LA ÉTICA EN LA GERENCIA PÚBLICA COMO MEDIO DE PROGRESO

PARA EL PAÍS

YAMID DÍAZ TTOVAR

COD. 5200578

Ensayo presentado como requisito para optar al título de

Especialista en Alta Gerencia

Jurado:

DRA. MARTHA PATRICIA STRIEDINGER MELÉNDEZ

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA

BOGOTÁ, COLOMBIA

2016

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Resumen

El documento está orientado a destacar la importancia de la ética en quienes ejercen cargos

en la administración pública, como imperativo para la transparencia en el ejercicio del cargo que

le ha sido confiado, bien por elección popular o por designación del Gobierno Nacional.

Se presentan algunos conceptos partiendo por definir qué es la gerencia pública, entendida

ésta como “como el conjunto de instituciones y de servidores públicos que desarrollan la acción

encaminada a cumplir los objetivos y fines públicos”, según el concepto de algunos analistas.

Es por ello que el trabajo se ocupa de resaltar la importancia de la ética y la moral en la

función pública, de sus principios y valores, que han sido perdidos para algunos funcionarios para

obtener prebendas para su propio beneficio, olvidándose que está obligado por la Constitución

Política y las leyes que se desprenden de ésta, para demostrar honestidad y un correcto desempeño

de su cargo.

Palabras clave: Gerencia Pública, ética, moral, principios, transparencia, servidores

públicos.

Summary

The document is intended to highlight the importance of ethics in those who hold positions

in the public administration, as an imperative for transparency in the exercise of the position

entrusted to it, either by popular election or by designation of the National Government.

Some concepts are presented starting with defining what is the public management,

understood as "as the set of institutions and public servants who carry out the action aimed at

meeting public objectives and goals", according to the concept of some analysts.

This is why the paper is concerned with highlighting the importance of ethics and morality

in the public function, its principles and values, which have been lost for some officials to obtain

benefits for their own benefit, forgetting that it is bound by Political Constitution and the laws that

are derived from it, to demonstrate honesty and a correct performance of its position.

Keywords: Public Management, ethics, morality, principles, transparency, public servants

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Introducción

El buen nombre de las entidades públicas en Colombia, ha venido perdiendo credibilidad

debido a la falta de honestidad de sus dirigentes, especialmente en lo que respecta a los dineros

destinados por la nación de acuerdo con los recursos asignados para cada departamento y sus

correspondientes municipios. Situación que afecta el buen nombre de otras entidades del Estado,

entre éstas las de economía mixta que sí obran de acuerdo con principios éticos y morales.

Este problema se presenta en todo el territorio nacional, lo que hace difícil encasillarlo en

una determinada región, lo cual significaría que únicamente ésta sería la que mayor índice de

infracciones presenta en cuanto a ética en quienes tienen a su cargo el manejo de los dineros

públicos.

Sin embargo, el presente trabajo se delimita a un lapso aproximado de 10 años, tiempo en el

cual han salido a la luz pública las infracciones contra la Constitución Política, Arts. 300, 303,304.

Además, el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) que regula las actividades de los

funcionarios públicos, estrechamente vigiladas por la Contraloría General de la Nación y que han

salido a la luz pública en los medios masivos de comunicación.

No es propósito entrar a disquisiciones sobre leyes, decretos, reglamentos, etc., sino que su

finalidad está orientada a conocer la importancia que tiene la ética, con las connotaciones que esta

implica, para quienes ejercen cargos públicos donde debe prevalecer el buen nombre tanto de la

entidad que administra como el propio, evitando ser sancionado, suspendido de su cargo y más

grave aún, el perjuicio causado en detrimento de sus conciudadanos y del Estado.

Es, por tanto, un trabajo crítico orientado sobre situaciones que se presentan a nivel nacional

y que tienen serias repercusiones por desconocimiento o indiferencia hacia los mínimos de ética y

moral.

Igualmente, se aclara que el documento no se convertirá en un instrumento acusador, ni se

señalarán casos específicos que han repercutido en la opinión nacional, sino que sus perspectivas

están encaminadas a reforzar la importancia de la ética y la moral pública.

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Lo anterior conlleva a generar el siguiente cuestionamiento:

¿La ética en la gerencia pública, puede ser un medio que facilite el progreso para el país?

Para dar respuesta a esta pregunta, es importante: Resaltar la importancia de la ética en la

Gerencia Pública para el progreso del país y devolver la confianza de los ciudadanos en las

entidades del Estado colombiano.

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Desarrollo

Para el logro del objetivo enunciado anteriormente, se han consultado inicialmente las

siguientes fuentes, las cuales se construyen bajo la perspectiva de un Marco Teórico. Por lo tanto

es necesario hacer referencia a aspectos muy puntuales como son:

La administración pública

La administración pública, se inscribe dentro de la alta gerencia sea pública o privada. En

cualquiera de estas modalidades, el gerente o administrador debe demostrar, además de los

conocimientos propios de su cargo, un alto sentido de la ética y la moral en todas sus actuaciones,

en una palabra: Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Sobre este aspecto, se pronuncian algunos investigadores de relieve, como por ejemplo,

García y Bolívar. De estos analistas, se toman textualmente algunos apartes, a saber:

“La administración pública se puede definir como el conjunto de instituciones y de

servidores públicos que desarrollan la acción encaminada a cumplir los objetivos y fines públicos

con elementos tales como: gestión de talento humano, administración de recursos, contrataciones

públicas y desarrollo de la infraestructura del Estado, para la prestación de los servicios públicos

esenciales” (García y Bolívar, 2008, p. 32), que continúan diciendo que:

Para realizar sus actividades, la administración pública se fundamenta en la teoría general de la

administración, en la teoría organizacional, en la investigación, en los desarrollos tecnológicos,

científicos y técnicos; emplea, como herramientas de gestión todos los actos administrativos que

constituyen su legitimidad en cuanto al ejercicio del poder y el monopolio de la fuerza para hacer

cumplir sus disposiciones, con el fin de mantener el orden y contribuir al desarrollo sostenido y

permanente de la sociedad (García y Bolívar 2008, p. 33).

Los términos gestión y administración frecuentemente se confunden y se aplican

indistintamente. Cuando se habla de gestor, gerente o administrador público, se hace referencia a

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aquel servidor público que lidera procesos de toma de decisiones para el cumplimiento de los fines

del Estado, con base en los principios administrativos, herramientas gerenciales y la racionalidad

que implican los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos

públicos para maximizar los recursos públicos, para maximizar la productividad del Estado y

generar rentabilidad social en las instituciones.

Siguiendo a García y Bolívar, estos autores afirman que:

En Colombia, la vigilancia de la gestión del Estado, incluye el ejercicio de un control financiero, de

gestión y de resultados, fundado en los principios de eficiencia, economía y valoración de los costos

ambientales. Adicionalmente, el Departamento Nacional de Planeación tiene a su cargo el diseño y

la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública

tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión. Los organismos

departamentales de planeación realizan la evaluación de los resultados sobre los planes y programas

de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios, y participan en la preparación de los

presupuestos de estos últimos. La vigilancia también la realiza la ciudadanía a través de veedurías y

la sociedad civil (García y Bolívar, 2008, pp. 37-38).

Se deduce de lo anterior, que en Colombia la función pública, en cualquier campo de las

organizaciones del Estado, requieren que sus funcionarios demuestren transparencia y

responsabilidad. He ahí el punto de quiebre cuando estos valores son fragmentados por actitudes

antiéticas; corrupción como se le denomina comúnmente, llevados por su ambición que puede más,

en algunos casos, que la moral; sin importar que su cargo lo hace responsable ética y jurídicamente

ante Dios, el Estado y la Sociedad.

Pero la ausencia de estas cualidades no es exclusiva del ámbito colombiano; han existido y

existen en todos los países del mundo, con muy pocas excepciones. En Colombia hay ejemplos

muy claros sobre el mal manejo de los dineros públicos; hacer una relación de casos, sería por

demás una tarea compleja y amplia y como ya se advirtió, no es función de este trabajo hacer

evidentes estos casos, que por lo demás, los medios de comunicación los han denunciado.

Esta es una de las razones para que la ciudadanía no tenga confianza en la administración

pública en Colombia. Además, como bien lo aseguran Seijo y Añez, (2008), “la administración

pública se enfrenta en la actualidad a un reto capital: responder a las demandas sociales con

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eficacia, manteniendo unos mínimos niveles de calidad en un contexto de creciente servicio a la

gente” (p. 14).

A la vez, Mariñez (2012) opina que la Administración Pública se caracteriza justamente por

el estadocentrismo” (p. 86), como es el caso de Colombia donde el Estado centra todos los poderes

y la burocracia en la capital: Bogotá, D.C. y con escaso ejercicio de control sobre el resto del país,

a pesar de que existen Contralorías Departamentales, las cuales se deben regir de acuerdo a la Ley

330 de 1996, “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y

se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales” (Congreso de la

República, Ley 330 de 1996, artículos 1° a 17°).

En el artículo 15° textualmente Prohíbe:

Las Contralorías Departamentales no podrán contratar la prestación de servicios personales para el

cumplimiento de funciones que estén a cargo de los empleados que hagan parte de la planta de

personal. Igualmente, no podrán destinar recurso alguno para atender actividades que no tengan

relación directa con el control fiscal. La violación de lo dispuesto en este artículo será causal de mala

conducta.

Existen Contralorías Departamentales y Municipales, que deben cumplir la misión para las

que fueron creadas con conforme a los mandatos de los artículos 272 de la Constitución y 66 de la

Ley 42 de 1993.

Contralorías, Constitución Política, Leyes, Decretos, pronunciamientos de la Corte y aun

así, se comenten ilícitos; pero, a riesgo de ser repetitivos, no todos proceden de la misma manera

y los hay que cumplen eficientemente con lo establecido en la normatividad y pueden comprobar

transparencia y eficiencia en el manejo de la administración.

Refiriéndose a la perspectiva de la acción gubernamental, Mariñez (2012), afirma que: “Este

poder estatal es necesario para que el Estado llene su función esencial que ha hecho de este el regulador del

orden y del movimiento, articulando las funciones generales de reproducción social y de reproducción del

complejo organizacional”. (p. 86).

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Otro aporte interesante lo hace Trujillo, López y Álvarez (2011), diciendo en la

Introducción del Manual de su autoría que:

Uno de los grandes problemas de la Gestión Pública Responsable en la actualidad, como

transliteración del contenido de los conceptos de Responsabilidad Social y Sostenibilidad a la

Administración Pública, es la falta de consciencia sobre la distancia existente entre los puntos de

partida de la organización y las mejores prácticas vigentes. El camino que dista desde la situación

real de la organización a la mejor buena práctica en el sector, en una materia concreta, es en ocasiones

intransitable sin el establecimiento de puntos intermedios de apoyo y progreso (Trujillo, López y

Álvarez, 2011, p. 15).

Pues bien, en el país existe la Contraloría General de la República, entidad que tiene entre

sus funciones: “Ejercer el control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial en los

casos previstos por la ley”. (Contraloría General de la República, s.f.). El radio de poder de esta

entidad se extiende a todos los departamentos y municipios y no siempre obtienen la respectiva

certificación.

Ahora, no es el caso enfocar la atención en las Contralorías, puesto que la finalidad de este

trabajo es destacar cómo en algunas entidades del Estado, existen funcionarios públicos que con

su falta de escrúpulos y responsabilidad, hacen caso omiso de la normatividad y, especialmente,

lesionan gravemente la economía de su región y en consecuencia el progreso de la misma y el

bienestar de sus habitantes. Esta afirmación se puede comprobar si se leen informaciones

periodísticas que con frecuencia publican los diarios escritos y televisivos.

Por lo tanto, y para reforzar estos conceptos se considera necesario:

Analizar la importancia de la ética y la moral en la Gerencia Pública en entidades del

Estado colombiano.

Orozco (2012), presenta su propio concepto:

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La Moral y la Ética han ocupado un lugar central en todas las culturas, entre otras razones porque

estos campos del saber se preocupan de los grandes problemas humanos. En el presente, su vigencia

es particularmente aguda en virtud de nuevas situaciones que a nivel nacional y global han puesto en

entredicho la integridad de algunas organizaciones en el manejo de los recursos públicos y privados.

En general, la importancia de las empresas y los entes oficiales y el papel que desempeñan en la

sociedad contrasta con los escándalos que en ellas se generan con un impacto creciente en el destino

de importantes grupos humanos. De otra parte, se asiste a una situación crítica y caracterizada por

el hecho de que o bien se conviven con la deshonestidad rampante, o bien, no parece haber un tribunal

último que oriente el comportamiento moral de los individuos. Ni la religión, ni los organismos

internacionales en el campo político tienen el poder suficiente para que su discurso tenga un valor

universal (Orozco, p. 197).

A continuación, Orozco (2012) concluye su aporte diciendo que: “La ética no constituye un

campo raro y lejano que no tenga que ver con el mundo de las empresas u organizaciones” (p.

208).

Lugar de la Ética en las organizaciones

Sobre este aspecto se pronuncia García C. (2011) quien precisa lo siguiente:

La ética empresarial (también conocido como la ética corporativa) es una forma de ética aplicada o

ética profesional que examina los principios éticos y los problemas morales o éticos que se plantean

en un entorno empresarial. Se aplica a todos los aspectos de la conducta empresarial y es pertinente

a la conducta de los individuos y organizaciones enteras. La ética empresarial como disciplina

académica suele abarcar uno o más de los siguientes temas: el estudio de los principios morales

aplicables a la vida económica y empresarial; el estudio y crítica de los valores efectivamente

dominantes en el ámbito económico en general y en cada una de las organizaciones, el análisis de

casos reales que ejemplifican la responsabilidad de las organizaciones y de sus diversos

constituyentes; el desarrollo de cuerpos normativos voluntarios o procedimientos estandarizados de

gestión basados en principios y valores éticos; el seguimiento y descripción de la importación de

estos códigos y procedimientos en organizaciones concretas, así como la observación de sus efectos

en las propias organizaciones y su entorno (García C., 2011, s.n.p).

De la aplicación de esta virtud, depende fundamentalmente la buena marcha de las

organizaciones públicas. Por eso vale la pena conocer otras opiniones de autores que han trabajado

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en este campo, como por ejemplo, Solarte R. (2003), en un extenso documento donde explica con

gran acierto en qué consiste la ética y la moral llevadas al plano empresarial, para luego hablar

sobre las instituciones:

Se espera de una institución que cumpla con todos los requisitos que mandan la Constitución y las

Leyes. Toda institución debe obrar bajo el principio de justicia entendida como equidad e

imparcialidad, con el fin de enmarcarse dentro de las exigencias del Estado de Derecho. Para ello la

gestión debe ser eficiente, transparente y confiable. En consecuencia, se espera el compromiso con

la rectitud en todas las actuaciones de todos sus miembros.

La transparencia es un criterio de calidad en la gestión de los bienes, sobre los que existe un interés

público, para lo que se hace necesario diseñar mecanismos que eviten los conflictos de interés y

hagan transparente la contratación. Pero la calidad exige además que el trabajo de la institución esté

decididamente orientado hacia la gestión eficaz de sus recursos. Una gestión responsable debe

equilibrar, por tanto, la transparencia con la eficiencia (Solarte R., 2003, p. 86).

Sobre ética y moral existe un número incalculable de publicaciones, tanto en físico como en

medios virtuales las cuales si se examinan con detenimiento, en el fondo coinciden en sus

conceptos y es que la definición de la ética y la moral, son conceptos universales, intrínsecos, tanto

en el plano religioso y político. Por lo mismo, la mayor parte de las Constituciones y todo aquel

documento que tenga relación con el comportamiento de funcionarios públicos, tienen, las

primeras, artículos muy específicos y normas específicas, además de otros documentos creados

especialmente para el sector público.

En Colombia, aun cuando no está particularmente señalada la ética y la moral, se entiende

que en el Capítulo II. De la Función Pública, (Art. 122 a 131) señalan las obligaciones como

también las sanciones, lo cual se convierte en una regla de conducta para los servidores públicos.

La importancia de la ética y la moral en las instituciones públicas

Esta importancia la define el Programa Eficiencia y Rendición de Cuentas en Colombia de

la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional –USAID- (2010), en un

importante y extenso documento.

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En uno de sus aportes se refiere:

A las pautas éticas que rigen la ética pública de quienes desempeñan una función pública, es decir

de los servidores públicos–que comprende los vinculados por elección popular, mediante concurso,

designación directa o por cualquier otra clase de contratación, para prestar sus servicios al Estado-

dentro de un marco de Honestidad, Integridad, Transparencia y orientación hacia el bien común. Y

en coherencia con la acepción que se dio al término “Ética”, más concretamente puede afirmarse que

la Ética Pública se refiere a la disposición interna de quienes desempeñan funciones públicas para

cumplir cabalmente con los postulados y mandatos de la Constitución y la Ley acerca de cómo debe

ejercitarse dicha función, en términos de eficiencia, integridad, transparencia y orientación hacia el

bien común (USAID, 2006, pp. 25-26).

A continuación, el citado documento precisa que:

Se asumirá la Ética como el conjunto de principios, valores y normas del fuero interno que guían las

conductas de las personas en su interacción social, cabalmente con los postulados y mandatos de la

Constitución y la Ley acerca de cómo debe ejercitarse dicha función, en términos de eficiencia,

integridad, transparencia y orientación hacia el bien común.

Siempre que se habla de ética se está aludiendo a Principios y Valores. Los Principios se refieren a

las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta En esta línea, los Principios

éticos son las normas internas y creencias básicas sobre las formas correctas como debemos

relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores al cual la

persona o los grupos se adscriben. Dichas creencias se presentan como postulados que el individuo

y/o el colectivo asumen como las normas rectoras que orientan sus actuaciones y que no son

susceptibles de trasgresión o negociación. (USAID, 2006, p. 26).

Como puede observarse, el enunciado de un principio no debe ser una palabra, sino una frase

cuyo contenido es un precepto, que debe partir de la misma persona; es decir, no solamente porque

existan códigos de conducta, manuales, leyes o resoluciones.

La publicación de USAID (2006), agrega los siguientes Principios los cuales deben ser

inherentes en la ética de los servidores públicos.

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• El interés general prevalece sobre el interés particular.

• Es imperativo de la función pública el cuidado de la vida en todas sus formas.

• Los bienes públicos son sagrados.

• La finalidad del Estado es el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.

• La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía.

• Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización y los

resultados de su gestión.

• Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten

(USAID, 2006, p. 26).

Sin embargo, para muchos funcionarios públicos –que no todos-, pues de lo contrario se

estaría en un país sumido en el caos y en estado de pobreza absoluta, puesto que sí existen

servidores públicos que tienen un alto sentido de la moral, principios y valores, que en conjunto

están implícitos en la ética. Pero quienes carecen de estos Principios, -se insiste-.está de por medio

su propio beneficio antes que beneficiar a la población, en este caso, de Colombia.

Este documento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -

USAID- publicado especialmente para Colombia por esta entidad con sede en Bogotá, es un

referente que todo servidor público debería leer e interiorizar, puesto que reúne los principios y

valores con los cuales puede desempeñar su cargo en bien de la comunidad.

La ética es un valor moral que hay que anteponerlo a los demás. El ser humano adquiere

estos valores desde la misma infancia y estos deben perdurar hasta el fin de sus días sin importar

por circunstancias difíciles que puedan sucederle. La ética y lo que ésta implica como valores

fundamentales: justicia, responsabilidad, honestidad, verdad, deben ser constantes, tanto en su vida

personal como pública, aun a costa de su propio bienestar.

Como servidor del Estado, el hombre o mujer deben tener presentes que una actitud honesta

no solamente genera confianza sino que esta se refleja en el bienestar de sus conciudadanos, el

respeto a la Constitución y las leyes y en general, al mismo Estado, al país.

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En cualquier institución oficial a la que preste sus servicios, debe demostrar su capacidad

para el desempeño de su cargo, como también lo son sus relaciones de trabajo. Como bien lo dice

Naessens, H.,( 2010): “Cuando un servidor público adopta estos elementos como principios de vida

se ubica más allá del poder y no se deja llevar por los apasionamientos, realizando buenas obras

para con su comunidad y permite establecer la justicia o injusticia de las acciones humanas,

elevando así la cultura política de un pueblo o Estado (Naessens, H., 2010, p. 4).

A pesar de estas valederas razones, la ética, la moral se han ido perdiendo no solamente en

Colombia sino en otras partes del mundo, donde prima más la ambición por el dinero fácil, el

poder, y posicionarse en un estatus social por encima de cualquier otra consideración.

La falta de ética no solamente lesiona el buen nombre de una empresa privada, sino más

grave todavía cuando se trata de un servidor público, ya que de esto se deriva una sucesión de

hechos que provocan investigaciones judiciales, costosos procesos y, principalmente una total

pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado que se supone están a su

servicio. Se trata en últimas de ver en ellas fuentes de corrupción y peor aún, esta percepción es

en general, cuando en honor a la verdad no todas proceden de la misma manera y son dirigidas por

personas de gran integridad moral y que, además están bajo la mira de los entes del Estado

encargados de su vigilancia y control, pero que en la mayoría no ejercen un control estricto y

constante en muchas instituciones del Estado.

Es por ello, que a continuación se trata sobre:

Causas subyacentes que generan la falta de ética en la Gerencia Pública en Colombia.

Con la colaboración de Hernández y Gutiérrez, la Contraloría General de la República, en

un documento publicado en el año 2010, se refieren a las prácticas de corrupción en sus aspectos

político, social y económico, que se han constituido en uno de los principales obstáculos para el

fortalecimiento de la gobernabilidad especialmente de los países subdesarrollados y en vías de

desarrollo. Refiriéndose a Colombia, dicen que:

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En el sector público colombiano, la mayor cantidad de quejas, denuncias, investigaciones

por casos de corrupción se presentan en relación con posibles malos manejos de recursos de

áreas más sensibles como salud y educación, que atañen al Sistema General de

Participaciones, manejo de regalías, subsidios otorgados especialmente en el sector

agropecuario y sobrecostos en la construcción de obras de infraestructura. La desviación de

recursos causada por estas prácticas genera pérdida de confianza de la ciudadanía en sus

instituciones, con efectos en la democracia y la gobernabilidad (Contraloría General de la

República, 2010, p. 2).

Asimismo y de acuerdo con Maldonado (2011), con el apoyo de la Fundación Friedrich

Ebert Stiftung en Colombia –FESCOL- se afirma que:

Aunque el país no cuenta con información adecuada y suficiente sobre la situación y tendencias de

la corrupción, los órganos de control estiman que la desviación de recursos presupuestales es enorme

y lesiva para la ciudadanía. Además, los indicadores disponibles muestran que existe una percepción

generalizada de elevados índices de corrupción, sobre todo lo concerniente a la utilización de los

recursos de regalías.

La corrupción tradicional se ha visto agravada por la captura del Estado y por la reconfiguración

cooptada del Estado, fenómeno en el cual se produce una captura sistemática de las instituciones

estatales no solamente con fines económicos (Maldonado 2011, p. 1).

Pero, ya a nivel de la administración pública, ¿en qué consiste la corrupción? En este mismo

documento Maldonado C. (2011), da la siguiente definición:

La corrupción es el abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en

detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en

dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones.

La corrupción en el sector público se concreta en un conjunto de prácticas mediante las cuales

diversos agentes -gobernantes, funcionarios y personas, empresas u organizaciones del sector privado

o gubernamental- aprovechan, para beneficio privado, económico o de otra índole, los recursos

públicos.

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Los beneficios que se derivan del acto corrupto son, principalmente, económicos, por cuanto

consisten en la apropiación directa de un bien público, ya sea en dinero o en especie, o en la obtención

de recursos de particulares que requieren de servicios o trámites estatales; o en la consecución de

bienes o ingresos monetarios derivados de una decisión pública, o de la utilización de información

obtenida en ejercicio de funciones públicas. En todos estos casos, de forma más o menos directa, los

responsables de la práctica de corrupción obtienen un beneficio económico que incrementa su

patrimonio.

Adicionalmente, actores corruptos pueden aprovechar el aparato del Estado para controlar

determinados territorios, facilitar sus actividades ilegales y para lograr impunidad, pero también en

estos casos estos beneficios políticos y jurídicos terminan generando beneficios económicos

(Maldonado, p. 2).

A continuación esta autora puntualiza los siguientes aspectos más sensibles donde opera la

corrupción, lo que demuestra la falta de ética y moral.

a. Manipulación de los procesos electorales para ubicar en los cargos políticos y administrativos a

funcionarios comprometidos con grupos y personas interesadas en beneficiarse directamente del

aparato de Estado.

b. Manipulación de las decisiones normativas y fallos en todas las ramas del poder y de los órganos

de control.

c. Apropiación directa de dinero o bienes muebles e inmuebles públicos por parte de gobernantes o

funcionarios públicos.

d. Manipulación de los procesos contractuales con el fin de beneficiar a grupos o personas

específicas.

e. Manipulación de las funciones ejecutivas y de prestación de servicios o realización de trámites

f. Obtención de utilidades en negocios realizados con base en información conseguida en ejercicio

de funciones públicas y la cual debería ser reservada (Maldonado, pp. 2-3).

Asimismo, Maldonado (2011), señala cómo estas prácticas inciden en las finanzas del

Estado.

Sobre el particular se reafirma la propia convicción de quien esto escribe, que no todas las

entidades oficiales obran deshonestamente; las hay quizá que demuestran transparencia en todas

las actividades a su cargo. Sin embargo, una entidad no puede evaluar la calidad moral de todos

sus directivos, empleados o de todo aquel que de una u otra forma intervienen en el proceso.

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De todas maneras quienes han realizado ilícitos, carecen del sentido de la ética, de la moral

y de pilares básicos que fundamentan la consideración hacia su propio país y su población, en aras

de su propio bienestar y de un enriquecimiento ilícito.

Según Villamizar, (2001, p. 110), citado por Martínez y Ramírez, p. 150, en el documento

de la Contraloría General de la República 2010, ya mencionado, dice textualmente:

[…] la corrupción es entonces un efecto y no una causa. Es un efecto de las relaciones del Estado y

los individuos que no se dirigen hacia el bienestar colectivo. Además, el fenómeno de la corrupción

expresa comportamientos sociales que se identifican con la alteración de un orden que puede ser

entendido bajo tres formas: el orden del Estado de derecho, el orden del sistema económico o el orden

del régimen político. Cuando se hace referencia al primero, la corrupción se expresa como una

violación de las normas; si el orden es económico, la corrupción puede verse como alteración de la

asignación de recursos y distorsionadora de los precios, o, en el lado opuesto, como una garantía para

la eficacia de la acción económica; por último, si el orden es el sistema político, la corrupción se

relaciona entonces con las formas de hacer política y los medios de su legitimación para mantenerse

en el poder a través de la maximización de votos (Martínez y Ramírez, 2006, p. 150).

Los anteriores autores, apoyándose en Argadoña A. (2000), permiten ampliar y enriquecer,

por lo tanto, estos conceptos. Se hace hincapié que, siendo un documento oficial (Contraloría

General de la República) los párrafos aquí citados, no es conveniente tomarlos como parafraseo,

puesto que se correría el riesgo de no resaltar su verdadero valor. Y lo que se trata aquí es de

demostrar cómo la corrupción incide gravemente en la economía de un país, por una

administración deshonesta, carente de escrúpulos morales.

Argadoña (2000), citado por Martínez y Ramírez, afirma:

Estos conceptos permiten también identificar una aproximación a la corrupción centrada en el

servicio público, que la concibe como el comportamiento que se desvía de las funciones naturales

del cargo público para atender intereses privados (familia, círculo de amigos, entre otros), obtener

ganancias pecuniarias o posición social, y una aproximación centrada en el mercado según la cual el

funcionario público concibe su trabajo como un negocio cuyos ingresos busca maximizar. Su

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despacho se convierte entonces en una ‘unidad maximizadora’ y en consecuencia, el monto de sus

ingresos dependerá de las condiciones del mercado y de su habilidad para encontrar el punto de

máxima ganancia en la curva de la demanda pública.

Para la teoría económica, es claro entonces, que los gobernantes y burócratas no son distintos de los

demás agentes económicos y, en concreto, que no actúan movidos por el interés de los demás –de la

sociedad, de los ciudadanos-, sino por su interés personal.

Por tanto, a la hora de tomar una decisión, sólo tendrán en cuenta el bienestar social en la medida en

que esto condicione su propio interés personal, por ejemplo, porque de este modo podrán conseguir,

retener o mejorar su empleo, incrementar su remuneración, desarrollar su carrera, aumentar su

prestigio personal y social, etc. Esto significa que “...esos agentes acabarán descubriendo y

explotando todas las oportunidades de beneficio privado que se les presenten, incluyendo el recurso

al soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, y que crearán las condiciones que les permitan

aumentar las posibilidades o la rentabilidad de soborno o extorsión, siempre que los costos de esa

actividad no superen los beneficios esperados....Así pues, la corrupción es un fenómeno natural e

inevitable, al menos mientras algunos agentes estén en condiciones de aprovecharse de su poder de

decisión. (Argandoña, 2000 p.12).

La anterior afirmación (Argadoña, 2000, citado por Martínez y Ramírez), confirma lo que

ya ha sido mencionado en este documento: la falta de ética y por derivación la corrupción, “atiende

los intereses privados”, y olvida que su función como empleado público está orientada al bien

común, no al privado. El punto de vista del analista Argandoña (España), no difiere mucho de los

conceptos presentados por analistas colombianos:

Según el parecer de Canales, (2002): “Como causas actuales que favorecen la corrupción

pública, podrían citarse entre otras las siguientes: a) la anomia o falta de valores; b) la mayor

fragmentación y diversidad de intereses sociales; c) el poder de los expertos; d) el individualismo

y el egoísmo; e) el consumismo; f) la falta de control y de transparencia de las nuevas tecnologías;

g) la mayor externalización de servicios en el sector público; y h) la desmoralización y las bajas

retribuciones del sector público (p.3).

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Como se observa, tanto de lo expuesto por analistas nacionales como extranjeros, la

corrupción se ha vuelto, por decirlo de alguna manera, una “pandemia” que corroe las bases de la

sociedad.

En Colombia estas prácticas son generadas por personas que van desde niveles altos dentro

de la escala jerárquica, hasta humildes empleados. En este aspecto, no hay distinción de clases.

Como se ha venido repitiendo, no se trata de acusar a ninguna persona o institución, pero casi a

diario los medios masivos de comunicación dan cuenta de hechos que generan repudio en la

sociedad, lo que evidencia, a riesgo de repetir, falta de ética, de sentido del deber y responsabilidad.

Y quienes deberían dar ejemplo son los directivos, jefes, gerentes, o como quiera llamarse a

quien ocupa el escalón más alto en una institución oficial, bien sea esta del Estado o de economía

mixta.

Aun cuando la economía en Colombia, ha logrado superar embates que han hecho peligrar

sus estados financieros, siempre ha logrado salir airosa de éstos, en comparación con otros países

de la región, y a nivel interno podría haber superado sobradamente los índices de pobreza que

subsisten en amplios sectores del país, si quienes han atentado contra los bienes y dineros que les

han sido confiados para su administración no hubieran defraudado los dineros públicos.

Esto confirma, una vez más, que la ética y sus valores no son prioritarios como guía de

actuación en algunos (que no todos) de los directivos de instituciones oficiales, aspecto sobre el

que se trata a continuación:

Resumiendo,

¿Qué es una ética aplicada a las organizaciones?

Si se analiza con detenimiento lo expuesto tanto por Orozco como por Canales, se observa

que la corrupción, no es exclusiva ni de Colombia y el resto de países latinoamericanos; es un

estado de cosas que se da a nivel mundial y contra una situación que ha sido difícil de erradicar.

Precisamente, todos los países tienen entes oficiales u organizaciones privadas que vigilan,

analizan y acusan a personas que lideran instituciones a quienes se les ha confiado la

administración de recursos de la nación para una eficiente y transparente gestión. Sólo que en

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países pertenecientes a lo que podría denominarse de “primer mundo”, por su elevado nivel de

vida, no les afecta en la misma medida como si ocurre en países tradicionalmente débiles

económicamente, malas y deshonestas administraciones que tienen severas consecuencias en las

capas más pobres de la población.

Sobre prácticas corruptas indicadoras de la falta de ética y moral de los directivos, gerentes,

administradores, etc., cuanto término sea dable emplear para indicar a la principal persona que

tiene a su cargo una investidura a la que llegó por designación de un superior (Presidente de la

República, Gobernador, Alcalde, Gerente de empresas del Estado, etc.,), existe una importante

cantidad de fuentes tanto a nivel nacional como internacional donde se señalan además, las causas

subyacentes que conllevan a estas deshonestas y falaces prácticas. Se acusa, se reprocha, pero

¿cuál es el efecto perverso que tiene esto en la población?

Es decir, que las prácticas corruptas se extienden tanto a nivel bajo, medio y alto; tanto en

funcionarios públicos como de la empresa privada. A pesar de la Constitución Política (Artículo

267), del Código Disciplinario y otras formas legales, solamente se investigan unos cuantos casos

cuando ya son hechos cumplidos y que salen a la luz pública, afectando –como se ha venido

repitiendo-, tanto a la economía como a la población que deja de recibir los beneficios derivados

de los montos presupuestales que destina el Gobierno para mejorar las condiciones de vida de los

ciudadanos: salud, educación, la canasta familiar, con lo que esta implica como es el pago de

servicios públicos, entre otros.

Conclusiones

El presente trabajo ha destacado la importancia que tiene la ética en la Gerencia Pública; es

decir, de quien ejerce este cargo bien sea como gerente o administrador, de una organización que

pertenezca al Estado o bien de economía mixta. En cualquiera de estos casos, la ética, la moral y

todos aquellos valores que se suponen deben ser inherentes en la persona, en muchos casos han

desaparecido en Colombia, como lo atestiguan con frecuencia las diferentes fuentes mediáticas.

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De esto ha surgido la necesidad de conocer cuáles son las causas subyacentes que originan

actitudes deshonestas, lesivas para el Estado y la población y que afectan asimismo la economía e

impiden el progreso de la nación.

El Estado colombiano destina anualmente ciertas sumas de dinero orientadas al

mejoramiento de la población en aspectos de salud y educación, así como en obras de

infraestructura; sin embargo no siempre estos rubros se cumplen puesto que los dineros son

apropiados para destinos diferentes; es decir, en beneficio propio. Esto denota una total falta de

ética, moral y humanidad.

Se ha visto que este es un fenómeno recurrente incluso en países avanzados que, al igual que

en Colombia, han implementado fuertes medidas para subvertir la corrupción administrativa pero,

su incidencia no tiene los mismos efectos colaterales como en los países de economías débiles.

El Estado colombiano tiene entes oficiales encargados de fiscalizar y controlar los montos

económicos destinados y, sin embargo, a pesar de esto, son frecuentes los escándalos por

corrupción como comúnmente se denomina a este fenómeno y mientras subsista este estado de

cosas, el país no podrá avanzar hacia el progreso, la prosperidad y una posición más destacada

dentro del contexto de las naciones latinoamericanas.

Se analizaron diferentes fuentes tanto a nivel nacional como internacional, que describen

cuáles son las causas y las consecuencias de la falta de ética en quienes han sido nombrados para

administrar debidamente los recursos del Estado, llegando a la conclusión de que si en todas las

organizaciones oficiales se obrara con rectitud moral, no habría lugar para acusaciones y con las

cuantiosas pérdidas económicas, el país podría marchar por sendas de progreso y bienestar para

la población; pero esto depende de cada uno, de su formación moral desde temprana edad como

también, hay que reconocerlo, existe una gran mayoría de Gerentes Públicos al servicio del Estado.

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