Las duras exigencias del uribismo al proceso de pazZonas de concentracin inmediata para las FARC, prolongar los dilogos, destruccin de las armas, y entrega de dinero, son algunos de los requisitos a la Mesa de Negociaciones. lvaro Uribe, Carlos Holmes, Luis C. Restrepo, Alfredo Rangel y Jos F. Lafaurie.Foto: Archivo SEMANACuando el presidente Juan Manuel Santos invit a scar Ivn Zuluaga, director del Centro Democrtico, a integrar la Comisin Asesora para la Paz, este partido respondi con la instalacin de una comisin propia que evaluara el proceso de paz y formulara sus propuestas.

Este lunes se conoci el primer documento de esa comisin de paz del uribismo. Contiene un resumen de lo que ellos llaman preocupaciones del proceso que se adelanta con la guerrilla de las FARC y un captulo de propuestas para que dicho proceso no afecte la institucionalidad democrtica. El senador Alfredo Rangel fue el encargado de revelar las conclusiones del informe.

Insisten en que los dilogos de paz y el consiguiente debilitamiento de la lucha contra el terrorismo han ocasionado un serio deterioro de la seguridad en el pas.

Entre 2010 y 2014, periodo de los dilogos secretos y abiertos con las FARC, aparte del incremento de la inseguridad silenciada (control territorial del terrorismo, cultivos ilcitos, explosivos selectivos) la extorsin ha aumentado en 232 %, los ataques contra las instalaciones militares subieron 111 %, los atentados contra los oleoductos se incrementaron en 355 %, los hostigamientos contra la Fuerza Pblica aumentaron 69 %, los retenes ilegales 64 % y las acciones terroristas 62 %. Concluyen sealando que los dilogos, mal concebidos y mal conducidos, se han convertido en un riesgo para la seguridad nacional.

Tambin, cuestionan el acuerdo en el punto de tierras. Dicen, por ejemplo, que las Zonas de Reserva Campesina son la expresin de esa expectativa de control total, con 9.5 millones de hectreas adicionales a las existentes, con autonoma poltica, administrativa, econmica, social y de administracin de justicia; territorios inembargables e imprescriptibles; financiamiento estatal y sustraccin del control de la Fuerza Pblica. Este enfoque territorial es el vnculo entre la denominada Reforma Rural y las expectativas de participacin poltica de las FARC, a travs del control efectivo y total del territorio.

Se declaran preocupados porque el documento base suscrito por el gobierno y las FARC, se defina como un proceso que empieza cuando exista acuerdo sobre todas las materias que se discuten y termina cuando se haya implementado de manera simultnea e integral lo acordado. En estas condiciones, la perspectiva de paz para Colombia estara muy lejana y la sociedad colombiana vivira bajo la amenaza constante del uso de las armas por parte del terrorismo durante el tiempo que dure el proceso al que aqu se hace mencin.

En el documento los uribistas califican de farsa la tregua unilateral de las FARC. Este grupo terrorista ha seguido atacando sistemticamente a la poblacin civil. Siguen extorsionando y amenazando a la poblacin, sembrando minas antipersonal, usufructuando el narcotrfico, se rearman sin pausa, y su reclutamiento forzoso no cesa. Con este y otros anuncios mentirosos, las FARC quieren inducir un cese al fuego bilateral, es decir, la parlisis de las Fuerzas Militares, para poder seguir delinquiendo a su antojo.

Tambin califican como un despeje militar de todo el pas la decisin del presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos a los campamentos de las FARC. De manera irresponsable y ligera, Santos ha dado la orden a las Fuerzas Militares de suspender los bombardeos contra las FARC, privando as al Estado del principal y ms eficaz instrumento de ofensiva contra el terrorismo. Este hecho significa, en la prctica, el despeje militar de todo el pas al terrorismo, ms libertad para sus acciones criminales y ms deterioro de la seguridad nacional.

Igualmente cuestionan la verdadera voluntad de las FARC respecto al desminado del pas, y piden que sea la guerrilla y no el Ejrcito quien asuma los riesgos y los costos de estas operaciones. Las FARC deben iniciar el desminado total del pas; asumir el costo financiero de esa operacin, no con los impuestos de los colombianos, y sus integrantes deben correr el riesgo de esa actividad, no los soldados de la Patria.

Para el uribismo, las FARC han aprovechado los dilogos de paz para rearmarse. Son numerosos los incidentes denunciados por la Fuerza Pblica sobre capturas de inmensos cargamentos de armas que entran al pas por todas sus fronteras con destino a los frentes terroristas de las FARC, burlndose as del gobierno y de los colombianos.

Durante los dilogos de paz, asegur Rangel, las siembras de coca y la produccin de cocana han aumentado en Colombia. As lo confirma el ms reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Califican de cnicos a los guerrilleros frente al tema del reclutamiento de menores, al sealar que aunque se han comprometido a no incorporar a menores de 17 aos, afirmaron en el mismo comunicado que nunca han secuestrado menores para enrolarlos a sus filas. De igual manera, se niegan a retirar de sus filas a los miles de nios que all mantienen en condicin de secuestrados y de esclavitud sexual.

Como condiciones inamovibles para una negociacin, los uribistas consideran inaceptable que se iguale a las Fuerzas Armadas con el terrorismo, otorgndoles a los dos la condicin de actores del conflicto. Por esa razn creemos que las soluciones a la situacin judicial de policas y soldados no deben depender de los acuerdos que se logren en las conversaciones en La Habana. Dicen que insistirn en su proyecto de ley para crear un Tribunal Pro tmpore, que revise los procesos de los militares investigados, y en la propuesta de que los militares puedan defenderse en libertad, as sea condicional.

Como condiciones para reparar a las vctimas, el Centro Democrtico reclama que se exija a los criminales la entrega del dinero mal habido por parte de la organizacin terrorista para reparar a las vctimas.

Reiteran que no tienen objecin en que los guerrilleros rasos que solo estn incursos en delitos polticos puedan ser elegidos y no vayan a la crcel. Pero insisten en que los jefes de las FARC paguen con crcel y no puedan participar en poltica.

Finalmente, el Centro Democrtico seala que ante la presencia de acuerdos parciales que para ellos son inconvenientes para la democracia, proponen tener paciencia y estar dispuestos a prolongar los dilogos. Pero con la condicin de una concentracin inmediata de las FARC, en un sitio que garantice que quienes delinquen por fuera de l no son sus integrantes.

Para que este cese de acciones criminales sea eficaz debe ser verificable, irreversible y definitivo dicen- se exige que las FARC renan todos sus efectivos y todas sus armas en un sitio de concentracin, que no debe estar en ningn casco urbano, en zonas de frontera, en reas estratgicas, ni en lugares de alta produccin agrcola o ganadera.

Reiteran los uribistas que la sola dejacin o declaracin de no uso de las armas es insuficiente. Se requiere la entrega y destruccin de las armas, para evitar que los colombianos vivan bajo la amenaza de su uso por parte del terrorismo, tanto durante un eventual proceso de refrendacin popular de los acuerdos como a lo largo de los aos que transcurriran entre la firma de los acuerdos y el cumplimiento de lo pactado.

En el informe el Centro Democrtico tambin califica de necesario exigir a las FARC la entrega de todos sus dineros para la reparacin de las vctimas para evitar que sean utilizados para un eventual rearme de ese grupo terrorista.

En la elaboracin de este documento participaron el expresidente lvaro Uribe, el excandidato scar Ivn Zuluaga, el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, el excandidato a la vicepresidencia Carlos Holmes Trujillo y el presidente de Fedegan Jos Flix Lafaurie.