la pepa
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La “Pepa” y la
Educación. Práctica 2.
Nuria Díaz Rodríguez
2º A Grado en Educación Primaria
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ÍNDICE.
Contexto histórico. Pág. 3
Sociedad española en el siglo XIX. Pág. 4
La instrucción Pág. 7
Bibliografía Pág.10
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La “Pepa” y la Educación.
CONTEXTO HISTÓRICO.
Entre 1788 y 1808, durante el reinado de Carlos IV, existía en España una profunda
crisis política y económica que afectaba a la monarquía. Fue un período de guerras
contra Francia y Gran Bretaña, tras la Revolución Francesa.
Carlos IV y Godoy aceptaron todas las propuestas de Napoleón como el Tratado de
Fontainebleu, entre otras; ya que nuestro país se había unido al “bloqueo continental”
contra Inglaterra.
El 17 de marzo de 1808, el partido fernandino de Aranjuez, tras enterarse del viaje de
los reyes, se presentó ante el Palacio Real, asaltando el palacio de Godoy. El día 19,
Carlos IV abdica en su hijo convirtiéndolo en Fernando VII.
En mayo, algunos miembros de la familia real
intentan huir a Francia pero la población lo
evitó. Esto generó una serie de levantamientos
contra los franceses dando lugar a la Guerra de la
Independencia.
El 5 de mayo de 1808 tienen lugar en Bayona las
abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII al
trono de España a favor de Napoleón Bonaparte,
quién cedió los derechos a su hermano conocido
como José I (1808-1813).
Ya que las abdicaciones eran consideradas un
acto ilegal, se celebraron las Cortes en Cádiz en
1810, dónde se constituyó un nuevo régimen
político redactándose la Constitución el 19 de
marzo de 1812 (“La Pepa”) y se publicó un
conjunto de leyes.
Con respecto a los derechos, a los mulatos se les reconocieron derechos civiles pero no
políticos, impuso la libertad civil, la propiedad, y “los demás derechos legítimos”, según
el art. 4, lo que dejaba abierta la posibilidad de una amplia interpretación. Se especificó
el derecho a la educación y se establecían garantías contra abusos en las detenciones,
que serían para seguridad de los reos como la supresión de los tormentos y la vigencia
del habeas corpus. El art. 306, impidió el allanamiento de viviendas particulares, salvo
para seguridad del estado. El art. 371, consagró la posibilidad de expresarse
políticamente sin restricciones, sujeto a las responsabilidades ulteriores. Repartió
tierras y abolió la inquisición. Impidió el derecho a la libertad de cultos: la única
religión reconocida y verdadera era la Católica, Apostólica Romana.
Con respecto a los derechos políticos, estableció el sufragio restringido o censitario. Era
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rígida, e impedía su reforma en los ocho años posteriores a su vigencia.
El 11 de diciembre de 1813, Napoleón ofreció la paz y reconoció a Fernando VII como
rey de España mediante el Tratado de Valençay, debido a su derrota en la guerra de la
Independencia.
Más tarde, en 1814 Fernando VII declara nulos la Constitución y los Derechos de las
Cortes de Cádiz.
Debido a la debilidad del régimen absolutista, en 1820 se regresa al régimen liberal. En
este año también, Riego proclama la restauración de la Constitución de Cádiz.
SOCIEDAD ESPAÑOLA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX.
A partir de la Revolución Francesa, y a lo largo de todo el siglo, la sociedad estamental
del Antiguo Régimen se fue desintegrando para formarse la estructura de clases que se
conserva hoy.
Desaparecen los privilegios legales, y sobre todo fiscales, que habían disfrutado los
nobles y el clero, y asume el poder la nueva clase burguesa surgida de la Revolución
Industrial, que también precisó el nacimiento del proletariado obrero.
La nobleza vio menguado su poder debido a la industrialización, que sustituyó a la
agricultura como base de la economía. El empeño en mantener su sistema tradicional
agrario como fuente de riqueza llevó a la ruina a muchas casas nobiliarias.
En política, los nobles se mantuvieron cercanos al trono y solían formar parte del
Senado, ya que durante la mayor parte del siglo los liberales moderados reservaron la
Cámara alta a la llamada aristocracia social. Este nuevo grupo estaba formado por la
vieja aristocracia unida a la alta burguesía. Surgió a partir de la década de los 30, y sus
intereses eran defendidos por el partido moderado.
En lo social, fue la alta burguesía quien adoptó las costumbres y maneras de la
nobleza. Tanto los nuevos como los viejos ricos acudían a banquetes, recepciones en
palacios y casas solariegas, y sobre todo a sesiones de ópera.
La Iglesia vio menguado su poder desde los primeros años del siglo, cuando el
Estatuto de Bayona prohibió la Inquisición de manera oficial. Posteriormente, las
Cortes de Cádiz (1812) ratificaron la abolición del Santo Oficio, e intentaron llevar a
cabo la desamortización de parte de los latifundios de la Iglesia, concretamente
ordenaron la expropiación de todos los conventos con menos de 12 profesos y de los
que excediesen de dos por ciudad y orden.
Por ejemplo, uno de los mayores golpes para la Iglesia española durante fue la
desamortización de sus bienes ideada por Juan A. Mendizábal (político liberal
progresista) en 1836 y ejecutada en los años posteriores. Esta ley permitía la
expropiación de todas las propiedades eclesiásticas que no se dedicasen a escuelas u
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hospitales, para luego subastarlas públicamente. Esta medida fue motivada por la falta
de fondos públicos durante la Guerra Carlista. Se rompieron relaciones con el Vaticano,
y no se volvieron a restaurar hasta el Concordato de la Década Moderada (1845).
La burguesía vivió en el siglo XIX su época de crecimiento y la instauración del
sistema liberal. Su primera acción política en ese siglo fue su colaboración en las Juntas
Provinciales patrióticas surgidas durante la Guerra de Independencia, y después en las
Cortes de Cádiz.
Bajo la nobleza y el clero se encontraba una gran variedad de clases sociales con la
Revolución Industrial se diversificó aún más. Entre ellas se diferencia a la burguesía
(comerciantes e industriales), de las clases medias (profesiones liberales) y de las clases
bajas (proletariado, artesanado y campesinado). Una vez instaurado el Estado liberal
tras Fernando VII, la mayor parte de los grandes burgueses se identificaron con el
partido moderado, junto con los nobles más moderados que no apoyasen al carlismo.
Por lo tanto la burguesía es la clase que surge del comercio, y que durante los siglos
XVIII y XIX se enriquece debido a la industrialización.
Las clases medias se desmarcaron inmediatamente de la alta burguesía en cuanto
tuvieron ocasión en la política, en el Trienio liberal, y sus reivindicaciones eran
expresadas por el partido progresista.
Estas clases estaban constituidas por todas las profesiones liberales (trabajadores no
manuales por cuenta propia), entre las que tuvieron especial importancia los abogados,
periodistas, funcionarios, ingenieros, profesores y médicos.
Los abogados constituían la profesión con mayor influencia política, ya que de sus
bufetes salieron la mayoría de los políticos del siglo.
Los periodistas nacieron con la libertad de prensa, a pesar de que ésta se vio
cuestionada en varias ocasiones a lo largo del reinado de Isabel II. La difusión de los
periódicos los convirtió en una herramienta de propaganda política, por lo que los
periodistas solían estar significados con uno u otro partido. A través de sus escritos,
personajes como Escobar (conservador) dirigían los ánimos de sus lectores hasta el
punto de incitar revoluciones, como la de 1868.
Los profesores se dividían en dos grupos diferenciados según su nómina: Los
catedráticos de institutos y universidades eran funcionarios del Estado. Los maestros
en cambio, eran mantenidos por los ayuntamientos.
Los funcionarios se renovaban en cada cambio de gobierno, y sus plazas eran
sustituidas por los militantes del partido entrante. Las masas de funcionarios
reemplazados, llamados cesantes, esperaban otra victoria de su partido para volver a
ocupar los puestos vacantes.
Los ingenieros y arquitectos fueron los planificadores del crecimiento urbano y de las
obras públicas llevadas a cabo en ese siglo, como el trazado del ferrocarril, el
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abastecimiento de agua a las ciudades, los proyectos urbanísticos y las plantas
industriales. Entre ellos Cerdá, el diseñador del ensanche de Barcelona.
Los médicos eran los miembros de las clases medias más comprometidos con las capas
populares, particularmente aquellos que trabajaban en los hospitales de los barrios
pobres o tenían contacto con el mundo obrero.
Las clases bajas formaban el grueso del la población, al igual que en todas las épocas.
En el siglo XIX se distinguían varios grupos según su ocupación: campesinos,
artesanos, obreros y criados.
Los campesinos vivían de forma diferente según las regiones. En Andalucía eran en su
mayoría jornaleros, que sólo tenían trabajo por temporadas (siembra y cosecha),
recibían unas pagas mínimas y vivían en malas condiciones.
En otras partes de España había campesinos propietarios que cultivaban su pequeña
finca. En años de sequía, como la de 1867, sufrían peor suerte los arrendatarios y los
aparceros, que tenían como prioridad entregar el 80% de la cosecha (aparcería) al
burgués o noble dueño de la tierra. Los campesinos no jornaleros apoyaban hasta bien
entrado el siglo al movimiento carlista, debido a que se veían perjudicados por el
sistema liberal.
Los artesanos desempeñaban su trabajo en las ciudades en las que la industria aún no
se había establecido. Tras la abolición de los gremios, el artesanado entró en la
economía de mercado y se vio en desventaja frente a las empresas industriales, que
acabaron por acaparar la producción.
Los obreros no constituyeron en España la clase numerosa e insurgente que llegaron a
ser en otros países de Europa, debido también a la inmadurez de la sociedad industrial.
Los criados y dependientes acaparaban el resto de los oficios, siempre bajo la
supervisión de un burgués o aristócrata, o bien un tendero de clase media. Se trataba de
las doncellas, cocheros, mayordomos o lacayos; a mayor número de servidores mayor
era el estatus de la familia. Tanto el amo de la casa como el tendero pagaba a su
sirviente o dependiente con la manutención y el alojamiento, para complementar un
sueldo que no permitiría a los empleados pagárselos por su cuenta.
Los militares, aunque no constituían una clase social en sí, tuvieron un papel
protagonista en la política del siglo XIX, con personajes como Riego, Espartero,
Narváez, O'Donnell, Prim o Serrano.
En cuanto a la vida cotidiana en las ciudades, se transformó en gran medida, sobre todo
a partir de la década de 1830. Los viejos conventos y palacios señoriales fueron
sustituidos por las mansiones burguesas de los ensanches, y crecieron los barrios
populares. Se hicieron sitio las estaciones del ferrocarril, los tranvías, los mercados
cubiertos y los centros de administración.
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Las antorchas fueron cambiadas por faroles de gas, y a finales de siglo por farolas
eléctricas. La electricidad, fruto de la segunda Revolución Industrial, se instaló también
en las fábricas y en los trenes y tranvías.
Los barrios se clasificaron según la renta, y sus viviendas eran un fiel reflejo de la
distribución de la riqueza en la sociedad capitalista. Desde las zonas residenciales,
hasta las barriadas obreras; pasando por los centros urbanos donde tenían su sede la
Administración, los bancos, las compañías financieras o los bufetes.
Otra de las características de este siglo es la aparición de los centros de ocio, que
variaban según las clases sociales (salones de sus palacios, cafés, ateneos, tabernas,
ópera,…)
LA INSTRUCCIÓN.
Como he mencionado anteriormente en el contexto histórico, constituidas las Cortes en
Cádiz, se instaura el principio de la soberanía nacional y se establece la división de
poderes, se procede a la abolición del régimen señorial y se suprime el tribunal del
Santo Oficio, mientras que se declara la libertad de imprenta entre otras medidas de
cambio.
El 19 de marzo de 1812 fue proclamada nuestra primera Constitución. Y en ella se
dedicó el título IX a la Instrucción Pública, en el cual se mandaba abrir una escuela de
primeras letras “en todos los pueblos de la Monarquía”, para enseñar a leer, escribir y
contar, además de las verdades cristianas del Catecismo y una síntesis de las
“obligaciones civiles”. También se creaba un organismo nacional para todas las ramas
de la enseñanza (la “Dirección General de Estudios”) y se decretaba la uniformidad en
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esa instrucción pública, encargando a las Cortes y a la mencionada Dirección el
desarrollo de estos artículos.
En la misma Constitución se insertó el artículo 25, en un título diferente, advirtiendo a
aquellos españoles que, a partir de 1830, entrasen en el ejercicio de los derechos del
ciudadano deberían saber leer y escribir.
Muy pronto, el Gobierno encomendó a una comisión de sabios, un documento sobre la
organización de los estudios públicos. Así, nació el Informe de la Junta
(9 septiembre 1813) creada por la Regencia para proponer los medios de arreglo de
diversas ramas de instrucción pública. En él se parte del recobro de la soberanía y se
exige un “sistema de instrucción pública digno y propio de un país libre”. Se debía
organizar una instrucción igual y completa, universal, uniforme, pública, gratuita y
libre, e impartirse en castellano.
Se contemplan tres niveles de enseñanza: primera, segunda y tercera. Y se instituye una
Universidad Central en la que se cursarán todos los conocimientos en su máximo
grado. Habrá una enseñanza profesional y técnica, a impartirse en las “Escuelas
particulares”. En la cúspide del edificio del saber figuraría la Academia Nacional, que
haría las funciones de lo que hoy denominamos Instituto de España. Al frente de toda
la instrucción pública estaría la Dirección General de Estudios. Destaca en este Informe
el no contemplar a la mujer en el sistema.
Debía haber una escuela primaria por cada quinientos vecinos, o una en cada pueblo.
Los objetivos principales eran: leer con sentido, escribir con claridad y no presentar
faltas de ortografía. Se indicaron algunos contenidos como: reglas elementales de
aritmética, dogmas de la religión y máximas de buena crianza, y los principales
derechos y obligaciones de un ciudadano. En 1890 sólo había 59 institutos frente a 511
colegios.
La segunda enseñanza, concebida para “preparar el entendimiento de los discípulos
para entrar en el estudio de aquellas ciencias que son en la vida civil objeto de una
profesión liberal” y para “sembrar en sus ánimos la semilla de todos los conocimientos
útiles y agradables que constituyen la ilustración general de una nación civilizada”,
pasó a ocupar un puesto muy importante en el sistema escolar. El currículo se agrupaba
en torno a tres núcleos de conocimientos: Física y Matemáticas, Literatura y Artes y
Ciencias morales y políticas. Habría un centro de segunda enseñanza en cada capital de
provincia, que recibiría el nombre de “Universidad de provincia”.
La tercera enseñanza debería impartirse en las “Universidades mayores”, que quedaban
limitadas a nueve en la Península y una en Canarias. Sus estudios se reducían a
Derecho y Teología. Los de Medicina pasaban a estimarse como propios de “Escuelas
particulares” como los de Veterinaria, Farmacia, Comercio, Navegación... Las cátedras
se otorgarían únicamente mediante oposición.
En 1814 una comisión dio expresión jurídica al Informe, convirtiéndolo en Proyecto de
Decreto. Pero la abolición del régimen constitucional y la persecución de los liberales
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por Fernando VII, impidió que se sometiera a las Cortes. Fue siete años más tarde,
durante el paréntesis del Trienio liberal, cuando su expresión legal, como Reglamento
general de Instrucción Pública fue aprobada, reglamento que se tomó como punto de
partida para el desarrollo del sistema y de la administración escolares en los debates y
decisiones posteriores a
1834, una vez que el
liberalismo asumió el
poder de forma definitiva.
A lo largo del siglo la tasa
de analfabetismo fue
decreciendo del casi 100%
de 1800 al 75% de 1850 y
50% de 1910. En la carrera
por la alfabetización,
España quedó por detrás
de
Italia, Bélgica, Francia, e
Inglaterra. Por detrás
quedaban los países del
Este, como Rusia, que
ostentaba la mayor tasa de
analfabetos.
Además, la presencia de la prensa como único medio de comunicación de masas en ese
siglo, sirvió de soporte a escritores y poetas como Larra o Bécquer, además de serlo
también para los partidos políticos. Al ser un medio de comunicación escrito, la prensa
ayudó en la misión de alfabetizar a la población.
En conclusión, la Constitución de Cádiz fue el proyecto más completo y ansiado, por
cuanto suponía la culminación de todo un proceso de cambio hacia un sistema de
valores completamente nuevo y largamente esperado. Concretamente, el derecho a la
educación cobró gran importancia durante este siglo y posteriores, ya que sin una
instrucción, la sociedad no podría salir adelante. Además hasta ese momento, solo eran
instruidas las personas de clases altas y la proclamación de esta derecho conllevó a la
alfabetización de la gran mayoría de la población.
Tasas de alfabetización en torno a 1877.
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BIBLIOGRAFÍA.
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1877.html?x1=20070712klphishes_43.Ees&x=20070712klphishes_241.Kes
http://www.kalipedia.com/historia-espanola/tema/graficos-estructura-sociedad-
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http://www.uchbud.es/temas/EcoSoc_sXIX.pdf
http://www.iesmontilivi.net/arees/Ciencies%20Socials/web/2Bat/HistoriaComuna/apunts/07
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http://www.cadiz2012.es/constitucion.asp
http://bicentenariocadiz1812.es/contenido.cfm?id=175
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tb
nid=rQrnzW2Z38D5nM:&imgrefurl