha  cumplido  su  compromiso  y  en  cambio  ha  aprobado  leyes  que  abiertamente  continúan  menoscabando  los  derechos  consagrados  en  la  constitución.24  Hay  muchos  otros  ejemplos,  pero  la  experiencia  que  han  dejado  acuerdos  pasados  indicaría  que  la  coyuntura  económica  actual  no  influye  de  ninguna  manera  en  los  resultados  de  las  discusiones,  ni  en  la  disposición  del  Gobierno  para  cumplir  con  los  acuerdos  pactados.      Además  de  estos  puntos,  debemos  poner  de  relieve  una  sorprendente  distorsión  de  los  hechos  en  la  siguiente  aseveración   de   Ince   y   Gómez   Suárez:   “La   reciente   Ley   de   Víctimas   y   de   Restitución   de   Tierras   también   ha  proporcionado   una   buena   base   para   un   proceso   de   negociación   exitoso,   ya   que,   a   diferencia   de   anteriores  negociaciones  de  paz,  el  gobierno  ahora  tiene  tres  millones  de  hectáreas  en  su  poder  para  poner  en  práctica   la  reforma  agraria”  (las  itálicas  son  nuestras).    Esto  es  absolutamente  falso.  La  tierra  a  la  que  se  hace  referencia  mediante  la  Ley  de  Restitución  de  Tierras  -­‐se  aclara  explícitamente-­‐  no  es  para  una  “reforma  agraria”.    Se  trata  de   tierra   robada   a   los   campesinos   que   mediante   esta   ley,   teóricamente,   busca   restituirse   a   sus   legítimos  dueños.    Los   autores   no   solo   enmascaran   la   devolución   de   propiedades   robadas   como   “reforma   agraria”,   sino   que  evaden   la   discusión   sobre   la   controvertida   naturaleza   de   la   Ley   de   Víctimas   y   Restitución   de   Tierras   en   sí  misma.    El  Gobierno  no  se  limita  a  devolver  tierra.    De  por  medio  hay  un  dilatado  proceso  en  el  cual  la  carga  de  la  prueba  recae  sobre  el  campesino  que  exige  la  devolución  de  la  tierra.    Además  de  aportar  las  pruebas  y  para  poder  acceder  a  la  tierra,  los  campesinos  deben  comprometerse  a  sembrar  cultivos  industriales,  como  la  palma  africana,  la  caña  de  azúcar,  el  caucho  o  el  cacao  e  incluso  ciertos  vegetales  para  el  mercado  europeo  como  los  espárragos   que   no   hacen   parte   de   la   dieta   alimenticia   colombiana.     Para   poder   sembrar   estos   cultivos,   los  campesinos  deben  asumir  un  préstamo  de  un  ente  estatal  como  FINAGRO.    Es  decir,  la  tierra  no  se  les  otorga;  se  les  facilita  siempre  y  cuando  cumplan  con  una  serie  de  condiciones  que  incluyen  contraer  una  deuda,  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  los  planes  de  exportación  agrícola  del  Gobierno.    No  obstante,  esta  no  es  la  única  dificultad.    El  art.  99  de  la  Ley  1448  de  2011  (Ley  de  Víctimas  y  Restitución  de  Tierras)  especifica  cuáles  son  las  circunstancias  bajo  las  cuales  se  puede  restituir  tierras.    Este  artículo  estipula  muy   claramente   que   cuando   el   nuevo   ocupante   haya   probado   su   “buena   fe”   y   esté   desarrollando   proyectos  agroindustriales  productivos  -­‐por  ejemplo  un  cultivo  de  palma  o  caucho-­‐  el  ocupante  podrá  seguir  explotando  la  tierra  después  de  firmar  un  acuerdo  con  el  campesino.    El  campesino  recibirá  una  indemnización  económica  y  seguirá  siendo  reconocido  como  el  propietario  legítimo,  pero  no  como  el  usufructuario  legal.    Además  debe  recordarse  que  es  responsabilidad  del  campesino  probar  que  el  ocupante  actuó  de  mala  fe.    En  aquellos  casos  en   los  que  se  desarrolla  un  proyecto  agroindustrial  en   las  tierras  y  el  campesino  prueba  la  mala  fe  del  ocupante,  esto  no  basta  para  que  se  le  restituya  automáticamente  la  tierra.    En  el  mismo  artículo  99  se   estipula   que   el   magistrado   que   conozca   del   proceso   “entregará   el   proyecto   productivo   a   la   unidad  Administrativa   Especial   de   Gestión   de   Restitución   de   Tierras   Despojadas   para   [que]   lo   explote   a   través   de   23   Véase  Ó   LOINGSIGH,   Gearóid.   La   reconquista   del   pacífico:   Invasión,   Inversión,   Impunidad.   Bogotá:   CNA  &   PCN.  2013.  24  Las  leyes  más  importantes  que  regularon  esta  reforma  fueron  la  Ley  10  de  1989,  la  Ley  50  de  1990  y  la  Ley  189  de  2002.  

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terceros   y   se   destine   el   producido   del   proyecto   a   programas   de   reparación   colectiva   para   víctimas   en   las  vecindades  del  predio”. Esto  significa  que  a  los  campesinos  no  se  les  devuelve  la  tierra  ni  siquiera  si  se  prueba  la  mala  fe  del  ocupante.  El  artículo  99  concluye  estipulando  que:  “El  Magistrado  velará  por  la  protección  de  los  derechos  de   las  partes  y  [por]  que  éstas  obtengan  una  retribución  económica  adecuada.”    Para  esclarecer   las  cosas,   las   partes   en   este   contexto   son   el   ladrón   y   la   víctima.     Los   dos   recibirán   una   retribución   económica  adecuada.    ¿Por  qué  se  indemnizaría  a  un  ladrón  a  través  de  una  ley  que  busca  restituir  tierras  a  las  víctimas  del  despojo?    Porque  como  suele  suceder  en  Colombia,  lo  que  cuenta  es  el  modelo  económico,  no  el  ciudadano.    No  se   permitirá   a   ningún   engreído   campesino   interponerse   en   el   camino   del   modelo   de   la   agroexportación,   el  mismo  modelo  que  según  Ince  y  Gómez  Suárez,  permitirá  al  Gobierno  pagar  el  acuerdo  de  paz.    Terreno  común  en  relación  con  el  desarrollo  rural  y  las  drogas  ilícitas  La   cuarta   razón   para   afrontar   con   optimismo   el   proceso   según   Ince   y   Gómez   Suárez   es   que:   “Varias  declaraciones  de  prensa  de  las  FARC  y  los  negociadores  del  gobierno  colombiano  resaltan  el  hecho  de  que  han  encontrado  un  terreno  común  en  relación  con  el  desarrollo  rural  y   las  drogas  ilícitas”.  Debemos  analizar  esta  afirmación  con  cautela.  Las  negociaciones  se  desarrollan  a  puerta  cerrada  y  más  allá  de  algunos  comentarios  insustanciales  sobre  los  puntos  que  se  discuten  en  La  Habana,  solo  los  delegados  de  las  FARC-­‐EP  y  el  Gobierno  conocen  con  exactitud  los  temas  materia  de  discusión.    No  fue  sino  hasta  el  1.°  de  marzo  que  Humberto  de  la  Calle,   coordinador   de   los   negociadores   del   Gobierno,   anunció   a   los   medios   que   se   habían   logrado   algunos  avances  en  el  tema  agrario.    No  se  dieron  muchos  detalles.    Mucho  de  lo  que  sabemos  nos  llega  a  través  de  las  fuentes  de   los  periodistas,   a  quienes   les   comunican  exclusivamente   lo  que  estas   fuentes  desean  que   se   sepa.    Hasta  que  no   se   llegue  a  un  acuerdo  definitivo,  no   conoceremos  detalles   y  nunca   sabremos   cómo  se   llegó  al  acuerdo.    Al  Estado   le   conviene  que  no  haya  debates  en  esta   fase  del  proceso.    Tácticamente   les   resulta  más  conveniente  hablar  de  decisiones  tomadas  que  discutir  sobre  la  marcha.    La  confidencialidad  también  beneficia  a  las  FARC  porque  pueden  aducir  que  el  resultado  fue  todo  lo  que  pudieron  conseguir.    No   obstante,   haciendo   un   seguimiento   de   las   declaraciones   favorables   sobre   las   perspectivas   de   la   reforma  agraria,   los   autores   reivindican   como   un   avance   que   “mientras   las   FARC   anteriormente   se   oponían   a   la  existencia  de  los  latifundios,  ahora  se  oponen  a  aquellas  extensiones  de  tierra  improductivas  y  subutilizadas”.    Si   esto   es   así,   significaría   que   las   FARC   habrían   renunciado   a   la   reforma   agraria,   el   argumento  primordial   de   su   lucha   durante   los   últimos   cincuenta   años.     El   anuncio   hecho   por   De   la   Calle   el   1.°   de  marzo   hacía   referencia   al   avance   en   programas   destinados   a   recobrar   tierras   ilegalmente   ocupadas   por  individuos  y  grupos  y  por  consiguiente  parecería  confirmar  la  opinión  de  los  autores.    Sin  embargo,  este  hecho,  lejos  de  ser  una  razón  para  optar  por  el  optimismo,  solamente  añadiría  una  razón  más  a   las  preocupaciones.    Colombia  es  uno  de  los  países  con  la  distribución  menos  equitativa  de  la  tierra  en  todo  el  mundo.  Sin  embargo,  el  problema  no  es   la   tierra  usurpada  por  grupos   ilegales,   sino   los  vastos   territorios  en  manos  de   las   familias  más  poderosas  del  país,  entre  ellas  las  de  los  legisladores.  La  confiscación  de  tierras  usurpadas  ilegalmente  por  paramilitares  y  narcotraficantes  está  consignada  en   la  constitución  desde  hace  algún  tiempo.    A  pesar  de  ser  una  medida  bien  recibida,  no  es  la  solución  para  lograr  una  distribución  equitativa  de  la  tierra;  es  más,  la  falta  de  voluntad  política  ha  hecho  que   incluso  esta   tímida  medida  no  haya  sido   implementada  verdaderamente  y  nada  parece  indicar  que  esto  pueda  cambiar.    No   es  muy   esperanzador   que   el   tema   central   sean   las   fincas   “improductivas”,   ya   que  mucha   de   la   tierra   en  manos  de  la  oligarquía  colombiana  tiende  a  ser  tierra  apta  para  la  producción  agrícola  y  útil  de  alguna  manera,  así  sea  solo  para   la  explotación  ganadera  a  gran  escala.  Para  entender   lo  que  está  en   juego  aquí  es  necesario  analizar  de  manera  más  profunda  el  concepto  de  la  desigualdad  en  la  distribución  de  la  tierra.  Con  frecuencia  se  citan  cifras  muy  dispares,  muchas  de  ellas  correctas.    La  diferencia  no  radica  en  las  figuras,  sino  en  la  manera  como  se  usan.    Si  se  analiza  el  número  de  fincas  de  más  de  100  o  200  hectáreas  se  obtiene  un  panorama  muy  distinto  al  del  número  de  fincas  de  más  de  2  000  hectáreas.    Muchos  académicos  recurren  a  una  categoría  de  cifras   más   pequeña   y   por   eso   les   resulta   un   número  mayor   de   personas   a   las   que   se   les   podría   pedir   que  renunciaran   a   sus   tierras   en   el  marco   de   una   reforma   agraria.     El   punto   de   corte   resulta   clave,   tal   como   lo  ilustra  un  estudio  llevado  a  cabo  por  la  Sociedad  Geográfica  de  Colombia  con  datos  de  2011.    Si  contabilizamos  las  fincas  de  más  de  100  hectáreas,  encontramos  que  107  593  personas  poseen  49  427  991  hectáreas,   lo  que  equivale   a   459   hectáreas   por   persona,   lo   cual   no   resulta   excesivo.     Si   contamos   las   fincas   con  más   de   200  hectáreas  de  extensión,  el  número  se  reduce  a  48  218  personas  que  poseen  44  260  929  hectáreas;  casi  1  000  

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hectáreas  por  persona.    No  obstante,   si   nos   fijamos  en   las   fincas  de  2  000  hectáreas  o  más,   observamos  que  solamente   3  639  personas   poseen  31  631  308  hectáreas;   un   área   que   equivale   al   tamaño  de  Gran  Bretaña   e  Irlanda   juntos   y  que   representa   el   47  %  de   las   tierras  de   la   zonas   rurales,   excluidos  parques  naturales   y   las  tierras  colectivas  de   las  comunidades  negras  e   indígenas.25  Estas  cifras   fueron  recopiladas  por  el  subdirector  del   Catastro   del   Instituto   Geográfico   Agustín   Codazzi   para   la   Sociedad   Geográfica   de   Colombia.   Estas   dos  instituciones   son   entes   estatales;   no   se   trata   de   ningún   grupo   de   expertos   de   izquierda   a   los   que   se   pueda  culpar  de  estar  exagerando   la  situación.    Según  un  estudio  reciente  encomendado  por  el   Instituto  Geográfico  Agustín  Codazzi,   la  concentración  de   la   tenencia  de   la   tierra  ha  aumentado  en  el  periodo  comprendido  entre  2000  y  2010.  Mientras  en  el  año  2000  el  75.7  %  de  la  tierra  estaba  en  manos  de  un  13.6  %  de  terratenientes,  en  el  2010  la  cifras  se  elevaron  al  77.6  %  de  la  tierra  en  manos  de  un  13.7  %.26    Ante  este  panorama,  el  hecho  de  que  las  FARC  hayan  abandonado  su  oposición  a  grandes  posesiones  de  tierra  no  es  una  razón  para  hablar  de  “optimismo”,  se  trata  más  bien  de  uno  de  los  aspectos  más  tristes  del  proceso.    Una  reforma  agraria  sustancial  se  podría   lograr  modificando   la   situación  de  apenas  3  639  oligarcas.  Mientras   tanto,  más  de  dos  millones  de  campesinos  viven  en  menos  de  1  300  000  hectáreas.  Esta  injusticia  es  parte  esencial  del  conflicto  colombiano  27  y   todos   los  esfuerzos  por  compensarla  con   la  confiscación  de   tierras  usurpadas  o   improductivas  no  bastarán  para  resolverla.    Todo  parece  apuntar  a  una  falta  de  voluntad  política  para  resolver  el  problema  de  la  distribución  desigual  de  la  tierra.  Por  otro   lado,  en  cuanto  a   las  drogas,  el  supuesto  “terreno  común”  tiene  muy  poca  relevancia  política,  porque   el   Gobierno   colombiano   no   tiene   la   última   palabra   al   respecto.     Como   afirman   los   autores,   pueden  buscar   que   se   permita   el   cultivo   de   la   coca   para   usos  medicinales;   no   obstante,   es   la   Junta   Internacional   de  Fiscalización  de  Estupefacientes  (JIFE)  en  las  Naciones  Unidas  la  que  decide  dónde  se  puede  cultivar  el  opio  y  la  coca  con  fines  medicinales.    Luego,  los  países  presentan  sus  solicitudes  ante  la  JIFE  exponiendo  sus  necesidades  y   solicitando   los   permisos   para   comprar   legalmente   opio   y   coca.     En   el   tema   de   las   drogas,   Colombia   debe  acatar  la  Convención  única  de  1961  sobre  estupefacientes.    El  desacato  de  las  normas  acarrearía  las  siguientes  consecuencias:    

1)  la  suspensión  del  50  %  de  ayuda  bilateral,  excepción  hecha  de  algunas  ayudas  para  el  control  de  estupefacientes   y   de   carácter   humanitario;   2)   voto   negativo   en   materia   de   préstamos   en   seis  órganos  financieros  internacionales,  incluido  el  BID  y  el  Banco  Mundial  y  3)  Denegación  de  acceso  a  los  exportadores  estadounidenses  a   los  créditos  del  Banco  de  Exportaciones  e  Importaciones  para  financiar  ventas  al  país  en  cuestión  y  denegación  de  acceso  a  los  inversionistas  a  los  créditos  de  la  Corporación  de  Inversiones  Privadas  en  el  Extranjero  (OPIC).28  

 Digámoslo  abiertamente;  no  está  en  manos  del  Estado  colombiano  hacer  ofrecimientos  en  asuntos  relacionados  con  reformas  a   la   legislación  sobre  estupefacientes.    La  última  palabra   la   tienen   la   JIFE  y  en  última   instancia,  Estados  Unidos.      Cohesión  al  interior  de  las  FARC  La  quinta  razón  que  los  autores  aducen  para  mirar  el  proceso  con  optimismo  es  que  las  FARC  parecen  ser  una  organización  unificada,   con  un   secretariado   capaz  de   ejercer   un   control   real   sobre   los   diferentes   frentes  del  grupo  guerrillero.    Esto  no  es   tan   relevante  en   la  política  del  proceso  de   “paz”  que  ellos  han  abrazado.    Esto  simplemente  significa  que  están  en  posición  de  desmovilizar  la  mayor  parte  de  sus  combatientes  pacíficamente  y,  de  ser  necesario,  traicionar  a  los  demás  pasando  información  al  Estado.       25  MARTÍNEZ,  Y.  La  Tenencia  de   la  Tierra  en  Colombia.  Bogotá.  Sociedad  Geográfica  de  Colombia.  2003.   (En   línea)  http://www.sogeocol.edu.co/documentos/09late.pdf  [12  de  marzo  de  2013]  (citado  el  12  de  junio  de  2013).  26  ALBÁÑEZ,  A.M.  y  MUÑOZ,  J.C.  La  persistencia  de  la  concentración  de  la  tierra  en  Colombia:  ¿Qué  pasó  entre  2000  y  2010?”.  Notas  de  la  Política  9.  Bogotá:  Universidad  de  los  Andes,  CEDE.  2011.  27  Por  ejemplo:  THOMSON.  The  Agrarian  Question.  28   JOYCE,   E.   Conclusions.   En:   JOYCE,   E.   y   MALAMUD,   C.   (eds)   Latin   America   and   the   Multinational   Drug   Trade.  Londres:  MacMillan.  1998.  p.208.  

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 “Medidas  anticorrupción”  que  atenúan  la  complicidad  del  Estado  Sin  embargo,   la  sexta  razón  que   los  autores  traen  a  colación  para  mirar  con  optimismo  el  proceso  es  todavía  más  preocupante  y  deprimente  que  su  adhesión  a  una  reforma  agraria  limitada  o  a  su  eliminación  total.    Ince  y  Gómez  Suárez  afirman  que:    

Pese  a  la  evidencia  de  que  algunos  elementos  del  crimen  organizado  mantienen  estrechas  relaciones  con  las   agencias   de   seguridad   en   Colombia,   los   recientes   esfuerzos   del   gobierno   para   implementar  mecanismos   anticorrupción   sugieren  que   ahora   es  más   difícil   ocultar   sí   (sic)  miembros   de   las   fuerzas  armadas   deciden   respaldar   a   los   grupos   paramilitares   o   sí   (sic)   deciden   desviar   recursos   a   grupos  privados  para  que  tomen  la  ley  en  sus  propias  manos.  

 Sus  afirmaciones  van  en  contra  de  todo  lo  que  los  grupos  de  derechos  humanos  han  dicho  sobre  la  naturaleza  de  la  relación  del  Estado  con  las  organizaciones  paramilitares.  No  se  trata  solamente  de  algunos  “elementos  del  crimen   organizado”;   ante   lo   sucedido   en   la   historia   reciente,   sería   un   absurdo   sugerir   que   súbitamente   el  Estado   se   preocupa   por   el   asesinato   de   sus   ciudadanos.     Hablaremos   de   este   último   punto   ahora   que   el  escándalo  de  los  falsos  positivos  todavía  está  fresco  en  la  memoria  de  la  mayoría;  cabe  anotar  que  el  presidente  Santos   era   el   ministro   de   Defensa   en   funciones.   Con   el   nombre   de   falsos   positivos   se   hace   referencia   a   la  ejecución  extrajudicial   de   civiles  que   se   solían  hacer  pasar  por   guerrilleros   vistiéndolos   con  uniformes  de   la  insurgencia   y   que   eran   presentados   como   prueba   del   éxito   del   Estado   en   la   guerra   contra   los  movimientos  guerrilleros.  La  mejor  descripción  del  fenómeno,  “el  asesinato  a  sangre  fría  y  premeditado  de  civiles  inocentes,  con   fines   de   beneficio”   la   hizo   Phillip   Alston,   relator   especial   de   las   Naciones   Unidas   para   las   ejecuciones  arbitrarias.    Alston,  como  es  propio  de  los  diplomáticos,  afirmó  que  no  había  encontrado  evidencia  de  que  esto  fuera  parte  de  una  estrategia  por  parte  del  Estado  colombiano.  Afirmó  que:  Aunque  al  parecer  estos  llamados  falsos  positivos  no  respondían  a  una  política  de  Estado,  tampoco  fueron  hechos  aislados.  Esos  homicidios  fueron  cometidos  por  un  gran  número  de  unidades  militares  y  en  todo  el  país.”29  (La  negrilla  es  nuestra).    Sin   embargo,   el   relator   especial   de   las  Naciones  Unidas   afirmó  explícitamente  que  no   aceptaba   la   “teoría   de  unas  cuantas  'manzanas  podridas'”  promulgada  por  muchos  en  el  Gobierno.    En  el  comunicado  de  prensa  que  divulgó  el  último  día  de  su  visita  a  Colombia  afirmó  que:  “Las  cantidades  mismas  de  casos,  su  repartición  geográfica  y  la  diversidad  de  unidas  militares  implicadas,  indican  que  éstas  fueron  llevadas  a  cabo  de  una   manera   más   o   menos   sistemática,   por   una   cantidad   significativa   de   elementos   dentro   del  ejército”.30  (La  negrilla  es  nuestra).  Reiteramos:  no  estamos  hablando  de  unos  pocos  criminales;  por  ejemplo,  la   logística   del   transporte   de   un   buen   número   de   jóvenes   de   Soacha   al   Catatumbo,   cerca   de   la   frontera   con  Venezuela,   donde   posteriormente   fueron   asesinados,   exige   permisos   y   ayuda   de   altos   rangos  militares.     No  puede   ignorarse  que  era  política  oficial  pagar  una  prima  a   los  soldados  según  el  número  de  bajas   (el   relator  hace  referencia  a  esta  política).  Es  cierto  que  también  se  pagaban  primas  por  la  captura  de  guerrilleros,  pero  resulta  más   complicado  entregar  a  una  persona   inocente   con  vida.     Los  muertos  no  proclaman  su   inocencia.    Las  primas   fueron  aprobadas  y  otorgadas  por  el  presidente  en   funciones,   Juan  Manuel   Santos,   en   calidad  de  ministro  de  Defensa.    En  el  año  2009,  la  Fiscalía  reconoció  que  los  falsos  positivos  se  elevaban  por  lo  menos  a  2  077   y   que   entre   ellos   se   contaban   59  menores   de   edad.31     Todos   estos   asesinatos   generaron   un   pago   del  Estado.    En  ese  momento,  ni  Santos  ni  el  presidente  de  entonces,  Álvaro  Uribe,  reconocieron  el  problema,  ni  el  Estado  ha  sancionado  un  número  significativo  de  estos  casos.    El  caso  que  recientemente  fue  llevado  ante  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  en  el  cual  el  Estado  colombiano  declaró  que  no  había  habido  “desaparecidos”  en  la  toma  del  Palacio  de  Justicia  en  1985  por  parte  

29  ALSTON,  Philip.   Informe  del   relator  especial   sobre   las   ejecuciones  extrajudiciales,   sumarias  o  arbitrarias,  Philip  

Alston.   En:   Tema   3   de   la   agenda.   Promoción   y   protección   de   todos   los   derechos   humanos,   civiles,   políticos,  económicos,  sociales  y  culturales,  incluido  el  derecho  al  desarrollo.  Consejo  de  Derechos  Humanos.14º  período  de  sesiones.  2010.  p.  1-­‐2  

30  ALSTON,  Philip.  Comunicado  de  Prensa  del  Relator  Especial  sobre  Ejecuciones  Extrajudiciales.  Junio  de  2009.  (En  línea).  www.extrajudicialexecutions.org  (citado  el  12  de  junio  de  2013).  31   “Más   de   dos   mil   colombianos   habían   sido   asesinados   en   falsos   positivos,   según   informe   de   la   Fiscalía”   En:   el  Tiempo,  Bogotá  17/10/09  (En  línea),  www.eltiempo.com  (citado  el  12  de  junio  de  2013).  

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de   miembros   del   movimiento   guerrillero   M-­‐19,32   así   como   en   medidas   legislativas   recientes   -­‐discutidas   a  continuación-­‐  que  amenazan  con  agudizar  el  clima  de  impunidad  que  rodea  a  los  criminales  en  las  filas  de  las  fuerzas  armadas  contradicen   la   idea  de  que  el  Estado  persigue  activamente  a   los  numerosos  autores  de  gran  número  de  violaciones  a   los  derechos  humanos  en   las   filas  de   las   fuerzas  armadas.    También  contradice  esta  idea  la  Alta  Comisionada  para  los  Derechos  Humanos,  cuyo  informe  de  enero  de  2013  afirma  en  relación  con  los   falsos   positivos,   que:   “Considerando   la   magnitud   de   la   crisis   de   los   falsos   positivos,   son   muy   pocos   los  responsables   que   han   sido   retirados   del   servicio   o   procesados.   Altos   funcionarios   vinculados   a   estos  crímenes  contra  los  derechos  humanos  continúan  en  servicio  activo  y  siguen  siendo  ascendidos”  33  (la  negrilla  es  nuestra).    En  el  informe  se  afirma  además:    

75.  La  Fiscalía  General  ha  acumulado  denuncias,  entre  ellas  las  relativas  a  4  716  víctimas  de  homicidios  presuntamente   cometidos   por   miembros   de   las   fuerzas   de   seguridad,   muchos   de   los   cuales  corresponden   al   tipo   de   ejecuciones   conocidas   como   falsos   positivos.  De   todas   las   investigaciones   de  homicidios,   solo   hay   procesos   activos   conocidos   en   un   30%   de   ellas.   De   los   casos   abiertos,   la   gran  mayoría   no   han   superado   la   fase   preliminar   de   la   investigación   criminal:  más   del   60%  de   las   causas  activas  (unas  1  000)  están  en   la   fase  de   indagación  preliminar  (que  precede  a   la   fase  de   investigación  formal);  y  para  agosto  de  2012  solo  habían  llegado  a  la  fase  de  juicio  oral  (juzgamiento)  o  estaban  vistas  para   sentencia   294   causas.   Dada   la   naturaleza   de   estos   delitos   cometidos   por   agentes   estatales,   a  medida  que  pasa  el   tiempo  es  cada  vez  menor   la  capacidad  de  establecer   la   responsabilidad  penal  en  estos  casos  y  la  impunidad  se  vuelve  sistémica.34  

 Las   Naciones   Unidas   es   una   organización   extremadamente   cuidadosa   en   el   lenguaje   que   utiliza   al   criticar  Gobiernos.     Sin   embargo,   no   hay   duda   sobre   la   situación   real.     No   hay   razón   para   suponer   que   el   Estado  colombiano   tenga   algún   tipo   de   interés   en   sancionar   lo   que   Ince   y   Gómez   Suárez   llaman   esos   “elementos  criminales”  en  las  filas  del  Ejército  y  aún  con  la  evidencia  aportada  por  las  Naciones  Unidas  no  hay  razón  para  creer   que   “ahora   es  más   difícil   ocultar   si  miembros   de   las   fuerzas   armadas   deciden   respaldar   a   los   grupos  paramilitares  o  si  deciden  desviar  recursos  a  grupos  privados  para  que  tomen  la  ley  en  sus  propias  manos”  tal  como  lo  analizamos  más  profundamente  en  relación  con  el  problema  de  la  impunidad.    Las   opiniones   de   Ince   y   Gómez   Suárez   sobre   el   tema   tienen   muy   serias   implicaciones.   La   mayoría   de   los  procesos  de  paz  se  comprometen  en  un  proceso  de  reescritura  de  la  historia.    Se  considera  necesario  diluir  o  borrar  cualquier  responsabilidad  del  Estado  en  el  conflicto.  Una  vez  se  ha  firmado  el  acuerdo,  se  considera  que  el  Estado  no  solo  es  legítimo,  sino  que  siempre  lo  fue  y  que  sus  actos  confirmaron  siempre  su  legitimidad.    Ince  y   Gómez   Suárez   se   adhieren   a   este   precepto.     En   sus   afirmaciones   queda   implícito   que   el   Estado   no   es   el  responsable,  sino  que  el  problema  reside  en  algunos  elementos  criminales  en  las  filas  de  las  fuerzas  armadas.    Esto  contradice  los  argumentos  de  los  grupos  de  derechos  humanos  durante  cuatro  décadas  e  ignora  todos  los  informes  presentados,  todos  los  asesinatos  y  todos  los  ascensos  de  los  oficiales  ligados  a  estos  asesinatos.    Adicionalmente,  mientras  nuestros  análisis  previos  de   las   tácticas  de   la  guerra  sucia  en  Colombia  giraron  en  torno  al  papel  de  EE  UU,  también  se  debe  poner  de  relieve  que  el  Estado  colombiano  fue  pieza  clave  del  auge  del  paramilitarismo  y  brindó  una  base  legal  a  la  formación  de  los  grupos  paramilitares.    En  este  sentido  vale  la  pena  citar  al  famoso  defensor  de  los  derechos  humanos,  el  sacerdote  jesuita  Javier  Giraldo:    

Hasta  1989,   los  debates  públicos  sobre  el  paramilitarismo,  cuya  articulación  a  la  fuerza  pública  ha  sido  siempre  difícil  de  ocultar,  citaban  como  sustento   legal  de   la  proliferación  de  grupos  de  civiles  armados  coordinados   por   el   Ejército,   el   párrafo   3   del   artículo   33   del   Decreto   3398   de   1965,   convertido   en  legislación  permanente  por  la  Ley  48  de  1968.    Dicha  norma  facultaba  al  ministerio  de  Defensa  Nacional,  

32  “Palacio  de  justicia:  La  peor  defensa”.  Revista  Semana  (23/02/13).  (En  línea)  www.semana.com    33   Informe   de   la   Alta   Comisionada   para   los   Derechos   Humanos   sobre   la   situación   de   los   derechos   humanos   en  Colombia.  UNHCHR.  En:  Informe  anual  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos  e  informes  de  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  y  del  Secretario  General.  Consejo  de  Derechos  Humanos.  22º  período  de  sesiones.  Tema  2  de  la  agenda.  (2013).  p.  15  34    Ibid.  

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“por   conducto   de   los   comandos   autorizados,   para   amparar,   cuando   lo   estime   conveniente,   como   de  propiedad  particular,  armas  que  estén  consideradas  como  de  uso  privativo  de  las  fuerzas  armadas.”35  

 Giraldo  continúa  explicando  el  propósito  de  estas  acciones:    

El   paramilitarismo   llega   a   ser,   entonces,   piedra   angular   de   una   estrategia   de   guerra   sucia,   donde   las  acciones  sucias  no  puedan  ser  atribuidas  a  personas  que  comprometan  al  Estado  a  través  de  su  accionar  visible,   sino   que   se   deleguen,   se   traspasen   o   se   proyecten   en   cuerpos   confusos   de   civiles   armados,  anónimos   y   fácilmente   definibles   como   delincuentes   comunes   que   actúan   y   luego   se   esfuman   en   la  niebla.    Este  objetivo  de  ENCUBRIMIENTO  de  responsabilidades,  respecto  a  actos  que  no  tienen  ninguna  presentación   legal   ni   legítima,   ni   siquiera   dentro   de   fuertes   confrontaciones   bélicas,   hace   que   se  confundan  y  se  complementen  dos  tipos  de  procedimientos:  el  accionar  de   los  militares  camuflados  de  civiles  y  el  accionar  militar  de  civiles  protegidos  clandestinamente  por  militares.    Ambos  procedimientos  tienden  al  mismo  objetivo:  el  encubrimiento  que  salvaguar  (sic)  de  la  impunidad.36.  

 Finalmente,  en  1989  se  declaró  inconstitucional  la  Ley  48.  Sin  embargo  el  Estado  no  dio  el  brazo  a  torcer.    César  Gaviria   del   Partido   Liberal,   quien   llegó   al   poder   en   1990,   emitió   un   decreto   en   su   último   año   de   Gobierno  mediante  el  cual  se  crearon  las  Cooperativas  de  Seguridad  Rural,  las  Convivir,  que  brindaron  una  nueva  fachada  legal  a  los  paramilitares.  Esta  política  fue  implementada  posteriormente  por  el  presidente  Samper  y  fortalecida  por  Álvaro  Uribe  en  calidad  de  gobernador  del  departamento  de  Antioquia.    Estas  a  su  vez  se  convirtieron  en  fuerzas   anticonstitucionales   y   durante   su   propio   mandato   como   presidente,   Uribe   las   reemplazó   con   el  experimento  de  muy  corta  duración  de  los  soldados  campesinos.    Incluso  la  alta  comisionada  de  las  Naciones  Unidas  Mary  Robinson  tuvo  que  declarar  muy  claramente  que:      

...el   Estado   colombiano   tiene   una   responsabilidad   histórica   innegable   en   el   origen   y   desarrollo   del  paramilitarismo,  que  contó  con  amparo  legal  desde  1965  hasta  1989.  Desde  entonces,  a  pesar  de  que  las  llamadas  "autodefensas"  fueron  declaradas  inconstitucionales,  han  transcurrido  ya  diez  años  sin  que  se  haya  logrado  su  desmantelamiento  efectivo.    En  este  mismo  plano  histórico,  particular  responsabilidad  le  toca   a   las   fuerzas   militares,   puesto   que   durante   el   extenso   período   de   amparo   legal   de   (sic)   las  "autodefensas",   les   correspondió   promover,   seleccionar,   organizar,   entrenar,   dotar   de   armamento   y  proveer  de  apoyo  logístico  a  estos  grupos,  dentro  de  un  esquema  general  de  apoyo  a  la  fuerza  pública  en  su  lucha  contrainsurgente.37  

 

Cabe  subrayar  que  los  oficiales  militares  de  alto  rango  involucrados  con  grupos  paramilitares,  como  el  entonces  mayor  Harold  Bedoya,  fueron  promovidos.  38    Finalmente,  Bedoya  se  convertiría  en  comandante  general  de  las  Fuerzas   Militares.     Es   necesario   mencionar   que   el   ascenso   a   coronel   y   a   rangos   superiores   requiere   la  aprobación  del  Congreso,  de  tal  manera  que  la  larga  lista  de  oficiales  militares  que  han  alcanzado  esta  posición  lo  han  hecho  con  el  consentimiento  y  la  aprobación  del  Congreso  colombiano.    Podríamos  extendernos  en  este  punto,   pero   baste   con   decir   que   el   fenómeno   de   los   paramilitares   no   se   reduce   a   algunos   “elementos  criminales”.     El   papel   del   Estado   en   el   asesinato   de   sus   propios   ciudadanos   no   puede   ignorarse,   ya   que   la  primera  exigencia  hecha  a  las  víctimas  es  que  acepten  la  buena  fe  del  Estado.    No  sabemos  de  dónde  proviene  el  optimismo  del  que  hacen  gala  Ince  y  Gómez  Suárez.          

35   GIRALDO,   J.   El   Paramilitarismo:   una   criminal   política   de   Estado   que   devora   el   país.   2005.   (En   línea),  www.javiergiraldo.org  (citado  el  12  de  junio  de  2013).  36  Ibid.  37  ROBINSON,  Mary.   Informe  de   la  Alta  Comisionada  de   las  Naciones  Unidas  para   los  Derechos  Humanos   sobre   la  Oficina   en   Colombia.   2000.   COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS.   56º   período   de   sesiones.   Tema   3   del   programa  provisional.  p.24.  38    Por  ejemplo:  Human  Rights  Watch.  Colombia’s  Killer  Networks.  

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Desafíos  y  propuestas    Ince   y   Gómez   Suárez   pasan   a   enumerar   cuatro   potenciales   escollos   en   el   proceso   de   paz   y   una   serie   de  propuestas   relacionadas.     En   este   aspecto   también   encontramos   algunas   fantasías,   así   como   una   tendencia  recurrente  a  ocultar  la  evidencia  que  compromete  al  Estado  colombiano.    El  desafío  de  las  bandas  criminales  Una  de   las  recomendaciones  advierte  que:   “El  gobierno  de  Santos   tendrá  que  asegurar  que   los  esfuerzos  por  llegar   a   un   acuerdo  político   con   las   FARC   sean   complementados  por   una   lucha   integral   contra   las  BACRIM.”  Este  último  término  es  utilizado  por  el  Gobierno  colombiano  para  referirse  a  las  bandas  de  crimen  organizado,  muchas   de   las   cuales   como   Ince   y   Gómez   Suárez   lo   reconocen:   “están   constituidas   por   actores   criminales  ilegales   reagrupados   poco   antes   de   la   desmovilización   de   los   paramilitares   en   2006.”     Estas,   según   Ince   y  Gómez  Suárez  “se  consideran  ahora  las  principales  generadoras  de  inseguridad  en  el  país”.  [Hay  partes  del  texto  original   que   no   fueron   traducidas   en   la   versión   española,   hemos   recurrido   a   una   traducción   propia   donde   esto  ocurre.   N.   de   la   T.].   La   manera   como   se   presenta   esta   recomendación   es   un   ardid   más   para   desdibujar   la  responsabilidad   del   Estado   en   relación   con   el   conflicto   y   la   inseguridad   en   Colombia.     El   concepto   de  “paramilitares   desmovilizados”   debe   entenderse   no   solo   en   el   contexto   histórico,   en   el   cual   el   Estado   se   vio  gravemente   implicado  en  el   fenómeno  paramilitar  de  muchas  maneras,  sino  también  en  el  contexto  histórico  más  reciente.    Esta  supuesta  “desmovilización”  ocurrió  durante  la  presidencia  del  predecesor  de  Juan  Manuel  Santos,  Álvaro  Uribe,  cuya  elección  fue  muy  bien  recibida  por  los  líderes  paramilitares  aduciendo  que  era:  “el  hombre   más   cercano   a   su   filosofía”.39     El   llamado   “proceso   de   paz”   de   Uribe   con   los   paramilitares   fue  ampliamente   denunciado   por   las   organizaciones   de   derechos   humanos   como   una   parodia   de   engaños   y  distorsiones  que  garantizaban  una  tácita  impunidad  a  los  crímenes  de  los  paramilitares  y  no  emprendía  acción  alguna  para  desmantelar  las  estructuras  de  esas  organizaciones.40  Cumplida  su  misión,  muchos  de  los  grupos  paramilitares   que   controlaron   diversas   regiones   de   Colombia   a   partir   de   la   década   de   los   90,   fueron  desmantelados   en   ese  momento;   sin   embargo  mantuvieron   el   control   de   sus   recursos   y   fueron   “reciclados”  eficazmente  en  forma  de  milicias  urbanas  que  siguieron  vigilando,  amenazando  y  matando  activistas  sociales.    Llama   la   atención   en   este   contexto   que   Ince   y   Gómez   Suárez   acepten   sin   cuestionarlo   el   término   BACRIM  propuesto  por  el  Gobierno.  En  un  blog,  poco  después  de  que  el  informe  de  Ince  y  Gómez  Suárez  fuera  publicado,  Grace  Livingstone   cuestiona   -­‐con   razón-­‐   la   aceptación  de   este   término:   “¿Deben  aceptar   los   académicos  este  término   acuñado  por   el   Gobierno   colombiano,   cuando   las   evidencias   demuestran  que   estos   grupos   armados  están   conformados   en   su   mayoría   por   antiguos   paramilitares,   que   acosan   a   las   mismas   personas   y   con  frecuencia  conspiran  con  el  Estado?”.41  En  el  informe  de  enero  de  2013  de  la  Alta  Comisionada  de  las  Naciones  Unidas   para   los   Derechos  Humanos   en   Colombia   se   registra   que   los   paramilitares   desmovilizados   suman   el  53  %  de   las  BACRIM  y  que  estas   continúan  acosando  a   los   líderes  de   las  organizaciones   sociales,   en  muchos  casos,   con   la   complicidad   de   las   autoridades   legales   y   las   fuerzas   estatales.42     Como   señala   Livingstone:   “Se  corre   el   riesgo   de   que   al   usar   el   término   BACRIM   se   exima   de   toda   responsabilidad   a   la   autoridades  colombianas  -­‐locales  y  nacionales-­‐  y  se  dé  la  impresión  de  que  tomar  cartas  en  el  asunto  se  reduzca  a  la  tarea  de   arrestar   a   unos   cuantos   criminales.   De   hecho   el   asunto   es   mucho   más   complejo   porque   estos   grupos  armados  controlan  territorios,  son  poderosos  económicamente  y  tiene  fuertes  vínculos  con  las  élites  políticas  regionales”.  

39  HYLTON,  F.  An  Evil  Hour:  Uribe’s  Colombia  in  Historical  Perspective.  En:  New  Left  Review  23.  2003.  p.  51-­‐93.  Véase  también:  LIVINGSTONE,  G.  Inside  Colombia:  Drugs,  Democracy  and  War.  Londres:  Latin  America  Bureau.  2003.  p.  57.  40  Human  Rights  Watch.  Smoke  and  Mirrors:  Colombia’s  Demobilization  of  Paramilitary  Groups.  2005.  Nueva  York.  (En   línea)   http://hrw.org/reports/2005/colombia0805/   [16   de   agosto   de   2005]   (citado   el   12   de   junio   de   2013);  Amnistía   Internacional.   2005.   Los   paramilitares   en   Medellín:   desmovilización   o   legalización?   (En   línea)  http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230192005   [5   de   septiembre   de   2005];   ISAACSON,   Adam.   2005.  Peace  or  “Paramilitarisation”?    Why  a  weak  peace  agreement  with  Colombian  paramilitary  groups  may  be  worse  than  no   agreement   at   all.   En:   International   Policy   Report.   Julio   de   2005.   pp.   1-­‐11.   (En   línea)  http://www.ciponline.org/colombia/cipanal.htm  [7  de  julio  de  2005]  (citado  el  12  de  junio  de  2013)  41  LIVINGSTONE,  G.  Is  BACRIM  just  a  new  name  for  paramilitaries.  En:  British  Academics  for  a  Colombia  Under  Peace  (BACUP)  http://bacupblog.wordpress.com  [6  de  marzo  2013]  (citado  el  12  de  junio  de  2013).  42  Alta  Comisionada  de  las  Naciones  Unidas.  2013.  párrafos  37-­‐43.  

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   Justicia  transicional  Esta  tendencia  a  eximir  a  las  autoridades  colombianas  de  toda  responsabilidad  se  evidencia  una  vez  más  en  las  recomendaciones   de   Ince   y   Gómez   Suárez,   en   relación   con   la   justicia   que   debe   aplicarse   en   el   periodo   de  transición.     Sus   argumentos   tienen   muchos   matices;   por   un   lado   reconocen   la   complejidad   que   rodea   las  amnistías  y  el  problema  de  la  impunidad  e  insisten  en  que  la  adopción  de  un  mecanismo  adecuado  de  justicia  transicional  “no  debería  ser  carta  blanca  para  la  impunidad  en  Colombia”.    No  obstante,  lo  que  llama  la  atención  es   que   gran   parte   de   esta   discusión   parece   estar   dirigida   a   las   FARC.     La   noción   de   “las   medidas   de  responsabilidad  dirigidas  a  cualquier  actor  armado  que  haya  cometido  violaciones  de  derechos  humanos”  se  aborda  al   final  y  tales  medidas  se  describen  como  algo  que:  “también  debería  fortalecerse  a  fin  de  garantizar  que  las  políticas  de  justicia  adoptadas  sean  justas  y  equitativas,  y  que  buscan  (sic)  la  rendición  de  cuentas  de  todos  los  agresores”.    Lo  que  Ince  y  Gómez  Suárez  no  aclaran  es  que  la  mayor  parte  de  “la  necesidad  de  justicia  demandada  tanto  por  la  comunidad  nacional  como  internacional”  a  la  cual  hacen  referencia,  no  se  ha  enfocado  en  el  problema  de  la  impunidad  de  la  insurgencia  (a  pesar  de  lo  real  y  complejo  que  este  tema  pueda  ser)  sino  en   la   impunidad   rutinaria,   imperante   y   de   larga   data   que   ha   rodeado   a   los   actores   estatales   y  paramilitares  a  pesar  de  graves  violaciones  de  los  derechos  humanos  durante  muchas  décadas.    Si  bien  durante  los  últimos  años  se  han  tomado  muy  pocas  medidas  para  llevar  a  un  reducido  grupo  de  responsables  de  estos  abusos  ante  la  justicia,   la  impunidad  sigue  imperando.  Testigos  y  abogados  en  estos  casos  continúan  siendo  amenazados  y  asesinados.  43  La  vaga  referencia  al  fortalecimiento  de  “las  medidas  de  responsabilidad”  para   los   violadores  militares   de   derechos   humanos   resta   importancia   de  manera   drástica   al   problema  de   la  impunidad  en  Colombia.    Incluso  después  de  la  Constitución  de  1991  -­‐resultado  del  proceso  de  paz  anterior  con  grupos  guerrilleros-­‐  la  impunidad  se  afianzó  aún  más  firmemente  en  el  sistema  judicial  colombiano;  en  parte  porque  la  Constitución  misma  otorga  al  Ejecutivo  una  gran  injerencia  en  designaciones  clave,  como  la  del  Fiscal  General  de  la  Nación.44    Entre  tanto,  numerosos  oficiales  militares  que  habían  colaborado  con  el  paramilitarismo  fueron  promovidos  y  también   se   integraron   más   formalmente   grupos   paramilitares   a   las   operaciones   militares.   No   obstante,   la  institucionalización  de  la  impunidad  ha  sido  un  fenómeno  claramente  unidireccional.  No  ha  sido  un  fenómeno  para  aquellos  que  hacen  parte  de  la  oposición  política,  que  ha  sido  constantemente  perseguida  por  el  sistema  judicial,   incluso   cuando   hay  muy   poca   evidencia   de   su   participación   en   un   acto   criminal.     Los   funcionarios  responsables   del   orden   público,   más   que   verla   como   un   límite   a   sus   acciones,   tienden   a   usar   de   manera  instrumental   la   legislación   criminal,   como   un   “arma   de   guerra”   utilizada   para   reprimir   grupos   e   individuos  considerados  una  amenaza.45      No  cabe  aquí  una  discusión  sobre  el  amplio  contexto  social  y  legal  que  ha  facilitado  la  institucionalización  de  la  impunidad  en  Colombia;  pero  llama  la  atención  que  Ince  y  Gómez  Suárez  no  hagan  referencia  a  este  contexto  más   amplio.     Su   opinión   de   incorporar   medidas   para   “fortalecer   la   responsabilidad”   en   un   mecanismo   de  justicia   transicional   da   la   impresión   de   que   el   contexto   legal   permisivo,   que   favorece   a   responsables   de  violaciones  a  los  derechos  humanos  vinculados  con  el  Estado,  sea  más  un  asunto  técnico  que  político.      Sobre  todo  resulta  sorprendente  que  Ince  y  Gómez  Suárez  omitan  toda  referencia  a  la  reforma  constitucional  aprobada   por   el   Congreso   en   diciembre   de   2012;   este   hecho   no   puede   considerarse   una   coincidencia   si   se  toman  en  cuenta  sus  antecedentes  históricos.    Esta  reforma  fortalece  la  justicia  penal  militar  en  Colombia  y  ha  sido   duramente   criticada   por  Amnistía   Internacional,   La   Comisión   Interamericana   de  Derechos  Humanos,   la  Oficina  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos  en  Colombia,  varios  expertos   43  Amnistía  Internacional.  Colombia:  La  impunidad  perpetúa  las  violaciones  de  derechos  humanos.  Información  para  el  Examen  Periódico  Universal  de  las  Naciones  Unidas.  Periodo  de  sesiones  n.°  16  del  Grupo  de  Trabajo  sobre  el  EPU.  Abril-­‐mayo  de  2013.  p.  4.  44  GIRALDO,  Op.  cit.,  p.  61-­‐62.  Human  Rights  Watch.  A  Wrong  Turn:  The  Record  of  the  Colombian  Attorney  General’s  Office.  Nueva  York:  2002.(En   línea)  http://hrw.org/reports/2002/colombia/   [16  de  agosto  2005]   (citado  el  12  de  junio  de  213).  45  SANTOS,  B.  y  GARCÍA  Villegas,  M.  Colombia  el  revés  del  contrato  social  de  la  modernidad.  En:  El  Caleidoscopio  de  las  Justicias  en  Colombia.  Bogotá:  Editorial  Siglo  de  Hombres.  2001.  p  79-­‐80.  GIRALDO,  Op.  cit.,  p.  61-­‐62,  48,  79.  

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de  las  Naciones  Unidas  y  numerosos  grupos  de  derechos  humanos  en  el  país.    Tal  como  lo  afirma  la  directora  del   programa   para   América   de   Amnistía   Internacional,   la   aprobación   de   esta   reforma   “va   en   contra   de   las  obligaciones  internacionales  contraídas  por  Colombia  en  materia  de  derechos  humanos  y  entraña  el  riesgo  de  consolidar   todavía  más   la   impunidad  de   las   fuerzas  armadas  y   la  policía”.46    La   justicia  militar  en  vigor  en  el  país  -­‐especialmente  la  jurisdicción  militar  en  los  casos  que  involucran  violaciones  a  los  derechos  humanos-­‐  ha  sido  duramente  criticada  por  organismos  de  derechos  humanos  nacionales  e  internacionales  durante  años.    La  reforma  propuesta  reforzaría  el  control  sobre  las  primeras  etapas  de  la  investigación  criminal  que  ya  ejercen  los  militares  mediante   la   creación   de   un   Tribunal   de   Garantías   Penales,   en   el   cual   representantes  militares  decidirían   junto  con  otros  representantes   la   jurisdicción  de   los  casos.  Si  bien  la  reforma  “parece  excluir  de   la  revisión  militar  algunas  de  las  más  graves  violaciones  de  derechos  humanos”,  el  tribunal  propuesto  otorgaría  a  los  militares  una  mayor  influencia  sobre  las  decisiones  y  facilitaría  la  definición  de  las  violaciones  de  derechos  humanos  como  “actos  legítimos  de  situación  de  conflicto...  sujetos  a  jurisdicción  militar”  (algo  que  ya  han  hecho  repetidamente  en  el  pasado,   incluida   la  manipulación  de   las  escenas  del   crimen,  vistiendo  a   las  víctimas  con  indumentaria   militar,   por   ejemplo).     Adicionalmente,   los   “crímenes   de   guerra”,   que   como   Amnistía   señala:  “pueden   incluir  desaparición   forzada,   tortura  y  violación  y  otros  actos  de  violencia  sexual”  según   la  reforma,  estarán   todavía   sujetos   a   revisión   en   el   sistema   de   la   justicia  militar,  mientras   que   “los   tribunales  militares  continuarán,  asimismo,  procesando  casos  de  colaboración  y  colusión  con  grupos  paramilitares”.47    De  igual  manera,  Ince  y  Gómez  Suárez  dejan  de  lado  otras  medidas  legislativas  recientes  que  también  ponen  en  tela   de   juicio   cualquier   supuesto   compromiso   del   Estado   colombiano   de   poner   fin   a   la   impunidad.48    Particularmente,  su  discusión  sobre  las  “amnistías  condicionales”  debe  entenderse  en  el  contexto  del  llamado  “marco  legal  para  la  paz”,  una  reforma  constitucional  sobre  justicia  transicional  aprobada  por  el  Congreso  en  junio  de  2012  que  permitirá  al  Congreso  suspender  sentencias  de  encarcelamiento  de  partes  que  hacen  parte  del  conflicto,  incluidas  sentencias  de  las  fuerzas  de  seguridad  colombianas.    La  reforma  también  permite  que  el  Fiscal   General   establezca   prioridades   en   las   investigaciones,   lo   cual   implica   que   algunos   de   los   casos   más  graves  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  puedan  no  ser  investigados  (a  pesar  de  la  obligación  de  someter  a   investigación   todos   estos   casos   según   el   código   internacional).     Tanto   esta   medida,   como   la   reforma  propuesta  a   la   justicia  penal  militar  se  consideran  una  amenaza   tan  seria  en   lo  que   toca  a   la   impunidad,  que  Amnistía  Internacional,  en  su  reciente  presentación  para  el  Examen  Periódico  Universal  de  las  Naciones  Unidas  (abril-­‐mayo  de  2013),  recomendó  la  revocatoria  de  las  dos  reformas  constitucionales.49    Ince  y  Gómez  Suárez  no  mencionan  nada  de  esto.      Garantías  políticas  y  protección  para  los  miembros  desmovilizados  de  las  FARC  La  preocupación  de  Ince  y  Gómez  Suárez  de  que  se  brinden  garantías  políticas  y  protección  a  los  miembros  de  las   FARC   que   se   desmovilicen   continúa   en   la   línea   de   borrar   los   antecedentes   históricos   que   involucran   al  Estado   colombiano.   En   este   caso   hacen   recomendaciones   que   fácilmente   pueden   resultar   fatales   para   los  insurgentes  que  deseen  participar  en  el  escenario  político  del  país.    Los  autores  afirman,  con  razón,  que  uno  de  los   obstáculos   para   llegar   a   un   acuerdo   con   las   FARC   es   la   capacidad   del   Estado   “para   salvaguardar   las  garantías  políticas  para   los  guerrilleros  que  están  dispuestos  a  desarmarse  y  a  ser  reconocidos  como  actores  políticos  legítimos”.  Con  esto  se  hace  referencia,  en  primera  instancia,  a  las  garantías  y  al  derecho  de  los  grupos  políticos  existentes  y  de  grupos  similares  que  puedan   llegar  a  existir  para  ejercer  oposición  política.    En  este  sentido,  los  autores  no  están  del  todo  equivocados,  el  Estado  tendrá  que  convencer  a  las  FARC  de  que  no  van  a  ser  masacrados.  Los  autores  se  refieren  aquí  al  genocidio  de  la  Unión  Patriótica  en  década  de  los  80;  se  trataba  de  una  coalición  electoral  de  izquierda  que  convocaba  a  las  dos  guerrillas  desmovilizadas  y  a  los  colombianos   46  Colombia:  La  reforma  fomentará  la  impunidad  de  abusos  de  derechos  humanos  cometidos  por  las  fuerzas  armadas  y  la  policía.  Comunicado  de  prensa  de  Amnistía  Internacional.  6  de  diciembre  de  2012.  47  Ibid.  48  No  cabe  aquí  una  discusión  detallada  de  este  tema,  pero  para  conocer  más  detalles,  véase,  por  ejemplo:  “Informe  de   la   situación   de   derechos   humanos   en   Colombia   2008-­‐2013”   (diciembre   de   2012)   elaborado   por   varias  plataformas   y   organizaciones   para   el   Examen   Periódico   de   las   Naciones   Unidas   en   2013.   (En   línea)  http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Report%20on%20the%20Human%20Rights%20situation%20in%20Colombia.pdf  [4  de  abril  de  2013],  p.  6-­‐8.  (Citado  el  12  de  junio  de  2013).  49  Amnistía  Internacional.  Presentación  para  el  Examen  Periódico  de  las  Naciones  Unidas.  p.  5-­‐6,8.  

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que   no   pertenecían   a   los   partidos   políticos   tradicionales.   Entre   3  000   y   5  000   miembros   de   la   UP   fueron  asesinados  por  fuerzas  del  Estado  y  paramilitares,  quienes  además  continuaron  matando  muchos  militantes  del  M-­‐19  desmovilizados  posteriormente.50  Sin  embargo,  convencer  a  las  FARC  de  que  ellas  no  correrán  la  misma  suerte  no  es  lo  mismo  que  cumplir  esa  promesa.    El  tiempo  dirá  que  tan  interesado  estaba  el  Gobierno  en  ello  y  si  tiene  éxito  y  para  entonces  el  acuerdo  de  “paz”  será  historia.  Lo  más  preocupante  al  respecto  es  lo  absurdo  de  esta  propuesta:  

 Una  forma  de  evitar  una  repetición  de  experiencias  anteriores  podría  incluir  la  creación  de  una  Unidad  Especializada  de  Protección,  integrada  por  miembros  de  las  fuerzas  armadas,  la  policía,  miembros  de  los  servicios   de   inteligencia,   y   excombatientes   de   las   FARC  para   asegurar   que   la   violencia   dirigida   contra  sectores  asociados  con  la  UP  y  con  las  FARC  en  los  años  1980  no  se  repita  sí  (sic)  se  lograra  un  acuerdo  de  paz.  

 Se  debe  plantear  una  simple  pregunta:  ¿quién  asesinó  a  la  UP?    Algunos  paramilitares  se  vieron  involucrados,  pero  como  los  grupos  de  derechos  humanos  lo  han  señalado  repetidamente,  el  peso  represivo  de  los  asesinos  militares  pasó  a  los  paramilitares  solamente  a  principios  de  los  90.    Mucho  de  lo  sucedido  en  la  década  de  los  80  fue  responsabilidad  directa  del  Ejército.    En  1988,  en  Segovia,  municipio  del  departamento  de  Antioquia,  el  Ejército  y  la  Policía  asesinaron  a  43  personas,  a  muchos  de  ellos  abiertamente  en  la  plaza  principal  del  pueblo,  porque  habían  votado  por  la  UP  y  no  por  el  partido  Liberal.  (Esto  ha  sido  ampliamente  documentado,  incluso  por   el   proyecto   Nunca   Más)51.   Los   helicópteros   utilizados   para   repartir   volantes   amenazadores   fueron  helicópteros   militares.     El   mensaje   en   los   volantes   era   claro:   el   pueblo   sería   castigado   por   haber   votado  equivocadamente.   La   UP   no   solo   ganó   las   elecciones  municipales   de   Segovia,   sino   que   barrió   en   el   Consejo.    Cuarenta  y  tres  personas  pagaron  por  este  triunfo;  todas  asesinadas  por  la  XIV  Brigada  del  Ejército  colombiano  y   la   Policía.     Es   preciso   señalar   que   en   esta  misma   brigada   se   crearon   y   se   entrenaron   los   paramilitares   de  Puerto   Boyacá,   el   lugar   donde   Carlos   Castaño   desarrolló   su   vena   asesina.     Estos   hechos   son   vox   pópuli.     Es  imposible  que  lo  autores  no  conozcan  el  papel  del  Ejército  en  el  exterminio  de  la  UP.    La   confianza  de   Ince  y  Gómez  Suárez   en   los   servicios  de   inteligencia   también   resulta  bastante   sorprendente  teniendo  en  cuenta  los  antecedentes  históricos.  El  31  de  octubre  de  2011,  el  Gobierno  se  vio  forzado  a  disolver  el   Departamento   Administrativo   de   Seguridad   (DAS)   después   de   que   se   desatara   un   escándalo   por   las  amenazas,  los  asesinatos,  el  espionaje  y  las  grabaciones  que  se  hicieron  y  que  atentaron  contra  la  integridad  de  activistas   de   derechos   humanos,   políticos   y   periodistas.52   Sobre   todo  durante   el   gobierno  del   predecesor   de  Juan   Manuel   Santos,   Álvaro   Uribe,   el   DAS,   que   operaba   bajo   las   órdenes   directas   del   presidente,   espió   de  manera  sistemática  y  recopiló  información  que  por  su  naturaleza  solo  podía  utilizarse  para  asesinar,  chantajear  o  emboscar  a  quienes  resultaban  sospechosos.  Según  informes  de  los  medios,  la  mayor  parte  de  la  información  se  recopiló  a  través  de  los  guardaespaldas  asignados  por  el  Estado  para  proteger  a  los  defensores  de  derechos  humanos   en   cuestión.     El  DAS   también   se   ha   visto   involucrado   en   el   asesinato   de   sindicalistas   y   dos   de   sus  exdirectores  son  actualmente   investigados  por  vínculos  con  los  paramilitares.    ¿Se   les  escapó  a  Ince  y  Gómez  Suárez  una  parte  o  la  totalidad  de  estos  hechos?    ¿No  notaron  ellos  que  a  muchos  defensores  de  los  derechos  humanos  les  han  imputado  cargos  en  los  que  los  testigos  principales  fueron  los  guardaespaldas  que  les  habían  asignado?      Los   servicios   de   inteligencia   militar   tienen   antecedentes   igualmente   inconsistentes.   La   Red   n.°   07   de  inteligencia  de  la  Armada  en  Barrancabermeja  es  un  caso  infame.    Esta  organización  llevó  a  cabo  una  serie  de  asesinatos   en   esta   ciudad   encomendando   a   unos   sicarios   el   trabajo   sucio.     La   Fiscalía   General   de   la   Nación  profirió  una  resolución  de  acusación  con  respecto  a  68  asesinatos.    No  obstante,  diversos  grupos  de  derechos  humanos   de   la   ciudad   aseguran   que   los   asesinatos   ascienden   a   más   de   430.53     Los   involucrados   fueron   50  HYLTON,  Op.  cit.,  p.82.  51   El   proyecto   Nunca   Más   inició   sus   actividades   en   Antioquia.   Sus   esfuerzos   estaban   encaminados   a   registrar   la  violación  sistemática  de  derechos  humanos  en  algunas  regiones  del  país.    Se  produjeron  informes  de  otras  regiones  como  El  Catatumbo,  Meta  y  la  zona  suroccidental  del  país.  52   Amnistía   Internacional.   Colombia:   Informe   anual   2012.   (En   línea)  http://www.amnesty.org/en/region/colombia/report-­‐2012#section-­‐29-­‐8  (citado  el  12  de  junio  de  2013).  53  Entrevista  Credhos  2002.  

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exonerados  en  1998  por  el  General  Tapias  que  prestó  servicios  en  el  periodo  de  ese  otro  gran  hombre  de  paz,  el  presidente   Pastrana,   quien   dejó   salir   impunes   a   los  militares   en  medio   de   las   negociaciones   de   paz   con   las  FARC.   También   se   les   pudo   haber   escapado   a   los   autores   que   la   XX   Brigada   -­‐cuya   tarea   principal   era   la  recopilación  de   información  de   inteligencia-­‐   tuvo  que   ser  disuelta   cuando   sus  actividades   se   convirtieron  en  intolerables,  incluso  para  el  Gobierno  de  Estados  Unidos,  a  quien  se  presionó  para  que  no  financiara  unidades  comprometidas  en  violaciones  de  derechos  humanos.    ¿Por   qué   Ince   y   Gómez   Suárez   piensan   que   las   FARC   deben   confiar   esta   vez   en   el   Ejército,   la   Policía   y   los  servicios   de   inteligencia?   Eso   no   se   explica   de   ninguna   manera.     Tal   vez   sus   esperanzas   se   fundan   en   la  disolución   del   DAS   y   la   creación   de   la   Unidad   Nacional   de   Protección   (UNP)   para   reemplazar   los   antiguos  programas  de  protección  adscritos  al  Ministerio  del  Interior,  cuyo  objetivo  era  la  protección  de  los  defensores  de  derechos  humanos  y   los  activistas  políticos,  pero  esto   tampoco   justifica  su  optimismo.  Los  organismos  de  derechos  humanos  han  manifestado  su  preocupación  por  que  “muchos  de  los  trabajadores  de  la  UNP,  a  algunos  de  los  cuales  se  les  han  asignado  tareas  de  protección,  son  antiguos  funcionarios  del  DAS”.54    Esto,  sumado  al  clima  de  impunidad  continua  que  rodea  a  los  responsables  de  violaciones  de  derechos  humanos  vinculados  al  Estado,  indicaría  que  la  propuesta  de  Ince  y  Gómez  Suárez  es  peligrosamente  errónea.      La  capacidad  de  presentar  reformas  estatales  significativas  en  materia  de  tierras  Otro  desafío  al  que  Ince  y  Gómez  Suárez  hacen  referencia  tiene  que  ver  con  la  capacidad  que  tenga  el  Estado  de  proponer  reformas  significativas  en  materia  de  tierras.    Teniendo  en  cuenta  los  argumentos  que  hemos  presentado,  no  podemos  más  que  coincidir  con  Ince  y  Gómez  Suárez  en  cuanto  a  que  “varias  cosas  quedan  por   hacer”   en   lo   referente   al   desarrollo   rural,   los   derechos   de   las   víctimas   y   para   garantizar   que   los  esfuerzos   que   se   hagan   en   torno   a   las   reformas   en  materia   de   tierras   sean   “tan   incluyentes   y   tengan   un  alcance  tan  amplio  como  sea  posible”.    No  obstante,  los  autores,  que  no  pudieron  entender  que  una  reforma  significativa  en  materia  de  tierras  ni  siquiera  hace  parte  de  la  discusión  en  este  proceso  entre  una  guerrilla  derrotada   y   un   Gobierno   que   no   tiene   el  más  mínimo   interés   en   esta   clase   de   reformas,   se   equivocan   al  identificar  los  obstáculos  que  afronta  una  reforma  así,  al  asumir  que  el  problema  fundamental  tiene  que  ver  con  las  élites  y  los  terratenientes  en  el  ámbito  regional:  

 ...si   el   gobierno  propusiera  un   cambio   sustancial,  por  ejemplo  en   la   forma  en  que   la   tierra   se  utiliza,   o  cualquier  otro  cambio  en  la  vida  rural,  es  probable  que  muchas  personas,  especialmente  de  la  derecha,  se  opongan.   Si   bien   el   Gobierno   de   Santos   y   la   élite   política   de   Bogotá   pueden   entender   la   necesidad   de  plantear  una  reforma,  las  élites  regionales  de  línea  radical  -­‐especialmente  los  propietarios  de  latifundios-­‐  que   creen   que   el   conflicto   todavía   se   puede   ganar   militarmente,   podrían   estar   menos   dispuestos   a  aceptarla.   Por   lo   tanto,   la   clave   está   en   que   Santos   pueda   convencer   a   una   buena   parte   de   esas   élites  regionales  de  aceptar  cierto  grado  de  reforma  y  [de]  no  tomar  la  ley  en  sus  propias  manos,  por  ejemplo,  mediante   el   patrocinio   de   paramilitarismo.   [Hay   partes   del   texto   original   que   no   fueron   traducidas   en   la  versión  española,  hemos  recurrido  a  una  traducción  propia  donde  esto  ocurre.  N.  de  la  T.].    

El  problema  que   los  autores  señalan  no  es  ni  mucho  menos   insignificante.    Como  ya  se  dijo,  en  el  pasado   las  élites  regionales  recurrieron  al  paramilitarismo  para  proteger  sus  intereses  y  no  hay  razón  para  creer  que  esta  práctica  no  se  repetirá,  si  no  se  toman  las  medidas  necesarias  para  prevenirlo.  No  obstante,  no  podemos  olvidar  el   contexto   político   que   permitió   que   esto   sucediera   y   que   le   otorgó   un   asidero   legal   al   paramilitarismo;   la  complicidad  de  las  fuerzas  del  Estado  promoviendo  y  entrenado  grupos  paramilitares  y  la  institucionalización  de  la  impunidad  a  cuyo  permisivo  amparo  se  han  cometido  graves  violaciones  a  los  derechos  humanos.  Estos  grupos  permitieron  que  se  afianzara  la  concentración  de  latifundios  que  serían  legitimados  y  consolidados  por  el  Estado,  conjuntamente  con  el  sector  privado  y  las  ONG,  en  aras  del  “desarrollo”.        En  nuestras  objeciones  hechas  a  la  ley  que  aborda  la  restitución  de  tierras  ya  hemos  dicho  que  Santos  y  la  élite  política   no   están   interesados   en   promover   ningún   cambio   significativo   en   la   zona   rural   del   país.   Las   élites  regionales  no  son  las  únicas  responsables  de  que  no  se  plantee  una  reforma  agraria,  la  élite  de  Bogotá,  muchos  de   cuyos  miembros   son   grandes   terratenientes,   tiene  una   responsabilidad  mucho  más   grande.     ¿Por  qué   los   54  Amnistía  Internacional.  Información  para  el  Examen  Periódico  Universal  de  las  Naciones  Unidas.  2013.  p.4.  

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Gobiernos  en   los  que  Santos  participó   (en   los  mandatos  de  Gaviria,  Pastrana  y  Uribe)   introdujeron  reformas  que  iban  en  contra  del  campesinado?  En  el  mandato  de  Uribe,  por  ejemplo,  se  promulgaron  una  serie  de  leyes  que  menoscababan   la   producción   campesina;   desde   prohibir   el   uso   de   semillas   que   no   fueran   compradas   a  multinacionales,  hasta  prohibir  la  producción  de  panela  y  la  crianza  casera  de  pollos,  forzando  a  los  campesinos  a   producir   mediante   procesos   muy   tecnificados55     ¿Por   qué   estos   gobiernos   firmaron   acuerdos   de   libre  comercio   con   Estados   Unidos   y   la   Unión   Europea   que   van   en   detrimento   de   los   métodos   de   producción  campesina  y  dan  preponderancia  a  la  producción  agroindustrial?      Participación  de  la  sociedad  civil  Aparentemente,   el   llamamiento   que   hacen   Ince   y   Gómez   Suárez   a   una   “participación   constructiva   de   la  sociedad”   parece   loable.     En   el   proceso   de   paz   actual,   las   personas   solo   pueden   participar   en   calidad   de  espectadores   que   pueden   aprobar   o   rechazar   el   acuerdo   final.   A   pesar   de   algunos   aspavientos   iniciales   con  respecto   a   la   participación   en   el   proceso,   esto   tuvo   muy   poca   o   ninguna   repercusión   en   la   práctica.     La  Universidad   Nacional   y   UNDP   convocaron   dos   foros   en   los   que   se   invitaba   a   personas   y   organizaciones   a  participar   en   un   debate.     El   foro   sobre   el   tema   agrario   fue   especialmente   patético;   solamente   unas   1  200  personas  acudieron  a  la  convocatoria.    De  estos,  unos  200  eran  representantes  de  organizaciones  comerciales  que   llegaron   bien   preparados.   La  metodología   consistía   en   dividir   a   los   asistentes   en   diferentes   grupos   que  discutían   de   manera   abierta   y   caótica   toda   suerte   de   temas   sin   una   metodología   específica.   El   encuentro  terminó   con   una   plenaria   y   las   propuestas   viajaron   a   La   Habana.     A   duras   penas,   este   método   puede  considerarse   participativo.     Los   grupos   de   campesinos   no   tienen   una   participación   directa   en   el   proceso,  porque  su  exigencia  es  clara:  reclaman  tierra;   lo  cual  puede  incomodar  en  las  negociaciones.    El  foro  sobre  el  tema  agrario  fue  clausurado  por  tres  personas:  la  exsenadora  Piedad  Córdoba,  el  presidente  de  la  Sociedad  de  Agricultores  de  (SAC)  y  Francisco  de  Roux,  exdirector  de  la  ONG  administradora  del  Programa  de  Desarrollo  y  Paz  del  Magdalena  Medio  y  cabeza  actual  de  los  jesuitas.    De  Roux  concluyó  el  foro  abogando  por  más  cultivos  de  los  que  él  llamó:  “cosechas  tropicales  permanentes”  (palma,  caucho  y  cacao),  fiel  a  un  modelo  agroindustrial  que  no  concuerda  en  lo  más  mínimo  con  la  exigencia  de  tierras.56    Es   necesario   plantearse   cómo   sería   una   “participación   significativa”   en   la   práctica.     Aquí   una   vez   más   es  importante  tomar  en  cuenta  el  contexto  histórico.  No  se  trata  solo  de  que  lo  que  Ince  y  Gómez  Suárez  califican  como   una   “una   ciudadanía   pasiva”   sea   falso,   pasando   por   alto   el   asesinato   indiscriminado   de   muchos  campesinos,  trabajadores  y  la  destrucción  de  organizaciones  indígenas  y  de  derechos  humanos  durante  de  las  últimas   décadas;   es   necesario,   además,   tener   en   cuenta   los   antecedentes   históricos   de   la   promoción   de   la  participación  popular  en  Colombia.    Desde   la   implementación  de   las  políticas  neoliberales  y   la  vigencia  de   la  Constitución  de  1991,  los  distintos  Gobiernos  han  puesto  de  relieve  la  importancia  de  la  participación  popular  en   los  asuntos  estatales  y  han  recalcado   la  necesidad  de  contar  con   instituciones  abiertas  y  descentralizadas,  con  el  fin  de  propiciar  las  condiciones  que  afiancen  la  paz  y  la  competitividad  del  mercado.57.  No  obstante,  en  este  contexto,  la  participación  ciudadana  se  concibe  como  una  participación  enmarcada  dentro  de  las  fronteras  predeterminadas  y  no  negociables  de  las  políticas  neoliberales  y  como  un  medio  para  “fortalecer  la  efectividad  de   las   acciones   estatales”   y   “desarrollar   la   competitividad”.58     El   enfoque   que   se   ha   dado   a   un   “Estado  participativo”  está  acompañado  de  un  impulso  para  crear  una  sociedad  de  ciudadanos  emprendedores  y  fieles  

55  Véase  la  Resolución  4287/2007  del  Ministerio  de  Protección  Social  y  el  Decreto  1500  de  2007  en  relación  con  la  crianza  de  aves  de  corral  (criollas)  y  la  Resolución  779  de  marzo  de  2006  y  3462  de  2008.  56  La   información  presentada  en  este  párrafo  proviene  de   informes  verbales  presentados  a  uno  de   los  autores,  así  como   de   grabaciones   hechas   por   periodistas   de   los   discursos   de   clausura   y   de   los   cuales   los   autores   recibieron  copias.  57  Departamento  Nacional  de  Planeación  (DNP).  La  Revolución  Pacífica:  Plan  de  Desarrollo  Económico  y  Social  1990-­‐1994.  1991.  Bogotá:  Presidencia  de  la  Republica  y  Departamento  Nacional  de  Planeación;  Departamento  Nacional  de  Planeación   (DNP).   El   Salto   Social:   Plan   Nacional   de   Desarrollo,   Ley   de   Inversiones   1994-­‐1998.   1995.   Bogotá:  Presidencia  de  la  Republica  y  Departamento  Nacional  de  Planeación;  Departamento  Nacional  de  Planeación  (DNP).  Plan   Nacional   de   Desarrollo   1998-­‐2002:   Cambio   para   Construir   la   Paz.  1999.  Bogotá:   Departamento   Nacional   de  Planeación;  Departamento  Nacional  de  Planeación  (DNP).  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2002-­‐2006:  Hacia  un  Estado  Comunitario.  2003.  Bogotá:  Departamento  Nacional  de  Planeación.  58  Ibid.,  p.  68.  

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que  “participarán”  solo  como  se  espera.    Desde  mediados  de  los  90,  el  Gobierno  de  Ernesto  Samper  comenzó  a  hacer  explícitas  referencias  a  la  creación  de  un  prototipo  ideal  de  ciudadano  que  ha  sido  reforzado  de  manera  preponderante  por  los  Gobiernos  sucesivos.59      Este  discurso  ha  sido  repetido  en  intervenciones  en  pro  del  “desarrollo  y  la  paz”  dirigidas  a  la  población  rural.    Por   ejemplo:   Asocipaz,   una   ONG   fundada   por   paramilitares   en   el   Magdalena   Medio   ha   afirmado   que   los  campesinos   deben   convertirse   en   empleados   de   la   agroindustria,   con   el   fin   de   “generarles   posibilidades   de  participar  activamente,  en  calidad  de  accionistas  o  copropietarios”.60    Llama  la  atención  que  esta,   la  ONG  que  maneja   los   fondos   de   los   Laboratorios   de   Paz   en   el   Magdalena   Medio-­‐   subvencionados   por   la   UE-­‐   incluya  dentro   de   sus   objetivos   inculcar   en   los   campesinos   la   idea   de   forjar   una   identidad   más   competitiva   y  empresarial.    Esta  organización  define  así  una  de  sus  funciones:  “facilitar  al  conjunto  de  pobladores  percibirse  como  dueños  y  actores  del  propio  destino”.61    La  promoción  de  este  tipo  de  “participación  de  la  sociedad  civil”  ha  sido  el  instrumento  de  activas  luchas  emprendidas  para  recuperar  territorio,  contra  el  despojo  de  tierras  y  la   devastación   de   la   naturaleza   propiciada   por   el   modelo   de   explotación   neoliberal.     Ya   mencionamos   las  fundadas   acusaciones   contra   diversas   compañías   multinacionales,   entre   las   que   figura   la   BP,   por   su  complicidad   con   la   violencia   estatal   y   paramilitar   contra   organizaciones   sociales.     En   los   alrededores   de   los  pozos  petroleros  de  la  BP  en  Casanare,  la  ONG  de  la  compañía,  Fundación  Amanecer,  abiertamente  promueve  formas  similares  de  fortalecimiento  de  la  identidad  propia  en  el  campesinado,  pero  ha  enviado  representantes  a   las   reuniones  de   las   comunidades  de  derechos  humanos  para   invitarles   a   que  participen   en   sus  proyectos  productivos   en   vez   de   comprometerse   en   la   peligrosa   tarea   de   organizarse   para   enfrentar   las   ejecuciones  extrajudiciales  del  Ejército  colombiano.62    ¿Cuál  es  el  tipo  de  participación  por  el  que  abogan  Ince  y  Gómez  Suárez?    ¿El  modelo  de  participación  dentro  de  parámetros  predefinidos,  favorecidos  por  el  Estado  y  promovido  por  ONG  vinculadas  con  el  paramilitarismo,  el  sector   privado   y   los   intereses   internacionales?     ¿O   abogan   por   una   participación   que   abra   espacios   para  disentir,  debatir  y   luchar  por  el   trasfondo  del  acuerdo  sobre   la  mesa?    El  primer  paso  en  esta  dirección  sería  que  el  Estado  tomara   las  medidas  necesarias  para  poner   fin  a   la  represión  en  marcha  contra   los  procesos  de  base  de  las  organizaciones  sociales.    Esto  implicaría,  entre  otras  cosas,  poner  fin  a  la  impunidad  de  la  que  han  disfrutado   agentes   estatales   y   paramilitares.     Sin   embargo,   Ince   y   Gómez   Suárez,   al   pasar   por   alto  sistemáticamente  el  papel  del  Estado  en  el  conflicto  colombiano,  se  limitan  a  reforzar  la  cultura  de  impunidad  que  da  luz  verde  a  la  continua  represión  de  que  son  víctimas  las  organizaciones  sociales.    Pocas  expectativas  Gran  parte  del  problema  es  que  Ince  y  Gómez  Suárez  aceptan  sin  reservas  la  legitimidad  del  Estado  colombiano  y  miran  el  proceso  de  paz  a  través  de  los  lentes  oficiales,  según  los  cuales  los  problemas  tienen  simplemente  un  carácter  técnico  y  no  un  perfil  político.    Esto  se  hace  evidente  en  la  última  recomendación  para  hacer  frente  a  la  decepción:  

 Para  evitar  la  radicalización  de  la  sociedad  colombiana  si  las  negociaciones  no  logran  un  acuerdo  antes  de  noviembre  de  2013,  Santos  tendrá  que  mantener  las  expectativas  del  electorado  bajo  control  durante  los  diálogos  en  La  Habana.  Esto  podría   lograrse  mediante  el  diseño  de  una  estrategia  de  comunicación  más   eficaz   en   torno   a   la   difusión   de   información   pública,   de   manera   que   ayude   a   reducir   las   altas  expectativas  y  permita  a  los  equipos  de  negociación  la  entrega  de  declaraciones  públicas  breves,  francas  y  transparentes  en  relación  con  los  progresos  realizados  

 La  preocupación  de  los  autores  por  el  electorado  parece  ser  una  prioridad  inusitada  si  se  tiene  en  cuenta  que  la  mayor  parte  de  la  población  no  vota  y  de  quienes  lo  hacen,  gran  parte  vende  su  voto.63    Sin  embargo,  se  destaca   59  DNP.  1995.,  El  Salto  Social;  DNP.1999,  Cambio  para  Construir  la  Paz.  p.14.  60  Ó  LOINGSIGH,  Op.  cit.,  p.  83.  61  Citado  en  RUDQVUSTS,  A.  y  VAN  SLUYS,  F.  Informe  Final  de  Evaluación  de  Medio  Término  Laboratorio  de  Paz  del  Magdalena  Medio.  2005.  Bruselas:  ECO.  p.  5.  62  COLEMAN,  L.  The  making  of  docile  dissent.  (En  preparación).  63  En  las  últimas  elecciones  presidenciales  se  invirtió  cerca  de  un  millón  de  dólares  en  compra  de  votos  solamente  en  Bogotá.  

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todavía  más   la   necesidad   de   trazar   una   estrategia   para   disminuir   las   expectativas   sociales   y   políticas   de   la  sociedad,   no   para   promover   la   participación   popular   en   el   proceso   o   para   convocar   a   una   asamblea  constituyente  o  para  poner  en  marcha  cualquier  mecanismo  similar  donde  se  dé  espacio  a   las  demandas  del  pueblo  colombiano,  que  pueden  diferir  -­‐y  muy  posiblemente  difieren-­‐  de  las  exigencias  de  las  FARC.    ¿Qué  tipo  de  expectativas  es  necesario  disminuir?    La  reforma  agraria  puede  hacer  parte  de  la  lista.    ¿Por  qué  recomiendan  ellos  que  el  Estado  prepare  una  estrategia  para  disminuir  expectativas?    ¿Es  porque  creen  que  los  campesinos  deben  cejar  en  su  empeño  en  nombre  de  la  “paz”?    Tal  vez  algunas  personas  esperan  que  oficiales  militares  sean  procesados  por  crímenes  pasados.    ¿Es  esta  una  de  las  expectativas  que  es  necesario  aplacar?    La  recomendación  final  los  deja  al  descubierto;  no  se  habla  aquí  de  justicia,  esta  tampoco  es  su  propuesta.  Se  trata  de  crear  estabilidad  para  los  capitales  y  las  élites.      Observaciones  finales  Disminuir  las  expectativas  es  tan  solo  una  de  las  estrategias  del  Estado  para  eliminar  o  pacificar  la  oposición,  así  como  para  ocultar  su  responsabilidad  en  las  prácticas  de  represión  armada.    Los  académicos  que  respaldan  sin  reparos  estas  negociaciones  solo  le  suman  al  conflicto.    Las  experiencias  de  los  procesos  de  paz  en  todo  el  mundo,  desde   Irlanda  hasta  Latinoamérica,  pasando  por  Sudáfrica,   indicarían  que  dichos  procesos   fomentan  sobre   todo   la   estabilidad   del   Estado   y   de   los   capitales;   no   se   trata   de   reducir   niveles   de   violencia,  fundamentalmente  entre  los  más  pobres.    El  proceso  de  paz  en  el  Salvador  es  un  ejemplo  claro.    En  los  tiempos  de   la   insurgencia,   cerca   de   70  000   personas   perdieron   la   vida   a   raíz   del   conflicto.     Muchas   personas   se  solidarizaron  con  el  proceso  promulgando  la  idea  de  que  lo  importante  era  poner  fin  al  conflicto  y  salvar  vidas.  Entre  el   año  2000  y  2011,  un  periodo  que  prácticamente  coincide  con  el  del   conflicto,   se   registraron  38  660  homicidios  intencionales  en  el  Salvador64;  no  tantos  como  los  que  perecieron  en  el  conflicto,  pero  aun  así  esta  es   una   cifra  muy   alta.     La   tasa   de   asesinatos   en   el   Salvador   se   ha  mantenido   como   la   segunda  más   alta   de  Latinoamérica;  la  tasa  registrada  en  2011  fue  de  69.2  por  cada  100  000.65    Si  echamos  una  mirada  a  la  tasa  de  homicidios  entre  los  jóvenes  entre  los  15  y  los  24  años  de  edad,  la  cifra  se  disparó  a  105.6  en  el  2008  (último  año  de  cifras  del  que  se  dispone).66    ¿Dónde  queda  la  preocupación  internacional?    ¿Las  donaciones  en  efectivo,  las  mesas  redondas,  los  países  mediadores?  No  hay  nada  de  eso,  porque  no  se  trata  de  reducir  muertes;  se  trata  de  eliminar  una  amenaza  armada  contra  el  capitalismo.      Si  se  tratara  solo  del  papel  de  los  académicos  ocultando  la  derrota  de  un  movimiento  insurgente  que  tiene  muy  pocas  posibilidades  de  ganar,  el  asunto  sería  grave,  pero  no  tan  serio  para  el  resto  de  la  sociedad.  No  obstante,  los  procesos  de  paz  no  solamente  tienen  que  ver  con  la  desmovilización  de  organizaciones  armadas,  sino  con  la  desmovilización  de  sectores  más  amplios  de  la  sociedad.  Se  trata  de  que  nadie  dañe  los  planes  y  que  el  acuerdo  alcanzado  no  afecte  los  poderes  existentes,  ni  el  patrimonio;  que  los  bienes  queden  intactos.    En  este  sentido  el  papel  de  las  ONG  y  los  académicos  es  crucial.    Se  redactan  documentos,  se  dan  conferencias  y  se  publican  libros  sobre  la  importancia  del  acuerdo  y  las  razones  por  las  que  todos  deben  respaldarlo.    Se  dice  que  todos  los  que  no   muestran   simpatías   con   el   acuerdo,   quieren   guerra;   sin   saber   si   los   críticos   alguna   vez   se   mostraron  partidarios  de  la  guerra.    El  mismo  modelo  impuesto  a  sangre  y  fuego  establece  ahora  los  parámetros  del  camino  para  alcanzar  la  paz,  siempre  y  cuando  pueda  ser  implementada  de  la  manera  “adecuada”,  es  decir,  teniendo  en  cuenta  el  potencial  del  conflicto.  Se  habla  de  la  importancia  de  resolver  el  conflicto,  un  concepto  prestado  del  ámbito  de  la  terapia  familiar,   como   si   se   tratara  de  una  pareja  que  ya  no  puede   convivir.     Se   ignoran   los   intereses   en   juego  y   las  fuerzas   sociales   involucradas.     Se   proclama   la   victoria   y   a   aquellos   en   la   oposición,   como   por   ejemplo   los  campesinos   que   continúan   exigiendo   tierra,   se   les   acusa   de   darle   la   espalda   a   la   historia,   al   progreso   y   por  último   a   la   paz.     Se   pasa   por   alto   el   aspecto   político.     En   un   conflicto   hay   ganadores   y   perdedores;   no   hay  empates.    Se  gana  en  el  conflicto  o  se  gana  en   la  mesa  de  negociaciones;  de  cualquier  manera  alguien  gana  y   64  OEA,  Informe  sobre  la  Seguridad  Ciudadana  en  las  Américas  2012:  Estadísticas  oficiales  de  Seguridad  Ciudadana  producidas  por   los  Estados  miembros  de   la  OEA.  Washington  D.C:  Secretaría  de  Seguridad  Multidimensional  de   la  OEA.  2012.  p.17    65  Ibíd  p.18  66  Ibíd  p.25  

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alguien   pierde.     No   reconocer   esta   realidad   ha   propiciado   muchas   acrobacias   verbales,   políticas   y   sociales  ejecutadas  para  impedir  una  percepción  clara  de  la  realidad  del  conflicto  social.    Se  hace  sentir  presionada  a  la  gente  para  que  no  propicie  un  retorno  a  la  guerra  al  exigir  justicia,  verdad,  reparación  tierras,  educación,  salud  o  vivienda.    No  se  debe  exigir  nada  que  pueda  amenazar  el  acuerdo  o  los  poderes  instaurados.  Después  de  la  desmovilización  del  movimiento  guerrillero  M-­‐19,  los  líderes  de  la  organización  asumieron  cargos  diplomáticos  y  pasaron  a  representar  el  Estado  colombiano  en  las  embajadas  del  mundo,  mientras  que  la  represión  militar  y  paramilitar   estaba   en   su   apogeo;   lo  mismo  pasó   con   los   insurgentes  desmovilizados  del   EPL   y   la   historia   se  repetirá:  se  pedirá  a  la  gente  que  defienda  lo  indefendible  y  ellos  lo  harán  en  el  nombre  del  proceso  de  paz.    Este  es  el  ideal  de  los  tecnócratas;  todo  se  reduce  a  las  necesidades  del  Estado,  a  convencer  a  los  insurgentes  de  desmovilizarse  y  los  demás  que  se  las  arreglen  como  puedan,  mientras  se  intenta  darle  una  fachada  académica  y  política  a  un  débil   acuerdo,  que  es   lo  máximo  que  se  puede  esperar  de  un  proceso  así.    Einstein  decía  que  locura   es   hacer   la   misma   cosa   una   y   otra   vez   esperando   obtener   diferentes   resultados;   cuando   se   trata   de  procesos  de  paz,  tendemos  a  ignorar  las  experiencias  del  pasado.    En  el  caso  de  Colombia,  Ince  y  Gómez  Suárez  han  optado  por  una  nefasta  distorsión  de   la   realidad  del  país  y  han  dado   la  espalda  a  un  pasado  plagado  de  muerte  a  la  hora  de  dar  recomendaciones;  han  abrazado  argumentos  en  pro  de  una  paz  a  cualquier  precio  que  solo  beneficia  al  Estado  y  al  capital  e  ignora  las  consecuencias  que  puede  tener  para  los  demás  miembros  de  la  sociedad.