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LAS CONSERJES DEL CARTEL:Mujeres en conflicto con la ley

Lina Barrantes, Directora EjecutivaAna Yancy Espinoza, Directora Académica

Equipo de investigación:Catalina Venegas, Oficial de ProgramasFernanda Mora, Oficial de ProgramasHermes Campos, Oficial de ProgramasManuel Pérez, Oficial de Programas (Coordinador)

Agradecimientos:Antonio Barrantes y Kennly Garza, Director y Sub-directora del Centro de Atención Institucional Vilma Curling RiveraLuis Mariano Barrantes. Director de Adaptación SocialIsabel Gámez. Directora del Programa Nacional de Atención a la MujerComité de Mujeres Privadas de Libertad

La presente publicación ha sido elaborada con apoyo económico de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea.

. 303 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano

. F981c Conserjes del cartel: mujeres en conflicto con la ley / Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. -- 1a ed. -- San José, Costa Rica: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2018.

70 p. ; 14 x 21 cm.

ISBN 978-9977-17-181-4 1. MUJERES Y NARCOTRÁFICO. 2. MUJERES Y VULNERABILIDAD.

I. Título.

Presentación

La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Fue crea-da en 1988 por el presidente Oscar Arias Sánchez, Premio No-bel de la Paz 1987, con los recursos económicos provenientes de dicho galardón como capital inicial. Desde su nacimiento, la Fundación lucha por promover sociedades más justas, pa-cíficas y equitativas en América Central y el resto del mundo. Se dedica a promover la democracia, la igualdad de género, el desarme y la desmilitarización.

En esta misión, una de las áreas más importantes de enfoque de la Fundación Arias es la educación para la paz y la preven-ción de la violencia. Ha desarrollado más de 400 programas y proyectos, numerosos foros nacionales y regionales y publica-do 220 documentos sobre estos temas.

Ha sido responsable de impulsar la abolición del ejército en Panamá y en Haití, decisiones que han contribuido a la trans-formación de esos países. Ha impulsado en los países centro-americanos la promulgación de leyes a favor de los derechos políticos y patrimoniales de las mujeres y es autora del pri-mer borrador del Tratado sobre el Comercio de Armas (re-cientemente aprobado por Naciones Unidas) y que entró en vigencia en diciembre de 2014 con la ratificación de cincuenta países. Actualmente ejecuta varios proyectos relacionados con seguridad, desarme, democracia y poblaciones vulnerables.

La Fundación Arias tiene un claro compromiso con el medio ambiente y, para compensar la huella de carbono que pueda derivar de sus actividades, dedica a la conservación de cuen-cas hidrográficas por medio de una propiedad de 62 900 me-tros cuadrados de bosque primario.

La Fundación Arias cuenta con 30 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y metodologías dinámicas, en el abor-daje de temáticas relevantes a nivel nacional y de la región, en pro de la construcción de sociedades más justas y pacíficas.

Durante la última década, Costa Rica ha sido víctima de un creciente nivel de inseguridad y se ha sumado a la tendencia internacional del populismo punitivo, que trata de resolver la inseguridad a partir de mayor presencia judicial y policial.

En el marco de los proyectos: “Mejoras al acceso a los derechos humanos de las mujeres jóvenes y adultas privadas de libertad por delitos relacionados con el tráfico de drogas y sus círculos sociales más cercanos” apoyado por la Unión Europea, y el proyecto: “Promover y proteger los derechos humanos de las personas en conflicto con la ley a través del fortalecimiento de sus capacidades y de las instituciones sociales para facilitar su reinserción a la sociedad”, apoyado por la Embajada Británica en San José, Costa Rica; la Fundación ha elaborado la colec-ción que presentamos al lector, con base en los resultados de estos trabajos. Esta serie de publicaciones aborda la situación sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad en privación de libertad. Entre esos grupos hemos identificado: a las mujeres, madres adolescentes, jóvenes, extranjeros, adul-tos mayores, comunidad LGBTI, personas con discapacidad, afrodescendientes y población indígena. Dicha vulnerabili-dad deviene de la conjunción de una serie de factores, siendo la pobreza el factor común pero potenciada por el género, la edad, la procedencia étnica o cultural y las condiciones de discapacidad.

Las publicaciones que presentamos en esta colección tienen como eje transversal un enfoque de derechos humanos, la igualdad de género y el respeto de los derechos de las perso-nas privadas de libertad, partiendo de la premisa de que mu-chas de estas personas son víctimas de la violencia estructural y han sido marginadas por el sistema con el agravante de que no hay garantía, de que puedan reinsertarse a la sociedad con posterioridad al cumplimiento de su pena.

Ponemos a su disposición los siguientes documentos:

1. Poblaciones en condición de vulnerabilidad y en conflicto con la ley.

2. Las Conserjes del cartel: Mujeres en conflicto con la ley.

3. Vulnerables e invisibles: La situación de las poblaciones vulnerables privadas de libertad en Costa Rica 2016-2017.

4. Manual de acceso a Derechos Humanos y guía de aten-ción institucional para mujeres privadas de libertad.

5. Embarazo, Adolescente, Vulnerabilidad y Pobreza: Un abordaje desde la estimulación temprana a través de la música.

Queremos agradecer a todas las personas e instituciones que hicieron posible este esfuerzo, empezando por nuestras con-trapartes, El Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Fundación Justicia y Género, y a nuestros donantes: La Unión Europea y la Embajada Británica en San José, Costa Rica.

También debemos destacar la colaboración de los funciona-rios públicos: Luis Mariano Barrantes Director de Adaptación Social; Isabel Gámez Directoral del Programa Nacional de atención a la Mujer; Antonio Barrantes Director del CAI Vilma Curling y Kennly Garza Subdirectora del CAI Vilma Curling; Juan Carlos Morales de la Unidad de Capacitación de la De-fensa Pública de Costa Rica; y Kattia Escalante Barboza Sub-directora de la Escuela Judicial; Pablo Bertozzi Calvo, Director de la Policía Penitenciaria; Marysia Grijalba Murillo, Psicóloga de la Policía Penitenciaria; Kattia Góngora Meza, Directora del Centro de Formación Juvenil Zurquí; Ana Patricia López Bar-quero, Directora del CAI Ofelia Vincenzi; Heriberto Álvarez, Director del CAI Gerardo Rodríguez; Ricardo Calvo, Director del CAI Cartago; José Pablo Rodríguez, Dirección de Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes; Yorleny Araya Arta-via, Socióloga del Ministerio de Justicia y Paz y Javier Carvajal, Director del CAI Adulto Mayor.

Igualmente agradecemos la colaboración y apoyo conjunto a lo largo del desarrollo de las investigaciones de instituciones tanto públicas como privadas, en las que se destacan: Insti-tuto Nacional de Criminología; Dirección General de Adap-tación Social, Defensa Pública de Costa Rica; Defensoría de

los Habitantes; Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) sedes Carta-go, Ciudad Quesada, Liberia, Limón, Naranjo y Puntarenas; Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) sede Región Brun-ca; Universidad Técnica Nacional (UTN) sede central; Univer-sidad Autónoma de Centro América (UACA) sede Guápiles.

Así mismo, agradecemos la colaboración y apoyo en cuanto a la iniciativa Clave de Paz a las instituciones donde se llevó a cabo el trabajo con madre adolescentes y madres privadas de libertad, entre las que se encuentran: Casita San José, La Po-sada de Belén, Casa Luz, La Municipalidad de Paraíso, el Mó-dulo Materno Infantil del CAI Vilma Curling Rivera, de igual manera agradecemos al Patronato Nacional de la Infancia y al SINEM.

A todos ustedes nuestro mayor reconocimiento y gratitud.

Lina Barrantes Castegnaro Directora Ejecutiva

Presentación.........................................................................5

1. Introducción................................................................... 11

2. La situación de las mujeres en conflicto con la ley por infracciones a la ley de psicotrópicos ........... 33

3. Una experiencia de justicia con perspectiva de género: el 77 Bis ......................................... 49

Conclusiones ......................................................................55

Recomendaciones............................................................... 59

Referencias Bibliográficas .................................................. 63

Anexos ............................................................................... 67

Índice

LAS CONSERJES DEL CARTEL: MUJERES EN CONFLICTO CON LA LEY 11

“La guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres” Chesney-Lind

Introducción

1.1 MujeresenConflictoconlaLey

La condición de múltiple vulnerabilidad de las mujeres y jó-venes privadas de libertad en Costa Rica y de sus círculos so-ciales más cercanos (hijos, personas a las que cuidan, etc.); la falta de diagnósticos sobre el ejercicio de sus derechos huma-nos antes, durante y después de su encarcelamiento; la falta de programas de prevención y seguimiento a su condición de privación de libertad y el interés de varias organizaciones en mejorar estas condiciones, llevaron al planteamiento del pro-yecto denominado “Mejoramiento integral del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad y de sus círculos sociales en Costa Rica”.

Según datos de 2012, un 65% de las 780 mujeres que se en-contraban recluidas en ese momento en el Centro de Aten-ción Institucional Buen Pastor, hoy conocido Vilma Curling, lo estaban por la violación a la Ley de Psicotrópicos; de ellas un 23.5% (120) fueron sentenciadas por introducir drogas en un centro penitenciario, siendo este su primer delito. Estas mujeres tienen sanciones de hasta ocho años de cárcel, lo cual resulta, desproporcionado.

Esa situación no es un caso aislado en la región, en América Latina hay una tendencia a castigar la participación de las mujeres en los delitos relacionados con drogas, muchas veces, una participación en actividades de microtráfico. Despropor-cionada en cuanto el tipo de mujeres en este tipo de situación, que además tiende a generar un sesgo de género, en refe-rencia al volumen de participación en este tipo de activida-des. La imagen que sobresale es que hay muchas “Reinas del Sur”, cuando tal vez la realidad que se oculta es la cantidad de víctimas propiciatorias que produce este tipo de actividad delictiva. Al menos esa es la conclusión que se puede extraer

FUNDACIÓN ARIAS PARA LA PAZ Y EL PROGRESO HUMANO12

de la comparación entre la cantidad de hombres y mujeres que están en conflicto con la ley por infracción a la ley de psicotrópicos.

Un elemento omiso y que muchas veces no ha sido tomado en consideración, corresponde al nivel de vulnerabilidad de las mujeres, nuevamente el género plantea su racionalidad, de que no solo la pobreza se ha feminizado, en lo relacionado a drogas, también lo está el delito. Las causas por las cuales muchas mujeres se ven insertas en este tipo de situaciones son diversas; no obstante, hay una referencia social, cultural, eco-nómica que se erige como factor común y que es apabullante, más adelante compartiremos nuestros hallazgos que destacan esas simetrías. Bajo cualquier condición de vulnerabilidad, esta se extrapola si se refiere a una mujer.

La presente investigación abordó las condiciones de las mu-jeres privadas de libertad en referencia al ejercicio de sus de-rechos humanos desde un enfoque de la igualdad de género y las condiciones particulares de las personas privadas de li-bertad. Además, promovió la identificación de condiciones de vulnerabilidad estructural, que posiciona a algunas personas ante situaciones de múltiples vulnerabilidades; tomando en cuenta las diversas dimensiones de su marginación.

1.2 Américalatina:poblaciónfemeninaenconflictoconlaleypordelitosqueinvolucrandrogas

Cabe destacar, que en el entorno regional las crecientes tasas de encarcelamiento de mujeres han alcanzado niveles alar-mantes. La población carcelaria femenina ha crecido a una tasa superior que la masculina: en América Latina casi se du-plicó durante los últimos cinco años (Moreno, 2013). Durante los últimos años, la población de reclusas en América Lati-na ha crecido en forma exponencial, desde un estimado de 40.000 mujeres en 2006 a 74.000 en 2010. La mayoría de es-tas mujeres se encuentran detenidas en forma preventiva de-bido a delitos relacionados con las drogas (CIM y OEA, 2017).


Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, se debe tener en cuenta las necesidades especiales de los grupos vulnera-bles, las mujeres caen en esta categoría.

El encarcelamiento femenino lleva implícita la posibilidad de la desintegración familiar, en particular, cuando se toma en cuenta que cada vez existen más familias monoparentales, li-deradas exclusivamente por una jefa de hogar; de las cuales, muchas de ellas, viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, como ha sido claro el análisis que ha planteado la feminización de la pobreza.

Las mujeres en las Américas están siendo encarceladas por de-litos relacionados con drogas a un ritmo alarmante, situación que supera cualquier otra región del mundo. En Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, según datos del año 2012, más del 60% de la población carcelaria femenina estaba privada de libertad por delitos relacionados con drogas.

Cuadrocomparativoentrepaísesymujerespordelitosrelacionadoscondrogasensussistemaspenitenciarios1

PAÍSNÚMERO DE MUJERES ENCARCELADOS POR

DROGAS

% DE MUJERES ENCARCELADAS POR DROGAS EN RELACIÓN AL

TOTAL DE MUJERES

Argentina 790 (2012) 65% (2012)

Brasil 16.489 (2013) 60,63% (2013)

Colombia 3.830 (2014) 45% (2014)

Costa Rica 944 (2011) 75,46% (2011)

Chile 1.889 (2015) 57,2% (2015)

Ecuador 709 (2015) 43% (2015)

México Federales 528 (2014)Locales 1.547 (2013)

44,8% (2014)14,2% (2013)

Perú 2.679 (2014) 60,60% (2014)

Uruguay 126 (2014) 29,5% (2014)

1 Cuadro elaboración propia. Información obtenida de: Mujeres, políticas de drogas y en-carcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe. La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros.


La principal razón detrás de las altas tasas de encarcelamiento de mujeres por eventos vinculados a drogas está en la expe-dición de leyes extremadamente punitivas y la imposición de penas desproporcionadas (CIM y OEA, 2017).

LaexperienciadeSanAndrésdeTumaco,departamentodeNariño,Colombia.

Tumaco, la perla del pacífico colombiano, también se ha convertido en la capital del narcotráfico, tiene ubicación es-tratégica: las condiciones climáticas son perfectas para el cultivo, su ubicación con litorales abiertos al Océano Pacifi-co es adecuada para que los cargamentos de cocaína salgan hacia Centroamérica y finalmente, al mercado de Estados Unidos, estas pueden ser considerada las características “positivas” del municipio de Tumaco.

Pero, esto no es todo; según el perfil productivo para el municipio de Tumaco se encontró que la proporción de per-sonas con necesidades básicas insatisfechas es del 48.7%, cifra que se encuentra por encima de la referida para el departamento de Nariño 26.09% (PNUD, 2016).

El índice de pobreza multidimensional demostró que el por-centaje de personas pobres es del 84.5% para el total de población del municipio, siendo 74% en la parte urbana y 96.3% en la zona rural (OPHI, 2005).

Esta cifra resulta muy alta si se compara con la cifra depar-tamental que corresponde al 68.9% y la nacional de Co-lombia de 49.6%. El alcalde Víctor Gallo, en 2012 indicó que “Tumaco tiene una tasa de desempleo mayor del 70%. Casi seis veces más que el promedio nacional” (Saavedra, 2012).


Tumaco es uno de los mayores productores de coco, en Co-lombia. Desde que se siembra hasta que se produce la pri-mera cosecha, pasan de 4 a 7 años, en el caso del Cacao otro producto que crece en la zona, la producción comienza a los 2 a 4 años, y el rendimiento aumenta cada año hasta los 8 a 10 años. Otra problemática es la infraestructura vial, que en muchas zonas rurales del municipio se encuentra en malas condiciones o inexistentes para que los agricultores puedan lograr trasportar sus productos a las áreas de co-mercialización. Paradójicamente, la coca puede producirse en unos pocos meses y la recolección de las hojas se puede realizar de 3 a 4 veces por año y la planta puede producir con rendimiento aceptable hasta por una década.

Con todas estas condiciones de abandono de las políticas institucionales, índices de riesgo social, condiciones geográ-ficas privilegias, y tantas necesidades básicas insatisfechas exacerbadas por el conflicto armado, Tumaco tenía todo para convertirse en la capital del narcotráfico, y así fue.

¿Cuántos Tumaco hay en Latinoamérica y el Caribe, donde el desempleo, la falta de vialidad, de apoyo institucional y condiciones geográficas las convierten en el caldo de cultivo para que el crimen organizado tenga arraigo y genere el úni-co desarrollo económico posible para muchas comunidades y familias pobres?

En Costa Rica, también aplicable a otros países de la región, las comunidades costeras, incluyendo poblaciones indígenas, son claves para el traslado de la droga en su recorrido hacia Norteamérica, quienes proveen apoyo a los traficantes, pues esta actividad ilegal es una de las pocas fuentes de ingresos para estas comunidades que se encuentra en abandono de la política social del Estado, incluyendo pobreza extrema y ais-lamiento, debido a la falta de infraestructura vial y la falta de oportunidades laborales. -nada distinto a lo que ocurre en Tumaco-.


Los narcotraficantes tienen que atravesar los más de 1.700km que separan la costa norte de Colombia de la Península de Yucatán para llevar la droga hasta México, y que de allí llegue hasta el mercado estadounidense. Para realizar este gran des-plazamiento sin ser detectados han desarrollado distintas es-trategias: transporte de la droga por tierra, por mar y por aire.

Respectoaltrasiegodeladroga

La cocaína y la marihuana producida al sur del continen-te, es trasladado hacia los países del norte desarrollado entre los que destaca; Estados Unidos y Canadá.

Un kilo de pasta de coca y marihuana va incrementan-do su valor entre más meridianos hacia el norte avance. Así pasa a los países de Centroamérica, pero dado que el Tapón de Darién es difícil de atravesar, para sortear esta barrera natural, los traficantes desarrollan múltiples estrategias para trasladar los cargamentos a diferentes puntos de América Central.

Para evitar ser interceptados, los traficantes esperan una brecha en las patrullas de seguridad antes de hacer el via-je, utilizando una amplia gama de embarcaciones como submarinos, semi-sumergibles, barcos y lanchas.

En referencia a Costa Rica, según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el país cuenta con 28 parques Nacionales y más de 130 áreas protegidas lo que equivale a cerca del 25% del territorio costarricense (Go-biernoCR, 2015). Esto significa que los narcotraficantes tienen suficientes selvas y montañas para esconderse.

Según el estudio conjunto del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Dro-gas (CICAD), denominado: “El consumo de drogas en la po-


blación privada de libertad en Costa Rica y su relación con la comisión del delito” (2004); establece que: “La mujer, en cifras muy superiores, comete su delito ligado al tráfico o venta de dro-gas: un 60% versus un 24% de los hombres. Esto permite inferir que, en Costa Rica, ante la realidad socioeconómica imperante, en la cual más del 50% de las familias tienen a una mujer como jefe de hogar, la actividad del tráfico y/o venta de drogas resulta ser una forma viable de hacer frente a sus obligaciones y respon-sabilidades, sin medir los riesgos que esto implica” (Jiménez y Mata, 2004, pág. 6).

Según datos proporcionados a enero de 2018 existe en Costa Rica un total de 2.705 personas privadas de libertad por de-litos tipificados en la ley de Psicotrópicos (tanto indiciados como sentenciados) de los cuales 2.476 corresponde a hom-bres, siendo en proporción de un 19,65% del total de hombre privados de libertad (12.599 hombres). En el caso de las mu-jeres existen 229 privadas por delitos de la ley de psicotrópi-cos, lo cual corresponde al 41,9 % del total de mujeres que se encuentra en los centros femeninos (546 mujeres), es decir, a pesar que hoy en día se han implementado beneficios para este grupo en condición de vulnerabilidad, sigue existiendo una prevalencia importante de los delitos de drogas según el componente de género.2

En un estudio posterior por parte del (ICD) llamado “Relación entre el delito y el consumo de drogas en mujeres sentenciadas en el Centro Penal Buen Pastor” (2014) Indica que: “La inciden-cia en la criminalidad tiene como caldo fértil deficiencias estruc-turales del país que no se solucionan con más policías ni penas más fuertes sino con una atención integral que supone priorizar a los grupos vulnerables”.

2 Datos obtenidos por medio del Sistema de Información de la Administración Penitencia-ria (SIAP). Ministerio de Justicia y Paz. Enero 2018


Monto de Sentencia de las mujeres infractoras a la Ley de Psicotrópicos

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

54%

32%

10.50%3.50%

4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 15 años 16 a 20 años

Cuadro elaboración propia. Datos obtenidos del informe: Relación entre el delito y el consumo de drogas en mujeres sentenciadas en el Centro Penal Buen Pastor. (IDC)Costa Rica. 2014.

Además, el mismo estudio recomienda que: “Se debe contem-plar la posibilidad de aplicar otro tipo de medidas como forma de castigar los delitos que tienen cautivas a estas mujeres, como la aplicación del arresto domiciliar, el tratamiento obligatorio de las adicciones en los casos de dependencia o adicción; así como gestionar ante los legisladores, la posibilidad de modificar la Ley de Psicotrópicos en lo referente a las penas impuestas para que éstas respondan más equilibradamente con la proporcionalidad del delito cometido” (ICD, 2014, pág. 53).

En contraposición, según Caamaño “el drástico aumento de población penitenciaria femenina por tráfico de drogas a partir de la puesta en marcha de la Ley No. 8204 en 1989 (Caamaño, 1990 mencionada en Calvo 1993) pone en evidencia no la efecti-vidad de una ley, sino una forma o una estrategia particular que un grupo de mujeres está utilizando para resolver necesidades cotidianas.

De las 555 mujeres que se encontraban privadas de libertad en el Buen Pastor a mayo de 2010, (146 indiciadas y 409 senten-ciadas), al menos el 64% de ese total ingresan a la cárcel por violación a la Ley No. 8204”. Palma Campos, 2011 Citado por (ICD, 2014, pág. 5).


Dado lo anterior, se puede aseverar que el encarcelamiento de las mujeres, generalmente resulta en la desintegración fami-liar, aun cuando sus hijos e hijas queden bajo la custodia de su progenitor, pues este no llena los espacios que deja su pareja; lo que implica que desde la cárcel ella debe de intentar velar por su familia, tomando, mientras se pueda, algunas decisio-nes difíciles en relación con el cuido, reubicación, comporta-miento de sus hijos e hijas, lo que resulta imposible desde una prisión, y no excluye las consecuencias que puede generar a futuro (Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narco-tráfico. Expediente N.º 17.980., 2013).

Es un hecho que la pobreza afecta y golpea más a las mujeres que a los hombres; se ha determinado que cuatro de cada sie-te personas que viven en situación de pobreza en el mundo, son mujeres (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2013).

Las causas de la pobreza tienen, por tanto, un claro sesgo de género. Además, existe una serie de otros componentes y condiciones que hacen que las mujeres sean más vulnerables en cualquier situación y para visualizarlas desarrollamos el siguiente cuadro, donde se presentan las condiciones de vul-nerabilidad estructural donde las mujeres se encuentran en condición de desventaja respecto a los hombres y al interior del grupo de las mujeres, siempre hay unas más vulnerables que otras:


CONDICIONES MENOS VULNERABLE MÁS VULNERABLE

Grupo etéreoMujeres mayores de 18 años de edad y menores de 60

Menores de 18 añosMujeres mayores 60 años

Económico

Relación obrero/patronal Micro-empresariaCotizante al seguro social

Trabajo InformalIngreso InestableComercio sexualDependiente económico

Étnicas y otras blancasnacionales

AfrodescendientesIndígenasExtranjeras (más o menos, según la nacionalidad)

Educación

Universitaria y con estudios superioresSecundaria completaSecundaria incompleta (superior a 9º año)

Primaria completaPrimaria incompletaAnalfabeta

Salud Jóvenes (18 a 35 años)

Enfermedades crónicasEnfermedades asociadas a la vejezPersonas con discapacidades

Relaciones de poder

Mujeres profesionalesMujeres empoderadas

Madres solterasVíctimas de violencia domésticaPersonas abusadasVíctimas de trata

1.3 Sistemapenitenciario,costoseconómicosysociales

Según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la población penitenciaria en Latinoamérica se dupli-có entre 1995 y 2014, y la tasa de encarcelamiento creció un 137% alcanzando los 240 privados de libertad por cada


100.000 habitantes. Durante el mismo período, las tasas de homicidio se duplicaron de 13 a 24 homicidios por 100.000 habitantes. En otras palabras, más personas fueron a la cárcel y más personas fueron asesinadas (Jaitman, Caprirolo, Gran-guillhome y otros, 2017).

Igualmente, el estudio sobre los costos del crimen y la violen-cia en 17 países de la región encontró que los costos directos e indirectos del encarcelamiento suman los US$14.000 millo-nes al año entre 2010-2014, o un promedio de 0,4% del PIB regional. No sólo resulta caro encarcelar a las personas sino también es costoso dejarlas sin trabajar. La región perdió en promedio más de US$7.000 millones anualmente entre 2010 y 2014, en razón de lo que las personas privadas de libertad dejaron de contribuir a las economías (Jaitman, Caprirolo, Granguillhome y otros, 2017).

Se ha establecido que mantener una persona en el sistema penal costarricense llega a costar ¢681.750 (Delgado, 2013), durante un mes -unos 1.190 dólares americanos*-; este mon-to incluye alimentación, vigilancia y todos los servicios. Ade-más, el Poder Judicial calcula que un proceso que incluye todas las etapas (investigación, acusación, juicio, apelación y casación), cuesta ¢6 millones de colones (Delgado, 2014) - unos 10.500 dólares americanos*-, a diferencia, un día con medidas alternativas como el uso de brazalete electrónico va desde los $11 hasta los $25 y en promedio $18 y en contraste un caso tramitado bajo el sistema de justicia restaurativa le cuesta ¢327.000 o $573 al Poder Judicial (Delgado, 2015).

El costo diario de una persona privada de libertad es mayor a muchos de los subsidios sociales que reciben las personas de menos recursos. Según la Presidencia de la República de Costa Rica, el país, a nivel regional, es de los que más recur-sos invierte por cada estudiante matriculado en su sistema educativo. En promedio, el Ministerio de Educación Pública (MEP) destina cerca de ¢1,7 millones al año por cada niña, niño o adolescente que recibe educación pública (Gobierno-CR, 2015).


Según otros estudios, la educación universitaria pública, en la Universidad de Costa Rica (UCR) para la titulación de bachillerato puede tener un costo anual de ¢3.385.450,30 (Montero, 2015). En concordancia a esto, existe otra serie de ayudas y subsidios sociales proporcionados por el Estado cos-tarricense para la atención de personas de forma individual o colectiva (familias) que se encuentren en riesgo social o en situaciones de vulnerabilidad. Una de esas instituciones es el Fondo Nacional de Becas (FONABE), el cual proporciona be-cas según categorías y condiciones; entre estas ayudas encon-tramos las becas para estudiantes de preescolar y primaria en condición de vulnerabilidad económica a quienes proporciona una ayuda de ¢17.000 al mes; igualmente en el caso de ado-lescentes, madres y padres menores de 21 años, se les pro-porciona una ayuda de ¢60.000 al mes; y existe también una beca para estudiantes de postsecundaria que es la más alta que proporciona la institución que ronda los ¢80.000 colones al mes (FONABE, 2014).

Entre otros tipos de ayuda, están las que proporciona el Ins-tituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), esta institución realiza diferentes subsidios para familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema que corresponden a 50 mil o 75 mil colones mensuales respectivamente (Solano, 2016).

Realizar una comparación permite identificar que la inversión mensual que realiza el Estado para atender las necesidades de una persona privada de libertad permitiría dar educación o ayudas sociales como forma de reducir la desigualdad social, y para fortalecer factores protectores que incidan sobre gru-pos de población vulnerable y en condiciones de riesgo, tal y como se observa en el siguiente cuadro:


TIPO DE GASTO COSTO MENSUAL OBSERVACIÓN

PersonaPrivadadeLibertad ¢681.750

Estudiante deprimaria/secundaria (pública)

¢141.666,66

Con el costo mensual de un privado de libertad puede darse educación a 4,8 niños o adolescentes

Estudiante universitario ¢282.120,85

Con el costo mensual de un privado de libertad puede proporcionarse educación universitaria a 2,4 personas

Becamadres/padresadolescentes(FONABE)

¢60.000

Con el costo mensual de un privado de libertad puede proporcionarse 11 becas de estudios para madres/padres adolescentes

Beca Post Secundaria (FONABE)

¢80.000

Con el costo mensual de un privado de libertad puede proporcionase becas para estudios de Postsecundaria a 8,5 personas.

Subsidiodebienesfamiliar ¢75.000

Con el costo mensual de un privado de libertad puede proporcionase subsidios a 9 familias

Cuadro elaboración propia a partir de datos obtenidos por: Datos de privados de libertar: David Delgado C, Jueces de Costa Rica mandan a 17 personas cada día a prisión preventiva, La Nación, junio 2013Datos de educación y secundaria pública: Página web GobiernoCR. Inversión por estudiante matriculado de Costa Rica entre las más altas de Latinoamérica, primicia, abril 2015Datos costo Universidad UCR: Silvia Castro Montero. Los costos por estudiante en la UCR. La Republica. Junio 2015Datos de Becas FONABE: Pagina web Fondo Nacional de Becas. Becas. Departamento Dirección de Gestión de Beca, Información de marzo 2014. Subsidio de Bienestar Familiar: Hermes Solano. Estas son las reglas que deben cumplir las familias en pobreza para recibir ayuda, CR HOY, octubre 2016.


Desde el ámbito económico, al Estado le conviene más impul-sar políticas de prevención y ayuda social que decantarse por la represión y el castigo como forma prioritaria de resolver la criminalidad y el delito; no obstante, esta última también conocida como la mano dura es la opción más utilizada por algunos gobiernos. Queda expuesto que las decisiones de uti-lizar las medidas punitivas y la reclusión, en específico, como principal mecanismo para controlar la delincuencia en el país no necesariamente tiene la capacidad de revertir el fenómeno, además, es importante destacar que los centros penitenciarios han sido incapaces de resocializar y de reinsertar a la pobla-ción en conflicto con la ley.

Este debate se ha colocado en la agenda nacional durante los últimos años, al considerar que las mujeres, principales indiciadas penalmente en temas de delitos contra la ley de psicotrópicos, son mayoritariamente mujeres en condiciones de vulnerabilidad estructural. Según el Informe 10 del Estado de la Nación, la realidad país indica que dos de cada cinco hogares en situación de pobreza tienen a una mujer como jefa de hogar (Comisión Permanente Especial de Seguridad y Nar-cotráfico. Expediente N.º 17.980., 2013).

En este sentido se han realizado avances como la modifica-ción legal del artículo 77bis de la ley de psicotrópicos, que aborda situaciones más allá que la jefatura del hogar, donde considera el cargo de un hijo o una persona que requiere su dependencia, ya que esta tarea no siempre es realizada de forma compartida, sino que es asumida por mujeres solas, en correspondencia con los roles de identidad de género; y de forma independiente al cumplimiento de otras actividades como lo son: el trabajo, la realización de labores domésticas y el ocio, por ejemplo. Estas realidades, no necesariamente son contempladas en las decisiones de política pública, como lo demuestran las condiciones que establece la Red de Cuido.


La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil está com-puesta por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Dirección Nacional de CEN CINAI y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Este beneficio es un subsidio econó-mico para garantizar la protección, cuido y desarrollo de las personas menores de edad (0-12 años), especialmente cuando las personas responsables estudian o trabajan.

Se puede establecer que las políticas resultan parciales y por ende, con poca capacidad de responder a las necesidades de las madres y jefas de hogar que tienen a su cargo menores de edad, adultos mayores y personas enfermas o con discapaci-dades.

En otra categoría la población adulta mayor también se ha vis-to beneficiada con la aplicación del artículo 77bis, dado que por cuestiones de género y etáreas incrementan el nivel de factores de vulnerabilidad, en este sentido, la consideración del hacinamiento y la sobrepoblación en los centros peniten-ciarios, ha coadyuvado respecto a esa situación.

1.4 Marcojurídicoquerigelostemasdedrogasysustanciasestupefacientesypsicotrópicas

A nivel internacional existen diversos tratados y regulaciones en materia de drogas. La Convención Internacional del Opio, firmada en la Haya el 23 de enero de 1912, es el primer tra-tado internacional sobre el control de drogas y desde ahí ha pasado más de un siglo donde las naciones del mundo han desarrollado convenciones, tratados y leyes internas para re-gular, controlar y castigar la producción, trasporte, venta y consumo de drogas.

ConvenciónÚnicasobreEstupefacientesde1961delaNacionesUnidas

La regulación moderna del tema a nivel internacional comien-za con la Convención Única sobre Estupefacientes de las Na-ciones Unidas de 1961. Esta inicia con la declaración de las


partes de estar “Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad”. La misma indica en su artículo 36.1 inciso b, la posibilidad de los estados partes de establecer medidas alter-nativas a la pena de prisión para personas adictas que hayan cometido un delito relacionado con el tráfico de drogas. Lo interesante de la proposición es que establece la posibilidad de una alternativa a la declaración de culpabilidad.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, reha-bilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 38. (El subrayado se hace efecto de este protocolo) (Convención Unica de sobre Estupefacientes, 1961).

• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancia Psicotrópicas de 1988

En relación al tema de mujeres y jóvenes privadas de libertad y en conflicto con la ley por delitos relacionado con el tráfico de drogas, es de interés el artículo 3.4 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, que amplía el ámbito de aplicación de medidas alternativas a la pena de prisión a per-sonas que no son adictas.

3.4. a) Cada una de las Partes dispondrá que por la comi-sión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo se apliquen san-ciones proporcionadas a la gravedad de esos deli-tos, tales como la pena de prisión u otras formas de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso.


b) Las Partes podrán disponer, en los casos de de-litos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, que, como complemento de la declaración de culpabilidad o de la condena, el delincuente sea sometido a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinser-ción social.

c) No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en los casos apropiados de infracciones de carácter leve, las Partes podrán sustituir la declaración de culpabilidad o la condena por la aplicación de otras medidas tales como las de educación, rehabilitación o reinserción social, así como, cuando el delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y postratamien-to.

d) Las Partes podrán, ya sea a título sustitutivo de la declaración de culpabilidad o de la condena por un delito tipificado de conformidad con el párra-fo 2 del presente artículo o como complemento de dicha declaración de culpabilidad o de dicha con-dena, disponer medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social del delincuente. (El subrayado se hace efecto de este protocolo) (Convención de las Naciones Uni-das contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988).

A nivel nacional destaca la Ley sobre estupefacientes, sustan-cias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, activida-des conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo N° 8204

Lacualestablecelatipificaciónpenal:

Artículo58

Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, sin autorización legal, distribuya,


comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produz-ca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley, o cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos.

Artículo77

La pena de prisión será de ocho a veinte años cuando en las conductas descritas en los delitos anteriores concurra alguna de las siguientes cir-cunstancias en el autor o partícipe:

a) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sus-tancias psicotrópicas se faciliten a menores de dieciocho años, disminuidos psíquicos o mujeres embarazadas.

b) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sus-tancias psicotrópicas se introduzcan o difundan en centros docentes, culturales, deportivos o re-creativos, en establecimientos penitenciarios y lu-gares donde se realicen espectáculos públicos.

c) Se utilice a menores de edad, incapaces o farma-codependientes para cometer el delito.

d) El padre, la madre, el tutor o responsable de la guarda y crianza de la persona perjudicada, sea el autor del delito.

e) Cuando una persona, valiéndose de su función como docente, educador o guía espiritual del per-judicado, o de su situación de superioridad en for-ma evidente, coarte la libertad de la víctima.

f) Cuando se organice un grupo de tres o más personas para cometer el delito.


g) Cuando esos delitos se cometan a nivel interna-cional.

h) Cuando la persona se valga del ejercicio de un cargo público.

Artículo77bis

La pena prevista en el artículo anterior será de tres a ocho años de prisión, cuando una mujer sea autora o participe en la introducción en estableci-mientos penitenciarios de sustancias tóxicas, es-tupefacientes o sustancias psicotrópicas y cumpla una o varias de las siguientes condiciones:

a) Se encuentre en condición de pobreza.

b) Es jefa de hogar en condición de vulnerabilidad.

c) Tiene bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o personas con algún tipo de dis-capacidad que amerite la dependencia de la per-sona que la tiene a su cargo.

d) Es una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

Los delitos de comercio, suministro, fabricación, trasporte, almacenamiento y venta de drogas son considerados de-litos contra la salud pública. Esto en relación con el bien jurídico protegido, es decir, la seguridad colectiva. Ya que el delito de las drogas pone en juego la vida o salud de una generalidad indeterminada de personas.

1.5 Incidenciadelasdrogasenlacriminalidad

El fenómeno de la creciente inseguridad es preocupante y el efecto que el tráfico de drogas y el crimen organizado tienen en nuestras sociedades debe ser examinado desde una pers-


pectiva integral. La región se encuentra cada vez más afectada por las actividades vinculadas al narcotráfico, y donde des-tacan algunos factores asociados, como la relación con otras actividades del crimen organizado (llámese tráfico de armas, trata de personas, lavado de activos, etc.) y que además in-ciden sobre el incremento de la violencia, la inseguridad, la eficiencia de las instituciones gubernamentales y hasta la pro-liferación de la corrupción.

Los esfuerzos por contener el efecto de la distribución y co-mercio ilícito de drogas se ha acentuado como producto de la implementación del Plan Colombia y de la Iniciativa Mé-rida; colocando a la región centroamericana, y a Costa Rica en particular, en la ruta de distribución y comercialización de drogas que buscan mercados más activos y de mayor beneficio económico, como los que representan los Estados Unidos de América y los países de Europa.

Incorporar en los análisis los niveles de desigualdad paten-tes en la falta de oportunidades y condiciones de pobreza y pobreza extrema, se presentan como la opción, no exenta de riesgo de aprovechar los frutos de la oferta y la demanda de sustancias ilícitas, pero económicamente redituables.

No es de sorprender que participar en esta lucrativa actividad se convierta en una “alternativa viable” para la obtención de recursos económicos para familias que viven en condición de vulnerabilidad en el umbral de la pobreza, víctimas de la vio-lencia estructural y excluidos del desarrollo económico.

La cruda realidad supera en mucho el actual escenario de in-seguridad, más allá de las consideraciones respecto al delito y la criminalidad, se debe tomar en consideración el trasfondo social. A pesar de que se considera costosa la inversión en prevención social, corresponde a la mejor respuesta para con-tener y reducir en el corto y mediano plazo la situación actual.

Sociedades, como la costarricense, se están convirtiendo en caldo de cultivo para la producción, trasporte y comercializa-


ción de drogas. Esto debido a una serie de factores estructu-rales y políticas sociales ineficaces ante la creciente desigual-dades sociales.

Según el informe sobre la situación Nacional sobre Drogas y Actividades conexas del estudio del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) del año 2016. Se sentenciaron 1223 per-sonas en el 2016 siendo que la tendencia del comportamiento en cantidad de personas procesadas se ha mantenido constan-te en los últimos seis años, aunque la proporción de mujeres aumentó en 6 puntos porcentuales respecto al 2015 con lo que el 83% de los sentenciados fueron varones y el 17% mu-jeres. El 70,7% de las personas condenadas tienen entre 20 y 39 años (ICD, 2017).

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó en noviem-bre de 2017 que los decomisos de cocaína en lo que iba de ese año ascendían a 22,9 toneladas, cifra superior a las 19 tone-ladas decomisadas en el 2016. Esto indica que Centroamérica incluyendo a Costa Rica, no es solo el puente para la droga, sino que también se ha convertido en una zona de almacenaje y ramificaciones de carteles, según las autoridades (El Nuevo Diario, 2017).

Las cifras muestran este aumento significativo en el decomiso de cocaína, van acompañadas por la percepción de la pobla-ción sobre el tráfico de drogas, así lo demuestra un estudio realizado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (Octubre 2016).

En este sentido el 93% de los costarricenses mayores de 18 años que participaron en la consulta consideran que en la úl-tima década el tráfico de drogas ha aumentado en el territorio nacional y una cifra también elevada de un 86% manifestó que en los próximos diez años este delito seguirá en aumento (Arguedas, Sandí y otros, 2017).

También el estudio destaca que son más las mujeres que los hombres quienes consideran que el tráfico de drogas en su


comunidad es alto o muy alto, también tienen esta opinión en mayor medida las personas entre 30 y 49 años, las de nivel socioeconómico bajo y las de que viven en zonas urbanas (Ar-guedas, Sandí y otros, 2017).

Manuel Pérez García Oficial de Programas


2.Lasituacióndelasmujeresenconflictoconlaleyporinfraccionesalaleyde

psicotrópicos

2.1PerfilSociodemográfico

En el estudio, se visualizó que la mayoría de las mujeres antes de ingresar al sistema penitenciario tenían como domicilio la provincia de San José, seguida de la provincia de Puntarenas y Cartago en el tercer lugar. San José es la provincia más po-blada del país con 1.633.292, un 35% de la población total del país. Además, es la que concentra el mayor aparato pro-ductivo en cuanto a industrias y servicios, incluyendo todas las instituciones gubernamentales.

0 2 4 6 8 10 12 14

AlajuelaCartago

GuanacasteHeredia

LimonPuntarenas

San JoseOtros

N/S

NÚMERO

Lugar de Domicilio

En otro aspecto de los datos analizados, se visualiza que el 81% de las mujeres privadas de libertad son de nacionalidad costarricense, un 8% son nicaragüenses y 11% corresponde a otras nacionalidades.


Costarricense81%

Nicaraguense8%

Otras11%

Este dato contradice la percepción del imaginario colectivo predominante, donde se presume que la población extranje-ra es la que mayoritariamente comete este tipo de delitos. Muchas veces estas ideas son impulsadas por el abordaje de noticias en diferentes medios de comunicación del país, con títulos alarmistas como “extranjero es encontrado con 20 pie-dras de crack en San José”, lo que conduce a promover actitu-des discriminatorias hacia la población migrante.

La situación del microtráfico de drogas no es producto de un fenómeno importado, ni tampoco se resuelve a partir de la implementación de políticas migratorias restrictivas. Por el contrario, el problema comulga con la presencia de factores de riesgo, de aspectos contextuales y coyunturales que son fomentados y perpetuados desde situaciones de violencia es-tructural, y que afectan en mayor medida a la población con escaso acceso a servicios sociales y altas tasas de pobreza, que se encuentre expuesta a riesgos y donde son más evidentes las manifestaciones de la violencia y de la criminalidad.

Otro hallazgo importante, es la edad de las mujeres privadas de libertad, el promedio etario se ubica entre los 18 y 35 años de edad, lo que nos indica que los centros penitenciarios del país está llenos, predominantemente, de población joven, en edad reproductiva y productiva, con capacidad de insertarse en la actividad económica del país.


0

5

10

15

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+Núm

ero

de M

ujer

esEdad

Un elemento relevante identificado fue el estado civil de las mujeres privadas de libertad por situaciones de microtráfico de drogas.

02468

10121416

Soltera Union libre Casada Divorciada Viuda

Núm

ero

de M

ujer

es

En el estudio realizado y en la justificación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para la formulación y reforma del artículo 77bis, se hizo referencia a algunas de las razones por las que se consideró que las mujeres cometían el delito de introducción de drogas a un centro penal. El estudio base identificó que muchas mujeres cometieron el delito indicando amenazas, como reflejo de su condición de género, que res-ponde al conjunto de circunstancias, cualidades y característi-cas esenciales que definen al hombre o a la mujer como seres


sociales y culturales. En un sistema patriarcal, las mujeres de-tentan una situación de desigualdad y vulnerabilidad, lo que las hace propensas a enfrentar diversas formas de violencia en todos los espacios de interacción (Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Expediente N.º 17.980., 2013).

12

4

1

14

23

0

Escuela

Colegio

Universidad

Nivel de Estudios antes de que Fueran Privadas de Libertad

Incompleta Completa

Otro dato relevante que arrojó la investigación es que un 54% de las mujeres de la población de interés, han recibido edu-cación formal y el porcentaje de mujeres que terminaron una carrera universitaria es sumamente bajo; la mayoría de las mujeres ni siquiera terminaron la escuela y algunas no termi-naron el colegio, por lo que el acceso a fuentes de empleo se volvió más complicado. De hecho, el 71% indicó haber tenido dificultades para encontrar trabajo, por lo que se reconoce el acceso y disfrute de la educación como un factor protector y que favorece una inserción adecuada en el sistema producti-vo.

La publicación “Educación, pobreza y desigualdad en Costa Rica” realizada por los investigadores Leonardo Sánchez Her-nández y Rafael Arias Ramírez de la Universidad de Costa Rica, indican que la educación universitaria y secundaria in-ciden en la reducción de la pobreza y la desigualdad (López, 2017).

El impacto de la educación se da sobre todo sobre las necesi-dades básicas insatisfechas (vivienda, salud, educación, entre otros), en ese sentido la investigación arrojó que terminar la


educación primaria disminuye las carencias de educación en un 10% o más, tanto en cantones rurales como urbanos. El impacto es más notorio al concluir la educación secundaria, ya que en promedio es posible disminuir las carencias educa-tivas en un 33% y en 25 cantones este valor supera el 40%. La situación mejora aún más si se alcanzan estudios univer-sitarios pues llega hasta el 50%. Analizado por línea de in-gresos los resultados muestran que los individuos que logran concluir la educación secundaria reducen la probabilidad de encontrarse en pobreza en aproximadamente 5,7 puntos por-centuales (López, 2017).

Esto quiere decir, que una fórmula para salir de la pobreza es la educación, respecto a las mujeres privadas de libertad, se identifica una enorme vulnerabilidad, donde en su mayoría su baja escolaridad dificultó no solo conseguir un trabajo estable y digno, sino que además las posiciona como blancos fáciles para la explotación laboral por el desconocimiento de sus de-rechos y la carencia de destrezas.

2.2Perfilprocesalpenal

En el primer dato de este perfil, encontramos que la mayoría de los delitos fueron cometidos en la provincia de San José, seguido de Puntarenas. En el caso de San José no es tan sor-prendente cuando la provincia es la principal conglomeración urbana del país, y detenta la mayor densidad de población.

Otro dato importante es que el 68% de la comisión del delito por las mujeres que se encuentran privadas de libertad es pri-mario, aunque hay un 32% que son reincidentes.

Primario68%

Reincidente32%

Comisióndel Delito


El 85% de ellas reconocieron que sabían que estaban come-tiendo un delito contra la salud pública y el 75% tiene con-ciencia del daño que realizó al vender, traficar y/o almacenar drogas. Es interesante conocer que existen 10 puntos porcen-tuales de diferencia entre el delito y el daño realizado. Mu-chas de las personas consideraban que si bien estaban hacien-do algo ilegal no estaban produciendo un daño. Esto porque no consideró la violencia ni la presencia de armas de fuego en las transacciones de distribución de drogas como factores im-plícitos. Es más, muchas hacían el paralelismo con cualquier otra venta informal que podían realizar desde sus propias ca-sas como: vender helados, cigarros o caramelos.

Solamente un 28% de las mujeres entrevistadas eran cons-cientes de la severidad de la pena que podía enfrentar si era sometida al proceso penal. Esto habla del desconocimiento que se tiene de las sanciones y los delitos, además indica, de una u otra forma, una situación que interfiere en la falta de prevención del delito, dado que un conocimiento de las san-ciones podría actuar como un elemento persuasivo para la realización del mismo; sobre todo en aquellos casos de perso-nas que tienen responsabilidad sobre menores de edad, adul-tos mayores y/o personas con discapacidades.

Respecto a los delitos, el más común entre las privadas de libertad es la venta de drogas, seguido del almacenamiento, aunque estos se encuentran estrechamente relacionados. Es-tas categorías ponen de manifiesto una radiografía de la situa-ción de las mujeres privadas de libertad por delitos contra la ley de psicotrópicos dentro del CAI VC.

2.3Perfilsocioeconómico

Respecto a los hallazgos en el ámbito del nivel socioeconómi-co demuestran la capacidad económica y social de las mujeres privadas de libertad y su dependencia del sistema institucio-nal, que es rector para implementar la agenda social de la política pública.


Una primera categoría identifica que el 57% de las mujeres sentenciadas privadas de libertad han recibido algún tipo de ayuda por parte de las instituciones del Estado, de las que han recibido ayuda estadal el 43% ha sido proporcionada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (en adelante IMAS).

IMAS43%

CCSS16%

INAMU12%

FONABE23%

OTROS 6%Instituciones

que han Ayudadoa las Mujeres

IMASCCSSINAMU

De las instituciones que han proporcionado ayudas como el IMAS y el FONABE, la mayoría de los subsidios y asistencia que se ha materializado es un 39% en ayuda económica y un 35% corresponde a la asignación de becas estudiantiles. Pero se hace la relación del monto de esta ayuda, en el 67% de los casos fue menor a los 100.000 colones mensuales, por lo que se puede determinar que la ayuda ha llegado, pero permite plantear la interrogante ¿esta ha sido eficaz o no? En otro as-pecto las mujeres han manifestado en un 59% que las ayudas han sido para beneficiar a sus hijos.

En este mismo orden de ideas, un gran número de las mujeres antes de ingresar al sistema penitenciario adquirieron expe-riencia laboral de manera independiente a través de ventas ambulantes y trabajos domésticos dentro y fuera de sus hoga-res, dato que contrasta con la experiencia laboral y es que un 46% se encontraban desempleadas antes de ingresar al CAI VC.

El 61% de las mujeres establecieron que se le hizo difícil con-seguir trabajo antes de ingresar al centro penitenciario y esto


además está relacionado con las labores desempeñadas. La investigación demostró que la mayoría de estas labores cum-plen con roles propios que corresponden con la identidad de género y que coadyuvan a ensanchar las brechas de género, como son: trabajo doméstico, meseras, cocina y la prostitu-ción.

41%

46%

13%Indice de Desempleo

EmpleadoDesempleado

La dificultad de encontrar trabajo para las mujeres, la expli-can las privadas de libertad con base en diversos factores, como por ejemplo: por ser mujer; por ser extranjera y encon-trarse irregular en el país; por tener una orientación sexual distinta; por ser joven y no tener estudios ni experiencia; por tener hijos y no tener con quien dejarlos para poder trabajar, entre otros factores corresponden a la vulnerabilidad social, la cual es entendida como: “una condición de riesgo, indefensión o susceptibilidad a sufrir algún tipo de daño, perjuicio o padecer alguna incertidumbre. A partir de esta definición, la vulnerabi-lidad social está centrada en dos principales interpretaciones: fragilidad o riesgo” (Moreno J. C., 2008, pág. 9).

En otro orden, el 75% reconoció que se encontraba en con-dición de pobreza antes de ingresar al sistema penitenciario, condiciones que responden a un aspecto multifactorial, por ejemplo, la dependencia femenina en un sistema patriarcal y la propia condición de vulnerabilidad; como es no tener con quién dejar los hijos, la falta de oportunidades, los empleos informales donde sus ingresos eran fluctuantes y no les ge-neraban estabilidad. Otro resultado o hallazgo es que actual-mente el 75% de las mujeres consideran que se encuentran


o siguen estando en condición de pobreza, gracias a que no todas cuentan con el apoyo de su familia o porque al estar en condición de privación de libertad están limitadas para poder ayudar a sus familiares dependientes (especialmente hijos y personas adultas mayores).

Prácticamente todas se han dedicado a las labores del hogar para atender a sus familias. A pesar de esto, un 58% han es-tado aseguradas en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en alguna de las modalidades de cotización (seguro voluntario, trabajador independiente, y cotización obrero/pa-tronal).

El 69% de las mujeres percibían algún ingreso económico an-tes de ingresar al CAI VC. No obstante, sólo un 15% percibía ingresos con un monto mayor a los 150.000 colones mensua-les, lo que referiría a unos 8 dólares diarios, monto insuficien-te para cubrir las necesidades básicas de una familia.

Monto Percibido

¢ 0 - 50 000 ¢ 50 000 - 100 000¢ 100 000 - 150 000¢ 150 000 +N/A

26%

16%

9%15%

34%

2.4PerfilFamiliar

Se abordó el análisis de las situaciones y relaciones de de-pendencias familiares y afectivas de las mujeres privadas de libertad por infracción a la Ley de Psicotrópicos.


Parte de la investigación buscó visualizar el grado de involu-cramiento de la familia con las organizaciones criminales y el tráfico de drogas. En este sentido el análisis determinó que un 52% de las mujeres privadas de libertad tienen o han tenido un familiar privado de libertad, siendo la pareja, los hermanos y los padres las relaciones más vulnerables o afectadas. Ade-más, del grupo que ha tenido familiares privados de libertad el 59% ha sido por venta o tráfico de drogas.

La investigación quiso visualizar tanto la situación familiar, como otro tipo de relaciones interpersonales, como las de amistad, arrojando que un 71% de las mujeres privadas de libertad tienen o han tenido una amistad que ha estado o está privada de libertad. Siendo los hombres el mayor porcentaje de amigos o conocidos privados de libertad. De las que esta-blecieron que tiene o tuvieron amigos privados de libertad un 60% ha sido por venta o tráfico de drogas.

Una mujer privada de libertad, significa, generalmente, una sentencia para toda su familia, esto en mayor o menor grado de proporción. Para el 60% de los casos analizados en este es-tudio, de ellas dependen sus hijos; en un 18% de los casos sus progenitores -mayoritariamente adultos mayores; y en menor proporción, un 11>% sus hermanos. Esto contrasta con otro dato cualitativo identificado y es que muchas de las mujeres desde el centro penitenciario siguen pendientes de sus hijos y familias. En términos amplios, de ellas pueden depender hijos, hermanos, padres y hasta su pareja.


60%

3%

18%

1%2%

11%5%

Porcentaje de Familiares que Dependen de las Mujeres Privadas de Libertad

HijosHermanos / asMadre / PadreAbuelo / AbuelaParejaNieto / NietaOtro

2.5Perfilpsicológicoadictivo

Se rescatan las características emocionales, estructuras de pensamiento y conductas adictivas de las mujeres privadas de libertad analizadas en la muestra.

En relación con este análisis la mayoría de las mujeres acep-taron que han consumido alcohol, marihuana y crack, que son las drogas más populares dentro de la prisión, además de ser las más económicas. Según el estudio del ICD sobre los Decomisos de Drogas en Centros Penitenciarios de Atención Institucional del Sistema Penitenciario costarricense, se esta-blece que un pucho de marihuana (0,5 g) en el centro peni-tenciario puede conseguirse desde ¢1.000, una tocola (0,25g) ¢500 y una piedra de crack (0,15g) ¢1.000 (ICD, 2016, pág. 36), reconociendo que en los centros penitenciarios el precio de estas sustancias es superior a la situación en las calles; lo anterior da una idea de lo accesible que puede ser conseguir marihuana y crack.

Igualmente, según las mujeres las personas que consumen drogas pueden gastar gran parte del dinero que perciben, in-cluso pueden llegar a perderlo todo por la necesidad de con-sumir drogas. Existen diferentes formas de pago en cuanto a drogas se refiere, muchos venden droga para poder consumir, roban y se puede llegar hasta a la prostitución.


La investigación también tenía como objetivo saber si al estar ellas vendiendo las drogas, también eran consumidoras y en este sentido hicimos una pregunta en positivo, indicando si para ellas es común vender drogas y consumirlas. El resultado fue que para el 52% de las mujeres es común vender drogas para financiar su consumo.

Respecto a identificar la prevalencia del consumo de drogas dentro del sistema penitenciario, y aunque conocemos que esto es considerado parte de la cifra negra, un 8% de las mu-jeres entrevistadas aceptaron que consumen drogas dentro del CAI VC.

2.6Perfildeseguridadyviolencia

Se analizó la percepción de las mujeres privadas de libertad respecto al grado de seguridad que percibieron cuando esta-ban en libertad en los diferentes espacios de su vida cotidiana, como en el hogar, el trabajo y la calle; la conclusión fue que además de tener una visión amplia de la violencia vivida por ellas, ésta directamente influye su perspectiva a partir de las múltiples condiciones de vulnerabilidad que detentan.

En este sentido, un 28% de las mujeres privadas de libertad manifestó que en algún momento sufrió violencia psicológica, un 23% violencia física, otro 21% violencia económica y un 21% indicó que sufrieron violencia sexual.

ViolenciaFísica23%

ViolenciaPsicológica

28%

ViolenciaSexual21%

ViolenciaEconómica

21%

N/A - N/R7%

Porcentaje de mujeres privadas de libertad que han sufrido violencia


Estas cifran permiten identificar que la violencia es un factor común en la vida de estas mujeres, dado que casi en un 93% de las entrevistadas reconoció que ha vivido violencia, algunas todos los tipos de violencia analizadas. Por ejemplo, al menos dos de cada 5 mujeres entrevistadas experimentaron violencia sexual. El factor variable lo constituyó el rango etario en que vivieron los diversos tipos de violencia. Demostrándonos que un 21% de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia sien-do apenas unas niñas menores de 10 años de edad.

De estas situaciones de violencia y agresiones solo un 38% denunció el incidente, mientras que un 40% no interpuso de-nuncia por miedo o por falta de confianza en las autoridades: del porcentaje de aquellas que recurrieron a entablar una de-nuncia, solo en el 20% de los casos el agresor fue enjuiciado o tuvo alguna sanción.

SI20%

No42%

N/A - N/R38%

Porcentajede AgresoresEnjuiciados

En ese mismo sentido el 71% de las mujeres se sentían seguras en su casa, el 29% restante no se sentían seguras en sus hoga-res debido a enemigos, a sus condiciones de pobreza, miedo, por experimentar violencia doméstica o padres alcohólicos, entre otros. La misma percepción de seguridad fue consultada en relación a los funcionarios de Fuerza Pública, el 42% de las mujeres no se sentían seguras con los policías cuando estaban en libertad, esto porque ellas sabían que estaban cometiendo un delito o porque no confiaban en los policías.

Cuando consultamos esta sensación de seguridad dentro del centro penitenciario el 71% de las mujeres indicaron que se sienten inseguras dentro de la prisión. Al plantearse los mo-


tivos que generan dicha inseguridad en el 41% de los casos se hace referencia a tener problemas con otras reclusas; así como también el 36% que alega que dentro de la prisión no le prestan atención, y algunos otros motivos, como es no tener seguridad dentro de los módulos, la situación de venta y con-sumo de drogas, corrupción y violencia, entre otras razones.

Porcentaje de mujeres que se sienten seguras dentro de la prisión

Si29%

No71%

Aunado a esto el 48% de las mujeres establecieron que no se sienten seguras con sus custodios, debido a que según ellas, no hacen nada frente a un conflicto, apoyan la violencia, son corruptos y violentos.

Mujeres que se sienten protegidas por los Custodios dentro de la cárcel

Si52%

No 48%

Un 29% aceptó que alguna vez ha cometido actos de violencia física contra otra persona, mientras que un 24% reconoce que ha cometido violencia psicológica contra alguien, principal-mente, contra sus hijos. Muchas de ellas identificaron que en varias oportunidades han repetido las experiencias de abuso y violencia que sufrieron a corta edad con sus familiares cerca-nos. Sin embargo, el 37% indicó que nunca ha cometido actos de ningún tipo de violencia contra otra persona.


Finalmente, la investigación buscó identificar el grado de mo-tivación y autoestima de las mujeres privadas de libertad, ya que este es un factor determinante en la reinserción social, y en el cuidado de sus hijos y familiares dependientes. Fue revelador encontrar que el 97% de las mujeres entrevistadas establecieron que son capaces de decidir sobre sus vidas sin que medie ninguna dependencia o necesidad afectiva. Por lo tanto, existen deseos de superación y de responsabilidad de cuidar a su familia al recuperar su libertad.


3.Unaexperienciadejusticiaconperspectivadegénero:el77Bis

La modificación del artículo 77 de la Ley 8204, significó una reducción de las penas por introducir drogas en centros peni-tenciarios, que pasan de 8 a 20 años a penas de 3 a 8 años, o incluso sentencias alternativas a la privación de libertad si las mujeres detenidas cumplen uno o varios de los siguientes criterios:

1. Se encuentre en condición de pobreza.

2. Sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad.

3. Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores, o personas con cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que tiene a su cargo.

4. Sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

Alrededor de 150 mujeres calificaron para la aplicación de la reforma 77bis de la Ley de Psicotrópicos. Esta ley favore-ce a algunas mujeres en condiciones de vulnerabilidad que estaban vinculadas a un proceso penal por el delito de intro-ducción de drogas a centros penales. Muchas de ellas forman parte del programa de la Red Interinstitucional para la aten-ción integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad. Esta Red busca la restitución de los derechos vulnerados mediante el fortalecimiento de las condiciones socio-económicas y, a par-tir de ello, brindar el apoyo necesario para que cuenten con mayores oportunidades de progreso, con el fin de lograr su reinserción social.


PROCESO OPERATIVO DE LA RED INTERINSTITUCIONAL

Cuadro obtenido de: Teresita Arana Cabalceta, Defensa Publica de Costa Rica. Acciones Interinstitucionales que reconstruyen vidas. Disponible en http://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/index.php/noticias/154-acciones-interinstitucionales-que-reconstruyen-vidas consulta diciembre 2017

La investigación, además se centró en conocer las condiciones sociales, demográficas y económicas de este pequeño grupo y hacer una correlación entre las características de las beneficia-das por la modificación legal y otras mujeres que se encuen-tran privadas de libertad por delitos similares. Se examinaron 16 expediente judiciales de mujeres que egresaron principal-mente de los centros de atención institucional al obtener el beneficio, arrojando los siguientes resultados:

Se identifica que la mayoría de las mujeres que obtuvieron el beneficio legal son oriundas de zonas como Pavas (4), Limón (3); Puntarenas (3); Guadalupe (3) y Pérez Zeledón (3); exis-tiendo procedencia de otras zonas del país, pero en menor proporción.


0 1 2 3 4 5

PavasCartagoAlajuelaLiberia

Del expediente no se desprende la informaciónBagaces

LimónLeón TrecePuntarenas

Linda Vista de PatarráGuadalupe

AlajuelitaBarrio México

Barrio CubaCurridabat

HerediaPaso Ancho

GuápilesPérez Zeledón

Pococí

El lugar donde se cometieron más delitos contra la Ley de Psi-cotrópicos fue en Alajuela. Además al ser una medida alterna-tiva sin que exista peligro de fuga, son más las costarricenses beneficiadas que personas de otra nacionalidad (esto es claro, ya que con población extranjera sin arraigo comprobado en el país existe el riesgo de fuga).

0

5

10

15

20

25

30

Alajuela Guanacaste Del expedienteno se desprendela información

Limón Pérez Zeledón San Carlos

Dentro del grupo favorecido, el rango de edad es sobre todo de 30 años, así como también era la primera vez que la mayo-ría había cometido un delito.


05

101520253035

ReincidentePrimario

Un elemento demográfico interesante recuperado en los aná-lisis, es que la mayoría de las beneficiarias presenta como es-tado civil la soltería.

0 5 10 15 20

Casada

Unión Libre

Soltera

Divorciada

Viuda

Del expediente no sedespren de la información

En referencia a los sectores de actividad laboral antes de in-gresar al CAI VC, como el resto de los datos obtenidos, la ma-yoría de mujeres se desempeñaron en tareas tradicionales que corresponden a los roles de identidad de género, entre es-tas principalmente están labores remuneradas no específicos como trabajo informal, prostitución, estilismo, oficios domés-ticos o el cuidado de terceras personas.


0 5 10 15 20Experiencia laboral

Guarda de seguridadOficio remunerado no específico

Recicladora en la calleEstilista

Encargada del cuido de otra personaVendedora

Empleada doméstica/EstilistaEmpleada doméstica

ConserjeProstituta

Vendedora ambulanteNR

Asistente Legal

Un elemento de especial trascendencia para el empodera-miento laboral de la mujer es el grado de escolaridad. Las be-neficiarias del 77bis también presentan características de baja escolaridad. La muestra reflejó que la mayoría no completó la primaria y otro grupo importante no completó los estudios secundarios. De hecho, no se conoció caso de mujeres que hubiesen terminado la educación secundaria y/o hubiesen iniciado estudios de educación superior dentro de la muestra.

0 5 10 15

Primaria

Secundaria

Universitaria

Postgrado

Capacitación técnica

NR

Incompleta

Completa


Conclusiones

Con base en los hallazgos se puede concluir que en Costa Rica existe un sistema penal más enfocado en la pena punitiva, y es mucho menos o casi inexistente el enfoque preventivo.

Esto ha dado como resultado que las poblaciones que son vulnerables por causas estructurales como el desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades en cuanto a educación y la falta de oportunidades para salir adelante y tener una vida digna recurran o vean como una opción para sobrevivir el tra-ficar con drogas.

Así como también, se convierten en blancos fáciles para caer en las redes del crimen organizado como el narcotráfico a pe-queña o gran escala, las redes de tratas de personas y tráfico de migrantes.

En el caso de las mujeres, aunque no son la población que con más frecuencia incurre en delitos, cumplen penas muy altas por transgresiones menores. Las medidas represivas del gobierno, y no de prevención ni reparación integral de la violencia, han ocasionado que el número de personas presas sea cada vez mayor (aproximadamente 500 en 2005, 700 en 2010 y 780 en 2012).

Sin duda alguna, las más beneficiadas con el proyecto fueron las mujeres privadas de libertad en San Rafael Arriba de Des-amparados, así como sus círculos sociales más cercanos o per-sonas dependientes, además de las mujeres jóvenes privadas de libertad en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en San Luis de Santo Domingo de Heredia.

La investigación inicial pudo comprobar que los delitos de microtráfico de drogas en el país tienen un componente de género muy sesgado, la unión de diferentes condiciones de vulnerabilidad impulsada por una sociedad con grandes dosis de formas patriarcales hacen que este grupo de mujeres ten-


gan por lo general características comunes como ser jefas de hogar, madres adolescente y/o solteras, secundaria incomple-ta, ingreso laboral inestable, vivir violencia doméstica y fami-liar, haber experimentado diversas formas de violencia, entre otros factores. Estas condiciones las colocan en situación de desventaja y las expone a conductas trasgresoras y delitos que las condicionan a situaciones de conflicto con la ley.

El lugar común:

Pero, ¿por qué una mujer entra a vender drogas? No es de extrañar, además de todas las causas expuestas, en las historias de vida recolectada observamos un patrón, la mayoría fueron madres adolescentes y su pareja un “señor” que muchas veces le dupli-caba la edad (en el marco de relaciones impropias), salieron del sistema educativo a eso de los 15 años por quedar embarazadas, no terminaron el noveno año, tuvieron un segundo hijo teniendo apenas los 18 años, viven en una zona conflictiva, ya el crimen or-ganizado reclutó a su pareja actual o a su hermano y este último ya se encuentra en el sistema penitenciario. Hoy esta mujer, trata de buscar trabajo, pero tiene dos impedimentos el primero, que no tiene el noveno año y la empresa más sencilla le pide este re-quisito, además fue al INA y lamentablemente lo más que le pue-den ofrecer por su nivel académico es un “curso de artesanía”…. Finalmente, consiguió un trabajo en una pequeña soda en la zona de Pavas - San José, pero no lo aceptó porque no consiguió dónde dejar a su hijo, pues por su horario salía a las 6:00pm y la red de cuido a esa hora no trabaja, tampoco se lo puede dejar a su mamá que es adulta mayor con problemas de hipertensión. Al final, ella se sienta en la acera de su casa a llorar, porque no sabe cómo pagara la renta, ahí le llega un vecino metido en el negocio de la droga, prácticamente lo único lucrativo en esa comunidad, y le dice “mire machita, agarre estos gramos, véndalos y luego me cuenta cómo le va” y ahí esa mujer entró al mundo del tráfico de drogas. Si cambiamos algunos personajes y algunos contextos ve-remos la historia de cada una de las mujeres privadas de libertad en el CAI VC por violación a la ley de psicotrópicos.

Es importante anotar, que las mujeres que hoy se encuentran en conflicto con la ley por microtráfico de drogas en Costa Rica, no son Kate del Castillo representando el rol de la “Rei-


na del Sur”, hecho que solo tiene cabida en las telenovelas, bajo un argumento de ciencia-ficción y melodrama. Al contra-rio, este grupo de mujeres se convierten en las que podemos denominar “las conserjes o bedeles del cartel” porque su nivel en las organizaciones criminales es el más bajo. Es más, ellas mismas son víctimas y son utilizadas en estas redes de crimi-nalidad, muchas veces por necesidad. En sí se puede decir que son elementos sacrificables y, con mayor o menor conciencia, muchas de ellas son utilizadas y se exponen al correr el riego de vender drogas al menudeo.

Este tipo de situaciones exponen las diversas formas de vio-lencia que se conjugan y afectan a los grupos de población en mayor condición de vulnerabilidad. Como se ha indicado arriba, muchas de estas personas son víctimas de la violencia estructural, de la propuesta de política pública que carece de integralidad y de la falta de prevención, donde las personas más afectadas tienen en común similares características de-mográficas, sociales, y educativas: la carencia es un factor que homogeniza.

Se analizó con representantes de diversas instituciones la ne-cesidad de impulsar cambios políticos, jurídicos y administra-tivos para facilitar el acceso a los Derechos Humanos de las mujeres que se encuentran en conflicto con la ley, y la situa-ción del crimen organizado, entre algunas otras necesidades identificadas; haciendo mención de algunas como:

Fomentar la descentralización de políticas públi-cas en materia social.

Reconocer las características del país en la elabo-ración de políticas públicas.

Desconcentrar instituciones claves de la periferia urbana como el FONABE.

Desarrollar cambios en legislaciones, como la ley de creación de la Dirección Nacional de Desarro-


llo de la Comunidad - DINADECO (1967) para fo-mentar las asociaciones de mujeres y otros tipos de desarrollos comunitarios.

Fortalecer las redes de cuido.

Actualizar los cursos ofrecidos por el Instituto Na-cional de Aprendizaje acordes a la oferta laboral del país.

Mayor oferta en los sistemas de contratación y licitación del Estado (Mer-Link), con énfasis en áreas rurales y en sectores específicos, ya que para muchas instituciones es difícil contratar provee-dores.

La investigación y los diversos abordajes que implicó permi-tieron reconocer la constante necesidad de crear capacidades en sectores diversos que tienen entre sus responsabilidades la atención de la población en conflicto con la ley. Revisar la decisión de atender el conflicto social con mayor cantidad de policía y mayor cantidad de procesos judiciales. El desarrollo humano, que está en la retina del espectro político no se ob-tiene construyendo más centros penitenciarios; es imperativo revisar la definición de la política pública y evitar el sesgo que genera cada vez más desigualdad y más grupos de población ayunos de la atención del estado y de ser sujetos de su política pública.


Recomendaciones

Luego de desarrollado y analizados datos estadísticos, socia-les, económicos en relación a mujeres en conflicto con la ley por microtráfico de drogas y la investigación tipo descriptiva con jerarcas y representantes instituciones del Estado costa-rricense, se ha podido evidenciar diversas situaciones, en las cuales se destaca:

• La falta de oportunidades y la ruta critica que promueve que las mujeres caigan en manos del crimen organizado y posteriormente en la cárcel, es un problema para todo el aparato estatal.

• Para muchas instituciones el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), se ha quedado rezagado en los cur-sos que brinda, ya que muchos de ellos no se adaptan a lo que el mercado necesita. Siguen prevaleciendo los énfasis en los oficios tradicionales y no abriéndose a nuevos mercados.

• Es importante revisar y actualizar la “ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer”, ante los cambios que ha tenido el rol de la mujer en la sociedad costarricense; y su mayor vurnerabilidad en las situaciones de riesgo social.

• Sería un gran paso revisar el reglamento de DINADE-CO y valorar la posibilidad de incorporar cambios que permitan mayor eficacia en la atención de poblaciones vulnerables o al menos promover más las asociaciones para las mujeres y para los niños.

• Revisión de las legislaciones y reglamentos competentes al Fondo Nacional de Becas – FONABE, donde se impul-se la desconcentración de la institución y la presencia “real” en diversas zonas estratégicas del país.


• Reforzar la descentralización de la política pública en prevención de la violencia a nivel local (cantones) y no como política macro-país.

• Una revisión y reorganización de las oficinas regionales y de atención de instituciones Públicas.

• Revisión de las leyes y reglamentos del Sistema Nacio-nal de planificación Nacional (MIDEPLAN) y Fortaleci-miento de la regionalización del país.

• Según algunas entrevistas la coordinación y comunica-ción entre algunas instituciones es complicada, y no hay muchos espacios para que puedan realizar esfuerzos en conjunto y no meras acciones aisladas. Sumado a lo an-terior se debería reconocer la gran duplicidad que pre-valece en las funciones de varias instituciones.

• Lugares como Puntarenas enfrentan grandes retos, como por ejemplo, la gran deserción escolar, la falta de oportunidades, la pobreza y la gran falta de fuentes de empleo duraderos, ya que hay algunas fuentes de empleo como la pesca que la orientación de la política pública no apoya.

• Para el INAMU, es importante fortalecer también las instituciones que trabajan con los hombres y capacitar-los o, más bien, sensibilizarlos, ya que ellos son en gran parte el problema de la violencia que sufren las mujeres. Tanto hombres como mujeres deben ser sensibilizados y atendidos para erradicar el sistema patriarcal en el que está inmersa la sociedad costarricense. Enseñarle a los hombres que los roles de género actuales no son positi-vos.

• La reinserción es un punto clave y actualmente los procesos de reinserción no son los más adecuados. Es importante lograr mayor apertura en la sociedad para las personas que han delinquido y realmente quieren


cambiar, brindarles mayores oportunidades laborales y educativas a las que puedan acceder al salir de la cárcel.

• Las municipalidades, como gobierno local, juegan un papel muy importante en toda acción que se quiera implementar en la comunidad y más allá de eso, son quienes deben estar más cerca de la población y velar porque se dé un desarrollo integral.

• Las condiciones laborales de los funcionarios de la Poli-cía Penitenciaria son muy difíciles, se necesita una revi-sión exhaustiva de las condiciones laborales que se les brinda, como es atención psicológica y capacitaciones para ejercer sus funciones bajo principios de Derechos Humanos y sensibilización respecto a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, es decir, es difícil espe-rar un mejor trato por parte de ellos, cuando consideran violados sus propios derechos laborales.

• Impulsar una política pública que recabe y sea a corde a la realidad de las regiones del país y toda sus caracterís-ticas demográficas y sociales.


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Anexos

Historiasdevulnerabilidad: Larutadelasflores

ROSA: Rosa, de aproximadamente 40 años, se dedicaba a las labores del hogar, actualmente se encuentra en prisión. Su situación econó-mica antes de la cárcel era bastante difícil, ya que no contaba con ningún ingreso económico y además consumía drogas. Fue víctima de violencia desde muy pequeña, violencia ejercida por parte de sus familiares. Vivía en un hogar disfuncional con padres alcohólicos. Ella tiene ciertas discapacidades. La calle le daba más seguridad que su propio hogar

Ahora en la cárcel se siente segura y protegida por los policías; sin embargo, acepta que ha cometido actos de violencia física y psico-lógica. Considerando sus discapacidades, opina que las posibilida-des que tiene para decidir sobre su vida son limitadas, pero pese a ello piensa de forma positiva y cree que puede lograr lo que desea

En cuanto a los estudios Rosa, no avanzó mucho ya que no conclu-yó la escuela y por su escaso conocimiento le fue difícil encontrar trabajo, durante algún tiempo recibió ayuda económica por parte de una institución del Estado, pero esto no alcanzaba para dismi-nuir su condición de pobreza y solventar sus necesidades.

Actualmente Rosa, admite que cometió un delito y sabe que estaba haciéndole daño a los demás y ella misma. Nunca pensó llegar a prisión, ahora está consciente de la severidad de la pena.

Rosa, es una persona vulnerable. El futuro es muy incierto para ella y no sabe lo que le espera cuando salga de la cárcel.


VIOLETA:Violeta, era consumidora de drogas; actualmente ya no lo es. Tiene dos hijos y también a su mamá que dependen económicamente de ella. Aunque parezca extraño, tam-bién tiene familiares y amigos en prisión por delitos de tráfico de drogas.

Desde muy pequeña sufrió violencia psicológica, física y sexual, pero se quedó callada. Nunca denunció los in-cidentes y continuó en el círculo de violencia. Debido a toda la agresividad sufrida en su infancia y juventud, nunca se sintió segura en su casa.

Ahora dentro del sistema penitenciario tampoco se sien-te segura, porque tiene muchos enemigos. Sin embargo, Violeta sí confía en la protección de sus custodios.

En el pasado le fue muy difícil mejorar su nivel de vida, puesto que no concluyó la escuela y esto fue un gran im-pedimento para conseguir trabajo. Para ella, en este mo-mento, las posibilidades de decidir sobre su vida y lograr todas las metas planteadas son positivas.

No ha contado con la ayuda de ninguna institución del Estado, vive y ha vivido en condición de necesidad. Vio-leta, sabía que estaba cometiendo un delito y era cons-ciente del daño que causaba. No pensó nunca tener que enfrentar una pena tan severa

Violeta es una persona vulnerable. Tiene muchos sueños. ¿Podrá cumplirlos?…


HORTENSIA:Hortensia de aproximadamente 30 años, se ha dedicado a las labores del ho-gar y también trabajó durante algún tiempo en una fábrica de palmito en la zona sur. Para ella las cosas eran bastante complicadas, ya que antes de ingresar a prisión el único sustento económico era el que aportaba su pareja al hogar que era de 30.000 colones por quincena.

Ella ha consumido drogas y para poder pagarlas las vendía y se prostituía, actualmente dentro de la cárcel no consume drogas lo que fue un gran paso para ella. Tiene una hija y a su mamá, que dependen de ella.

Desde muy pequeña sufrió violencia física, psicológica y a los 8 años de edad fue violada por un tío. En su edad adulta la historia se volvió a repetir, pero esta vez el agresor era su pareja, ella nunca denunció nada porque tenía mu-cho miedo.

Nunca se sintió segura en su hogar ni cuando era niña, ni cuando tuvo pare-ja. No tuvo un hogar en el cual sentirse a salvo. En la calle tampoco se sintió segura ya que la intentaron violar y tuvo que dejar su trabajo en la fábrica de palmito porque era acosada. Su vulnerabilidad se mantiene aún.

En la cárcel ha sufrido agresiones de otras reclusas. Mientras que en los cus-todios sí confía porque la han ayudado en momentos muy duros como por ejemplo cuando su hija fue violada.

Hortensia, reconoce que ella ha cometido actos de violencia en contra de otras personas, agresiones como insultos, maltratos y ha llegado hasta los golpes.

Sin embargo, a pesar de todo el ciclo de violencia que ha vivido Hortensia tiene fe en que puede decidir sobre su vida y lograr sus metas y sueños, pero necesi-tará quizás mucha ayuda, ya que no completó la escuela y antes de ingresar a prisión le costó mucho encontrar trabajo.

Ha recibido ayuda de algunas instituciones del Estado, pero su condición era de pobreza y actualmente según dice, no es ni buena ni mala. Sí era consciente de que estaba cometiendo un delito, pero su pensamiento es que en aquel mo-mento vender drogas no era un daño, sino que lo hacía por necesidad.

Hortensia es una persona vulnerable. ¿Qué le espera a Hortensia fuera de prisión?


FRESIA:

Esta es la historia de Fresia, una mujer peruana de 22 años de edad. Fue detenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María en Alajuela, por tráfico internacional de drogas.

Ahora se encuentra en el centro penitenciario y perdió su libertad. Antes de ingresar al centro ella recibía mil dólares de ayuda de su abuelo y de su trabajo como anfitriona y modelo.

No tiene hijos, ni tampoco obligaciones económi-cas y no tiene familiares en prisión. En Perú estaba estudiando en la universidad, pero no la terminó.

Dentro de la cárcel ha intentado seguir estudiando y preparándose para cuando salda de ahí, sin em-bargo, ella se siente culpable, además muy triste porque extraña mucho a su familia y amigos, se siente sola y en un país extraño.

La vulnerabilidad no hace distinción de clase so-cial ni nacionalidad… ¿Qué pasará con Fressia?


IRIS:

Iris de 26 años de edad es guatemalteca, actual-mente se encuentra en un centro penitenciario en Costa Rica, ha sido sentenciada por tráfico inter-nacional de drogas y es la primera vez que es sen-tenciada

Antes de estar dentro del sistema penitenciario ella dependía económicamente de sus padres, ahora se siente muy triste porque está en otro país lejos de su familia y los extraña mucho.

Ella no ha consumido drogas, no tiene hijos, ni obligaciones económicas, tampoco tiene familia-res procesados penalmente, estaba estudiando en la universidad antes de venir a Costa Rica y que fuera detenida

La vulnerabilidad no hace distinción de clase so-cial ni nacionalidad…. ¿Qué pasará con Iris?

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