las estrategias de seguridad

“Las Estrategias de Seguridad Pública en México, su Efecto en la Legitimidad del Estado, Evidencia y Simulación, 2000-2012”

“Las Estrategias de Seguridad Pública en México, su Efecto en la Legitimidad del Estado, Evidencia y Simulación,

2000-2012”

DOCUMENTO METODOLÓGICO


Índice.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ I

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. ...................................... X

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. .............................................................................................. XVIII

3. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. ................................................................... XX

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. ................................................................................................ XXXI

5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA. ............................................................. XXXIII

6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. ....................................................................................................... LXX

7.- PRUEBA EMPÍRICAS O CUALITATIVAS LAS HIPÓTESIS. ......................................................... LXXII

CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN. ................................................................ XC

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. .................................................................................................................... XCVIII


I

INTRODUCCIÓN

La seguridad pública es, sin duda, un tema complejo que merece un análisis a

profundidad sobre su origen, desarrollo y situación actual. En los últimos años, se ha

convertido en uno de los reclamos sociales persistentes y prioritarios. Ningún país

podrá evolucionar hacia el progreso, si no existe orden, respeto y paz social; para ello

es fundamental la seguridad pública.

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de

derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades

cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos

tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Ante la realidad de un Estado

que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los

ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de

sus bienes y derechos.

Si el Estado mismo no brinda una seguridad pública de acuerdo a los tiempos en que

se vive y se olvida de toda garantía social, el mismo Estado estaría generando una

situación de violencia. La violencia ha sido uno de los temas que probablemente más se

ha estudiado en las ciencias sociales y políticas dada la amplitud de esferas sociales

que trastoca, además reviste tal complejidad que en cada momento histórico se pueden

apreciar nuevos o diferentes tipos de violencia más cruentos e impactantes que los

reconocidos en otras épocas, por lo que se puede considerar como un objeto

socialmente construido.

En este sentido, este fenómeno social posee la capacidad de transformase o dar pie a

otros problemas aún más graves, esto es a lo que se ha llamado la espiral de la

violencia. Al reflexionar sobre esto se llega al punto en que es necesario indagar sobre

aquellos mecanismos que permiten que se siga reproduciendo en nuestras sociedades

a pesar de los enormes costos personales, sociales, políticos y económicos que

ocasiona.


II

Uno de estos mecanismos podría ser el proceso de la legitimación, que puede permitir

que ciertas prácticas violentas se instauren en nuestra cotidianidad e incluso alcancen

justificación al ser utilizadas para preservar siempre un bien mayor, por ejemplo el

honor o la seguridad pública.

Es precisamente este proceso de legitimación de la violencia donde el Estado vinculada

al tratamiento del problema de la inseguridad pública, ya que ha sido uno de los

principales temas políticos usados para legitimar prácticas violentas que permiten el

control social, ejemplo de ello son las políticas represivas materializadas en la

participación del ejército y el uso de medidas violatorias de algunos derechos humanos.

Es importante mencionar que la experiencia internacional de países que en algún

momento adoptaron un modelo de atención a la inseguridad de carácter represivo y

punitivo, más que preventivo, ha señalado que existe poca evidencia de efectividad en

el largo plazo y por el contrario, se presenta el incremento de otros tipos de violencia.

No obstante, el Estado mexicano ha recurrido a este modelo de tratamiento para

legitimar la seguridad pública, provocando que por distintas causas, la violencia se

recrudezca y la sociedad civil se perciba cada vez más insegura, conduciéndola a

buscar estrategias que puedan contrarrestar el riesgo latente de ser víctima de algún

acto delictivo, y es en esta búsqueda precisamente, cuando se apela a prácticas en

ocasiones violatorias de los derechos humanos, no solamente de los delincuentes, sino

de la población misma, legitimando con esto la actuación del Estado.

De esta manera, los temas de la violencia y la inseguridad pública se vuelven

sumamente complicados por las variadas aristas que pueden ser estudiadas. En este

trabajo de investigación se tuvo el objetivo de describir, analizar y comprender el

proceso de legitimación del Estado Mexicano que permite que ciertas prácticas

violentas perpetradas por el Estado sean justificadas y legitimadas por algunas

personas para garantizar la seguridad pública.


III

A razón de que la inseguridad pública es hoy en día el principal problema que ocupa la

mayor preocupación de los mexicanos. Durante los últimos 15 años, la incidencia

delictiva presento una tendencia ascendente hasta llegar al 2007 a su punto máximo,

para posteriormente manifestar una lenta y gradual reducción, pero sin llegar a los

niveles controlables y aceptables de principios de los años actuales; sin embargo, la

percepción de inseguridad no ha mostrado un mejoramiento, sino por el contrario, la

población se siente y actúa con mayor temor y desconfianza.

Ya que los estudios más recientes sobre inseguridad pública, se han centrado en

resaltar cifras que describen la situación por la que se está centrando las condiciones

de Inseguridad, así como también visualizan el contexto en el que se desarrolla,

resaltando la percepción que se tiene de dicha problemática.

Del año 2000 a la fecha se han llevado a cabo investigaciones sobre inseguridad

pública, con el objetivo de crear nuevas leyes que ayuden a impulsar una mayor

seguridad pública. Destacando entre estos diversas instituciones sociales que al ver

que el estado no está brindando una seguridad eficiente, estas están tratando de

impulsar medidas de acuerdo a la problemática delictiva, entre las que destacan “El

Centro de Estudios”, quien realizó un análisis económico de la delincuencia de nuestro

país, partiendo de una comparación del incremento delictivo en las dos últimas

décadas, para después elaborar un análisis sobre el costo de la misma a través del

Modelo de Costo-Beneficio, y como resultado del estudio se propone la aplicación de la

política de cero tolerancia.

Por su parte, la asociaciones civiles también han realizado investigaciones, tal es el

caso del “Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C.”, que en el 2002 dio

a conocer los resultados en la publicación llamada “La inseguridad Pública en México”,

en él se puede encontrar los diversos efectos económicos que ha traído el clima de

inseguridad para el país.

Por otra parte a menos de cuatro años de haberse constituido el Instituto Ciudadano de

Estudios sobre Inseguridad A.C. (ICESI) “realizó la primera encuesta nacional sobre


IV

inseguridad pública en las entidades federativas, el levantamiento se realizó del 2 al 24

de Marzo de 2002 con una muestra de 35,001 viviendas encuestadas. De los

resultados obtenidos a nivel nacional por cada 100 mil habitantes se cometieron 4,412

delitos, contrastado con las cifras delictivas del DF, en donde se cometieron 17,718

delitos por cada 10,000 mil habitantes, dichos resultados fueron publicados en Mayo de

2002.Teniendo como propósito “contar con un instrumento estadístico verídico y

confiable que permita analizar la criminalidad en el país, acerca de su cuantificación

fáctica y su percepción social, debido a la escasa e insuficiente información que se

recaba a través de la estadística oficial”.

A efecto de poder contar con una visión integral del problema de la Seguridad Pública,

es necesario remontarse a lo estipulado en la Carta Magna y descifrar las mediadas y

artículos que se han creado para legitimar una seguridad pública más acorde con lo que

demanda la sociedad mexicana y en primera instancia determinar cuáles son las

razones por las que el hombre se ha visto orillado a cometer delitos.

No es de extrañar que en México, existe mucha gente sin empleos y los que lo tienen

reciben bajas remuneraciones por sus esfuerzos y el problema de la falta de empleo

conlleva grandes consecuencias sociales como pobreza, inequidad e inseguridad. Al

ser el empleo la principal fuente de ingresos de las familias, la pérdida de esto implica la

incorporación de más personas a las diferentes líneas de pobreza. Por eso, entre otras

razones, cada vez son más los jóvenes que se incorporan a la criminalidad.

Generando con ello en términos de seguridad hacia la sociedad los esquemas de

desigualdad interpersonal y regional que se ven reforzados por factores que en muchos

casos tienen que ver con un diseño institucional imperfecto y falta de recursos para

solucionar el problema en estas áreas.

Por eso es importante realizar un estudio de como la inseguridad afecta a la economía,

y esta a su vez altera la seguridad pública, porque como sabemos al incrementarse la

inseguridad se destina más recursos para ofrecer un servicio público acorde con la


V

magnitud del problema, esto trae como consecuencia, que se reduzca el presupuesto

en educación y salud.

“El aumento de la delincuencia ha producido condiciones de inseguridad elevadas, al

punto de condicionar la vida cotidiana de los habitantes de las grandes ciudades,

quienes han modificado sus hábitos de comportamiento, de movilización, de pensar e

incluso de rotar, estas son consecuencias evidentes en la forma de vivir y de apropiarse

de las ciudades”.

Bajo esta óptica en el aumento de delitos el Estado Mexicano contempló la

instrumentación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconociendo que la

función de la seguridad pública se encuentra vinculada a la idea de participación y que

no puede alcanzarse con estrategias aisladas de la autoridad, sino que exige la

articulación y coordinación de todos los órganos que intervienen en los tres niveles de

gobierno a lo cual deben sumarse instituciones encargadas de educación, salud,

desarrollo social, inclusive la sociedad civil misma. De ahí que la visión en torno a la

seguridad pública deba ser global e incluyente, que al tratar de tutelar valores

aceptados por todos nos lleve a una sociedad más justa.

Específicamente en el Derecho Positivo Mexicano, el fundamento primario del régimen

jurídico de la seguridad pública se encuentra en el artículo 21 de la Ley Fundamental,

que a partir de la reforma del 31 de diciembre de 1994 establece que: "la Federación, el

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán, en los términos que la ley

señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública". Así, parte de un

principio orgánico de coordinación e integración, lo cual en forma alguna implica una

derogación del principio de división de poderes y autonomía de los Estados, pues lejos

de convertir la función de seguridad pública en materia federal, la voluntad del

legislador fue establecer canales permanentes de articulación institucional, que

permitan una mayor eficacia operacional, tal y como el referido precepto constitucional

lo dispone, al establecer que "la Seguridad Pública es una función a cargo de la

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en las respectivas

competencias que esta Constitución señala".


VI

Para enfatizar la labor de esta investigación consiste, en primer término, en estudiar

cuales fueron las circunstancias que llevaron al Estado Mexicano a implementar un

Sistema Nacional de Seguridad Pública que pudiera mediante la coordinación nacional

en diversos planos, combatir y erradicar la delincuencia. Posteriormente a través de un

análisis de la estructura y funcionamiento de éste, se efectúa un diagnóstico sobre su

situación actual, hasta llegar a la propuesta de diversas estrategias y acciones que

deben implementarse dentro del propio Sistema para lograr una mejor coordinación y

capacidad de respuesta eficaz que contribuyan a disminuir los índices de inseguridad

que existen actualmente en el país.

Para lo cual el presente trabajo se dividió en cuatro etapas para una mejor comprensión

del tema y llegar a un mejor entendimiento de la problemática que resulta el dejar de un

lado la legitimidad del estado en el tema de la seguridad pública.

Para ello definiremos en el capítulo uno lo que significa la seguridad pública. Es un

apartado de carácter teórico, en el cual se comprenden los conceptos de seguridad

pública y seguridad nacional, los fines y elementos que los integran, sus similitudes y

diferencias, llegando a lo que se ha denominado concepción sistemática de la

seguridad pública, comprendiendo dentro de la misma a la prevención, la procuración

de justicia, la impartición de justicia, el sistema penitenciario, la readaptación social y

las victimas, como un proceso recurrente.

En el capítulo dos: analizaremos los factores que intervienen en el detonante de la

inseguridad pública Para ello, se expone la situación de la inseguridad pública en el

país en dos momentos. En el primero, se realiza un recuento de la incidencia delictiva

hasta el año 2009 y en el segundo, se expone la situación actual de la delincuencia.

Esto permitió observar que la inseguridad pública se ha agudizado, por lo cual es

urgente su comprensión y consecuente tratamiento. Otro punto central, es el desarrollo

de los elementos que participan en la construcción del proceso de legitimación de la

violencia cuando se habla de la inseguridad pública, tales como: percepción de la

inseguridad, del delito, descontento social, concepciones sobre el uso de la violencia en


VII

las interacciones cotidianas, todo esto delimitado por una cultura de la violencia y la

participación de los medios de comunicación.

En el capítulo tres hablaremos de las estrategias del gobierno para legitimar la

Seguridad Pública como Política de Estado, contiene las diferentes políticas públicas

que ha adoptado el Estado Mexicano, encaminadas a aplicar en todo el país una

estrategia nacional de seguridad pública, que combata de manera integral y sistemática

la delincuencia, e intente responder adecuadamente a una de las más sentidas

demandas sociales. Se abordan las reformas a los artículos 21 y 73 de fracciones XXIII

constitucionales, a través de las cuales se establecieron los principios que dieron cauce

y sustento jurídico a la coordinación en materia de seguridad pública, ordenando que en

una ley se fijaran las bases sobre las cuales deberían actuar los tres órdenes de

gobierno. De esta forma surge la Ley General que establece las Bases de Coordinación

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como el primer ordenamiento jurídico que

comprende una estrategia para proteger a los individuos y a la sociedad en su conjunto,

enfrentando a la delincuencia con el fin de preservar el orden público. A través de ella,

se plantea la necesidad de definir diferentes líneas de acción dentro de las cuales se

contempla la premisa de administrar de manera ordenada y transparente las

instituciones de seguridad pública y los recursos con que cuentan, especificándose

diferentes materias indispensables de coordinación en los tres niveles de gobierno,

buscando como uno de sus objetivos concebir a la seguridad pública como una función

de servicio de quienes la ejercen, a favor de la sociedad. Asimismo, en este capítulo se

aborda el surgimiento en el año 2000, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal,

dependencia que busca ser el eje rector de las acciones del Gobierno Federal en

materia de Seguridad Pública constituyendo lo que se ha denominado "el nuevo modelo

de seguridad Pública", ya que dentro de ella se concentró a la Policía Federal

Preventiva, al Consejo Tutelar de Menores, al hoy denominado Órgano Desconcentrado

de Prevención y Readaptación Social y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública, todos ellos anteriormente dependientes de la Secretaría de

Gobernación.


VIII

En el capítulo cuatro describiremos las evidencias y simulaciones de un estado fallido

en la protección y resguardo de la sociedad en materia de seguridad pública, se estudia

el ascenso de la delincuencia sobre un criminal contexto y contención salarial que

empobrece sistemáticamente a la población, viéndose obligada a salir adelante a

cualquier precio. Un Ascenso delincuencial que sólo se le responde por razones de

Estado, es decir, si en su momento el Estado se volvió narco político, hay que sanearlo,

pero olvidando que para luchar de manera integral contra la delincuencia y la

inseguridad pública también se requiere hacerlo por razones ciudadanas y humanas,

que implica quitar la contención salarial, no hacer tan concentrada la distribución del

ingreso. Se analiza como en tomo a la acción penal participan negativamente

demasiados elementos como: el ministerio público, los cuerpos policiacos los jueces y

los implicados, cuando sólo debiese ser monopolio de los jueces y de los tribunales. En

ese sentido, la acción penal se convierte en una mercancía lo cual agrava la

inseguridad pública. En este capítulo se propone que para enfrentar la inseguridad

pública es necesario: un diagnóstico correcto, luchar contra la inseguridad no sólo por

razones de Estado, sino también por razones humanas. Asimismo, es necesario

diseñar un mecanismo que contribuya a mejorar el gasto y la fiscalización de los

recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el

Distrito Federal, para disminuir el subejercicio y desvío de dichos recursos, hacia fines

ajenos a la seguridad pública.

En conclusión, esta investigación plantea que la respuesta del Estado frente a la

inseguridad al crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue acertada pero

únicamente constituye un primer paso hacia la construcción de un frente común contra

la delincuencia, puesto que se requiere de manera inmediata seguir avanzando en la

consolidación del mismo, ya que a través de él, los gobiernos federal, estatales y

municipales, han logrado definir en forma coordinada la delimitación de diversas líneas

de acción de la seguridad pública.

Método de investigación


IX

El diseño de la investigación es de naturaleza no experimental, descriptiva y

observacional, es decir, se han identificado y descrito los principales elementos y

características de las medidas tomadas por el estado en materia de seguridad, para lo

cual se utilizaron bases de datos como estadísticas sobre el tema principal.

La actividad se centra en el uso de fuentes bibliográficas y hemerográficas, así como

referencias documentales como informes y evaluaciones sobre el tema de la seguridad

pública.

Las referencias utilizadas se encuentran adecuadamente registradas en el aparato

crítico y la bibliografía que acompaña al reporte escrito.

Asimismo en cuanto al diseño de la investigación se encuentra el haber sido de carácter

retrospectivo y transversal, dado que se preparó con información obtenida con

anterioridad al proyecto y con fines ajenos al trabajo de investigación, así como se

miden las variables una sola vez y en un momento determinado.


X

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN.

La violencia que padece actualmente la población mexicana se traduce en un problema

de legitimidad del estado, tanto por la dimensión que ha adquirido la muerte por dichas

causas como por los efectos materiales y emocionales que ocasiona. Su origen se

encuentra en factores históricos, demográficos, psicológicos, económicos, biológicos,

sociales, entre otros.

La seguridad en México se deterioró en cincuenta años, en un proceso constante y

acumulativo, no en un incidente instantáneo y único. Las características básicas de la

violencia delincuencial actual son cinco: incorporación de nuevas tecnologías, fuerte

dosis de violencia, alto grado de desafío, amplia organización y alta virulencia.

La seguridad pública es una demanda ciudadana que requiere atención prioritaria. El

presidente de la república en ese entonces Felipe Calderón Hinojosa propone en

materia de seguridad, lograr tres objetivos fundamentales:

1. Rescatar el espacio público dignificando zonas marginadas y espacios de

recreación, e incidiendo positivamente en aquellos problemas sociales que son

caldo de cultivo para la delincuencia organizada. La participación ciudadana será

indispensable en este campo.

2. Combatir la impunidad para que los delincuentes sepan que, realmente serán,

sancionados con estricto apego a derecho. Por ello, establecer un mapeo y

análisis sistémico del fenómeno delictivo en México es tarea prioritaria en este

rubro.

3. Garantizar los derechos de la víctima, protegiendo su identidad y procurando el

resarcimiento del daño causado.


XI

De acuerdo con lo que el expresidente de la república establece en la plataforma

electoral de su campaña, sus propuestas enfrentan el problema desde dos frentes. El

primero contempla la aplicación de una política preventiva y de cara a la sociedad, pone

en el centro del debate al ciudadano y sus derechos, y que utilice como eje rector el

desarrollo humano sustentable, pugnando por establecer condiciones de vida dignas

que prevengan el crimen y garanticen a todos el goce de sus derechos y libertades.

El segundo frente implica seguir una política activa en el combate y sanción de los

delitos, mejorando para ello las herramientas con que cuentan los cuerpos policiales,

los ministerios públicos y los peritos investigadores, así como la capacidad y

funcionamiento del sistema penitenciario. Supone incluir acciones en el plano

internacional para establecer convenios de colaboración y mejorar el combate al crimen

organizado como son el tráfico de drogas, de personas y de mercancías.

La falta de seguridad pública ha minado la capacidad de los mexicanos de alcanzar un

desarrollo humano sustentable. Ante la creciente inseguridad generada tanto por

quienes operan por su cuenta como por los miembros del crimen organizado la

población ha sido obligada a modificar sus actividades normales buscando evitar caer

víctima de la delincuencia restringiendo su libertad y poniendo en peligro su vida e

integridad física.

Soporta también costos económicos importantes: desalienta la inversión, frena la

creación de empleos y restringe la posibilidad para que muchas familias puedan

acceder a un ingreso digno que les permita mejorar sus condiciones de vida,

incrementando la brecha de la desigualdad en el ingreso.

El problema de la inseguridad es muy serio. Según la Encuesta Internacional sobre

Criminalidad y Victimización, el promedio nacional de la población que se siente algo o

muy insegura en su entidad ronda el 44%, aunque en entidades como el Distrito

Federal, la cifra puede subir hasta 83%.

ESTADISTICAS DELICTIVAS DEL FUERO FEDERAL


XII

En función del desempeño de las autoridades encargadas de dar protección y vigilancia

se observa que, a pesar de que el personal responsable de mantener la seguridad

pública aumentó en más de 57 por ciento de 1993 al 2000, su efectividad para disminuir

la delincuencia medido por el número de presuntos delincuentes registrados en

juzgados de primera instancia, ha sido casi nula, pues no ha tenido ningún efecto visible

en su reducción.

A luz de la magnitud del crimen que ofrecen las cifras del ICESI, lo anterior nos revela

que la contratación de personal ha sido poco eficaz para disminuir la delincuencia en el

país. Mientras que en 1993 la razón entre personal y presuntos delincuentes era de tres

a uno, en el 2000 fue de cinco a uno. Esto quiere decir que en el año 2000 se

necesitaron dos elementos de seguridad adicionales para que se consignara a un

delincuente en comparación con los que se necesitaban hace siete años.

En términos de recursos económicos, el gasto en seguridad se ha estado incrementado

paulatinamente desde principios de la década pasada. De 1990 al 2000 el gasto

administrativo en seguridad pública, que incluye el gasto de las entidades federativas y

del Poder Ejecutivo, aumentó en 160 por ciento en términos reales. En cuanto a la

eficiencia del gasto en seguridad para disminuir la delincuencia, se deberían esperar

cambios en la tendencia de presuntos delincuentes similares a los mencionados en

relación con los aumentos en el personal de seguridad.

Como se observa, el mayor presupuesto en seguridad pública no ha tenido ningún

efecto para reducir la delincuencia en términos del número de presuntos delincuentes

por cada 100,000 habitantes. La ausencia de una reducción en el número de ellos

indica una falta de eficiencia por peso gastado en seguridad.

De hecho, el presupuesto de 1996 permitía consignar el mismo número de presuntos

delincuentes que al del año 2000.


XIII

Por otra parte, una consecuencia fundamental del combate efectivo de la delincuencia

es una reducción en el riesgo de ser víctima de un delito. Sin embargo, es claro que la

percepción sobre el riesgo de ser víctima de la delincuencia ha aumentado

considerablemente en la sociedad mexicana, lo que resulta de la ineficiencia del

personal de seguridad para disminuir la delincuencia. El riesgo que enfrentan los

ciudadanos de ser víctimas de un crimen, las cifras oficiales revelan incrementos

importantes en el riesgo en los últimos años.

Las probabilidades indican como medida del riesgo para la población que mientras al

principio de la década pasada (1991) una persona de 568 podría ser víctima de un

crimen, en el 2000 una de cada 529 personas podría serlo. Esto implica que, en un

lapso de diez años, el número de víctimas en el país con riesgo de sufrir un delito ha

aumentado en 11,682 de acuerdo a las cifras oficiales (13 nuevas víctimas por cada

100,000 habitantes).

Naturalmente, el riesgo de ser víctima de un delito es considerablemente mayor cuando

se estima con la información disponible sobre denuncias, que es una mejor medida del

nivel de crimen que el número de presuntos delincuentes.

Utilizando las cifras que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para

el año 2001, una de cada 69 personas será víctima de un crimen, mientras que

utilizando las cifras del ICESI, una de cada 22 personas sufrirá un delito (Revista

Entorno de octubre de 2002). Se concluye que el riesgo estimado a través de los

presuntos delincuentes está subestimando el riesgo real por un factor de 8, de acuerdo

con el SNSP, y por un factor de 24 si se utilizan las cifras del ICESI. Estos niveles de

riesgo son alarmantes y reflejan la angustia de la población respecto al problema de la

inseguridad.

Por otra parte, en relación con la denuncia de los delitos de acuerdo con las cifras que

reporta el ICESI, sólo el 34 por ciento del total de las víctimas de la delincuencia

reportaron el delito ante algún tipo de autoridad, y de ese porcentaje, únicamente el 64

por ciento lo denunció ante el Ministerio Público.


XIV

En términos de la capacidad de las autoridades para responder a las denuncias de la

sociedad resalta que, de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, sólo en

76 por ciento de los delitos denunciados se levantaron actas de denuncia. Esto se

resume en que, en el ámbito nacional, de cada 100 delitos cometidos, únicamente 16

fueron documentados por las autoridades del Ministerio Público, indicando la poca

efectividad del proceso para contar con una relación real sobre delitos y del problema

de la delincuencia en el país.

Las entidades donde la proporción de víctimas que no denunciaron al haber sufrido un

delito fue mayor en el Distrito Federal (76 %por ciento).

Por lo que respecta a la efectividad de las autoridades para resolver sobre actos

delictivos, del total de las actas levantadas en el Ministerio Público durante el 2001, en

45 por ciento de los casos no pasó nada, en 23 por ciento de ellos la denuncia no

procedió, en 17 por ciento estaban en trámite y sólo en 11 por ciento se consignó al

delincuente.

Estas estadísticas reflejan por sí mismas la apreciación de poca efectividad y

desconfianza que tiene la sociedad en las autoridades encargadas del sistema de

administración de justicia y seguridad pública en el país. Dado que en 68 por ciento de

las denuncias (no pasó nada y no procedió la denuncia) no ocurre absolutamente nada,

esto explica a su vez, el alto nivel de víctimas que no denuncian el delito. En otras

palabras, en siete de cada diez denuncias documentadas no se resuelve nada y sólo en

una se consigna al delincuente.

El INEGI quien reportó cifras de la delincuencia en México que muestran un vertiginoso

ascenso en el 2001: el número de los presuntos delincuentes del fuero común se

incrementó en 122.9%, los delitos con violencia se incrementaron en 69.4% (INEGI

2001. Estadísticas por tema. Estadísticas Sociodemográficas), mientras que los robos y

asaltos registraron un incremento de hasta 261.5%, confirmando así la escalada de

violencia.


XV

Asimismo, registran el efecto en las tasas del crimen, es decir, que una vez que las

regulaciones de delincuencia se han incrementado significativamente, tienden a

mantenerse elevadas.

Por su parte el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad Pública (ICESI) ha

llevado a cabo cinco estudios sobre las víctimas que, alternadamente, han abarcado las

entidades federativas y algunas de las zonas urbanas más importantes del país.

Dichos estudios permiten conocer datos acerca de la criminalidad que no revelan las

estadísticas oficiales, tales como la cifra negra, los patrones de los delitos, las

características de los delincuentes y la actuación de las autoridades encargadas de la

materia. Asimismo, el ICESI ha formulado propuestas para combatir diferentes aspectos

de la inseguridad en el país.

El INEGI en conjunto con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI),

logró realizar la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2004 (ENSI).

Dentro de esta tercera encuesta se recabó información relacionada con la percepción

de haber sido víctima de algún delito, así mismo se recabó la percepción de la

población en general con respecto a la inseguridad y la evaluación de las autoridades

policíacas.

Las cifras de la delincuencia en México muestran un vertiginoso ascenso en los últimos

veinte años: el número de los presuntos delincuentes del fuero común se incrementó en

122.9%, los delitos con violencia se incrementaron en 69.4% (INEGI, 2001), mientras

que los robos y asaltos registraron un incremento de hasta 261.5%, confirmando así la

escalada de violencia. Asimismo, registran el efecto inercial de las tasas del crimen, es

decir, que una vez que las tasas de delincuencia se han incrementado

significativamente, tienden a mantenerse elevadas.


XVI

Los datos que se presentan corresponden al periodo comprendido entre los años 2002

y 2004, para estos años el ICESI reportó que en Distrito Federal los delitos cometidos

fueron:

Año Delitos

2002 1, 808,201

2003 1, 684.963

2004 1,704,441

La Incidencia de delitos por género durante 2004 reporta:

947,579 Hombres

756,862 Mujeres

Total 1, 704,44117

Otros datos son resultado de la Cuarta Encuesta Nacional sobre Inseguridad en zonas

Urbanas, cuyo periodo de referencia es el año 2005.

Entre los resultados obtenidos dentro de dicha encuesta encontramos que, con

respecto al Distrito Federal la proporción es por cada diez habitantes tres han sido

víctimas de por lo menos algún delito durante su vida. De éstos la población de 18 años

o más afirmó ser víctima en su ciudad, en donde la población correspondiente a este

rango de edad en el Distrito Federal es de 26.9%, convirtiéndose en la entidad con él

más alto porcentaje respecto a dicha población.

Si bien la delincuencia afecta a toda la sociedad, la víctima es las más lastimada y

afectada por esta problemática, la estructura de personalidad, el tipo de delito y la forma

como se cometió el ilícito condicionan las secuelas que ésta experimenta.

De esta manera, la inseguridad pública es el reflejo de diversas contradicciones de la

sociedad que van desde los múltiples problemas que se pueden encontrar en el sistema

de procuración y administración de justicia hasta las transformaciones de la familia en


XVII

los últimos años. En la ciudad de México, este fenómeno se constituye como uno de los

problemas principales para el gobierno en cuanto a su solución y la sociedad. Ante esta

situación es de gran importancia conocer el contexto del Distrito Federal.


XVIII

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Objetivo General.

Examinar y explicar los resultados y herramientas de la actual estrategia contra la

seguridad del Gobierno Federal, a partir de considerar el marco normativo e

institucional existente y su impacto en los niveles de legitimidad del estado, con el

objetivo de proponer reformas dados su bajo resultados manifiestos.

Objetivos Particulares.

• Realizar una revisión del carácter y forma que establece la autoridad para dar

cumplimiento a la obligación que le compete al estado como garante de la

seguridad pública, tanto en su carácter preventivo, persecutorio y punitivo.

• Identificar los diversos problemas que presenta la impartición de justicia, y como

estos impactan el grado de legitimidad sobre las acciones que establece el

estado a nivel federal.

• Examinar las distintas estrategias que ha implementado el estado con el fin de

atender los distintos efectos de la inseguridad y la delincuencia.

• Identificar los principales elementos que señalan la sociedad civil y las

organizaciones gubernamentales como temas sensibles respecto a la respuesta

del estado al tema de la inseguridad.

• Conocer los elementos que integran el concepto de la seguridad pública, así

como su evolución en la historia reciente en México.

• Identificar los principios y directrices que definen la estrategia del gobierno

mexicano para reducir la inseguridad.


XIX

• Describir el marco legal que le da coherencia a la política de seguridad pública,

así como los mecanismos desplegados para su ejecución.

• Identificar los factores sensibles que afectan el diseño y ejecución de la política

de seguridad del estado mexicano.

• Distinguir los efectos de negativos en la percepción de la opinión pública

respecto a la efectividad de las acciones en materia de seguridad pública.

• Establecer las líneas generales para una reforma de ley, por medio de la cual, se

le dé mayor énfasis a la sustitución de los mecanismos que no han logrado los

objetivos planteados.


XX

3. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

El aumento de la delincuencia influye para que se incremente la percepción de la

inseguridad en los ciudadanos, pues muchos factores contribuyen a fomentar la

sensación de indefensión ante los poderes fácticos que significa estar a merced del

capricho e intereses de la delincuencia en amplios sectores de la sociedad mexicana.

Si bien las condiciones de inseguridad por la proliferación de la delincuencia y los

niveles de impunidad son circunstancias innegables que afectan a muchas personas en

distintas partes del país, hay que tomar en cuenta que para muchos la sensación de

inseguridad está relacionada con percepciones derivados de un clima de opinión.

Conforme a los datos obtenidos en la ENSI-1, en la ciudad de México hay más gente

que se siente insegura, (llegando a ser casi el 80% de sus habitantes), en comparación

con el resto del país (47%). De esta forma en el D.F., existe poco menos del doble de

personas que se siente insegura en comparación con las personas del resto del país;

en los ámbitos del trabajo y la escuela, la proporción de la gente que se siente insegura

es 3 veces mayor, y en la calle llega a ser 4 veces más.

En todo caso, y por más que exista una brecha entre la realidad y la percepción pública

de inseguridad frente a la delincuencia, es evidente que los ciudadanos no se sienten

adecuadamente resguardados por las instituciones públicas en su seguridad física y

patrimonial; muchos tienen la sensación de que la criminalidad ha rebasado a las

instituciones y de que la delincuencia se encuentra prácticamente fuera de control. Esta

falta de confianza que alimenta la sensación de inseguridad se convierte en un círculo

vicioso en la medida en que el ciudadano no recurre como debiera a las autoridades

para denunciar los delitos o para aportar elementos que ayuden a esclarecerlos. Gran

parte de los habitantes de la ciudad de México no denuncian los crímenes que sufren

porque saben que es una pérdida de tiempo. No sirve de nada y a veces es peligroso,

pararse cinco o seis horas a la espera de que un agente del Ministerio Público escriba

en un acta lo que quiere.


XXI

Nunca tantos ciudadanos habían declarado tan abierto rechazo hacia la inutilidad de los

servicios de la Procuraduría, así, la ENSIP demostró que la gran mayoría de la

población que sufre algún delito no denuncia el hecho ante las autoridades.

Durante el 2001 en el D.F. un 76% de las víctimas NO denunciaron el delito, mientras

que un 66% tampoco lo hicieron a nivel nacional. El motivo principal de la no denuncia

fue la pérdida de tiempo y la realización de trámites largos y difíciles, seguida por la

desconfianza en la autoridad. A esto hay que agregar que de las personas que Sí

denunciaron el hecho, la gran mayoría no obtuvieron resultado alguno de su demanda,

de esta manera se encuentra que el 53% de los denunciantes no consiguieron nada al

reportar el delito en el D.F., y un 47% de ellos a nivel nacional tuvieron el mismo

resultado. Por ejemplo, únicamente el 45% de las personas que sufrieron el delito de

asalto a nivel nacional lo denunciaron, y de esos casos sólo 15% de los delincuentes

fueron consignados.

Al no existir esta confianza aumenta la cifra negra, es decir, todos aquellos delitos que

se cometen y que las autoridades no contabilizan, ya sea porque no son denunciados o

porque el Ministerio Público no los tomó en cuenta al considerar que se derivaron de

otro ilícito.

Otros delitos que alimentan la cifra negra, son aquellos en donde aun siendo

denunciados no son contabilizados por el Ministerio, por ejemplo, cuando ocurre un

asalto a un microbús en donde los delincuentes se suben y despojan de sus

pertenencias a los usuarios, pero el Ministerio Público; en lugar de contabilizar el robo

que sufrió cada víctima, toma a todos como uno solo.

Es por ello que la única forma de tener acceso a la cifra negra, es a través de la

realización de encuestas victimológicas, en las que se le pregunta a la gente si ya o no

sufrido algún tipo de delito.


XXII

Los estudios victimológicos, además de permitir calcular la totalidad de los delitos que

ocurren, son útiles porque ofrecen información acerca de las víctimas, lo que permite

diseñar estrategias de combate al delito.

Hasta el momento se ha hablado de la situación actual que vive México en cuanto al

alarmante aumento de la delincuencia, y con ello la inseguridad que experimentan en

cada momento al vivir en esta gran ciudad, pero es fundamental remitirse a los factores

y consecuencias que experimentan los ciudadanos en su cotidianidad como producto

del Crimen y la Delincuencia al habitar en las grandes ciudades.

Dentro de las posibles reacciones que sufren las personas ante el fenómeno de la

criminalidad y la violencia, destacan la inseguridad y los cambios en las formas de vida.

Estos aspectos están íntimamente relacionados con lo que implica vivir en una gran

ciudad, donde en general existen ambientes físicos amenazantes que generan

problemas en la forma de ser de sus habitantes.

Los habitantes de las grandes ciudades en donde la delincuencia ha aumentado,

experimentan lo que se ha llamado miedo al crimen y percepción de la inseguridad, dos

conceptos que se manejan como semejantes, pero que sin embargo no lo son.

"Se ha definido el miedo al crimen como: el sentimiento de inseguridad, preocupación

por ser víctima de un crimen en particular, reacciones al crimen, etc. Yin (1980) define

al miedo al crimen· como la ansiedad que siente la persona por la amenaza de ser

victimizado. Por otro lado, Rige (1981) Y Pían (1991) definen a la inseguridad como la

pérdida del sentimiento de seguridad ocasionado por ciertos factores como el deterioro

físico del medio ambiente y la oscuridad" (Zaldívar, Humberto, UNAM, 1993, p. 62).

Por lo tanto la seguridad percibida en general se define como la percepción de

vulnerabilidad que tiene una persona de ser un posible blanco de agresión en diferentes

espacios familiares y desconocidos con características físicas específicas.


XXIII

"La vulnerabilidad se ha definido como percepción del riesgo y susceptibilidad y también

incluye un nivel objetivo y otro subjetivo" (Ibídem, p. 68)

“En cuanto al nivel objetivo, Skogan y Maxfield identificaron dos tipos de vulnerabilidad:

la física y la social. La física se refiere a la posibilidad de ser atacado por poseer

características físicas de debilidad, incapacidad de responder a una agresión y el riesgo

de desarrollar consecuencias físicas severas si se es atacado. La vulnerabilidad social

se refiere a una posición que ocupa el individuo en la sociedad, que le expone a la

amenaza de victimización y a sufrir consecuencias por ésta” (Ramos, Luis. 1990, p. 55).

Se han sugerido como indicadores importantes de este tipo de vulnerabilidad los bajos

ingresos y el pertenecer a una minoría étnica, ya que la gente que vive en zonas

marginadas tiene mayor contacto con un medio ambiente violento. En México los

grupos más vulnerables en este sentido son las personas que migran de zonas rurales

a las grandes ciudades como el D.F., Guadalajara, Monterrey y Puebla.

"A nivel subjetivo, la vulnerabilidad puede considerarse como un proceso cognitivo

afectivo. El componente cognitivo se observa en las creencias que pueden tener los

individuos de que son susceptibles de sufrir eventos negativos y de que están poco

protegidos contra el daño o infortunio. Acompañando esta cognición, está el

componente afectivo como los sentimientos de ansiedad, miedo y aprehensión."

(Zaldívar, Humberto, Op. cit. p. 71)

La ENSIP mostró que el sector de la población que se siente más seguro, es el de los

adultos mayores de 65 años, mientras que los adultos de entre 46 y 55 años, a nivel

nacional, y los de 56 a 65 años en el D.F., son los que se sienten más vulnerables a la

delincuencia, aunque, en el caso de la ciudad de México en todas las edades el

sentimiento de inseguridad predomina.

Las personas que no han sido víctimas de algún suceso negativo, tienden a subestimar

su posibilidad de ocurrencia. Esta percepción de inviolabilidad también puede reflejar

una necesidad de control personal o una exagerada sensación de poseer habilidades


XXIV

para controlar los resultados. En el estudio se encontró que la mayoría de las personas

entrevistadas que fueron víctimas del delito o tuvieron a una víctima dentro de su hogar,

perciben su lugar de residencia como inseguro, mientras que las personas que no

fueron victimizadas consideran por lo menos algo seguro, es decir que el haber sido

víctimas de un delito cambia su percepción de seguridad.

Dentro de los factores medio ambientales se puede mencionar que los ambientes

conocidos generan en los sujetos sentimientos de seguridad y aquellos totalmente

desconocidos provocan miedo e inseguridad. Así, la ENSIP mostró que el lugar donde

los mexicanos se sienten más seguros es el hogar, seguido por el trabajo o la escuela,

mientras que el sitio donde se sienten más vulnerables a la delincuencia es en el

transporte público y en la calle en segundo lugar. Son variadas las causas por las que

los sujetos pueden experimentar miedo en lugares nuevos, una es la exposición a

señales desorganizadas que se interpreta como peligrosas por no estar familiarizado

con ellas.

"Uno de los factores ambientales que causan más inseguridad en los sujetos es el

deterioro físico del medio. Liska, menciona que el miedo al crimen en las personas está

muy relacionado con la ansiedad, que se caracteriza por preocupación, nerviosismo e

intranquilidad urbana derivado de la desorganización física y social del entorno que les

rodea. Los símbolos asociados con desorden como adolescentes merodeando en las

calles, incrementan la intranquilidad urbana y con ésta, el miedo al crimen y la

inseguridad" (Ibídem, p. 79).

También uno de los factores que se asocia al miedo en el ambiente es la oscuridad, la

asociación frecuente de la oscuridad o la noche con el peligro es sorprendente y existe

una clara evidencia de que muchos sujetos evitan dejar la casa después de que

anochece por miedo a ser victimizados.

Entre las características del medio ambiente que se asocian con el miedo al crimen,

existen factores sociales que parecen influir en el incremento del miedo y la

inseguridad. Entre estos factores se encuentran los medios de comunicación.


XXV

Los medios de comunicación ejercen una gran influencia sobre las representaciones

que el público se hace de la criminalidad y del delincuente, al transmitir de ellos

imágenes estereotipadas y casi siempre incorrectas.

Entre los medios de información, la televisión es la que ha cobrado mayor importancia.

Tienen una gran trascendencia, ya que llega a un público mucho más amplio que el que

consulta la prensa escrita, sobre todo a aquellas personas que, son más sensibles al

miedo y al crimen.

"Así los medios de comunicación elaboran las noticias de una manera tan cuidadosa

que llegan a generar en ciertos receptores una percepción de vulnerabilidad y miedo

ante la posibilidad de ser victimizado, lo que origina que empiecen a tomar

precauciones en su estilo de vida" (Ibídem, p. 108).

El miedo al crimen depende del grado de exposición de los ciudadanos a la información

que la prensa transmite sobre la criminalidad. Sin embargo diversos estudios (Rico,

José Manuel, 1998, p. 35), han probado la ausencia de una correlación positiva entre la

inseguridad ciudadana y el consumo de periódicos o de emisiones televisivas. En

cambio, el miedo al crimen parece aumentar considerablemente cuando las personas

interrogadas están informadas sobre los delitos de que ha sido víctima algún familiar o

amigo, en particular si estas personas presentan características sociales similares.

El miedo al crimen tiene consecuencias más allá de la profunda sensación de ansiedad

personal. A continuación se presentan las principales consecuencias que reporta la

psicología, dividiéndolas en dos importantes rubros: consecuencias individuales y

consecuencias comunitarias.

Entre las consecuencias que surgen por el miedo al crimen a nivel de los individuos se

encuentra principalmente efectos psicológicos negativos como sentimientos de

ansiedad, desconfianza e insatisfacción con la vida cotidiana, así como esfuerzos para


XXVI

reducir el miedo (por ejemplo ingerir drogas), para evitar la victimización (no salir de

casa en la noche, evitar a personas extrañas y limitación de actividades sociales).

La gente que teme ser víctima de algún acto criminal, tiende a permanecer más en

casa, en situaciones o medios que se han hecho más seguros con alarmas, cerraduras,

etc. Cuando salen de casa, tienden evitar actividades que perciben peligrosas. La

ENSIP mostró que un 20% de la población ha dejado de realizar ciertas actividades

para evitar ser víctimas de la delincuencia, mientras que en la ciudad de México es de

39%. Del porcentaje nacional, el 71 % no sale de noche y resalta un 7.5% que ya no

porta artículos valiosos como joyas. Mientras que de este 39% de personas en el D.F.,

el 77% ha dejado de salir de noche, seguido por haber dejado de visitar amigos o

familiares que viven lejos con un 5.6%. El sector de la población que más ha dejado de

realizar actividades por temor a la delincuencia, es el de los adultos jóvenes de entre 26

y 35 años de edad a nivel nacional y los de entre 36 y 55 años en caso del D.F.;

mientras que los jóvenes de entre 18 y 25 años y los adultos mayores de 65, son los

que menos han modificado sus actividades Aunado a estas reacciones pueden

aparecer, ciertas creencias que involucran la desconfianza en los demás. Es posible

que la victimización previa de la persona u otros conocidos de ella, pueda llevar a este

tipo de creencias. A ello se le puede agregar la sensación de "desmoralización", estado

en el que la persona se siente aislada, sin esperanzas e indefensa. Habiendo perdido la

confianza es su habilidad de defenderse contra el mundo, está expuesta a la ansiedad,

depresión, resentimiento, coraje y otras emociones.

Cabe aclarar que estas consecuencias no necesariamente tienen que aparecer en

todas y cada una de las víctimas del delito, además es posible que se presenten una o

todas de estas manifestaciones en la persona.

A nivel de la comunidad, el miedo al crimen tiene consecuencias adversas, por lo que

adquiere la relevancia de un problema social. Tiene consecuencias directas en las

relaciones y la vida social: impide la formación y mantenimiento de lazos comunitarios,

el enriquecimiento cultural o de diversión, la transformación de algunos lugares públicos

en lugares en los que no se puede entrar, lleva a ciudadanos a cambiarse de


XXVII

vecindarios, convierte a los individuos en seres menos sociales, más suspicaces y con

menos confianza mutua, pues la percepción de peligro lleva a desarrollar una vigilancia

generalizada y en las relaciones interpersonales a la evitación de extraños y vecinos.

Otra consecuencia de gran importancia del miedo al crimen es que reduce la apelación

de políticas penales liberales (como la rehabilitación) y lleva a incrementar la exigencia

de encarcelamientos y castigos, con base a la creencia de que el castigo es un buen

medio para frenar la criminalidad. Del mismo modo lleva a minar la legitimidad del

sistema de justicia al propiciar que los ciudadanos se hagan justicia por sus propias

manos.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

El debate sobre la inclusión del ciudadano en la agenda de gobierno, atestigua la

configuración democrática, plural y competitiva del nuevo sistema político mexicano, en

contraparte al anterior sistema unitario y compacto, articulado por un partido

hegemónico.

Ante la falta de innovación de las autoridades y su incapacidad de dar respuesta a la

demanda de seguridad pública que debiera ser su máxima prioridad, los mexicanos

hemos decidido asumir una actitud democrática activa para hacer un reclamo público a

las autoridades en contra de la inseguridad que ha secuestrado al país y exigirles más y

mejores acciones, así como mejores resultados concretos contra la delincuencia y la

impunidad.

Hoy en día es indispensable promover mecanismos que contengan alternativas

diversas a las establecidas en el sistema penal tradicional, que contribuyan eficazmente

en la lucha contra la inseguridad. Dentro de ellos se encuentra la participación de la

comunidad en el ámbito de la seguridad pública.

Rafael Ruiz Harrell señala "La capacidad de gobernar está siendo desafiada" (Ruiz

Harrell, Rafael, México, 1998, p. 101), cada día se observa como las acciones del


XXVIII

Gobierno Federal, los gobiernos de los estados, municipios y el Distrito Federal, son

insuficientes para contener la creciente inseguridad pública que sufre la ciudadanía.

El Estado Mexicano está centrando sus actividades básicamente en fortalecer las

estructuras formales y aumentar penas establecidas por las leyes del país dedicadas a

salvaguardar el orden y la paz social de manera coactiva, más que preocuparse por

preservar la integridad y los derechos de las personas, principio que para darse

requiere de una probabilidad de la aprobación general de las normas emitidas, es decir,

de preservar el consenso. El orden se garantiza en la medida en que se dé aceptación

del Cuadro de los individuos para preservarlo en la comunidad, lo cual fortalece a las

instituciones.

La victimización aumenta y a diario aparecen nuevas formas de criminalidad cada vez

más organizadas y sofisticadas. Esta situación demanda gran capacidad de reacción

coordinada entre Gobierno y sociedad para poder cumplir las necesidades que se tiene

en el sistema de justicia penal a fin de diseñar una política criminológica previa que

consulte a todos los actores sociales como lo establece el sistema nacional de

planeación democrática.

En la actualidad en México, se ha sobredimensionado las funciones del Gobierno en el

desempeño del papel activo que le corresponde al sector privado y a la comunidad.

Esta concepción se refleja en el sistema de seguridad que aún en su desarrollo no logra

ser participativo, incluyente y eficaz.

Además en la actualidad muchos ya no acuden ante las autoridades para denunciar por

temor o desconfianza de las prácticas corruptas y se presenta una situación de

confusión social en el mensaje de control social al no diferenciar entre cuáles son las

conductas reprimidas y cuáles las toleradas. Esta confusión se agrava porque las

autoridades reaccionan en casos iguales de manera distinta; en otra tantas al

delincuente no se le castiga y a quien denuncia se le convierte en sospechoso, lo que

genera un estado de incertidumbre social respecto al Estado de derecho que se

deslegitima aunque permanezcan las normas vigentes.


XXIX

"Generar un sistema de seguridad pública más participativo y eficiente representa un

desafío significativo para la evolución y consolidación del sistema democrático

mexicano. Esto obliga a replantear las políticas de seguridad pública y diseñar nuevos

modelos de participación y corresponsabilidad ciudadana que posibiliten el

restablecimiento de estándares de seguridad aceptables" (Lima Malvido, María de la

Luz. México, 2001, p. 3).

Muchos países de Latinoamérica están impulsando a través del Derecho Comunitario

reformas que reposicionen a la sociedad y la vinculen de manera permanente con las

estructuras de seguridad y justicia del Estado. Sólo así mediante la participación social

organizada será posible encontrar soluciones a la inseguridad.

"Con la coparticipación y corresponsabilidad del Gobierno el sector privado y la

sociedad civil se logrará generar las oportunidades de interacción que permitan

encontrar a las personas que deben concentrarse en soluciones de largo plazo;

atendiendo las prioridades que juntos determinen, mediante el establecimiento de

mecanismos, así como procedimientos de participación de la comunidad. Esto permite

que las instituciones, los ciudadanos y los grupos articulen sus intereses mediante sus

distintos roles y ejercicio legal de sus derechos y obligaciones" (Lima Malvido, María de

la Luz, México, 2000, p. 8).

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el rubro de orden y respeto, determina

que se iniciará un esfuerzo nacional para integrar recursos, instituciones públicas y

privadas, comités vecinales, organizaciones y asociaciones civiles o empresariales que

conformen la pluralidad de canales para la participación ciudadana en la creación de

una gran política nacional de prevención de delitos y conductas violentas que busquen

inhibir los factores de riesgo e incremente los factores de protección; asimismo,

simultáneamente se necesita, con la participación de Gobierno y ciudadanos, realizar

las actividades de educación y comunicación para fomentar los valores de tolerancia,

legalidad, diálogo, dignidad humana, convivencia, responsabilidad humana, libertad y


XXX

civismo proactivo elementos todos indispensables para crear una cultura de orden y

respeto entre los mexicanos.

Por su parte, el Programa Nacional de Seguridad Pública, 2001-2006 señala que "Con

una participación incluyente, activa, comprometida y responsable se podrán tener

efectos positivos en las acciones de gobierno para lograr resultados exitosos, máxime si

tomamos en cuenta que el crecimiento de las ciudades ha incorporado una mayor

complejidad a la estructura social caracterizada por conformar patrones de dinamismo,

crecimiento, masificación , diversificación, dispersión de intereses, pluralidad,

anonimato y decadencia de los principios de solidaridad, aspectos que favorecen la

comisión de conductas delictivas y bajo nivel de cohesión social. (Programa Nacional

de Seguridad Pública 2001-2006, el 14 de enero de 2003, primera sección p. 9)

La Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública en su artículo 8°, menciona que las autoridades establecerán

mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de

la seguridad pública; en el artículo 49 se señala que el Consejo Nacional establecerá

mecanismos y procedimientos para la participación de la sociedad respecto de las

funciones que realice y, en general, de las actividades de la seguridad pública en el

país.


XXXI

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

• ¿En qué consiste el tema de la Seguridad pública en la perspectiva de gobiernos

democráticos, cómo llegó a las agendas de gobierno, qué herramientas en

materia de políticas públicas existen, cuál es su relevancia?

• ¿Cómo se mide el éxito o fracaso en materia de seguridad pública, la percepción

es lo más importante?

• ¿Cómo se entiende la responsabilidad del estado de brindar seguridad en los

tres niveles de gobiernos en México?

• ¿Cuál ha sido el resultado de las acciones del estado mexicano contra el crimen

organizado?

• ¿Cómo se mide y cuales han sido los niveles de inseguridad en México en los

últimos años?

• ¿Cuáles son las principales demandas de la sociedad civil y organizaciones no

gubernamentales respecto a seguridad pública e impartición de justicia?

• ¿Cómo ha participado la sociedad civil en la integración e implementación de la

estrategia contra la inseguridad?

• ¿Qué medidas de reforma al marco normativo son necesarias para fortalecer la

estrategia de seguridad pública, sin afectar los derechos ciudadanos?

• ¿Cuáles son los principales orígenes de la inseguridad pública y como se mide?

¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los tres órdenes de gobierno?

• ¿En materia de seguridad la percepción es todo?


XXXII

• ¿Cómo ha evolucionado la participación ciudadana en los mecanismos de

seguridad pública en México en los últimos 10 años? ¿Cuáles han sido las

experiencias en los tres órdenes de gobierno? ¿Cuál es el balance en cuanto a

su efectividad?

• ¿Cómo se articula la política pública en materia de seguridad pública con el

grado de legitimidad del estado?

• ¿Cuáles es el cuerpo institucional que da soporte a la aplicación de la política

pública en materia de seguridad?

• ¿Cómo se integra y cuáles son las funciones y atribuciones de las principales

instancias gubernamentales que articulan la política federal de seguridad

pública?

• ¿Cuál es el impacto de la corrupción y la falta de transparencia en los

procedimientos judiciales en la eficacia de las medidas gubernamentales que

combaten la inseguridad?

• ¿Qué resultados se han obtenidos con los programas de gobierno en materia de

seguridad pública regional y su impacto en el quehacer económico?

• ¿Qué características debería contener la reforma de ley que promueva la

aplicación de la ley en el combate al crimen organizado y la inseguridad?


XXXIII

5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA.

CAPITULO I. LA SEGURIDAD PÚBLICA

Garantizar la seguridad pública implica el combate de las causas que generan

situaciones que contradicen los derechos humanos, que provocan un rompimiento del

Estado de Derecho y que ponen en tela de juicio los principios de legalidad y

democracia que nos rigen como sociedad. No es una labor que corresponda

exclusivamente al Estado, aunque él tiene la principal responsabilidad en la materia.

El concepto de seguridad pública ha variado según la época, los países y los

cambiantes regímenes políticos; hace referencia, en general, a dos necesidades

básicas que toda comunidad política pretende satisfacer: el mantenimiento de la paz y

el orden público. Su objetivo es hacer posible la convivencia social, concebida ésta

como la relación pacífica entre los individuos, regulada por leyes y principios auto

determinados, siendo esta una de las obligaciones primordiales del Estado.

Dicho concepto es muy complejo el cual está comprometido a contribuir con la

sociedad, a la protección de sus derechos humanos, así como a la promoción de la

civilidad como elemento clave para el resguardo del respeto y el orden de la nación y de

sus habitantes. Su ejecución se convierte en un instrumento que genera o disminuye la

confianza hacia las instituciones de orden público y en un grado no mayor, la

legitimidad del Estado.

En el ámbito institucional, la seguridad pública ha sido definida, en la Ley de Base para

la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad, como todas aquellas actividades

encaminadas a prevenir y disminuir las infracciones y delitos, así como las acciones

que realizan el Ministerio Público a través de la procuración de justicia, las autoridades

administrativas responsables de la readaptación social del delincuente y la adaptación

del menor infractor.


XXXIV

En el artículo 3° de la Ley General mencionada se define a la seguridad pública como

función del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de

las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Desde la

perspectiva de esta ley, el papel de los gobiernos locales es importante porque a ellos

corresponde la prestación de la seguridad pública.

Este concepto implica una concepción integral en dos ámbitos: un primer ámbito, con

respecto a la gestión intergubernamental de políticas (Agranoff, 1997), en el sentido de

que se contempla la participación de los tres ámbitos de gobierno, es decir,

formalmente los tres ámbitos tienen que coordinarse y cooperar, tanto en términos

normativos, como operativos. Situación que, en la práctica, no necesariamente sucede,

a causa de factores políticos, burocráticos y de gestión.

Otra dimensión de concepción integral, es la que plantea una visión de conjunto de la

seguridad y de la justicia (González, López Portillo y Yánez, 1994: p. 70). Estos autores

conciben que:

“el conjunto de los actores que participan en las políticas de seguridad, se integren en

un único órgano.”

Con ello, se pretende evitar la estructura competencial en materia de justicia y

seguridad pública fragmentada, que ha dado pie a una falta de unificación de criterios,

provocando políticas y acciones desiguales, sectorizadas, parciales y, en muchos

casos, contradictorias.

Por su parte, para Samuel González (Samuel González Ruiz, p. 49) seguridad pública

es:

El conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que lleva a cabo el Estado

con el fin de garantizar la paz pública y la observancia de los derechos fundamentales

de los individuos.


XXXV

La seguridad pública hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden público, que

se logra a través de los mecanismos de control penal. Mediante acciones de prevención

y represión de ciertos delitos y faltas administrativas que la vulneran, particularmente, a

través de los sistemas de procuración e Impartición de justicia.

De acuerdo con las diferentes definiciones mencionadas anteriormente, podemos decir

que la idea de seguridad pública está ligada a la preservación de la paz pública, de tal

manera que puede ser conceptualizada desde un punto de vista objetivo, como la

define Luis Jiménez de Azúa (Luís Jiménez de Azúa, p. 68):

La seguridad pública es por hoy un asunto de interés nacional que debe de ser atendido

y resuelto por el Estado de manera inmediata dadas las condiciones de inseguridad que

se han venido presentado en los últimos años, y cuyas consecuencias han repercutido

en la sociedad, provocando un colapso en el Estado de Derecho.

El Sistema de Seguridad Pública adquiere gran relevancia, ya que las políticas públicas

que debe establecer el gobierno en este sentido, deberán estar encaminadas a atender

las demandas de la población, privilegiando el bienestar social y preservando los

derechos humanos.

Las cuestiones de Seguridad Pública no deben ser ajenas a la promoción de los

derechos de las víctimas, a que se les imparta justicia, a velar por sus derechos

procesales, en especial a que tengan acceso a la reparación del daño material y moral

que se les ha causado, de lo contrario seguirá habiendo un retroceso en el Sistema de

Seguridad, Procuración y Administración de Justicia.

En los artículos 21 y 73 fracción XIII Constitucionales recogen los principios que dan

sustento a la Ley que establece las bases para la coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública; entendida como un conjunto de políticas y acciones coherentes y

articuladas que se orientan a garantizar y preservar la integridad de las personas y su

patrimonio; es decir, el mantenimiento del orden social, la paz pública y la defensa de

los intereses de la sociedad.


XXXVI

Por lo tanto, podemos decir que se trata de una función pública dirigida a garantizar la

protección de los individuos como parte de la seguridad jurídica a la que tiene derecho

la sociedad y que el Estado está obligado a brindar, a través de las normas

establecidas para tal efecto, atendiendo las necesidades públicas esenciales como

Prevención del Delito, Procuración e Impartición de Justicia, Readaptación Social y

desde luego el Auxilio a las Víctimas del Delito.

Es fundamental que el concepto de seguridad pública no sólo se entienda con un

enfoque meramente policial sino que también en lo político, social, cultural y económico

que inevitablemente la determinan en su rol social.

Por su parte, Ramón Sosa Montes (Ramón Sosa Montes, p. 79), agrega:

“El concepto de seguridad pública va mucho más allá de la seguridad para los actos de

gobierno; tiene que ver con los bienes y los derechos de los que habitan nuestro país y

comprende tanto los derechos humanos como la administración de justicia, así como la

prestación de servicios”. Abarca aspectos complejos que se encuadran dentro del

esquema general de un Estado de derecho.

Por lo cual la participación ciudadana es fundamental en el cumplimiento de las leyes

para lograr una armonía bien equilibrada entre los gobiernos y los gobernados.

La función de seguridad pública se encuentra vinculada a la idea de participación. La

seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de la autoridad;

exige la articulación y coordinación de todos los órganos que intervienen en los tres

niveles de gobierno a lo cual deben sumarse instituciones encargadas de educación,

salud, desarrollo social, inclusive la sociedad civil misma. La visión en torno a la

seguridad pública debe ser una visión global e incluyente que al tratar de tutelar valores

aceptados por todos nos lleve a una sociedad más justa.


XXXVII

La participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida pública, no sólo

particularmente respecto de los procesos electorales, desde mediados de los años

ochenta, se encuentran ubicados en la agenda internacional.

En los ámbitos tanto gubernamental como el de la propia sociedad, se ha invocado a la

participación ciudadana como elemento indispensable, sin el cual, ningún problema

social podrá resolverse o al menos enfrentarse con mayor éxito. La importancia de esta

temática emerge justamente cuando el tema de la democracia formal logra avanzar en

todo el mundo. La participación ciudadana viene a señalar la necesidad de que la

democracia llegue a todos los ámbitos o rincones de la vida social y política.

Históricamente en México, al menos desde hace más de tres décadas, los gobernantes

federales, estatales y municipales, han afirmado que, para combatir con mayor éxito la

delincuencia y la criminalidad, es vital la participación ciudadana. Mientras ésta no

suceda el problema se seguirá agravando, lo cual ha venido sucediendo puntualmente.

En todo el territorio de América Latina y de México, la delincuencia tiene una presencia

y desarrolla una actividad significativa.

Existen tendencias ciudadanas que están de acuerdo con la visión gubernamental

respecto de la participación ciudadana, otras no lo estarán y probablemente, la gran

mayoría de los ciudadanos no tengan ninguna idea formada respecto de su papel ante

este problema. Todos comparten, en cambio, la preocupación generalizada por los

índices alcanzados por la delincuencia. Ello, junto con otras variables, como la

incapacidad del Estado y sus cuerpos de seguridad para contenerlos han provocado

que en la sociedad exista una percepción de casi absoluta indefensión frente a la

delincuencia.

En México y América Latina “las participación comunitaria en la prevención del delito ha

tomado un lugar central en las políticas públicas de seguridad (...) Las políticas de

participación buscan incitar el apoyo ciudadano e incrementar la legitimidad de las

instituciones encargadas del control y de la prevención de la criminalidad”. (Dimmer, p.

45)


XXXVIII

La participación ciudadana, hace referencia “a la participación política pero se aleja de

ésta al menos en dos sentidos: abstrae tanto la participación ciudadana mediada por los

partidos políticos, como la que el ciudadano ejerce cuando elige a las autoridades

políticas. Aunque con múltiples sentidos, la intervención directa de los agentes sociales

en actividades públicas” (Cunill, 1997: p. 74).

Remitir a lo público es aludir en un mismo movimiento a la sociedad como al Estado. Lo

público no es un dato dado, sino un proceso de construcción. Por una parte, supone

asumir la posibilidad de que la sociedad se auto-gobierne a través de un Estado

democrático. Asigna, por tanto, una virtualidad al Estado espacio de realización de lo

público, pero sólo en la medida que represente a la sociedad se satisfagan necesidades

colectivas de manera autónoma, pero sin que ello implique la abdicación de las

responsabilidades estatales.

Dentro de la legislación mexicana se contempla a la seguridad pública como un servicio

y una función del Estado. A partir de la reforma constitucional de 1994, la seguridad

pública se convirtió en una responsabilidad explícita del Estado mexicano, una

responsabilidad compartida entre los 3 niveles de gobierno; es decir, del Estado en su

conjunto. El fin es mantener o establecer el orden y la paz pública. El artículo 21 de la

Constitución establece que:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los

Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala

[…] La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán,

según los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad

pública. Ya desde 1983 se responsabilizó al municipio de la seguridad pública; en las

reformas al artículo 115 constitucional se estableció que:

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:


XXXIX

h).- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía

preventiva municipal y de tránsito

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente Municipal, en los términos del

reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado

le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración

grave del orden público.

Si bien esta reforma permitió que el municipio se encargara de la vigilancia preventiva,

de establecer reglamentos de policía y buen gobierno, así como establecer las reglas

de comportamiento demandado a sus ciudadanos en los espacios públicos, para la

década de 1990 era evidente que la delincuencia había rebasado al municipio.

Otro aspecto dentro de las reformas de 1994 fue la inclusión de cambios al artículo 73,

para facultar al Congreso de la Unión para que creara y legislara esta nueva

coordinación en materia de seguridad pública. El resultado de esta reforma fue la Ley

General que Establece las Bases para la Coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (aprobada en 1994 y reformada en el 2000). Dentro de esta

legislación se define cómo entiende la federación el concepto de seguridad pública; el

artículo 3 dice que la seguridad pública es la función a cargo del Estado para

salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las

libertades, el orden y la paz pública. Esto se logra mediante la prevención, persecución

y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y

del menor infractor.

Asimismo, es responsabilidad del Estado combatir las causas de la delincuencia y

desarrollar políticas y acciones que fomenten en la sociedad valores culturales y cívicos

que induzcan el respeto a la legalidad. Para lograr estas metas cuenta con un sistema

de seguridad pública formado por distintas instituciones, cada una con una competencia

específica. Estas son la policía preventiva, el ministerio público, los tribunales, la prisión

preventiva, la ejecución de penas, el tratamiento de menores infractores, la protección a

instalaciones y servicios estratégicos, entre otras.


XL

Mediante esta legislación, el gobierno federal busca coordinar e integrar las distintas

áreas de gobierno --federales, estatales y municipales-- relacionadas con la seguridad

pública. Parte del objetivo era recuperar el lugar que correspondía a las instituciones de

seguridad pública frente a otras organizaciones que las estaban rebasando, así como

reglamentar el trabajo de la policía dentro de un nuevo marco jurídico.

La labor del Estado en materia de seguridad pública ha sido duramente cuestionada

desde hace décadas, y no podemos negar la existencia de serias complicaciones

internas que dificultan la meta de ofrecer un país en el que la seguridad no sea una

promesa sino una realidad.

1.1. EL ESTADO COMO GARANTÍA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Las sociedades, en las diferentes etapas de desarrollo, han practicado varias formas de

organización política, es decir, distintos modos de establecer las normas que permiten

la convivencia entre las personas.

En algunos grupos primitivos, los ancianos se encargaban de establecer las normas. En

Atenas, ciudad-Estado de Grecia antigua, los ciudadanos se reunían en la plaza pública

para tratar los asuntos de la colectividad y establecer las normas sociales.

En la Edad Media, los reyes establecieron normas y concentraron en su persona todo el

poder del Estado, es decir, instauraron gobiernos absolutistas.

Siglos más tarde, en la época moderna, se produjeron importantes cambios en la forma

de establecer las normas: se reconoció la autoridad de las instituciones políticas

encargadas de formular las leyes, que debían ser obedecidas por todos los habitantes

del reino. De este modo se sentaron las bases para el surgimiento del Estado moderno.

Los pueblos sometidos a un poder extranjero generaron una conciencia de identidad

nacional que, más tarde, les permitió luchar por su independencia. De esta manera


XLI

elaboraron normas jurídicas de acuerdo con sus intereses, eligieron un gobierno propio

y surgieron como Estados-Nación.

México se constituyó como Estado- Nación en 1821, cuando se independizó de

España. Los mexicanos crearon sus propias leyes, establecieron los límites del territorio

nacional y formaron su propio gobierno. De acuerdo con la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la forma de gobierno de México es la república

representativa, democrática y federal.

El Estado-Nación es una forma de organización política constituida por grupos humanos

que hablan la misma lengua, tienen un pasado histórico y cultura comunes. Sus

elementos constituidos son el territorio, la población y el gobierno.

Respecto al concepto y función del Estado, podemos señalar que es la institución

política que representa los intereses de la sociedad; su función consiste en fortalecer la

convivencia entre las personas. Surgió para ejercer la autoridad y garantizar él respecto

de los derechos de las personas de acuerdo con la ley.

“El Estado es un pueblo organizado bajo un poder soberano para la consecuencia de

sus intereses”. La Administración es la actividad principal del Estado para el

cumplimiento de sus fines.

Actualmente, el Estado constituye una forma de organización política característica de

las sociedades modernas. El Estado mexicano tiene su fundamento en la Constitución

Política y está integrado por el territorio, la población y el gobierno. De acuerdo con el

artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Supremo

Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Este artículo establece la división de poderes, que es una de las características

fundamentales de las repúblicas democráticas y representativas.


XLII

Entendiendo por gobierno al conjunto de personas e instituciones que tienen la

responsabilidad de conducir las acciones del Estado; de acuerdo con la ley, el gobierno

y las instituciones ejercen la autoridad sobre la sociedad.

El gobierno de la nación mexicana está representado en su sentido amplio, por la

integración y funcionamiento de tres poderes, como lo establece el Artículo 49

constitucional, o sea, el Estado mexicano, se divide para su ejercicio en los poderes

Legislativo, Ejecutivo y judicial.

A) PODER LEGISLATIVO

El poder legislativo se deposita, según al Artículo 50 de la Constitución, en un congreso

general, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

Las dos Cámaras reunidas constituyen el congreso general o Congreso de la Unión. La

Cámara de Diputados está integrado por 500 diputados, de los que 300 son electos de

manera directa por el voto mayoritario de los ciudadanos, y 200 según el principio de

representación proporcional, y representan todos en conjunto y cada uno por sí solo, a

la nación, al pueblo, en el senado del Poder Legislativo, y duran en su cargo tres años.

La Cámara de Senadores está compuesta por 128 miembros electos por el voto directo

de los ciudadanos pero, a diferencia de la otra Cámara, representan en el Poder

Legislativo a los estados o entidades federativas que componen los Estados Unidos

Mexicanos (31 estados y el D.F.), se eligen cuatro senadores por cada entidad y duran

en su cargo seis años.

La Cámara de Diputados y de Senadores tienen facultades expresas señaladas en la

propia Constitución, siendo la principal legislar, creando o modificando las leyes que el

país requiere y funcionan en periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones; los

ordinarios se dividen en dos periodos, el primero del 1° de septiembre al 15 de

diciembre de cada año, y el segundo, del 15 de abril al 15 de julio; los extraordinarios

pueden ser durante el resto del año si es convocado por la comisión permanente.


XLIII

Durante el receso del congreso, o sea, durante los meses de enero a abril, julio y

agosto, el Poder Legislativo está representado para sus funciones constitucionales por

la Comisión Permanente integrada por 15 diputados y 14 senadores, nombrados por

sus respectivas Cámaras en víspera de la clausura del periodo ordinario de sesiones.

B) PODER EJECUTIVO

De acuerdo con el Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos “se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo

individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

En México, el Poder Ejecutivo está representado por el presidente de la República,

quien concentra más poder que ninguna otra institución del país, pues es a la vez jefe

del Estado Mexicano, jefe del gobierno mexicano, y jefe de las Fuerzas Armadas de

México. Como jefe del Estado, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos

representa y simboliza la unidad nacional y la soberanía del poder mexicano.

El jefe del Poder Ejecutivo es electo cada seis años por una mayoría de ciudadanos,

pero al llegar a su alto cargo no sólo representa a esa mayoría sino a todos los

mexicanos. El Poder Ejecutivo se integra además con los secretarios de Estado, jefes

de Departamento y directores de instituciones descentralizadas y empresas del Estado

o paraestatales.

La Constitución establece expresamente las facultades que tiene el presidente de la

República, siendo sus principales obligaciones guardar y hacer guardar la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen; desempeñar

leal y patrióticamente el cargo y mirar en todo por el bien y prosperidad de la unión, o

sea, de la federación, según se prevé en el texto del artículo 87 de la Constitución que

el presidente pronuncia de viva voz al rendir su protesta del cargo ante los

representantes de la nación.


XLIV

Tiene nuestro sistema republicano federal y representativo tres niveles básicos de

expresión real en todo el país. Ellos son el Poder Ejecutivo de la federación o

presidente de los Estados Unidos Mexicanos; el jefe del Poder Ejecutivo de cada uno

de los 31 estados, o sea, los gobernadores de esos estados y los presidentes de los

ayuntamientos, a quienes se les conoce como presidentes municipales. Al respecto, el

artículo 115 establece que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de

gobierno republicano, representativo y federal, teniendo como base su división territorial

y su organización política y administrativa al municipio libre.

Cada municipio es administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no

hay ninguna autoridad intermedia entre el ayuntamiento y el gobierno del estado; los

municipios administrarán libremente su hacienda, y los estados y municipios en el

ámbito de sus competencias, expedirán las leyes, reglamentos y disposiciones

administrativas que necesiten para sus fines legales. Los ayuntamientos están

integrados por un número determinado de regidores, según la población de cada

municipio, entre los que se distribuyen las áreas de trabajo o responsabilidad social.

En el seno de las tres grandes entidades, federación, estados y municipios, existe

electo un titular de un poder ejecutivo, administrativo y político que no admite dentro de

su jurisdicción y competencia otro poder más arriba o superior; en su respectivo campo

territorial y poblacional funcionan por igual los otros dos poderes: el Legislativo y el

Judicial, pues la federación tiene su congreso general que comprende a la Cámara de

Diputados y a la Cámara de Senadores y el Poder Judicial Federal. Los 31 estados

tienen su poder legislativo, o sea, la Cámara local de Diputados para legislar y darse

sus propias leyes (en el D. F., la Cámara Local), así como sus propios poderes

judiciales representados en los tribunales superiores de justicia de cada Estado. Los

municipios cuentan con cuerpos colegiados que son los ayuntamientos reunidos con

todos sus regidores, los que están facultados para colaborar y aplicar reglamentos o

disposiciones relativas al gobierno y administración municipal, e igualmente, los

municipios disponen de su poder judicial a través de los jueces municipales que existen

para el conocimiento y resolución jurisdiccional de conflictos o problemas que por su

baja cuantía o gravedad son de su competencia.


XLV

C) PODER JUDICIAL

Conforme al Artículo 94 de la Constitución, el ejercicio del Poder Judicial se deposita en

una suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito, Colegiados en materia de

amparo y Unitarios en materia de apelación y en Juzgados de Distrito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 11 ministros y funciona en

pleno o en salas como órgano colegiado. Es la propia Constitución quien establece la

competencia de la Suprema Corte; los periodos de sesiones; el funcionamiento del

pleno y de las salas; las atribuciones de los ministros; el número y la competencia de

los tribunales de circuito y de los jueces de distrito dispersos por todo el país, así como

las responsabilidades en que incurren los funcionarios y empleados de ese Poder

Judicial de la Federación.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son nombrados por el

presidente de la República, siendo sometidos sus nombramientos a la aprobación de la

Cámara de Senadores, la que otorgará o negará esa aprobación dentro del término de

diez días. Los magistrados de tribunales de circuito y jueces de distrito son nombrados

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se debe destacar que miembros del Poder Legislativo elabora o aprueba las leyes del

país, el Poder Ejecutivo es el responsable de velar por su aplicación y cumplimiento y

por su parte el Poder Judicial, a través de sus respectivos ministros, magistrados y

jueces, es el órgano encargado de llevar a cabo la interpretación de las leyes para su

justa y exacta aplicación en los casos concretos; es la responsable de velar por la

seguridad jurídica de las personas y, mediante el juicio de amparo, proteger a las

personas contra las violaciones a la Constitución y a las Garantías Individuales y

sociales en que incurran las autoridades en perjuicio de aquéllas.

ESTADO DE DERECHO.


XLVI

El Estado de derecho se refiere a un modelo de Estado nacido con las constituciones

modernas y caracterizadas:

a) En el plano formal, por el principio de legalidad, en virtud del cual todo poder

público está subordinado a leyes generales y abstractas que disciplinan sus

formas de ejercicio y cuya observancia se halla sometida al control de legitimidad

por parte de jueces separados del mismo e independientes;

b) En el plano sustancial, por la funcionalidad de los poderes del Estado al servicio

de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, mediante la

incorporación limitada en su constitución de los deberes públicos

correspondientes, es decir, de las prohibiciones de lesionar los derechos de

libertad y de las obligaciones de dar satisfacción a los derechos sociales, así

como de los correlativos poderes de los ciudadanos de activar la tutela judicial.

El mantenimiento de la seguridad, tanto frente al enemigo exterior como frente a las

dimensiones interiores, debe constituir el fin del Estado y el objeto de su actividad. El

verdadero alcance de la actividad del Estado abarca todo aquello que puede realizar en

bien de la sociedad, pero sin lesionar el principio expuesto anteriormente.

El fin del Estado puede ser doble: puede proponerse fomentar la felicidad o

simplemente evitar el mal el cual puede ser, a su vez, el mal de la naturaleza o el de los

hombres. Si se limita al segundo fin, busca solamente la seguridad.

La seguridad es una de las funciones principales del Estado. El hombre, según

Rousseau, Locke y Hobbes, se une en sociedad para protegerse de otros y de sí

mismo. El hombre le otorga al Estado/autoridad la facultad para ejercer la violencia con

el fin de garantizar el orden y la paz dentro de cada sociedad organizada. En un

principio fueron los hombres fuertes de una comunidad, después los señores feudales y

el rey/emperador; hoy día, es el Estado moderno el que asume esta responsabilidad,

basándose en una normatividad que establece las conductas aceptadas que permiten

la convivencia civil, así como un aparato que busca garantizar y ejercer estas reglas y


XLVII

castigar a aquellos que deciden transgredirlas. Los Estados democráticos

contemporáneos presuponen la existencia de un estado de derecho que no sólo regula

la convivencia entre los ciudadanos, sino que también limita el poder del Estado para

ejercer la violencia. Se supone que éste no usará la represión, ni buscará el orden

público a cualquier costo. Existen condiciones y pasos que deben seguir. En el caso

mexicano, todos estos quedan incluidos dentro de la Constitución, los códigos penales,

los códigos de procedimientos penales y otras legislaciones que esbozan los derechos

y obligaciones del ciudadano frente al Estado.

La existencia de seguridad no significa necesariamente la vigencia del estado de

derecho, ni que esta seguridad vaya acompañada de justicia. Es por ello vital recalcar

que no es suficiente que una política garantice seguridad. Si ésta no genera justicia, ni

adhesión a las leyes de la nación y pasa por alto los derechos humanos y las garantías

constitucionales, es una política que no cumple con su cometido. La seguridad tiene

que ir de la mano de la justicia y el estado de derecho. Las políticas que no responden

a esta necesidad no son congruentes con la normatividad que regula el respeto a los

derechos de la población.

Uno de los problemas sociales de México que más están afectando actualmente a la

ciudadanía es el de la delincuencia. Este fenómeno, que no sólo lesiona el patrimonio y

la integridad física de las personas, sino también conlleva un deterioro en el estado de

derecho, desalienta la inversión - principalmente la de largo plazo-, debilita la base

competitiva del sector productivo nacional y, por ende, disminuye el potencial de

crecimiento económico del país.

Dado que entre las características inherentes a la existencia de un estado de derecho

está el adecuado control de las actividades delictivas, es fundamental que las

autoridades combatan eficazmente la delincuencia con el fin de poder mantener un

ambiente institucional que propicie la competitividad y el progreso de México.

Por sus características, la seguridad pública es un bien público que debe ser provisto

por el Estado, tanto para cumplir con su función esencial de proteger los bienes y la


XLVIII

integridad física de las personas, como para que se alcance un nivel de seguridad

socialmente eficiente que promueva el desarrollo del país.

Un bien público presenta dos propiedades esenciales: la primera se refiere al principio

de no-rivalidad en el consumo -el consumo de un bien público por un individuo no limita

el consumo del mismo bien por otro individuo-; y la segunda, al principio de no-

exclusividad -no se puede excluir a otros consumidores del consumo o "disfrute" del

bien. La seguridad pública satisface ambos atributos ya que no es posible racionar su

provisión a la sociedad, ni discriminar a ciertos segmentos de la población de su uso.

De dejársele al sector privado la provisión del servicio de seguridad, su producción no

sería suficiente para proteger a la totalidad de los ciudadanos equitativamente, pues no

todos estarían dispuestos a pagar su costo una vez provisto el servicio por otros

individuos.

En virtud de las dos propiedades de bien público, el sistema de seguridad pública será

socialmente eficiente sólo si protege colectivamente a todos los ciudadanos. Este

propósito se reconoce plenamente en la Constitución, la cual establece como obligación

del Estado, en su artículo 21, la protección efectiva para la generalidad de los

ciudadanos. La eficiencia social deriva de que los beneficios de una adecuada

seguridad pública multiplican los beneficios privados que obtienen los ciudadanos. Es

decir, un sistema de seguridad eficiente no sólo genera beneficios privados a las

personas y a las empresas, como sería una adecuada protección a la integridad física y

a los bienes e inversiones, sino también genera la prevalencia de un estado de derecho

cuyos beneficios, en la esfera social, se traducen en un ambiente propicio para que los

individuos y las empresas desarrollen, sin la incertidumbre de la inseguridad, sus

actividades productivas.

De una manera contraria, cuando existe un ambiente de inseguridad, se generan

importantes costos sociales adicionales a los costos privados. Esto es manifestado por

las personas o empresas, ya que deben protegerse de ser víctimas de un delito. La

protección de la integridad física y la propiedad de los bienes requiere, entre otras

cosas, que suspendan ciertas actividades -lo que limita la libertad-, se instalen alarmas


XLIX

u otros mecanismos de defensa, e incluso, en casos extremos, las personas adquieran

armas de fuego para defenderse de propia mano o decidan, sencillamente, mudarse de

ciudad o país. Por lo que respecta a los costos sociales, la delincuencia y la inseguridad

pública conllevan a la falta de un estado de derecho cuyas consecuencias económicas

son, entre otras, el cierre de empresas y la cancelación de inversiones, lo cual conduce

a una pérdida de fuentes de empleo y de generación de riqueza.

Con base en lo anterior, es fundamental que el Estado provea un sistema de seguridad

pública que dé a todos los que componemos la sociedad, protección y acceso

adecuado a la justicia. La efectiva protección de la ciudadanía y de sus bienes favorece

la creación de empresas, la inversión y la generación de empleos, elementos

indispensables para el progreso del país.

En México se han iniciado los cierres de empresas o la cancelación de inversiones por

la inseguridad, generándose importantes costos sociales implícitos para nuestro país.

De ahora en adelante es necesario que la autoridad redoble esfuerzos para proteger la

integridad física de las personas y la propiedad de sus bienes, no sólo porque son

derechos inalienables de los ciudadanos, sino también para alcanzar los beneficios

sociales de un ambiente de seguridad que permita la realización de un mayor desarrollo

económico y social.

1.2. ANÁLISIS Y RUMBO SOCIAL

En México, la seguridad y el control de las instituciones responsables de ella no han

sido un tema central de discusión del proceso de transición, por la naturaleza civil del

régimen mexicano. A partir de 1996 la seguridad pública comenzó a llamar la atención

de la opinión pública por el incremento percibido en robo de autos, asaltos a

transeúntes, robo en transporte público y la ola de secuestros en el Distrito Federal y

provincia. En el Distrito Federal, por ejemplo, el promedio diario de delitos del fuero

común denunciados ante el Ministerio Público local aumentó de 366 en 1993 a 679 en

1996 y a 700 en 1997.


L

La criminalidad en México ha presentado un crecimiento importante durante los últimos

años. El aumento de la delincuencia en el país ha sido de tal magnitud, que ha

ocasionado un fuerte sentimiento de inseguridad entre la población, particularmente en

la del Distrito Federal.

Antes de presentar las cifras de la delincuencia, cabe resaltar que en México existen

dos órdenes en la persecución de los delitos: los del fuero común y los del fuero federal.

Los primeros son responsabilidad de las autoridades locales, mientras que los

segundos, de las federales. Dado que la mayoría de los delitos que afectan a los

ciudadanos son del fuero común, éstos son los de mayor relevancia para el análisis.

Para puntualizar su importancia, en el año 2000 se identificaron cinco presuntos

delincuentes del fuero común por cada uno del federal.

Es importante advertir que en México no existe información histórica a nivel nacional

sobre el número de denuncias. La información disponible se refiere al número de

presuntos delincuentes registrados en los juzgados de primera instancia por fuero.

Dada la limitación de la información, se usará el número de presuntos delincuentes

como una variable próxima del problema de la delincuencia.

Una de las primeras complicaciones al estudiar la seguridad pública es que no hay una

definición única y precisa acerca de lo que es. Cada autor, cada dependencia

gubernamental tiene una definición distinta, dependiendo de sus funciones, objetivos,

intereses e inclinación política. Sin embargo, es posible hacer ciertas generalizaciones.

Por ejemplo cuando se habla de seguridad cada quien la percibe de distintas maneras;

esto se debe a la naturaleza dual de este término. Tiene tanto una connotación objetiva,

como una subjetiva; es decir, al hablar de seguridad, cualquier tipo de seguridad, no

sólo se hace referencia a la realidad palpable, sino también a una percepción individual

o colectiva sobre el tema. Por consiguiente, tomar en cuenta la percepción ciudadana

es crucial para las políticas de seguridad pública. No siempre sucede que las zonas con

menores índices de criminalidad sean las zonas dónde los ciudadanos dicen sentirse

más seguros, y viceversa. En la relación de datos del índice de denuncias y el índice de

percepciones sobre la seguridad que hace el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre


LI

Inseguridad (ICESI), queda claramente establecido que no hay una relación directa

entre los índices de denuncia y la percepción de inseguridad (ICESI, 2001, Gaceta

informativa 2). Es importante recalcar este punto porque cualquier política encaminada

a mejorar la seguridad de los ciudadanos tiene que tomar en cuenta el carácter

subjetivo de la seguridad y diseñar estrategias no sólo para disminuir el número de

delitos cometidos, sino para que los ciudadanos se vuelvan a sentir seguros y regresen

a los espacios públicos.

Académicos mexicanos proponen cambiar el concepto de seguridad pública por el de

seguridad ciudadana, como ya ha sucedido en otros lugares de América Latina (M.

Sarre, 2001, pp. 83-114). Sus argumentos principales son que tanto la seguridad como

la justicia deben alcanzarse utilizando medios democráticos, dentro del marco del

estado de derecho. Es decir, la gestión democrática se debe convertir en una

herramienta para alcanzar estas metas. Al cambiar el concepto de seguridad pública

por seguridad ciudadana, la ciudadanía se convierte en destinataria de las políticas de

seguridad, es a ella a quien sirve la seguridad y no a la autoridad. Lo que ahora se debe

privilegiar es que las políticas de seguridad respondan a las necesidades de los

ciudadanos, y garanticen el respeto a sus derechos. La seguridad es, al fin y al cabo, un

derecho básico de todo ciudadano y ciudadana.

Es así como se trata de establecer un antes y después en las políticas de seguridad;

aquellas en las que el Estado era el actor central y respondían a sus intereses (llamada

entonces seguridad pública) y hoy día, políticas de seguridad que responden a y ante el

ciudadano (seguridad ciudadana). Miguel Sarre propone una definición de seguridad

ciudadana al describirla como: “una actividad político-administrativa, la cual podría

medirse por los resultados en la acción del Estado ante las faltas administrativas y la

prevención de delitos” (M. Sarre, art. cit., p. 86).

Sarre diferencia la seguridad ciudadana del sistema de justicia penal, y define a este

último como: “persecución, defensa y juicio, sanciona a los responsables de los delitos

y proteja a los inocentes para responder exclusivamente a normas jurídicas y no a

criterios de conveniencia u oportunidad” (Ibíd., pp. 86-87).


LII

Es importante marcar la diferencia, porque como se mostrará más adelante, para el

Estado mexicano la seguridad pública no se limita a la prevención del delito, sino

también a la persecución e investigación de los delitos cometidos. Aun recalcando estas

distintas etapas, tiene que haber una visión sistémica del sistema penal en su conjunto,

dónde la fase de prevención del delito (seguridad ciudadana para Sarre y muchos

otros), justicia penal y readaptación social vayan de la mano. Si cualquiera de estas

etapas no funcionan cabalmente alguna de las otras dos lo va a resentir; sin acceso

efectivo a la justicia, sin un sistema penitenciario eficiente será muy difícil poder gozar

de seguridad plena.

El modelo de seguridad ciudadana debe considerar algunas condiciones que han

quedado de lado en la antigua concepción de seguridad pública.

Primeramente, debe buscar garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos al

sistema penal; debe buscar un equilibrio entre las exigencias legítimas de protección de

los individuos y las garantías constitucionales de los ciudadanos; puede experimentar

con un abanico más amplio de medidas para la resolución de conflictos (mediación,

conciliación, negociación, penas alternativas); debe incluir a las víctimas dentro del

proceso de resolución de conflictos de carácter penal; debe buscar educar a la

ciudadanía en temas de justicia y derecho, debe admitir la participación de la sociedad

civil en las discusiones y buscar la transparencia de sus procesos e información. Por

último, también se propone que la seguridad ciudadana forme parte de una estrategia

más amplia de desarrollo social (J. M. Rico y L. Chinchilla, 2002, pp. 176-177). Tal vez

este último requisito resulte ser el más complicado para crear una política de seguridad

ciudadana, pues se convierte en parte de la discusión sobre los elementos y factores

que realmente producen la inseguridad y la criminalidad: como el desempleo, la

marginación, la ignorancia. Y si la inseguridad tiene como origen una infinidad de

problemas sociales, ¿cuántos de estos problemas realmente puede atender el sistema

penal? Es decir, si se acepta esta premisa, entonces él éxito de las distintas

instituciones estatales encargadas de garantizar la seguridad depende de que se

alcance el de bienestar y la justicia social.


LIII

El ser humano es un ser de individual de naturaleza social. Como individuo es persona,

es decir, es un compuesto inseparable de materia y espíritu. La materialidad le impone

necesidades fisiológicas tales como comer, vestir, habitar, cohabitar, que deben ser

satisfechas de acuerdo a su dimensión espiritual, es decir, a su racionalidad y a su

voluntad. La espiritualidad le plantea necesidades de conocer, reflexionar, decidir-

participar, de solidaridad, estéticas, etc. En este aspecto de la espiritualidad, la

discusión en todo caso se centra en si esta espiritualidad es trascendente o no y en si

es de naturaleza distinta o no a la materia.

Los seres humanos además de ser individuos, es decir, seres únicos e indivisibles, son

seres sociales, es decir, son seres que para sobrevivir y desarrollarse como seres

humanos necesitan de la cooperación y del auxilio de los demás seres humanos.

La sociedad mexicana entiende hoy más que nunca la seguridad como un valor

necesario e importante en la vida cotidiana. Es un concepto muy amplio en el

imaginario colectivo que puede incluir, desde la concepción de una vida “en paz”,

pasando por la legalidad del estado de derecho, hasta simplemente no ser víctima de

un delito.

La seguridad entonces es un tipo de valor que se aprecia aunque no se encuentra y

precisamente, porque no se encuentra con facilidad, se le añora y aprecia más de lo

que sería el caso si estuviera presente.

Ocupa en la jerarquía de valores en la sociedad una alta responsabilidad, y la tendencia

que puede descubrirse mediante la investigación es que seguirá siendo una constante

en la vida de las personas y de la nación. Los mexicanos de hoy reclaman con voz más

fuerte seguridad para nuestro país, prueba de ello es el número cada vez más creciente

de redes sociales y organizaciones civiles que se conforman para hacer frente a todo

aquello que supone la inexistencia de seguridad (violación de los derechos humanos,

delincuencia organizada, tráfico y consumo de drogas, etc.).


LIV

Es necesario emprender acciones que repercutan en la construcción del bien común de

que es condición necesaria el orden y respeto que debe imperar en la vida pública.

El ascenso del hombre desde las cavernas, ha estado marcado por la transmisión de

los avances culturales de un grupo a otro y de una civilización a otra.

En la sociedad existen personas con intereses, aspiraciones y necesidades diferentes

y, en ocasiones, contrarias. Con frecuencia surgen divergencias entre compradores y

vendedores, entre patrones y trabajadores, entre miembros de una familia.

La dinámica social impulsa la necesidad de sustentar este Sistema de Auxilio a las

Víctimas del delito como parte de la protección jurídica que el Estado debe otorgar,

garantizando así un Sistema de Seguridad Pública más eficaz; cualquier medida que se

tome para el combate de la inseguridad resultará inadecuada sino se retoma la atención

que deben recibir tanto las víctimas directas como indirectas del delito.

La seguridad de las personas en lo individual, de sus familias y de los demás, es decir

de tranquilidad de vivir en colectivo, depende de varios factores entre los que la

percepción que la sociedad tenga de ella será determinante.

Las políticas y programas para garantizar la seguridad de todos, deben, sin duda, evitar

la comisión de delitos, pero también promover en la ciudadanía la certeza de que

eventos de este tipo serán lejanos y no, como pareciera ser por las encuestas de

opinión pública, como inminente.

No es sino hasta los años 70’s que paulatinamente se fueron incrementando en los

Sistemas Penales principios democráticos acerca de los derechos humanos y en

especial de las víctimas del delito y que fueron conformando un Sistema Penal

moderno.


LV

Las políticas públicas en materia de educación, salud, desarrollo social y seguridad

pública deben tener un hilo conductor para mostrar mayor éxito en la prevención de la

delincuencia y la violencia.

El Sistema de Auxilio a Víctimas existente en el Distrito Federal, es sin duda un pilar

fundamental dentro del Sistema de Justicia en nuestro país, a través de él no sólo se

cumple un mandato Constitucional, sino que ha generado un precedente en la atención

a las víctimas del delito, lo cual ha permitido que no se queden en el desamparo

institucional, lo que provocaba una sobre victimización.

Distinguir entre el bien y el mal entonces, es una cuestión cultural que puede variar

según la sociedad y el momento. Recorriendo a una obviedad, no es lo mismo matar

durante una guerra o fuera de ella. Quien lo hace en el primer caso es un héroe, en el

segundo un asesino.

La violencia es considerada como un fenómeno aprendido y el primer espacio donde se

establecen las condiciones para su adquisición es el hogar, tomando como modelo a

los padres, hermanos y otros familiares.

Herbert Marcuse, en el hombre unidimensional, señala que el conflicto no resuelto entre

los intereses vitales del hombre y las exigencias de la estructura social opresiva e

irracional constituye la neurosis básica de la sociedad moderna.

De esta manera una política nacional para prevenir la violencia asociada a la

delincuencia, debe tomar en cuenta la pluri-etnicidad del país, así como las rápidas

transformaciones que se viven el interior de ciertas regiones. Las medidas preventivas

deben enfocarse hacia la reducción de las conductas de riesgo, hacia los factores de

riesgo para la violencia, potenciando aquellas conductas que promuevan la protección.

Las medidas pueden estar dirigidas hacia toda la población (prevención universal) o a

grupos de mayor riesgo como los niños que han sido sujetos de abuso, jóvenes

desempleados y fuera del sistema escolar, así como hogares monoparentales

(prevención indicada).


LVI

En el antiguo régimen, el rey se erigía en el soberano y sustentaba sus potestades en el

poder divino que le era otorgado por Dios. Por lo tanto, no se requería que rindiera

cuentas a nadie; no existían mecanismos de control al ejercicio del poder en su persona

se encarnaban las facultades de decisión última, en todos los ámbitos de la vida social,

tanto pública como privada.

Estas características de ejercicio del poder derivaron en un absolutismo. Aun cuando en

el contexto espiritual-cultural de la Edad Media se manifiestan tendencias doctrinales,

teológicas y filosóficas limitadoras de la voluntad omnímoda de la autoridad, se trata

siempre de limitaciones y controles más bien de carácter ético-religioso e iusnaturalista

que no autorizan todavía, en modo alguno hablar de un Estado de Derecho.

Como una respuesta al ejercicio ilimitado y por lo tanto incontrolado del poder durante

la época del absolutismo fueron planteados por los hombres del iluminismo primero y

después por los de los de la ilustración, con las más importantes críticas a ese régimen,

así como de los fundamentos filosóficos que permitieron construir el Estado moderno.

El humanismo colocó al hombre en el centro de la atención. El poder, en este orden de

ideas, únicamente podría justificarse en forma racional, siempre y cuando fuera en

beneficio del ser humano.

Desde esta perspectiva, el Estado contemporáneo se construyó por voluntad de los

hombres para beneficio de éstos, y no a la inversa. La única fuente de legitimación del

ejercicio del poder residiría, a partir de entonces, en la garantía del libre ejercicio de los

derechos y libertades del hombre, pensamiento éste que se cristalizó en la Declaración

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Trasladar la fuente de legitimación del poder público de una deidad a la libertad del

individuo constituyó uno de los pilares fundamentales para la construcción del Estado

de derecho, y significó que la libertad del ser humano más que un límite al ejercicio del

poder es lo que le da fundamento y sentido.


LVII

A partir de una reformulación del pensamiento político, la legitimación con que se

detenta y ejerce el poder público transita del poder de la autoridad al del ciudadano: se

lleva a cabo una transformación en los fundamentos del ejercicio del poder que incluso

ahora, no termina de comprenderse o de hacerse efectiva; el rey deja de erigirse en

fuente y destino del poder, toda vez que las atribuciones le han sido conferidas por

voluntad del pueblo –que ahora es el soberano. Tales facultades pueden y deben ser

ejercidas con la facilidad de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas.

En este orden de ideas, los derechos del hombre no constituyen límites al poder del

Estado, sino que se erigen en el verdadero sustento que le otorga legitimidad a la

autoridad.

1.5. DEFINICIONES SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL.

Para poder definir los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, es

necesario en primer término comprender la noción de seguridad. En general, seguridad

significa la cualidad de seguro; es decir, está ligado a las nociones de garantía,

protección, defensa, libertad, salvedad y tranquilidad ante las amenazas.

El término seguridad deriva del adjetivo securus y éste, a su vez, del verbo curare, por

lo que remite a la idea de cuidarse en toda la extensión de la palabra; la seguridad

entonces supone un concepto mucho más amplio que la protección, la protección es la

acción propiamente de auxiliar o socorrer, en cambio la seguridad además de auxiliar

es también prever y restablecer.

"La seguridad implica una exigencia fundamental del hombre que tiene por objeto

controlar su destino y disponer libremente de su propia vida; así, en el hombre la

seguridad no se presenta como un anhelo accidental o de coyuntura sino como una

parte esencial de su naturaleza racional. El hombre necesita proceder racionalmente,

con conocimiento de causa, es decir con certeza para intentar lograr sus fines. La idea


LVIII

de seguridad está relacionada íntimamente con la percepción de libertad y de orden

social. El hombre requiere de mayor seguridad en la medida que pretende ejercer

libremente su libertad de manera responsable y cuando, por consiguiente, valora el

orden social establecido que le permite condiciones para su desarrollo individual"

(Rosas Ramírez, Salomón. México, 1998, p. 29).

"La seguridad es una necesidad de la persona y de los grupos humanos, así como un

derecho inalienable del hombre y de las naciones. Bajo cualquier ángulo tiene un valor

relevante, ya sea desde el punto de vista religioso, filosófico, antropológico, sociológico,

jurídico, político, económico o militar" (Thiago Cintra, José, México, 1991).

El concepto de seguridad hay que entenderlo en su debida dimensión e importancia de

lo que significa para el desarrollo actual de una nación con necesidades, intereses y

aspiraciones propias. Si la acción humana se caracteriza por el ejercicio de la libertad y

de la racionalidad, los intereses individuales y colectivos deben confluir en el proceso

de convivencia social, de tal suerte que la articulación armónica de ambos se oriente

para alcanzar el desarrollo político, económico, social y cultural. Seguridad y desarrollo

se presentan así como dos conceptos complementarios dentro de los fines y los medios

que corresponde realizar el Estado.

Desarrollar dos conceptos como son el de seguridad pública y el de seguridad nacional,

resulta conveniente debido a que son conceptos que para mucha gente son

exactamente lo mismo y aunque ambos tienen como razón de ser prevenir, proteger y

auxiliar, lo que los distingue es su ámbito de acción.

El uso de la voz seguridad pública se ha familiarizado entre los habitantes del país, pero

fundamentalmente entre los de las principales capitales. Como en su momento el

vocablo derechos humanos alcanzó una especie de boom en la década de los

noventas, a propósito del neoliberalismo; en la última parte del siglo pasado y en lo que

llevamos de éste, el tema de la seguridad pública se ha vuelto recurrente.


LIX

En el siglo XVIII Montesquieu planteó a la seguridad como un basamento de

organización política, es decir, como un derecho pero también como una obligación del

poder público. Ésta es, afirma el investigador José Arturo Yáñez la concepción moderna

de seguridad pública, que a la tradicional protección de las personas y bienes, añade la

protección y garantía de los derechos ciudadanos, como condición de su libertad.

Partiendo de esta perspectiva algunos autores como Samuel González Ruiz y José

Arturo Yáñez en su libro Seguridad Pública en México señalan que la seguridad pública

hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden público, se identifica con la

protección del orden jurídico público, es decir, la seguridad pública por definición

"cumple con la función conservadora del orden social, con base en un orden jurídico

que controle al poder y norme sus relaciones con los ciudadanos y de estos entre sí"

(Sánchez Sandoval, Augusto, México, 2000, p. 83), la seguridad pública, como lo

señala el abogado penalista Augusto Sánchez, es una de las manifestaciones de la

acción gubernamental que se ejerce con el fin de salvaguardar la integridad, intereses y

bienes de las personas, y de las entidades tanto públicas como privadas.

Es importante subrayar que la idea de seguridad pública está ligada a la protección de

la paz pública, de forma tal que puede ser definida, como "el conjunto de políticas

públicas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz pública a

través de la prevención y represión de los delitos y de las faltas contra el orden público,

mediante el sistema de control penal y el de policía administrativa" (González Ruíz

Samuel, México, 1994, p. 49).

Las acciones mencionadas deben apegarse al Estado de Derecho para respetar las

garantías constitucionales y evitar el abuso del poder, el cumplir con dichas atribuciones

y funciones que tiene el gobierno permite que haya un equilibrio en las relaciones

personales y entre las autoridades y los ciudadanos a lo que se le conoce como orden

público que de acuerdo a lo anterior es "la situación de tranquilidad en una comunidad y

que se traduce en el orden de la calle, de las áreas rurales y del Estado mismo"

(Sánchez Sandoval, Augusto. Op. Cit. p. 84).


LX

El investigador Modesto Suárez, señala "la seguridad pública representa un aspecto de

la seguridad nacional, entendida esta última en su sentido más amplio" (Alvarado,

Arturo y Sigrid Artz, 200 1, p. 85). En el mismo Programa Nacional de Seguridad

Pública 1995-2000 se asume una visión sistemática en que la seguridad pública va más

allá de la prevención persecución de las conductas antisociales y delictivas y se articula

a todo el proceso de justicia desde una postura sistematizada.

Las reformas constitucionales a los artículos 21 y 73 fracciones XXIII que más adelante

se comentarán a detalle, crearon un nuevo concepto de seguridad pública, ampliado e

integrado. Para efectos de esta investigación, podemos definir a la seguridad pública,

como "la función estatal a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los

Municipios, en sus respectivas competencias, que comprende todas aquellas

actividades dirigidas a la prevención y persecución de infractores y delitos; la imposición

de sanciones administrativas; la reinserción social del delincuente y del menor infractor

y en general, todas las que contribuyen a alcanzar los fines superiores de salvaguardar

la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y

la paz pública" (Sandoval Ulloa, José G., México, 1995, p. 73).

El artículo 3° de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, define a la seguridad pública como "la función a cargo

del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas,

así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos".

Esta función forma parte de todo un sistema penal, que involucra diversos sectores y a

los tres poderes de la Unión, en el afán de combatir el delito y castigar a sus autores.

La Seguridad Pública es tan sólo una de las funciones concretas que tiene a su cargo el

Ejecutivo para prevenir los delitos, más no la única.

Por lo que se refiere al concepto de seguridad nacional, éste es un término que se usa

solamente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, mientras que nuestra Carta

Magna data de 1917 y en ella se habla de seguridad exterior e interior del Estado. La


LXI

expresión seguridad exterior del Estado se refiere a la situación de potencia nacional y

equilibrio internacional, la cual garantiza a cada país la integridad de su territorio y el

ejercicio de sus derechos, en un plano de igualdad frente a las sociedades de otras

naciones; por su parte la frase seguridad interior del Estado debe ser entendida como la

situación y sistema político que manifiesta la realidad o el propósito de un orden

nacional en el que los poderes públicos son respetados como instituciones y en las

personas que los encarnan, con la adecuada defensa del régimen, de los derechos

fundamentales de los ciudadanos, de la paz y la tranquilidad pública por parte de las

autoridades.

La seguridad nacional se puede decir que "es el conjunto de condiciones necesarias

para garantizar la soberanía, la independencia y la promoción del interés de la nación,

fortaleciendo los componentes del proyecto nacional y reduciendo al mínimo las

debilidades o inconsistencias que pueden traducirse en ventanas de vulnerabilidad

frente al exterior", (Herrera Casso, Luis, México, 1999, p. 28).

Es preciso entender que la seguridad interior del Estado, en este contexto, implica que

las Fuerzas Armadas tienen intervención solamente cuando los cuerpos de seguridad

pública han sido desbordados y los conflictos existentes atentan contra los intereses

fundamentales de la nación, tales como la soberanía, integridad del territorio, forma de

gobierno republicano, así como el pacto federal.

La seguridad nacional se ha llegado a entender como la defensa del sistema ideológico

y de producción y de los grupos de poder que lo hacen posible, motivo por el cual en la

democracia moderna dejó de ser compatible con los principios que ésta sustenta ya que

ni en la definición ni en la práctica se apega a la libertad de los ciudadanos y al respeto

de los derechos humanos, en otras palabras, la seguridad nacional se refería a la

seguridad del Estado, es decir, a la protección de sus intereses y su permanencia en el

poder. Se considera que la expresión seguridad nacional es una noción cargada de

ideología pues tiene que ver con la idea de nación que es un concepto más bien

ideológico, es por ello que algunos estudiosos prefieren hablar de seguridad de Estado

que comprende a la exterior y a la interior.


LXII

H. D. Laswell en 1950 afirma: "El significado que distingue la seguridad nacional es la

libertad respecto de una dictadura extranjera. La política de seguridad nacional implica

un estado de alerta necesario para mantener la independencia nacional" (Sandoval

Ulloa, José G. Op. Cit. p. 47). Como se puede observar, este concepto está ligado con

el de seguridad exterior. Otra definición de Seguridad Nacional es la que presenta la

Academia de Guerra de Brasil, la que la define como" el grado relativo de garantía que

a través de acciones políticas y económicas, psicosociales y militares, un Estado puede

proporcionar en una determinada época a la nación que jurisdiccional para la

consecución y salvaguarda de los objetivos nacionales, a pesar de los antagonismos

internos o externos existentes o previsibles" (Ibídem. p. 48).

El Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme entiende que "la

seguridad es una condición en que los Estados consideran que no existe peligro de

ataque militar, presión política o coerción económica, de manera que pueden seguir

libremente su propio desarrollo y progreso" (Aguayo, Serio, México, 1993).

En México la primera alusión oficial al término seguridad nacional se presentó en el

Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Más tarde, en el Plan Nacional de Desarrollo

1983-1988 se define a la seguridad nacional como la herramienta para mantener las

condiciones de libertad, paz y justicia social dentro del marco constitucional.

Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo de 1988-1994 se establecen como

elementos de ésta la defensa de su soberanía, su independencia y su integridad

territorial, con el objeto de asegurar el necesario ambiente de convivencia pacífica y

solidaridad, basado en un orden social justo, y en 1989 se crea el Gabinete de

Seguridad Nacional integrado por las Secretarias de Gobernación, Relaciones

Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Procuraduría General de la República.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 existe un apartado sobre seguridad

nacional en el cual se plasman las estrategias a seguir de manera que se logre el

objetivo del Estado y gobierno de proteger los intereses considerados como de la

nación, entre ellas destaca: concebir la seguridad nacional desde una visión amplia


LXIII

destinada a prever y hacer frente a las situaciones que amenacen la paz, el bienestar,

la vigencia del orden jurídico y la integridad física de la población y que pongan en

riesgo la permanencia de las instituciones o vulneren la integridad del territorio; realizar

un análisis exhaustivo de los riesgos a la seguridad nacional que posibilite la

elaboración de una agenda de riesgos sistematizada, con el fin de diseñar políticas para

su prevención y contención; coadyuvar al sostenimiento de una visión estratégica que

defina políticas de Estado que conduzcan al progreso económico, social, cultural,

tecnológico y político del país; entre otros (Véase Plan Nacional de Desarrollo 2001-

2006, México, p. 111-112).

Lorenzo Meyer señala que la seguridad nacional "por un lado se trata de un concepto

que bien que se puede denominar central o nuclear en la teoría de las relaciones

internacionales, pero por el otro, es un fenómeno de manejo difícil porque no hay, ni

remotamente un acuerdo sobre su definición y como es el caso con casi todos los

conceptos centrales de la ciencia política, la importancia del concepto no es solamente

teórica sino también práctica, pues con él se puede intentar dar o restar legitimidad a

políticas nacionales fundamentales" (Hernández Bastar, Martín, México, 200 1, p. 2).

Sin embargo, Meyer dice que el término de seguridad nacional puede entenderse desde

dos grandes ámbitos aceptados por la mayoría de los estudiosos, uno es la definición

tradicional y otro la conceptualización de ésta. La primera se refiere a que una nación

está segura cuando su gobierno tiene tanto el suficiente poder como la suficiente

capacidad militar para impedir el ataque de otros Estados a sus legítimos intereses, y si

es atacada, para defenderlos mediante la guerra, es decir, esta concepción se

circunscribe a las amenazas militares surgidas por las acciones de otros Estados. En

cambio, la conceptualización plantea que ya no es sólo la posibilidad militar la que

determina la seguridad nacional, sino que son otras esferas, las que hacen peligrar la

seguridad nacional de éstos.

En cuanto a esta seguridad de la nación, o seguridad exterior, como se decida definir,

en México por mucho tiempo la inexistencia de un marco normativo dio lugar a un alto

grado de discrecionalidad en la estrategia de su defensa, y en la toma de las decisiones


LXIV

derivadas de esta situación. Además la confusión aún existente entre interés nacional e

interés de grupo, el cual degeneró la función de los organismos encargados de

identificar los riesgos que afectaban la seguridad nacional, en consecuencia, se

desatendieron las verdaderas amenazas; ello permitió el crecimiento de la delincuencia

organizada, la corrupción, la destrucción ambiental, entre otros fenómenos fuera del

control de las instituciones del Estado.

1.6. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

Una vez definidos los conceptos de Seguridad Pública y Seguridad Nacional, es posible

afirmar que dentro de los mismos se contemplan acciones de protección a las

instituciones, a la gobernabilidad, a la soberanía nacional, al individuo y a la sociedad

en su conjunto, en sus derechos y su patrimonio, todas ellas a cargo del Estado.

Su debida atención demanda nuevas formas de organización, visión y estrategias de

las políticas públicas, como cualquier otro Estado Nacional, frente a cambios

trascendentales en su gobierno.

La Seguridad Pública es el ejercicio del poder del Estado en sus tres ámbitos de

gobierno (Federal, Estatal y Municipal) para asegurar la integración y convivencia

social, teniendo como principal fin la defensa de la sociedad. Este ejercicio del poder

está legitimado por la razón de ser del Estado y por el reconocimiento básico de que,

más allá de la mera costumbre, existe la necesidad de la sociedad por sobrevivir y

desarrollarse.

"La Seguridad Pública está destinada a velar por el mantenimiento del orden; la

observación de las leyes; y la protección de las garantías individuales, los derechos

humanos y el patrimonio de la sociedad. Para garantizar su eficacia y eficiencia se

impone la vigilancia activa, continua y represiva dentro del marco de la ley y bajo los

principios de reconocer a la policía como parte integrante del sistema penal; de estar

siempre al servicio de la comunidad; actuar como un servicio democrático lo cual lleva


LXV

consigo su desmilitarización y profesionalismo" (Pegueros Díaz, Saturnino E. México,

2003, p. 53).

Los fines que persigue la Seguridad Nacional se pueden resumir en: organización y

conducción armada, en términos constitucionales para garantizar la defensa creíble,

eficiente y moderna de las fronteras y de los espacios jurisdiccionales del país. En caso

de amenaza externa, mediante la alerta y reacción del ejército en combinación con la

fuerza pública desmilitarizada y la participación civil en situaciones que vulneren la

integridad del territorio o la permanencia de las instituciones; fortalecimiento del

desarrollo nacional y la sustentabilidad social y política mediante la consolidación y

práctica de la gobernabilidad. Todas estas acciones de las fuerzas del orden que

participan, ya sea de manera exclusiva o concurrente, es deseable que lo hagan bajo el

mando del gobierno civil.

Ahora, la Seguridad Nacional ha dejado de ser un asunto de mera incumbencia

castrense. Hoy se considera que abarca al interior de los países como lo son el

fortalecimiento de la democracia, la salud pública, la atención al campo, la creación de

empleos, el mejoramiento de la educación y un sistema económico que deba ser sano y

congruente.

Hacia el exterior la Seguridad Nacional debe considerar al incremento sustantivo del

comercio internacional y transcontinental así como la cooperación entre los países,

fenómenos que se deberán fortalecer con un creciente número plural de acuerdos de

integración económica.

Todos esos rubros y algunos otros son los que ahora se consideran, o deberían de

tomarse en cuenta, para una política de Seguridad Nacional. Es claro que supera con

mucho la sola visión de carácter militar en atención a que la Seguridad Nacional se ha

transferido al pueblo y sus organizaciones y a todas las instituciones públicas y privadas

que conforman a la sociedad.


LXVI

La Seguridad Nacional, se orienta a la defensa de las instituciones, a la preservación de

la gobernabilidad, tiene como misión defender al territorio y la Soberanía Nacional. La

eventual invocación de los intereses de ésta es lo que, dado el momento, justificaría

imponer decisiones contra la voluntad de los sujetos, incluso en contra de algunos

sectores sociales, en beneficio de la preservación del significado homogeneizado de la

Nación. En ocasiones puede adoptar un carácter militar e inclusive al interior del

territorio, pueden suspenderse las garantías individuales como medida para preservar a

la colectividad por sobre los intereses particulares. Sin Seguridad Nacional el gobierno

no puede garantizar la deliberación ni la competencia políticas; tampoco el trabajo

administrativo de las instituciones y menos la convivencia en paz y desarrollo de la

sociedad que representa. El desempeño gubernamental requiere de un ambiente de

seguridad y estabilidad como premisas para el cumplimiento de sus propósitos.

Conforme con lo anterior, se concluye que la Seguridad Pública se orienta más al

ámbito privado de las personas, aunque su atención sea necesariamente de carácter

público. La Seguridad Pública es un tema de la agenda de la Seguridad Nacional y la

inseguridad pública, es un riesgo. La Seguridad Pública se orienta a la protección del

individuo.

Por su parte, la Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado destinada a

garantizar la consecución y salvaguarda de los objetivos nacionales, a pesar y por

sobre los antagonismos internos o externos que afectan o puedan existir, por lo que

adopta un carácter eminentemente estratégico para la continuidad del desarrollo de la

Nación. En este aspecto, la Seguridad Nacional se orienta a la protección del poder y

de quién o quiénes lo ejercen.

Marco de referencia

INTRODUCCIÓN





LXVII

1.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

1.4 ESTADÍSTICAS DELICTIVAS DEL FUERO FEDERAL

1.5 DEFINICIONES SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL

1.6 ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

1.7 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EN EL D.F.

1.8 CONCEPTOS SISTEMÁTICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

1.8.1. PREVENCIÓN

1.8.2. PROCURACIÓN DE JUSTICIA

1.8.3. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1.8.4. SISTEMA PENITENCIARIO Y READAPTACIÓN SOCIAL

1.8.5. VICTIMAS

1.9 PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

1.10 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

1.11 LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

CAPITULO II. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DETONANTE DE LA

INSEGURIDAD PÚBLICA EN LA NACIÓN MEXICANA

2.1. LA SEGURIDAD PÚBLICA E INCIDENCIA DELICTIVA

2.2. CONCEPTO DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA

2.3. LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN CIFRAS

2.4. EL SENTIDO SOCIAL DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA

2.5. PERCEPCIÓN DEL DELITO

2.6. ELEMENTOS PARTÍCIPES EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA

INSEGURIDAD PÚBLICA

2.7. ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA QUE

REPERCUTEN EN LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA.

2.8. LA VIOLENCIA RELACIONADA AL FENÓMENO DELICTIVO

2.9. LA DELINCUENCIA APEGADA AL DESARROLLO Y LA TECNOLOGÍA

2.10. LA INCORPORACIÓN ANTICIPADA DE LOS JÓVENES EN LAS LÍNEAS DE LA

DELINCUENCIA

2.11. JUICIOS SOBRE EL USO DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES

HABITUALES


LXVIII

2.12. LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO HAN PENETRADO LAS

ESFERAS DE LO POLÍTICO, LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL

2.13. DESCONTENTO SOCIAL EN RELACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA

2.14. LA CULTURA DE LA VIOLENCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

CAPITULO III. LAS ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO MEXICANO PARA LA

LEGITIMAR LA SEGURIDAD PÚBLICA

3.1. DISEÑO DE LA POLÍTICA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

3.2. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA NACIONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA

3.3. LA VIOLENCIA: UN FENÓMENO DEBIDO A LA FALTA DE MEDIDAS SOCIALES

ADECUADAS PARA EVITAR LA DELINCUENCIA

3.4. SECUELAS DE LA VIOLENCIA EN LA ECONOMÍA MEXICANA

3.5. LA REFORMA AL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL


3.7. PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

3.8. LA LEY GENERAL QUE INSTITUYE LOS CIMIENTOS DE COORDINACIÓN DEL

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

3.9. EL FONDO DE CONTRIBUCIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS

ESTADOS Y EL CENTRO DEL PAÍS

3.10. LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3.11. COORDINACIÓN Y FEDERALISMO

3.11.1 INSTANCIAS DE COORDINACIÓN

3.12 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

3.13 CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

3.14. ELEMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO IV LAS EVIDENCIAS Y SIMULACIONES DEL ESTADO FALLIDO EN LO

CONCERNIENTE A LA PROTECCIÓN, CUIDADO Y RESGUARDO DE LA SOCIEDAD

EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO

4.1 INESTABILIDAD EN RECURSOS PARA COMBATIR AL NARCOTRÁFICO Y

PREVENIR LAS ADICCIONES

4.2 LA CORRUPCIÓN Y SUS RESULTADOS EN LA ECONOMÍA MEXICANA


LXIX

4.3 LA INSEGURIDAD, RESTRICTIVA PARA UN VERDADERO CRECIMIENTO DE LA

ECONOMÍA NACIONAL

4.4 LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

4.5 LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS Y SU REPERCUSIÓN EN EL CRECIMIENTO

SOSTENIDO DEL PAÍS

4.6 INDICADORES PARA EVALUAR AL ESTADO MEXICANO COMO FALLIDO

4.7 LA DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS POR LA INSEGURIDAD Y

LA DELINCUENCIA EN MÉXICO

4.8. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

4.9. EL SISTEMA JURÍDICO REBASADO

4.10. NEOLIBERALISMO E INESTABILIDAD DEL GOBIERNO

4.11. LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO REBASADA POR LA CARENCIA EN

SU LEGITIMIDAD Y ORDEN

4.12 TENDENCIA DE LA INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA


LXX

6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.

Un factor decisivo para garantizar la modernización del estado mexicano, es el cuidado

de su legitimidad ante la ciudadanía, lo cual se ve severamente cuestionado cuando la

percepción generalizada es que ha dejado de cumplir con la función sustantiva de velar

por la seguridad.

Hipótesis principal

Los crecientes niveles de inseguridad han puesto en entre dicho la legitimidad del

estado, al significar que cada vez un mayor porcentaje de la ciudadanía confía menos

en que el estado pueda brindarle la seguridad que necesita para continuar con sus

actividades productivas; este cuestionamiento trastoca la autoridad del cuerpo

normativo y las instituciones encargadas de su aplicación; sin embargo la respuesta no

logra ser lo suficientemente pertinente y rápida con lo cual se genera un percepción

negativa, en México la política de seguridad pública parece descansar más atender este

fenómeno, que resolver atinadamente la problemática que le da origen; lo cual a

mediano plazo genera una espiral que termina afectando gravemente a la población

destruyendo la estructura social y productiva, deteriorando gravemente la legitimidad

del estado para gobernar siendo sustituido por los grupos criminales o por la

autogestión.

Hipótesis secundarias

1) La implementación de prácticas relativas a garantizar la legitimidad postulan

que la percepción de seguridad tiene relevancia porque el individuo actúa en

consecuencia a dicha creencia, por lo que la autoridad gubernamental se

concentra en medidas cautelares, creación de instituciones y promoción de

resultados de alto impacto; sin embargo, si no existen cambios profundos en la

forma en que se administra la justicia y se aplica la ley, la situación no es

sostenible en el mediano y largo plazo.


LXXI

2) La experiencia reciente de México indica que la legitimidad ha sido trastocada

por los niveles de inseguridad, se ha observado que la sociedad civil y las

organizaciones gubernamentales refutan cotidianamente la política de

seguridad, esto nos conduce a pensar que estas acciones carecen de eficacia

y han afectado negativamente la autoridad del estado en áreas crecientes de la

vida pública y zonas del país, por lo que la crisis de legitimidad del estado es

difícilmente reversible afectando la sustentabilidad del sistema social completo.


LXXII

7.- PRUEBA EMPÍRICAS O CUALITATIVAS LAS HIPÓTESIS.

Los crecientes niveles de inseguridad han puesto en entre dicho la

legitimidad del estado, al significar que cada vez un mayor porcentaje de la

ciudadanía confía menos en que el estado pueda brindarle la seguridad que

necesita para continuar con sus actividades productivas; este

cuestionamiento trastoca la autoridad del cuerpo normativo y las

instituciones encargadas de su aplicación; sin embargo la respuesta no logra

ser lo suficientemente pertinente y rápida con lo cual se genera un

percepción negativa, en México la política de seguridad pública parece

descansar más atender este fenómeno, que resolver atinadamente la

problemática que le da origen; lo cual a mediano plazo genera una espiral

que termina afectando gravemente a la población destruyendo la estructura

social y productiva, deteriorando gravemente la legitimidad del estado para

gobernar siendo sustituido por los grupos criminales o por la autogestión.

La hipótesis se corrobora mediante argumentación sustentada en un análisis cuidadoso

de literatura especializada sobre el tema. Esto es posible porque la hipótesis es

específica, mientras que existen numerosos documentos sobre experiencias prácticas,

encuentros y coloquios entre gobiernos y organizaciones, que enfatizan que lejos de

estar en marcha y estable, la incorporación del enfoque a la gobernabilidad es un

proceso complicado y dependiente de factores contextuales. Este trabajo incorpora

además de ilustrar la hipótesis.

Para comprobar la hipótesis central que guío esta investigación se desarrolló en primer

lugar el marco conceptual necesario para identificar aquellos rasgos que definen lo que

identificamos como seguridad pública y su relación con los niveles de legitimidad del

estado, por lo que en los capítulos 1 y 2, se desarrolla el marco teórico-histórico, en

donde definimos los agentes que interactúan en el deterioro de los niveles de seguridad

afectan la opinión pública y que de ese modo son responsables de la transmisión de

determinados contenidos que inciden en la legitimidad de la sociedad, entendiendo a


LXXIII

esta como el conjunto de actos y pensamiento sobre la relevancia del acto político. Lo

anterior significa que es necesario la identificación de aquellas acciones políticas

determinadas y socialmente compartidas, que logran fortalecer la percepción de que se

está atendiendo el problema de la inseguridad, como son la creación de organismos y

la detección de personajes relevantes del crimen organizado, que sin embargo no

tienen efectos visibles en la cotidianidad de las personas; por otra parte, los grupos

criminales al identificar que el escenario de la lucha contra la autoridad se encuentra en

los medios y a imagen púbica, participa con acciones contundentes de mayor impacto

mediático que afectan el grado de legitimidad del estado, donde al parecer llevan la

delantera.

Ya con este conocimiento fue posible entender la relevancia que tiene el definir

acciones específicas de impacto en la problemática de inseguridad, como lo son el

recudir los márgenes de impunidad, trastocar la relación de protección e infiltración de

los cuerpos policiacos de seguridad por el crimen organizado, un marco mínimo de

conducción ética y responsabilidad social de estos cuerpos, entre otros; sin embargo

poco se avanzado, y más bien se insiste respecto a un tipo de comunicación que se

transmite a través de los medios masivos de comunicación, que tratan de incidir en la

percepción del grado de seguridad y por lo tanto de la legitimidad con resultados

escasos, por lo tanto se comprueba la hipótesis que nos ocupa.

Ya en la segunda parte de este trabajo, se desarrolló el análisis de las estrategias del

gobierno mexicano para legitimar la forma en que se ha ido construyendo un

acercamiento institucional y normativo para atender la demanda ciudadana. En este

sentido hemos podido constatar que la sociedad ha tenido que pagar los errores,

omisiones y abusos de la autoridad, esto permitió identificar momentos históricos que

han definido los causes normativos por los que se trata de responder a la situación de

inseguridad, que a su vez permiten identificar pautas especificas resultado de esta

situación, y por lo tanto su relevancia para el desarrollo del sistema político mexicano y

su legitimidad, confirmándose de esta forma la hipótesis general. Se reconoce que

estas acciones no ha asumido con responsabilidad la atención la problemática que

pretenden atacar, ya que no se observan las medidas punitivas que espera la


LXXIV

ciudadanía y todos los días se manifiesta el grado de impunidad del que se beneficia la

delincuencia; Respecto al surgimiento de una conciencia ciudadana respecto a las

necesidad de participación, lo cual es muy positiva, parece ser que esta situación le

complica aún más las cosas al estado, ya que la inconformidad se traslada hasta el

fundamento mismo de su legitimidad que son las elecciones, donde se llama

abiertamente a la abstención, y en casos más graves a asumir las tareas de seguridad

pública e impartición de justicia que es responsabilidad exclusiva, por lo que

reconoceríamos como una afectación grave a la legitimidad del estado, lo cierto es que

la situación no puede ser adsorbida solo a través de una estrategia mediática ya que

también estos responden a intereses económicos y políticos particulares de sus

dueños.

Asimismo en este trabajo, se analizó la eficacia de los medios que ha utilizado el estado

para el combate a la inseguridad, reconociendo que los buenos propósitos no se han

visto reflejados en un cambio en la situación de inseguridad que vive el país, sobre todo

en los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, estado de México, entre otros;

aun con la apertura democrática de la última década la situación de los cuerpos de

seguridad y la administración de la justicia tiene graves rezagos, también es cierto, que

en se han tenido algunos éxitos, que son utilizados de inmediato para justificar el

avance, sin embargo la mayor de las ocasiones han mostrado un alto grado de

inmediatez, insistiendo al manejo mediático despreciando la eficacia que las acciones

deben contener.

Lo anterior confirma la necesidad de desarrollar instrumentos y políticas tendientes a

promover que los medios con los que cuenta el estado reporten efectivamente los

logros de forma que se pueda evaluar por la sociedad de forma más efectiva,

promoviendo el fortalecimiento de los valores de la participación ciudadana, la

democracia, el fomento de una cultura cívica en la población. Confirmándose así la

segunda parte de la hipótesis planteada.

De esta forma, consideramos que la hipótesis planteada es correcta quedando

demostrado en el desarrollo del trabajo de investigación documental:


LXXV

Para ello pasamos por una primera aproximación en el capítulo 1, al identificar los

elementos constituyentes del sistema de seguridad pública nacional para su análisis

posterior relativo a su fragilidad o bien los elementos perniciosos que pueden

representar al presentarse omisiones o contradicciones evidentes entre los diversos

ordenamientos, en particular a aquellos referidos a la administración de la justicia, por

su impacto en la legitimidad de los gobiernos que emanan de ellos.

1) La implementación de prácticas relativas a garantizar la legitimidad

postulan que la percepción de seguridad tiene relevancia porque el

individuo actúa en consecuencia a dicha creencia, por lo que la autoridad

gubernamental se concentra en medidas cautelares, creación de

instituciones y promoción de resultados de alto impacto; sin embargo, si no

existen cambios profundos en la forma en que se administra la justicia y se

aplica la ley, la situación no es sostenible en el mediano y largo plazo.

Esta hipótesis se ha identificado que es cierta, ya que si bien, la campaña en los

medios de comunicación han tenido una presencia relevante intentando mediar la

percepción de la importancia y sentido de la seguridad en la ciudadanía, también se

observa que un impacto negativo cuando el crimen organizado actúa con acciones más

violentas y escandalosas, respondieron a intereses políticos que inciden precisamente

en que la batalla está perdida en los medios, dicha situación pone de manifiesto la

necesidad de desarticular las estructuras de corrupción, protección e impunidad que la

propia estructura de seguridad provee a favor de la operación de estos grupos; tal como

se ha analizado en el capítulo 4,.la fuerza que manifiestan estas organizaciones,

responsables del ambiente de zozobra, se explica por la complicidad de las autoridades

ministeriales y policial.

Por lo tanto que da establecido en los resultados de la presente investigación que sin

tocar las causas origen de los problemas en materia de seguridad, el impacto positivo

de algunas medidas se diluye ante la presencia creciente en los mismos medios de


LXXVI

situaciones de violencia e inseguridad que se levantan como los principales

cuestionadores sobre la eficacia y capacidad de las instituciones gubernamentales.

En este sentido, el desarrollo democrático, exige grados mínimos de consenso para el

sostén de la políticas públicas, cuando la legitimidad del estado se ve limitada, aun por

la percepción pública, debe venir acompañado con un mayor compromiso de los

medios en el fomento de la participación ciudadana y la cultura de la legalidad en sus

contenidos o en las líneas editoriales de los noticiarios, por lo que el problema de la

baja aportación de los medios a la valoración de la legalidad sigue existiendo, y la nota

roja que evidencia los vacíos de la autoridad y la utilización de esta dinámica por los

grupos de delincuentes afectan el grado de legitimidad de la acción pública si no va de

medidas contundentes que afecten la capacidad organizativa y operativa de las

organizaciones criminales.

Finalmente con respecto a nuestra hipótesis secundaria 2:

2) La experiencia reciente de México indica que la legitimidad ha sido

trastocada por los niveles de inseguridad, se ha observado que la sociedad

civil y las organizaciones gubernamentales refutan cotidianamente la política

de seguridad, esto nos conduce a pensar que estas acciones carecen de

eficacia y han afectado negativamente la autoridad del estado en áreas

crecientes de la vida pública y zonas del país, por lo que la crisis de

legitimidad del estado es difícilmente reversible afectando la sustentabilidad

del sistema social completo.

Para comprobar esta hipótesis se revisó en los capítulos 3 y 4, tanto la estrategia de

combate a la inseguridad desplegado por el gobierno mexicano, identificando sus

orígenes, así como sus efectos más negativos en los márgenes de gobernabilidad que

han llevado que en ocasiones sean las propias comunidades quienes tiendan a

organizarse para combatir las organizaciones criminales que operan en su territorio,

dando lugar a circunstancias de franca lucha civil que cuestionan aún más la autoridad

estatal, como ejemplo se encuentran el surgimiento en los estados de Michoacán y


LXXVII

Guerrero de las llamadas autodefensas, que representan todo un reto a la rectoría del

estado como monopolio en el uso legítimo de la fuerza.

La lucha armada entre los grupos surgidos de este modo forma parte de una lógica de

poder que busca recuperar los espacios que le han sido arrebatados al estado, y donde

nuevos grupos legitimados por el uso de las armas, asumen el papel de la autoridad; la

relevancia de esas conclusiones son de primer orden, ya que a partir de considerar el

grado de penetración que tienen estas situaciones en la forma de organización

comunitaria, resulta indispensable el insistir sobre la necesidad de que las acciones del

estado tengan un alcance en múltiples materias: educación, salud, justicia, protección

civil, reconstruyendo el tejido social.

Lamentablemente la hipótesis se comprueba al observa que los problemas de

seguridad agravados por la simulación con la que se ha pretendido resolverlo, ha ido

mermando las estructuras sociales básicas en amplias regiones, afectando gravemente

la estructura social, económica y política, significando un costo social enorme y la

percepción de un estado fallido. La solución no puede ser otra más que la

implementación de acciones que impacten de forma multifactorial a los problemas,

reconociendo con la mayor objetividad posible la naturaleza de los problemas, con una

cobertura incluyente, participando de esta manera que la población vaya haciendo

suyas las aspiraciones democráticas y de la legalidad, fomentando su participación en

la renovación de las cuestiones políticas de nuestro país y fomentando la cultura

política.


LXXVIII

Objetivo General Objetivos

específicos Preguntas Hipótesis Desarrollo

Examinar y explicar los resultados y herramientas de la actual estrategia contra la seguridad del Gobierno Federal, a partir de considerar el marco normativo e institucional existente y su impacto en los niveles de legitimidad del estado, con el objetivo de proponer reformas dados su bajo resultados manifiestos

• Realizar una revisión del carácter y forma que establece la autoridad para dar cumplimiento a la obligación que le compete al estado como garante de la seguridad pública, tanto en su carácter preventivo, persecutorio y punitivo.

• Identificar los diversos problemas que presenta la impartición de justicia, y como estos impactan el grado de legitimidad sobre las acciones que establece el estado a nivel federal.

• Examinar las distintas estrategias que ha implementado el estado con el fin de atender los distintos efectos de la inseguridad y la delincuencia.

• Identificar los principales

• ¿En qué consiste el tema de la Seguridad pública en la perspectiva de gobiernos democráticos, cómo llegó a las agendas de gobierno, qué herramientas en materia de políticas públicas existen, cuál es su relevancia?

• ¿Cómo se mide el éxito o fracaso en materia de seguridad pública, la percepción es lo más importante?

• ¿Cómo se entiende la responsabilidad del estado de brindar seguridad en los tres niveles de gobiernos en México?

• ¿Cuál ha sido el resultado de las acciones del estado mexicano contra el crimen organizado?

Principal

Los crecientes niveles de inseguridad han puesto en entre dicho la legitimidad del estado, al significar que cada vez un mayor porcentaje de la ciudadanía confía menos en que el estado pueda brindarle la seguridad que necesita para continuar con sus actividades productivas; este cuestionamiento trastoca la autoridad del cuerpo normativo y las instituciones encargadas de su aplicación; sin embargo la respuesta no logra ser lo suficientemente pertinente y rápida con lo cual se genera un percepción negativa, en México la política de seguridad pública parece descansar más atender este fenómeno, que resolver atinadamente la problemática que le da origen; lo cual a mediano plazo genera una espiral que termina afectando gravemente a la población





1.4 ESTADISTICAS DELICTIVAS DEL FUERO FEDERAL

1.5 DEFINICIONES SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL.

1.6 ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD.


1.8 CONCEPTOS SISTEMÁTICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

1.8.1. PREVENCIÓN.

1.8.2. PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

1.8.3. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

1.8.4. SISTEMA PENITENCIARIO Y READAPTACIÓN SOCIAL.

1.8.5. VICTIMAS

1.9 PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

1.10 PARTICIPACIÓN DE


LXXIX

elementos que señalan la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales como temas sensibles respecto a la respuesta del estado al tema de la inseguridad.

• Conocer los elementos que integran el concepto de la seguridad pública, así como su evolución en la historia reciente en México.

• Identificar los principios y directrices que definen la estrategia del gobierno mexicano para reducir la inseguridad.

• Describir el marco legal que le da coherencia a la política de seguridad pública, así como los mecanismos desplegados para su ejecución.

• Identificar los factores sensibles que afectan el

• ¿Cómo se mide y cuales han sido los niveles de inseguridad en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son las principales demandas de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales respecto a seguridad pública e impartición de justicia?

• ¿Cómo ha participado la sociedad civil en la integración e implementación de la estrategia contra la inseguridad?

• ¿Qué medidas de reforma al marco normativo son necesarias para fortalecer la estrategia de seguridad pública, sin afectar los derechos ciudadanos?

• ¿Cuáles son los principales orígenes de la

destruyendo la estructura social y productiva, deteriorando gravemente la legitimidad del estado para gobernar siendo sustituido por los grupos criminales o por la autogestión.

1) La implementación de prácticas relativas a garantizar la legitimidad postulan que la percepción de seguridad tiene relevancia porque el individuo actúa en consecuencia a dicha creencia, por lo que la autoridad gubernamental se concentra en medidas cautelares, creación de instituciones y promoción de resultados de alto impacto; sin embargo, si no existen cambios profundos en la forma en que se administra la justicia y se aplica la ley, la situación no es sostenible en el mediano y largo plazo.

2) La experiencia reciente de México indica que la legitimidad ha sido trastocada por los niveles de inseguridad, se ha

LA COMUNIDAD.

1.11 LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.

CAPITULO II. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DETONANTE DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN LA NACIÓN MEXICANA



2.3. LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN CIFRAS.



2.6. ELEMENTOS PARTÍCIPES EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA INSEGURIDAD PÚBLICA

2.7. ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA QUE REPERCUTEN EN LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA.

2.8. LA VIOLENCIA RELACIONADA AL FENÓMENO DELICTIVO.

2.9. LA DELINCUENCIA APEGADA AL DESARROLLO Y LA TECNOLÓGIA.

2.10. LA INCORPORACIÓN ANTICIPADA DE LOS JÓVENES EN LAS LÍNEAS DE LA DELINCUENCIA.

2.11. JUICIOS SOBRE EL USO DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES HABITUALES


LXXX

diseño y ejecución de la política de seguridad del estado mexicano.

• Distinguir los efectos de negativos en la percepción de la opinión pública respecto a la efectividad de las acciones en materia de seguridad pública.

• Establecer las líneas generales para una reforma de ley, por medio de la cual, se le dé mayor énfasis a la sustitución de los mecanismos que no han logrado los objetivos planteados.

inseguridad pública y como se mide? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los tres órdenes de gobierno?


• ¿Cómo ha evolucionado la participación ciudadana en los mecanismos de seguridad pública en México en los últimos 10 años? ¿Cuáles han sido las experiencias en los tres órdenes de gobierno? ¿Cuál es el balance en cuanto a su efectividad?

• ¿Cómo se articula la política pública en materia de seguridad pública con el grado de legitimidad del estado?

• ¿Cuáles es el cuerpo institucional que da soporte a la aplicación de la política pública en

observado que la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales refutan cotidianamente la política de seguridad, esto nos conduce a pensar que estas acciones carecen de eficacia y han afectado negativamente la autoridad del estado en áreas crecientes de la vida pública y zonas del país, por lo que la crisis de legitimidad del estado es difícilmente reversible afectando la sustentabilidad del sistema social completo.

2.12. LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO HAN PENETRADO LAS ESFERAS DE LO POLÍTICO, LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL.


2.14. LA CULTURA DE LA VIOLENCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

CAPITULO III. LAS ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO MEXICANO PARA LA LEGITIMAR LA SEGURIDAD PÚBLICA


3.2. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

3.3. LA VIOLENCIA: UN FENÓMENO DEBIDO A LA FALTA DE MEDIDAS SOCIALES ADECUADAS PARA EVITAR LA DELICUENCIA.


3.5. LA REFORMA AL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL.



3.8. LA LEY GENERAL QUE INSTITUYE LOS CIMIENTOS DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE


LXXXI

materia de seguridad?

• ¿Cómo se integra y cuáles son las funciones y atribuciones de las principales instancias gubernamentales que articulan la política federal de seguridad pública?

• ¿Cuál es el impacto de la corrupción y la falta de transparencia en los procedimientos judiciales en la eficacia de las medidas gubernamentales que combaten la inseguridad?

• ¿Qué resultados se han obtenidos con los programas de gobierno en materia de seguridad pública regional y su impacto en el quehacer económico?

• ¿Qué características debería contener la reforma de ley que promueva la aplicación de la ley en el combate al crimen organizado y la inseguridad?

SEGURIDAD PÚBLICA.

3.9. EL FONDO DE CONTRIBUCIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS ESTADOS Y EL CENTRO DEL PAÍS.

3.10. LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

3.11. COORDINACIÓN Y FEDERALISMO.

3.11.1 INSTANCIAS DE COORDINACIÓN.

3.12 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

3.13 CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

3.14. ELEMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

CAPÍTULO IV LAS EVIDENCIAS Y SIMULACIONES DEL ESTADO FALLIDO EN LO CONCERNIENTE A LA PROTECCIÓN, CUIDADO Y RESGUARDO DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO.

4.1 INESTABILIDAD EN RECURSOS PARA COMBATIR AL NARCOTRÁFICO Y PREVENIR LAS ADICCIONES.

4.2 LA CORRUPCIÓN Y SUS RESULTADOS EN LA ECONOMÍA MEXICANA.

4.3 LA INSEGURIDAD, RESTRICTIVA PARA UN VERDADERO CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL.

4.4 LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.


LXXXII

4.5 LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS Y SU REPERCUSIÓN EN EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL PAÍS.

4.6 INDICADORES PARA EVALUAR AL ESTADO MEXICANO COMO FALLIDO.

4.7 LA DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS POR LA INSEGURIDAD Y LA DELINCUENCIA EN MÉXICO.

4.8. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES.

4.9. EL SISTEMA JURÍDICO REBASADO.

4.10. NEOLIBERALISMO E INESTABILIDAD DEL GOBIERNO.

4.11. LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO REBASADA POR LA CARENCIA EN SU LEGITIMIDAD Y ORDEN.

4.12 TENDENCIA DE LA INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Primera Hipótesis secundaria



Examinar y explicar los resultados y herramientas de la actual estrategia contra la seguridad del Gobierno Federal, a partir de considerar el marco

• Realizar una revisión del carácter y forma que establece la autoridad para dar cumplimiento a la obligación que le

• ¿En qué consiste el tema de la Seguridad pública en la perspectiva de gobiernos democráticos,

1) La implementación de prácticas relativas a garantizar la legitimidad postulan que la percepción de seguridad tiene relevancia porque el



1.2. ANÁLISIS Y RUMBO


LXXXIII

normativo e institucional existente y su impacto en los niveles de legitimidad del estado, con el objetivo de proponer reformas dados su bajo resultados manifiestos

compete al estado como garante de la seguridad pública, tanto en su carácter preventivo, persecutorio y punitivo.

• Identificar los diversos problemas que presenta la impartición de justicia, y como estos impactan el grado de legitimidad sobre las acciones que establece el estado a nivel federal.

• Examinar las distintas estrategias que ha implementado el estado con el fin de atender los distintos efectos de la inseguridad y la delincuencia.

• Identificar los principales elementos que señalan la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales como temas sensibles respecto a la respuesta del estado al tema de la inseguridad.

cómo llegó a las agendas de gobierno, qué herramientas en materia de políticas públicas existen, cuál es su relevancia?

• ¿Cómo se mide el éxito o fracaso en materia de seguridad pública, la percepción es lo más importante?

• ¿Cómo se entiende la responsabilidad del estado de brindar seguridad en los tres niveles de gobiernos en México?

• ¿Cuál ha sido el resultado de las acciones del estado mexicano contra el crimen organizado?


• ¿Cuáles son las principales demandas de la

individuo actúa en consecuencia a dicha creencia, por lo que la autoridad gubernamental se concentra en medidas cautelares, creación de instituciones y promoción de resultados de alto impacto; sin embargo, si no existen cambios profundos en la forma en que se administra la justicia y se aplica la ley, la situación no es sostenible en el mediano y largo plazo.

SOCIAL


1.4 ESTADISTICAS DELICTIVAS DEL FUERO FEDERAL

1.5 DEFINICIONES SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL.

1.6 ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD.


1.8 CONCEPTOS SISTEMÁTICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

1.8.1. PREVENCIÓN.




1.8.5. VICTIMAS

1.9 PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

1.10 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.


CAPITULO II. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DETONANTE DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN LA NACIÓN MEXICANA

2.1. LA SEGURIDAD PÚBLICA E INCIDENCIA


LXXXIV




• Identificar los factores sensibles que afectan el diseño y ejecución de la política de seguridad del estado mexicano.

sociedad civil y organizaciones no gubernamentales respecto a seguridad pública e impartición de justicia?

• ¿Cómo ha participado la sociedad civil en la integración e implementación de la estrategia contra la inseguridad?


• ¿Cuáles son los principales orígenes de la inseguridad pública y como se mide? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los tres órdenes de gobierno?

• ¿En materia de seguridad la percepción es

DELICTIVA





2.6. ELEMENTOS PARTÍCIPES EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA INSEGURIDAD PÚBLICA

2.7. ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA QUE REPERCUTEN EN LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA.



2.10. LA INCORPORACIÓN ANTICIPADA DE LOS JÓVENES EN LAS LÍNEAS DE LA DELINCUENCIA.

2.11. JUICIOS SOBRE EL USO DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES HABITUALES

2.12. LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO HAN PENETRADO LAS ESFERAS DE LO POLÍTICO, LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL.


2.14. LA CULTURA DE LA VIOLENCIA Y MEDIOS DE


LXXXV

todo?

• ¿Cómo ha evolucionado la participación ciudadana en los mecanismos de seguridad pública en México en los últimos 10 años? ¿Cuáles han sido las experiencias en los tres órdenes de gobierno? ¿Cuál es el balance en cuanto a su efectividad?


• ¿Cuáles es el cuerpo institucional que da soporte a la aplicación de la política pública en materia de seguridad?

COMUNICACIÓN MASIVA









3.8. LA LEY GENERAL QUE INSTITUYE LOS CIMIENTOS DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.




3.11.1 INSTANCIAS DE


LXXXVI

COORDINACIÓN.




Segunda hipótesis secundaria



Examinar y explicar los resultados y herramientas de la actual estrategia contra la seguridad del Gobierno Federal, a partir de considerar el marco normativo e institucional existente y su impacto en los niveles de legitimidad del estado, con el objetivo de proponer reformas dados su bajo resultados manifiestos

• Identificar los principales elementos que señalan la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales como temas sensibles respecto a la respuesta del estado al tema de la inseguridad.



• ¿Cuáles son las principales demandas de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales respecto a seguridad pública e impartición de justicia?

• ¿Cómo ha participado la sociedad civil en la integración e implementación de

2) La experiencia reciente de México indica que la legitimidad ha sido trastocada por los niveles de inseguridad, se ha observado que la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales refutan cotidianamente la política de seguridad, esto nos conduce a pensar que estas acciones carecen de eficacia y han afectado negativamente la autoridad del estado en áreas crecientes de la vida pública y zonas del país, por lo que la crisis de legitimidad del estado







3.6. LA REFORMA AL ARTÍCULO 73


LXXXVII



• Identificar los factores sensibles que afectan el diseño y ejecución de la política de seguridad del estado mexicano.

• Distinguir los efectos de negativos en la percepción de la opinión pública respecto a la efectividad de las acciones en materia de seguridad pública.

• Establecer las líneas generales para una reforma de ley, por medio de la cual, se le dé

la estrategia contra la inseguridad?


• ¿Cuáles son los principales orígenes de la inseguridad pública y como se mide? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los tres órdenes de gobierno?


• ¿Cómo ha evolucionado la participación ciudadana en los mecanismos de seguridad pública en México en los últimos 10 años? ¿Cuáles han sido las experiencias en los tres órdenes de

es difícilmente reversible afectando la sustentabilidad del sistema social completo.

CONSTITUCIONAL


3.8. LA LEY GENERAL QUE INSTITUYE LOS CIMIENTOS DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.




3.11.1 INSTANCIAS DE COORDINACIÓN.




CAPÍTULO IV LAS EVIDENCIAS Y SIMULACIONES DEL ESTADO FALLIDO EN LO CONCERNIENTE A LA PROTECCIÓN, CUIDADO Y RESGUARDO DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO.

4.1 INESTABILIDAD EN RECURSOS PARA COMBATIR AL NARCOTRÁFICO Y PREVENIR LAS ADICCIONES.

4.2 LA CORRUPCIÓN Y SUS RESULTADOS EN LA


LXXXVIII

mayor énfasis a la sustitución de los mecanismos que no han logrado los objetivos planteados.

gobierno? ¿Cuál es el balance en cuanto a su efectividad?


• ¿Cuáles es el cuerpo institucional que da soporte a la aplicación de la política pública en materia de seguridad?

• ¿Cómo se integra y cuáles son las funciones y atribuciones de las principales instancias gubernamentales que articulan la política federal de seguridad pública?

• ¿Cuál es el impacto de la corrupción y la falta de transparencia en los procedimientos judiciales en la eficacia de las medidas gubernamentales que combaten la inseguridad?

• ¿Qué resultados se han obtenidos

ECONOMÍA MEXICANA.

4.3 LA INSEGURIDAD, RESTRICTIVA PARA UN VERDADERO CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL.

4.4 LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

4.5 LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS Y SU REPERCUSIÓN EN EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL PAÍS.

4.6 INDICADORES PARA EVALUAR AL ESTADO MEXICANO COMO FALLIDO.

4.7 LA DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS POR LA INSEGURIDAD Y LA DELINCUENCIA EN MÉXICO.

4.8. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES.

4.9. EL SISTEMA JURÍDICO REBASADO.

4.10. NEOLIBERALISMO E INESTABILIDAD DEL GOBIERNO.

4.11. LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO REBASADA POR LA CARENCIA EN SU LEGITIMIDAD Y ORDEN.

4.12 TENDENCIA DE LA INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL.


LXXXIX

con los programas de gobierno en materia de seguridad pública regional y su impacto en el quehacer económico?

• ¿Qué características debería contener la reforma de ley que promueva la aplicación de la ley en el combate al crimen organizado y la inseguridad?


XC

CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN.

Debido a los acelerados cambios que ha sufrido el país, hoy se vive una nueva realidad

que convoca y enfrenta a grandes retos; el problema de la inseguridad pública es una

situación que preocupa principalmente a gobernantes y habitantes de las principales

urbes de la República, esto como resultado del crecimiento de la población, la

migración y la estructura poblacional de dichas ciudades. Destaca aquí el caso de la

Ciudad de México, que al ser el más importante centro económico y político del país y

la segunda urbe más grande del planeta, se ha convertido en la entidad donde el

incremento en número y gravedad de los hechos delictivos han llegado a ser

alarmantes.

Por los altos alcances de los ilícitos, la reformas constitucionales en materia de

seguridad pública que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de

diciembre de 1994, y la subsecuente expedición de la Ley General que establece las

Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, representaron

medidas de perfeccionamiento jurídico y administrativo, toda vez que elevan al más alto

nivel las tareas de seguridad pública, y armonizan la acción de los órganos en ella

involucrados, con la finalidad de cumplir eficazmente los fines de la seguridad pública.


Seguridad Pública constituyó un importante paso para dotar de elementos normativos

de coordinación a esa función estatal. No crea nuevos órganos de autoridad, porque

ello rebasaría su naturaleza y materia; sólo crea instancias jurídicas de definición y

actuación, estableciendo un ordenamiento rector de la coordinación nacional en la

materia.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública no es el responsable directo de la seguridad

pública, sino sólo de promover, encauzar y evaluar la coordinación de las instituciones

responsables. Frente a las instituciones de seguridad pública de la Federación, el

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, sólo tiene la posibilidad legal de fomentar


XCI

convenios entre ellos o establecer políticas o lineamientos que propicien la coordinación

entre los distintos niveles de gobierno.

A través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se fortalece la coordinación entre

los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, para orientar la

distribución de los fondos públicos autorizados y reforzar sus esquemas de seguridad

pública, de acuerdo a los requerimientos de cada una de las poblaciones, conforme a

su incidencia delictiva y programas de trabajo debidamente fundamentados y

justificados.

Tal y como lo establece la ley de la materia, actualmente se han sentado las bases de

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo es el momento

de aprovechar la enorme infraestructura consolidada, explotar las grandes bases de

datos y registros con los que se cuenta, para que se comiencen a percibir avances

significativos en la lucha contra la delincuencia.

Ya que la inseguridad pública en México se encuentra en pleno crecimiento, porque a

México se le debe observar corno una enorme región delincuencial en expansión, por el

efecto Estados Unidos. Si vernos a la Unión Americana y a México y hacernos caso

omiso de la frontera geográfica lo que nos queda es, una gran región delincuencial. La

venta de droga crece entre los jóvenes y los adultos mexicanos, el tráfico de armas

también lo hace, el robo de autos por igual, la clonación de tarjetas de crédito se

amplifica, el robo predatorio se incrementa: en microbuses, a negocios pequeños, en

cajeros, ahora también dentro de los centros comerciales, el traslado de personas hacia

Estados Unidos etc., en suma los negocios ilícitos se han vuelto una extraordinaria

opción de empleo y de negocio. Y si a ello le sumarnos que la seguridad pública se ha

desregulado, que el Estado mexicano es un gran productor de pobres, y que sólo

reprime a la delincuencia pero que no acaba con ella. Entonces México enfrenta un

terrible coctel, que no ha empezado a resolver.

El mismo Estado vive en un plano de inestabilidad en sus niveles de su sistema

económico, político y en su subsistema policía. En su nivel económico no puede dejar a


XCII

un lado el neoliberalismo, en su parte política no ha podido reformar los tribunales del

país, mientras para los cuerpos policiacos crece en vez de disminuir la tentación de

negociar la acción penal.

Los altos índices delictivos colaboran para que la percepción ciudadana de la

corrupción y la impunidad sean factores determinantes que anulan el combate a

delincuencia. Para cualquier estrategia de seguridad pública es indispensable la

creación de mecanismos de confianza entre las autoridades y los ciudadanos. Las

circunstancias son graves, es necesario cuanto antes tomar medidas para prevenir al

menos los daños mayores. La peor actitud es negar la existencia del problema o

pretender ocultarlo hay que ver de frente a la realidad y reconocer lo que está pasando.

El papel de la comunidad y de la sociedad civil es crucial en el combate a la

inseguridad. Una comunidad que ejerce efectivo control sobre su espacio tanto privado

como público es capaz de adoptar medidas eficientes ante el fenómeno delictivo. En las

ciudades europeas se ha organizado la cooperación en forma de coalición permanente,

con independencia del nombre, consejo comunal de prevención, mesa de concertación,

asociaciones etc. La intención es celebrar contratos que recojan la voluntad de las

partes y coordinarse para obtener resultados comunes.

En el centro de la creciente controversia respecto a si los medios de comunicación

generan violencia o sólo la reflejan, lo que esta fuera de toda duda es la capacidad de

influenciar que éstos, en especial la televisión , tienen en la conformación de corrientes

de opinión y en la adopción de determinadas conductas.

Las Instituciones de Seguridad Pública tienen que asumir una actitud más activa,

protagónica y creativa para lograr que los responsables de los medios de comunicación

electrónicos e impresos tengan un adecuado manejo de la información sobre la

seguridad pública, evitando así, la formación de una percepción ciudadana negativa al

respecto.


XCIII

De esta manera, podemos establecer la primera propuesta específica en materia de

seguridad pública:

Establecer un sistema de carácter nacional de comités de seguridad pública

ciudadanizados, los cuales puedan proponer, evaluar y calificar las acciones de

seguridad implementadas por las autoridades locales y federales, la forma en que

selecciona y capacita al personal operativo que participa en la seguridad pública,

la estructura del sistema punitivo; y aun estar tener la posibilidad de emitir

opinión respecto la emisión de normatividad por parte de los cuerpos legislativos.

Es necesario fortalecer el poder civil frente a las instituciones de seguridad pública que

habían sido ajenas al control y a la supervisión democrática, para trabajar ahora bajo un

concepto de colaboración y de asistencia.

Los resultados obtenidos por las encuestas nacionales sobre Inseguridad Pública son

una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas públicas de seguridad en

prevención y programas para el combate de la delincuencia, de esta manera

autoridades, ciudadanos e Instituciones deben unir esfuerzos para devolver la

seguridad perdida a sus habitantes.

Del mismo modo, resulta indispensable la armonización de los distintos cuerpos

legislativos que aporten al pacto federal, una perspectiva de coherencia y rumbo

respecto a un sistema de seguridad pública equilibrado, es decir que no haga énfasis

en su carácter persecutorio y punitivo del delito, sino contenga elementos de previsión

del delito, la reinserción social del transgresor y la cultura de la legalidad.

Por ello es importante nuestra segunda propuesta específica: Es imperativo y urgente,

promover las reformas jurídicas para el establecimiento de un solo Código Penal

y un solo Código de Procedimientos Penales para todo el territorio nacional, que

implique el mejorar y agilizar el ejercicio de los recursos destinados a la

seguridad pública y la impartición de justicia.


XCIV

La seguridad pública se gana o se pierde en la colonia, en la manzana, en el barrio, en

el sitio de trabajo y en el ámbito individual o colectivo en que se vive. Ahí, es

indispensable cambiar las estructuras verticales de las policías, por una policía de

acercamiento por barrio y colonia, que le rinda cuentas cotidianas a la ciudadanía con la

participación de un juez cívico, con procedimientos ejecutivos e inmediatos para

combatir los delitos menores y las faltas administrativas a través del trabajo comunitario

y la reparación del daño a la víctima, porque es ahí donde se podrán detener las

carreras delictivas y donde la autoridad debe de establecer los niveles de seguridad y

justicia que los habitantes de cada colonia, de cada calle y de cada casa, necesitan.

Dado que existe una delincuencia cada vez más organizada y sofisticada, es

imprescindible avanzar en la profesionalización de los cuerpos policiacos. Hay que

prepararlos y equiparlos adecuadamente haciendo un replanteamiento de sueldos,

prestaciones y escalafones, acorde con las necesidades de cada región, de modo que

el policía sienta una seguridad para él y su familia ante los riesgos a que está expuesto

en las actividades propias de su trabajo.

Finalmente arribamos a la tercera propuesta específica en materia de líneas de acción

en políticas públicas:

Iniciar un proceso profundo de profesionalización y control ciudadano de la

actividad de los cuerpos policiacos que pase por la selección, preparación,

seguimiento, sanción o promoción de los cuerpos policiacos, esta actividad pasa

desde la confirmación de una base única a nivel nacional con los registros del

personal policial que incluye instituciones privadas; controles de confianza

periódicos e independientes de los gobiernos locales y federal; mejora de

salarios y protección jurídica; y su profesionalización (planes de carrera).

En la readaptación y reinserción social se debe poner énfasis en la reintegración social

a través del trabajo remunerado y la reparación del daño, impulsando las reformas

necesarias para aplicar sustitutivos de la pena privativa de la libertad y condena

condicional, junto con la creación de un entorno social de apoyo a liberados.


XCV

Ahora bien, una vez identificados estos elementos aún queda la tarea más ardua y

difícil por hacer, y es la de intentar salir del círculo vicioso de violencia-inseguridad

pública y hacerle frente a la espiral de la violencia. A partir de las experiencias y

observaciones emanadas de la presente investigación, surgen algunas reflexiones y

consideraciones que se presentan a continuación.

Lo primero a tomarse en cuenta es que, probablemente, el uso de métodos violentos de

ninguna manera resolverá el problema de la delincuencia, por consiguiente, no

restaurará la paz y la seguridad pública. Lo único que se conseguirá es entrar en la

espiral de la violencia, provocando significativas consecuencias, principalmente en la

población civil.

Esta investigación también permitió develar algunos de los mecanismos por los que la

violencia se reproduce y llega a institucionalizarse y en este sentido, al comprender este

proceso, es posible encontrar alternativas que permitan desmontarla e ir tratando los

elementos que participan en ella. Al centrar el tema de la legitimación de la violencia

desde una postura interpretativa y en un marco legal enfatizamos la importancia del

lenguaje y el discurso como práctica social y en este sentido, como constructores de

realidades. Al observar los fenómenos sociales desde esta postura y considerarlos

insertos en realidades y contextos históricamente dados, es posible entender que

entonces, que estos fenómenos son susceptibles de modificación.

Es importante considerar que un nuevo concepto de seguridad ciudadana requiere una

actuación conjunta, de instituciones y organismos colectivos que de forma coordinada

lleven a cabo acciones encaminadas a preservarla, por lo que es fundamental fomentar

la participación y la cooperación ciudadana, los programas específicos dirigidos a los

grupos más vulnerables (personas mayores, niños, mujeres, etcétera), la asistencia a

las víctimas de la delincuencia y tomar las medidas para incitar a los medios de

comunicación a participar en los esfuerzos para mejorar la situación.


XCVI

La sociedad debe intervenir y asumir el compromiso mediante su involucramiento en

políticas de refuerzo de los lazos sociales vecinales, fomentando el conocimiento mutuo

y tomando un papel activo para solicitar el rendimiento de cuentas a las distintas

instancias gubernamentales. También es importante educar a nuestra sociedad en el

sentido de infundir valores de justicia, solidaridad y paz social, es evidente que para no

contribuir con la violencia debe de existir correspondencia entre los valores de las

Instituciones y la ciudadanía. Además, Consideramos que es importante articular

programas en los que desde las escuelas se enseñen las implicaciones y las

consecuencias de la violencia e inseguridad, al mismo tiempo que se promueva la

cooperación para enfrentar los problemas sociales.

Estas propuestas están dedicadas a fomentar las estrategias dirigidas a recuperar en la

ciudadanía la confianza en las diversas instancias de procuración de justicia, a través

de la profesionalización de sus integrantes, la educación en contra de la corrupción, el

respeto a los derechos civiles, y finalmente, trabajar coordinadamente con la

ciudadanía.

Las acciones públicas de seguridad deben de caracterizarse por la proximidad, la

inmediatez, la eficacia y las sanciones visibles y garantizadas.

Una política de seguridad debe atender la superación de los vacíos jurídicos que les

permite a los delincuentes evadir a la justicia; es decir, reducir la impunidad. En lugar de

hacer leyes más enérgicas es necesario primero que se cumplan las que ya están. El

Estado tiene en sus manos la aplicación de la justicia; sin embargo, también está en

sus manos realizar un mayor fomento de las medidas preventivas más que punitivas;

pues en algunos países se ha comprobado que la prevención resulta menos costosa

económica y socialmente.

Construir un país en movimiento, es la tarea que sin duda alguna no es sencilla, pero es

el único camino que queda para salir del circulo vicioso de violencia-inseguridad,

inseguridad-violencia. Para que esto sirva desde el ámbito académico como un

componente (probablemente mínimo) del aliciente que ayude a sanar la herida que la


XCVII

violencia ha provocado, por falta de una seguridad pública capaz de frenar los males

causados por la delincuencia.


XCVIII

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

• Abad, J.M y Gómez, J.A. ¡Preparados, Listos, Ya! Una síntesis de intervenciones

efectivas para la prevención de violencia que afecta a adolescentes y jóvenes.

Organización Panamericana de la Salud: EE.UU. 2008

• Abregú, Martín. Policía y sociedad democrática. Edit., Centro de Estudios

Legales y Sociales, Buenos Aires, 1999.

• Aguayo, Sergio. Diplomado Universitario sobre Derechos Humanos para

Servidores Públicos, Universidad Iberoamericana, México, 1993.

• Albertín, P; Cubells, J. he Íñiguez, L. La posición de las personas que usan

drogas: elementos de reflexión para una intervención sociosanitaria. Salud y

drogas. 8,2, pp. 157-172, 2008

• Alvarado, Arturo y Sigrid Artz. El desafío democrático de México: seguridad V

estado de derecho, Colegio de México, México, 2001.

• Álvarez-Gayou J.L. Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y

metodología. México: Paidós. 2005

• Andrade Sánchez Eduardo, Rodríguez José Enrique, Coord. Seguridad Pública y

Procuración de Justicia, Asociación Mexicana de Egresados del INAP de

España, AC. México 1997.

• Astorga, L. Seguridad, traficantes y militares: el poder y la sombra. México:

Tusquets. 2007

• Astorga, Luís. Crimen organizado y organización del crimen. Grijalbo, México o,

2000.

• Bagley, Bruce Michael. Los intereses de seguridad de México y Estados Unidos.

Siglo XXI, México, 1990.

• Bagley, Bruce Michael. Los mitos de la militarización. Fondo de Cultura

Económica, México, 1993.

• Bailey John Chabat. Crimen transnacional y seguridad pública. Desafíos para

México y Estados Unidos. Plaza y Janes, México, 2000


XCIX

• Bailey John. El crimen organizado y la gobernabilidad democrática: México y

Estados Unidos, Grijalbo, México, 2000.

• Balan, Jorge. Migraciones en el desarrollo capitalista; caso México. Siglo XXI.

México 2005.

• Balbis, M; y Claramunt, A. Participación del delito mediante participación

ciudadana ¿es posible? Aproximación al análisis de las propuestas desarrolladas

en nuestro país. Tesis de trabajo social. Facultad de Ciencias Sociales – Udela

R. 2009

• Banco de México y Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

2011. México.

• Banco Mundial. Informe Sobre el Desarrollo Mundial. El Estado en un Mundo en

Transformación. Edit., INAP, México, 1997.

• Baratta, A. Política criminal: entre la política de seguridad y la política social. En

E. 1997

• Barreto, I. y Borja, H. Violencia política: algunas consideraciones desde la

psicología social. Revista Diversitas. Perspectivas en Psicología, 3, 1, 109-119,

2007.

• Barros, L. Los Sentidos de la Violencia en Casos de Robo con Violencia o

Intimidación. Chile: Series de Estudios CESC. Centros de Estudios en Seguridad

Ciudadana, 2003.

• Bartra, Roger. Caciquismo y poder político en México. Siglo XXI. Medico 2002.

• Beccaria, Césare. De los delitos y las penas, Comisión Nacional de Derechos

Humanos. México, 1991.

• Berg, B. Qualitative research methods for the social sciences. United States of

America: Allyn & Bacon, 2001.

• Berger, P y Luckman, T. Construcción social de la realidad. Buenos Aires:

Amorrotu. 1998

• Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia en México, Fondo de Cultura


• Boron. Atilio. La crisis norteamericana y la racionalidad neoconservadora, Edit.

CIDE. Cuadernos Semestrales No. 9. México. 1981.


C

• Bourdieu, P. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000.

• Boyer, Jean Francois. La guerra perdida contra las drogas. Grijalbo. México,

2001.

• Bueno. Alfonso. Del Estado Neoliberal al Estado Fáctico. Edit. CELlBRE.

Ensayos: POLÍTICUS, Serie: Reforma del Estado. No. l. Nezahualcóyotl. 2000.

• Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, 8a. Edición,

Editorial Porrúa, México, 1991.

• Buvinic, M., Morrison, A y Orlando, M. Violencia, crimen y desarrollo social en

América Latina y el Caribe. Papeles de Población, enero-marzo, 043, 167-214,

2005

• Cajas, J. Violencia y narcotráfico. Reflexiones sobre la antropología. En M,

Jiménez. (editor). Subversión de la violencia. (pp. 333-372). México: Universidad

Nacional Autónoma de México, 2007.

• Carranza, E. Situación del delito y de la seguridad de los habitantes en los

países de América Latina. En E. Carranza. (Comp) Delito y Seguridad de los

habitantes. (pp. 23-49). México: Siglo XXI 1997.

• Carranza, Elías. Delito y seguridad de los habitantes, ILANUD-Siglo XXI-

Comisión Europea, México, 1997.

• Carranza. (Comp). Delito y seguridad de los habitantes. (pp. 80-95). México:

Siglo XXI.

• Castillo, Fabio. Los nuevos jinetes de la cocaína. La oveja negra. Bogotá,

Colombia, 2000.

• Castillo, G. Más de 14 mil ejecutados desde que Calderón declaró la guerra al

narco. La Jornada. 25, 9003, 2009.

• Castro, Juventino. El Ministerio Público en México. Edit. Porrúa. México. 1989.

• Cbabat. Jorge y Bailey, John. Seguridad Pública y Gobernabilidad Democrática:

Desafíos para México y Estados Unidos Reporte al Grupo de Tarea., Edit.

Universidad de Georgetown, Estados Unidos, 2000.

• Cepal. Panorama Social de América Latina. 2011.

• Chávez. Jorge. Para recobrar la confianza en el gobierno. Edit. FCE. Sección

CJhra, de Administración Pública. México.


CI

• Chiricos, T., Padgett, K. & Gertz, M. Fear, TV news, and the reality of crime.

Criminology. 38, 3, 755-781, 2000.

• Cisneros, A. y Zubillaga, V. La violencia desde la perspectiva de la víctima: La

construcción social del miedo. Espacio Abierto.6, 1, 71 -97, 1997.

• Clarke, Ronald V. y Jonh Eck, Como ser Analista Delictivo en 55 pasos,

traducción al español por Arturo Arango Durán y Cristina Lara Medina, Jill Dando

Institute of Crime Science, 1993.

• Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y otros. Seguridad pública,

prevención del delito y derechos humanos: construyendo alternativas desde la

sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos, CDHDF, Primera

edición, México, 2004

• Comisión Nacional de Derechos Humanos. Informe de actividades del 01 de

enero al 31 de diciembre. México: CNDH, 2012.

• Concha Cf. H., La capacitación judicial en México, (Mayo 15-17, 2003).

• Consejo Nacional de Población. Índice de marginación urbana 2005. CONAPO:

México, 2009.

• Correa, E. Pretexto lucha contra el narcotráfico. Ponencia presentada en el

seminario La política de seguridad pública en el México de hoy, Marzo, Ciudad

de México, 2009.

• Cosío, Villegas Daniel. El sistema político mexicano. Las posibilidades del

cambio. Cuadernos de Joaquín Ortiz, México 2009.

• Costa. Gino. La propuesta de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional del

Perú: Novedades y Limitaciones en Control Democrático en el Mantenimiento de

la Seguridad Interior. Edit. Centro de Estudios del Desarrollo. Santiago de Chile.

1998.

• Cruz Maldonado Norma, El miedo al delito en el DF: un enfoque social, UNAM;

ENTS Tesis de Licenciatura, Junio 2004.

• Cubells, J. Construcción social del delito: un estudio etnográfico en la práctica del

derecho penal. Tesis de doctorado no publicada. Universitat Autónoma de

Barcelona. España, 2002.


CII

• Cuevas, Francisco. Reflexiones en tomo a la Seguridad Pública en México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1999.

• Dastres Abarca, Cecilia. ¿Visiones personales, ideología o mercado al momento

de informar?, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Chile, Noviembre

2002.

• De Certeau, M. La invención de lo cotidiano 2: habitar, cocinar. México:

Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Occidente, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1999.

• De la Corte, L., Sabucedo, J. y Blanco, A. (2004). Una función ética de la

psicología social: Los estudios sobre el fondo ideológico de la violencia política.

Revista Interamericana de Psicología, 38, 2, 171-180.

• Del Olmo, R. (2000). Ciudades duras y violencia urbana. Nueva sociedad. 167,

mayo junio, 1-15.

• Delatre, Edwin J. Integridad policial, la actitud del policía frente a su comunidad,

Instituto Cultural Ludwing Von Mises, México, 2002.

• Díaz de León Marco Antonio, Diccionario de Derecho Procesal Penal, 2ª ed.,

México, Porrúa, T. II, 1989, s.v. víctima.

• Díaz Herrera M. A., La víctima: un recuento histórico de su papel en el proceso

penal, ITER CRIMINIS, No. 9, 2004, 139-141 pp.

• Diel Daul, El miedo y la angustia, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1996, 24 p.

• Dror. Yehezkel. Enfrentando el futuro, Edit., FCE, Sección de Obras: Política y

Derecho. México. 1993.

• Duarte, Roberto Eleuterio. Encuentro Nacional de Estudios Estratégicos,

Argentina. 2011.

• Echavarría, J. La promesa de (In) seguridad: Algunas reflexiones críticas.

Revista Estudios Políticos. Medellín: Universidad de Antioquia, 2005.

• Echeverría Enrique, Avances en el tratamiento psicológico de los trastornos de

ansiedad, Ed. Madrid: Pirámide, 1992, 270 p.

• Eibl-Eibesfeldt, Irenäus. La sociedad de la desconfianza, Polémica para un

mundo mejor Ed. Herder, Barcelona, 1996.

• Evers, Tilman. El estado en la periferia capitalista. Siglo XXI, México, 2001.


CIII

• Fernández Andrade, Elsa María. El narcotráfico y la descomposición política y

social. Plaza y Valdez, México, 2002.

• Fernández, C., Domínguez, R., Revulá, J. y Anagnostou, A. Formas de

legitimación de la violencia en TV. Política y Sociedad, 41, 1, 183-199. 2004

• Fernández, I. Justificación y legitimación de la violencia en la infancia. Un estudio

sobre la legitimación social de las agresiones en los conflictos cotidianos entre

menores. Tesis de doctorado no publicada, Universidad Complutense de Madrid.

España. 2008.

• Fernández, L. La violencia institucional y los niños. En Universidad Autónoma

Metropolitana (Ed). Tiempos de violencia. (pp. 27-37). México: UAM Xochimilco.

1997

• Fernández, M. La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu:

una aproximación crítica. Cuadernos de trabajo social. 18, 7-31. 2005.

• Flores Pérez, Carlos Antonio. Seguridad nacional y la democracia en México.

Tesis de maestría, UNAM, México, 2002.

• Flores, Manuel. Gobernabilidad: un reportaje de América Latina, Edit., FCE,

México. 1997.

• Fox Quezada Vicente. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Presidencia de la

República. México, 2001.

• Fraczek, A. Moral Approval of Aggressive Acts: A Polish-Finnish Comparative

Study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 16, 1, 41-54, 1985.

• Fraga Juárez, Raúl. Los Desafíos de la Seguridad Pública en México: Medios de

Comunicación V Cobertura del delito, Instituto de Investigaciones Jurídicas,

UNAM, México, 2002.

• Gabucio, N. Construcción de la identidad nacional desde el contenido de los

libros de texto de educación primaria. Tesis de licenciatura no publicada.

Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2002.

• Galeano, E. Los prisioneros. La Jornada Semanal. Nueva Época, 75, 11, 16-17,

1996.

• García Ramírez, Sergio. Poder Judicial y Ministerio Público, Editorial Porrúa,

México, 1996.


CIV

• García, N. Ciudad invisible, ciudad vigilada. La Jornada Semanal. Nueva Época.

115, 18, 1997.

• Gergen, K. Realidades y relaciones: aproximaciones a la construcción social.

Paidós: Barcelona, 1996

• Giménez, G. Poder, Estado y discurso. Perspectivas sociológicas y semiológicas

del discurso político-jurídico. México: Universidad Nacional Autónoma de México,

1981.

• Giraldo, J. y Benítez, E. Psicología de la justicia distributiva: antecedentes y tipos

de estudios para su comprensión. Acta colombiana de psicología, 14, 91-101,

2011.

• González Fernández, José Antonio. La Seguridad Pública en México, Instituto de

Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2002.

• González Ruiz Samuel, López Portillo V, Ernesto, Yánez José Arturo, Seguridad

Pública, En México: Problemas, Perspectivas y Propuestas. UNAM. México

1994.

• González Ruiz Samuel. Como diseñar una estrategia nacional contra la

delincuencia organizada .Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2003.

• González Ruiz Samuel. Seguridad publica en México. Problemas, perspectivas y

propuestas .UNAM México, 2004.

• González Ruíz, Samuel, Seguridad Pública en México, Universidad Nacional

Autónoma de México, México, 1994.

• González, L. Percepción ciudadana de la inseguridad. Ciudades seguras V.

Universidad Autónoma de Metropolitana. México: Fondo de Cultura Económica,

2002.

• González, L. y Kala, J. Un modelo para la medición integral de la inseguridad. En

L. González, J. Arce y M. Álvarez. (Coords). Aproximaciones empíricas al estudio

de la inseguridad. Once estudios de seguridad ciudadana en México. (pp. 171-

195). México: Miguel Ángel Porrúa, 2007.

• González, L., Arce, J. y Álvarez, M. (2007). Aproximaciones empíricas al estudio

de la inseguridad. Once estudios de seguridad ciudadana en México. México:

Miguel Ángel Porrúa.


CV

• González, R. (2005). Banco Mundial: la violencia cuesta al país 100 mil mdd al

año. La Jornada. Recuperado de http: /

/www.jornada.unam.mx/2005/08/14/026n1eco.php

• Grossi, F. (1998). La violencia política en perspectiva para él y contra el poder y

el Estado.

• Grundy, K, y Weinstein, M. Las ideologías de la violencia. Madrid: Tecnos, 1976.

• Guerrero, R. Violencia y exclusión las experiencias de Cáli y Bogotá. Colombia:

International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2003.

• Guerrien, M. Arquitectura de la inseguridad, percepción del crimen y

fragmentación del espacio urbano en la zona metropolitana del Valle de México.

En P, Fraile; G, Rodríguez; Q, Bonastra y C, Arella. (editores). Paisaje

ciudadano, delito y percepción de la inseguridad. Investigación interdisciplinaria

del medio urbano. (pp. 93-116) Madrid: Dykinson, 2006.

• Guillen López, Tonatiuh. Federalismo, Gobiernos Locales v Democracia,

Segunda Edición. Instituto Federal Electoral, México, 2001.

• Gutiérrez, S. El discurso argumentativo. Una propuesta de análisis. Escritos.

Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje. 27, enero-junio, 45-66, 2003.

• Habermas, J. La reconstrucción del materialismo histórico. Madrid: Taurus, 1981.

• Haidar, J. Debate CEU-Rectoría: Torbellino pasional de los argumentos. México:

UNAM - Colección Posgrado, 2006.

• Hasam, S. Privatización de la seguridad: Guerra económica y social. En H., 2000

• Hernández Bastar, Martín. El contexto actual de la seguridad nacional en México.

Una propuesta de agenda institucional, Instituto Nacional de Administración

Pública, México, 2001.

• Hernández Laos y Toledo O. México. Escenarios económicos de largo plazo y

efectos sobre la utilización de recursos naturales. Reporte final de investigación

para el programa PNUD-SEMARNAP, abril. México, 1999.

• Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación. Edit. McGraw-

Hill. México, 1992.

• Herrera Casso, Luis. Balance V perspectiva en el uso del concepto de seguridad

nacional en el caso de México, UAM, México, 1999.


CVI

• Hopenhayn. M. Drogas y violencia: fantasmas de la nueva metrópoli

Latinoamérica. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, 2002.

• Hudelson, P.M. Qualitative Research for Health Programmes. Geneva: WHO,

1994.

• Huggins. Martha. Conciencia torturada: secretos y moralidad en la violencia

policial brasileña en Justicia en la calle: Ensayos sobre la policía en América

Latina. Edil. Centro Disciplinario de Estudios sobre Desarrollo Latinoamericano.

Medellín. 1996.

• Ibáñez, T. La psicología social y la retórica de la verdad. La Revista de Cultura

Psicológica. Facultad de Psicología. UNAM, 2, 1, 50-59, 1993.

• Imaz. Carlos. Participación ciudadana y gobierno. Edil. Senado de la República.

Revista: Del Senado de la República, No. 13. México. 1998.

• Íñiguez, L. El análisis del discurso en las ciencias sociales: variedades,

tradiciones y práctica. En L. Iñiguez, (Editor). Análisis del discurso: manual para

las ciencias sociales. Editorial UOC: Barcelona, España, 2006.

• Íñiguez, L. y Vázquez, F. Legitimidad del sistema democrático. Análisis de un

discurso autorreferencial. En O. D´ Adamo, V. García y M. Montero. (Comps).

Psicología de la acción política. (pp. 35-64). México: Paidós, 1995.

• Jackman, M. License to kill: violence and legitimacy in expropriative social

relations. En J. Jost & B. Major (Coords). The psychology of legitimacy. Emerging

perspectives on ideology, justice and intergroup relations. (pp. 33-53). United

States of America: Cambridge University Press, 2001

• Jost, J. & Major, B. The psychology of legitimacy. Emerging perspectives on

ideology, justice and intergroup relations. United States of América: Cambridge

University Press, 2001.

• Juárez. Laura. EL gobierno foxista mantiene y endurece la política salarial. Edil.

Universidad Obrera. México, 2000.

• Kelling, George y Catherine M. Coles. No más ventanas rotas, Cómo restaurar el

orden y reducir la delincuencia en nuestras comunidades, Instituto Cultural

Ludwig Von Mises, 1ª. Edición en español, México, 2001.


CVII

• Kelman. H. Reflections social and psychological processes of legitimization and

deligitimization. En J. Jost & B. Major. (Coords). The psychology of legitimacy.

Emerging perspectives on ideology, justice and intergroup relations. (pp.54-73).

United States of America: Cambridge University Press, 2001.

• Lara Klahr, Marco y Ernesto López Portillo, Coord. “Violencia y medios;

Seguridad pública, noticias y construcción del miedo”, CIDE-INSYDE, 1ª. Edición,

México, 2004.

• Lara Klahr, Marco y Ernesto López Portillo, Coord. Violencia y medios 2;

Reporteros de policía, CIDE-INSYDE, 1ª. Edición, México, 2006.

• Lima Malvido, María de la Luz. Conceptualización V Plan de Acción, Consegu,

México, 2000.

• Lima Malvido, María de la Luz. Un nuevo paradigma: La participación de la

ciudadanía en seguridad pública, Consegu, México, 2001.

• López Portillo, Ernesto. La policía en México. Crimen trasnacional y seguridad

pública. México, 2003.

• López Portillo. Ernesto. Seguridad Pública en México. Edit. UNAM México. 1994.

• López, C. Discursos, interpretaciones y prácticas sociales en la era de la

globalización de masas. En C, López., F, Uribe y J, Vázquez. Globalización,

violencia y derechos humanos. (pp. 1952). México: Itaca, 2005.

• López. Pedro. Contribución a la crítica de las relaciones políticas en México. Edil.

ERA. Revista: Cuadernos Políticos. julio-septiembre. México. 1981.

• Lozada, M. El otro es el enemigo: imaginarios sociales y polarización. Revista

Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 10, 2, 195-209, 2004.

• Marín, Álvaro. Cambio político y delincuencia organizada., Academia de

Administración Educativa, Dirección de Docencia, Unidad Ajusco de la

Universidad Pedagógica Nacional, México, 2001.

• Martín-Baró, I. Poder, ideología y violencia. Madrid: Trotta, 2003

• Martín-Baró, I. Proceso psíquicos y poder. En D´ Adamo, O., García, V. y

Montero, 1995.

• Martínez de Murguía, Beatriz y Alicia Azzolini Bicanz. Propuesta de Reforma del

Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos del D.F. México, 1995.


CVIII

• Martínez de Murguía, Beatriz. La policía en México. Planeta. México, 2000.

• Martínez Solares Verónica. Víctima y Justicia Penal. 76-88 p. Enero/Febrero

2004

• Mats Berdal y Mónica Serrano, Comp. Crimen transnacional organizado y

seguridad internacional, Cambio y continuidad. Fondo de Cultura Económica,

México, 2005.

• Medina, J. Inseguridad ciudadana, miedo al delito y policía en España. Revista

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05, 03, 1-21, 2003.

• Miranda, O. Estrategias defensivas ante la incidencia delictiva y su influencia en

la privatización de la vía pública en el Municipio de Atizapán de Zaragoza Estado

de México, 1990-2000. Tesis de Maestría en Urbanismo no publicada. Facultad

de Arquitectura. Universidad Nacional Autónoma de México.

• Mockus, A. La educación para aprender a vivir juntos. Convivencia como

armonización de ley, moral y cultura. Perspectivas, 32, 1, 19-37, 2002.

• Moser, C. & Mcilwaine, C. Latin American Urban Violence as a Development

Concern: Towards a Framework for Violence Reduction. World Developmen, 34,

1, 89–112., 2005.

• Naredo, M. Seguridad ciudadana: necesidad de un pacto de convivencia. Madrid.

Presentada en la jornada Ciudades más seguras. Organizada por el Ministerio de

Fomento con motivo de la celebración del día mundial del Hábitat, 2001.

• Nueva ley de partidos entrevista a Raymundo Cárdenas, respuestas del

secretario perredista para nueva ley de partidos., Revista Siempre., Columnista:

Rafael Aceituno. 20 de noviembre de 1997.

• Organización Panamericana de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la

salud. Washington, D.C: Oficina Regional para las Américas de la Organización

Mundial de la Salud, 2002.

• Orlando, Leoluca. Hacia una Cultura de la Legalidad, La experiencia siciliana,

Ed. UAM, Primera edición en México, 2004.

• Páez. D. Características, funciones y proceso de formación de las

representaciones sociales. En D. Páez. Pensamiento, individuo y sociedad.

Cognición y representación social. (pp. 297-317). Madrid: Fundamentos, 1987.


CIX

• Palacios. Juan Manuel. Militarización, seguridad nacional y seguridad pública en

México, Edil. Seminario permanente de estudios chicanos y de fronteras. México,

2000.

• Pedrazzini, Y. y Sánchez, M. Nuevas legitimidades sociales y violencia urbana

en Caracas. Nueva sociedad, 109, 23-34, 1990.

• Pegueros Díaz, Saturnino E. Defensa Nacional. Seguridad Nacional V Seguridad

Pública: Factores Básicos de la Gobernabilidad, Cámara de Diputados LVIII

Legislatura. Junta de Coordinación Política, México, 2003.

• Penalva, C. El tratamiento de la violencia en los medios de comunicación.

Alternativas. Cuadernos de trabajo social. 10, 395-412, 2002.

• Peñalosa José Pedro, Garza Salinas Mario et al; Coord. Los desafíos de la

seguridad pública en México, Procuraduría General de la República, UNAM,

Universidad Iberoamericana México, 2002.

• Pereyra. Carlos. Estado y Movimiento Obrero. Edil. Era. Cuadernos Políticos. No.

28. México, 1981.

• Pérez, C. Política de Seguridad hemisférica. Ponencia presentada en el

seminario La política de seguridad pública en el México de hoy, Marzo, Ciudad

de México, 2009.

• Pimentel, M. Violencia: ¿condición de género? En Universidad Autónoma de

México (Ed). Tiempos de violencia. (pp. 75-887) Universidad Autónoma

Metropolitana Unidad Xochimilco: México, 1997.

• Pipitone. Ugo. México entre el Estado y el Mercado en: La Salida del atraso: un

estudio histórico comparativo, Edit. FCE. México. 1994.

• Radillo Aparicio, José Luis. La Administración de Justicia en América Latina,

Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, México, 2003.

• Ramos, J.M. Seguridad ciudadana y seguridad nacional en México: hacia un

marco conceptual. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 47,194, 33-

52, 2005.

• Ramos, L. Impacto de la experiencia directa de victimización criminal en el miedo

a la victimización. Tesis Doctoral. Facultad de Psicología. Universidad Nacional

Autónoma de México, 1994.


CX

• Ramos, Luis. Un modelo explicativo del miedo a la victimización y sus

consecuencias en dos comunidades de la ciudad de México, Tesis de Maestría,

Facultad de Psicología, UNAM, 1990.

• Restrepo, L. Más allá del terror. Abordaje cultural de la violencia en Colombia.

Bogotá: Aguilar, 2002.

• Ribeiro. Lidio. Axiología Educativa. Edil. Plaza y Valdés. México. 1999.

• Rico J. M. y Chinchilla L., Seguridad ciudadana en América Latina, Siglo XXI,

México, 2002, 176-177 pp.

• Rico, José Manuel. Inseguridad Ciudadana y Policía, Editorial Tecnos, Madrid,

España, 1998.

• Robert, P. El ciudadano, el delito y el Estado. Colección Políticas de Seguridad.

Barcelona: Atelier, 2003.

• Rojas Enrique, La Ansiedad Como diagnosticar y superar el estrés, las fobias y

las obsesiones, Ed. Planeta México, 227 p.

• Rollo May, La angustia normal y patológica, Ed. Buenos Aires: Paidos, 1968, 285

p.

• Romero, B. Seguridad subjetiva y percepción de inseguridad en Querétaro. En L.

González, J. Arce y M. Álvarez. (Coords). Aproximaciones empíricas al estudio

de la inseguridad. Once estudios de seguridad ciudadana en México. (pp. 255-

274) México: Miguel Ángel Porrúa. 2007.

• Rosas Ramírez, Salomón. La seguridad pública en México: elementos para el

diseño de una política pública en el Distrito Federal, Universidad Iberoamericana,

México, 1998.

• Ruiz Cabañas, Miguel. El combate a las drogas. Fondo de Cultura Económica.

México, 2003.

• Ruíz Harrell, Rafael. Criminalidad V mal gobierno, Editorial Sansores y Aljure,

México, 1998.

• Ruíz. J. Cultura ciudadana, miedo al crimen y victimización: un análisis de sus

interrelaciones desde la perspectiva del tejido social. Acta Colombiana de

Psicología, 10,1, 65-74, 2007.


CXI

• Sabucedo, J., Barreto, I., Borja, H., De la Corte, L. y Durán, M. Legitimación de la

violencia y contexto: análisis textual del discurso de las FARC-EP. Estudios de

Psicología, 27, 3, 279-291 2006.

• Saldivar, Humberto. Inseguridad percibida, conductas de evitación V conductas

de autoprotección en mujeres de la ciudad de México. Tesis de Licenciatura,

Facultad de Psicología, UNAM, México, 1993.

• Sánchez Sandoval, Augusto. Derechos humanos, seguridad pública y seguridad

nacional, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2000.

• Sánchez, V., Barreto, I., Correa, D. y Fajardo, M. Representaciones sociales de

un grupo de estudiantes universitarios frente a un acto terrorista en Bogotá.

Revista Diversitas. Perspectivas en Psicología, 3, 2, 287-299, 2007.

• Sanders y Ferreira. Percepción ciudadana sobre la impartición de justicia en la

Ciudad de México. En G. Mota. Psicología política del nuevo siglo. Una ventana

a la ciudadanía. (pp. 87-101). México: Sociedad Mexicana de Psicología, 1999.

• Sandoval Ullóa, José G. Introducción al Estudio del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, México, 1995.

• Sandoval, A. Miedos y medios: imaginarios urbanos sobre la inseguridad pública.

Tesis de Maestría no publicada. Instituto MORA. México, 2007.

• Santiago, T. Justificar la guerra. México: Universidad Autónoma Metropolitana,

2001.

• Sapozni Kow Jorge. Convivencia y Seguridad. Banco Interamericano de

Desarrollo, España. 2000.

• Schipani Daniel, La angustia y la dimensión trascendental, Ed. Buenos Aires: La

Aurora, 19969, 153 p.

• Secretaría de Gobernación. Incidencia delictiva. Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública. México: Centro Nacional de

Información, 2011.

• Sen, A. Justicia y capacidad. En A. Sen (Ed). Nuevo examen de la desigualdad.

(pp. 89-104). Madrid: Alianza editorial, 1992.

• Serrano, E. Legitimación y racionalización. Weber y Habermas: la dimensión

normativa de un orden secularizado. España: Anthropos, 1994.


CXII

• Sidanius, J., Levin, S., Federico, C. & Pratto, F. Legitimizing ideologies. The

social dominance approach. En J. Jost & B. Major (Coords). The psychology of

legitimacy. Emerging perspectives on ideology, justice and intergroup relations.

(pp. 33-53). United States of America: Cambridge University Press, 2001

• Smidh. Robert. La corrupción de la Policía Preventiva del Distrito Federal de

México en Justicia de la calle: Ensayos sobre la policía en América Latina. Edit.

Centro Disciplinario de Estudios sobre Desarrollo Latinoamericano. Medellin.

1996.

• Spielberger Charles D, Tensión ansiedad Ed. México: Harper & row

Latinoamericana S.A. de C.V. 1979, 128 p.

• Tello, N. y Garza, C. La cultura de la legalidad, antídoto de la inseguridad.

Revista Este País, 116, 34-41, 2000.

• Thiago Cintra, José, Seguridad Nacional V Desarrollo, Diplomado de Análisis

Político, Colegio de México, México, 1991.

• Thompson, J. (2da edición). Ideología y cultura moderna. Teoría crítica en la era

de comunicación de masas. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1998.

• Tiscornia, S. (2000). La seguridad ciudadana y la cultura de la violencia.

Encrucijadas Revista de la Universidad de Buenos Aires, 1, 1-16.

• Ute, G. & Werner, G. The pshychology of fear of crime. Conceptual and

Methodological Perspectives. British Journal of Criminology, 43, 3, 600-614,

2003.

• Valsiner, J. Cultura personal y conducta antisocial. Psicología Cultural.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores

Iztacala, 1, 221-234, 2005.

• Van Dijk, Análisis del discurso ideológico. Versión 6. Universidad Autónoma

Metropolitana, 15-43, 1996.

• Vanerik, Robert O. Accountability Sistema Policial de Rendición de Cuentas,

Estudio Internacional Comparado, CIDE-INSYDE, México, 2005.

• Vargas, L. (1997). Sobre el control de los vínculos. En Universidad Autónoma de

México (Ed). Tiempos de violencia. (pp. 103-122). México: UAM Xochimilco.


CXIII

• Vela, F. (2004). Un acto metodológico básico de la investigación social: la

entrevista cualitativa. En M. Tarrés. (Coord). Observar, escuchar y comprender.

Sobre la tradición cualitativa en la investigación social. (pp. 63-95). México:

Miguel Ángel Porrúa.

• Vidal, C. (In) justicia por propia mano: linchamientos en el México

contemporáneo. Instituto de Investigaciones Sociales, 1, 63, 131-160, 2001.

• Vidal, F. Los nuevos aceleradores de la violencia remodernizada. En A. García-

Mina (Coord). Nuevos escenarios de violencia. (pp. 17-47). Madrid: Universidad

Pontificia Comillas, 2008.

• Vignaux, G. La argumentación. Ensayo de lógica discursiva. Buenos Aires.

Hachette, 1983.

• Wacquant, L. Las dos caras de un gueto. Ensayos sobre marginalización y

penalización. Argentina: Siglo XXI editores, 2010.

• Weber, M. Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica: México, 1983.

• Zelditch, Jr, M. Theories of legitimacy. En J. Jost & B. Major. (Coords). The

psychology of legitimacy. Emerging perspectives on ideology, justice and

intergroup relations. (pp. 33-53). United States of America: Cambridge University

Press, 2001

• Zepeda G., Ineficiencia al servicio de la impunidad: las organizaciones de la

procuración de justicia en México, en J. Bailey y J. Chabat (comp.), Crimen

trasnacional y seguridad pública: desafíos para México y Estados Unidos,

México, Plaza y Janés, 2003, pp. 110-114.

• Zepeda Lecuona, Guillermo. Ineficiencia al servicio de la impunidad: Las

organizaciones de procuración de justicia en México. Plaza y Janes. México,

2003.

• Zermeño, Sergio. La Sociedad Derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo,

UNAM-S. XXI, México, 1996.

FUENTES ELECTRÓNICAS


CXIV

• Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión

actualizada disponible en http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/ (consulta: 11

noviembre 2005).

• Artículo 23: Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le

absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la

instancia. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

www.cddhcu.gob.mx.

• Artículo 3º de la Ley general que establece las bases de coordinación del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Diario Oficial de la Federación, 11 de

diciembre de 1995, disponible en http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/ (consulta: 11

noviembre 2005).

• Carrión, Fernando. De la convivencia urbana a la convivencia ciudadana,

Documento. Disponible en: http://www.netline.cl/riadel/ricarri.htm

• Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Definición, en Seguridad

Pública [Actualización: 15 de febrero de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/

• Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Seguridad Pública: 25

Indicadores sobre la percepción de inseguridad pública. H. Cámara de

Diputados, Septiembre, 2004, Disponible en

www.camaradediputados.gob.mx/cesop/

• Felson, M and Clarke RV. Opportunity Makes the Thief: practical theory for crime

prevention”, Police Research Series Paper 98. 1998, London: Home Office.

Disponible en www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/fprs98.pdf ó Teoría del

desplazamiento en

http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/reduccion/displacement_theory.ht

m

• http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=disc1205

• http://www.coparmex.org.mx/contenidos/publicaciones/Entorno/2002/nov02/a.ht

m

• http://www.gamadero.df.gob.mx/nr/gam/conoce+tu+delegacion/historia/index.asp

• http://www.icesi.org.mx/index.cfm?catID=944&subcatID=990.


CXV

• http://www.pgjdf.gob.mx/estadisticas/index.asp

• http://www.reforma.com/justicia/artículo/305508/.

• http://www.icesi.org.mx/index.cfm?artID=429.

• La topología fue consultada de: http://www.geocities.com/fmuraro/tipologias.htm.

• Linberg, Kirsten. Et al. La cara cambiante del crimen organizado en América” en

Crimen y Justicia Inrternacional, Vol. 13, Núm. 10 Nov. 1997. Editado por Officice

of International Criminal Justice, Disponible en

http://www.acsp.uic.edu/oicj/pubs/cjintl/1310/1310sp/index.shtml

• Naciones Unidas, Manual de Justicia para Víctimas, Oficina de las Naciones

Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito, Centro para la

Prevención del Delito Internacional, véase en www.unojust.org, revisada el 2 de

diciembre de 2002.

• Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. Anexo Estadístico 2005”.

Disponible en http://www.sds.df.gob.mx/sector/informes/anexo_2005.pdf

• Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Programas y

Acciones, GDF-SSP, Documento. Disponible en

http://portal.ssp.df.gob.mx/Portal/ProgramasyCampanas/ProgramasyCampanas.

htm

• Trascripción de la conferencia de prensa del Secretario de Seguridad Pública,

Joel Ortega Cuevas, en la Sala de Prensa Francisco Zarco, al término de la

reunión del Gabinete de Gobierno y Seguridad, en el Antiguo Palacio del

Ayuntamiento, 5/Marzo/2006. Disponible en

http://www.comsoc.df.gob.mx/noticias/conferenciasj.html?id=964819

FUENTES ESTADÍSTICAS Y DEMOGRÁFICAS

• Consulta Mitofsky, Confianza en Instituciones, Encuesta Nacional de Viviendas,

México, 2005.

• Consulta Mitofsky. A que le temen los niños capitalinos. Encuesta en el Distrito

Federal a niños menores de 12 años, México, Marzo 2004.


CXVI

• Consulta Mitofsky. Combate a la delincuencia y cultura de la legalidad en el

Distrito Federal. Encuesta de viviendas, México, Diciembre 2004, INEGI.

Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y

Tabulados de la Muestra Censal. Aguascalientes, México, 2001.

• INEGI 2001. Estadísticas por tema. Estadísticas Sociodemográficas.

• INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos.

Aguascalientes, México, 2001.

• INEGI. Conteo de Población y vivienda 2005. Fecha de actualización, Viernes 30

Junio 2006.

• INEGI. Conteo de población y vivienda, 17 de Octubre de 2005.

• INEGI. Estadísticas de Natalidad 2004 y 2005. las cifras se refieren a los

nacimientos registrados por entidad Federativa.

• INEGI. Estadísticas Esperanza de vida por entidad federativa según sexo, 2004,

2005 y 2006

• INEGI. Estadísticas por tema. Comunicado Núm. 087/06.

• INEGI. Estadísticas por tema. Defunciones generales por entidad federativa de

residencia habitual del fallecido según sexo, 2002 a 2005

• INEGI. Marco Geoestadístico, 2005.

• INEGI. Tasa global de fecundidad por entidad federativa, 2000 a 2006

• Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad. Segunda Encuesta Nacional

sobre Inseguridad, México, Agosto, 2002.

• Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad. Tercera Encuesta Nacional

sobre Inseguridad 2005 - ENSI 3, Análisis de Resultados, México, Septiembre de

2005.

• Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, Encuesta Internacional

sobre Criminalidad y Victimización – México ENICRIV 2004, México 2004.

• Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. Encuesta Nacional sobre

Inseguridad Pública en las Entidades Federativas, México, 2002.

• Secretaría de Seguridad Pública. Estadísticas del Consejo de Menores del

Distrito Federal, México, 2003.


CXVII

• Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal, Consumo de

drogas en los estudiantes de secundaria del Distrito Federal: magnitud del

problema y acciones de prevención en las escuelas, SSEDF-SEP, Junio, 2004.

• Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad –ENSI-3- (ICESI, INEGI).

Encuesta Nacional sobre inseguridad pública en la entidades federativas 2002.

• Transparencia Mexicana, Segunda Encuesta sobre Corrupción y Buen Gobierno,

Noviembre 2003

FUENTES HEMEROGRÁFICAS

• Aída Valero, et al. El silencio de las víctimas en la ciudad de México. Revista de

Trabajo Social.

• Aída Valero, et al. Mitos y realidades de la inseguridad pública en el Distrito

Federal. Revista de Trabajo Social.

• Alvarado Garibaldi, Salvador, Neo-olvidados, en Semanario Etcétera, Núm. 212,

20 de Febrero de 1997, México.

• Arango Durán, Arturo. La Trágica distribución de los Fondos de Seguridad

Pública, Revista Iter Criminis, número 7, segunda época, Inacipe, México, julio-

septiembre 2003.

• Artega Botello, Nelson. Sociedad y policía, un desencuentro en Ciudades

Inseguridad pública y violencia urbana No. 40, Red Nacional de Investigación

Urbana, octubre-diciembre de 1998, México, p. 59-64.

• Brugués, Alejandro, Willy W. Cortéz y Noé Aarón Fuentes. Inseguridad pública

en la frontera norte en Ciudades Inseguridad pública y violencia urbana No. 40,

Red Nacional de Investigación Urbana, octubre diciembre de 1998, CISA,

México, p. 18-24.

• Callejo, José Antonio. En Cancún, guerra de cárteles en Proceso No. 1469, 26

de diciembre de 2004, CISA, México, p. 10-13.

• De la Barreda, Luis. El Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad.

Revista de Administración Pública, No. 106, Instituto Nacional de Administración

Pública, México, septiembre-diciembre 2002.


CXVIII

• Diario Oficial de la Federación. México, 1993.


• Dresser, Denisse. Motivos para marchar en Proceso No. 1443, 27 de junio de

2004, CISA, México, p. 13.

• En la Revista Entorno de octubre de 2002, se presentan las cifras de denuncias

del ICESI y del SNSP.

• Esquivel, J. Jesús Washington anticipó la narcoviolencia en Proceso No. 1473,

23 de enero de 2005, CISA, México, p. 17-20.

• Flores, Sandra Bibiana. Los Andes al punto del colapso en Proceso No. 1421, 25

de enero de 2004, CISA, México, pp. 48-50.

• Gil Elorduy, Ernesto. Seguridad Pública y Justicia, un nuevo enfoque. Boletín

Mexicano de Derecho Comparado, Número 95, Nueva Serie, año XXXII, México,

mayo-agosto 1999.

• Gobierno del Distrito Federal. Comportamiento de los índices delictivos en el

Distrito Federal 1994-2005 en La Jornada, México, Jueves 2 de junio de 2005.

• Gómez Gordillo, Ismael. Naturaleza de los Fondos de Aportaciones Federales a

las Entidades Federativas y sus Municipios, Revista Indetec, No. 115, México,

marzo-abril-1999.

• Gutiérrez, Alejandro. La máxima seguridad al mínimo en Proceso No. 1471, 9 de

enero de 2005, CISA, México, p. 30-34.

• Huacuja, Mario Guillermo. Bitácora del Crimen en Semanario Etcétera, No. 253.

• Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, Primer Encuesta Nacional

sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas, México, 2002.

• Jiménez Ornelas, René, Héctor Hernández Bringas y Virginia Illescas Vela

Violencia doméstica: un problema que trasciende los hogares en Ciudades



• Mejía Madrid, Fabricio. México Violento en Proceso No. 1469, 26 de diciembre

de 2004, CISA, México, pp. 6-8.


CXIX

• Monsiváis, Carlos. De no ser por el pavor que te tengo, jamás tomaría

precauciones. Notas sobre la violencia urbana, en Letras Libres, Año 1, Número

5, mayo 1999, México.

• Ortíz V., Roberto. La seguridad pública en el DF: Contra el crimen organizado y

la delincuencia, en El Cotidiano No. 82, Mzo.-Abr. 1997, UAM, México.

• Peñaloza, José Pedro y Felipe Espinoza-Torres. Los desafíos de la Prevención

del Delito en América Latina en Revista Este País, número 116, noviembre 2000,

México.

• Periódico La Jornada, Sección La Capital, p. 44. Martes 22 de septiembre de

1998.

• Periódico Reforma, 14 de marzo de 1997 p 4-b

• Ramos López, Juan. La creación de la Secretaría de Seguridad Pública, Revista

de Administración Pública, No. 106, Instituto Nacional de Administración Pública,

México, septiembre-diciembre 2002.

• Regalado, Jorge. Inseguridad, propuestas sociales y reformas institucionales en

Ciudades Inseguridad pública y violencia urbana No. 40, Red Nacional de

Investigación Urbana, octubre-diciembre de 1998, México, p. 52-58.

• Regalado, Jorge. Inseguridad, propuestas sociales y reformas institucionales en



• Sánchez Báez, José Juan. Violencia Urbana en Memoria, No. 106, p. 21,

Diciembre de 1997, México.

• Sánchez Murguía, Vicente. Delincuencia en la frontera norte en Ciudades


Urbana, octubre-diciembre de 1998, México, pp. 44-51.

• Scaramella, Gene. Esfuerzos cooperativos entre organizaciones criminales en

Crimen y Justicia Inrternacional, Vol. 13, Núm. 10 Nov. 1997. Editado por Officice

of International Criminal Justice, online.

• Tello, Nelia y Carlos Garza F. Subculturas juveniles y violencia en Revista Este

País, número 159, junio 2004, p. 34-- 40. México.


CXX

• Tello, Nelia y Carlos Garza. La cultura de la legalidad, antídoto de la inseguridad

en Revista Este País, núm. 116, noviembre de 2000, México.

• Zarate Ruíz, Arturo. Estado policiaco y alternativas de orden público en Ciudades



• Zuluaga Nieto, Alberto Cuando la corrupción invade el tejido social en Nueva

Sociedad, No. 145, Sep-Oct 1996 Crimen Organizado, Amenaza transnacional

en El Financiero, 26 de junio de 1994, México.

LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS

• Código Penal para el Distrito Federal”, Ed. Porrúa. 52ª. Edición. México, 1994.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ediciones Luciana,

México, 2006

• Convenio de Coordinación para la Realización de Acciones en Materia de

Seguridad en el Año 2005 en Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Quinta

Época, No. 27, 4 de marzo de 2005.

• Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad Pública de la

Región Centro País en Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Quinta Época,

No. 66, 6 de junio de 2005.

• Dirección General de Prevención del Delito. ¿Sabes en qué consiste el Programa

Policía de Barrio? en Revista Perfiles, Órgano de información interna de la

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, Volumen I,

Número 2, 2003.

• Gobierno del Distrito Federal. Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública

y Procuración de Justicia, Presentación Ejecutiva, Documento, 2001.

• Gobierno del Distrito Federal. Criterios y procedimientos para la aplicación de los

Subprogramas del Programa Integrado Territorial de Desarrollo Social, SDS-

DGPC, Manual, Documento Preliminar, Febrero, 2001.

• Gobierno del Distrito Federal. Plan de Acciones de Seguridad, Procuración de

Justicia y Gobierno 2004-2006, México, D.F., 23 de Febrero de 2004.


CXXI

• Gobierno del Distrito Federal. Programa General de Desarrollo del Distrito

Federal 2001 – 2006, México, Diciembre de 2006.

• Jefatura del Gobierno. Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de

Justicia del Distrito Federal, GDF, México.

• Ley de Coordinación Fiscal, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2004

• Ley de la Policía Federal Preventiva, Secretaría de Seguridad Pública, México,

2004.

• Ley de Planeación, Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de

la Federación, 5 de enero de 1983.

• Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, Presidencia de la República,

Diario Oficial de la Federación, 12 de julio de 1993.

• Ley de Seguridad Pública para el Distrito Federal, Diario Oficial de la Federación,

12 de julio de 1993.

• Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública, México, 2004.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Porrúa, México, 2004.

• Ley que estable las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad

Pública.

• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 30 de mayo de 2001

• Presidencia de la República, Anexo del Cuarto Informe de Gobierno 2004,

México, en www.ssp.gob.mx

• Presidencia de la República, Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-

2000, México, 1996.

• Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 14 de enero de 2003.

• Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2002

• Secretaría de Desarrollo Social. Programa de Atención a Jóvenes en Situación

de Riesgo Documento de Trabajo, 2002.


CXXII

• Secretaría de Desarrollo Social. Programa para la Prevención del Delito, la

Violencia y las Adicciones, Documento de Trabajo, Noviembre de 2004.

• Secretaría de Desarrollo Social. Programa Social para la Prevención y Atención

del Delito, la Violencia y las Adicciones, GDF-SDS, Documento.

• Secretaría de Seguridad Pública. Aviso del Establecimiento del Programa de

Control y Prevención de Ingestión de Alcohol en Conductores de Vehículos en el

Distrito Federal en Gaceta Oficial del Distrito Federal, 13ª. Época, Número 74

Bis, 18 de Septiembre de 2003.

OTRAS

• Acero Velásquez, Hugo. Una mejor policía, una mejor seguridad y convivencia

en Bogotá-Colombia: Un proyecto conjunto entre autoridades civiles, policía y

ciudadanía ponencia presentada en el seminario Derechos Humanos, Seguridad

Pública y Procuración de Justicia. Los cuerpos de policía: figura clave.

Organizado por la Embajada de E.U., PGR, SSP, PGJDF, Universidad

Iberoamericana. 8-10 de enero de 2001, México.

• Araujo Paullada, Gabriel. De la impartición de justicia al juego (imaginario) de

policías y ladrones ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional de

Investigación sobre Violencia Social en México, PIIVIOS-UNAM, México, 2-6 de

marzo de 1998.

• Arroyo Juárez, Mario. Métodos para medir la delincuencia y sus consecuencias

sociales Ponencia presentada en el Primer congreso Nacional de Investigación

sobre Violencia Social en México, 4 de Marzo de 1998.

• Broitman, Lily. Construyendo relaciones entre la Policía, la Comunidad y la

Sociedad Civil, ponencia presentada en el seminario Derechos Humanos,

Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Los cuerpos de policía: figura clave.

Organizado por la Embajada de E.U., PGR, SSP, PGJDF, Universidad



CXXIII

• Centros de Integración Juvenil. Perfiles de consumo en Tlalpan Ponencia

presentada en Comité Delegacional de Seguridad Pública, DIECIJ, Tlalpan, D.F.,

México, 2005.

• Fundación Mexicana de la Salud y Banco Mundial, Tendencias y causas del

delito violento en el Distrito Federal, informe final, México, octubre de 1999, p. 5.

• Jiménez Ornelas, René Alejandro, Héctor Hernández Bringas e Virginia Illescas.

Muertes violentas en México. El Delito de Asalto, ponencia presentada en el VII

Congreso de Investigación en Salud Pública, Morelos, México, 5 de marzo de

1997. 17 pp.

• Organizado por la Embajada de E.U., PGR, SSP, PGJDF, Universidad


• Tello Peón, Nelia y Efraín E. Reyes Romero. La migración de mexicanos a E.U.

Una mirada a lo social: El papel del Trabajo Social Ponencia.

• Tello, Nelia y Carlos Garza. Ante la ausencia de un Programa Integral de

Seguridad Pública en el D.F.: Fuegos de artificio, Documento; y carta dirigida al

Lic. Andrés Manuel López Obrador por Lic. Carlos Garza Falla, 30 de mayo de

2001.

• Thoumi, Francisco E. Porque razón un país produce drogas y de qué manera

esto determina la eficacia de una política: Un modelo general y algunas

aplicaciones al caso de Colombia Conferencia dictada en el marco de la Cátedra

UNESCO Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema

internacional de las drogas, IISUNAM, México, D.F., 25 de febrero de 2004.

• UNAM. Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación

Tecnológica (PAPITT). 2005-2006.

DICCIONARIOS

• Corripio, Fernando, Diccionario etimológico general de la lengua castellana, 3ª.

ed., Barcelona, Bruguera, 1984.

• Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid


CXXIV

• Diccionario Ideológico de la Real Academia Española, Ed. Gustavo Gili, 1997,

423 p.

• Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Porrúa, México, 1994.

• Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XXVI, Ws. Preskill, Buenos Aires, Argentina,

1989.

• Real Academia Española, Diccionario manual e ilustrado de la lengua española,

4ª. ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1989, voces: administrar, impartir, repartir y

procurar.


“Las Estrategias de Seguridad Pública en México, su Efecto en la Legitimidad del Estado, Evidencia y Simulación,

2000-2012”

REPORTE DE INVESTIGACIÓN


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 1

CAPÍTULO I. LA SEGURIDAD PÚBLICA .................................................................................................. 11

1.1. EL ESTADO COMO GARANTÍA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA ...................................... 18

1.2. ANÁLISIS Y RUMBO SOCIAL .................................................................................................. 29

1.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA ......................................................... 37

1.4. ESTADISTICAS DELICTIVAS DEL FUERO FEDERAL ....................................................... 39

1.5. DEFINICIONES SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL. .............. 45

1.6. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD .......................... 53

1.7. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EN EL D.F ............... 55

1.8. CONCEPTOS SISTEMÁTICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. ....................................... 62

1.8.1. PREVENCIÓN. ...................................................................................................................... 62

1.8.2. PROCURACIÓN DE JUSTICIA. ......................................................................................... 64

1.8.3. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. .................................................................................... 66

1.8.4. SISTEMA PENITENCIARIO Y READAPTACIÓN SOCIAL........................................... 68

1.8.5. VICTIMAS ............................................................................................................................... 72

1.9. PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. ........................................... 76

1.10 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. ................................................................................ 84

1.11 LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. ....................................................... 89

CAPÍTULO II. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DETONANTE DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA

EN LA NACIÓN MEXICANA ...................................................................................................................... 93

2.1. LA SEGURIDAD PÚBLICA E INCIDENCIA DELICTIVA ...................................................... 93

2.2. CONCEPTO DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA ...................................................................... 99

2.3. LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN CIFRAS. .......................................................................... 106

2.4. EL SENTIDO SOCIAL DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA .................................................. 121

2.5. PERCEPCIÓN DEL DELITO .................................................................................................... 126

2.6. ELEMENTOS PARTÍCIPES EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA INSEGURIDAD PÚBLICA .......................................................................................................... 130

2.7. ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA QUE REPERCUTEN EN LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA. ................................................... 130

2.8. LA VIOLENCIA RELACIONADA AL FENÓMENO DELICTIVO. ...................................... 131


2.9. LA DELINCUENCIA APEGADA AL DESARROLLO Y LA TECNOLÓGIA. ................... 133

2.10. LA INCORPORACIÓN ANTICIPADA DE LOS JÓVENES EN LAS LÍNEAS DE LA DELINCUENCIA. ......................................................................................................................... 138

2.11. JUICIOS SOBRE EL USO DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES HABITUALES ......................................................................................................................................................... 144

2.12. LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO HAN PENETRADO LAS ESFERAS DE LO POLÍTICO, LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL. ....................................... 146

2.13. DESCONTENTO SOCIAL EN RELACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA ... 150

2.14. LA CULTURA DE LA VIOLENCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA .......... 154

CAPÍTULO III. LAS ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO MEXICANO PARA LA LEGITIMAR LA

SEGURIDAD PÚBLICA ............................................................................................................................ 160

3.1. DISEÑO DE LA POLÍTICA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.................................. 162

3.2. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA .............................................................................................................. 163

3.3. LA VIOLENCIA: UN FENÓMENO DEBIDO A LA FALTA DE MEDIDAS SOCIALES ADECUADAS PARA EVITAR LA DELICUENCIA. ............................................................... 166

3.4. SECUELAS DE LA VIOLENCIA EN LA ECONOMÍA MEXICANA ................................... 168

3.5. LA REFORMA AL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. ..................................................... 173

3.6. LA REFORMA AL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL ...................................................... 174

3.7. PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ...................................................... 175

3.8. LA LEY GENERAL QUE INSTITUYE LOS CIMIENTOS DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ............................................................. 177

3.9. EL FONDO DE CONTRIBUCIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS ESTADOS Y EL CENTRO DEL PAÍS. ..................................................................................... 181

3.10. LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. ................................................................. 190

3.11. COORDINACIÓN Y FEDERALISMO. .................................................................................. 197

3.11.1. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN. ............................................................................. 200

3.12. CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ........................................................ 201

3.13. CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. .................. 203

3.14. ELEMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA........................ 204

CAPÍTULO IV LAS EVIDENCIAS Y SIMULACIONES DEL ESTADO FALLIDO EN LO CONCERNIENTE

A LA PROTECCIÓN, CUIDADO Y RESGUARDO DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD

PÚBLICA EN MÉXICO ............................................................................................................................. 210


4.1. INESTABILIDAD EN RECURSOS PARA COMBATIR AL NARCOTRÁFICO Y PREVENIR LAS ADICCIONES ................................................................................................. 210

4.2. LA CORRUPCIÓN Y SUS RESULTADOS EN LA ECONOMÍA MEXICANA ................. 211

4.3. LA INSEGURIDAD, RESTRICTIVA PARA UN VERDADERO CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL............................................................................................................. 213

4.4. LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ............................................................. 216

4.5. LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS Y SU REPERCUSIÓN EN EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL PAÍS. ............................................................................................................ 218

4.6. INDICADORES PARA EVALUAR AL ESTADO MEXICANO COMO FALLIDO. ........... 220

4.7. LA DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS POR LA INSEGURIDAD Y LA DELINCUENCIA EN MÉXICO. .................................................................................................. 222

4.8. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES ................................. 224

4.9. EL SISTEMA JURÍDICO REBASADO ................................................................................... 234

4.10. NEOLIBERALISMO E INESTABILIDAD DEL GOBIERNO ............................................. 246

4.11. LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO REBASADA POR LA CARENCIA EN SU LEGITIMIDAD Y ORDEN. .......................................................................................................... 249

4.12. TENDENCIA DE LA INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL ........................................... 251

CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 252

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 260


1

INTRODUCCIÓN

La seguridad pública es, sin duda, un tema complejo que merece un análisis a

profundidad sobre su origen, desarrollo y situación actual. En los últimos años, se

ha convertido en uno de los reclamos sociales persistentes y prioritarios. Ningún

país podrá evolucionar hacia el progreso, si no existe orden, respeto y paz social;

para ello es fundamental la seguridad pública.

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un

Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus

actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros

bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Ante la

realidad de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de

suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de

sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos.

Si el Estado mismo no brinda una seguridad pública de acuerdo a los tiempos en

que se vive y se olvida de toda garantía social, el mismo Estado estaría generando

una situación de violencia. La violencia ha sido uno de los temas que

probablemente más se ha estudiado en las ciencias sociales y políticas dada la

amplitud de esferas sociales que trastoca, además reviste tal complejidad que en

cada momento histórico se pueden apreciar nuevos o diferentes tipos de violencia

más cruentos e impactantes que los reconocidos en otras épocas, por lo que se

puede considerar como un objeto socialmente construido.

En este sentido, este fenómeno social posee la capacidad de transformase o dar

pie a otros problemas aún más graves, esto es a lo que se ha llamado la espiral de

la violencia. Al reflexionar sobre esto se llega al punto en que es necesario indagar

sobre aquellos mecanismos que permiten que se siga reproduciendo en nuestras

sociedades a pesar de los enormes costos personales, sociales, políticos y

económicos que ocasiona.


2

Uno de estos mecanismos podría ser el proceso de la legitimación, que puede

permitir que ciertas prácticas violentas se instauren en nuestra cotidianidad e

incluso alcancen justificación al ser utilizadas para preservar siempre un bien

mayor, por ejemplo el honor o la seguridad pública.

Es precisamente este proceso de legitimación de la violencia donde el Estado

vinculada al tratamiento del problema de la inseguridad pública, ya que ha sido

uno de los principales temas políticos usados para legitimar prácticas violentas

que permiten el control social, ejemplo de ello son las políticas represivas

materializadas en la participación del ejército y el uso de medidas violatorias de

algunos derechos humanos. Es importante mencionar que la experiencia

internacional de países que en algún momento adoptaron un modelo de atención a

la inseguridad de carácter represivo y punitivo, más que preventivo, ha señalado

que existe poca evidencia de efectividad en el largo plazo y por el contrario, se

presenta el incremento de otros tipos de violencia.

No obstante, el Estado mexicano ha recurrido a este modelo de tratamiento para

legitimar la seguridad pública, provocando que por distintas causas, la violencia se

recrudezca y la sociedad civil se perciba cada vez más insegura, conduciéndola a

buscar estrategias que puedan contrarrestar el riesgo latente de ser víctima de

algún acto delictivo, y es en esta búsqueda precisamente, cuando se apela a

prácticas en ocasiones violatorias de los derechos humanos, no solamente de los

delincuentes, sino de la población misma, legitimando con esto la actuación del

Estado.

De esta manera, los temas de la violencia y la inseguridad pública se vuelven

sumamente complicados por las variadas aristas que pueden ser estudiadas. En

este trabajo de investigación se tuvo el objetivo de describir, analizar y

comprender el proceso de legitimación del Estado Mexicano que permite que


3

ciertas prácticas violentas perpetradas por el Estado sean justificadas y

legitimadas por algunas personas para garantizar la seguridad pública.

A razón de que la inseguridad pública es hoy en día el principal problema que

ocupa la mayor preocupación de los mexicanos. Durante los últimos 15 años, la

incidencia delictiva presento una tendencia ascendente hasta llegar al 2007 a su

punto máximo, para posteriormente manifestar una lenta y gradual reducción, pero

sin llegar a los niveles controlables y aceptables de principios de los años

actuales; sin embargo, la percepción de inseguridad no ha mostrado un

mejoramiento, sino por el contrario, la población se siente y actúa con mayor

temor y desconfianza.

Ya que los estudios más recientes sobre inseguridad pública, se han centrado en

resaltar cifras que describen la situación por la que se está centrando las

condiciones de Inseguridad, así como también visualizan el contexto en el que se

desarrolla, resaltando la percepción que se tiene de dicha problemática.

Del año 2000 a la fecha se han llevado a cabo investigaciones sobre inseguridad

pública, con el objetivo de crear nuevas leyes que ayuden a impulsar una mayor

seguridad pública. Destacando entre estos diversas instituciones sociales que al

ver que el estado no está brindando una seguridad eficiente, estas están tratando

de impulsar medidas de acuerdo a la problemática delictiva, entre las que

destacan “El Centro de Estudios”, quien realizó un análisis económico de la

delincuencia de nuestro país, partiendo de una comparación del incremento

delictivo en las dos últimas décadas, para después elaborar un análisis sobre el

costo de la misma a través del Modelo de Costo-Beneficio, y como resultado del

estudio se propone la aplicación de la política de cero tolerancia.

Por su parte, la asociaciones civiles también han realizado investigaciones, tal es

el caso del “Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C.”, que en el

2002 dio a conocer los resultados en la publicación llamada “La inseguridad


4

Pública en México”, en él se puede encontrar los diversos efectos económicos que

ha traído el clima de inseguridad para el país.

Por otra parte a menos de cuatro años de haberse constituido el Instituto

Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad A.C. (ICESI) “realizó la primera

encuesta nacional sobre inseguridad pública en las entidades federativas, el

levantamiento se realizó del 2 al 24 de Marzo de 2002 con una muestra de 35,001

viviendas encuestadas. De los resultados obtenidos a nivel nacional por cada 100

mil habitantes se cometieron 4,412 delitos, contrastado con las cifras delictivas del

DF, en donde se cometieron 17,718 delitos por cada 10,000 mil habitantes, dichos

resultados fueron publicados en Mayo de 2002.Teniendo como propósito “contar

con un instrumento estadístico verídico y confiable que permita analizar la

criminalidad en el país, acerca de su cuantificación fáctica y su percepción social,

debido a la escasa e insuficiente información que se recaba a través de la

estadística oficial”.

A efecto de poder contar con una visión integral del problema de la Seguridad

Pública, es necesario remontarse a lo estipulado en la Carta Magna y descifrar las

mediadas y artículos que se han creado para legitimar una seguridad pública más

acorde con lo que demanda la sociedad mexicana y en primera instancia

determinar cuáles son las razones por las que el hombre se ha visto orillado a

cometer delitos.

No es de extrañar que en México, existe mucha gente sin empleos y los que lo

tienen reciben bajas remuneraciones por sus esfuerzos y el problema de la falta

de empleo conlleva grandes consecuencias sociales como pobreza, inequidad e

inseguridad. Al ser el empleo la principal fuente de ingresos de las familias, la

pérdida de esto implica la incorporación de más personas a las diferentes líneas

de pobreza. Por eso, entre otras razones, cada vez son más los jóvenes que se

incorporan a la criminalidad.


5

Generando con ello en términos de seguridad hacia la sociedad los esquemas de

desigualdad interpersonal y regional que se ven reforzados por factores que en

muchos casos tienen que ver con un diseño institucional imperfecto y falta de

recursos para solucionar el problema en estas áreas.

Por eso es importante realizar un estudio de como la inseguridad afecta a la

economía, y esta a su vez altera la seguridad pública, porque como sabemos al

incrementarse la inseguridad se destina más recursos para ofrecer un servicio

público acorde con la magnitud del problema, esto trae como consecuencia, que

se reduzca el presupuesto en educación y salud.

“El aumento de la delincuencia ha producido condiciones de inseguridad elevadas,

al punto de condicionar la vida cotidiana de los habitantes de las grandes

ciudades, quienes han modificado sus hábitos de comportamiento, de

movilización, de pensar e incluso de rotar, estas son consecuencias evidentes en

la forma de vivir y de apropiarse de las ciudades”.

Bajo esta óptica en el aumento de delitos el Estado Mexicano contempló la

instrumentación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconociendo que

la función de la seguridad pública se encuentra vinculada a la idea de participación

y que no puede alcanzarse con estrategias aisladas de la autoridad, sino que

exige la articulación y coordinación de todos los órganos que intervienen en los

tres niveles de gobierno a lo cual deben sumarse instituciones encargadas de

educación, salud, desarrollo social, inclusive la sociedad civil misma. De ahí que la

visión en torno a la seguridad pública deba ser global e incluyente, que al tratar de

tutelar valores aceptados por todos nos lleve a una sociedad más justa.

Específicamente en el Derecho Positivo Mexicano, el fundamento primario del

régimen jurídico de la seguridad pública se encuentra en el artículo 21 de la Ley

Fundamental, que a partir de la reforma del 31 de diciembre de 1994 establece

que: "la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se


6

coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema

Nacional de Seguridad Pública". Así, parte de un principio orgánico de

coordinación e integración, lo cual en forma alguna implica una derogación del

principio de división de poderes y autonomía de los Estados, pues lejos de

convertir la función de seguridad pública en materia federal, la voluntad del

legislador fue establecer canales permanentes de articulación institucional, que

permitan una mayor eficacia operacional, tal y como el referido precepto

constitucional lo dispone, al establecer que "la Seguridad Pública es una función a

cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en las

respectivas competencias que esta Constitución señala".

Para enfatizar la labor de esta investigación consiste, en primer término, en

estudiar cuales fueron las circunstancias que llevaron al Estado Mexicano a

implementar un Sistema Nacional de Seguridad Pública que pudiera mediante la

coordinación nacional en diversos planos, combatir y erradicar la delincuencia.

Posteriormente a través de un análisis de la estructura y funcionamiento de éste,

se efectúa un diagnóstico sobre su situación actual, hasta llegar a la propuesta de

diversas estrategias y acciones que deben implementarse dentro del propio

Sistema para lograr una mejor coordinación y capacidad de respuesta eficaz que

contribuyan a disminuir los índices de inseguridad que existen actualmente en el

país.

Para lo cual el presente trabajo se dividió en cuatro etapas para una mejor

comprensión del tema y llegar a un mejor entendimiento de la problemática que

resulta el dejar de un lado la legitimidad del estado en el tema de la seguridad

pública.

Para ello definiremos en el capítulo uno lo que significa la seguridad pública. Es un

apartado de carácter teórico, en el cual se comprenden los conceptos de

seguridad pública y seguridad nacional, los fines y elementos que los integran, sus

similitudes y diferencias, llegando a lo que se ha denominado concepción


7

sistemática de la seguridad pública, comprendiendo dentro de la misma a la

prevención, la procuración de justicia, la impartición de justicia, el sistema

penitenciario, la readaptación social y las victimas, como un proceso recurrente.

En el capítulo dos: analizaremos los factores que intervienen en el detonante de la

inseguridad pública Para ello, se expone la situación de la inseguridad pública en

el país en dos momentos. En el primero, se realiza un recuento de la incidencia

delictiva hasta el año 2009 y en el segundo, se expone la situación actual de la

delincuencia. Esto permitió observar que la inseguridad pública se ha agudizado,

por lo cual es urgente su comprensión y consecuente tratamiento. Otro punto

central, es el desarrollo de los elementos que participan en la construcción del

proceso de legitimación de la violencia cuando se habla de la inseguridad pública,

tales como: percepción de la inseguridad, del delito, descontento social,

concepciones sobre el uso de la violencia en las interacciones cotidianas, todo

esto delimitado por una cultura de la violencia y la participación de los medios de

comunicación.

En el capítulo tres hablaremos de las estrategias del gobierno para legitimar la

Seguridad Pública como Política de Estado, contiene las diferentes políticas

públicas que ha adoptado el Estado Mexicano, encaminadas a aplicar en todo el

país una estrategia nacional de seguridad pública, que combata de manera

integral y sistemática la delincuencia, e intente responder adecuadamente a una

de las más sentidas demandas sociales. Se abordan las reformas a los artículos

21 y 73 de fracciones XXIII constitucionales, a través de las cuales se

establecieron los principios que dieron cauce y sustento jurídico a la coordinación

en materia de seguridad pública, ordenando que en una ley se fijaran las bases

sobre las cuales deberían actuar los tres órdenes de gobierno. De esta forma

surge la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, como el primer ordenamiento jurídico que

comprende una estrategia para proteger a los individuos y a la sociedad en su

conjunto, enfrentando a la delincuencia con el fin de preservar el orden público. A


8

través de ella, se plantea la necesidad de definir diferentes líneas de acción dentro

de las cuales se contempla la premisa de administrar de manera ordenada y

transparente las instituciones de seguridad pública y los recursos con que

cuentan, especificándose diferentes materias indispensables de coordinación en

los tres niveles de gobierno, buscando como uno de sus objetivos concebir a la

seguridad pública como una función de servicio de quienes la ejercen, a favor de

la sociedad. Asimismo, en este capítulo se aborda el surgimiento en el año 2000,

de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, dependencia que busca ser el eje

rector de las acciones del Gobierno Federal en materia de Seguridad Pública

constituyendo lo que se ha denominado "el nuevo modelo de seguridad Pública",

ya que dentro de ella se concentró a la Policía Federal Preventiva, al Consejo

Tutelar de Menores, al hoy denominado Órgano Desconcentrado de Prevención y

Readaptación Social y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, todos ellos anteriormente dependientes de la Secretaría de

Gobernación.

En el capítulo cuatro describiremos las evidencias y simulaciones de un estado

fallido en la protección y resguardo de la sociedad en materia de seguridad

pública, se estudia el ascenso de la delincuencia sobre un criminal contexto y

contención salarial que empobrece sistemáticamente a la población, viéndose

obligada a salir adelante a cualquier precio. Un Ascenso delincuencial que sólo se

le responde por razones de Estado, es decir, si en su momento el Estado se volvió

narco político, hay que sanearlo, pero olvidando que para luchar de manera

integral contra la delincuencia y la inseguridad pública también se requiere hacerlo

por razones ciudadanas y humanas, que implica quitar la contención salarial, no

hacer tan concentrada la distribución del ingreso. Se analiza como en tomo a la

acción penal participan negativamente demasiados elementos como: el ministerio

público, los cuerpos policiacos los jueces y los implicados, cuando sólo debiese

ser monopolio de los jueces y de los tribunales. En ese sentido, la acción penal se

convierte en una mercancía lo cual agrava la inseguridad pública. En este capítulo

se propone que para enfrentar la inseguridad pública es necesario: un diagnóstico


9

correcto, luchar contra la inseguridad no sólo por razones de Estado, sino también

por razones humanas. Asimismo, es necesario diseñar un mecanismo que

contribuya a mejorar el gasto y la fiscalización de los recursos del Fondo de

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, para

disminuir el subejercicio y desvío de dichos recursos, hacia fines ajenos a la

seguridad pública.

En conclusión, esta investigación plantea que la respuesta del Estado frente a la

inseguridad al crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue acertada pero

únicamente constituye un primer paso hacia la construcción de un frente común

contra la delincuencia, puesto que se requiere de manera inmediata seguir

avanzando en la consolidación del mismo, ya que a través de él, los gobiernos

federal, estatales y municipales, han logrado definir en forma coordinada la

delimitación de diversas líneas de acción de la seguridad pública.

Método de investigación

El diseño de la investigación es de naturaleza no experimental, descriptiva y

observacional, es decir, se han identificado y descrito los principales elementos y

características de las medidas tomadas por el estado en materia de seguridad,

para lo cual se utilizaron bases de datos como estadísticas sobre el tema principal.

La actividad se centra en el uso de fuentes bibliográficas y hemerográficas, así

como referencias documentales como informes y evaluaciones sobre el tema de la

seguridad pública.

Las referencias utilizadas se encuentran adecuadamente registradas en el aparato

crítico y la bibliografía que acompaña al reporte escrito.

Asimismo en cuanto al diseño de la investigación se encuentra el haber sido de

carácter retrospectivo y transversal, dado que se preparó con información obtenida


10

con anterioridad al proyecto y con fines ajenos al trabajo de investigación, así

como se miden las variables una sola vez y en un momento determinado.


11

CAPÍTULO I. LA SEGURIDAD PÚBLICA

Garantizar la seguridad pública implica el combate de las causas que generan

situaciones que contradicen los derechos humanos, que provocan un rompimiento

del Estado de Derecho y que ponen en tela de juicio los principios de legalidad y

democracia que nos rigen como sociedad. No es una labor que corresponda

exclusivamente al Estado, aunque él tiene la principal responsabilidad en la

materia.

El concepto de seguridad pública ha variado según la época, los países y los

cambiantes regímenes políticos; hace referencia, en general, a dos necesidades

básicas que toda comunidad política pretende satisfacer: el mantenimiento de la

paz y el orden público. Su objetivo es hacer posible la convivencia social,

concebida ésta como la relación pacífica entre los individuos, regulada por leyes y

principios auto determinados, siendo esta una de las obligaciones primordiales del

Estado.

Dicho concepto es muy complejo el cual está comprometido a contribuir con la

sociedad, a la protección de sus derechos humanos, así como a la promoción de

la civilidad como elemento clave para el resguardo del respeto y el orden de la

nación y de sus habitantes. Su ejecución se convierte en un instrumento que

genera o disminuye la confianza hacia las instituciones de orden público y en un

grado no mayor, la legitimidad del Estado.

En el ámbito institucional, la seguridad pública ha sido definida, en la Ley de Base

para la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad, como todas aquellas

actividades encaminadas a prevenir y disminuir las infracciones y delitos, así como

las acciones que realizan el Ministerio Público a través de la procuración de

justicia, las autoridades administrativas responsables de la readaptación social del

delincuente y la adaptación del menor infractor.


12

En el artículo 3° de la Ley General mencionada se define a la seguridad pública

como función del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y los

derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz

pública. Desde la perspectiva de esta ley, el papel de los gobiernos locales es

importante porque a ellos corresponde la prestación de la seguridad pública.

Este concepto implica una concepción integral en dos ámbitos: un primer ámbito,

con respecto a la gestión intergubernamental de políticas (Agranoff, 1997), en el

sentido de que se contempla la participación de los tres ámbitos de gobierno, es

decir, formalmente los tres ámbitos tienen que coordinarse y cooperar, tanto en

términos normativos, como operativos. Situación que, en la práctica, no

necesariamente sucede, a causa de factores políticos, burocráticos y de gestión.

Otra dimensión de concepción integral, es la que plantea una visión de conjunto

de la seguridad y de la justicia (González, López Portillo y Yánez, 1994: p. 70).

Estos autores conciben que:

“el conjunto de los actores que participan en las políticas de seguridad, se integren

en un único órgano.”

Con ello, se pretende evitar la estructura competencial en materia de justicia y

seguridad pública fragmentada, que ha dado pie a una falta de unificación de

criterios, provocando políticas y acciones desiguales, sectorizadas, parciales y, en

muchos casos, contradictorias.

Por su parte, para Samuel González (Samuel González Ruiz, p. 49) seguridad

pública es:

El conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que lleva a cabo el

Estado con el fin de garantizar la paz pública y la observancia de los derechos

fundamentales de los individuos.


13

La seguridad pública hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden

público, que se logra a través de los mecanismos de control penal. Mediante

acciones de prevención y represión de ciertos delitos y faltas administrativas que

la vulneran, particularmente, a través de los sistemas de procuración e Impartición

de justicia.

De acuerdo con las diferentes definiciones mencionadas anteriormente, podemos

decir que la idea de seguridad pública está ligada a la preservación de la paz

pública, de tal manera que puede ser conceptualizada desde un punto de vista

objetivo, como la define Luis Jiménez de Azúa (Luís Jiménez de Azúa, p. 68):

La seguridad pública es por hoy un asunto de interés nacional que debe de ser

atendido y resuelto por el Estado de manera inmediata dadas las condiciones de

inseguridad que se han venido presentado en los últimos años, y cuyas

consecuencias han repercutido en la sociedad, provocando un colapso en el

Estado de Derecho.

El Sistema de Seguridad Pública adquiere gran relevancia, ya que las políticas

públicas que debe establecer el gobierno en este sentido, deberán estar

encaminadas a atender las demandas de la población, privilegiando el bienestar

social y preservando los derechos humanos.

Las cuestiones de Seguridad Pública no deben ser ajenas a la promoción de los

derechos de las víctimas, a que se les imparta justicia, a velar por sus derechos

procesales, en especial a que tengan acceso a la reparación del daño material y

moral que se les ha causado, de lo contrario seguirá habiendo un retroceso en el

Sistema de Seguridad, Procuración y Administración de Justicia.

En los artículos 21 y 73 fracción XIII Constitucionales recogen los principios que

dan sustento a la Ley que establece las bases para la coordinación del Sistema


14

Nacional de Seguridad Pública; entendida como un conjunto de políticas y

acciones coherentes y articuladas que se orientan a garantizar y preservar la

integridad de las personas y su patrimonio; es decir, el mantenimiento del orden

social, la paz pública y la defensa de los intereses de la sociedad.

Por lo tanto, podemos decir que se trata de una función pública dirigida a

garantizar la protección de los individuos como parte de la seguridad jurídica a la

que tiene derecho la sociedad y que el Estado está obligado a brindar, a través de

las normas establecidas para tal efecto, atendiendo las necesidades públicas

esenciales como Prevención del Delito, Procuración e Impartición de Justicia,

Readaptación Social y desde luego el Auxilio a las Víctimas del Delito.

Es fundamental que el concepto de seguridad pública no sólo se entienda con un

enfoque meramente policial sino que también en lo político, social, cultural y

económico que inevitablemente la determinan en su rol social.

Por su parte, Ramón Sosa Montes (Ramón Sosa Montes, p. 79), agrega:

“El concepto de seguridad pública va mucho más allá de la seguridad para los

actos de gobierno; tiene que ver con los bienes y los derechos de los que habitan

nuestro país y comprende tanto los derechos humanos como la administración de

justicia, así como la prestación de servicios”. Abarca aspectos complejos que se

encuadran dentro del esquema general de un Estado de derecho.

Por lo cual la participación ciudadana es fundamental en el cumplimiento de las

leyes para lograr una armonía bien equilibrada entre los gobiernos y los

gobernados.

La función de seguridad pública se encuentra vinculada a la idea de participación.

La seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de la

autoridad; exige la articulación y coordinación de todos los órganos que


15

intervienen en los tres niveles de gobierno a lo cual deben sumarse instituciones

encargadas de educación, salud, desarrollo social, inclusive la sociedad civil

misma. La visión en torno a la seguridad pública debe ser una visión global e

incluyente que al tratar de tutelar valores aceptados por todos nos lleve a una

sociedad más justa.

La participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida pública, no sólo

particularmente respecto de los procesos electorales, desde mediados de los años

ochenta, se encuentran ubicados en la agenda internacional.

En los ámbitos tanto gubernamental como el de la propia sociedad, se ha

invocado a la participación ciudadana como elemento indispensable, sin el cual,

ningún problema social podrá resolverse o al menos enfrentarse con mayor éxito.

La importancia de esta temática emerge justamente cuando el tema de la

democracia formal logra avanzar en todo el mundo. La participación ciudadana

viene a señalar la necesidad de que la democracia llegue a todos los ámbitos o

rincones de la vida social y política.

Históricamente en México, al menos desde hace más de tres décadas, los

gobernantes federales, estatales y municipales, han afirmado que, para combatir

con mayor éxito la delincuencia y la criminalidad, es vital la participación

ciudadana. Mientras ésta no suceda el problema se seguirá agravando, lo cual ha

venido sucediendo puntualmente. En todo el territorio de América Latina y de

México, la delincuencia tiene una presencia y desarrolla una actividad significativa.

Existen tendencias ciudadanas que están de acuerdo con la visión gubernamental

respecto de la participación ciudadana, otras no lo estarán y probablemente, la

gran mayoría de los ciudadanos no tengan ninguna idea formada respecto de su

papel ante este problema. Todos comparten, en cambio, la preocupación

generalizada por los índices alcanzados por la delincuencia. Ello, junto con otras

variables, como la incapacidad del Estado y sus cuerpos de seguridad para


16

contenerlos han provocado que en la sociedad exista una percepción de casi

absoluta indefensión frente a la delincuencia.

En México y América Latina “las participación comunitaria en la prevención del

delito ha tomado un lugar central en las políticas públicas de seguridad (...) Las

políticas de participación buscan incitar el apoyo ciudadano e incrementar la

legitimidad de las instituciones encargadas del control y de la prevención de la

criminalidad”. (Dimmer, p. 45)

La participación ciudadana, hace referencia “a la participación política pero se

aleja de ésta al menos en dos sentidos: abstrae tanto la participación ciudadana

mediada por los partidos políticos, como la que el ciudadano ejerce cuando elige a

las autoridades políticas. Aunque con múltiples sentidos, la intervención directa de

los agentes sociales en actividades públicas” (Cunill, 1997: p. 74).

Remitir a lo público es aludir en un mismo movimiento a la sociedad como al

Estado. Lo público no es un dato dado, sino un proceso de construcción. Por una

parte, supone asumir la posibilidad de que la sociedad se auto-gobierne a través

de un Estado democrático. Asigna, por tanto, una virtualidad al Estado espacio de

realización de lo público, pero sólo en la medida que represente a la sociedad se

satisfagan necesidades colectivas de manera autónoma, pero sin que ello implique

la abdicación de las responsabilidades estatales.

Dentro de la legislación mexicana se contempla a la seguridad pública como un

servicio y una función del Estado. A partir de la reforma constitucional de 1994, la

seguridad pública se convirtió en una responsabilidad explícita del Estado

mexicano, una responsabilidad compartida entre los 3 niveles de gobierno; es

decir, del Estado en su conjunto. El fin es mantener o establecer el orden y la paz

pública. El artículo 21 de la Constitución establece que:


17

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal,

los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta

Constitución señala […] La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los

Municipios se coordinarán, según los términos que la ley señale, para establecer

un sistema nacional de seguridad pública. Ya desde 1983 se responsabilizó al

municipio de la seguridad pública; en las reformas al artículo 115 constitucional se

estableció que:

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

h).- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía

preventiva municipal y de tránsito

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente Municipal, en los términos

del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador

del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor

o alteración grave del orden público.

Si bien esta reforma permitió que el municipio se encargara de la vigilancia

preventiva, de establecer reglamentos de policía y buen gobierno, así como

establecer las reglas de comportamiento demandado a sus ciudadanos en los

espacios públicos, para la década de 1990 era evidente que la delincuencia había

rebasado al municipio.

Otro aspecto dentro de las reformas de 1994 fue la inclusión de cambios al artículo

73, para facultar al Congreso de la Unión para que creara y legislara esta nueva

coordinación en materia de seguridad pública. El resultado de esta reforma fue la

Ley General que Establece las Bases para la Coordinación del Sistema Nacional

de Seguridad Pública (aprobada en 1994 y reformada en el 2000). Dentro de esta

legislación se define cómo entiende la federación el concepto de seguridad

pública; el artículo 3 dice que la seguridad pública es la función a cargo del Estado


18

para salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como

preservar las libertades, el orden y la paz pública. Esto se logra mediante la

prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la

reinserción social del delincuente y del menor infractor.

Asimismo, es responsabilidad del Estado combatir las causas de la delincuencia y

desarrollar políticas y acciones que fomenten en la sociedad valores culturales y

cívicos que induzcan el respeto a la legalidad. Para lograr estas metas cuenta con

un sistema de seguridad pública formado por distintas instituciones, cada una con

una competencia específica. Estas son la policía preventiva, el ministerio público,

los tribunales, la prisión preventiva, la ejecución de penas, el tratamiento de

menores infractores, la protección a instalaciones y servicios estratégicos, entre

otras.

Mediante esta legislación, el gobierno federal busca coordinar e integrar las

distintas áreas de gobierno --federales, estatales y municipales-- relacionadas con

la seguridad pública. Parte del objetivo era recuperar el lugar que correspondía a

las instituciones de seguridad pública frente a otras organizaciones que las

estaban rebasando, así como reglamentar el trabajo de la policía dentro de un

nuevo marco jurídico.

La labor del Estado en materia de seguridad pública ha sido duramente

cuestionada desde hace décadas, y no podemos negar la existencia de serias

complicaciones internas que dificultan la meta de ofrecer un país en el que la

seguridad no sea una promesa sino una realidad.


Las sociedades, en las diferentes etapas de desarrollo, han practicado varias

formas de organización política, es decir, distintos modos de establecer las

normas que permiten la convivencia entre las personas.


19

En algunos grupos primitivos, los ancianos se encargaban de establecer las

normas. En Atenas, ciudad-Estado de Grecia antigua, los ciudadanos se reunían

en la plaza pública para tratar los asuntos de la colectividad y establecer las

normas sociales.

En la Edad Media, los reyes establecieron normas y concentraron en su persona

todo el poder del Estado, es decir, instauraron gobiernos absolutistas.

Siglos más tarde, en la época moderna, se produjeron importantes cambios en la

forma de establecer las normas: se reconoció la autoridad de las instituciones

políticas encargadas de formular las leyes, que debían ser obedecidas por todos

los habitantes del reino. De este modo se sentaron las bases para el surgimiento

del Estado moderno.

Los pueblos sometidos a un poder extranjero generaron una conciencia de

identidad nacional que, más tarde, les permitió luchar por su independencia. De

esta manera elaboraron normas jurídicas de acuerdo con sus intereses, eligieron

un gobierno propio y surgieron como Estados-Nación.

México se constituyó como Estado- Nación en 1821, cuando se independizó de

España. Los mexicanos crearon sus propias leyes, establecieron los límites del

territorio nacional y formaron su propio gobierno. De acuerdo con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la forma de gobierno de México es la

república representativa, democrática y federal.

El Estado-Nación es una forma de organización política constituida por grupos

humanos que hablan la misma lengua, tienen un pasado histórico y cultura

comunes. Sus elementos constituidos son el territorio, la población y el gobierno.


20

Respecto al concepto y función del Estado, podemos señalar que es la institución

política que representa los intereses de la sociedad; su función consiste en

fortalecer la convivencia entre las personas. Surgió para ejercer la autoridad y

garantizar él respecto de los derechos de las personas de acuerdo con la ley.

“El Estado es un pueblo organizado bajo un poder soberano para la consecuencia

de sus intereses”. La Administración es la actividad principal del Estado para el

cumplimiento de sus fines.

Actualmente, el Estado constituye una forma de organización política

característica de las sociedades modernas. El Estado mexicano tiene su

fundamento en la Constitución Política y está integrado por el territorio, la

población y el gobierno. De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, el Supremo Poder de la Federación se divide,

para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Este artículo establece la

división de poderes, que es una de las características fundamentales de las

repúblicas democráticas y representativas.

Entendiendo por gobierno al conjunto de personas e instituciones que tienen la

responsabilidad de conducir las acciones del Estado; de acuerdo con la ley, el

gobierno y las instituciones ejercen la autoridad sobre la sociedad.

El gobierno de la nación mexicana está representado en su sentido amplio, por la

integración y funcionamiento de tres poderes, como lo establece el Artículo 49

constitucional, o sea, el Estado mexicano, se divide para su ejercicio en los

poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial.

A) PODER LEGISLATIVO


21

El poder legislativo se deposita, según al Artículo 50 de la Constitución, en un

congreso general, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de

Senadores.

Las dos Cámaras reunidas constituyen el congreso general o Congreso de la

Unión. La Cámara de Diputados está integrado por 500 diputados, de los que 300

son electos de manera directa por el voto mayoritario de los ciudadanos, y 200

según el principio de representación proporcional, y representan todos en conjunto

y cada uno por sí solo, a la nación, al pueblo, en el senado del Poder Legislativo, y

duran en su cargo tres años.

La Cámara de Senadores está compuesta por 128 miembros electos por el voto

directo de los ciudadanos pero, a diferencia de la otra Cámara, representan en el

Poder Legislativo a los estados o entidades federativas que componen los Estados

Unidos Mexicanos (31 estados y el D.F.), se eligen cuatro senadores por cada

entidad y duran en su cargo seis años.

La Cámara de Diputados y de Senadores tienen facultades expresas señaladas en

la propia Constitución, siendo la principal legislar, creando o modificando las leyes

que el país requiere y funcionan en periodos ordinarios y extraordinarios de

sesiones; los ordinarios se dividen en dos periodos, el primero del 1° de

septiembre al 15 de diciembre de cada año, y el segundo, del 15 de abril al 15 de

julio; los extraordinarios pueden ser durante el resto del año si es convocado por la

comisión permanente. Durante el receso del congreso, o sea, durante los meses

de enero a abril, julio y agosto, el Poder Legislativo está representado para sus

funciones constitucionales por la Comisión Permanente integrada por 15 diputados

y 14 senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras en víspera de la

clausura del periodo ordinario de sesiones.

B) PODER EJECUTIVO


22

De acuerdo con el Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos “se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en

un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos

Mexicanos”.

En México, el Poder Ejecutivo está representado por el presidente de la República,

quien concentra más poder que ninguna otra institución del país, pues es a la vez

jefe del Estado Mexicano, jefe del gobierno mexicano, y jefe de las Fuerzas

Armadas de México. Como jefe del Estado, el presidente de los Estados Unidos

Mexicanos representa y simboliza la unidad nacional y la soberanía del poder

mexicano.

El jefe del Poder Ejecutivo es electo cada seis años por una mayoría de

ciudadanos, pero al llegar a su alto cargo no sólo representa a esa mayoría sino a

todos los mexicanos. El Poder Ejecutivo se integra además con los secretarios de

Estado, jefes de Departamento y directores de instituciones descentralizadas y

empresas del Estado o paraestatales.

La Constitución establece expresamente las facultades que tiene el presidente de

la República, siendo sus principales obligaciones guardar y hacer guardar la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella

emanen; desempeñar leal y patrióticamente el cargo y mirar en todo por el bien y

prosperidad de la unión, o sea, de la federación, según se prevé en el texto del

artículo 87 de la Constitución que el presidente pronuncia de viva voz al rendir su

protesta del cargo ante los representantes de la nación.

Tiene nuestro sistema republicano federal y representativo tres niveles básicos de

expresión real en todo el país. Ellos son el Poder Ejecutivo de la federación o

presidente de los Estados Unidos Mexicanos; el jefe del Poder Ejecutivo de cada

uno de los 31 estados, o sea, los gobernadores de esos estados y los presidentes

de los ayuntamientos, a quienes se les conoce como presidentes municipales. Al


23

respecto, el artículo 115 establece que los estados adoptarán para su régimen

interior la forma de gobierno republicano, representativo y federal, teniendo como

base su división territorial y su organización política y administrativa al municipio

libre.

Cada municipio es administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y

no hay ninguna autoridad intermedia entre el ayuntamiento y el gobierno del

estado; los municipios administrarán libremente su hacienda, y los estados y

municipios en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes, reglamentos y

disposiciones administrativas que necesiten para sus fines legales. Los

ayuntamientos están integrados por un número determinado de regidores, según

la población de cada municipio, entre los que se distribuyen las áreas de trabajo o

responsabilidad social.

En el seno de las tres grandes entidades, federación, estados y municipios, existe

electo un titular de un poder ejecutivo, administrativo y político que no admite

dentro de su jurisdicción y competencia otro poder más arriba o superior; en su

respectivo campo territorial y poblacional funcionan por igual los otros dos

poderes: el Legislativo y el Judicial, pues la federación tiene su congreso general

que comprende a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores y el Poder

Judicial Federal. Los 31 estados tienen su poder legislativo, o sea, la Cámara local

de Diputados para legislar y darse sus propias leyes (en el D. F., la Cámara

Local), así como sus propios poderes judiciales representados en los tribunales

superiores de justicia de cada Estado. Los municipios cuentan con cuerpos

colegiados que son los ayuntamientos reunidos con todos sus regidores, los que

están facultados para colaborar y aplicar reglamentos o disposiciones relativas al

gobierno y administración municipal, e igualmente, los municipios disponen de su

poder judicial a través de los jueces municipales que existen para el conocimiento

y resolución jurisdiccional de conflictos o problemas que por su baja cuantía o

gravedad son de su competencia.


24

C) PODER JUDICIAL

Conforme al Artículo 94 de la Constitución, el ejercicio del Poder Judicial se

deposita en una suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito, Colegiados

en materia de amparo y Unitarios en materia de apelación y en Juzgados de

Distrito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 11 ministros y funciona

en pleno o en salas como órgano colegiado. Es la propia Constitución quien

establece la competencia de la Suprema Corte; los periodos de sesiones; el

funcionamiento del pleno y de las salas; las atribuciones de los ministros; el

número y la competencia de los tribunales de circuito y de los jueces de distrito

dispersos por todo el país, así como las responsabilidades en que incurren los

funcionarios y empleados de ese Poder Judicial de la Federación.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son nombrados por el

presidente de la República, siendo sometidos sus nombramientos a la aprobación

de la Cámara de Senadores, la que otorgará o negará esa aprobación dentro del

término de diez días. Los magistrados de tribunales de circuito y jueces de distrito

son nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se debe destacar que miembros del Poder Legislativo elabora o aprueba las leyes

del país, el Poder Ejecutivo es el responsable de velar por su aplicación y

cumplimiento y por su parte el Poder Judicial, a través de sus respectivos

ministros, magistrados y jueces, es el órgano encargado de llevar a cabo la

interpretación de las leyes para su justa y exacta aplicación en los casos

concretos; es la responsable de velar por la seguridad jurídica de las personas y,

mediante el juicio de amparo, proteger a las personas contra las violaciones a la

Constitución y a las Garantías Individuales y sociales en que incurran las

autoridades en perjuicio de aquéllas.


25

ESTADO DE DERECHO.

El Estado de derecho se refiere a un modelo de Estado nacido con las

constituciones modernas y caracterizadas:

a) En el plano formal, por el principio de legalidad, en virtud del cual todo

poder público está subordinado a leyes generales y abstractas que

disciplinan sus formas de ejercicio y cuya observancia se halla sometida al

control de legitimidad por parte de jueces separados del mismo e

independientes;

b) En el plano sustancial, por la funcionalidad de los poderes del Estado al

servicio de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos,

mediante la incorporación limitada en su constitución de los deberes

públicos correspondientes, es decir, de las prohibiciones de lesionar los

derechos de libertad y de las obligaciones de dar satisfacción a los

derechos sociales, así como de los correlativos poderes de los ciudadanos

de activar la tutela judicial.

El mantenimiento de la seguridad, tanto frente al enemigo exterior como frente a

las dimensiones interiores, debe constituir el fin del Estado y el objeto de su

actividad. El verdadero alcance de la actividad del Estado abarca todo aquello que

puede realizar en bien de la sociedad, pero sin lesionar el principio expuesto

anteriormente.

El fin del Estado puede ser doble: puede proponerse fomentar la felicidad o

simplemente evitar el mal el cual puede ser, a su vez, el mal de la naturaleza o el

de los hombres. Si se limita al segundo fin, busca solamente la seguridad.

La seguridad es una de las funciones principales del Estado. El hombre, según

Rousseau, Locke y Hobbes, se une en sociedad para protegerse de otros y de sí


26

mismo. El hombre le otorga al Estado/autoridad la facultad para ejercer la violencia

con el fin de garantizar el orden y la paz dentro de cada sociedad organizada. En

un principio fueron los hombres fuertes de una comunidad, después los señores

feudales y el rey/emperador; hoy día, es el Estado moderno el que asume esta

responsabilidad, basándose en una normatividad que establece las conductas

aceptadas que permiten la convivencia civil, así como un aparato que busca

garantizar y ejercer estas reglas y castigar a aquellos que deciden transgredirlas.

Los Estados democráticos contemporáneos presuponen la existencia de un

estado de derecho que no sólo regula la convivencia entre los ciudadanos, sino

que también limita el poder del Estado para ejercer la violencia. Se supone que

éste no usará la represión, ni buscará el orden público a cualquier costo. Existen

condiciones y pasos que deben seguir. En el caso mexicano, todos estos quedan

incluidos dentro de la Constitución, los códigos penales, los códigos de

procedimientos penales y otras legislaciones que esbozan los derechos y

obligaciones del ciudadano frente al Estado.

La existencia de seguridad no significa necesariamente la vigencia del estado de

derecho, ni que esta seguridad vaya acompañada de justicia. Es por ello vital

recalcar que no es suficiente que una política garantice seguridad. Si ésta no

genera justicia, ni adhesión a las leyes de la nación y pasa por alto los derechos

humanos y las garantías constitucionales, es una política que no cumple con su

cometido. La seguridad tiene que ir de la mano de la justicia y el estado de

derecho. Las políticas que no responden a esta necesidad no son congruentes

con la normatividad que regula el respeto a los derechos de la población.

Uno de los problemas sociales de México que más están afectando actualmente a

la ciudadanía es el de la delincuencia. Este fenómeno, que no sólo lesiona el

patrimonio y la integridad física de las personas, sino también conlleva un

deterioro en el estado de derecho, desalienta la inversión - principalmente la de

largo plazo-, debilita la base competitiva del sector productivo nacional y, por

ende, disminuye el potencial de crecimiento económico del país.


27

Dado que entre las características inherentes a la existencia de un estado de

derecho está el adecuado control de las actividades delictivas, es fundamental que

las autoridades combatan eficazmente la delincuencia con el fin de poder

mantener un ambiente institucional que propicie la competitividad y el progreso de

México.

Por sus características, la seguridad pública es un bien público que debe ser

provisto por el Estado, tanto para cumplir con su función esencial de proteger los

bienes y la integridad física de las personas, como para que se alcance un nivel de

seguridad socialmente eficiente que promueva el desarrollo del país.

Un bien público presenta dos propiedades esenciales: la primera se refiere al

principio de no-rivalidad en el consumo -el consumo de un bien público por un

individuo no limita el consumo del mismo bien por otro individuo-; y la segunda, al

principio de no-exclusividad -no se puede excluir a otros consumidores del

consumo o "disfrute" del bien. La seguridad pública satisface ambos atributos ya

que no es posible racionar su provisión a la sociedad, ni discriminar a ciertos

segmentos de la población de su uso. De dejársele al sector privado la provisión

del servicio de seguridad, su producción no sería suficiente para proteger a la

totalidad de los ciudadanos equitativamente, pues no todos estarían dispuestos a

pagar su costo una vez provisto el servicio por otros individuos.

En virtud de las dos propiedades de bien público, el sistema de seguridad pública

será socialmente eficiente sólo si protege colectivamente a todos los ciudadanos.

Este propósito se reconoce plenamente en la Constitución, la cual establece como

obligación del Estado, en su artículo 21, la protección efectiva para la generalidad

de los ciudadanos. La eficiencia social deriva de que los beneficios de una

adecuada seguridad pública multiplican los beneficios privados que obtienen los

ciudadanos. Es decir, un sistema de seguridad eficiente no sólo genera beneficios

privados a las personas y a las empresas, como sería una adecuada protección a


28

la integridad física y a los bienes e inversiones, sino también genera la prevalencia

de un estado de derecho cuyos beneficios, en la esfera social, se traducen en un

ambiente propicio para que los individuos y las empresas desarrollen, sin la

incertidumbre de la inseguridad, sus actividades productivas.

De una manera contraria, cuando existe un ambiente de inseguridad, se generan

importantes costos sociales adicionales a los costos privados. Esto es manifestado

por las personas o empresas, ya que deben protegerse de ser víctimas de un

delito. La protección de la integridad física y la propiedad de los bienes requiere,

entre otras cosas, que suspendan ciertas actividades -lo que limita la libertad-, se

instalen alarmas u otros mecanismos de defensa, e incluso, en casos extremos,

las personas adquieran armas de fuego para defenderse de propia mano o

decidan, sencillamente, mudarse de ciudad o país. Por lo que respecta a los

costos sociales, la delincuencia y la inseguridad pública conllevan a la falta de un

estado de derecho cuyas consecuencias económicas son, entre otras, el cierre de

empresas y la cancelación de inversiones, lo cual conduce a una pérdida de

fuentes de empleo y de generación de riqueza.

Con base en lo anterior, es fundamental que el Estado provea un sistema de

seguridad pública que dé a todos los que componemos la sociedad, protección y

acceso adecuado a la justicia. La efectiva protección de la ciudadanía y de sus

bienes favorece la creación de empresas, la inversión y la generación de empleos,

elementos indispensables para el progreso del país.

En México se han iniciado los cierres de empresas o la cancelación de inversiones

por la inseguridad, generándose importantes costos sociales implícitos para

nuestro país. De ahora en adelante es necesario que la autoridad redoble

esfuerzos para proteger la integridad física de las personas y la propiedad de sus

bienes, no sólo porque son derechos inalienables de los ciudadanos, sino también

para alcanzar los beneficios sociales de un ambiente de seguridad que permita la

realización de un mayor desarrollo económico y social.


29


En México, la seguridad y el control de las instituciones responsables de ella no

han sido un tema central de discusión del proceso de transición, por la naturaleza

civil del régimen mexicano. A partir de 1996 la seguridad pública comenzó a llamar

la atención de la opinión pública por el incremento percibido en robo de autos,

asaltos a transeúntes, robo en transporte público y la ola de secuestros en el

Distrito Federal y provincia. En el Distrito Federal, por ejemplo, el promedio diario

de delitos del fuero común denunciados ante el Ministerio Público local aumentó

de 366 en 1993 a 679 en 1996 y a 700 en 1997.

La criminalidad en México ha presentado un crecimiento importante durante los

últimos años. El aumento de la delincuencia en el país ha sido de tal magnitud,

que ha ocasionado un fuerte sentimiento de inseguridad entre la población,

particularmente en la del Distrito Federal.

Antes de presentar las cifras de la delincuencia, cabe resaltar que en México

existen dos órdenes en la persecución de los delitos: los del fuero común y los del

fuero federal. Los primeros son responsabilidad de las autoridades locales,

mientras que los segundos, de las federales. Dado que la mayoría de los delitos

que afectan a los ciudadanos son del fuero común, éstos son los de mayor

relevancia para el análisis. Para puntualizar su importancia, en el año 2000 se

identificaron cinco presuntos delincuentes del fuero común por cada uno del

federal.

Es importante advertir que en México no existe información histórica a nivel

nacional sobre el número de denuncias. La información disponible se refiere al

número de presuntos delincuentes registrados en los juzgados de primera

instancia por fuero. Dada la limitación de la información, se usará el número de


30

presuntos delincuentes como una variable próxima del problema de la

delincuencia.

Una de las primeras complicaciones al estudiar la seguridad pública es que no hay

una definición única y precisa acerca de lo que es. Cada autor, cada dependencia

gubernamental tiene una definición distinta, dependiendo de sus funciones,

objetivos, intereses e inclinación política. Sin embargo, es posible hacer ciertas

generalizaciones. Por ejemplo cuando se habla de seguridad cada quien la

percibe de distintas maneras; esto se debe a la naturaleza dual de este término.

Tiene tanto una connotación objetiva, como una subjetiva; es decir, al hablar de

seguridad, cualquier tipo de seguridad, no sólo se hace referencia a la realidad

palpable, sino también a una percepción individual o colectiva sobre el tema. Por

consiguiente, tomar en cuenta la percepción ciudadana es crucial para las políticas

de seguridad pública. No siempre sucede que las zonas con menores índices de

criminalidad sean las zonas dónde los ciudadanos dicen sentirse más seguros, y

viceversa. En la relación de datos del índice de denuncias y el índice de

percepciones sobre la seguridad que hace el Instituto Ciudadano de Estudios

Sobre Inseguridad (ICESI), queda claramente establecido que no hay una relación

directa entre los índices de denuncia y la percepción de inseguridad (ICESI, 2001,

Gaceta informativa 2). Es importante recalcar este punto porque cualquier política

encaminada a mejorar la seguridad de los ciudadanos tiene que tomar en cuenta

el carácter subjetivo de la seguridad y diseñar estrategias no sólo para disminuir el

número de delitos cometidos, sino para que los ciudadanos se vuelvan a sentir

seguros y regresen a los espacios públicos.

Académicos mexicanos proponen cambiar el concepto de seguridad pública por el

de seguridad ciudadana, como ya ha sucedido en otros lugares de América Latina

(M. Sarre, 2001, pp. 83-114). Sus argumentos principales son que tanto la

seguridad como la justicia deben alcanzarse utilizando medios democráticos,

dentro del marco del estado de derecho. Es decir, la gestión democrática se debe

convertir en una herramienta para alcanzar estas metas. Al cambiar el concepto


31

de seguridad pública por seguridad ciudadana, la ciudadanía se convierte en

destinataria de las políticas de seguridad, es a ella a quien sirve la seguridad y no

a la autoridad. Lo que ahora se debe privilegiar es que las políticas de seguridad

respondan a las necesidades de los ciudadanos, y garanticen el respeto a sus

derechos. La seguridad es, al fin y al cabo, un derecho básico de todo ciudadano y

ciudadana.

Es así como se trata de establecer un antes y después en las políticas de

seguridad; aquellas en las que el Estado era el actor central y respondían a sus

intereses (llamada entonces seguridad pública) y hoy día, políticas de seguridad

que responden a y ante el ciudadano (seguridad ciudadana). Miguel Sarre

propone una definición de seguridad ciudadana al describirla como: “una actividad

político-administrativa, la cual podría medirse por los resultados en la acción del

Estado ante las faltas administrativas y la prevención de delitos” (M. Sarre, art. cit.,

p. 86).

Sarre diferencia la seguridad ciudadana del sistema de justicia penal, y define a

este último como: “persecución, defensa y juicio, sanciona a los responsables de

los delitos y proteja a los inocentes para responder exclusivamente a normas

jurídicas y no a criterios de conveniencia u oportunidad” (Ibíd., pp. 86-87).

Es importante marcar la diferencia, porque como se mostrará más adelante, para

el Estado mexicano la seguridad pública no se limita a la prevención del delito,

sino también a la persecución e investigación de los delitos cometidos. Aun

recalcando estas distintas etapas, tiene que haber una visión sistémica del

sistema penal en su conjunto, dónde la fase de prevención del delito (seguridad

ciudadana para Sarre y muchos otros), justicia penal y readaptación social vayan

de la mano. Si cualquiera de estas etapas no funcionan cabalmente alguna de las

otras dos lo va a resentir; sin acceso efectivo a la justicia, sin un sistema

penitenciario eficiente será muy difícil poder gozar de seguridad plena.


32

El modelo de seguridad ciudadana debe considerar algunas condiciones que han

quedado de lado en la antigua concepción de seguridad pública.

Primeramente, debe buscar garantizar la igualdad de acceso de todos los

ciudadanos al sistema penal; debe buscar un equilibrio entre las exigencias

legítimas de protección de los individuos y las garantías constitucionales de los

ciudadanos; puede experimentar con un abanico más amplio de medidas para la

resolución de conflictos (mediación, conciliación, negociación, penas alternativas);

debe incluir a las víctimas dentro del proceso de resolución de conflictos de

carácter penal; debe buscar educar a la ciudadanía en temas de justicia y

derecho, debe admitir la participación de la sociedad civil en las discusiones y

buscar la transparencia de sus procesos e información. Por último, también se

propone que la seguridad ciudadana forme parte de una estrategia más amplia de

desarrollo social (J. M. Rico y L. Chinchilla, 2002, pp. 176-177). Tal vez este último

requisito resulte ser el más complicado para crear una política de seguridad

ciudadana, pues se convierte en parte de la discusión sobre los elementos y

factores que realmente producen la inseguridad y la criminalidad: como el

desempleo, la marginación, la ignorancia. Y si la inseguridad tiene como origen

una infinidad de problemas sociales, ¿cuántos de estos problemas realmente

puede atender el sistema penal? Es decir, si se acepta esta premisa, entonces él

éxito de las distintas instituciones estatales encargadas de garantizar la seguridad

depende de que se alcance el de bienestar y la justicia social.

El ser humano es un ser de individual de naturaleza social. Como individuo es

persona, es decir, es un compuesto inseparable de materia y espíritu. La

materialidad le impone necesidades fisiológicas tales como comer, vestir, habitar,

cohabitar, que deben ser satisfechas de acuerdo a su dimensión espiritual, es

decir, a su racionalidad y a su voluntad. La espiritualidad le plantea necesidades

de conocer, reflexionar, decidir-participar, de solidaridad, estéticas, etc. En este

aspecto de la espiritualidad, la discusión en todo caso se centra en si esta


33

espiritualidad es trascendente o no y en si es de naturaleza distinta o no a la

materia.

Los seres humanos además de ser individuos, es decir, seres únicos e indivisibles,

son seres sociales, es decir, son seres que para sobrevivir y desarrollarse como

seres humanos necesitan de la cooperación y del auxilio de los demás seres

humanos.

La sociedad mexicana entiende hoy más que nunca la seguridad como un valor

necesario e importante en la vida cotidiana. Es un concepto muy amplio en el

imaginario colectivo que puede incluir, desde la concepción de una vida “en paz”,

pasando por la legalidad del estado de derecho, hasta simplemente no ser víctima

de un delito.

La seguridad entonces es un tipo de valor que se aprecia aunque no se encuentra

y precisamente, porque no se encuentra con facilidad, se le añora y aprecia más

de lo que sería el caso si estuviera presente.

Ocupa en la jerarquía de valores en la sociedad una alta responsabilidad, y la

tendencia que puede descubrirse mediante la investigación es que seguirá siendo

una constante en la vida de las personas y de la nación. Los mexicanos de hoy

reclaman con voz más fuerte seguridad para nuestro país, prueba de ello es el

número cada vez más creciente de redes sociales y organizaciones civiles que se

conforman para hacer frente a todo aquello que supone la inexistencia de

seguridad (violación de los derechos humanos, delincuencia organizada, tráfico y

consumo de drogas, etc.).

Es necesario emprender acciones que repercutan en la construcción del bien

común de que es condición necesaria el orden y respeto que debe imperar en la

vida pública.


34

El ascenso del hombre desde las cavernas, ha estado marcado por la transmisión

de los avances culturales de un grupo a otro y de una civilización a otra.

En la sociedad existen personas con intereses, aspiraciones y necesidades

diferentes y, en ocasiones, contrarias. Con frecuencia surgen divergencias entre

compradores y vendedores, entre patrones y trabajadores, entre miembros de una

familia.

La dinámica social impulsa la necesidad de sustentar este Sistema de Auxilio a las

Víctimas del delito como parte de la protección jurídica que el Estado debe

otorgar, garantizando así un Sistema de Seguridad Pública más eficaz; cualquier

medida que se tome para el combate de la inseguridad resultará inadecuada sino

se retoma la atención que deben recibir tanto las víctimas directas como indirectas

del delito.

La seguridad de las personas en lo individual, de sus familias y de los demás, es

decir de tranquilidad de vivir en colectivo, depende de varios factores entre los que

la percepción que la sociedad tenga de ella será determinante.

Las políticas y programas para garantizar la seguridad de todos, deben, sin duda,

evitar la comisión de delitos, pero también promover en la ciudadanía la certeza de

que eventos de este tipo serán lejanos y no, como pareciera ser por las encuestas

de opinión pública, como inminente.

No es sino hasta los años 70’s que paulatinamente se fueron incrementando en

los Sistemas Penales principios democráticos acerca de los derechos humanos y

en especial de las víctimas del delito y que fueron conformando un Sistema Penal

moderno.


35

Las políticas públicas en materia de educación, salud, desarrollo social y

seguridad pública deben tener un hilo conductor para mostrar mayor éxito en la

prevención de la delincuencia y la violencia.

El Sistema de Auxilio a Víctimas existente en el Distrito Federal, es sin duda un

pilar fundamental dentro del Sistema de Justicia en nuestro país, a través de él no

sólo se cumple un mandato Constitucional, sino que ha generado un precedente

en la atención a las víctimas del delito, lo cual ha permitido que no se queden en el

desamparo institucional, lo que provocaba una sobre victimización.

Distinguir entre el bien y el mal entonces, es una cuestión cultural que puede

variar según la sociedad y el momento. Recorriendo a una obviedad, no es lo

mismo matar durante una guerra o fuera de ella. Quien lo hace en el primer caso

es un héroe, en el segundo un asesino.

La violencia es considerada como un fenómeno aprendido y el primer espacio

donde se establecen las condiciones para su adquisición es el hogar, tomando

como modelo a los padres, hermanos y otros familiares.

Herbert Marcuse, en el hombre unidimensional, señala que el conflicto no resuelto

entre los intereses vitales del hombre y las exigencias de la estructura social

opresiva e irracional constituye la neurosis básica de la sociedad moderna.

De esta manera una política nacional para prevenir la violencia asociada a la

delincuencia, debe tomar en cuenta la pluri-etnicidad del país, así como las

rápidas transformaciones que se viven el interior de ciertas regiones. Las medidas

preventivas deben enfocarse hacia la reducción de las conductas de riesgo, hacia

los factores de riesgo para la violencia, potenciando aquellas conductas que

promuevan la protección. Las medidas pueden estar dirigidas hacia toda la

población (prevención universal) o a grupos de mayor riesgo como los niños que


36

han sido sujetos de abuso, jóvenes desempleados y fuera del sistema escolar, así

como hogares monoparentales (prevención indicada).

En el antiguo régimen, el rey se erigía en el soberano y sustentaba sus potestades

en el poder divino que le era otorgado por Dios. Por lo tanto, no se requería que

rindiera cuentas a nadie; no existían mecanismos de control al ejercicio del poder

en su persona se encarnaban las facultades de decisión última, en todos los

ámbitos de la vida social, tanto pública como privada.

Estas características de ejercicio del poder derivaron en un absolutismo. Aun

cuando en el contexto espiritual-cultural de la Edad Media se manifiestan

tendencias doctrinales, teológicas y filosóficas limitadoras de la voluntad

omnímoda de la autoridad, se trata siempre de limitaciones y controles más bien

de carácter ético-religioso e iusnaturalista que no autorizan todavía, en modo

alguno hablar de un Estado de Derecho.

Como una respuesta al ejercicio ilimitado y por lo tanto incontrolado del poder

durante la época del absolutismo fueron planteados por los hombres del

iluminismo primero y después por los de los de la ilustración, con las más

importantes críticas a ese régimen, así como de los fundamentos filosóficos que

permitieron construir el Estado moderno.

El humanismo colocó al hombre en el centro de la atención. El poder, en este

orden de ideas, únicamente podría justificarse en forma racional, siempre y

cuando fuera en beneficio del ser humano.

Desde esta perspectiva, el Estado contemporáneo se construyó por voluntad de

los hombres para beneficio de éstos, y no a la inversa. La única fuente de

legitimación del ejercicio del poder residiría, a partir de entonces, en la garantía del

libre ejercicio de los derechos y libertades del hombre, pensamiento éste que se

cristalizó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.


37

Trasladar la fuente de legitimación del poder público de una deidad a la libertad

del individuo constituyó uno de los pilares fundamentales para la construcción del

Estado de derecho, y significó que la libertad del ser humano más que un límite al

ejercicio del poder es lo que le da fundamento y sentido.

A partir de una reformulación del pensamiento político, la legitimación con que se

detenta y ejerce el poder público transita del poder de la autoridad al del

ciudadano: se lleva a cabo una transformación en los fundamentos del ejercicio

del poder que incluso ahora, no termina de comprenderse o de hacerse efectiva; el

rey deja de erigirse en fuente y destino del poder, toda vez que las atribuciones le

han sido conferidas por voluntad del pueblo –que ahora es el soberano. Tales

facultades pueden y deben ser ejercidas con la facilidad de garantizar el ejercicio

de los derechos de las personas.

En este orden de ideas, los derechos del hombre no constituyen límites al poder

del Estado, sino que se erigen en el verdadero sustento que le otorga legitimidad a

la autoridad.


La violencia que padecemos actualmente la población mexicana se traduce en un

problema de seguridad pública, tanto por la dimensión que ha adquirido la muerte

por dichas causas como por los efectos materiales y emocionales que ocasiona.

Su origen se encuentra en factores históricos, demográficos, psicológicos,

económicos, biológicos, sociales, entre otros.

La seguridad en México se deterioró en cincuenta años, en un proceso constante

y acumulativo, no en un incidente instantáneo y único. Las características básicas

de la violencia delincuencial actual son cinco: incorporación de nuevas


38

tecnologías, fuerte dosis de violencia, alto grado de desafío, amplia organización y

alta virulencia.

La seguridad pública es una demanda ciudadana que requiere atención prioritaria.

El presidente de la república en ese entonces Felipe Calderón Hinojosa propone

en materia de seguridad, lograr tres objetivos fundamentales:

1. Rescatar el espacio público dignificando zonas marginadas y espacios de

recreación, e incidiendo positivamente en aquellos problemas sociales que

son caldo de cultivo para la delincuencia organizada. La participación

ciudadana será indispensable en este campo.

2. Combatir la impunidad para que los delincuentes sepan que, realmente

serán, sancionados con estricto apego a derecho. Por ello, establecer un

mapeo y análisis sistémico del fenómeno delictivo en México es tarea

prioritaria en este rubro.

3. Garantizar los derechos de la víctima, protegiendo su identidad y

procurando el resarcimiento del daño causado.

De acuerdo con lo que el presidente de la república establece en la plataforma

electoral de su campaña, sus propuestas enfrentan el problema desde dos frentes.

El primero contempla la aplicación de una política preventiva y de cara a la

sociedad, pone en el centro del debate al ciudadano y sus derechos, y que utilice

como eje rector el desarrollo humano sustentable, pugnando por establecer

condiciones de vida dignas que prevengan el crimen y garanticen a todos el goce

de sus derechos y libertades.

El segundo frente implica seguir una política activa en el combate y sanción de los

delitos, mejorando para ello las herramientas con que cuentan los cuerpos

policiales, los ministerios públicos y los peritos investigadores, así como la


39

capacidad y funcionamiento del sistema penitenciario. Supone incluir acciones en

el plano internacional para establecer convenios de colaboración y mejorar el

combate al crimen organizado como son el tráfico de drogas, de personas y de

mercancías.

La falta de seguridad pública ha minado la capacidad de los mexicanos de

alcanzar un desarrollo humano sustentable. Ante la creciente inseguridad

generada tanto por quienes operan por su cuenta como por los miembros del

crimen organizado la población ha sido obligada a modificar sus actividades

normales buscando evitar caer víctima de la delincuencia restringiendo su libertad

y poniendo en peligro su vida e integridad física.

Soporta también costos económicos importantes: desalienta la inversión, frena la

creación de empleos y restringe la posibilidad para que muchas familias puedan

acceder a un ingreso digno que les permita mejorar sus condiciones de vida,

incrementando la brecha de la desigualdad en el ingreso.

El problema de la inseguridad es muy serio. Según la Encuesta Internacional

sobre Criminalidad y Victimización, el promedio nacional de la población que se

siente algo o muy insegura en su entidad ronda el 44%, aunque en entidades

como el Distrito Federal, la cifra puede subir hasta 83%.

1.4. ESTADISTICAS DELICTIVAS DEL FUERO FEDERAL

En función del desempeño de las autoridades encargadas de dar protección y

vigilancia se observa que, a pesar de que el personal responsable de mantener la

seguridad pública aumentó en más de 57 por ciento de 1993 al 2000, su

efectividad para disminuir la delincuencia medido por el número de presuntos

delincuentes registrados en juzgados de primera instancia, ha sido casi nula, pues

no ha tenido ningún efecto visible en su reducción.


40

A luz de la magnitud del crimen que ofrecen las cifras del ICESI, lo anterior nos

revela que la contratación de personal ha sido poco eficaz para disminuir la

delincuencia en el país. Mientras que en 1993 la razón entre personal y presuntos

delincuentes era de tres a uno, en el 2000 fue de cinco a uno. Esto quiere decir

que en el año 2000 se necesitaron dos elementos de seguridad adicionales para

que se consignara a un delincuente en comparación con los que se necesitaban

hace siete años.

En términos de recursos económicos, el gasto en seguridad se ha estado

incrementado paulatinamente desde principios de la década pasada. De 1990 al

2000 el gasto administrativo en seguridad pública, que incluye el gasto de las

entidades federativas y del Poder Ejecutivo, aumentó en 160 por ciento en

términos reales. En cuanto a la eficiencia del gasto en seguridad para disminuir la

delincuencia, se deberían esperar cambios en la tendencia de presuntos

delincuentes similares a los mencionados en relación con los aumentos en el

personal de seguridad.

Como se observa, el mayor presupuesto en seguridad pública no ha tenido ningún

efecto para reducir la delincuencia en términos del número de presuntos

delincuentes por cada 100,000 habitantes. La ausencia de una reducción en el

número de ellos indica una falta de eficiencia por peso gastado en seguridad.

De hecho, el presupuesto de 1996 permitía consignar el mismo número de

presuntos delincuentes que al del año 2000.

Por otra parte, una consecuencia fundamental del combate efectivo de la

delincuencia es una reducción en el riesgo de ser víctima de un delito. Sin

embargo, es claro que la percepción sobre el riesgo de ser víctima de la

delincuencia ha aumentado considerablemente en la sociedad mexicana, lo que

resulta de la ineficiencia del personal de seguridad para disminuir la delincuencia.


41

El riesgo que enfrentan los ciudadanos de ser víctimas de un crimen, las cifras

oficiales revelan incrementos importantes en el riesgo en los últimos años.

Los cambios en la probabilidad de que un ciudadano fuera víctima de un crimen

durante el periodo de 1990 al 2000. Destaca la tendencia creciente a lo largo de

todo el periodo, sin que se registre una disminución evidente después de los años

de la crisis de 1995 -año en que se alcanza un máximo-, cuando mejoran las

condiciones económicas.

Las probabilidades indican como medida del riesgo para la población que mientras

al principio de la década pasada (1991) una persona de 568 podría ser víctima de

un crimen, en el 2000 una de cada 529 personas podría serlo. Esto implica que,

en un lapso de diez años, el número de víctimas en el país con riesgo de sufrir un

delito ha aumentado en 11,682 de acuerdo a las cifras oficiales (13 nuevas

víctimas por cada 100,000 habitantes).

Naturalmente, el riesgo de ser víctima de un delito es considerablemente mayor

cuando se estima con la información disponible sobre denuncias, que es una

mejor medida del nivel de crimen que el número de presuntos delincuentes.

Utilizando las cifras que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)

para el año 2001, una de cada 69 personas será víctima de un crimen, mientras

que utilizando las cifras del ICESI, una de cada 22 personas sufrirá un delito

(Revista Entorno de octubre de 2002). Se concluye que el riesgo estimado a

través de los presuntos delincuentes está subestimando el riesgo real por un factor

de 8, de acuerdo con el SNSP, y por un factor de 24 si se utilizan las cifras del

ICESI. Estos niveles de riesgo son alarmantes y reflejan la angustia de la

población respecto al problema de la inseguridad.

Por otra parte, en relación con la denuncia de los delitos de acuerdo con las cifras

que reporta el ICESI, sólo el 34 por ciento del total de las víctimas de la


42

delincuencia reportaron el delito ante algún tipo de autoridad, y de ese porcentaje,

únicamente el 64 por ciento lo denunció ante el Ministerio Público.

En términos de la capacidad de las autoridades para responder a las denuncias de

la sociedad resalta que, de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público,

sólo en 76 por ciento de los delitos denunciados se levantaron actas de denuncia.

Esto se resume en que, en el ámbito nacional, de cada 100 delitos cometidos,

únicamente 16 fueron documentados por las autoridades del Ministerio Público,

indicando la poca efectividad del proceso para contar con una relación real sobre

delitos y del problema de la delincuencia en el país.

Las entidades donde la proporción de víctimas que no denunciaron al haber

sufrido un delito fue mayor en el Distrito Federal (76 %por ciento).

Por lo que respecta a la efectividad de las autoridades para resolver sobre actos

delictivos, del total de las actas levantadas en el Ministerio Público durante el

2001, en 45 por ciento de los casos no pasó nada, en 23 por ciento de ellos la

denuncia no procedió, en 17 por ciento estaban en trámite y sólo en 11 por ciento

se consignó al delincuente.

Estas estadísticas reflejan por sí mismas la apreciación de poca efectividad y

desconfianza que tiene la sociedad en las autoridades encargadas del sistema de

administración de justicia y seguridad pública en el país. Dado que en 68 por

ciento de las denuncias (no pasó nada y no procedió la denuncia) no ocurre

absolutamente nada, esto explica a su vez, el alto nivel de víctimas que no

denuncian el delito. En otras palabras, en siete de cada diez denuncias

documentadas no se resuelve nada y sólo en una se consigna al delincuente.

El INEGI quien reportó cifras de la delincuencia en México que muestran un

vertiginoso ascenso en el 2001: el número de los presuntos delincuentes del fuero

común se incrementó en 122.9%, los delitos con violencia se incrementaron en


43

69.4% (INEGI 2001. Estadísticas por tema. Estadísticas Sociodemográficas),

mientras que los robos y asaltos registraron un incremento de hasta 261.5%,

confirmando así la escalada de violencia.

Asimismo, registran el efecto en las tasas del crimen, es decir, que una vez que

las regulaciones de delincuencia se han incrementado significativamente, tienden

a mantenerse elevadas.

Por su parte el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad Pública

(ICESI) ha llevado a cabo cinco estudios sobre las víctimas que, alternadamente,

han abarcado las entidades federativas y algunas de las zonas urbanas más

importantes del país.

Dichos estudios permiten conocer datos acerca de la criminalidad que no revelan

las estadísticas oficiales, tales como la cifra negra, los patrones de los delitos, las

características de los delincuentes y la actuación de las autoridades encargadas

de la materia. Asimismo, el ICESI ha formulado propuestas para combatir

diferentes aspectos de la inseguridad en el país.

El INEGI en conjunto con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad

(ICESI), logró realizar la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2004

(ENSI).

Dentro de esta tercera encuesta se recabó información relacionada con la

percepción de haber sido víctima de algún delito, así mismo se recabó la

percepción de la población en general con respecto a la inseguridad y la

evaluación de las autoridades policíacas.

Las cifras de la delincuencia en México muestran un vertiginoso ascenso en los

últimos veinte años: el número de los presuntos delincuentes del fuero común se

incrementó en 122.9%, los delitos con violencia se incrementaron en 69.4%


44

(INEGI, 2001), mientras que los robos y asaltos registraron un incremento de

hasta 261.5%, confirmando así la escalada de violencia. Asimismo, registran el

efecto inercial de las tasas del crimen, es decir, que una vez que las tasas de

delincuencia se han incrementado significativamente, tienden a mantenerse

elevadas.

Los datos que se presentan corresponden al periodo comprendido entre los años

2002 y 2004, para estos años el ICESI reportó que en Distrito Federal los delitos

cometidos fueron:

Año Delitos

2002 1, 808,201

2003 1, 684.963

2004 1,704,441

La Incidencia de delitos por género durante 2004 reporta:

947,579 Hombres

756,862 Mujeres

Total 1, 704,44117

Otros datos son resultado de la Cuarta Encuesta Nacional sobre Inseguridad en

zonas Urbanas, cuyo periodo de referencia es el año 2005.

Entre los resultados obtenidos dentro de dicha encuesta encontramos que, con

respecto al Distrito Federal la proporción es por cada diez habitantes tres han sido

víctimas de por lo menos algún delito durante su vida. De éstos la población de 18

años o más afirmó ser víctima en su ciudad, en donde la población

correspondiente a este rango de edad en el Distrito Federal es de 26.9%,

convirtiéndose en la entidad con él más alto porcentaje respecto a dicha

población.


45

Si bien la delincuencia afecta a toda la sociedad, la víctima es las más lastimada y

afectada por esta problemática, la estructura de personalidad, el tipo de delito y la

forma como se cometió el ilícito condicionan las secuelas que ésta experimenta.

De esta manera, la inseguridad pública es el reflejo de diversas contradicciones de

la sociedad que van desde los múltiples problemas que se pueden encontrar en el

sistema de procuración y administración de justicia hasta las transformaciones de

la familia en los últimos años. En la ciudad de México, este fenómeno se

constituye como uno de los problemas principales para el gobierno en cuanto a su

solución y la sociedad. Ante esta situación es de gran importancia conocer el

contexto del Distrito Federal.

1.5. DEFINICIONES SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD

NACIONAL.

Para poder definir los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, es

necesario en primer término comprender la noción de seguridad. En general,

seguridad significa la cualidad de seguro; es decir, está ligado a las nociones de

garantía, protección, defensa, libertad, salvedad y tranquilidad ante las amenazas.

El término seguridad deriva del adjetivo securus y éste, a su vez, del verbo curare,

por lo que remite a la idea de cuidarse en toda la extensión de la palabra; la

seguridad entonces supone un concepto mucho más amplio que la protección, la

protección es la acción propiamente de auxiliar o socorrer, en cambio la seguridad

además de auxiliar es también prever y restablecer.

"La seguridad implica una exigencia fundamental del hombre que tiene por objeto

controlar su destino y disponer libremente de su propia vida; así, en el hombre la

seguridad no se presenta como un anhelo accidental o de coyuntura sino como

una parte esencial de su naturaleza racional. El hombre necesita proceder


46

racionalmente, con conocimiento de causa, es decir con certeza para intentar

lograr sus fines. La idea de seguridad está relacionada íntimamente con la

percepción de libertad y de orden social. El hombre requiere de mayor seguridad

en la medida que pretende ejercer libremente su libertad de manera responsable y

cuando, por consiguiente, valora el orden social establecido que le permite

condiciones para su desarrollo individual" (Rosas Ramírez, Salomón. México,

1998, p. 29).

"La seguridad es una necesidad de la persona y de los grupos humanos, así como

un derecho inalienable del hombre y de las naciones. Bajo cualquier ángulo tiene

un valor relevante, ya sea desde el punto de vista religioso, filosófico,

antropológico, sociológico, jurídico, político, económico o militar" (Thiago Cintra,

José, México, 1991).

El concepto de seguridad hay que entenderlo en su debida dimensión e

importancia de lo que significa para el desarrollo actual de una nación con

necesidades, intereses y aspiraciones propias. Si la acción humana se caracteriza

por el ejercicio de la libertad y de la racionalidad, los intereses individuales y

colectivos deben confluir en el proceso de convivencia social, de tal suerte que la

articulación armónica de ambos se oriente para alcanzar el desarrollo político,

económico, social y cultural. Seguridad y desarrollo se presentan así como dos

conceptos complementarios dentro de los fines y los medios que corresponde

realizar el Estado.

Desarrollar dos conceptos como son el de seguridad pública y el de seguridad

nacional, resulta conveniente debido a que son conceptos que para mucha gente

son exactamente lo mismo y aunque ambos tienen como razón de ser prevenir,

proteger y auxiliar, lo que los distingue es su ámbito de acción.

El uso de la voz seguridad pública se ha familiarizado entre los habitantes del

país, pero fundamentalmente entre los de las principales capitales. Como en su


47

momento el vocablo derechos humanos alcanzó una especie de boom en la

década de los noventas, a propósito del neoliberalismo; en la última parte del siglo

pasado y en lo que llevamos de éste, el tema de la seguridad pública se ha vuelto

recurrente.

En el siglo XVIII Montesquieu planteó a la seguridad como un basamento de

organización política, es decir, como un derecho pero también como una

obligación del poder público. Ésta es, afirma el investigador José Arturo Yáñez la

concepción moderna de seguridad pública, que a la tradicional protección de las

personas y bienes, añade la protección y garantía de los derechos ciudadanos,

como condición de su libertad.

Partiendo de esta perspectiva algunos autores como Samuel González Ruiz y

José Arturo Yáñez en su libro Seguridad Pública en México señalan que la

seguridad pública hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden público,

se identifica con la protección del orden jurídico público, es decir, la seguridad

pública por definición "cumple con la función conservadora del orden social, con

base en un orden jurídico que controle al poder y norme sus relaciones con los

ciudadanos y de estos entre sí" (Sánchez Sandoval, Augusto, México, 2000, p.

83), la seguridad pública, como lo señala el abogado penalista Augusto Sánchez,

es una de las manifestaciones de la acción gubernamental que se ejerce con el fin

de salvaguardar la integridad, intereses y bienes de las personas, y de las

entidades tanto públicas como privadas.

Es importante subrayar que la idea de seguridad pública está ligada a la

protección de la paz pública, de forma tal que puede ser definida, como "el

conjunto de políticas públicas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a

garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos y de

las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y el de

policía administrativa" (González Ruíz Samuel, México, 1994, p. 49).


48

Las acciones mencionadas deben apegarse al Estado de Derecho para respetar

las garantías constitucionales y evitar el abuso del poder, el cumplir con dichas

atribuciones y funciones que tiene el gobierno permite que haya un equilibrio en

las relaciones personales y entre las autoridades y los ciudadanos a lo que se le

conoce como orden público que de acuerdo a lo anterior es "la situación de

tranquilidad en una comunidad y que se traduce en el orden de la calle, de las

áreas rurales y del Estado mismo" (Sánchez Sandoval, Augusto. Op. Cit. p. 84).

El investigador Modesto Suárez, señala "la seguridad pública representa un

aspecto de la seguridad nacional, entendida esta última en su sentido más amplio"

(Alvarado, Arturo y Sigrid Artz, 200 1, p. 85). En el mismo Programa Nacional de

Seguridad Pública 1995-2000 se asume una visión sistemática en que la

seguridad pública va más allá de la prevención persecución de las conductas

antisociales y delictivas y se articula a todo el proceso de justicia desde una

postura sistematizada.

Las reformas constitucionales a los artículos 21 y 73 fracciones XXIII que más

adelante se comentarán a detalle, crearon un nuevo concepto de seguridad

pública, ampliado e integrado. Para efectos de esta investigación, podemos definir

a la seguridad pública, como "la función estatal a cargo de la Federación, el

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias,

que comprende todas aquellas actividades dirigidas a la prevención y persecución

de infractores y delitos; la imposición de sanciones administrativas; la reinserción

social del delincuente y del menor infractor y en general, todas las que contribuyen

a alcanzar los fines superiores de salvaguardar la integridad y derechos de las

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública" (Sandoval

Ulloa, José G., México, 1995, p. 73).

El artículo 3° de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, define a la seguridad pública como "la

función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y


49

derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz

públicos".

Esta función forma parte de todo un sistema penal, que involucra diversos

sectores y a los tres poderes de la Unión, en el afán de combatir el delito y

castigar a sus autores.

La Seguridad Pública es tan sólo una de las funciones concretas que tiene a su

cargo el Ejecutivo para prevenir los delitos, más no la única.

Por lo que se refiere al concepto de seguridad nacional, éste es un término que se

usa solamente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, mientras que nuestra

Carta Magna data de 1917 y en ella se habla de seguridad exterior e interior del

Estado. La expresión seguridad exterior del Estado se refiere a la situación de

potencia nacional y equilibrio internacional, la cual garantiza a cada país la

integridad de su territorio y el ejercicio de sus derechos, en un plano de igualdad

frente a las sociedades de otras naciones; por su parte la frase seguridad interior

del Estado debe ser entendida como la situación y sistema político que manifiesta

la realidad o el propósito de un orden nacional en el que los poderes públicos son

respetados como instituciones y en las personas que los encarnan, con la

adecuada defensa del régimen, de los derechos fundamentales de los ciudadanos,

de la paz y la tranquilidad pública por parte de las autoridades.

La seguridad nacional se puede decir que "es el conjunto de condiciones

necesarias para garantizar la soberanía, la independencia y la promoción del

interés de la nación, fortaleciendo los componentes del proyecto nacional y

reduciendo al mínimo las debilidades o inconsistencias que pueden traducirse en

ventanas de vulnerabilidad frente al exterior", (Herrera Casso, Luis, México, 1999,

p. 28).


50

Es preciso entender que la seguridad interior del Estado, en este contexto, implica

que las Fuerzas Armadas tienen intervención solamente cuando los cuerpos de

seguridad pública han sido desbordados y los conflictos existentes atentan contra

los intereses fundamentales de la nación, tales como la soberanía, integridad del

territorio, forma de gobierno republicano, así como el pacto federal.

La seguridad nacional se ha llegado a entender como la defensa del sistema

ideológico y de producción y de los grupos de poder que lo hacen posible, motivo

por el cual en la democracia moderna dejó de ser compatible con los principios

que ésta sustenta ya que ni en la definición ni en la práctica se apega a la libertad

de los ciudadanos y al respeto de los derechos humanos, en otras palabras, la

seguridad nacional se refería a la seguridad del Estado, es decir, a la protección

de sus intereses y su permanencia en el poder. Se considera que la expresión

seguridad nacional es una noción cargada de ideología pues tiene que ver con la

idea de nación que es un concepto más bien ideológico, es por ello que algunos

estudiosos prefieren hablar de seguridad de Estado que comprende a la exterior y

a la interior.

H. D. Laswell en 1950 afirma: "El significado que distingue la seguridad nacional

es la libertad respecto de una dictadura extranjera. La política de seguridad

nacional implica un estado de alerta necesario para mantener la independencia

nacional" (Sandoval Ulloa, José G. Op. Cit. p. 47). Como se puede observar, este

concepto está ligado con el de seguridad exterior. Otra definición de Seguridad

Nacional es la que presenta la Academia de Guerra de Brasil, la que la define

como" el grado relativo de garantía que a través de acciones políticas y

económicas, psicosociales y militares, un Estado puede proporcionar en una

determinada época a la nación que jurisdiccional para la consecución y

salvaguarda de los objetivos nacionales, a pesar de los antagonismos internos o

externos existentes o previsibles" (Ibídem. p. 48).


51

El Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme entiende que

"la seguridad es una condición en que los Estados consideran que no existe

peligro de ataque militar, presión política o coerción económica, de manera que

pueden seguir libremente su propio desarrollo y progreso" (Aguayo, Serio, México,

1993).

En México la primera alusión oficial al término seguridad nacional se presentó en

el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Más tarde, en el Plan Nacional de

Desarrollo 1983-1988 se define a la seguridad nacional como la herramienta para

mantener las condiciones de libertad, paz y justicia social dentro del marco

constitucional. Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo de 1988-1994 se

establecen como elementos de ésta la defensa de su soberanía, su independencia

y su integridad territorial, con el objeto de asegurar el necesario ambiente de

convivencia pacífica y solidaridad, basado en un orden social justo, y en 1989 se

crea el Gabinete de Seguridad Nacional integrado por las Secretarias de

Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Procuraduría

General de la República.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 existe un apartado sobre seguridad

nacional en el cual se plasman las estrategias a seguir de manera que se logre el

objetivo del Estado y gobierno de proteger los intereses considerados como de la

nación, entre ellas destaca: concebir la seguridad nacional desde una visión

amplia destinada a prever y hacer frente a las situaciones que amenacen la paz, el

bienestar, la vigencia del orden jurídico y la integridad física de la población y que

pongan en riesgo la permanencia de las instituciones o vulneren la integridad del

territorio; realizar un análisis exhaustivo de los riesgos a la seguridad nacional que

posibilite la elaboración de una agenda de riesgos sistematizada, con el fin de

diseñar políticas para su prevención y contención; coadyuvar al sostenimiento de

una visión estratégica que defina políticas de Estado que conduzcan al progreso

económico, social, cultural, tecnológico y político del país; entre otros (Véase Plan

Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, p. 111-112).


52

Lorenzo Meyer señala que la seguridad nacional "por un lado se trata de un

concepto que bien que se puede denominar central o nuclear en la teoría de las

relaciones internacionales, pero por el otro, es un fenómeno de manejo difícil

porque no hay, ni remotamente un acuerdo sobre su definición y como es el caso

con casi todos los conceptos centrales de la ciencia política, la importancia del

concepto no es solamente teórica sino también práctica, pues con él se puede

intentar dar o restar legitimidad a políticas nacionales fundamentales" (Hernández

Bastar, Martín, México, 200 1, p. 2).

Sin embargo, Meyer dice que el término de seguridad nacional puede entenderse

desde dos grandes ámbitos aceptados por la mayoría de los estudiosos, uno es la

definición tradicional y otro la conceptualización de ésta. La primera se refiere a

que una nación está segura cuando su gobierno tiene tanto el suficiente poder

como la suficiente capacidad militar para impedir el ataque de otros Estados a sus

legítimos intereses, y si es atacada, para defenderlos mediante la guerra, es decir,

esta concepción se circunscribe a las amenazas militares surgidas por las

acciones de otros Estados. En cambio, la conceptualización plantea que ya no es

sólo la posibilidad militar la que determina la seguridad nacional, sino que son

otras esferas, las que hacen peligrar la seguridad nacional de éstos.

En cuanto a esta seguridad de la nación, o seguridad exterior, como se decida

definir, en México por mucho tiempo la inexistencia de un marco normativo dio

lugar a un alto grado de discrecionalidad en la estrategia de su defensa, y en la

toma de las decisiones derivadas de esta situación. Además la confusión aún

existente entre interés nacional e interés de grupo, el cual degeneró la función de

los organismos encargados de identificar los riesgos que afectaban la seguridad

nacional, en consecuencia, se desatendieron las verdaderas amenazas; ello

permitió el crecimiento de la delincuencia organizada, la corrupción, la destrucción

ambiental, entre otros fenómenos fuera del control de las instituciones del Estado.


53

1.6. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

Una vez definidos los conceptos de Seguridad Pública y Seguridad Nacional, es

posible afirmar que dentro de los mismos se contemplan acciones de protección a

las instituciones, a la gobernabilidad, a la soberanía nacional, al individuo y a la

sociedad en su conjunto, en sus derechos y su patrimonio, todas ellas a cargo del

Estado.

Su debida atención demanda nuevas formas de organización, visión y estrategias

de las políticas públicas, como cualquier otro Estado Nacional, frente a cambios

trascendentales en su gobierno.

La Seguridad Pública es el ejercicio del poder del Estado en sus tres ámbitos de

gobierno (Federal, Estatal y Municipal) para asegurar la integración y convivencia

social, teniendo como principal fin la defensa de la sociedad. Este ejercicio del

poder está legitimado por la razón de ser del Estado y por el reconocimiento

básico de que, más allá de la mera costumbre, existe la necesidad de la sociedad

por sobrevivir y desarrollarse.

"La Seguridad Pública está destinada a velar por el mantenimiento del orden; la

observación de las leyes; y la protección de las garantías individuales, los

derechos humanos y el patrimonio de la sociedad. Para garantizar su eficacia y

eficiencia se impone la vigilancia activa, continua y represiva dentro del marco de

la ley y bajo los principios de reconocer a la policía como parte integrante del

sistema penal; de estar siempre al servicio de la comunidad; actuar como un

servicio democrático lo cual lleva consigo su desmilitarización y profesionalismo"

(Pegueros Díaz, Saturnino E. México, 2003, p. 53).

Los fines que persigue la Seguridad Nacional se pueden resumir en: organización

y conducción armada, en términos constitucionales para garantizar la defensa

creíble, eficiente y moderna de las fronteras y de los espacios jurisdiccionales del


54

país. En caso de amenaza externa, mediante la alerta y reacción del ejército en

combinación con la fuerza pública desmilitarizada y la participación civil en

situaciones que vulneren la integridad del territorio o la permanencia de las

instituciones; fortalecimiento del desarrollo nacional y la sustentabilidad social y

política mediante la consolidación y práctica de la gobernabilidad. Todas estas

acciones de las fuerzas del orden que participan, ya sea de manera exclusiva o

concurrente, es deseable que lo hagan bajo el mando del gobierno civil.

Ahora, la Seguridad Nacional ha dejado de ser un asunto de mera incumbencia

castrense. Hoy se considera que abarca al interior de los países como lo son el

fortalecimiento de la democracia, la salud pública, la atención al campo, la

creación de empleos, el mejoramiento de la educación y un sistema económico

que deba ser sano y congruente.

Hacia el exterior la Seguridad Nacional debe considerar al incremento sustantivo

del comercio internacional y transcontinental así como la cooperación entre los

países, fenómenos que se deberán fortalecer con un creciente número plural de

acuerdos de integración económica.

Todos esos rubros y algunos otros son los que ahora se consideran, o deberían de

tomarse en cuenta, para una política de Seguridad Nacional. Es claro que supera

con mucho la sola visión de carácter militar en atención a que la Seguridad

Nacional se ha transferido al pueblo y sus organizaciones y a todas las

instituciones públicas y privadas que conforman a la sociedad.

La Seguridad Nacional, se orienta a la defensa de las instituciones, a la

preservación de la gobernabilidad, tiene como misión defender al territorio y la

Soberanía Nacional. La eventual invocación de los intereses de ésta es lo que,

dado el momento, justificaría imponer decisiones contra la voluntad de los sujetos,

incluso en contra de algunos sectores sociales, en beneficio de la preservación del

significado homogeneizado de la Nación. En ocasiones puede adoptar un carácter


55

militar e inclusive al interior del territorio, pueden suspenderse las garantías

individuales como medida para preservar a la colectividad por sobre los intereses

particulares. Sin Seguridad Nacional el gobierno no puede garantizar la

deliberación ni la competencia políticas; tampoco el trabajo administrativo de las

instituciones y menos la convivencia en paz y desarrollo de la sociedad que

representa. El desempeño gubernamental requiere de un ambiente de seguridad y

estabilidad como premisas para el cumplimiento de sus propósitos.

Conforme con lo anterior, se concluye que la Seguridad Pública se orienta más al

ámbito privado de las personas, aunque su atención sea necesariamente de

carácter público. La Seguridad Pública es un tema de la agenda de la Seguridad

Nacional y la inseguridad pública, es un riesgo. La Seguridad Pública se orienta a

la protección del individuo.

Por su parte, la Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado

destinada a garantizar la consecución y salvaguarda de los objetivos nacionales, a

pesar y por sobre los antagonismos internos o externos que afectan o puedan

existir, por lo que adopta un carácter eminentemente estratégico para la

continuidad del desarrollo de la Nación. En este aspecto, la Seguridad Nacional se

orienta a la protección del poder y de quién o quiénes lo ejercen.

1.7. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EN EL D.F

La Seguridad Pública y Nacional, son cometidos del Estado que, al llevarlas a

cabo, identifican claramente sus responsables y destinatarios. En su actuación, el

Estado procede como uno sólo realizando, de ser necesario, una actividad

conjunta aleatoria de sus recursos de fuerza para salvaguardar las instituciones, la

gobernabilidad democrática del país, la protección del territorio nacional, de su

soberanía y la seguridad interna. En cada uno de los casos, las acciones de las

fuerzas del orden que participan, incluido el ejército, es deseable que lo hagan

bajo el mando del gobierno civil.


56

La Seguridad Pública es un servicio público a cargo del Estado en sus tres

ámbitos de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. A través de la policía (urbana o

rural) está encaminada a mantener y garantizar el orden público interno, el libre

ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica del ámbito en que

opera, eliminando las perturbaciones a la seguridad, tranquilidad, salubridad,

ecología, propiedad privada y ornato públicos. De manera preferencial, la

Seguridad Pública se ocupa de velar por la persona humana para que en un

ambiente de paz y tranquilidad, ejerza sus derechos y cumpla con sus

obligaciones; velando por su vida, honra, bienes y sus garantías.

La Seguridad Pública por lo general, opera bajo el comando de la autoridad civil

de cada ámbito y forma parte de la Seguridad Nacional. En caso de emergencia,

guerra o en situación de incapacidad para controlar situaciones de perturbación,

se adscriben al mando de la fuerza de carácter civil (PFP) o militar quienes, en su

caso, actúan bajo las más estrecha comunicación y coordinación de la autoridad

civil, local o federal.

La Seguridad Pública, de acuerdo a su cobertura, es una responsabilidad que

cubren los Poderes Ejecutivos: en el ámbito federal, el Presidente de la República;

en los Estados, los gobernadores; en el Distrito Federal, el Jefe de Gobierno y en

los Municipios los Presidentes Municipales, a través de acciones efectivas de

información, disuasión y actuación firme, previniendo conductas delictivas

orientadas a establecer y garantizar la tranquilidad e integridad de la población.

En el caso concreto del Distrito Federal, el mando de los cuerpos de seguridad

pública se encuentra centralizado por la Secretaría de Seguridad Pública y la

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Sin embargo, en las 16

delegaciones se encuentra establecido un Comité de Seguridad Pública como

instancia colegiada de consulta y participación ciudadana. En dichos Comités

además de la representación de la Secretaría de Seguridad Pública y la


57

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, participan representantes

populares así como organizaciones vecinales o ciudadanas, y son presididos y

coordinados por el Jefe Delegacional correspondiente.

Dentro de las facultades de los Comités de Seguridad Pública se destacan las

siguientes:

1. Ser órganos de consulta, análisis y opinión de las respectivas Delegaciones

en materia de seguridad pública;

2. Estudiar y proponer a la Procuraduría y a la Secretaría, mecanismos de

coordinación y desconcentración, para la mejor cobertura y calidad en los

servicios que tienen encomendados;

3. Denunciar ante el consejo de Honor y Justicia correspondiente, aquellos

casos que a su juicio constituyan faltas graves a los principios de actuación

previstos en esta ley.

4. Proponer a la Procuraduría y a la Secretaría las acciones a emprender para

prevenir la comisión de delitos y su impunidad, y

5. Fomentar la cooperación y participación ciudadana en los siguientes

aspectos:

• La difusión amplia del subprograma delegacional de seguridad Pública

con participación vecinal;

• La aportación de equipo complementario, el cual será destinado al

servicio exclusivo de la demarcación correspondiente;

• El establecimiento de mecanismo de auto seguridad o la instalación de

alarmas.

• Participar tanto en la elaboración como en la difusión de programas de

reclutamiento.

Por lo que se refiere a los Municipios, la fracción 111 incisos h) del artículo 115

constitucional señala:


58

"111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos

siguientes:

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía

preventiva municipal y tránsito;"

"La Seguridad Pública forma parte del sistema penal e involucra diversos sectores

y a los tres Poderes de la Unión en la prevención, persecución y castigo de los

infractores de la ley y reglamentos; represión a los abusadores en el comercio,

represión de los juegos de azar y competencias prohibidas así como del uso de

armas prohibidas por la ley, represión en contra de la vagancia, la prostitución y la

mendicidad; vigilancia en la distribución y consumo de alcoholes; vigilancia y

custodia de bosques, parques y jardines; vigilancia sobre el funcionamiento de

centros de diversión, cabarets, restaurantes y "antros"; vigilancia de caminos

públicos; vigilancia de las reuniones y espectáculos públicos y, en general,

acciones para garantizar la paz, tranquilidad y seguridad de la población" (Ibídem,

p. 86).

Para que estas fuerzas de seguridad pública sean eficientes y eficaces, se

requiere su desmilitarización, su profesionalización, y que el gobierno provea de

los elementos suficientes en cuanto a preparación, equipo y retribuciones que

elimine la precariedad en la actuación de estos cuerpos evitando su corrupción.

Habrá que darle también unidad en su organización y mando así como dotarlos de

la disciplina, sentido de servicio y honor, capacidades físicas y de persuasión para

que sean aceptados y respetados y, de ser el caso, se impongan y den respeto.

Para su organización y actuación las fuerzas de Seguridad Pública requieren de

igual manera contar con una estructura de mando local y, de ser el caso, federal y

a nivel nacional.


59

Esencial para una organización, manejo, vigilancia y evaluación de la Seguridad

Pública es que ésta dependa del poder político, según el ámbito en que se ubica:

federal, estatal, delegacional o municipal. Su regulación, por ende, corresponde,

según el caso, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, y a los Congresos Estatales. Los parlamentos en cada ámbito deberán de

lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la actuación de las fuerzas de

Seguridad Pública tanto en los temas de su organización como de sus

procedimientos operativos. Deberán estar atentos también a la formación

profesional de estos cuerpos tanto de tropa como de oficiales.

Aspecto de suma importancia, a cargo de los parlamentos, es la regulación y

vigilancia de la organización, operación y despliegue de las "inteligencias" para la

Seguridad Pública y la necesaria cooperación e interactuación entre los diversos

ámbitos civiles e inclusive militares.

Los cuerpos de Seguridad Pública deben de contar con un Código de conducta

que contemple deberes y normas éticas y las correspondientes sanciones a su

violación.

Se pretende con todo ello bajar los índices delictivos, recuperar las ciudades para

el libre y tranquilo tránsito y desarrollo de sus pobladores; tener una mayor y mejor

presencia policial en calles y barrios; y mejorar la comunicación y cooperación con

la ciudadanía.

"A las amenazas que ponen en peligro la gobernabilidad y la estabilidad de las

instituciones le corresponde enfrentarlas a la Seguridad Nacional, en tanto que

provienen de sujetos nacionales o extranjeros no fácilmente identificables que

atentan o pretenden alterar el orden público, atacar a las instituciones o crear un

clima de ingobernabilidad y cuyas acciones obligan al Estado a utilizar los medios

previstos en los ordenamientos jurídicos públicos y en particular sus fuerzas


60

públicas (no necesariamente militares) para prevenir o, si fuera el caso, restaurar

el orden alterado" (Ibídem, p. 83).

En esta visión, en la Seguridad Nacional son factores potenciales de alteración: el

incremento incontrolado del crimen organizado, los delitos conexos al tráfico de

drogas ilícitas, el surgimiento o acciones de actividades desestabilizadas del orden

y la tranquilidad social o bandas de delincuentes, el tráfico de armas y municiones,

etc.

Otros elementos potencialmente perturbadores del orden público lo son la

corrupción y la impunidad, de esencia distinta, pero igualmente peligrosas para el

país. Tienen un significado que trasciende su carácter delictivo interno. Su acción

devastadora va asociada con el narcotráfico; el tráfico ilícito de armas, de

personas y demás conexos.

El enorme poder de la corrupción (nacional y trasnacional) de manera deliberada

privilegia al poder público y en especial a las fuerzas de seguridad como el blanco

para tener mayor libertad de acción.

Otros factores que amenazan a la Seguridad Nacional son los asociados a las

políticas públicas cuando éstas no logran alcanzar el consenso político, social y

económico para su implantación ya que, por sus contenidos y falta de sensibilidad

política para su imposición, provocan fuertes disturbios y expresiones de

descontento y descalificación a las autoridades, erosionando la autoridad y

legitimidad de las instituciones públicas.

Esas y otras amenazas como lo pueden ser el descuido, desatención o ineficacia

por parte del gobierno para mejorar el campo y la ciudad, las condiciones de vida

de los grupos étnicos y en general la ausencia o ineficacia de acciones

gubernamentales para dotar de seguridad, bienestar y desarrollo de la población


61

en general, son también factores potenciales en los que la sociedad puede poner

circunstancias de inestabilidad social al país y, por ende, de ingobernabilidad.

En este contexto que afecta a la Seguridad Nacional, las acciones por parte del

Estado de previsión o 'de confrontación en contra de elementos perturbadores del

orden público y de la gobernabilidad, juega un rol sobresaliente la "inteligencia del

Estado" en la cual descansa la capacidad nacional para acopiar y procesar toda la

información pertinente y para desplegar con la debida oportunidad los recursos

legales y de fuerza pública para prevenir, contrarrestar y enfrentar a las amenazas

perturbadoras del orden público.

En suma, la Seguridad Nacional concierne a las amenazas domésticas o de fuera,

salvaguarda a las instituciones y la gobernabilidad. Su radio de acción es nacional.

Las amenazas presentes o potenciales que enfrenta básicamente se relacionan al

incremento incontrolado de las actividades del crimen organizado así como con

políticas públicas que por acción (decisiones) u omisión son contrarias a la

sociedad en su conjunto o afecten a grupos sociales o de interés cuyas reacciones

de repudio significan focos potenciales de inestabilidad social y de gobernabilidad.

En ese marco y en especial en lo relacionado con la gobernabilidad, la estrategia

de la Seguridad Nacional habrá de orientarse más al ámbito de la política que de

la fuerza del Estado (que no la excluye)" desplegando programas (políticas

públicas) hacia los gobernados que responden a sus necesidades y expectativas.

Tiene que ver también con la capacidad de interacción, coordinación y

comunicación del Poder Ejecutivo con los otros dos Poderes de la Unión, en

particular con el Legislativo, y con las fuerzas políticas ahí representadas; incluye,

por ende, buena relación con los diversos partidos políticos, relación muy

respetuosa del Titular del Poder Ejecutivo y sus colaboradores cercanos con el

Ejército así como con los diversos grupos sociales de presión. La Seguridad


62

Nacional, así vista, es la negociación y la tensión. Sin llegar a la ruptura

institucional ni de la paz pública.

1.8. CONCEPTOS SISTEMÁTICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

Dentro de la concepción sistemática de la Seguridad Pública se encuentran cinco

elementos fundamentales que se interrelacionan: prevención, procuración de

justicia, administración de justicia, sistema penitenciario y las victimas

Estos elementos, invariablemente deben ser considerados como parte de las

políticas y acciones que el Estado implementa en el combate a la inseguridad,

considerándolos a todos con el mismo grado de importancia; puesto que en la

medida que se desatienda cualquiera de ellos, repercutirá de manera directa en

los demás, ocasionando un desequilibrio que propicia posteriormente la necesidad

de implementar acciones aisladas, que rompen por completo el esquema integral

de la seguridad que debe prevalecer.

1.8.1. PREVENCIÓN.

Este elemento es el más importante del sistema de seguridad pública porque

implica atacar las causas que generan la comisión de delitos y conductas

antisociales, así como formular políticas, y realizar programas y acciones para

fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos. "En una antigua visión de la

función de seguridad pública el Estado centraba sus acciones en los aspectos de

vigilancia y protección contra la delincuencia, actividades que aun cuando son

imprescindibles están enfocadas únicamente a los efectos y no a las causas de la

criminalidad a las cuales debe darse mayor interés; entre estas causas destacan:

educación, cultura, valores, vivienda, distribución de la riqueza, empleo y entorno

social y familiar" (González Fernández, José Antonio, México, 2002, p. 131).


63

La delincuencia es resultado de un problema mayor que padece todo el orden

social, problema que debe atenderse de manera integral. Por ello, no se puede

tratar el tema de seguridad pública atendiendo exclusivamente al índice delictivo,

porque el número de delitos cometidos a diario en una ciudad indican las

condiciones existentes en diversos campos.

Es ahí donde se necesita un análisis de fondo y solucionar los problemas para

evitar la comisión del delito. Por lo tanto existe una titánica tarea por realizar en los

ámbitos social y económico. Seguramente en una sociedad en que sus miembros

encuentran satisfechas sus necesidades fundamentales habrá menor tendencia a

la comisión de delitos.

Esta función de prevención y vigilancia, en principio, la realizan los cuerpos

policiacos, implica el patrullaje cotidiano, con el objeto de generar las condiciones

necesarias para evitar la comisión de ilícitos, o para detener a los autores de

conductas antisociales, que al hacerlo alteran la tranquilidad, paz y orden públicos

que deben imperar en cualquier sociedad.

Sin embargo, esta acción no es exclusiva de los cuerpos policíacos, es

indispensable la integración de la ciudadanía. El ciudadano es hoy factor

fundamental de nuestra sociedad, es importante percatarnos que estamos ante

una ciudadanía más fuerte, más participativa, más crítica, más preparada y

politizada, que exige seguridad pública, pero también exige participar en esta

función del Gobierno.

El ciudadano puede ayudar mucho a prevenir el delito, no sólo en funciones de

capacitación en las que escuelas, organizaciones sociales y comunidades tiene un

papel definitivo, sino también tomando medidas básicas de seguridad. Cada

ciudadano que se cuida y que cuida a los suyos participa en hacer una ciudad más

segura.


64

A la fecha, en materia de prevención no se han logrado avances significativos, el

Estado no ha dimensionado precisamente en este rubro en donde se pueden

lograr resultados que permitan sentar las bases para enfrentar el problema de la

inseguridad desde su raíz.


Es inevitable destacar el papel fundamental que tiene la procuración de justicia en

la seguridad pública del país. Procurar justicia es representar a la sociedad, es

defender el derecho y es ejercer la acción penal contra quienes transgreden el

orden jurídico cometiendo un delito, o no ejercerla cuando así lo dispone la ley. El

Ministerio Público, del que es titular el Procurador General de la República o los

Procuradores de las Entidades Federativas según sea el caso, tiene a su cargo

velar por el respeto a la ley; para ello tiene el apoyo de la policía judicial, es

exclusivamente a estos funcionarios a quienes corresponde esta labor.

Hay que considerar que sin la actuación policial o una investigación policial eficaz,

el Ministerio Público está condenado al fracaso, puesto que en gran medida

depende del buen trabajo policial, del trabajo de investigación que debe realizar la

policía judicial.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece que: "La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la

Policía Judicial, la cual estará bajo el mando inmediato de aquél".

Son numerosas las funciones que jurídicamente corresponden al Ministerio

Público: representar los intereses sociales, perseguir e investigar delitos, integrar

averiguaciones previas, ejercer ante el Poder Judicial la actuación penal, actuar y

dar seguimiento a los procesos penales, participar en la representación de los

menores y los discapacitados, colaborar en establecer una política criminal, cuidar


65

los derechos humanos, proteger los derechos de las víctimas y velar por la

observancia de todo el orden jurídico de nuestra sociedad.

El Ministerio Público debe asegurar el acceso de las víctimas a la justicia

otorgándoles en todo momento un trato digno; para ello se debe propiciar la

proliferación de mayores mecanismos de mediación o arbitraje, para llegar

rápidamente a una conciliación o reparación del daño a favor de las víctimas. Hay

que considerar que a la víctima muchas veces no le sirve la condena, lo que

realmente pretende y busca es la resolución pronta de su problema.

En la medida en que se presente mayor efectividad en la persecución penal, el

número de denuncias en principio aumentará; pero sin lugar a duda, se avanzará

en la lucha contra la impunidad.

La posibilidad de devolver al Ministerio Público el crédito y prestigio perdidos de

cara a la sociedad, debe empezar por aceptar que, de momento, éste no cumple

satisfactoriamente con sus objetivos. Así pues, el encargado de procurar justicia

actualmente no es aceptado socialmente como eficaz y confiable. Es necesario

elaborar un diagnóstico realista y completo para determinar los problemas que

presenta la práctica cotidiana del agente ministerial, revisar las leyes y reorganizar

la institución desde la base. Lo anterior posibilitará generar una auténtica

transformación que permita un mejor funcionamiento de la misma y, por ende,

lograr la eficiencia que de ella se espera. Y un ejercicio serio de revisión a esta

institución, va más allá de la reestructuración institucional pues antes que nada

ésta debe verificarse desde su génesis; por ejemplo, desde la barandilla a la cual

el ciudadano acude a denunciar la probable comisión de un delito.

"Se vuelve urgente revisar los cuerpos normativos que regulan el ejercicio de las

facultades conferidas constitucionalmente al Ministerio Público, puesto que una de

las mayores deficiencias normativas la encontramos en la dispersa e incongruente

regulación de la averiguación previa. Así la investigación y la persecución de los


66

delitos se encuentra regulada de tal forma que genera amplios espacios de

discrecionalidad por parte del agente del Ministerio Público, así como una mediana

coordinación con sus órganos auxiliares. Lo hasta ahora señalado, ocasiona que

el representante social no ejerza la autoridad que constitucionalmente le

corresponde sobre los agentes de la policía; en estas circunstancias lo que existe

realmente es una confusión de facultades" (Martínez de Murguía, Beatriz y Alicia

Azzolini Bicanz, México, 1995, p. 16).

Varios son los puntos en los que se debe poner especial atención: organización y

funcionamiento de la institución; estructura y cadena de mando; personal, sueldos

y estímulos; condiciones de trabajo; infraestructura; recursos materiales y

financieros; controles interno y externo; evaluación, promoción y capacitación.

Dentro de los esquemas que se requieren para romper con la inseguridad a través

de la legalidad, se encuentra la evolución y perfeccionamiento de la institución

ministerial. Falta unificar los criterios y procedimientos de la averiguación previa en

todo el país, puesto que hoy en día, existen una serie de variantes y obstáculos

diversos en cada Entidad Federativa, que no permiten que las diligencias se

efectúen con mayor celeridad, ocasionando un enorme rezago. En síntesis, es

necesario crear un modelo de Ministerio Público eficaz, capaz, que devuelva la

credibilidad en la función a la que está llamado a cumplir, que es, en suma, ser el

generador de la procuración de justicia. Puesto que como afirma Sergio García

Ramírez "Una sociedad injusta deviene en una sociedad insegura" (García

Ramírez, Sergio, México, 1996 p. 237).


Este término se usa con significados diversos: en un primer sentido se emplea

como sinónimo de la función jurisdiccional, y en segundo lugar, implica al gobierno

la administración de los tribunales.


67

Desde un primer punto de vista, la actividad de los tribunales dirigida a la

resolución de controversias jurídicas a través del proceso, que se realiza en

México tanto por el conjunto de organismos que integran el poder judicial, como

por otros que formalmente se encuentran fuera del mismo pero que efectúan

también funciones jurisdiccionales. Este es el sentido del artículo 17 Constitucional

que en su segundo párrafo establece "Toda persona tiene derecho a que se le

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia,

prohibidos las gastos judiciales".

En esta etapa finaliza el papel del Ministerio Público como órgano investigador y,

en su caso, inicia su papel de acusador con el ejercicio de la acción penal. Así, en

el momento en que el Ministerio Público da cuenta a la autoridad judicial de la

comisión de hechos delictivos y de sus posibles autores ésta deberá seguir el

proceso previsto en los ordenamientos legales, Una de las raíces de la

inseguridad se encuentra en la incapacidad del sistema penal de poder cumplir

con los principios fundamentales que deben caracterizar a la administración de

justicia: accesibilidad, independencia, equidad, eficiencia y transparencia.

"En materia de seguridad pública, la administración de justicia comprende una

serie de elementos que participan en la solución de aquellos conflictos derivados

de la existencia de ciertas pautas de comportamiento consideradas como delito.

Dichos elementos son: 1) las normas que rigen tanto la determinación de las

conductas prohibidas (códigos penales, leyes especiales) como la organización de

cada uno de sus componentes (leyes orgánicas) y el funcionamiento real a través

del procedimiento penal); y 2) las instituciones que las promulgan, reforman o

derogan (Congreso de la Unión, Congresos Estatales, Presidente de la República

y los organismos encargados de su aplicación (Policía, Ministerio Público,


68

Defensa, Tribunales y Sistema Penitenciario)" (Radillo Aparicio, José Luis, México,

2003, p. 153).

La incapacidad del sistema de administración de justicia en aportar una respuesta

satisfactoria a este fenómeno, junto con otras razones, en particular su escasa

adecuación a las realidades sociales contemporáneas, han llevado a una falta

generalizada de confianza en el mismo, al recurso de mecanismos ajenos al

aparato oficial de reacción contra el delito, como es el caso de los servicios

privados de policía e incluso a la organización armada de ciudadanos.

"Cada día por estar viviendo en un ambiente de inseguridad y de desconfianza,

podemos advertir en la prensa al leerla, que el ciudadano se está haciendo justicia

por su propia mano. Hemos sido muchos los testigos por medio de la televisión de

la violación al derecho a la vida, puesto que en juicios sumarísimos la comunidad

ha decretado la pena de muerte para algunos presuntos delincuentes en varios

lugares de nuestro país. El pueblo se está haciendo justicia por propia mano

alegando que los órganos encargados de impartirla no lo hacen con la prontitud y

con la justicia que esperan los ciudadanos" (Ojeda Paullada, Pedro, Xavier Ponce

de León y et., México, 1998. p. 44).

Es necesario brindar una capacitación constante y permanente a jueces y

secretarios, con el objeto de unificar criterios que permitan el perfeccionamiento de

su función.

Las reformas indispensables y urgentes de que debe ser objeto la administración

de justicia en México deben orientarse en el sentido de corregir lo antes apuntado,

si se quiere recuperar la confianza de los ciudadanos y hacer de esta institución

uno de los pilares fundamentales del Estado.



69

Uno de los principales fines de la pena, como sanción que se Impone al

responsable de la comisión de un delito, es la readaptación social del delincuente,

de aquí se puede afirmar que la pena no tiene una finalidad retributiva y, por lo

tanto, el Estado, al imponerla, no sustituye la venganza social, su papel es otro:

colocar al infractor en condiciones que le permitan reingresar a la sociedad.

El artículo 18 constitucional aporta las bases sobre las que se debe estructurar un

sistema de readaptación social que garantice la reinserción del delincuente. Así,

establece que. "Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el

sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la

capacitación para el mismo y la educación como medios de readaptación social

del delincuente".

Los términos sistema, régimen y tratamiento suelen usarse indistintamente. El

sistema penitenciario es una expresión de sentido eminentemente doctrinal. Es la

organización creada por el Estado en que tienen cabida los distintos regímenes

penitenciarios que eventualmente la integran. Existe una relación del género

(sistema) a especie de (régimen).

Hablar de sistema da la idea de fijeza y estatismo. Cada establecimiento posee

sus características propias de personal, arquitectura, grupo interdisciplinario,

grupo de internos, nivel de vida y su relación con la comunidad integrante, por lo

que se puede afirmar que cada establecimiento es distinto, y posee su propio

régimen penitenciario, que en conjunto conforma el sistema general.

En el segundo párrafo del artículo 18 constitucional, se sientan las bases del

sistema penitenciario mexicano, federal y estatal. En el texto de dicho artículo se

usa la expresión sistema penal como sinónimo del sistema penitenciario.

El sistema penitenciario es el instrumento básico para planear, organizar y

ejecutar la política penitenciaria en la impartición de justicia.


70

La esencia del sistema adoptado en México, el sistema progresivo, radica en la

disminución del impacto del cautiverio sobre el recluso.

Para Sergio García Ramírez, el sistema progresivo se identifica por los periodos

que distingue en el curso del encarcelamiento que evolucionan de menos a más

libertad. La marca de un periodo a otro se obtiene gracias a la buena conducta del

penado, traducida en puntuaciones y vales favorables. El sujeto tiene en su mano

la posibilidad con su trabajo y conducta, de ganar más o menos lentamente las

etapas sucesivas hasta obtener su liberación definitiva.

El propósito del sistema penitenciario mexicano es la readaptación social del

delincuente, para lo cual se han establecido como los elementos básicos para

dicho tratamiento la readaptación, el trabajo y la educación. Sin embargo, el éxito

de estos elementos, reclama medidas y acciones que forman el marco institucional

indispensable para el despliegue de la norma constitucional como son: el principio

de legalidad de penas, personal idóneo, y unos establecimientos adecuados. La

deficiencia de ellos, en la práctica, comúnmente obstaculiza el nivel óptimo de

funcionamiento del sistema penitenciario.

El sistema penitenciario mexicano se funda en la individualización, apoyada, en el

estudio de la personalidad de cada sujeto y en la pertinente clasificación. Se

adopta asimismo. El régimen progresivo técnico que genera la creación de

organismos técnicos criminológicos en los reclusorios, los cuales constituyen la

pieza angular del sistema. La culminación es el tratamiento de la pre-liberación,

que posee diversas modalidades, tales como permisos de salidas e instituciones

abiertas. En este régimen el participe en el tratamiento lo hace voluntariamente.

Para que funcione el sistema penitenciario mexicano sobre la base de la

individualización, la ley permite la creación de establecimientos de seguridad

máxima, media y mínima.


71

Es de todos sabido que el Sistema Penitenciario Mexicano está en crisis, la

corrupción que prevalece en las instituciones que lo conforman ha constituido el

ancla de todo progreso, situación que se agrava con la sobrepoblación que existe

en casi todos los centros de reclusión del país y la prácticamente nula

readaptación de los internos.

Por otro lado, en lo referente a la Readaptación Social, cabe señalar, que "el

término readaptación proviene del latín re, preposición inseparable que denomina

reintegración o repetición, y adaptación, acción y efecto de adaptar o adaptarse"

(Diccionario Jurídico Mexicano, México, 1994, p. 2663). Adaptar es acomodar,

ajustar una cosa a otra dicho de personas significa acomodarse, avenirse a

circunstancias, condiciones, etc. Readaptar socialmente, significa volver a hacer

apto para vivir en sociedad, al sujeto que se readaptó y que, por esta razón, violó

la ley penal, convirtiéndose en delincuente.

Se presupone entonces que: a) el sujeto estaba adaptado b) el sujeto se des

adaptó; c) la violación del deber jurídico-penal implica desadaptación social, y d) al

sujeto se le volverá a adaptar.

Como puede observarse, dicho término a pesar de ser el empleado por la ley, es

poco afortunado, ya que: a) hay delincuentes que nunca estuvieron adaptados (no

pueden des adaptarse y por lo tanto es imposible readaptarlos); b) hay

delincuentes que nunca se des adaptaron (como muchos de los culposos; es

impracticable pues la readaptación); c) la comisión de un delito no significa

necesariamente desadaptación social; d) hay sujetos seriamente desadaptados

que no violan la ley penal e) hay tipos penales que no describen conductas de

seria desadaptación social, y f) múltiples conductas que denotan franca

desadaptación social no están tipificadas.


72

La educación, el trabajo y la capacitación son las columnas sobre las cuales se

debe sustentar la readaptación social sin embargo, en instituciones penitenciarias

con sobrepoblación, la readaptación social es una utopía.

Para lograr la readaptación social hay que conjuntar esfuerzos en los objetivos de

los programas penitenciarios realizados por el sistema. Para readaptar es

necesario llegar a una intensificación en la prevención del delito

1.8.5. VICTIMAS

Se han evidenciado los graves inconvenientes que el sistema penal presenta con

respecto a la posición de la víctima en el proceso y a sus intereses efectivos. La

intervención penal y el comienzo de un proceso sin ninguna vinculación de hecho

y de derecho con sus demandas, representa a menudo una verdadera

expropiación de su prerrogativa como parte principal de un conflicto.

La criminología y muchos otros especialistas han prestado prioritaria atención al

estudio del autor del delito, destacando la imperativa necesidad para un derecho

penal moderno y democrático, propio de un Estado de derecho; el establecimiento

y el respeto de las garantías procesales de los autores de un delito y como lo

señala el doctor Luis Rodríguez Manzanera en su ensayo Victimología y derechos

humanos, "sentimos que la atención de los especialistas se ha centrado en los

derechos de los delincuentes, olvidando en mucho los de las víctimas" (Rodríguez

Manzanera, Luis, 1987 p. 7).

Encomiendas del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, del 26 de agosto al

6 de septiembre de 1985, en el que se analizó los problemas relacionados con las

víctimas de la delincuencia; la Asamblea General aprobó el 29 de noviembre de

ese propio año, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia

para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, y adoptó la Resolución


73

complementaria núm. 40/34. Las cuales, en sus disposiciones, se establece el

acceso de las víctimas a la justicia y a un trato justo, refrendando en los artículos 5

al 7 de dicha Declaración el derecho de las víctimas al acceso a los mecanismos

de justicia y a una pronta reparación del daño; a la información; a la adecuación de

los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas; a

la asistencia apropiada durante el proceso; a la protección de su intimidad, en

caso necesario; a la protección de su seguridad, como la de sus familiares y

testigos contra todo acto de intimidación y represalia; a la posibilidad de utilizar

todo mecanismo que facilite la conciliación y la reparación en su favor. Por

consiguiente, en dicha Declaración y Resolución complementaria se instan a los

estados miembros a adoptar un grupo de medidas con el fin de respetar los

derechos de las víctimas, dentro de ellas, sus garantías en el proceso penal. Y

acorde con esta posición "se hace necesario realizar un esfuerzo dirigido a

establecer en la legislación positiva la participación de la víctima en la

administración de justicia" (Material Informativo de la Organización de las

Naciones Unidas, de los años 1985-1989). La reforma efectuada al artículo 20

constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre

de 2000, mediante la cual se incluyó un apartado especial que contempla las

garantías de la víctima o el ofendido en el proceso penal, únicamente fue el inicio

de un largo camino por recorrer.

La palabra "víctima" puede tener dos significados distintos; por una parte, se

refiere al ser vivo sacrificado a una deidad en cumplimiento de un mito religioso o

dedicado como ofrenda a algún poder sobrenatural. Por otra parte, la misma

palabra se relaciona con la persona que sufre o es lesionada por otra que actúa

movida por una gran variedad de motivos o circunstancias. Por tanto, excluyendo

los factores fortuitos, que nada tienen que ver con el contenido del presente

trabajo, víctima "es el que sufre por la acción de otro" (Enciclopedia Jurídica

Omega, Buenos Aires, Argentina, 1989).


74

El concepto de víctima dado en la declaración de la ONU sobre los principios

fundamentales de justicia relacionados a las víctimas, expresa "se entenderá por

víctima las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños,

inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de

acciones y omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados

miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder'. Continúa dicha declaración

conceptualizando que podrá considerarse víctima a una persona, independiente

de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e

independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. "En la

expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a su

cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que

hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir

la victimización" (Material Informativo Op. cit.). Con arreglo a esta otra definición,

de un contenido mucho más amplio, "víctima" no es sólo el que sufre por la acción

de otro, alcanza este concepto a las personas, individual o colectivamente, que

como consecuencia de una violación del ordenamiento jurídico penal hayan

sufrido daños, en los que se incluyen las lesiones físicas o mentales, el sufrimiento

emocional, la pérdida financiera o el menoscabo de los derechos fundamentales.

Asimilándose en este concepto a los familiares o personas a cargo de estas y a

las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en

peligro o prevenir la victimización. Por tanto, víctima del delito puede ser una

persona, sus familiares o personas a su cargo, o grupos de personas, en los que

se pueden entender grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, incluso

sociedades o pueblos completos, como en el caso de los delitos que atentan

contra la soberanía y la integridad de un Estado, genocidio, crimen del apartheid y

otros.

Conforme a este concepto víctima, no sólo es el sujeto pasivo del delito, sino todo

aquel que sufre las consecuencias de la comisión de un hecho delictivo. Como

dice Luis Rodríguez Manzanera, "La víctima no coincide por fuerza con el sujeto


75

pasivo del delito considerado por los juristas, ya que para la victimología, víctima

es todo aquel sujeto que sufre por la comisión de una conducta antisocial aunque

no sea detentador el derecho vulnerado" (Rodríguez Manzanera, Luis. Op. Cit., p.

29). Bajo ese concepto es como se debe considerar a la "víctima" en su rol con el

derecho penal, tanto sustantivo como adjetivo.

La víctima juega un rol primordial, pues el acto ilícito que sirve como causa a esa

relación recae individualmente en ella y es quien generalmente decide o no

denunciar el delito; por su decisión, pone en movimiento o no la maquinaria judicial

en la mayoría de los casos, por lo cual debe concedérsele la primacía en cuanto a

la intervención penal y, de desearlo, reconocérsele como parte en el proceso con

la capacidad procesal de hacer actos procesales para hacer valer conforme al

derecho sustantivo sus intereses y en un plano de derecho procesal.

En el derecho procesal mexicano, la víctima no es parte en el proceso, sólo puede

coadyuvar con el Ministerio Público o juez de instrucción, y en la gran mayoría de

los casos únicamente le interesa la reparación del daño que le fue causado.

A la víctima también le es de aplicación la reforma penal, César Beccaria, dice: "no

hay libertad cuando las leyes permiten que en algunos casos el hombre deje de

ser persona para convertirse en cosa" (Beccaria, Césare, México, 1991 p. 29). Por

tanto, para resolver dicha contradicción o incompatibilidad de principios lo más

beneficioso es adoptar un proceso penal liberal y participativo.

Que propicie un balance entre las necesidades y derechos de la víctima, el

ofensor y la sociedad. Y que dicho proceso esté estructurado sobre la base de un

conjunto de principios coherentes que garanticen esas necesidades y derechos;

tales como el principio del libre acceso a la justicia , esto es, la posibilidad de que

cualquier persona sin limitaciones pueda llegar a la administración de justicia; a un

Tribunal o juez imparcial.


76

Un proceso penal liberal y participativo no sólo equipara en garantías a las

víctimas con las demás partes, es incuestionable que también va a contribuir a

que se imparta una justicia más objetiva, eficiente y menos costosa.

Se estima que en aquellas infracciones penales no peligrosas para la paz y la

seguridad social, debe posibilitarse en el ordenamiento jurídico, a que la víctima

decida la intervención del derecho penal e incluso la autocomposición, con una

mayor amplitud, a como se prevé en la actualidad, y no obstinarse el Estado en

monopolizar la composición de los litigios penales, alimentando con ello en exceso

la caldera procesal con los consiguientes gastos judiciales y el terrible

congestionamiento de los tribunales.

Es importante destacar que tanto en materia federal como en el fuero común, hay

delitos de querella, que permiten que el ofendido pueda otorgar perdón.

Por las razones anteriormente expuestas, se considera que la víctima es un

elemento integrante de la seguridad pública. A la víctima, en la concepción que se

ha planteado, debe reconocérsele como parte en el proceso penal, garantía que le

permitirá luchar por una sentencia justa.

1.9. PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

El aumento de la delincuencia influye para que se incremente la percepción de la

inseguridad en los ciudadanos, pues muchos factores contribuyen a fomentar esa

sensación de inseguridad que abarca amplios sectores de la sociedad mexicana.

Si bien las condiciones de inseguridad por la proliferación de la delincuencia y los

niveles de impunidad son circunstancias innegables que afectan a muchas

personas en distintas partes del país, hay que tomar en cuenta que para muchos

la sensación de inseguridad está relacionada con percepciones derivados de un

clima de opinión. Conforme a los datos obtenidos en la ENSI-1, en la ciudad de


77

México hay más gente que se siente insegura, (llegando a ser casi el 80% de sus

habitantes), en comparación con el resto del país (47%). De esta forma en el D.F.,

existe poco menos del doble de personas que se siente insegura en comparación

con las personas del resto del país; en los ámbitos del trabajo y la escuela, la

proporción de la gente que se siente insegura es 3 veces mayor, y en la calle llega

a ser 4 veces más.

En todo caso, y por más que exista una brecha entre la realidad y la percepción

pública de inseguridad frente a la delincuencia, es evidente que los ciudadanos no

se sienten adecuadamente resguardados por las instituciones públicas en su

seguridad física y patrimonial; muchos tienen la sensación de que la criminalidad

ha rebasado a las instituciones y de que la delincuencia se encuentra

prácticamente fuera de control. Esta falta de confianza que alimenta la sensación

de inseguridad se convierte en un círculo vicioso en la medida en que el

ciudadano no recurre como debiera a las autoridades para denunciar los delitos o

para aportar elementos que ayuden a esclarecerlos. Gran parte de los habitantes

de la ciudad de México no denuncian los crímenes que sufren porque saben que

es una pérdida de tiempo. No sirve de nada y a veces es peligroso, pararse cinco

o seis horas a la espera de que un agente del Ministerio Público escriba en un

acta lo que quiere.

Nunca tantos ciudadanos habían declarado tan abierto rechazo hacia la inutilidad

de los servicios de la Procuraduría, así, la ENSIP demostró que la gran mayoría

de la población que sufre algún delito no denuncia el hecho ante las autoridades.

Durante el 2001 en el D.F. un 76% de las víctimas NO denunciaron el delito,

mientras que un 66% tampoco lo hicieron a nivel nacional. El motivo principal de la

no denuncia fue la pérdida de tiempo y la realización de trámites largos y difíciles,

seguida por la desconfianza en la autoridad. A esto hay que agregar que de las

personas que Sí denunciaron el hecho, la gran mayoría no obtuvieron resultado

alguno de su demanda, de esta manera se encuentra que el 53% de los


78

denunciantes no consiguieron nada al reportar el delito en el D.F., y un 47% de

ellos a nivel nacional tuvieron el mismo resultado. Por ejemplo, únicamente el 45%

de las personas que sufrieron el delito de asalto a nivel nacional lo denunciaron, y

de esos casos sólo 15% de los delincuentes fueron consignados.

Al no existir esta confianza aumenta la cifra negra, es decir, todos aquellos delitos

que se cometen y que las autoridades no contabilizan, ya sea porque no son

denunciados o porque el Ministerio Público no los tomó en cuenta al considerar

que se derivaron de otro ilícito.

Otros delitos que alimentan la cifra negra, son aquellos en donde aun siendo

denunciados no son contabilizados por el Ministerio, por ejemplo, cuando ocurre

un asalto a un microbús en donde los delincuentes se suben y despojan de sus

pertenencias a los usuarios, pero el Ministerio Público; en lugar de contabilizar el

robo que sufrió cada víctima, toma a todos como uno solo.

Es por ello que la única forma de tener acceso a la cifra negra, es a través de la

realización de encuestas victimológicas, en las que se le pregunta a la gente si ya

o no sufrido algún tipo de delito.

Los estudios victimológicos, además de permitir calcular la totalidad de los delitos

que ocurren, son útiles porque ofrecen información acerca de las víctimas, lo que

permite diseñar estrategias de combate al delito.

Hasta el momento se ha hablado de la situación actual que vive México en cuanto

al alarmante aumento de la delincuencia, y con ello la inseguridad que

experimentan en cada momento al vivir en esta gran ciudad, pero es fundamental

remitirse a los factores y consecuencias que experimentan los ciudadanos en su

cotidianidad como producto del Crimen y la Delincuencia al habitar en las grandes

ciudades.


79

Dentro de las posibles reacciones que sufren las personas ante el fenómeno de la

criminalidad y la violencia, destacan la inseguridad y los cambios en las formas de

vida. Estos aspectos están íntimamente relacionados con lo que implica vivir en

una gran ciudad, donde en general existen ambientes físicos amenazantes que

generan problemas en la forma de ser de sus habitantes.

Los habitantes de las grandes ciudades en donde la delincuencia ha aumentado,

experimentan lo que se ha llamado miedo al crimen y percepción de la

inseguridad, dos conceptos que se manejan como semejantes, pero que sin

embargo no lo son.

"Se ha definido el miedo al crimen como: el sentimiento de inseguridad,

preocupación por ser víctima de un crimen en particular, reacciones al crimen, etc.

Yin (1980) define al miedo al crimen· como la ansiedad que siente la persona por

la amenaza de ser victimizado. Por otro lado, Rige (1981) Y Pían (1991) definen a

la inseguridad como la pérdida del sentimiento de seguridad ocasionado por

ciertos factores como el deterioro físico del medio ambiente y la oscuridad"

(Zaldívar, Humberto, UNAM, 1993, p. 62).

Por lo tanto la seguridad percibida en general se define como la percepción de

vulnerabilidad que tiene una persona de ser un posible blanco de agresión en

diferentes espacios familiares y desconocidos con características físicas

específicas.

"La vulnerabilidad se ha definido como percepción del riesgo y susceptibilidad y

también incluye un nivel objetivo y otro subjetivo" (Ibídem, p. 68)

“En cuanto al nivel objetivo, Skogan y Maxfield identificaron dos tipos de

vulnerabilidad: la física y la social. La física se refiere a la posibilidad de ser

atacado por poseer características físicas de debilidad, incapacidad de responder

a una agresión y el riesgo de desarrollar consecuencias físicas severas si se es


80

atacado. La vulnerabilidad social se refiere a una posición que ocupa el individuo

en la sociedad, que le expone a la amenaza de victimización y a sufrir

consecuencias por ésta” (Ramos, Luis. 1990, p. 55).

Se han sugerido como indicadores importantes de este tipo de vulnerabilidad los

bajos ingresos y el pertenecer a una minoría étnica, ya que la gente que vive en

zonas marginadas tiene mayor contacto con un medio ambiente violento. En

México los grupos más vulnerables en este sentido son las personas que migran

de zonas rurales a las grandes ciudades como el D.F., Guadalajara, Monterrey y

Puebla.

"A nivel subjetivo, la vulnerabilidad puede considerarse como un proceso cognitivo

afectivo. El componente cognitivo se observa en las creencias que pueden tener

los individuos de que son susceptibles de sufrir eventos negativos y de que están

poco protegidos contra el daño o infortunio. Acompañando esta cognición, está el

componente afectivo como los sentimientos de ansiedad, miedo y aprehensión."

(Zaldívar, Humberto, Op. cit. p. 71)

La ENSIP mostró que el sector de la población que se siente más seguro, es el de

los adultos mayores de 65 años, mientras que los adultos de entre 46 y 55 años, a

nivel nacional, y los de 56 a 65 años en el D.F., son los que se sienten más

vulnerables a la delincuencia, aunque, en el caso de la ciudad de México en todas

las edades el sentimiento de inseguridad predomina.

Las personas que no han sido víctimas de algún suceso negativo, tienden a

subestimar su posibilidad de ocurrencia. Esta percepción de inviolabilidad también

puede reflejar una necesidad de control personal o una exagerada sensación de

poseer habilidades para controlar los resultados. En el estudio se encontró que la

mayoría de las personas entrevistadas que fueron víctimas del delito o tuvieron a

una víctima dentro de su hogar, perciben su lugar de residencia como inseguro,

mientras que las personas que no fueron victimizadas consideran por lo menos


81

algo seguro, es decir que el haber sido víctimas de un delito cambia su percepción

de seguridad.

Dentro de los factores medio ambientales se puede mencionar que los ambientes

conocidos generan en los sujetos sentimientos de seguridad y aquellos totalmente

desconocidos provocan miedo e inseguridad. Así, la ENSIP mostró que el lugar

donde los mexicanos se sienten más seguros es el hogar, seguido por el trabajo o

la escuela, mientras que el sitio donde se sienten más vulnerables a la

delincuencia es en el transporte público y en la calle en segundo lugar. Son

variadas las causas por las que los sujetos pueden experimentar miedo en lugares

nuevos, una es la exposición a señales desorganizadas que se interpreta como

peligrosas por no estar familiarizado con ellas.

"Uno de los factores ambientales que causan más inseguridad en los sujetos es el

deterioro físico del medio. Liska, menciona que el miedo al crimen en las personas

está muy relacionado con la ansiedad, que se caracteriza por preocupación,

nerviosismo e intranquilidad urbana derivado de la desorganización física y social

del entorno que les rodea. Los símbolos asociados con desorden como

adolescentes merodeando en las calles, incrementan la intranquilidad urbana y

con ésta, el miedo al crimen y la inseguridad" (Ibídem, p. 79).

También uno de los factores que se asocia al miedo en el ambiente es la

oscuridad, la asociación frecuente de la oscuridad o la noche con el peligro es

sorprendente y existe una clara evidencia de que muchos sujetos evitan dejar la

casa después de que anochece por miedo a ser victimizados.

Entre las características del medio ambiente que se asocian con el miedo al

crimen, existen factores sociales que parecen influir en el incremento del miedo y

la inseguridad. Entre estos factores se encuentran los medios de comunicación.


82

Los medios de comunicación ejercen una gran influencia sobre las

representaciones que el público se hace de la criminalidad y del delincuente, al

transmitir de ellos imágenes estereotipadas y casi siempre incorrectas.

Entre los medios de información, la televisión es la que ha cobrado mayor

importancia. Tienen una gran trascendencia, ya que llega a un público mucho más

amplio que el que consulta la prensa escrita, sobre todo a aquellas personas que,

son más sensibles al miedo y al crimen.

"Así los medios de comunicación elaboran las noticias de una manera tan

cuidadosa que llegan a generar en ciertos receptores una percepción de

vulnerabilidad y miedo ante la posibilidad de ser victimizado, lo que origina que

empiecen a tomar precauciones en su estilo de vida" (Ibídem, p. 108).

El miedo al crimen depende del grado de exposición de los ciudadanos a la

información que la prensa transmite sobre la criminalidad. Sin embargo diversos

estudios (Rico, José Manuel, 1998, p. 35), han probado la ausencia de una

correlación positiva entre la inseguridad ciudadana y el consumo de periódicos o

de emisiones televisivas. En cambio, el miedo al crimen parece aumentar

considerablemente cuando las personas interrogadas están informadas sobre los

delitos de que ha sido víctima algún familiar o amigo, en particular si estas

personas presentan características sociales similares.

El miedo al crimen tiene consecuencias más allá de la profunda sensación de

ansiedad personal. A continuación se presentan las principales consecuencias que

reporta la psicología, dividiéndolas en dos importantes rubros: consecuencias

individuales y consecuencias comunitarias.

Entre las consecuencias que surgen por el miedo al crimen a nivel de los

individuos se encuentra principalmente efectos psicológicos negativos como

sentimientos de ansiedad, desconfianza e insatisfacción con la vida cotidiana, así


83

como esfuerzos para reducir el miedo (por ejemplo ingerir drogas), para evitar la

victimización (no salir de casa en la noche, evitar a personas extrañas y limitación

de actividades sociales).

La gente que teme ser víctima de algún acto criminal, tiende a permanecer más en

casa, en situaciones o medios que se han hecho más seguros con alarmas,

cerraduras, etc. Cuando salen de casa, tienden evitar actividades que perciben

peligrosas. La ENSIP mostró que un 20% de la población ha dejado de realizar

ciertas actividades para evitar ser víctimas de la delincuencia, mientras que en la

ciudad de México es de 39%. Del porcentaje nacional, el 71 % no sale de noche y

resalta un 7.5% que ya no porta artículos valiosos como joyas. Mientras que de

este 39% de personas en el D.F., el 77% ha dejado de salir de noche, seguido por

haber dejado de visitar amigos o familiares que viven lejos con un 5.6%. El sector

de la población que más ha dejado de realizar actividades por temor a la

delincuencia, es el de los adultos jóvenes de entre 26 y 35 años de edad a nivel

nacional y los de entre 36 y 55 años en caso del D.F.; mientras que los jóvenes de

entre 18 y 25 años y los adultos mayores de 65, son los que menos han

modificado sus actividades Aunado a estas reacciones pueden aparecer, ciertas

creencias que involucran la desconfianza en los demás. Es posible que la

victimización previa de la persona u otros conocidos de ella, pueda llevar a este

tipo de creencias. A ello se le puede agregar la sensación de "desmoralización",

estado en el que la persona se siente aislada, sin esperanzas e indefensa.

Habiendo perdido la confianza es su habilidad de defenderse contra el mundo,

está expuesta a la ansiedad, depresión, resentimiento, coraje y otras emociones.

Cabe aclarar que estas consecuencias no necesariamente tienen que aparecer en

todas y cada una de las víctimas del delito, además es posible que se presenten

una o todas de estas manifestaciones en la persona.

A nivel de la comunidad, el miedo al crimen tiene consecuencias adversas, por lo

que adquiere la relevancia de un problema social. Tiene consecuencias directas


84

en las relaciones y la vida social: impide la formación y mantenimiento de lazos

comunitarios, el enriquecimiento cultural o de diversión, la transformación de

algunos lugares públicos en lugares en los que no se puede entrar, lleva a

ciudadanos a cambiarse de vecindarios, convierte a los individuos en seres menos

sociales, más suspicaces y con menos confianza mutua, pues la percepción de

peligro lleva a desarrollar una vigilancia generalizada y en las relaciones

interpersonales a la evitación de extraños y vecinos.

Otra consecuencia de gran importancia del miedo al crimen es que reduce la

apelación de políticas penales liberales (como la rehabilitación) y lleva a

incrementar la exigencia de encarcelamientos y castigos, con base a la creencia

de que el castigo es un buen medio para frenar la criminalidad. Del mismo modo

lleva a minar la legitimidad del sistema de justicia al propiciar que los ciudadanos

se hagan justicia por sus propias manos.

1.10 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

El debate sobre la inclusión del ciudadano en la agenda de gobierno, atestigua la

configuración democrática, plural y competitiva del nuevo sistema político

mexicano, en contraparte al anterior sistema unitario y compacto, articulado por un

partido hegemónico.

Ante la falta de innovación de las autoridades y su incapacidad de dar respuesta a

la demanda de seguridad pública que debiera ser su máxima prioridad, los

mexicanos hemos decidido asumir una actitud democrática activa para hacer un

reclamo público a las autoridades en contra de la inseguridad que ha secuestrado

al país y exigirles más y mejores acciones, así como mejores resultados concretos

contra la delincuencia y la impunidad.

Hoy en día es indispensable promover mecanismos que contengan alternativas

diversas a las establecidas en el sistema penal tradicional, que contribuyan


85

eficazmente en la lucha contra la inseguridad. Dentro de ellos se encuentra la

participación de la comunidad en el ámbito de la seguridad pública.

Rafael Ruiz Harrell señala "La capacidad de gobernar está siendo desafiada"

(Ruiz Harrell, Rafael, México, 1998, p. 101), cada día se observa como las

acciones del Gobierno Federal, los gobiernos de los estados, municipios y el

Distrito Federal, son insuficientes para contener la creciente inseguridad pública

que sufre la ciudadanía.

El Estado Mexicano está centrando sus actividades básicamente en fortalecer las'

estructuras formales y aumentar penas establecidas por las leyes del país

dedicadas a salvaguardar el orden y la paz social de manera coactiva, más que

preocuparse por preservar la integridad y los derechos de las personas, principio

que para darse requiere de una probabilidad de la aprobación general de las

normas emitidas, es decir, de preservar el consenso. El orden se garantiza en la

medida en que se dé aceptación del Cuadro de los individuos para preservarlo en

la comunidad, lo cual fortalece a las instituciones.

La victimización aumenta y a diario aparecen nuevas formas de criminalidad cada

vez más organizadas y sofisticadas. Esta situación demanda gran capacidad de

reacción coordinada entre Gobierno y sociedad para poder cumplir las

necesidades que se tiene en el sistema de justicia penal a fin de diseñar una

política criminológica previa que consulte a todos los actores sociales como lo

establece el sistema nacional de planeación democrática.

En la actualidad en México, se ha sobredimensionado las funciones del Gobierno

en el desempeño del papel activo que le corresponde al sector privado y a la

comunidad. Esta concepción se refleja en el sistema de seguridad que aún en su

desarrollo no logra ser participativo, incluyente y eficaz.


86

Además en la actualidad muchos ya no acuden ante las autoridades para

denunciar por temor o desconfianza de las prácticas corruptas y se presenta una

situación de confusión social en el mensaje de control social al no diferenciar entre

cuáles son las conductas reprimidas y cuáles las toleradas. Esta confusión se

agrava porque las autoridades reaccionan en casos iguales de manera distinta; en

otra tantas al delincuente no se le castiga y a quien denuncia se le convierte en

sospechoso, lo que genera un estado de incertidumbre social respecto al Estado

de derecho que se deslegitima aunque permanezcan las normas vigentes.

"Generar un sistema de seguridad pública más participativo y eficiente representa

un desafío significativo para la evolución y consolidación del sistema democrático

mexicano. Esto obliga a replantear las políticas de seguridad pública y diseñar

nuevos modelos de participación y corresponsabilidad ciudadana que posibiliten el

restablecimiento de estándares de seguridad aceptables" (Lima Malvido, María de

la Luz. México, 2001, p. 3).

Muchos países de Latinoamérica están impulsando a través del Derecho

Comunitario reformas que reposicionen a la sociedad y la vinculen de manera

permanente con las estructuras de seguridad y justicia del Estado. Sólo así

mediante la participación social organizada será posible encontrar soluciones a la

inseguridad.

"Con la coparticipación y corresponsabilidad del Gobierno el sector privado y la

sociedad civil se logrará generar las oportunidades de interacción que permitan

encontrar a las personas que deben concentrarse en soluciones de largo plazo;

atendiendo las prioridades que juntos determinen, mediante el establecimiento de

mecanismos, así como procedimientos de participación de la comunidad. Esto

permite que las instituciones, los ciudadanos y los grupos articulen sus intereses

mediante sus distintos roles y ejercicio legal de sus derechos y obligaciones" (Lima

Malvido, María de la Luz, México, 2000, p. 8).


87

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el rubro de orden y respeto,

determina que se iniciará un esfuerzo nacional para integrar recursos, instituciones

públicas y privadas, comités vecinales, organizaciones y asociaciones civiles o

empresariales que conformen la pluralidad de canales para la participación

ciudadana en la creación de una gran política nacional de prevención de delitos y

conductas violentas que busquen inhibir los factores de riesgo e incremente los

factores de protección; asimismo, simultáneamente se necesita, con la

participación de Gobierno y ciudadanos, realizar las actividades de educación y

comunicación para fomentar los valores de tolerancia, legalidad, diálogo, dignidad

humana, convivencia, responsabilidad humana, libertad y civismo proactivo

elementos todos indispensables para crear una cultura de orden y respeto entre

los mexicanos.

Por su parte, el Programa Nacional de Seguridad Pública, 2001-2006 señala que

"Con una participación incluyente, activa, comprometida y responsable se podrán

tener efectos positivos en las acciones de gobierno para lograr resultados

exitosos, máxime si tomamos en cuenta que el crecimiento de las ciudades ha

incorporado una mayor complejidad a la estructura social caracterizada por

conformar patrones de dinamismo, crecimiento, masificación , diversificación,

dispersión de intereses, pluralidad, anonimato y decadencia de los principios de

solidaridad, aspectos que favorecen la comisión de conductas delictivas y bajo

nivel de cohesión social. (Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006, el

14 de enero de 2003, primera sección p. 9)


Seguridad Pública en su artículo 8°, menciona que las autoridades establecerán

mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y

supervisión de la seguridad pública; en el artículo 49 se señala que el Consejo

Nacional establecerá mecanismos y procedimientos para la participación de la

sociedad respecto de las funciones que realice y, en general, de las actividades de

la seguridad pública en el país.


88

El artículo 50 del referido ordenamiento, determina que dentro de los Consejos de

Coordinación para la Seguridad Publica que prevé esta Ley, se promoverá la

participación de la comunidad, para:

• Conocer y opinar sobre políticas de seguridad pública.

• Sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorar esta

función.

• Realizar labores de seguimiento.

• Proponer reconocimientos por méritos con estímulos para los miembros de

las instituciones policíacas.

• Realizar denuncias o quejas respectos a irregularidades; y

• Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y

participar en las actividades no confidenciales o que pongan en riesgo el

buen desempeña de la seguridad pública debiendo contar cada institución

de seguridad pública con un organismo ciudadano.

Por último en el artículo 51 de la ley en comento se establece que los Consejos de

Coordinación promoverán que las instituciones de seguridad pública cuenten con

una entidad de consulta y participación de la comunidad para alcanzar los

propósitos del artículo anterior.

"Crear una infraestructura de seguridad de la democracia supone el fortalecimiento

del poder civil frente a instituciones que habían sido ajenas al control y a la

supervisión democrática para trabajar ahora bajo un concepto de colaboración y

tolerancia" (Lima Malvido, María de la Luz. México, 2001, p. 8).

La mediación para solucionar los conflictos, las penas alternas y de ayuda a la

comunidad, órganos de control y fiscalización, elección de las autoridades

policiacas, etc., son algunas de las alternativas que la democracia permite.


89

Al respecto se puede afirmar que el más democrático de los controles de la policía

es el que ejerce directamente la comunidad o la sociedad civil. Si la policía es un

servicio a la ciudadanía, ésta tiene derecho a velar por ·su buena prestación.

La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas se ha vuelto

indispensable para superar las carencias que hay en todos los ámbitos de la vida

nacional; y se ha constituido en un factor fundamental de perfeccionamiento de la

democracia al contribuir a fortalecer el control de los representantes por sus

representados, a reducir las cuotas de poder de aquellos y a superar el carácter

intermitente del control electoral. Sin embargo para ser constructiva debe ser

consciente, crítica , libre, permanente, responsable y respetada y no encontrarse

condicionada ni por dogmatismos ideológicos ni por manipulaciones informativas,

con el objeto de poder promover la construcción de una auténtica cultura política

cívica que mueva a la gente, fomente su organización, garantice el debate y la

libre deliberación y promueva una participación responsable en los asuntos

públicos, En síntesis, que edifique una verdadera ciudadanía.


Como ya ha quedado señalado, actualmente la participación ciudadana es un

elemento indispensable en el combate a la inseguridad. Sin embargo para ser más

eficiente, requiere que se efectúe sobre bases sólidas, con una actitud de

colaboración responsable y ordenada. Es aquí donde juegan un papel

fundamental las Organizaciones No Gubernamentales como vínculo entre los

ciudadanos, el sector privado y el gobierno; permitiendo una evaluación de las

acciones realizadas al margen de intereses políticos o partidistas.

Dentro de las diversas Organizaciones No Gubernamentales constituidas

formalmente para contribuir al combate a la delincuencia se encuentran: el

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal AC., el Comité Nacional

de Consulta y Participación de la Comunidad (CONSEGU), el Instituto Ciudadano


90

de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), México Unido contra la Delincuencia AC.

Ante tantos organismos nos vemos en la necesidad de examinar solo una

organización, se abordara al Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad

(ICESI).

El Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República

Mexicana, la Fundación "Este País", el Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México,

preocupados por la situación que vive el país, en materia de inseguridad pública,

constituyeron un órgano ciudadano autónomo al cual denominaron "Instituto

Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. " (ICESI).

El ICESI es una asociación civil, constituida conforme a las leyes mexicanas y

recibe donativos de todas aquellas organizaciones, empresas, instituciones

académicas y dependencias tanto públicas como privadas, con el propósito de

cumplir con su objeto social. Para ello, ha buscado la autorización de la SHCP

para contar con la deducibilidad de impuestos (Información obtenida de la página

www.ices i.org.mx).

La información disponible antes de la creación del ICESI no se sustentaba en el

empleo de instrumentos estadísticos suficientemente confiables que permitieran el

análisis óptimo de las tendencias de la criminalidad en México. La generación de

un sistema permanente de estadística veraz es una necesidad primordial para la

planeación de acciones que permitan, mediante la planeación adecuada, el

combate eficaz contra la inseguridad.

"La difusión de información poco confiable ha generado una percepción

distorsionada de las tendencias de la criminalidad y ha ocasionado un profundo

escepticismo social respecto de las cifras oficiales.


91

De ahí la necesidad de la creación de un organismo no gubernamental, con

autonomía jurídica, política y técnica, un organismo ciudadano, que genere

estudios y encuestas sobre tendencias en materia de inseguridad" (De la Barreda,

Luis, 2002, p. 153).

La creación del ICESI obedece al requerimiento de poder contar con la instancia

ciudadana que genere, utilice y difunda permanentemente información estadística

estratégica en materia de inseguridad pública, para desarrollar, a su vez,

investigaciones rigurosas mediante el acopio, procesamiento, interpretación y

difusión de indicadores e índices sobre la violencia social en México, que sirvan de

sustento para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad.

Dentro de los principales trabajos realizados por el ICESI, se destacan las dos

Encuestas Nacionales sobre Inseguridad Pública realizadas en las Entidades

Federativas, a través de las cuales se ha logrado contar con información periódica

sobre la percepción de la inseguridad existente y de las experiencias de aquellos

mexicanos que han sido víctimas de la delincuencia en el país, elementos

indispensables que sirven para tener un instrumento eficaz y confiable que permita

marcar la tendencia sobre los índices delincuenciales.

El ICESI se propone constituirse en un organismo capaz de generar y aglutinar la

información, y certificar su veracidad y su consistencia. Las cifras oficiales son

indispensables, pero son asimismo imprescindibles las que proceden de los

ciudadanos y muy especialmente las que provienen de las víctimas.

"El ICESI lleva a cabo sus tareas sirviéndose de la infraestructura de las

instituciones que le han dado origen. Trabaja con los métodos probados

científicamente y adoptando el máximo rigor teórico en sus encuestas,

investigaciones y propuestas, las que tendrán el máximo nivel de calidad

internacional. Al hacerlo, irá formando los especialistas en la materia que harán


92

posible darle continuidad a sus afanes de una seguridad pública integral" (Ibídem,

p. 154).


93

CAPÍTULO II. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DETONANTE DE LA

INSEGURIDAD PÚBLICA EN LA NACIÓN MEXICANA


El tema de la seguridad pública es complejo desde su conceptuación hasta las

diversas teorías que se gestan a su alrededor. En primer lugar, es importante

mencionar que, aunque en su concepción más amplia la expresión seguridad

pública se refiere a numerosos aspectos inherentes a la vida social, como

mantener los niveles de bienestar social y económico y protección ante desastres

naturales, entre otros, generalmente se utiliza en relación con el tema de la

delincuencia. De esta forma, atendiendo a su concepción general, la seguridad se

define como la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en

términos de libertad, acceso al mercado de trabajo y mejores oportunidades de

desarrollo (Arraigada y Godoy, 2000).

Echavarría (2005) considera que la seguridad parece ser uno de los temas

fundamentales en la sociedad y aparece como una de las necesidades y derechos

básicos; pero el término de seguridad, como se mencionó, es bastante amplio.

Bartra (1997) considera que al sustantivo seguridad se agregan los adjetivos

nacional, pública y ciudadana; éstos tratan siempre de connotaciones colectivas,

no personales de seguridad; es decir, no tratan propiamente de la seguridad de los

derechos de los sujetos individuales, cualquiera que sea su posición en el contexto

social, sino de la seguridad de la nación, de la comunidad y de la ciudad. Así, el

término seguridad nacional sirvió a la ideología de amigo-enemigo, en donde el

uso del sistema penal ilegal paralelo al legal, se justificaba.


94

El concepto de seguridad ciudadana atribuye a la policía una dimensión local y

participativa, multidisciplinaria. Sin embargo, estas consideraciones de “seguridad”

sólo contemplan a los sujetos en calidad de ciudadanos, no como a las personas

portadoras de derechos fundamentales universales. Por otra parte, la seguridad

pública e incluso la seguridad ciudadana, se refieren únicamente a los lugares

públicos y se restringen a solo un pequeño número de delitos que entran en la

criminalidad tradicional, como todo tipo de robos y agresiones, pero la violencia

doméstica, los delitos económicos, ecológicos, de corrupción y desviaciones

criminales en las esferas de poder, no son contemplados por este sistema de

seguridad.

En este proyecto se entenderá a la inseguridad pública como la ausencia de los

derechos individuales que aseguran la integridad física ante cualquier ataque

violento, mantienen el bienestar común y resguardan la propiedad privada.

La definición del concepto de “seguridad” lleva implícito a los actores encargados

de la procuración e impartición de la seguridad a los habitantes, así como a las

políticas adoptadas para este fin. Anteriormente, era considerado que el

mantenimiento de la seguridad urbana era una tarea que competía sólo a las

fuerzas del orden. Sin embargo, el concepto de seguridad requiere una actuación

conjunta, de instituciones y organismos colectivos que de forma coordinada lleven

a cabo acciones encaminadas a preservarla.

De esta manera, el término de inseguridad pública va más allá de la consideración

de los índices de criminalidad, ya que se empiezan a incorporar elementos de

orden estructural, por ejemplo, la pobreza, desigualdad y la ausencia de derechos

fundamentales como la salud, el trabajo y la vivienda. Sin embargo, la política del

gobierno en materia de seguridad se ha enfocado casi exclusivamente a la

delincuencia. Este tratamiento al problema se evidenció aún más en los últimos

sexenios en donde la estrategia de lucha contra el narcotráfico se centró en la

noción de seguridad nacional bajo un modelo de amigo- enemigo.


95

De esta manera, este tipo de violencia ha recibido gran atención por parte de los

medios de comunicación, lo que la ha vuelto muy visible a todos los sectores de la

población, a diferencia de otros tipos de violencia, como la violencia basada en el

género.

Su alcance se puede observar en distintos niveles, desde el macro social hasta el

micro, expresado en los delitos cotidianos cara a cara como el robo con y sin

violencia, hasta la violencia más descarnada que es el sello distintivo del

narcotráfico.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, en 2009 por cada cien mil habitantes se reportaron 1, 665,792 delitos,

cabe mencionar que este año es donde se registraron más delitos desde 1997, en

donde se presentaron 1, 490,923 delitos. A partir del siguiente año, la tasa de

delitos comienza a disminuir por nueve años hasta el 2006, cuando vuelve a

repuntar la incidencia delictiva (Secretaría de Gobernación, 2011).

Ahora bien, con este aparente descenso en el índice delictivo hay que considerar

que por lo menos a partir del 2006, se presentaron importantes acontecimientos

en el terreno del delito federal, en especial con el narcotráfico siendo este delito la

base en los programas de seguridad pública de Felipe Calderón, lo que pudo

haber volcado la atención pública hacia este delito y tal vez le restó un poco de

atención a algunos delitos del fuero común (Zepeda, 2008).

Para el 2010, se registró un leve deceso en los delitos reportados ante las

Procuradurías de Justica de los Estados un total 1, 704,099 y para 2011 se

registraron 1, 694,398 lo que de acuerdo con esta fuente, se puede interpretar

como un leve descenso en la comisión de delitos tanto del fuero común como del

federal (Secretaría de Gobernación, 2011).


96

Al realizar un desglose por el fuero del delito, común o federal, que a partir del año

2006 se presenta una alza importante de delitos de fuero federal principalmente

los delitos contra la salud y la portación de armas de fuego. Sin embargo, es

importante no perder de vista que la mayor comisión de delitos se presenta dentro

los denominados delitos del fuero común, concretamente el robo en todas sus

manifestaciones (Ibídem).

Ahora bien, es fundamental subrayar que la calidad de las fuentes de información

y el registro de la incidencia delictiva en México, tiene que ser considerada con

reservada ya que por un lado, la cifra negra de delitos que no son reportados ante

el Ministerio Público es alta, pues existe una percepción en la ciudadanía de poca

confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia. De acuerdo

con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), en 2009 del

total de personas que mencionaron que fueron víctimas de un delito, el 78% no

acudió a denunciar, lo que representa una cifra negra del 85%. Dentro de las

principales motivaciones para no hacerlo, estuvo porque es una pérdida de

tiempo.

Adicionalmente, al sub-registro de los delitos, especialmente del fuero común,

existen otros delitos que por situaciones políticas no es dada a conocer su

incidencia real a la opinión pública y son los delitos que están relacionados con el

narcotráfico en todas sus modalidades. Al respecto, en el 2010 la agencia de

Inteligencia global Stratfor contabilizó 15,273 homicidios (Stratfor, 2012) y en 2011

se calcularon alrededor de 16,600 muertes (Guerrero, 2012).

A pesar de estas lastimosas cifras, es fundamental no perder la atención en el

grueso de los delitos, que como ya se mencionó, lo constituye fundamentalmente

el robo a transeúnte, robo de autopartes, extorsión y fraude, en menor prevalencia

se encuentran los delitos sexuales y secuestros. Estos delitos son a los que están

más expuestos la mayor parte de los mexicanos, sobre todo en la regiones del


97

centro del país como Ciudad de México, Aguascalientes y el Estado de México

(Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, 2010).

Los datos presentados sobre delincuencia indican que el país se encuentra en una

etapa de violencia que es urgente atender de una manera más integral y menos

centrada en las instituciones de control del Estado, pues como sustento de este

problema se encuentran aspectos económicos, políticos y sociales manifestados

en la proliferación y fácil acceso a las armas, en el aumento de la venta y

distribución de drogas, en la cada vez más indignante inequidad social -dada por

el incremento del número de personas en pobreza extrema en contraste de la

acumulación de la riqueza en muy pocas familias del país-, y muy importante, en

la desconfianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Algunos autores como Del Olmo (2000), Hopenhayn (2002) y Robert (2003), han

sugerido que el delito ha tenido un aumento a nivel mundial de forma cuantitativa y

cualitativa que se ha agravado a partir de la década de los ochentas. Dicho

despunte se ha presentado durante las crisis económicas que han vivido algunos

países de América Latina, lo que ha profundizado la pobreza y la desigualdad

social, y aunado a la corrupción y la impunidad de los sistemas encargados de la

justicia, se suscitó un clima propicio para nuevas formas criminales, como el

narcotráfico y otras ilegalidades como el comercio informal. En México, como se

presentó en párrafos anteriores, la delincuencia ha experimentado aumentos y

reducciones que algunos autores asocian a las condiciones económicas, la crisis

de valores, los cambios en los roles y las relaciones de poder en el seno de la

familia, así como las expectativas de movilidad social y la aparición del crimen

organizado.

Sin embargo, existen autores como Sanabria (2007) y Vélez (s/ f), que ponen en

tela de juicio el argumento de que realmente se haya dado o se esté dando un

aumento en los hechos delictivos en América Latina, pues consideran que el

ascenso de la violencia y el delito presenta una tendencia a la baja, pero son los


98

Estados los que promueven modelos violentos de relación, basados en un orden

político y comercial.

La postura que se adopta es que no se puede negar que el problema de la

delincuencia está a la alza, pero no todos los delitos muestran la misma tendencia,

como se observó en los datos presentados. El robo a transeúnte con o sin

violencia es el que más incidencia presenta. Tampoco se puede ocultar que hoy

en día los delitos relacionados con el narcotráfico han aumentado, pues al darse

un cambio en las negociaciones entre cárteles inició una violencia más cruenta.

Así como no se puede refutar esta alza, tampoco se puede negar que el tema de

la inseguridad ha sido un ardid para sostener políticas de carácter represivo

(Correa, 2009; Pérez, 2009) o con un grado de violencia menos evidente que en

ocasiones no es conceptuado como violencia, pero que tiene el mismo objetivo;

aunado a esto, la inseguridad también ha servido para intereses geopolíticos (En

1989, Estados Unidos justificó la invasión a Panamá con el argumento de

relacionar al coronel Antonio Noriega con el narcotráfico y el lavado de dinero),

muestra de ello es el plan Colombia en 2004, antecedente inmediato del plan

Mérida en México.

Esta iniciativa permite que se reciba apoyo de Estados Unidos de Norteamérica

para las labores de seguridad en México bajo el argumento de “lucha contra las

drogas”, también implica la participación del ejército y la marina en el tratamiento

de la seguridad; sin embargo, este método no garantiza la contención del

problema, pues varios países de América Latina han tenido experiencias negativas

con la mayor inserción del ejército, por lo que algunos estudios (Venezuela, Chile,

Argentina) sustentan cada vez más la idea de que el ingreso del ejército a las

labores cotidianas y sobre todo el de la seguridad pública, no ha tenido buenos

resultados, y sí se han incrementado los abusos por parte de esta institución en la

sociedad civil. Martín-Baro quien vivió la guerra civil de El Salvador, cuestionó la

participación del ejército en el gobierno de aquel país pues colaboró a que la

represión y la violencia cada vez fueran más brutales.


99

En cuanto a las medidas para tratar a la delincuencia cotidiana, se han sugerido

acciones explícitamente violentas como la pena de muerte (La propuesta de pena

de muerte fue sugerida en las anteriores contiendas políticas por el partido Verde

Ecologista. Esta acción es catalogada como populismo punitivo, y no puede ser

aplicada en el contexto mexicano, pues representa una inconstitucionalidad), pero

también se han propuesto medidas que pudiesen no considerarse así, tal es el

caso de los operativos policiacos realizados en el transporte público con el

llamado programa “pasajero seguro”, en el cual arbitrariamente, se seleccionan

trasportes para revisar a los pasajeros (generalmente de sexo masculino) en

busca de algún objeto ilícito, en un primer momento se proponía que elementos

armados viajaran a bordo de los camiones y microbuses, sin embargo, esto

resultaba ser poco efectivo. Aunque a primera vista esto no se pueda considerar

violencia, la medida resulta ser una violación al libre tránsito al que toda persona

tiene derecho, ya que se realiza de manera arbitraria, pasando por alto el derecho

a la presunción de inocencia, aunado a esto, no se tiene evidencia de que

resuelva o siquiera disminuya el robo a bordo de estos transportes.

Dentro de las principales consecuencias que el aumento del delito ha traído a la

sociedad en general, está que nuestro país ha sido considerado uno de los más

inseguros, comparado incluso con Colombia o El Salvador, por lo que la

inseguridad pública referida al delito se ha convertido en uno de los principales

temas en la agenda nacional y ha sido objeto de un sinnúmero de debates

políticos. Es así que la inseguridad pública se presenta como una forma de la

espiral de la violencia social, y siendo que es el ejemplo para hablar de la

legitimación de la violencia.


Ahora bien, otro aspecto de relevancia a considerar en el tema sobre la seguridad

pública es la percepción de la inseguridad que tienen los habitantes de cualquier


100

ciudad, ya que Robert (2003) considera que el aumento real de delitos no coincide

por completo con la percepción, aunque pareciera que la delincuencia y la

inseguridad tienen un nacimiento simultáneo; sin embargo, esto no es así, debido

a que la inseguridad “irrumpió” cuando el crimen violento se incrementó

considerablemente (El sociólogo Robert (2003) menciona que “el delito tiene una

historia ancestral, mientras que la inseguridad no se remonta más allá de

mediados de los 70s”. (p. 68). De esta manera, es factible considerar una noción

de inseguridad pública más allá de los índices de criminalidad).

Otro factor que influye en esta situación, fueron los medios de comunicación

masiva, mismos que priorizaron la nota roja sensibilizando a las personas sobre el

delito violento.

Como se mencionó, en México se ha volcado la atención al narcotráfico, que ha

cobrado relevancia por el número de asesinatos y la crueldad con la que son

cometidos.

Sin embargo, el mayor número de delitos cometidos en nuestro país están

constituidos por el delito de robo en sus variadas manifestaciones, como ya se

expuso. Robert (2003), menciona que el robo o las “depredaciones” constituyen el

origen del desajuste y es el fenómeno originario de los demás delitos, además se

encuentran en la base del fenómeno de la percepción de inseguridad, pues son

amenazas que afectan a todos los grupos en mayor o menor medida, y se han

convertido en un riesgo generalizado y pocos se consideran fuera de ese peligro.

Este mismo autor enfatiza que la inseguridad es un fenómeno sumamente

complejo, porque se nutre de factores económicos, políticos y sociales e incluso

de actitudes personales. Esta consideración se debe tomar en cuenta en cualquier

estudio, pues el no hacerlo conduciría a respuestas erróneas y a creer que estos

fenómenos están indistintamente en el contexto actual; es decir, se considera que

“si hay delitos hay inseguridad”, pero esto no siempre es así, porque la percepción


101

de inseguridad se nutre de otros elementos que están más relacionados con las

vivencias de las personas y formas de interpretar su realidad.

Por ejemplo, existen sectores de la población que perciben que la delincuencia se

ha desbordado provocándoles profundos sentimientos de inseguridad; y por otro

lado, existen otros sectores que consideran que la inseguridad no es un problema

para sus vidas cotidianas e incluso consideran al país como un lugar seguro.

Llaman la atención los resultados de la ENSI -7 correspondientes a la percepción

de inseguridad, pues no se corresponden del todo con los niveles de victimización

por entidad. Aunque Chihuahua no es el estado que presenta las mayores tasas

de victimización, sí se encuentra en primer lugar en percepción de inseguridad por

sus residentes con el 88%, posteriormente está el Distrito Federal con el 85% y

Sinaloa con el 83%. Aguascalientes a pesar de encontrarse entre los tres primeros

estados que tenían mayor porcentaje de victimizaciones reportadas en esta

encuesta, no aparece dentro de los estados percibidos como más inseguros

(Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, 2010). Estos datos

permiten constatar que la percepción de inseguridad es compleja y va más allá de

las tasas de victimización; pues incluye un complejo proceso de significaciones en

los que intervienen los niveles de bienestar en general que el Estado pueda

proporcionar a sus habitantes, entre otras cosas.

Estudios que han abordado el tema con técnicas cualitativas han dado cuenta de

que el tema de la inseguridad es aún más complejo de lo que parece, porque en él

confluyen innumerables elementos sociales que a simple vista poco tienen que ver

con el delito. Autores como González (2002), González y Kala (2007), Ramos

(1994), Romero (2007) entre otros, han sugerido que la percepción de inseguridad

se encuentra más relacionada con la forma en que la persona interpreta su riesgo

de ser víctima de algún acto delictivo y el lugar donde vive; esa interpretación, está

más relacionada con sus creencias y significados que las personas tienen sobre el

problema, que con la inseguridad “objetiva” que crea el delito.


102

Así, cada colectivo tiene una percepción distinta de lo seguro y de lo peligroso,

aún más complejo, cada individuo difiere en la intensidad del miedo ante un mismo

hecho delictivo (Ute y Werner, 2003). Las vivencias y necesidades de unos y otros

van a determinar su percepción de la seguridad, que en más de una ocasión será

completamente opuesta; resulta frecuente que lo que para un colectivo suponga

seguridad, para otro pueda producir inseguridad, este fenómeno se puede

observar en zonas como Tepito en la Ciudad de México.

Respecto a la percepción de que el problema se ha incrementado, un estudio

realizado por López en el 2005, basado en las representaciones sociales, trató de

explorar mediante un cuestionario abierto y un ejercicio de asociación libre, lo que

un grupo de estudiantes y un grupo de comerciantes piensa acerca de la

globalización. Lo que cabe resaltar en este estudio, son los resultados que se

dieron sobre las preocupaciones y soluciones, y modos de vida del pasado y del

presente, incluyendo el tema de la violencia, pues consideraron que era menor en

el pasado e incluso se percibía seguridad a comparación de hoy en día. Lo más

interesante es que la percepción en cuanto a las prácticas políticas, era que

existía corrupción y mal gobierno y esta percepción persiste actualmente.

Por otra parte, otro de los elementos a tomar en cuenta, son las consecuencias

producto de la inseguridad. Las personas que perciben a la inseguridad pública

como un verdadero problema, pueden limitar sus actividades o transformar sus

hábitos cotidianos; por ejemplo, algunas personas evitan salir de noche, cargar

dinero en efectivo o circular por ciertos sectores de la ciudad, evitan de forma

general los ambientes oscuros, llevar dinero en exceso o joyas, utilizar taxis y

usan el transporte público cuando es estrictamente necesario; en resumen, se

evitan las actividades que se perciben como peligrosas y ciertas zonas de la

ciudad consideradas como de alta incidencia delictiva (Hasam, 2000; Instituto

Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, 2010; Miranda, 2003; Ramos 1994).


103

Algunas personas han optado por adquirir armas o perros, la instalación de rejas o

alarmas en la casa y el vecindario, la contratación de vigilancia privada y la

privatización de algunas calles (Del Olmo, 2000). Paralelamente, Galeano (1996)

apunta que muchos de los grandes negocios promueven el crimen y del crimen

viven; es decir, se crea el miedo como necesidad social, como lucro económico y

como motivo para desarrollar tecnología que le haga frente al miedo (Uribe, 2002).

Robert (2003) planteó que el mercado reemplazó a los poderes públicos como

promotores de seguridad, y lo que impulsa a esta privatización defensiva del

espacio es la conciencia de que la criminalidad no pertenece sólo a ciertos

lugares, sino que puede ser creada en cualquier momento en toda la ciudad.

La percepción de inseguridad también provoca la segregación física de los

espacios. García (1997) menciona al respecto que la cultura de la protección

sobre vigilancia, se alía con nuevas reglas de distinción para privatizar espacios

públicos y separar más abruptamente que en el pasado a los sectores sociales.

Miranda (2003) coincide en este punto y considera que las estrategias defensivas

que van más allá de la vivienda extendiéndose al espacio urbano se caracterizan

por una amplia privatización de espacios antes públicos, especialmente la calle y

sus banquetas. Esta situación es más seria de lo que parece, pues además de

favorecer la segregación, viola los derechos al libre tránsito de los ciudadanos no

pertenecientes a ese barrio.

Estos hábitos de vida condicionan enormemente el modo de relacionarse y la

forma de percibir a las otras personas, generando a menudo desconfianza y

estigmatización de sectores sociales minoritarios o de las clases sociales bajas

(en la mayoría de los casos estos grupos resultan ser la población joven y de

escasos recursos), lo que culmina en nuevos tipos de violencia (Cajas, 2007;

Guerrien, 2006; Ruíz, 2007).


104

Como se observó, estas soluciones lejos de arreglar el problema, agravan la

situación, ya que impiden la acción preventiva y contribuyen a exacerbar los

conflictos sociales poniendo en riesgo la consolidación democrática. Del mismo

modo, llevan a minar el sistema de justicia y a legitimar la violencia, pues los

ciudadanos en busca de garantizar la seguridad que perciben que han perdido

realizan reclamos a las autoridades, solicitando el endurecimiento de las penas

(incluyendo la pena de muerte) y en casos extremos, se permiten tomar la justicia

por cuenta propia, culminando en prácticas sumamente violentas, como los

linchamientos.

Adicionalmente, en aras de la seguridad, las personas aceptan prácticas

violatorias a sus derechos humanos por parte del Estado, como la militarización

del país o la invasión a la privacidad. Hopenhayn (2002) al realizar un estudio

sobre el problema de las drogas y la violencia en América Latina y su participación

en la seguridad nacional, postuló que estos problemas son vistos como el “caballo

de Troya”, pues son utilizados para instaurar sistemas de seguridad nacional más

tecnificados pero al mismo tiempo más violentos, lo que conlleva a la violación de

derechos humanos al permitir excepciones al estado de derecho. Así, se

reproduce un estilo autoritario de gobierno o de control social.

Al no tomar en cuenta estos aspectos, se cae en políticas descontextualizadas y

que fomentan situaciones en ocasiones más peligrosas que la delincuencia, como

por ejemplo, la política estadounidense de cero tolerancia, la cual conduce en

parte al etiquetamiento de ciertos grupos de la población (en su mayoría gente de

las clases menos favorecidas) y al rompimiento de las redes sociales al

predisponer a la sociedad a un ambiente de riesgo.

En resumen, la acción de la seguridad pública en nuestro país se concreta al

terreno delincuencial; es decir, la seguridad de los ciudadanos depende

directamente de la cantidad de delitos cometidos y por lo tanto, se han propuesto

soluciones para fortalecer el sistema policial, equiparlo con más y mejor


105

armamento y tener elementos eficientes y preparados con el fin de asegurar la

tranquilidad de la ciudadanía, y se ha subestimado el papel de la prevención en

las políticas de seguridad pública. Las acciones gubernamentales están dirigidas

principalmente hacia dos mecanismos para hacerle frente a la inseguridad, y éstos

son el control y represión de la violencia delictiva, mediante el incremento de

recursos económicos para las policías, el ejército y la marina, a pesar de que la

experiencia de distintos países ha demostrado, que estas políticas poco ayudan

para resolver el problema (Buvinic, Morrison y Orlando, 2005; Lozada, 2004;

Martín-Baró, 2003 y Mockus, 2002). Como resultado de estas políticas, se tiene un

aumento de la población carcelaria y la deslegitimación de las instituciones, el

aumento de las víctimas por abusos policiales y la pérdida de recursos

económicos.

Ahora bien, el objetivo de haber presentado este apartado fue situar el contexto en

el que se desarrolla el tema de la inseguridad, así como la necesidad de legitimar

la violencia que se puede generar en el tema. Del Olmo (2000), Echavarría (2005),

Fernández (1997), Hopenhayn, (2002) y Martín-Baró (2003), consideran que la

inseguridad que prevalece puede haber sido un discurso que permitiera justificar

las acciones represivas del Estado, ya que si no estuviesen escudadas bajo la

preservación de la seguridad, éstas no podrían ser admitidas por la sociedad civil.

Así, “la percepción de inseguridad se ha convertido en un problema en sí mismo

no sólo por la posibilidad de constituirse en un fuerte obstáculo para la convivencia

pacífica y la solidaridad ciudadana, sino por su capacidad de generar una espiral

de violencia, ya que el temor hace que la población pida mayor represión y

justifique los excesos e ignore la importancia del respeto a los derechos humanos

y a la gobernabilidad democrática” (del Olmo, 2000; p. 8).

Es importante considerar que en este caso, se está hablando de una relación de

poder entre el Estado y la sociedad civil, en donde se le otorga al primero la

autoridad legítima para usar la violencia con el objetivo de mantener seguridad.

Ahora, recordando lo expuesto en el capítulo anterior respecto del proceso de


106

legitimación y la evaluación de quién ejerce la violencia, este aspecto de relación

de poder Estado-sociedad civil es prioritaria para comprender las posibles

justificaciones hacia el uso o rechazo de la violencia en el tratamiento de la

inseguridad pública por parte de los ciudadanos.

Aunado a este aspecto, existen otros elementos que participan en que una

práctica violenta sea considerada como digna de apoyo por parte de los

ciudadanos.


En primer lugar, se debe señalar que la sensación de inseguridad en la sociedad

capitalina no es fortuita, ya que en términos reales responde a un incremento real

en los últimos 30 años, agravándose en su punto más alto en 1997, aunque de

entonces a la fecha se ha observado una paulatina tendencia a la baja. El periodo

que analizaremos comprende del 2003 al año 2005; sin embargo, es menester

señalar como antecedente, que el incremento en la ola delictiva se ha dado desde

1975 cuando en la ciudad se denunciaron 95,359 delitos, incrementándose para

1988 a 178,487 actos ilícitos. A simple vista dicho incremento, coincide en tiempo

con los efectos económicos de la crisis financiera de 1987, el cual afectó a gran

número de personas que tenían relación con el mercado especulativo, lo cual a su

vez, afectó a empresas, ahorradores, comercios, fuentes de trabajo, etc. Esta

situación descendió aparentemente en 1993, situación que no se debe en rigor

estricto a un descenso en la ola delictiva, sino más bien a una situación técnico-

jurídica, propiciada por las reformas a la normatividad penal (conocidas

coloquialmente como contrarreformas), las cuales consistieron en la

desaparecieron del Código Penal de varios delitos antes tipificados, y la

modificación de procedimientos penales, que produjeron vacíos jurídicos que

facilitaron la detonación y reproducción de la delincuencia y de la impunidad.


107

Gráfica 2.1.1

Actuación del Índice delictivo en el Distrito Federal

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, GDF, 2005

Desde 1993 se empezó nuevamente a registrar una tendencia sostenida a la alza,

hasta llegar a su máximo nivel en 1997 en el que en promedio se registraban 700

delitos denunciados diariamente, de los cuales, 466.62 corresponden a ilícitos de

alto impacto que para el gobierno son considerados como principales delitos de

atención (En esta clasificación se encuentran el homicidio doloso, las lesiones

dolosas, el robo a transeúnte, el robo de vehículo, el robo a transporte, el robo a

negocio, el robo a casa habitación y violación).

Esta alza coincide en tiempo con los acontecimientos de violencia política de 1993

y 1994 (Muerte de jueces, periodistas y sobre todo el asesinato del Secretario

General y del candidato presidencial del PRI), y con una crisis económica y

financiera derivada de errores en el manejo de las riendas económicas por parte

del gobierno del entonces – recién electo- presidente Ernesto Zedillo Ponce de

León, con sus respectivos efectos sociales.


108

Desde finales de 1998 se empezó a registrar una disminución que coincidió con la

administración del primer Jefe de Gobierno electo en la ciudad –de extracción

perredista- en relevo de Oscar Espinoza Villarreal quien fuera el último regente

designado por un presidente.

El hecho de que el gobierno del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas surgiera del voto de

los ciudadanos capitalinos implicó asumir como uno de los compromisos

prioritarios el de mejorar la seguridad pública. En este periodo, se observa una

reducción en el promedio diario de delitos denunciados de 1997 a 2000, pasando

de 700 a 482.92 ilícitos, lo que representa una disminución promedio de 217.17

casos por día; sin embargo, el esfuerzo no bastó, ni se reflejó en el mejoramiento

de la percepción ciudadana sobre la seguridad pública.

El 5 de diciembre del año 2000 nuevamente toma posesión un gobierno de

extracción perredista, que asume como una de sus tareas prioritarias la seguridad

pública, observándose que el fenómeno delictivo continúa su tendencia

decreciente. Así pues, en el periodo de regencia de Oscar Espinoza Villareal se

denunciaron en total 719,387 delitos en 3 años, disminuyendo en similar periodo a

641,861 ilícitos registrados en el periodo de la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas y

Rosario Robles, sosteniéndose la tendencia en los primeros 4 años y 5 meses de

la administración de Andrés Manuel López Obrador alcanzando 747,556

denuncias ante las Agencias del Ministerio Público, lo que equivale a un promedio

diario de 464.90 delitos – denunciados-, frente a 585.64 y 653.99 que ocurrían en

los periodos de Cuauhtémoc Cárdenas y Oscar Espinoza, respectivamente.


109

Gráfica 2.1.2

Comparativo de Índices Delictivos por Periodo de Gobierno

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, GDF, 2005

El dato anterior es relevante, toda vez que como se muestra en la gráfica, la

tendencia de disminución es en delitos principales o de alto impacto, los cuáles, a

diferencia de otras administraciones según el gobierno capitalino deberá presentar

una reducción sostenida a partir del año 2004 de un ritmo del 15% anual en

relación con el año inmediato anterior.

Es necesario resaltar que el grueso de delitos enmarcados en la categoría de

“delitos principales” es de carácter patrimonial; es decir, que atentan contra la

propiedad de las personas; tal es el caso del robo en todas sus formas. Según el

Código Penal en su artículo 367, “comete el delito de robo: el que se apodera de

una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede

disponer de ella con arreglo a la ley” (Código Penal para el Distrito Federal. Edit.

Porrúa. 52ª. Edición. México, 1994).


110

La tendencia de reducción no aplica en “otros delitos”, donde incluso, se valora un

aumento de 9.8% frente a la gestión de su antecesor, lo que da cuenta que en

delitos de bajo impacto social se ha recobrado paulatinamente la confianza

ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, o bien, es el resultado de

las modificaciones a las normas penales que han ampliado el espectro de

conductas que antes no eran tipificadas como delito o que han ampliado su

sanción, lo que atrae la denuncia de dichos actos.

Si se analiza el comportamiento delictivo por cada uno de los delitos de alto

impacto, se observará la misma tendencia de la gráfica general arriba citada; no

obstante hay que diferenciar que en el caso de los delitos patrimoniales como el

robo de vehículo, a negocio y a casa habitación, incluye tanto los realizados con

violencia y sin violencia.

Este hecho permite visualizar que el ambiente de inseguridad no es un problema

relacionado a cualquier tipo de delito, sino más bien, es un problema asociado a

unos cuantos delitos que se cometen con mayor frecuencia, pero que son

ejecutados en los ámbitos y espacios donde los habitantes de la ciudad

desarrollan las actividades de su vida cotidiana como son el transporte, la calle,

los comercios, los bancos, etc. Esta situación, deja mayor huella en quien los ha

padecido en su propia persona o en alguien cercano.

Generalmente estos delitos además de las lesiones, violaciones y homicidios los

que se fijan en la memoria individual y colectiva de la población. En lo cotidiano,

es frecuente escuchar sobre el asalto a tal o cual persona o a un establecimiento

comercial, lo cual propicia una socialización bastante rápida de la información

sobre el delito, lo que influye a su vez en la percepción del problema.

Pese a la reducción sostenida desde 1998 a la fecha, profundizándose en la

gestión de López Obrador, las cifras oficiales distan de la percepción social,


111

cuanto más, por el grado de violencia que acompaña a la comisión de los delitos,

fenómeno que antiguamente era menos notorio. En este sentido, las encuestas

sobre victimización juegan un papel importante no solo como medio de estimación

del comportamiento delictivo, sino también para identificar la percepción de sus

víctimas directas (las que lo viven) e indirectas (las que no lo padecen pero tienen

conocimiento de él y se sienten afectadas).

Sin embargo, pese a que la violencia es un hecho real ratificado por la percepción

de los ciudadanos, ésta no se refleja significativamente en las estadísticas, si

comparamos los índices de violencia del Distrito Federal con otras ciudades

importantes del país. Al respecto, en un estudio realizado por la Secretaría de

Desarrollo Social (SEDESOL), se muestra que el Distrito Federal ocupa el lugar

118 de un total de 121 ciudades, en un índice que cuantifica el grado de violencia

a partir del número de homicidios de mujeres, violaciones, accidentes violentos de

mujeres, suicidios de mujeres, homicidios hombres, accidentes violentos de

hombres y suicidios de hombres en ciudades del sistema urbano principal del país;

es decir, que cuentan con más de 50 mil habitantes (Datos proporcionados por la

PGJDF a través de su página en Internet). Según el documento, las ciudades con

mayor índice de violencia son Ciudad Juárez, San Luis Potosí y Acapulco;

mientras que Guadalajara y Monterrey ocupan los sitios 72 y 75 respectivamente


112

Gráfica 2.1.3

Número de Delitos por cada 1000 Habitantes

Por otra parte si comparamos al Distrito Federal con el resto de las entidades

federativas, pese a que la Ciudad de México es una de las urbes con mayor

densidad demográfica del país, no es la primera en ocupar una alta tasa de delitos

por cada mil habitantes. Según cifras del gobierno federal (Presidencia de la

República, 2004), en materia de delitos del fuero común, en el año de 2003, esta

ciudad presentó una tasa de 19.61 ilícitos (Por cada 1,000 habitantes), siendo


113

superada por estados con tasas mayores como es el caso de Baja California

Norte, Yucatán, Baja California Sur, Quintana roo y Tabasco.

Asimismo, si comparamos a las entidades federativas con el Distrito Federal en

cuanto al número absoluto de denuncias de delitos del fuero común, el primer

lugar lo ocupa el Estado de México con 218,326 denuncias.

En otro orden de ideas, en los últimos años se ha presentado otro elemento hora

las cifras oficiales sobre la incidencia delictiva en la ciudad, del Distrito Federal son

172, 827 delitos, y subsecuentemente Baja California Norte (96,139), Jalisco

(91587) y Veracruz (66,708). Sobresale en el comparativo que Baja California Sur

que ocupa el tercer lugar en la tasa más alta de delitos por cada cien mil

habitantes, su incidencia delictiva absoluta es muy baja, con tan solo 13, 300

delitos en 2003; sin embargo, la cifra es significativa si se considera que el estado

en cuestión sólo tiene 424,041 habitantes (INEGI, 2000. Aguascalientes, 2001),

población comparable con las delegaciones Azcapotzalco (441,008), Iztacalco

(411,321) o Venustiano Carranza (462,806 habitantes) (INEGI. Aguascalientes,

2001).

En otro orden de ideas, en los últimos años se ha presentado otro elemento a

considerar en el análisis de la problemática delictiva. En 1995 durante la gestión

de Oscar Espinoza Villarreal, la población interna de sentenciados y procesados

de la ciudad fue de 8,142 internos, mientras que para el año 2000 ascendió a

21,854 casos y hacia mediados del 2004, ya en la administración de Andrés

Manuel López Obrador, el número fue de 26,531 procesados y sentenciados, lo

que da cuenta de una tasa de 3.01 internos por cada mil habitantes (Presidencia

de la República, 2004). De éstos 22,490 casos corresponden a la comisión de

delitos del fuero común, mientras que 4,041 pertenecen a procesos y sentencias

de delitos del fuero federal.


114

Ahora bien, si las cifras oficiales sobre la incidencia delictiva en la ciudad, dan

cuenta que existe una tendencia a la baja; además de que no es la ciudad, ni

entidad federativa con la mayor tasa delictiva, ni con mayor violencia; Asimismo,

se ha triplicado el número de procesados y sentenciados por la comisión de

delitos, entonces ¿por qué la población percibe que la inseguridad ha aumentado,

cuanto más violentos son los delitos?

Como se explicó al principio de éste apartado, otro método para conocer la

incidencia delictiva real son las encuestas sobre victimización, que paulatinamente

se han ido establecido como un método recurrente y confiable, sin embargo,

también con frecuencia se les confunde o utiliza con fines de medición de la

opinión pública o de evaluación de acciones de gobierno, más que de

acercamiento objetivo a la realidad.

De acuerdo al apartado de México de la Encuesta Internacional sobre Criminalidad

y Victimización (Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, México

2004), realizada en el primer semestre del 2004, se informa que en el 47% de las

viviendas en las que se realizaron las entrevistas, al menos una persona ha sido

víctima de un delito. Del total de los casos, 51% sufrió un ilícito, mientras que el

46% padeció de 2 a 4 delitos. Según la encuesta, el 84% de las víctimas sufrieron

un delito patrimonial, principalmente algún tipo de robo.

Es de notar el gran porcentaje de actos no denunciados que varía según el tipo de

delito, el cual, en el robo de autopartes y robo con violencia supera 8 de cada 10

casos y en el robo sin violencia solo se dio parte a la autoridad en 6 de cada 100

hechos sufridos. En forma global, sólo 1 de cada 4 casos fueron denunciados ante

el Ministerio Público. En cuanto al robo de vehículo automotor, se puede apreciar

que el índice de no denuncia es de 1 por cada 5 casos lo que confirma que las

cifras oficiales por este delito muestran mayor confiabilidad frente a las del resto

de los delitos.


115

Cuadro 2.1

Tipo de Delito Delitos por cada

1000 personas

Porcentaje de

no denuncia

Insatisfacción con la

actuación del M.P.

Robo de autopartes 134 85% 63%

Robo de viviendas 113 72% 72%

Robo de vehículo automotor 38 22% 68%

Robo con violencia 108 84% 80%

Robo sin violencia 132 94%

Lesiones y amenazas 86 74% 53%

Fuente: Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, “Encuesta Internacional sobre

Criminalidad y Victimización – México ENICRIV 2004”, México 2004.

Otro aspecto considerado por el estudio, es el grado de insatisfacción con la

actuación del Ministerio Público, el cual es muy alto (63% en relación al total de

delitos), sobre todo en las denuncias relacionadas con el robo con violencia y el

robo de viviendas. El motivo de dicha insatisfacción es que “las autoridades no

hicieron lo suficiente” (33%) o porque “no se interesaron” (28%). En suma, el

estudio concluye que en los últimos 5 años, más de 30 millones de personas

mayores de 18 años fueron víctimas de la delincuencia.

Por otra parte, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, realizó la

primera y segunda Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI I y ENSI 2), para

medir el fenómeno en el segundo semestre de 2001 y el primer semestre de 2002.

En el primer caso, resulta que en el año 2001, a nivel nacional sólo el 14% de los

entrevistados o personas que viven con él, sufrieron un delito; sin embargo, la cifra

contrasta con el 39% de los entrevistados del Distrito Federal que manifestaron

haberlo padecido en el mismo periodo.


116

Cuadro 2.2

Indicador Distrito Federal Nacional

Fue víctima de un delito 39% 14%

Fueron víctimas de un solo delito 59% 80%

Fueron víctimas de más de un delito 41% 20%

Casos en los que el delito sufrido fue un robo 98% 92%

Sufrieron amenaza u otra forma de violencia en el delito 55% 44%

Fueron amenazados con arma de fuego 50% 45%

Sufrieron pérdidas materiales a causa del delito 89% 85%

Reportó el delito ante las autoridades 24% 34%

Casos en los que fue nulo el resultado de la denuncia 51% 45%

Monto estimado de las pérdidas materiales (promedio) $13,245.00 $11,854.00

En comparación con los resultados nacionales en el año 2001, el Distrito Federal

presenta el triple de casos que manifestaron haber sido víctimas de ilícitos y el

doble de casos que sufrieron más de un delito.

Gráfica 2.1.4


117

De igual forma, en esta urbe son más frecuentes los hechos delictivos

acompañados de amenazas u otras formas de violencia. En este sentido,

sobresale que en la mitad de los hechos con violencia hubo un arma de fuego

como instrumento intimidatorio.

Diez puntos porcentuales por debajo de la media nacional, se encuentra el índice

de denuncia en la Ciudad de México; y en el caso de las víctimas que

denunciaron, la mitad considera que el resultado fue nulo; en el 22% de los ilícitos

no procedió la denuncia, y sólo en 9 de cada 100 casos se consignó al

delincuente. En cuanto a las pérdidas materiales sufridas, el promedio de la ciudad

es inferior al nacional e incluso del Estado de México, en donde las pérdidas

promedio fueron de 19,523 pesos.

En el año 2002 se realizó nuevamente la encuesta resaltando que el periodo de

medición fue la mitad que la primera investigación, por lo que con esta salvedad

se aprecia que en algunos indicadores, el nivel de variación porcentual fue bajo.

Cuadro 2.3

Indicador ENSI 1 ENSI 2

Fue víctima de un delito 14% 9%

Fueron víctimas de un solo delito 80% 77%

Fueron víctimas de más de un delito 20% 23%

Casos en los que el delito sufrido fue un robo 92% 90%

Sufrieron amenaza u otra forma de violencia en el delito 44% 47%

Reportaron el caso ante alguna autoridad 34% 26%

Periodo de medición (Retrospectiva) 1 año 6 meses

En esta aplicación se incluyeron nuevos indicadores que nos permiten conocer

otras características del fenómeno delictivo. El 41% de los entrevistados manifestó

que el victimario era un joven de aproximadamente 26 años. Con el mismo

porcentaje se ubicaron los encuestados que expresaron que su agresor estaba


118

bajo el influjo de alguna droga. Asimismo, el 63% percibió que el delincuente era

experimentado y en el 57% de los casos participaron un mínimo de 2 delincuentes.

Gráfica 2.1.5

El segundo estudio concluye que en México, durante el primer semestre del 2002,

en 2 millones de hogares; es decir, 9% de los hogares del país, hubo víctimas de

delitos. Ascendió a 3.7 millones de personas las víctimas de la delincuencia

(Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad, México, Agosto, 2002).

Tres años más tarde nuevamente se aplicó la Encuesta Nacional sobre

Inseguridad (Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad, México,

Septiembre de 2005) en su tercera edición, pero apegando el estudio a estándares

internacionales y métodos estadísticos recomendados por la ONU para este tipo

de investigaciones, en la que se analizó el periodo de enero a diciembre de 2004,

obteniendo los siguientes resultados:


119

Cuadro 2.4

Porcentaje Indicador

22% Fue víctima de un delito antes de 2004

11% Fue víctima de un delito después del 2004

88% De las víctimas sufrieron el delito en la entidad donde viven

73% De las víctimas sufrieron el delito de robo

Fuente: ICESI. “Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 - ENSI 3”, México, Septiembre

2005.

Según el análisis realizado por los organizadores del estudio, la media en la

prevalencia (Prevalecía es la estimación del número de víctimas), fue de 11,246

personas por cada 100 mil habitantes a nivel nacional en el año 2004; mientras

que la incidencia (Incidencia es la estimación del número de delitos), fue según

estadísticas oficiales de 1,336 casos.

Cuadro 2.5

Estado Porcentaje de

víctimas

Porcentaje de

Viviendas

Tasa por cada 100

mil habitantes

Baja California 20% 28.8% 20,720

Distrito Federal 19% 24.7% 19,663

Estado de México 15% 22.9% 16,147

Media Nacional 11,246

Fuente: ICESI. “Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 - ENSI 3”,

México, Septiembre 2005.

Como se observa en el Cuadro, el Distrito Federal tiene una alta prevalencia,

aunque proporcionalmente inferior a otras entidades como Baja California, cuya

población es considerablemente inferior a la de la Ciudad de México.

Ahora bien, lo que es de resaltar, es que de este universo de ilícitos solamente se

registra el 12%, mientras que el promedio mundial es del 33%. Sobre el particular,

según la ENSI 3, 77% de los delitos no son denunciados a nivel nacional, mientras

que el promedio en diversas regiones del mundo no rebasa el 65%.


120

Cuadro 2.6

Región Promedio de no denuncia

América Latina 63%

África del Norte 60%

África Sub-Sahariana 50%

Asia 65%

Fuente: ICESI. “Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 -

ENSI 3”, México, Septiembre 2005.

El porcentaje de no denuncia del Distrito Federal es del 74%, lo cual, es muy alto;

sin embargo, es inferior al de otras entidades como el Estado de México (86%);

San Luis Potosí (90%); Guerrero (91%) o Puebla (95%). Es decir, aunque es

considerable el índice delictivo, el porcentaje de no denuncia – aunque alto- no

alcanza niveles de otros estados.

La misma investigación, arroja que más de la mitad de las víctimas (53%), no

denunció por considerarlo una pérdida de tiempo o por desconfianza en la

autoridad. En el caso de las víctimas que sí denunciaron, solo en 20 de cada cien

casos se inició la averiguación previa; de estas indagatorias iniciadas, en la mitad

de los casos (49%), no sucedió nada. Si a esto le restamos, los casos

consignados ante un Juez, y más aún los casos en los que se emitió sentencia, el

número de casos que llegaron a término sancionando al delincuente es mínimo.

Esto genera un círculo vicioso y perverso de la impunidad. Ejemplo de ello es que

solo en 12.6% de las víctimas de robo, recuperaron el objeto robado. El promedio

de la pérdida económica a nivel nacional es de $7,819.00 M.N.

Otros estudios sobre el tema son las publicadas periódicamente en medios

impresos como el periódico Reforma, El Universal o la Revista Este País, entre

otras publicaciones, algunas con un alcance de medición nacional y otras

específicamente en el Distrito Federal, sin embargo, en virtud de que varias de

ellas no son estrictamente encuestas sobre victimización, sino más bien de opinión


121

o percepción del problema y sus soluciones. Como se puede observar, en estas

encuestas se presentan tendencias semejantes, lo cual nos permite ubicarlas

como un medio distinto y adicional que permite identificar un reflejo o fotografía de

la problemática delictiva en el Distrito Federal y parte de la nación en la que la

inseguridad y la delincuencia han invadido ya la cotidianidad de la población.


Los estudios sobre inseguridad pública aunque importantes y valiosas, corren el

riesgo de volverse poco útiles y poco creíbles por la subjetividad en las que puede

incurrir al tema. Ejemplo de ello, fue la nota publicada en el Periódico La Jornada

el día 22 de septiembre de 1998 (Periódico La Jornada, septiembre de 1998), en

la que se señaló que en una encuesta realizada por el Centro de Estudios de

Opinión de la Universidad de Guadalajara, “el 73.4 por ciento de los entrevistados

opinó que en los últimos seis meses han sido víctimas de algún delito”, lo cual

significaría que 3 de cada 4 de los habitantes del D.F. mayores de 18 años fueron

víctimas en el primer semestre de 1998, lo anterior, en caso de ser verídico,

hubiera generado un desborde social generalizado.

No obstante, se analizara a continuación los resultados de algunos estudios cuyos

realizadores gozan de prestigio y reconocimiento por su experiencia en este tipo

de análisis:

Según la Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización ENICRIV-

2004, en México “una de cada tres personas se siente insegura o muy insegura

caminando de noche por su colonia o poblado”; mientras que el “37% de las

personas consideran probable que alguien entre a robar a su vivienda en los

próximos 12 meses” (Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad,

México, 2004). Haciendo una revisión retrospectiva, de acuerdo a la Primera

Encuesta Nacional sobre Inseguridad en Entidades Federativas, realizada por el

Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), “el 75% de los


122

mexicanos percibió incremento de algunos delitos en el 2001 respecto al

2000”…”el robo es el delito que la población percibe que sufrió un mayor

incremento durante ese periodo”…”el 47% de los mexicanos se sienten inseguros

en el lugar donde radican”…”casi la cuarta parte modificó ciertos hábitos o

actividades por la inseguridad” (Instituto Ciudadano de Estudios sobre la

Inseguridad, México, 2002). Resalta el estudio al hacer una revisión por entidad

federativa, que el 80% de los entrevistados pertenecientes al Distrito Federal, se

sienten inseguros (Ibídem).

Nuevamente en el primer semestre del año 2002, el ICESI aplicó la Encuesta,

contrastando que el 83% de los entrevistados en el DF manifestó sentirse algo o

muy inseguro a diferencia del 44% a nivel nacional que expresó la misma

respuesta (Ibídem). Los espacios en los que la población se percibe más insegura

son el transporte público y la vía pública. Asimismo, los mayores porcentajes de

respuesta relativos a los tipos de robo que se han incrementado son el “robo en la

vía pública”, de “autos”, y a “casas”. Un dato importante es que aparte de los

robos, el 54% considera que ha aumentado la venta de drogas al menudeo y el

42% el Narcotráfico (Op. cit.). Como consecuencia, las personas analizadas

manifestaron que por la inseguridad han dejado de realizar actividades tales como:

salir de noche, llevar dinero, usar joyas, visitar a parientes o amigos que viven

lejos, salir muy temprano y tomar un taxi o transporte público.

En el año 2004, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara

de Diputados, realizó un informe sobre 25 indicadores sobre la inseguridad pública

en México, recurriendo a una serie de fuentes y encuestas realizadas a nivel

nacional y local, entre las que resaltan: ICESI, Reforma, El Universal, Consulta

Mitotsky, Parametría, entre otras, haciendo un análisis retrospectivo entre 1999 y

2004, obteniendo -entre otros- los siguientes resultados:


123

Cuadro 2.6

“Actualmente, cuatro de cada diez mexicanos

se sienten “inseguros” o muy “inseguros” en el

lugar en el que viven”

“En junio de este año (2004), 43% señaló que,

considerando la situación de hace un año, la

inseguridad ha aumentado”

“A mayores niveles de urbanización, ingreso y

escolaridad de la población crece la sensación

de inseguridad”

“Los asaltantes, en general, son menores de 35

años, percibidos como experimentados y, en un

30 por ciento de los casos, actúan en pareja”

“Alrededor de la mitad de quienes no

presentaron la denuncia, argumentaron que

esto no tendría ninguna utilidad o bien que son

trámites largos y difíciles”

“Alrededor de una quinta parte de los

entrevistados han adoptado alguna medida

para sentirse más seguro”

“A mayores niveles de urbanización, ingreso y

escolaridad se incrementan cambios de

conducta para prevenir la delincuencia”

“Actualmente la mitad de la población considera

que las principales causas son económicas”

“Para ocho de cada diez personas

entrevistadas, la policía en general es corrupta”

“En el D.F. predomina la percepción de que la

policía está coludida con los delincuentes y que

otorga trato preferencial a gente con poder y

dinero”

“Los ciudadanos perciben que las condiciones

en que trabaja la policía son precarias”

“El combate a la corrupción aparece como una

de las principales demandas ciudadanas”

“Cuatro de cada diez ciudadanos aprueban la

justicia por propia mano”

Dicho reporte, nos permite ubicar un perfil de la percepción social sobre la

inseguridad a nivel nacional en los últimos años, nuevamente resaltando que la

percepción de inseguridad se agudiza en el Distrito Federal. Es significativo que

en las encuestas señaladas, se mantiene como constante la percepción de

inseguridad asociada al lugar de residencia, así como del aumento de la

problemática en referencia a años anteriores, lo cual, contrasta con las cifras

oficiales que han señalado una tendencia –aunque lenta- a la baja. Por otra parte,

la población percibe mayor violencia en los actos delictivos, esto coincide con la

información gubernamental, particularmente, en cuanto al uso de armas y la

participación de jóvenes en los ilícitos. En cuanto a la denuncia de los delitos, la

población continúa percibiendo que no tiene utilidad o escaso resultado, además


124

de asociar a la policía y a las instituciones de seguridad y justicia con actos de

corrupción y a vínculos con los delincuentes. Ante ello, como se muestra en los

datos referidos, es de notar que el 40% aproximadamente de la población,

aprueben la justicia por su propia mano.

En cuanto al análisis segmentado de la percepción social, es importante destacar

lo señalado por el reporte referido, toda vez que a mayores niveles de

urbanización, ingreso, y escolaridad aumenta no sólo la percepción de

inseguridad, sino también los casos de víctimas reales (Centro de Estudios

Sociales y de Opinión Pública. Septiembre, 2004). No es fortuito que la percepción

sea mayor en el Distrito Federal en relación a la media nacional, pese a los

esfuerzos realizados para contener la ola delictiva por parte del gobierno local.

Si recurrimos nuevamente a la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005, ENSI-3

(Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad, 2005) para identificar la

percepción nacional de la inseguridad se encuentra que el 85% de los mexicanos

considera que los delitos “siguen igual o aumentaron durante el año 2004 en el

municipio donde viven”.

Asimismo, “el 54% de la población se siente insegura en la entidad en que radica”

La gente se siente más insegura fuera de casa, en diversos espacios en los que

desarrolla su vida cotidiana, principalmente relacionados a la calle. Lo anterior, ha

provocado que el 26% haya cambiado algún hábito o dejo de realizar actividades,

por temor a ser víctima de algún delito durante el año 2004.


125

Cuadro 2.7

Porcentaje Indicador

42.7% Ha dejado de usar joyas

32.7% No portan tarjetas de crédito

27.9% Ha dejado de llevar dinero

25.0% Ha dejado de tomar taxis

23.2% Ha dejado de visitar parientes

Fuente: ICESI. “Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 - ENSI 3”,

México, Septiembre 2005.

Según el estudio, resaltan entre las medidas de autoprotección utilizadas por la

población la adopción de acciones con sus vecinos, colocar rejas, bardas,

cerraduras, tener perro guardián, aumentar la seguridad para el auto, vigilancia

privada en la calle o colonia y contratar seguros para casa o negocio. Un dato

importante es que 6 de cada 100 entrevistados manifestaron como medida

adoptada el portar armas.

En síntesis 8 de cada 10 personas “aseveran que su vida se ha visto afectada a

causa de la inseguridad.” Al igual que la incidencia y la prevalencia del delito, la

percepción social tiene un reflejo diferenciado entre entidades federativas.

Mientras que el 73% de la población local se percibe insegura en Sinaloa, 71% en

el Estado de México, 62% en Baja California, sólo el 19% de los habitantes de

Colima se siente en tal situación, en contraste con el 86% de los capitalinos.

Este dato es de suma importancia porque como se observó, el Distrito Federal no

tiene la tasa más alta de incidencia, ni los mayores índices de violencia, ni de

prevalencia por cada cien mil habitantes, pero si la mayor percepción social de

inseguridad.

La inseguridad pública, continúa siendo y será en el futuro mediato una de la

mayores preocupaciones de la población capitalina, en tanto no sólo se ataque el


126

problema real (inseguridad objetiva), sino también la percepción del problema

(inseguridad subjetiva); dicho en otras palabras, se requiere además de mejorar la

seguridad, el incidir para que la población se sienta más segura. Los niños y los

jóvenes no escapan a este sentimiento de inseguridad generalizado. En el caso de

los menores capitalinos le temen más a la muerte (18%) y a los robos (15%),

sobre otros factores de miedo como las enfermedades, perder su casa, que lo

abandonen sus padres, al maltrato, a los animales, insectos, e incluso, sobre el

temor a la oscuridad y a los fantasmas (Consulta Mitofsky, 2004). A este grupo de

edad al realizarles preguntas focalizadas, el 81.8% manifestó que les daba miedo

que roben su casa; respuesta con un porcentaje muy elevado, sólo antecedido por

el temor a que los atropelle un carro (92.7%) y la guerra (90.5%).


De acuerdo con los mecanismos por los que la legitimación de la violencia actúa,

la percepción que se tiene de la situación a la que se le aplica la violencia es

crucial (Fernández y cols, 2007).

Romero (2007) considera que no es suficiente investigar solamente lo que la gente

piensa acerca del crimen y del delito, sino que es necesario incluir las formas en

como los sujetos reaccionan frente a esta temática y los significados que le

atribuyen; se trata de acercarse a las experiencias que particularmente ellos han

tenido con estos temas y cómo los han significado.

Así que la reacción del individuo y los grupos ante la forma de castigar un hecho

delictivo o lo que reconocen y significan como criminal, está fuertemente

atravesada por estas construcciones. Como se expuso en párrafos anteriores, si

se considera que el delito es un fenómeno que está fuera de control y éste puede

ser una amenaza latente para las personas, se justifica con mayor razón el uso de

la violencia para protegerse de cualquier acto delictivo.


127

Un aspecto sumamente interesante en esta percepción del delito y su relación con

la legitimidad es la figura del delincuente; ya que dependiendo de los significados

que se le otorguen será la forma en que se responda a él. Tricornia (2000)

considera que “el sospechoso” es una categoría que se ha construido

estereotipando rasgos físicos tales como la tez oscura, la ropa pobre o descuidada

y el pelo largo.

Sabucedo y cols. (2004) mencionan que atribuirles una serie de rasgos y

características que justifiquen el recurso de la violencia a unas acciones que, en

principio, son moral y socialmente condenables, es una estrategia muy a menudo

utilizada por los gobiernos. Además de este factor, existen otros como los de

despersonalización del delincuente y valoración asimétrica del sufrimiento de la

víctima.

En este contexto, Martín-Baró (2003) desarrolló la categoría de “polarización” con

base en la imagen del “enemigo”:

El enemigo constituye el estereotipo por excelencia que sirve para encarnar la

causa de todos los males para justificar aquellas acciones en su contra que de

otro modo resultarían políticamente inaceptables. El matar a otra persona deja de

ser delito para convertirse en necesidad social tan pronto como esa persona es

definida como enemigo, así su asesinato es amparado por la autoridad (Martín-

Baró, 2003; p.42).

Martín-Baró (2003) entiende por polarización el proceso psicosocial por el cual las

posturas ante un problema tienden a limitarse cada vez más a dos esquemas

opuestos y excluyentes al interior de un determinado ámbito social. Esta

polarización es parte de la cultura de la violencia y está presente en la

construcción social de la imagen del enemigo.


128

De esta manera, se da en las personas una victimización y estrechamiento de la

percepción del otro, de tal forma que ocurre una división entre “nosotros” y “ellos”,

y se perciben aspectos negativos del grupo o la persona extraña o percibida como

contraria (Martín-Baró, como se citó en Lozada, 2004). Sin embargo, esta

percepción del otro y de justificación de la violencia propia es más compleja que lo

expuesto, ya que intervienen un sinnúmero de elementos en este proceso.

La polarización impulsa la naturalización de la violencia y su legitimación, todo

esto a través de una especie de habituación a las violencias cotidianas. El temor

hacia el otro, que es parte de reconocer al otro como enemigo, genera una

angustia que permite que la persona utilice métodos violentos para

salvaguardarse.

Por lo tanto, cuando un discurso de seguridad establece cuáles eventos y actores,

qué y a quién debemos temer, necesariamente establece al “otro” (el delincuente o

simplemente el extraño que merodea el vecindario).

Lozada (2004), en un análisis que realiza sobre la situación de violencia política y

estructural en Venezuela, retoma lo que Martín-Baró muchos años atrás

desarrollaría en el conflicto de El Salvador. Menciona que el problema de la

percepción estereotipada de los grupos opuestos impide o dificulta el diálogo y la

solución de conflictos por distintos medios a la violencia, situación que entorpece

en demasía la convivencia cotidiana.

Bar-Tal (Saucedo y cols. 2004), destaca esta estrategia de deshumanización del

adversario, y señala que habitualmente se siguen tres procedimientos:

a. Calificar a los adversarios como violadores de las normas sociales

b. Atribuirles rasgos de personalidad o características que provocan un fuerte

rechazo social


129

c. Compararlos con otros grupos sociales o políticos que son negativamente

evaluados por la ciudadanía

Todo ello tiene como finalidad construir una imagen hostil, siniestra e inhumana

del otro que impida la aparición de cualquier tipo de empatía cuando se utilice la

violencia hacia ellos.

Por otro lado, también se puede dar un efecto contrario, en donde se tienda a

deslegitimar la violencia hacia el otro, y esto ocurre cuando las personas se

identifican con las figuras del delincuente. Cuando no existe tal identificación, se

justifica su castigo “si ha sido castigado es porque se lo merecía”.

En un estudio realizado por Sánchez, Barreto, Correa y Fajardo (2007) sobre las

representaciones sociales de un grupo de 20 estudiantes universitarios frente a un

acto terrorista en Bogotá (carro bomba), se encontró mediante la entrevista

abierta, que algunos entrevistados consideraban que los responsables podrían ser

los grupos armados ilegales (FARC, AUC), los terroristas y el gobierno, y

dependiendo del responsable, se dotaba de distintos significados al acto. Por

supuesto, todos consideraban la explosión del carro bomba como una medida

inadmisible, pero ciertos actores que se sentían más impactados emocionalmente

hacían una crítica más fuerte de los posibles grupos que utilizaron esta acción

violenta.

Fernández (1997) considera que la degradación de los valores y de los lazos

comunitarios puede conducir a desear el aniquilamiento del otro, el castigo

indiscriminado o la pena de muerte. “El castigo se confunde con la venganza en la

lucha imaginaria donde se fusionan el crimen con el criminal, perdiendo de vista

que el crimen, no se suprime matando al criminal” (p.32).

Por este tipo de razones, Mockus (2002) planteó en su programa para reducir los

índices de violencia y el delito, entre otras cosas, ver al “otro” como similar a uno,


130

creer que uno al igual que los demás puede entender predominantemente por “las

buenas”, constituyen las bases de un respeto ciudadano. Esto incluye tanto a la

sociedad civil como a las personas que se dedican a delinquir o a violentar los

espacios sociales.

2.6. ELEMENTOS PARTÍCIPES EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN

LA INSEGURIDAD PÚBLICA

Lo expuesto hasta ahora en la investigación, permite observar que el tema de la

legitimación de la violencia como resultado del abandono de las estrategias de

seguridad resulta ser complejo y sobre entendido. En las siguientes afirmaciones

se presentaran los distintos elementos que participan en el proceso legitimador,

tales como la percepción general del delito, la percepción de inseguridad, el

descontento social basado en las instituciones de procuración e impartición de

justicia y las concepciones sobre el uso de la violencia en la vida cotidiana.

Además, se tomara en cuenta la participación de la cultura y los medios de

difusión masiva. Ahora bien, tomando en cuenta la complejidad del tema, también

se explica la manera en que estos elementos se interrelacionan para que se

pueda dar o no legitimidad a las medidas violentas sobre seguridad que el Estado

ha propuesto y llevado a cabo para tratar el tema de la inseguridad pública en

México.

2.7. ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA QUE

REPERCUTEN EN LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA.

Por otra parte, para conocer mejor el fenómeno delictivo en sus manifestaciones

objetivas que ahora trascienden a la esfera de lo subjetivo, se considera pertinente

mencionar 4 características nuevas de la actuación de la delincuencia como son:

a. Apto a la ola delictiva, se nota un alza en los índices de violencia y

agresividad en la comisión de dichos actos;


131

b. La delincuencia, ha desarrollado una serie de nuevas prácticas, como es el

estar mejor estructurada y organizada, cuenta con mayor tecnología y

recursos que las fuerzas de seguridad pública;

c. La delincuencia cada día absorbe a más jóvenes en este tipo de actos;

d. La delincuencia se ha apropiado de formas de organización y relaciones

sociales-comunitarias, e incluso ha penetrado las esferas de la economía y

la política así como los órganos de seguridad y justicia.

Y el gobierno no ha entendido nada en lo que respecta a la seguridad pública en

estos aspectos para una pronta solución a estas medidas de delincuencia.


Como se pudo observar en los apartados anteriores, resalta que en casi la mitad

de los casos de robo en sus diferentes tipos y modalidades, las víctimas sufrieron

amenazas o alguna forma de violencia. Asimismo, en casi la mitad de los delitos

violentos, el instrumento de amedrentamiento fue un arma de fuego, lo que da

cuenta que aparejado al fenómeno delictivo se han generado mercados alternos

como el tráfico de armas, que paradójicamente, en el mes de mayo del 2005,

dicho sea de paso-como medida frente a la inseguridad, los legisladores

modificaron la normatividad en la materia para facilitar el acceso a la compra de

armas reglamentadas para fines de defensa familiar en el hogar.

A la población de México, no solo le preocupa la comisión de actos que atentan

contra la propiedad de las personas, sino sobre todo el riesgo que corren en su

integridad física al ser victimizados. Dicha preocupación social no es fortuita, ya

que la comisión de delitos va acompañada de una carga de violencia, como es el

caso de robo en sus modalidades de asalto, robo de vehículo con violencia, robo

en transporte, entre otros. Tanto los delitos denunciados como la información

periodística muestra, que en muchos de los casos éstos van acompañados de


132

violencia psicológica o física. Pareciera que la delincuencia no sólo se reproduce

numéricamente, sino que ahora es más violenta.

Se estima que en el 40% de los delitos, el agresor iba armado. De estos, en el

31% de las situaciones delictivas el delincuente agredió con el arma a su víctima.

El 58% de los delincuentes armados, portaba arma de fuego y el 36% arma

blanca. En el caso de robo, destaca que en el 75% de los eventos, el delincuente

iba armado, y de éstos en el 59% el arma de agresor era de fuego. No hay que

olvidar que según la estimación de la prevalencia delictiva, 3 de cada 4 delitos son

robos. Por lo anterior, el 48% de las víctimas de robo manifiesta haber obtenido

daño emocional a raíz del suceso (Op. cit.).

Según la ENSI el 92.3% de los delitos son cometidos por hombres. En cuanto al

número de los delincuentes, señala que 4 de cada 10 robos son cometidos por

tres o más delincuentes. Lo anterior es relevante, ya que el 40% de los robos con

violencia son a transeúntes. “La mayoría de los robos con violencia a transeúnte

suceden durante la tarde y las primeras horas de la noche” (Ibídem).

El caso extremo del ejercicio de la violencia es el homicidio, pero no es el único

indicador de la violencia urbana, los son también las lesiones dolosas, el

secuestro, el secuestro exprés, la extorsión disfrazada de secuestro y la amenaza

psicológica, pese a que en las encuestas y las cifras oficiales, el secuestro no

rebase el 1% de las víctimas.

Para un delincuente, el portar un arma facilita el logro de su objetivo; mientras el

arma provoque mayor temor en la víctima, ocupará menor tiempo y obtendrá

mejor resultado al cometer un ilícito. Sin embargo, el ejercicio de la violencia sobre

una víctima de robo por ejemplo-no siempre responde a que ésta fue utilizada

como último recurso para despojar a una persona, sino en muchas de las veces es

utilizada sin motivo. Es el sello particular de la delincuencia actual.


133

La violencia, caracteriza tanto a la delincuencia organizada como a la delincuencia

convencional. Por citar tan solo algunos ejemplos:

• Ahora es más frecuente que las bandas de asaltantes en los transportes

públicos dejen en los pasajeros secuelas de violencia física o psicológica e

incluso de muerte.

• Algunas bandas de secuestradores mutilan algún miembro de sus víctimas

(orejas, dedos de las manos, etc.) para presionar a los familiares y acelerar

la entrega del rescate. (Recuérdese el caso de la banda de “los Arizmendi”,

cuyas formas de trabajo fueron tan ampliamente presentadas por los

medios de comunicación).

• Asimismo, el asesinato por presuntos ajustes de cuentas entre particulares,

entre narcotraficantes, entre delincuentes y policías, éstos entre muchos

otros casos, son historias recurrentes en algunas ciudades y recientemente,

van cobrando importancia en México.

El grado de violencia que acompaña a la ola delictiva, provoca que la sociedad

también quiera que con violencia se enfrente el problema. Al respecto, Tello Peón

sostiene que “se asume acríticamente la idea de que la violencia se combate con

violencia sin reparar en que con ello se activa una dinámica espiral ascendente la

cual, una vez detonada, es muy difícil y complejo detener” (Tello Peón, Nelia.

2007).

En síntesis, además de los indicadores del fenómeno delictivo, no se puede dejar

de lado que la inseguridad se reproduce no solo en la esfera de lo objetivo, de lo

concreto, de lo real; sino también y con efectos sociales mayores en el plano de lo

subjetivo. Es cierto, que la delincuencia cada día es más violenta, pero también,

existe una carga de imparcialidad en la población sobre la magnitud del problema.



134

La delincuencia, ha desarrollado una serie de nuevas prácticas, como es el estar

mejor estructurada y organizada, cuenta con mayor tecnología y recursos que las

fuerzas de seguridad pública. La delincuencia no es un concepto ni un cuerpo

homogéneo, existen diversos tipos de delincuencia y en consecuencia de

delincuentes. Para efectos de este análisis, es necesario diferenciar entre

delincuencia convencional o también denominada espontánea de la delincuencia

organizada.

La delincuencia convencional se refiere a aquellos sujetos que cometen actos

delictivos en forma aislada y desarticulada. Los motivos que propician la comisión

de delitos van desde la necesidad económica, problemas psicológicos, por asumir

la ilegalidad como forma de vida o por circunstancias específicas. Este tipo de

delincuentes, es el que se inicia por robos a pequeña escala, para posteriormente

estos sujetos formarán parte de las filas de la delincuencia organizada. En este

rubro de delincuentes convencionales, se encuentran los ladrones de autopartes,

los que roban ocasionalmente a los transeúntes para obtener recursos para la

compra de sustancias tóxicas, algunos defraudadores menores, entre otros. En el

caso de los jóvenes, algunos se inician por diversión, placer, sentimientos de

frustración, reconocimiento, resistencia social o necesidad económica, entre otros

factores.

A diferencia de la anterior, la delincuencia organizada cuenta con formas

organizativas y objetivos diferentes de la delincuencia convencional, pero también

se diferencia de los grupos terroristas o de grupos guerrilleros, aunque en algunos

casos puedan cometer el mismo tipo de ilícitos como son los atentados y los

secuestros.

Según Brian Sullivan (Sullivan, Brian. 1997), la delincuencia organizada se

caracteriza por los siguientes aspectos:

• Carece de ideología.


135

• Tiene una jerarquía organizada.

• Tiene continuidad a través del tiempo.

• Tiene consentimiento para amenazar o usar la fuerza.

• Tiene miembros restrictivos.

• Obtiene ganancias mediante la actividad delictiva.

• Provee mercancías y servicios ilegales demandados por los segmentos de

la población general.

• Neutraliza a algunos políticos y funcionarios públicos por la corrupción o la

intimidación.

• Busca monopolios de mercancías específicas o servicios.

• Asigna actividades especializadas a miembros de la pandilla. (sic)

• Tiene un código de reserva.

• Cuidadosamente planifica metas a largo plazo.

Cabe señalar, que la delincuencia organizada tampoco es un grupo delictivo, sino

una diversa gama de organizaciones criminales. En México, existen diversas

organizaciones delictivas especializadas en robos a bancos, secuestros, robo de

vehículos, robo a transportistas, piratería, lenocinio, tráfico de personas, armas y

sobre todo las relacionadas a la producción, tráfico y comercialización de drogas.

A simple vista puede pensarse que cada organización criminal se especializa en la

comisión de algún tipo de ilícito, lo cual es cierto en forma parcial, ya que cada día

se va consolidando una tendencia a la polivalencia en las actividades delictivas de

las bandas; es decir, las bandas relacionadas al tráfico y venta de drogas en la

ciudad, también pueden participar significativamente en el robo de vehículos o en

lenocinio, lo cual hace más complejo entender y atender la problemática.

Lo anterior, según las autoridades ha contribuido a la modificación de ciertos

comportamientos delictivos, como es el caso del robo de auto, ya que según el

Secretario de seguridad Pública “los delincuentes que estaban recibiendo por un

carro robado para remarque hasta 5 mil pesos, se les depreció el mercado


136

también a ellos, están recibiendo ellos 3 mil pesos”…”Entonces, estas mismas

personas que utilizan el mismo proceso para robarse un banco(sic), lo han hecho

similar al robo a cuenta habiente, entonces pueden estar utilizando su mismo

esquema y el dinero es directo. No están adquiriendo un vehículo caliente, no lo

tienen que andar cuidando, lo tienen que andar guardando para entregárselo a la

persona que se los va a comprar, si no es dinero que llega, recogen el dinero, y

esa podría ser la explicación ya de esta posible migración”. Es decir, ahora es más

atractivo y se corre menor riesgo al robar a un cuenta habiente que un auto.

Otro aspecto importante, es que no necesariamente los grupos de la delincuencia

organizada están confrontados, sino por el contrario, están desarrollando alianzas

y negociaciones y coexisten en un determinado territorio o giro de la actividad

criminal, salvo en los casos en los que existe una clara confrontación de intereses,

particularmente en el narcotráfico.

En 1997, la Comisión del Crimen de Chicago realizó el informe titulado: “La Cara

Cambiante del Crimen Organizado en América”, el cual en su idea original fue

planteada para los ciudadanos de aquel estado norteamericano, pero los

resultados permiten comprender la criminalidad organizada en forma global,

incluyendo la de nuestra Ciudad.

Señala el informe: “los cambios dramáticos en sistemas sociales, políticos y

económicos alrededor del mundo, así también como avances extraordinarios en la

tecnología de comunicación y en el transporte, han abierto nuevas vías para la

actividad criminal organizada y métodos nuevos de operación” (Linberg, Kirsten.

1997).

El reporte menciona que existen grupos tradicionales y nuevos de criminalidad

organizada que al paso del tiempo han desarrollado las siguientes tendencias:


137

• El crimen organizado no se limita a los ámbitos nacionales e

internacionales.

• Los grupos del crimen organizado están formando alianzas para capitalizar

fuerzas.

• Explotan mercados nuevos cada vez más sofisticados.

• Invierten sus recursos ilícitos en negocios legítimos (restaurantes, fábricas,

bines raíces, inversiones, etc.).

Según F. Carrión, el crimen organizado opera a través de “economías ilegales (no

informales) bajo reglas impuestas bajo la propia violencia. Son escenarios de

mercados ilegales donde se comercian armas, drogas ilícitas, sexo, artículos

robados, o se desarrolla la “industria” del secuestro y del ajuste de cuentas.” Las

nuevas formas de las violencias, no solo que han acarreado el nacimiento de

nuevos actores y la transformación de los anteriores, sino que la propia

organización del delito requiere de otros personajes: el sicario, el pandillero, etc.,

todos de condición juvenil” (Carrión, Fernando).

Este mismo autor comenta que el crimen organizado funciona con un criterio

empresarial, con mayores y más variados recursos, y con una mayor infiltración en

la sociedad y el Estado.

Dentro de los giros del crimen organizado en la Ciudad de México, se encuentran

los traficantes de drogas, robo de vehículos y autopartes, robo a transportistas y

venta de artículos robados, lenocinio, asalto a transeúntes, el secuestro, entre

otros. En este sentido, se requiere una gran red bien estructurada para la

distribución y venta de drogas, al grado de poder llegar fácilmente al consumidor

final; situación similar se requiere, para desmantelar o vender aproximadamente

100 vehículos robados por día (Véase Ortiz V., Roberto. 1997, México).

La importancia de caracterizar a la delincuencia organizada, se debe a que no se

desea incurrir en el error de descontextualizar la problemática de inseguridad en el


138

país. La realidad de los habitantes de México es que deben enfrentar tanto las

expresiones de la delincuencia convencional, como a la delincuencia organizada.

Más aún, ambos tipos de delincuencia aunque diferentes no significa que no

cuenten con canales de comunicación y entrelazamiento, lo que hace aún más

compleja la problemática. La delincuencia convencional es la antesala de la

delincuencia organizada, es por tanto, una dinámica fuerte de recursos humanos

para fortalecer filas.

Se puede pensar que la delincuencia o más bien las mismas descritas forman

parte de los sótanos de México si es que se puede utilizar la expresión, pero la

delincuencia se ha convertido en una especie de micro sociedad o de un

segmento social, que cuenta con reglas internas y formas de hacerlas respetar,

con gran poderío económico, y formas de relación y convivencia (coexistencia)

social. Pero no solo coexisten e interactúan ambos tipos de delincuencia, sino que

además no son ajenos a la sociedad formal integrada por los habitantes de

México. Han penetrado en ella, sus integrantes y sus víctimas son parte de ella.

Otro aspecto a resaltar, es que la presencia y multiplicación de la delincuencia

organizada, ha encontrado tierra fértil en las ciudades donde se han venido

relajando las ligas sociales, donde se profundiza la despersonalización y cada

individuo se pierde en el anonimato. Es más fácil para la delincuencia penetrar en

sociedades fracturadas e individualizadas, que en sociedades tradicionales y de

mayor cohesión.

2.10. LA INCORPORACIÓN ANTICIPADA DE LOS JÓVENES EN LAS LÍNEAS

DE LA DELINCUENCIA.

El fenómeno de la delincuencia no se podría explicar e incluso difícilmente podría

existir sin un actor principal: los jóvenes. La presencia juvenil en la ola delictiva es

una característica de suma importancia, no solo como autora de ilícitos, sino

también como foco o víctimas de la delincuencia. Ejemplo de ello, es la dificultad


139

para comprender al narcotráfico sin un mercado potencial y también real de

consumidores de sustancias tóxicas en su mayoría conformado por jóvenes. La

vigencia hasta hace solo 30 años, era una parte considerable de este sector de la

población la cual se encontraba en condiciones de marginación. Se ubicaba al

joven como un actor importante en el desarrollo del país, sin embargo, con el

agotamiento del Modelo de Desarrollo que tuvo vigencia hace 30 años, un aparte

considerable de este sector de la población se encuentra en condiciones de

marginación y exclusión social.

En este sentido, “uno de los grupos más afectados, son los jóvenes de los

sectores medios y populares, los cuales han enfrentado problemas crecientes para

incorporarse a un mercado laboral cada vez más restringido y cada vez más

exigente en términos de calificación” (Alvarado Garibaldi, Salvador, 1997, México.

p. 18-20). Al respecto, cabe señalar, que no son necesariamente los jóvenes más

pobres los que se incorporan a las filas de la delincuencia convencional u

organizada, sino más bien, son aquellos que han sufrido un proceso de

pauperización paulatina, aquellos que presentan algún tipo de resentimiento social

o frustración, los que se encuentran en la frontera del tener y no tener (acceso a

satisfactores secundarios e incluso suntuosos) y la delincuencia se les presenta

como alternativa a sus aspiraciones, o bien, encuentran en la delincuencia

expresiones de aceptación, integración y reconocimiento, pero a la vez de acceso

a determinados bienes materiales, que por otras vías como el trabajo y un ingreso

lícitos, difícilmente podrían obtener. Es posible hacer extensivo este caso, cuando

se señala que “en quienes se concentra en mayor medida la frustración y la

inconformidad por las difíciles condiciones de vida actuales no es en quienes

menos han tenido siempre, sino en los empobrecidos a raíz de los resultados de

las políticas de ajuste, es decir, los excluidos; aquellos que no encuentra

respuestas a sus expectativas y en los cuales prevalece el sentimiento de engaño,

la ira contenida y la incertidumbre (Alvarado Garibaldi, Salvador. Op. Cit. p. 20).


140

Para muchos jóvenes, la delincuencia es una alternativa riesgosa pero real para

acceder a los bienes que se imponen como estereotipo en la sociedad de

consumo, es un medio de integración, pero no siempre es transitorio, sino por el

contrario la delincuencia se convierte en un mecanismo sustitutivo de trabajo

(lícito), que en las mayorías de las veces cuando se cuenta con uno es mucho

menos rentable.

En este orden de ideas, Ratinoff plantea que, “los datos sugieren que a medida

que la delincuencia aumenta, crece también la proporción de hombres jóvenes

que habitan en ambientes socialmente segregados y que se convierten en

víctimas o victimarios.”...”Hoy día hay indicios claros no sólo de pérdida de los

ideales (y por lo tanto de esperanza) sino además de activa adaptación a las

circunstancias, aferrándose a nuevos modelos e identidades que aseguran algún

poder territorialmente circunscrito, o a veces acceso a ingresos y oportunidades.

La afiliación a bandas juveniles expresa en parte la necesidad de utilizar los

factores de la segregación para adquirir poder sobre un ambiente hostil o

indiferente, y a su vez la territorialidad de estas organizaciones es una manera de

afirmar una identidad en medio del más radical anonimato” (Ratinoff, Luis. Mimeo

p-12). En este sentido Ratinoff y Alvarado G. utilizan dos categorías de análisis

diferentes (segregación y exclusión respectivamente) pero que en el fondo tratan

de dar cuenta de la misma problemática. La realidad y futuro inmediato que se les

presenta a los jóvenes no es alentadora, por lo que buscan otros espacios de

expresión, pertenencia y construcción de identidad y donde objetivamente tengan

acceso a determinados satisfactores básicos, secundarios o suntuosos.

En este sentido, Carrión M. dice que “el grupo poblacional masculino ubicado

entre 15 y 25 años se convierte en el segmento de la población más afectados por

la violencia, con lo cual la juventud asume la condición de principal actor de las

violencias, en cuanto agente y víctima (Carrión, Fernando).


141

Al respecto, otro dato revelador es que “en el penal de Santa Marta, por ejemplo,

de la gente procesada por homicidio, más del 50% tiene una edad promedio de 25

años” (Tello Peón, Nelia, 1997).

Como ya se explicó en las cifras de la inseguridad, “más de 7 de cada 10 delitos

son cometidos por personas entre 19 y 35 años.” (Instituto Ciudadano de Estudios

Sobre Inseguridad, 2005). Señala el informe de la encuesta citada “el uso de

armas es proporcionalmente mayor entre los delincuentes jóvenes de 12 18 años

“los delincuentes armados pasan del arma blanca al arma de fuego a partir de los

doce años de edad” (Ibídem).

De acuerdo con cifras oficiales, el 66.4% de internos y preliberados de reclusorios

del Distrito Federal, tienen entre 18 y 30 años. De este grupo el 83% fueron

recluidos por el delito de robo en sus diversas modalidades (Secretaría de

Desarrollo Social, 2002).

De acuerdo a las estadísticas del Consejo de Menores en el Distrito Federal, el

68% de los niños y adolescentes fueron ingresados a esa institución, por el delito

de robo calificado, mientras que el 11.1% fue por robo simple o tentativa de robo;

es decir, 3 de cada 4 ingresos fueron asociados al delito de robo.

Asimismo, la mayor parte de los menores tenían por ocupación ser estudiantes

(30.7%), comerciantes (14.7%), desempleados (13.6%), o alguna ocupación en la

calle (8.2%); es decir, actividades realizadas fuera del seno familiar que les facilita

relación con el entorno. En cuanto al nivel educativo, el 69.3% cuenta con estudios

entre el 6to. De primaria y el 3er. Grado de secundaria. El 60.2% cometieron la

infracción en la delegación Cuauhtémoc, siendo Iztapalapa y Gustavo A. Madero

las subsecuentes con porcentajes menores (Estadísticas del Consejo de Menores

del Distrito Federal. Secretaría de Seguridad Pública, México, D.F., 2003).


142

De acuerdo a un estudio realizado por un grupo de trabajo interinstitucional

encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social., en el cual realizaron estudios

a jóvenes reclusos, obtuvieron algunos datos relevantes entre los que destacan:

Resultados de encuentros con jóvenes reclusos:

• 88% presentan rasgos de desintegración familiar.

• 68% de los jóvenes son receptores de violencia en sus familias.

• 40% de las familias de éstos jóvenes desconocen las características del

grupo de referencia de su hijo, así como las actividades que desarrollan

regularmente

• 42%Abandonan la escuela por motivos económicos

• 45% Abandonan su empleo por la frustración de realizar actividades que no

son de su agrado e interés, y debido a la mala remuneración económica

• 63% De los jóvenes identificados como principal lazo de afectividad su

grupo de amigos en la colonia

• 46% Manifestaron consumir o haber consumido algún tipo de droga ilícita.

Asimismo, en cuanto al problema de las adicciones, un estudio sobre consumo de

drogas en los estudiantes de secundaria (Subsecretaría de Servicios Educativos,

Junio, 2004), resalta que el 11% de estos alumnos de secundaria consumieron

alguna droga. En el año 2000 fue de 10.5%, mostrando una ligera alza en el año

(2003), el 20.7% de bachillerato técnico, y 21.5% de estudiantes de bachillerato ha

consumido al menos una vez algún tipo de drogas; lo que implica que en el

promedio global, el 15.2% de estudiantes entre 12 y 17 años ha experimentado su

consumo.

En este tenor, el 7.2% alumnos de educación secundaria y media superior ha

consumido marihuana, lo cual contrasta, con el 3.5% que la consumía hace 10

años. En cuanto al consumo de cocaína en este sector escolar, pasó del 1.6% en

1993 al 4% en el 2003 (Subsecretaría de Servicios Educativos, Junio, 2004).


143

Panorama menos alentador se presenta en el consumo de alcohol, el cual han

ingerido alguna vez el 54.5% de los alumnos de secundaria; mientras que el

38.4% ha fumado tabaco (El consumo de tabaco ha disminuido sustancialmente

pasando de 49.4% en 1997 al 38.4% en 2003).

En el reporte de la SEP, se puede apreciar que el 28.1% de los estudiantes del

Distrito Federal, percibe que es "muy fácil" y "fácil" conseguir drogas, lo cual tiene

correlación con el mayor consumo de drogas ilícitas.

Otro aspecto relevante es que "el consumo de drogas, en particular de las

llamadas "duras" se de manera importante cuando los estudiantes no viven con

ambos padres" (Han consumido alguna vez drogas el 14.1% de los estudiantes

que viven únicamente con su padre; el 9.1% de los menores que viven con otros

familiares y el 10.6% de los que viven con otras personas que no son sus

familiares), y cuando los estudiantes tienen algún tipo de actividad laboral.

En contraste, según datos de Centros de Integración Juvenil, el 94.1 % de sus

pacientes atendidos, se inició en el consumo de drogas entre los 10 y 19 años de

edad (Centros de Integración Juvenil. "Perfiles de consumo en Tlalpan" DIE-CIJ,

Presentación, 2005). No hay que olvidar que entre consumo de drogas hay un

claro hilo conductor con la delincuencia.

En este orden de ideas, si uno observa las escenas televisadas o las fotos de

presuntos delincuentes detenidos, nuevamente aparecerá que los autores de los

actos ilícitos son principalmente los jóvenes. Al realizar un análisis social de la

inseguridad, se puede hacer un pronóstico poco alentador, ya que la composición

de la pirámide de edad de México, está fincada en su mayor proporción en niños y

jóvenes. Considerando lo anterior, la problemática de no incorporación de jóvenes

al mercado productivo o a la educación post-básica, así como el reducido acceso

a espacios de recreación, esparcimiento, deporte y cultura, serán aún mayores y


144

más graves, si no se desarrollan políticas integrales de atención a los jóvenes, no

como grupos vulnerables, sino como factor estratégico para garantizar la

gobernabilidad y viabilidad de la ciudad. El gobierno y la sociedad, deben

prepararse para atender las necesidades de los jóvenes, ya que en caso contrario,

las problemáticas de desempleo, delincuencia juvenil, adicciones entre otras, se

podrán desbordar aproximadamente desde el año 2010 (Véase las proyecciones

de la pirámide de edades de México en la revista Este País, abril de 1998 p. 86-

89).

2.11. JUICIOS SOBRE EL USO DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES

HABITUALES

Un semblante que puede llevar a las personas a legitimar la violencia en el tema

de la inseguridad es la forma en que ellas conceptúan a la violencia y la forma en

que la utilizan para resolver aspectos en sus vidas cotidianas, es decir, el uso que

se le da en las interrelaciones cotidianas. Aunque en el lenguaje existe poca

información sobre este aspecto, algunos autores como Barreto y Borja (2007);

Martín-Baró (2003); Mockus (2002) y Restrepo (2002) lo consideran fundamental

para legitimar otras formas de violencia.

Martín- Baró (2003) habla de que para que se desarrollen y legitimen ciertos actos

violentos tiene que haber un contexto que posibilite su ejecución. Para él existen

dos contextos que permiten estas prácticas: un contexto social y un contexto

inmediato situacional. El primero siempre tiene que estar presente, es lo que se

podría denominar una cultura que permite y justifica ciertos tipos de violencia. Este

autor se refiere a un marco de valores y normas, formal o informal que aceptan la

violencia como una forma de comportamiento posible e incluso la enarbola como

necesaria para lograr ciertos fines.


145

El segundo, es decir, el contexto inmediato se da en las interacciones sociales

cotidianas, como la que ocurre con los padres, maestros, compañeros de trabajo,

etcétera.

Al respecto, Restrepo (2002) afirma que en ciertos contextos es a partir de la

violencia que se generan formas de relacionarse comunitariamente y crear una red

de solidaridad social que tiene como base un “estar bien”, pero a través del delito.

Esto también lo podemos observar en nuestro país en lugares en donde se podría

decir, se convive diariamente con el delito.

Ante este fenómeno, Restrepo (2002) ofrece algunas consideraciones que pueden

servir como una posible línea de explicación. Él habla de cómo ciertas acciones

son significadas por la gente dándoles un valor superior en el caso que trabaja el

autor, el de la defensa de la comunidad como grupo amenazado por lo que se

llegan a “justificar” ciertos comportamientos. Es aquí en donde el estudio de los

significados, lenguajes e imaginarios de la vida cotidiana adquieren un papel

primordial en la compresión de las manifestaciones violentas, ya que permiten

orientar a las personas en la práctica social, y proporcionan un código de

intercambio social, pero esto únicamente puede llevarse a cabo en la interacción

con otras personas.

En un estudio realizado en México, concretamente en el centro del país, dedicada

a explorar la cultura ciudadana, se encontró que por lo menos la mitad de sus

habitantes (aproximadamente cuatro millones de personas) muestran gran

tolerancia hacia las ilegalidades, justificando actos corruptos con el fin de proteger

el patrimonio económico o defender a algún familiar principalmente. Además, un

punto central que destaca el estudio es que esta tolerancia a la corrupción tiene

sus bases en la desconfianza que existe en las autoridades (Encuesta de Cultura

Ciudadana, 2008).


146

2.12. LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO HAN PENETRADO LAS

ESFERAS DE LO POLÍTICO, LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL.

Otro aspecto socialmente preocupante, es que la delincuencia, en especial la

organizada ha invadido no recientemente, sino desde tiempo atrás, las esferas de

la política e incluso de la economía. En México es ampliamente reconocido que las

instituciones de seguridad pública, procuración, impartición y administración de

justicia, así como de readaptación social están infestadas de corrupción, desde los

casos de policías que aceptan o exigen una dádiva para no levantar una multa de

tránsito o remitir un sujeto al juzgado cívico por ingerir bebidas embriagantes en la

vía pública, hasta aquellos actos de corrupción en los cuales funcionarios públicos

reciben grandes recompensas para que delincuentes gocen de impunidad e

incluso protección.

Esta situación no es nueva, lo nuevo es que la relación entre criminalidad y

funcionarios públicos ahora es más evidente y sobre todo, se cuenta con mayor

información al respecto. Dentro de los antecedentes de protección policíaca,

resalta la labor del ex Secretario de Protección y Vialidad del DDF, Arturo Durazo,

quien fundo la ahora conocida "hermandad policiaca" desde finales de los 70´s, la

cual era una mafia interna que había dominado las fuerzas de seguridad pública

de la capital en los últimos 20 años (Aunque se ha ido debilitando esta estructura

organizativa, aún es un grupo de poder al interior de la SSP). En un artículo de la

revista Expansión, se señala que "El negro Durazo, no inventó la protección

policíaca para delincuentes pero, a tenor de todos los datos presentados, si lo

convirtió en una práctica institucionalizada de beneficios para él y sus secuaces.

En esos años, el mantenimiento de cierta tranquilidad en la capital del país pasó

por una "negociación" obligatoria entre autoridades y mafias policíacas. Si bien no

se hacía justicia, al menos se conservaba un orden" (Véase revista Expansión,

Artículo de portada, Agosto 26 de 1998, p. 27).


147

Este es tan solo un ejemplo, pero cada día salen a la luz pública otros casos más

relacionados a la complicidad de bandas criminales con policías preventivos,

agentes del Ministerio Público, policías judiciales, jueces, entre otros funcionarios

públicos. El problema de penetración de la delincuencia en instituciones públicas

se extiende más allá, ya que no solo se han invadido las instituciones de

seguridad y justicia, sino también espacios de la política y la economía.

Delincuencia, corrupción y lucha por el poder aparecen cruzadas en los asesinatos

de personajes de la vida pública, como fueron los casos del candidato presidencial

Luis Donaldo Colosio Murrieta, del ex Secretario General del PRI, Francisco Ruíz

Massieu. Otros ejemplos son los multimillonarios fraudes cometidos por directivos

bancarios, entre muchos casos más que forman parte de las conversaciones

cotidianas de los mexicanos.

En el ambiente social se percibe que "impera la impunidad" ya que no importa que

se detenga a un presunto delincuente, pues con relativa facilidad se puede evadir

la ley. Ahora bien, el problema no termina en la complicidad y tolerancia de las

fuerzas de seguridad y justicia, sino que ahora también se observa que son los

propios policías preventivos y judiciales los que cometen directamente robos,

secuestros, extorsiones, lenocinio, tráfico de drogas y armas, entre muchos delitos

más, es decir, los encargados de hacer cumplir la ley, en algunos casos son los

primeros que la violentan.

En un informe de la Unidad de Análisis Prospectivo del periódico El Financiero,

publicado el 26 de junio de 1994, se indica que "penetrados por las bandas del

narcotráfico, vía la corrupción, los cuerpos policíacos tienden a transmitir la

imagen del delincuente más que la del agente que brinda protección y seguridad a

la ciudadanía".

En este mismo sentido, Adolfo Aguilar Zinser comenta que "los policías civiles han

demostrado con evidencias cotidianas y apabullantes ser casi el enemigo público

número uno de los ciudadanos. No hay prácticamente ningún atraco que se


148

cometa en esta ciudad donde un policía no sea de alguna forma copartícipe,

cómplice o encubridor de los atracadores (Véase Periódico Reforma, 14 de marzo

de 1997 p 4-b).

El problema de la corrupción aunque se asocia a la policía, no es la única

instancia vinculada, sino en diversas esferas del poder el crimen organizado ha

extendido sus redes (Véase Revista Proceso, números 1443 (junio 2004),

(diciembre 2004), números 1471 y 1473 (enero 2005)). "En México, de acuerdo

con estimaciones del Banco Mundial, la corrupción absorbe alrededor de 9 por

ciento del Producto Interno Bruto, cifra superior al total del gasto educativo del

país" (Arellano Trejo, Efrén. "Impacto de la corrupción en la desconfianza política"

en Boletín del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Número 1).

Esta situación ha provocado que la ciudadanía muestre rechazo y deje de creer en

las fuerzas del orden; la relación entre ciudadanía y fuerzas de seguridad, es una

relación rota caracterizada por la corrupción, el abuso de poder y la desconfianza.

Poco impacto tienen las acciones de mejoramiento, depuración y moralización de

las policías, si no van acompañadas del crimen organizado.

Pero la afectación de la delincuencia a la sociedad no se limita a la penetración de

las instituciones públicas, sino que va más allá, pues la delincuencia se ha

apropiado de formas de organización y relaciones sociales-comunitarias. En

buena medida, la delincuencia finca sus bases en estructuras y redes que

incorporan lazos familiares, de amistad, de vecindad y solidaridad. Las bandas

criminales están perfectamente estructuradas, en ellas cada integrante juega un

papel específico, es una pieza en un gran rompecabezas.

Así como la mafia en Palermo, no sólo se confrontaba con el Estado, sino que era

el Estado mismo, porque lo había permeado a través de sus redes; el crimen

organizado ha ido generando paulatinamente un fenómeno hasta cierto punto

similar en México: el narcotráfico, que se ha ido imponiendo como una subcultura.


149

No es fortuito que en algunas zonas del país se asuma al narco como factor de

desarrollo e identidad.

Asimismo, en lo que se refiere a otras expresiones delictivas, es común que en

algunas colonias y barrios, la policía -cuando desarrolla su función- tenga dificultad

para realizar sus patrullajes o detenciones de presuntos delincuentes, porque la

banda cuenta con el apoyo de cientos de ojos y oídos, que los apoyan, esconden

y protegen. Así se puede entender como en cuestión de minutos se vacíen

bodegas de autopartes robadas, o tráileres llenos de mercancías (alimentos,

aparatos eléctricos, etc.).

Aunque las bandas criminales estén regidas por sus propios códigos y normas

internas, no se puede negar sus muestras de solidaridad, fraternidad, lealtad,

entre otros valores. Otro ejemplo es la protección comunitaria que brindan los

habitantes de algunos pueblos del interior de la república a narcotraficantes en

agradecimiento o respuesta a los mecanismos de inyección de recursos, apoyo

para obras públicas, infraestructura, entre otros beneficios directos para sus

comunidades.

Existen varios ejemplos no documentados en los cuales el delincuente pasa de ser

un agresor del orden social a benefactor comunitario; en algunos casos se

presentan como una versión moderna y desideologizada de Robín Hood. Hay que

señalar que no todas las organizaciones criminales utilizan métodos de

apropiación de redes comunitarias. Asimismo, varias bandas utilizan a niños y

jóvenes para realizar actividades aparentemente de trabajo lícito o de

sobrevivencia. El caso más socorrido es el narcomenudeo, un ejemplo de ello es

que para "sus actividades, los traficantes de drogas a nivel hormiga han reclutado

a menores de edad. En varias de las regiones. La forma de operar es la siguiente:

los adolescentes, de entre 13 y 17 años, recorren las calles y cuando detectan a

algún cliente potencial lo abordan para ofrecerle lo que están buscando; reciben el

dinero, van con el vendedor real y regresan con la droga. En muchas ocasiones,


150

usan bicicletas" (Informe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la

Ciudad de Cancún, 2004).

Estos son sólo algunos ejemplos, pero sin duda existen muchas otras formas en

que la delincuencia se apropia de relaciones y actividades aparentemente

normales y que forman parte de la vida cotidiana de las colonias, barrios y

unidades habitacionales en cualquier parte del país.

2.13. DESCONTENTO SOCIAL EN RELACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE

JUSTICIA

Autores como Guerrero (2003) y Lozada (2004), consideran que cuando se

desconfía de los sistemas de justicia y se percibe que las tácticas de solución de

conflictos han fallado, se puede llegar a legitimar la violación de los derechos

humanos. Fernández (1997) reflexiona sobre el descontento de la población y la

forma en que puede ser utilizado para legitimar la intervención autoritaria del

Estado y sus órganos de represión.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional (2011), las

instituciones en las que menos confían las personas son el Ministerio Público, la

policía y los partidos políticos. Por lo menos el 22% consideró que la corrupción

imperante en las instituciones gubernamentales, es el principal factor por el que la

justicia en México se encuentra tan rezagada (Instituto de Investigaciones

Jurídicas, UNAM, 2011).

Así, el descontento social es un buen discurso para justificar la violencia hacia el

otro considerado como delincuente, incluso hacia la propia sociedad civil, ya que

por un lado, esto puede provocar que se susciten los linchamientos, se apelen a

medidas represivas, o simplemente se acaten estas medidas sin realizar ningún

reclamo.


151

Grossi (1998) refiere que la impunidad y la corrupción conducen, por un lado, al

descrédito de las instituciones de impartición de la justicia y la preservación del

orden público; y por otro, a producir un alto grado de libertad cuando un victimario

toma la decisión de producir un acto violento.

Galeano (1996) opina:

En sociedades que prefieren el orden a la justicia, hay cada vez más gente que

aplaude el sacrificio de la justicia en los altares del orden: hay cada vez más gente

convencida de que no hay ley que valga ante la invasión de los fuera de la ley.

Hay un clamor creciente por la pena de muerte en la opinión pública de varios

países y continúa diciendo se considera normal la tortura del delincuente común, o

de quien tenga cara de; y llama la atención el silencio de algunos organismos de

derechos humanos, en países donde la policía tiene la costumbre de arrancar

confesiones mediante métodos de tortura idénticos a los que las dictaduras

militares aplican contra los presos políticos.

Fernández (1997) considera que ante la pérdida de la seguridad, la confianza en

las autoridades se cuestiona desde las raíces, lo que conduce a la indefensión que

lleva a las personas a sostener y pedir formas de protección autoritarias Por

ejemplo, el ejército que pretende reemplazar a otros organismos de seguridad, y

pretende que gracias a ellos se va a llegar a la paz social.

En cuanto a la procuración de justicia, el estudio llevado a cabo por Tello y Garza

(2000) sobre la cultura de la legalidad mostró que la mayoría de los entrevistados

consideró que la ley no cumple su propósito general y únicamente sirve a los

intereses de los políticos y clases adineradas del país. Además, consideraron que

los principales obstáculos para que México sea un país de leyes son precisamente

las autoridades y los políticos.


152

Al respecto, Sanders y Ferreira (1999) en su estudio sobre las representaciones

de justicia de denunciantes e impartidores de justicia, encontraron que las

relaciones que estos entrevistados tenían con la corrupción eran ambiguas, ya que

por una parte se le rechazaba; pero por otra parte, se le solapaba en la vida

cotidiana, tal vez como una forma de sobrevivencia.

Lo anteriormente dicho pone de manifiesto que el tema de estudio es sumamente

complicado; sin embargo, es fundamental desmenuzar su estructura para poder

comprender cómo se lleva a cabo el proceso de legitimación. Sin duda alguna el

tema de la inseguridad pública es uno de los que más pone a reflexionar junto con

la situación económica a los habitantes de este país, por lo que es preponderante

ofrecer, si bien no soluciones definitivas al problema de la violencia y delincuencia

que como se observó son difíciles, construir opciones eficaces de acción situadas

en el contexto y momento histórico particular.

Una vez que se han revisado brevemente los factores y escenarios propicios para

la generación y reproducción de la inseguridad y de sus fenómenos asociados, se

hará puntual la identificación objetiva y subjetiva del fenómeno.

Para tal efecto, es preciso recurrir en primer término a fuentes estadísticas de

información como son los índices de denuncia, así como los estudios de

victimización, y complementar el análisis con otras referencias de información que

permitan caracterizar en forma integral la inseguridad en el país.

Como se ha mencionado con anterioridad en esta investigación, la delincuencia ha

sido un problema presente a lo largo de la historia de cualquier sociedad, pero la

inseguridad se desborda cuando se pierde su control real y la población se ve

afectada por este fenómeno en los diversos ámbitos de su vida cotidiana

(Entiéndase control real a la capacidad del Estado de brindar seguridad pública y

mantener los índices delictivos bajos y tolerables por una sociedad concreta; es


153

decir, que la población no perciba como un problema prioritario al fenómeno

delictivo y de violencia).

Una forma de valorar el comportamiento delictivo en una sociedad son las

estadísticas sobre los índices de delitos denunciados, la cual se obtiene a partir de

los registros de denuncia sobre actos ilícitos ante la autoridad respectiva. Este

método, tiene como ventaja que detrás de cada cifra de las estadísticas existe un

expediente sobre un delito cometido; sin embargo, la falta de credibilidad e

ineficiencia de las instituciones de procuración de justicia, con el tiempo ha

provocado la pérdida de la confianza para denunciar los actos ilícitos. Es por ello

que este método aunque directo, su representatividad es parcial, ya que no refleja

los índices globales y reales de la delincuencia. A este sesgo en la información se

le conoce típicamente como “cifra negra” de la delincuencia. Otro método para

procurar tener un acercamiento a dichos índices, son los estudios sobre

victimización, las cuales “tienen la intención de cuantificar el verdadero volumen

de los delitos ocurridos y al mismo tiempo, identificar las características sociales y

económicas de las personas que han sido sus víctimas” (Arroyo Juárez, Mario,

1998).

Este tipo de acercamiento metodológico plantea llegar a las víctimas reales hayan

o no presentado la denuncia correspondiente, con lo cual, se obtendría

información real sobre la delincuencia y sus víctimas. Al respecto, se puede

mencionar que éste tipo de método ya es utilizado en forma cotidiana y con

experiencia sólida en varios países, lo que permite a las autoridades el contar con

información objetiva para el diseño de políticas de prevención y atención al delito y

sus consecuencias en la sociedad. En el caso de México, éste es un método que

ha empezado a utilizarse por medios de comunicación, empresas de estudios de

opinión e instituciones académicas. Ejemplo de ello son las encuestas realizadas

periódicamente por los medios de comunicación impresa: Reforma, El Universal,

Revista Este País, entre otros; así como por instituciones públicas o privadas entre

las que destacan: Fundación Rosemblueth, GEA-ISA, el Centro de Estudios de


154

Opinión (CEO) de la Universidad de Guadalajara, entre otros. Sin embargo, éste

tipo de método tiene varias desventajas, como pueden ser: fallas en su diseño

metodológico, intereses de quien proporciona su patrocinio o financiamiento,

objetivos no explícitos (o encubiertos para utilizarlas como instrumento político),

pero sobre todo la subjetividad en que puede incurrir en sus respuestas el

entrevistado.

Conociendo en forma general las ventajas y desventajas de ambos métodos, se

recurrirá a ellos con las debidas reservas, pero como medios necesarios para

identificar el comportamiento delictivo en el centro el país. Para con ello tratar de

poner nuevas trabas a la delincuencia por parte del estado, con nuevas formas de

seguridad pública

2.14. LA CULTURA DE LA VIOLENCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MASIVA

La violencia puede ser entendida como parte de la cultura en donde se ha dejado

de lado la resolución de conflictos familiares, sociales, económicos y políticos; y se

ha exaltado el individualismo y el consumismo en buena parte por los medios de

comunicación masiva, situación que se ve reafirmada por una serie de sistemas

de creencias sociales en las cuales se exalta la supremacía de los más fuertes

sobre los “débiles”; quizá éste sea uno de los factores primordiales para la

persistencia y permanencia de la violencia. El sobreponer el interés individual

sobre el colectivo, alimentando comportamientos violentos como la intolerancia, la

discriminación y el racismo.

De acuerdo con Martín-Baró (2003), la relación entre violencia y justificación obliga

a analizarla en el marco de los intereses y valores que caracterizan a cada

sociedad o cada grupo social, ya que uno de los factores que desata las prácticas

violentas es la posibilidad y permisividad de realizarlos.


155

Se podría hablar de que la violencia constituye un modo habitual de resolución de

conflictos y hasta de relación social (Grossi, 1998). Las diversas sociedades tienen

patrones culturales más o menos violentos para la solución de sus conflictos. Así,

por ejemplo, en algunos países la solución del conflicto rara vez llega a la

violencia, mientras que en otras partes, la solución violenta aparece legitimada

(Guerrero, 2003).

Pedrazzini y Sánchez (1990) comentan que se puede hablar de la presencia de un

nuevo modelo violento de socialización, ya que cada día, y de manera cada vez

más evidente, nuevas legitimidades sociales se imponen a través de un proceso

socio-cultural.

Una serie de acciones, hechos o realidades ordinariamente calificados de

“ilegales” van tomando poco a poco nuevas connotaciones.

Así, la instauración de este orden a nivel cultural naturaliza hechos que son

socialmente construidos, ubicándolos en un estatuto de análisis. Aquello que es

obligatorio se vive como natural; y es tan íntimo al sujeto que no se ve lo arbitrario

del funcionamiento, creando una especie de olvido (Pimentel, 1997 p. 78). Aquí es

donde se pueden ubicar los discursos sociales, definidos como un conjunto de

prácticas lingüísticas que tienden a mantener y a promover ciertas relaciones

sociales. Además, estructuran el sentido para orientar la acción, al ser ante todo

componentes pragmáticos de la comunicación social. Los discursos se han

transformado en los portadores, censuradores y socializadores del conocimiento

general sobre lo que la sociedad está definiendo como problemático (Sandoval,

2007). Al respecto, Sabucedo y cols. (2006) comentan que los discursos no son

algo estático, sino que se van modificando, en mayor o menor medida, en función

de los cambios que se vayan produciendo en ese ámbito de conflicto intergrupal.

Fernández (1997) apunta que la violencia ha pasado a formar parte de la

experiencia cotidiana de los ciudadanos. A través de los medios de comunicación,


156

podemos conocer la situación que en distintos países se vive sobre el tema de la

inseguridad y la petición de medidas represivas para combatir las consecuencias

que este fenómeno ha tenido a nivel social e individual. Hay países que han

adoptado las medidas represivas y violentas para combatir el delito; sin embargo,

se han hecho estudios en los que se ha demostrado que este tipo de medidas son

poco efectivas para resolver o siquiera paliar el problema.

Sobre el papel de los medios de comunicación en la violencia, se ha investigado

mucho, sin que hasta el momento se esclarezca por completo la intervención de

éstos en la problemática (Fernández, 1997; Martín-Baró, 2003). Al respecto, se

pueden considerar dos vertientes en el estudio de los medios de comunicación,

una que los vincula con la creación y posterior alimentación del fondo ideológico, y

otra que es la más tradicional y se enfoca sobre la influencia de los medios en los

comportamientos agresivos.

La televisión principalmente, tiene la capacidad de transformar la relación entre el

entender y el ver y el actuar. Así, la televisión se convierte en un medio poderoso

de legitimación o deslegitimación de la violencia (Fernández et al., 2004) y

precisamente los métodos que utiliza para legitimarla son los estereotipos, la

desinformación y la trivialización (Penalva, 2002).

Varios autores (Chiricos, Padgett y Gertz, 2000; Naredo 2001; Ramos, 1994) han

destacado sobre todo el papel de la televisión, ya que tiene una gran

trascendencia porque llega a un público mucho más amplio que el que consulta la

prensa escrita, y sobre todo a aquellas personas que son más sensibles al miedo

al crimen. Penalva (2002) argumenta que los medios han considerado a la

violencia como un medio sumamente redituable porque es el público el que

demanda este tipo de “espectáculo”, lo cual puede ser producto del morbo o de la

búsqueda de emociones extremas, además este autor considera que también esta

atracción a ver violencia puede ser también por habituación.


157

Lagrange (2003) subraya el efecto de la pérdida de la realidad que le quita valor a

la experiencia sensible. Con relación a esto, Chiricos et al. (2000) encontró que

entre más “real” o creíble sea el contenido de la noticia, más influirá en los

sentimientos de inseguridad; sin embargo, para que suceda esto, debe de existir

un evento o experiencia en el sujeto que le permita identificarse con la situación;

es decir, que las personas tengan un conocimiento o experiencias con el delito.

En el estudio realizado por Fernández (2004) establece conocer las formas de

legitimación de la violencia principalmente en la televisión, se encontró a través del

análisis e interpretación de 28 segmentos de programas de televisión, que una

forma para legitimar violencia hacia un grupo en particular es distorsionar los

rasgos y características de los personajes, y así la violencia puede ser utilizada y

justificada. Según sus resultados, se pudo observar que cuando aparecía un

agresor “bueno” era castigado con muy poca frecuencia, logrando que su violencia

se legitimara, a comparación del agresor que era considerado “malo”, el cual era

castigado en más de la mitad de las emisiones por lo que su castigo era

justificado.

Correlativamente a la descripción de los agresores, se sitúa la descripción de las

víctimas, ya que sin ellas no es posible llegar a una conclusión legitimadora. Sobre

las víctimas, se utiliza un mecanismo parecido que opera del modo inverso a la

caracterización de los agresores. Hay que tener en cuenta, además, que la

relación agresor-víctima es un proceso universal que se utiliza en la evaluación de

los hechos violentos.

Cuando los niveles de violencia a justificar son muy grandes o los daños muy

desproporcionados, se suele utilizar la acentuación de sus aspectos negativos, su

maldad, su desmedido poder o su mala intención.

Resumiendo, los estudios de estos autores, la legitimación de la violencia en la

televisión depende de tres dimensiones: a) la consideración de los actores, las


158

víctimas y sus intenciones, b) el daño representado en las consecuencias

producidas por la violencia, c) la interpretación de las acciones.

El papel de los medios de comunicación en el tema es fundamental y su

participación se demostró en el programa de combate a la violencia que Antanas

Mockus (2002) llevó a cabo en Bogotá, en el cual los medios participaron

transmitiendo campañas sobre resolución de conflictos pacíficamente,

alcanzándose resultados muy favorables.

Es así como el aspecto cultural tiene una importancia fundamental para poder

entender la manera en que se legitiman distintas prácticas violentas, y cuando se

pone atención a estos aspectos se puede lograr desarticular aquellos mecanismos

que permiten que la violencia se legitime y se reproduzca, como ya lo mencionaba

Martín-Baró. Ejemplo de esto es el programa que puso en marcha Antanas

Mockus (2002), en donde reconoce que parte del problema de los altos índices de

violencia estaban en la convivencia con ésta, de tal suerte que una de las medidas

de su proyecto era que se desaprobaran moral y culturalmente acciones que

pudieran contribuir al clima de la violencia. Este autor denominó “divorcio entre ley,

moral y cultura” a la falta de congruencia entre la regulación cultural del

comportamiento y sus regulaciones morales y jurídicas, y la falta de congruencia

que se expresa como violencia, delincuencia, corrupción, ilegitimidad de las

instituciones, debilitamiento del poder de muchas de las tradiciones culturales y

crisis o debilidad de la moral individual.

En el libro Nuevos escenarios de violencia, se desarrolla la idea de que en la

violencia que se observa en los últimos tiempos se fundamenta en la creencia de

que existen vidas que carecen de valor, ya que la condición humana se ha

desvalorizado. El valor que pudiera residir en la persona proviene del poder que

tenga y del significado que las personas le atribuyan a la propia vida (Vidal, 2008),

ya que al estar los objetos vacíos de significado pueden ser violentados sin

conciencia alguna.


159

De esta manera, es innegable la participación de estos aspectos en el posible

proceso legitimador, porque las personas al aceptar y justificar alguna medida,

tomarán en cuenta el medio social en el que se han desenvuelto, el cual se ha

desarrollado en este clima de permisividad hacia muchos actos violentos sean o

no considerados como tales.


160

CAPÍTULO III. LAS ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO MEXICANO PARA LA

LEGITIMAR LA SEGURIDAD PÚBLICA

Así como analizamos que la delincuencia puede llevar a que la democracia pase

por alto ciertos derechos con la finalidad de garantizar otros. Por ejemplo, a que

los gobiernos no respeten los derechos humanos de los criminales en aras de

proteger los derechos humanos, políticos y sociales del resto de la sociedad.

La incapacidad del gobierno para enfrentar retos como este y el crimen organizado

contribuye a la inconformidad de la sociedad respecto de la democracia (Godson,

Roy y José Manuel Vergara, 2008).

El crimen aumenta las percepciones de la inseguridad personal y reduce la

legitimidad de las instituciones democráticas, aminora la inversión directa y

demanda el gasto de recursos para su combate y prevención.

El descrédito del combate gubernamental contra el crimen organizado se alimenta

de la debilidad institucional, lo cual se evidencia en la incapacidad para valer el

Estado de derecho, lo que permite altos niveles de impunidad, la implementación

de políticas públicas que no enfrentan las causas del crimen organizado como la

pobreza y la falta de oportunidades y las constantes discusiones entre las fuerzas

políticas nacionales que impiden la definición de una estrategia consensuada.

El crimen organizado no se refiere a una actividad específica, este fenómeno

puede entenderse como una asociación del tipo empresarial con ocupaciones

delictivas que no se reducen al tema del narcotráfico, sino que involucran

actividades cuya persecución es exclusiva del gobierno federal, pero también

delitos de impacto internacional y local.


161

Dicha situación obliga a suscribir acuerdos tanto entre los diferentes países para

atacar el reto de las redes trasnacionales del narcotráfico como entre el gobierno

federal y los estados.

El crimen organizado emplea la violencia para eliminar a sus competidores e

intimidar a las autoridades, sin atentar directamente contra la sociedad, aunque

esta resulta afectada por encontrarse en medio de esta lucha, se apoyan en

pandillas y grupos de jóvenes y corrompen a las instituciones policiales y de

gobierno, ocupando a veces el vacío de poder que se produce por la pérdida de

autoridad gubernamental.

Es indispensable el desarrollo de actividades de inteligencia que diferencien entre

la actuación de los grupos criminales y su organización, que detecten la infiltración

de las instituciones gubernamentales para definir claramente el objetivo que se

ataca, que determinen si la materia es de seguridad pública o de seguridad

nacional, así como la jurisdicción de la autoridad que debe resolverlo y por último,

que sean capaces de diseñar las políticas para su atención.

En México, el crimen organizado paso de conflicto policial a uno de seguridad

nacional debido al aumento de la violencia que se le relaciona y en particular al

narcotráfico.

El número de homicidios violentos o ejecuciones lo convirtieron en un problema

saliente o emergente en la agenda del gobierno, pero las políticas públicas

empleadas por el gobierno no han mostrado efectividad para resolverlo. (Eder,

Charles y Roger Cobb, 2000)

A partir de la presidencia de Felipe Calderón, la lucha contra el crimen organizado

se insertó en la agenda del gobierno como tarea prioritaria. Sin embargo la

violencia y el número de homicidios que se le relacionan se le han multiplicado,


162

motivo que ha llevado a cuestionar la estrategia del gobierno federal y a exigir su

modificación.

La sociedad se ha manifestado en contra de la violencia producida por el crimen

organizado y por el ejercicio de la fuerza pública que lo ataca, porque esto ha

provocado el incremento de la muerte de civiles inocentes.


El propósito de la política de seguridad pública se basó en actuar frontalmente

contra la delincuencia y en función de la Defensa Nacional (SEDENA) , la Marina

(SEMAR), la SSP y la PGR, dependencias a las que el presidente Calderón

encargo esta tarea, se le considero como un compromiso de seguridad nacional y

no solo de seguridad pública.

No existe una política pública concreta que coordine los esfuerzos

gubernamentales e intergubernamentales, por esta razón se ha recurrido a la

normatividad, los planes y programas correspondientes a la acción gubernamental

para inferir cual es la política del gobierno federal en su batalla contra el crimen

organizado.

Para la ley de Seguridad Nacional, el crimen organizado constituye una amenaza

a la seguridad nacional. Sin embargo de acuerdo con la ley federal contra la

delincuencia organizada, la política para enfrentarla es responsabilidad del

Ministerio Publico de la Federación, a través de la PGR, el cual puede auxiliarse

de otras dependencias relacionadas con el sistema fiscal, bancario y financiero,

pero esta misma ley no define con claridad la responsabilidad de otras como la

SSP, la SEDENA o la SEMAR que integran el Consejo de Seguridad Nacional

(CSN) y son actores de cruciales en la implementación de la política para atacar el

crimen organizado.


163

La determinación de la política pública de combate al crimen organizado como

asunto de seguridad pública o de seguridad nacional, decide las dependencias

que participan en su implementación. Si el asunto fuera de seguridad nacional, la

estrategia seria diseñada por la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y

particularmente por del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN),

además de la colaboración de otras dependencias del gobierno federal.

Tomando en cuenta que el crimen organizado es un asunto de seguridad pública y

de seguridad nacional, el dilema organizacional consiste en determinar quién o

quienes están encargados de definir la estrategia para contraatacarlo.

Para saber si se trata de políticas de seguridad nacional o solo de seguridad

publica enseguida se analiza el diseño de la política de combate al crimen

organizado con base en los planes y programas que construyen el marco que le

da forma a una estabilidad social.

3.2. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA NACIONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA

Las políticas de seguridad pública y de seguridad nacional trazan sus estrategias a

través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa de Seguridad Pública

(PNSP), los planes sectoriales y un comunicado de la presidencia de la republica

titulado “La lucha por la seguridad pública”.

La estrategia se delinea en el PND y los objetivos de la política se integran en el

eje 1, titulado “Estado de Derecho y Seguridad” , el cual se compone de trece

temas: certeza jurídica, procuración e impartición de justicia, información e

inteligencia, crimen organizado, confianza en las instituciones públicas, cultura de

la legalidad, derechos humanos, defensa de la soberanía, seguridad fronteriza,

cooperación internacional, prevención del delito, cuerpos policiales y participación

ciudadana.


164

La lectura de dichos objetivos y estrategias demuestra que para el gobierno el

problema consiste en la perdida territorial frente a las organizaciones criminales,

por lo que ha establecido la lógica de que su recuperación depende únicamente

del uso de la fuerza pública.

La solución permite pensar que el asunto es consecuencia de la falta de la fuerza

del Estado. Esta afirmación se consolida al revisar los informes de ejecución del

Plan Nacional de Desarrollo, los cuales concentran las cifras de operativos

realizados, aprehensiones de criminales y decomisos de drogas y armas, pero no

cuantifican la recuperación del número de espacios públicos y del nivel de

“fortaleza del Estado” con cada aprehensión, o el incremento de la “seguridad en

la convivencia frontal”.

En otras palabras, existe una asimetría entre el objetivo del PND y los caminos

propuestos para alcanzarlo; por lo tanto, los resultados no conducen a cumplir la

meta establecida. (Programa Sectorial de Seguridad Publica, 2007 – 2012)

Un segundo documento estratégico en materia de seguridad es el Programa

Nacional de Seguridad Pública (PNSP). El programa busca combatir frontalmente

el fenómeno delictivo y consolidar el Estado de Derecho, apoyándose en la

colaboración de los diferentes órdenes de gobierno, en los mecanismos de

participación ciudadana y en la Estrategia Nacional de Prevención al Delito y

Combate a la Delincuencia.

Al igual que el PND y el PNSP sustenta el combate al crimen organizado con el

uso de la fuerza pública, con ello se puede deducir que el gobierno federal espera

que al incrementar el número de operativos y acciones contra la delincuencia

organizada se reducirán los homicidios, los secuestros y los robos, pero no toman

en cuenta las posibles causas del fortalecimiento del crimen organizado.


165

Asimismo, que la política de seguridad pública no combate al crimen organizado,

sino a los delitos relacionados con este, esto es, la política ataca los productos del

crimen organizado, en particular la violencia, pero no su estructura organizacional.

La política de seguridad nacional derivada del plan sectorial del CISEN a pesar de

sostener que la tarea contra el crimen organizado no solo depende del ejercicio de

la fuerza pública, propone pocas estrategias complementarias para abrir más

oportunidades de desarrollo económico y social.

De igual modo, en cuanto a los planes sectoriales de las fuerzas armadas,

destacan por su disposición para colaborar con las dependencias encargadas de

la seguridad, pero no plantean métodos diferentes.

Al analizar al crimen como asunto de seguridad pública, el objetivo sería combatir

y prevenir el delito, pero también alcanzar el restablecimiento del orden y la paz

pública, los cuales impulsan el desarrollo económico y social.

Al pensar el crimen como asunto de seguridad pública, el objetivo sería combatir y

prevenir el delito, pero también alcanzar el restablecimiento del orden y la paz

pública, los cuales impulsan el desarrollo económico y social.

Por un lado, el combate del delito se propone mediante el ejercicio de la fuerza

pública y la procuración de justicia; y la prevención se cumple con las

investigación y la desarticulación de organizaciones criminales, sin embargo, es

destacable que la política de seguridad pública no utiliza otras acciones

complementarias para la prevención del delito, la generación de oportunidades

para el desarrollo.

La política de seguridad reduce el problema a un asunto policial y de procuración

de justicia. Por otra parte, el restablecimiento del orden y la paz pública significa

que hay espacios donde esto no existe.


166

El crimen organizado debe ser un asunto de seguridad nacional y no solo de

seguridad pública, para ello se requiere de la intervención de otras dependencias

del gobierno federal y de otras órdenes de gobierno, así como políticas públicas

que estimulen el desarrollo económico y social para reactivar los espacios vacíos

unas vez que fueron reconquistados.

3.3. LA VIOLENCIA: UN FENÓMENO DEBIDO A LA FALTA DE MEDIDAS

SOCIALES ADECUADAS PARA EVITAR LA DELICUENCIA.

La pobreza progresiva aumenta la violencia social, no cabe duda. Los expulsados

del sistema no toleran que en una economía mejorada globalmente no haya

habido mejora individual, sino concentración de ingresos y riqueza. De manera

que muchos pobres recurren a medidas desesperadas en busca de ingresos, ahí

donde se encuentran el origen de la delincuencia.

Pero la pobreza no es una causa fundamental de la violencia. La gente que

padece hambre y roba lo hace de manera casual. Por lo general no son violentos y

se defienden. Esta pequeña criminalidad, el robo, el hurto se circunscribe

generalmente a gente sin otras oportunidades, mientras que existen criminales

profesionales que recurren a la violencia porque es una actividad lucrativa que

queda prácticamente impune.

Aunque parezca extraño entonces la violencia común constituye en primera

instancia una actividad económica. Se trata del primer criterio económico, es decir,

la maximización de las ganancias con un minino de gastos. Lo mismo ocurre con

el tráfico de drogas, de armas y seres humanos.

Delincuentes profesionales organizan este tipo de violencia de manera técnica,

altamente sofisticada. La única manera de bajar el margen de ganancia para estos

casos de transgresión de normas consistente en aumentar la probabilidad de que


167

sean aprehendidos y de que cumplan con el castigo. Esta violencia profesional

tiene mucho que ver con el subdesarrollo económico, que reduce las

oportunidades para las ganancias rápidas y también se relaciona con la creciente

globalización de la economía, donde solo quedan oportunidades a los de alta

posición.

El problema de las drogas incide de una manera notoria en la causalidad de la

violencia. La violencia en torno a las drogas se manifiesta bajo modalidades

diversas, se ha comprobado que el uso de narcóticos aumenta la agresividad y

que muchos delitos se cometen precisamente por obtener recursos para

comprarlos.

Los comerciantes de estupefacientes recurren a la violencia en contra de la policía

y del ejército. Para lo anterior disponen de armas y de medios de comunicación

que ya la misma autoridad quisiera poseer en sus arsenales.

En este contexto cabe mencionar el efecto tremendamente negativo de la

exhibición y justificación en el nivel subliminal de lo violento en la televisión y otros

medios. En este caso la violencia se enarbola de manera increíble, cuando no se

ensalza como algo carismático y entretenido. Lo anterior de ninguna manera

favorece el establecimiento de soluciones pacíficas a los conflictos. Brandon

Certerwell, profesor de la Escuela de Salud Pública de Washington, afirma que

desde la introducción de la televisión de los años ochenta, la cantidad de crímenes

se duplico en Estados Unidos.

Es así como los infantes, ya a los catorce meses incorporan en su subconsciente

lo que perciben en la pantalla chica. Niños muy jóvenes no aprenden, sino que

imitan. Hasta la edad de cuatro años no suelen establecer la diferencia entre

realidad y ficción. Muchos de los crímenes cometidos por adultos tendrían su

origen en imágenes televisivas que durante su infancia marcaron su cerebro. Esto

incita a pensar que la violencia se sirve a diario vía la televisión, no solo como


168

distractor, sino como ingrediente básico de los noticieros, por algo este portento

tecnológico se ha llamado “idiot box”.

En México la justicia civil se aplica insuficientemente porque las instituciones

encargadas son totalmente subdesarrolladas e ineficientes, cuando no son

partidistas y corruptas. La justicia resulta además tremendamente lenta. En más

de una oportunidad, la policía y los funcionarios carecen de formación adecuada o

no disponen de equipo necesario para reprimir la violencia o castigarla. Por lo

demás por la baja densidad poblacional y la alta concentración urbana, no es raro

que territorios inmensos queden sin la menor presencia policial o judicial. El

coeficiente delictivo de las grandes ciudades se sitúan igual de alto que en México,

sin embargo, la diferencia estriba en la impunidad, las causas de la impunidad

generalizada pueden ser los siguientes factores:

No hay suficiente cantidad de policías ni administradores de la justicia y los pocos

que hay no tienen suficiente formación. Como mencionamos, quedan zonas

inmensas donde estos ni siquiera aparecen. La ausencia de métodos científicos y

de equipo a la hora de la instrucción de los crímenes resulta pavorosa. A falta de

pruebas contundentes, cantidad de malhechores son puestos en libertad

prematuramente.


El precio humano, social, económico y político del hecho delictivo resulta enorme.

En caso de agresiones físicas a las personas, para los sobrevivientes

evidentemente quedan heridas, interferencias mentales y en caso de violencia

domésticas, hasta pérdida de autoestima. Una consecuencia importante para la

sociedad consistente en el aumento de la impresión subjetiva de inseguridad,

temor de ser otra víctima y preocupación ante la incapacidad de las autoridades

de remediar la situación.


169

La sociedad carga también con los costos: la amenaza que la violencia implica

para cantidad de valores considerados fundamentales en un orden social

determinado, como el derecho a la integridad física, la convivencia social, la

solidaridad. La criminalidad no es sino un reflejo de otras fisuras en el tejido social.

Pone al desnudó cuales grupos son más frágiles o tienen menos posibilidad de

resistencia. Los que no tienen oportunidades, las mujeres y los niños, soportan

una proporción desmesurada como victimas sociales.

La factura económica de la violencia en determinada sociedad es alta y diversa:

La destrucción material que genera, los gastos por cuidado médico de los

sobrevivientes ,el rescate ,las inversiones productivas desviadas, fuentes de

trabajo que quedaron sin concretar por causa del clima de inversiones

desmejorado, el efecto negativo de todo aquello sobre el turismo, con su

incidencia en el nivel de ocupación de los hoteles y su repercusión en la

infraestructura turística drásticamente reducida, la imagen negativa en el exterior,

etc.

El turismo y las inversiones hechas por pequeños y grandes empresarios se

muestran hipersensibles a la delincuencia. Medir el costo preciso de la violencia

en términos económicos y sociales no resulta nada fácil, porque en realidad no

existe una medición cuantitativa respecto de la pérdida de un ser querido.

Quedan otras cargas económicas por considerar, en relación con medidas

preventivas de tipo privado, como la instalación de rejas y equipo electrónico de

vigilancia o la contratación de servicios de seguridad. Cuánto cuesta la inversión

de una empresa cuando esta se desvía del aparato productivo hacia equipos de

seguridad. Con frecuencia se constata que la intensidad de la violencia se

incrementa a medida que se perfeccionan las mismas técnicas de seguridad.

La represión publica y las medias preventivas repercuten en los recursos

presupuestarios de los gobiernos. No hay más remedio que invertir para mejorar el


170

mantenimiento del orden, construir cárceles, hacerlas funcionar y contribuir a que

el aparato judicial funcione adecuadamente. No es posible elaborar una estrategia

tendiente a remediar la degradación social sin tomar en consideración tremendos

gastos.

La corrupción de los funcionarios públicos, por empresarios, por traficantes de

drogas y por el crimen organizado tiene un precio muy alto.

Transparency International, una organización no gubernamental con sede en

Berlín, establece que la corrupción económica absorbe anualmente, bajo forma de

soborno, 5% de toda la inversión directa extranjera e importación de bienes en los

países en desarrollo. Lo anterior representa solo el costo directo.

Por lo general las implicaciones indirectas y sociales son muchos más altas que

los dineros entregados bajo la mesa.

La corrupción implica una errónea toma de decisiones en lo que se refiere a la

elección del proveedor, el precio pagado, los bienes de inversión, la tecnología o

los sitios de inversión.

El que paga los platos rotos es el ciudadano, que se ve forzado a contribuir con un

aparato estatal parasitario, que frena el desarrollo económico y social y aumenta la

brecha social.

Las perdidas y gastos en que incurrieron los hogares en México a causa de la

inseguridad ascendieron a 212 mil millones de pesos en 2011.

Tal monto equivale a 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB), y resulto

principalmente de las pérdidas por 150 mil 619 millones de pesos a causa de

delitos.


171

Otros ocho mil 797 millones representaron los gastos que realizaron las victimas

por dañaos en la salud y 52 mil 443 millones de pesos suman las erogaciones que

tuvieron que realizar las familias en medidas preventivas contra la delincuencia.

Los mayores costos se observaron en el Estado de México y el Distrito Federal,

con 40 mil 831 y 20 mil 994 millones de pesos respectivamente, mientras que

Nayarit y Tlaxcala reportaron los menores montos con mil 179 y mil 350 millones

en la misma relación.

La inseguridad se encuentra en cuarto lugar en importancia, dentro de los factores

que podrían afectar el desempeño de la actividad económica.

Además, mejorar la seguridad pública se encuentra en la segunda posición dentro

de las tareas que se requieren para propiciar mayores niveles de seguridad en el

país.

Para el Foro Económico Mundial (WEF), la inseguridad es un freno a la

competitividad del país, y los costos en que incurren las empresas a causa de la

delincuencia están entre los más elevados del mundo.

Basados en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción

Sobre la Seguridad Publica 2012 (ENVIPE) del INEGI, 57.5% de la población

considera que la inseguridad y la delincuencia son los problemas que más afectan

a su entidad federativa. Le siguen el desempleo con 49.3%.

La guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón,

coloco a México entre las naciones más violentas del continente, solo por debajo

de países como Honduras, El Salvador y Venezuela, según informe de la

Organización de Estados Americanos (OEA).


172

La situación en materia de seguridad ciudadana en la región, a pesar de que

México registro durante la última década, una tasa de homicidios de 17.86 por

cada cien mil habitantes, muy por debajo de países como Honduras que tuvo la

tasa más alta con 91.6, o El Salvador, con 69.2 por cada cien mil habitantes, del

año 2000 a 2010 el número de homicidios en nuestro país creció casi 4.2%, la

mayor cifra registrada entre las naciones de América del Norte.

El estudio registra además, un aumento de 70% en la utilización de armas de

fuego involucradas en los homicidios registrados en el mismo periodo de diez

años, así como de 13 por ciento legalmente registradas por el Estado, cuya cifra

proporcionada por las autoridades mexicanas al organismo fue de dos millones

824 mil 231 para el año 2007.

La cifra de secuestros en nuestro país también registro un crecimiento al pasar de

591 en el año 2000 a 1220 en el año 2011.

Destaca también la relación entre violencia y tráfico, producción y consumo de

drogas, en donde la competencia por el mercado ilícito utiliza también medios

ilícitos.

Por otra parte, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron refrendar la

relación estratégica y continuar en la institucionalización de la cooperación en

seguridad establecida bajo la estrategia binacional contra el narcotráfico y el

crimen organizado.

Ambos países han invertido más de diez mil millones de dólares en el

fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia de este lado de la

frontera, como parte del plan anticrimen. Esa inversión ha permitido avanzar en el

fortalecimiento del marco jurídico, incluyendo la protección legal a los derechos

humanos, el incremento en la transparencia de las instituciones públicas, la mejora

en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, mediante la


173

restructuración institucional, la mejora en la capacitación y el uso de controles

internos para las fuerzas del orden público en México.

El gasto en seguridad ha crecido a un ritmo acelerado y ha desplazado otras

prioridades de gasto público como son la educación y la salud.

El repunte de la violencia constituye un saldo negativo difícil de aceptar que

plantea nuevos desafíos y que deberá atenderse de forma más eficaz por los

próximos gobiernos en turno.


El 31 de diciembre de 1994 surgida de una iniciativa del Ejecutivo Federal, se

publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reforma a los artículos

21 y 73, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esta Reforma Constitucional se dio un importante avance, al establecer las

bases y los principios jurídicos, sobre los que se sustenta la política nacional de

seguridad pública y de una política criminológica, entendida esta última como la

disciplina que se ocupa de las formas o medios a poner en práctica por el Estado,

para una eficaz lucha contra el delito.

Al reformarse el párrafo cuarto del artículo 21 de la ley fundamental, en aras de

una mejor procuración de justicia se estableció, por un lado, que las resoluciones

del Ministerio Público que concluyan no instruir en la acción penal (en contra de

algún presunto delincuente, que haya cometido conductas posiblemente

constitutivas de un delito) podrán ser impugnadas y combatidas mediante los

particulares o víctimas afectadas por la comisión de delitos, mediante un recurso

de tipo jurisdiccional. Esta reforma implica también un cambio sustantivo en la

concepción de la defensa social al permitir que la víctima coadyuve en la

protección de sus intereses.


174

En lo que respecta al párrafo quinto del mencionado artículo, se introducen dos

nuevos conceptos. El primero de ellos señala que la seguridad es una función a

cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en los

respectivos ámbitos de competencia que les señala la propia Constitución. De tal

forma que se concibe a la seguridad pública, no sólo como una obligación de la

autoridad, sino como una Función del Estado, donde todos los órdenes de

gobierno y todos los sectores de la sociedad tienen un espacio de participación y

corresponsabilidad en esa finalidad común que es la seguridad pública.

Asimismo, al final del citado párrafo quinto, se establecen por primera vez en

nuestra Carta Magna, los principios fundamentales que habrán de regir la

actuación de todas las Instituciones Policiales: legalidad, eficiencia,

profesionalismo y honradez.

El segundo concepto que se introduce en la citada Reforma Constitucional, es la

coordinación entre entidades; así queda ordenado en el párrafo sexto del referido

precepto que establece: "La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los

Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un

Sistema Nacional de Seguridad Pública".

La coordinación que desde hace ya varias administraciones y en diversas materias

había operado la Federación con los Estados y Municipios como la Fiscal,

Educativa, de Salud, se estableció también, para enfrentar de mejor modo la

incidencia delictiva.


El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala

las facultades que tiene el Congreso de la Unión. Como ya se ha comentado, el 31

de diciembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma


175

a la fracción XXIII de dicho artículo comprendiendo una nueva redacción que

señala "Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de

seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso,

selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de

seguridad pública en el ámbito federal."

Como se puede observar, se autorizó al Congreso de la Unión para que pudiera

expedir la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, y para que expida leyes relativas a la organización

y el funcionamiento de las corporaciones de seguridad pública federal y lo

referente al estatuto de sus miembros.

Por lo que toca a la organización y desarrollo de las instituciones de las demás

policías del país y de los principios de actuación de sus miembros, corresponde

regularlos a los legisladores de los Estados y en su caso a los ayuntamientos, por

medio de leyes y reglamentos respectivos.

De esta forma se destacó de manera sobresaliente a la coordinación como

método de acción para enfrentar los graves niveles de delincuencia, y se sientan

las bases y principios para una verdadera profesionalización de los cuerpos

policiales, que permita superar el rezago histórico que en muchos aspectos

presentan estas corporaciones.

3.7. PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

El primer ejercicio formal de planeación programática específica en materia de

seguridad pública, lo constituyó el Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-

2000, el cual buscó convertirse en "el principal elemento de coordinación

programática para que los tres órdenes de gobierno constitucionales unan sus

esfuerzos para abatir las incidencias delictivas, dar mayor seguridad a las


176

personas, sus bienes y sus derechos y logren dar respuesta a una de las

demandas más sentidas de la población, involucrando en sus acciones a los

núcleos comunitarios que componen la dinámica sociedad mexicana." (Véase

Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, Secretaría de Gobernación,

México, 1996, p. 5)

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece entre sus objetivos rectores

el salvaguardar la seguridad pública, proteger y garantizar la libertad, la integridad

física y el patrimonio de la población, con apego estricto al marco jurídico y al

respeto a los derechos humanos (Véase Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006).

A la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde llevar a cabo las funciones

para cumplir con sus atribuciones contenidas tanto en el artículo 30 bis de la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal, como en el Reglamento Interior de

la propia dependencia; todo ello, en beneficio de la sociedad.

Como resultado de una consulta ciudadana y recogiendo las aportaciones que en

su momento formularon los diversos sectores de la sociedad, la Secretaría de

Seguridad Pública, "en el marco del Sistema Nacional de Planeación Participativa

y con fundamento en los artículos: 21 y 26 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 16, 20, 21, 22, 23, 26,29,30,31,32 Y 37 de la Ley de

Planeación; 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley

General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública; y en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, elaboró el

Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006. En él se plasman las

políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción para la prevención de conductas

delictivas, el mantenimiento del orden público y la preservación de los derechos,

las libertades y el patrimonio de las personas, contribuyendo al bienestar social."

(Véase Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006).


177

El Programa Nacional de Seguridad Pública es un instrumento normativo y de

planeación que guía la acción del Gobierno Federal y propone criterios para la

coordinación interinstitucional con los gobiernos estatales, del Distrito Federal y

municipales. Se sustenta en los criterios básicos de la acción gubernamental

plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: federalismo,

participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

El Programa es de observancia obligatoria para las Dependencias y Entidades de

la Administración Pública Federal, en lo que les corresponde como instancias de

coordinación, apoyo o cooperación y conforme a las disposiciones legales

aplicables. La coordinación en la ejecución del Programa se plantea a los

gobiernos de las entidades federativas en el marco del Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

El Programa parte de un análisis sobre los factores que interactúan en la

seguridad pública, estudiando las causas y efectos, así como los retos que

enfrentan las corporaciones policiales, integrantes del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, en materia de corrupción, equipamiento e infraestructura

inmobiliaria, de comunicaciones y tecnológica.

3.8. LA LEY GENERAL QUE INSTITUYE LOS CIMIENTOS DE COORDINACIÓN

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

En México, hasta finales de 1995 se carecía de un marco jurídico sobre seguridad

pública, que permitiera encauzar la coordinación en el territorio nacional, situación

que puede visualizarse mediante el análisis de las disposiciones jurídicas en la

materia. Estas son distintas entre una Entidad Federativa y otra, incluso hay casos

en que aun municipios conurbados tienen criterios jurídicos discordantes y, en

algunas ocasiones, existen regulaciones que muestran apreciaciones muy

distintas sobre lo que la seguridad pública significa para la ciudadanía.


178

"Este vacío comenzó a subsanarse con la publicación en el Diario Oficial de la

Federación, el 11 de diciembre de 1995, de la Ley General que establece las

Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual señala

las materias en que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los Municipios

tienen la obligación de coordinarse para crear el Sistema Nacional al que se

refiere el último párrafo del artículo 21 constitucional/" (Gil Elorduy, Ernesto, 1999

p. 419).

Bajo esta cobertura, varias Entidades Federativas han promovido reformas a sus

legislaciones y se está promoviendo un esfuerzo muy significativo en todo el país

para que las leyes estatales y los bandos municipales, incorporen el sentido de la

ley a sus regulaciones normativas.


Seguridad Pública, crea instancias y mecanismos de coordinación, que de manera

concertada y con pleno respeto a las soberanías estatales y a la autonomía de los

municipios, definen cuáles son las políticas y estrategias más adecuadas para

garantizar la seguridad pública en el ámbito de su competencia y necesidades

particulares.

Para ser eficaz, la seguridad pública requiere coordinarse con las políticas de las

distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno que tienen bajo su

responsabilidad alguna o algunas de las tareas definidas por el artículo 3° de la

citada Ley: la prevención, la persecución y sanción de las infracciones y delitos,

así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.

El Sistema que se deriva de este instrumento jurídico, se concibe de manera

integral, con esquemas de información estratégica, de actuación eficaz y

altamente profesional para los integrantes de las instituciones de seguridad

pública; con una dinámica y muy activa participación de la sociedad.


179

"Desde el punto de vista de su jerarquía, la Ley General que establece las Bases

de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una ley

secundaria que reglamenta el artículo 21 constitucional, expedida por el Congreso

de la Unión con base en la facultad que le confiere la primera parte de la fracción

XXIII del artículo 73 de la Constitución.

En cuanto a su ámbito espacial de validez, es una ley de aplicación nacional; es

decir; es aplicable a y por los tres órdenes de gobierno. Asimismo, constituye una

ley marco que, desarrollando los principios constitucionales, orienta el

funcionamiento coordinado de las diversas instituciones encargadas de la

seguridad pública; es decir, no amplía, ni restringe, ni subordina la competencia de

los diferentes órdenes de gobierno" (Cuevas, Francisco, México, 1999, p. 41).

Establece deberes para los órganos públicos, más no obligaciones en un sentido

técnico-jurídico, toda vez que sus disposiciones están desprovistas de sanciones.

Es aplicable a órganos de gobierno y no a particulares, con excepción de la

regulación de los servicios privados de seguridad.

La función de la seguridad pública se realiza en los diferentes ámbitos de

competencia, por conducto de las autoridades de la policía preventiva, del

Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la prisión preventiva,

ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de los órganos

encargados de la protección de instalaciones y servicios estratégicos del país y de

otras autoridades que, por razón de sus atribuciones deban contribuir directa o

indirectamente al objeto de la Ley.

No obstante que no son sujetos de la Ley, se advierte la tendencia de involucrar

en el ámbito de la seguridad pública la actividad de los particulares. Ello ocurre

porque la acción de las instancias encargadas de la seguridad pública, además de

coordinada y concertada, debe estar soportada en el apoyo social, puesto que


180

sería erróneo hacer descansar la seguridad pública en el puro y simple acto de

autoridad.

Por ello, se considera correcto que el marco jurídico otorgue participación a la

sociedad tanto en la planeación de las políticas como en la supervisión de las

acciones concretas, e incluso en la prestación de algunos servicios de seguridad.

Respecto de los servicios privados de seguridad, la Ley reconoce la posibilidad de

que los particulares coadyuven limitadamente al semblante específico de

prevención, inmerso en el concepto de seguridad pública.

La Ley General que establece la Bases de Coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, tiene la particularidad de ser el primer ordenamiento federal,

emanado de la Constitución de 1917, en el que para la validez de alguno de sus

preceptos, intervinieron los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo, mediante la

iniciativa, sanción, promulgación y publicación de la Ley; el Legislativo, en cuanto

a la discusión y aprobación; y el Judicial, en cuanto al reconocimiento de validez

constitucional de la disposición que se impugnó, puesto que en enero de 1996,

varios integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura de la Cámara de

Diputados, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las fracciones

111 y IV del artículo 12 de la misma, por considerar que la participación de los

secretarios de la Defensa y Marina, era contraria a los artículos 21 y 129 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el 5 de

marzo de 1996 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la

validez constitucional de las mismas señalando que dicha participación de los

referidos secretarios de despacho, era perfectamente válida, puesto que el

Consejo Nacional de Seguridad Pública es una instancia consultiva que no usurpa

facultades constitucionales ni legales de ninguna autoridad y el hecho de que ellos

participen se encuentra acorde con lo que disponen las Leyes Orgánicas del

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada, mismas que señalan, dentro

de sus atribuciones, numerosas funciones relacionadas con la seguridad pública,


181

ya que aun cuando no tenga funciones ejecutivas, se tendrán que examinar,

programar y tomar decisiones sobre todos los aspectos de la seguridad pública.

3.9. EL FONDO DE CONTRIBUCIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN

LOS ESTADOS Y EL CENTRO DEL PAÍS.

En el año de 1997 el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión

una iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, en ella se advertía el

planteamiento de la coordinación no solamente en el ámbito recaudatorio sino

también en el presupuestario.

"Originalmente cuando el Ejecutivo Federal encomendó el dar una figura jurídica

nueva a los recursos que tradicionalmente se habían aportado por la vía

presupuestaria para algunas actividades prioritarias del desarrollo del país, se

pensó exclusivamente en el esquema de la educación básica y normal; ya desde

el año de 1992, se había iniciado un proceso de descentralización de los servicios

educativos y en base al mismo se había planteada la forma en que los diversos

ámbitos de gobierno habrían de financiar las responsabilidades que en materia

educativa les correspondían" (Gómez Gordillo, Ismael. 1999, p. 18).

Se habían manejado por la vía presupuestaria a través de los ramos

correspondientes a la Secretaria de Educación Pública, pero la intención del

Presidente era institucionalizar formalmente estos recursos, para que no tuvieran

que ser objeto de determinación específica año con año en el Decreto del

Presupuesto de Egresos de la Federación, como hasta entonces había venido

sucediendo.

Bajo este esquema, de lograr que los recursos que la Federación entregaba a la

Entidades Federativas para el financiamiento de los servicios de educación básica

y normal se institucionalizaran, se buscó ésta nueva figura, y es precisamente de


182

aquí de donde se adopta la denominación de "Fondos de Aportaciones

Federales".

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su

Fracción XXV, al hablar de diversas competencias que en materia de educación

habrían de tener los tres niveles de gobierno, señala que las leyes

correspondientes establecerán la forma en que la Federación, Estados y

Municipios realizarán las aportaciones necesarias para el financiamiento de estos

servicios y de ahí se tomó la denominación aportaciones federales que como se

advierte es una previsión especifica que en materia de educación contempla la

Constitución y que se amplió de ahí para todos los ramos, para todos los fondos

que el Presidente de la República propuso a consideración del Congreso de la

Unión y que originalmente fueron solamente tres.

En ellos estaba señalado el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y

Normal y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, basados también

en los esquemas de descentralización administrativa y en dos convenios, que por

conducto de la Secretaría de Salud, la Federación había venido asignando con

todas la Entidades Federativas. Por último se buscaba dar también esta misma

fórmula de institucionalización a los recursos que se manejaban para la vía

presupuestaria del ramo 26 a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social,

estableciendo para ello el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

"Es de destacar, que en el proceso legislativo por iniciativa de los propios señores

Diputados se incorporaron dos fondos adicionales que no estaban inicialmente

previstos: el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del

Distrito Federal y el Fondo de Aportaciones Múltiples, estos dos fondos si

representaron y han representado recursos netos adicionales para las Entidades

Federativas y los municipios los otros tres fondos no eran sino darle un nuevo

escenario jurídico a los recursos que tradicionalmente se habían venido

repartiendo por la vía del subsidio" (Ibídem, p. 18).


183

Sobre esta base eran necesarias fórmulas para que el reparto de estos recursos

fuera de manera objetiva transparente y ajena al Ejecutivo Federal; por eso se

buscaron los convenios asignados entre la Federación y las Entidades Federativas

y las fórmulas que si bien son complejas, permiten desarrollar de una manera

inequívoca la cuantificación de los recursos que se distribuirían de la Federación a

las Entidades Federativas, y la obligación establecida en la Ley para que de la

misma manera, con una fórmula 'igual, fueran distribuidos los recursos por la

Entidades Federativas a los Municipios.

"Cabe recordar que en la iniciativa del Ejecutivo respecto del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social en su parte correspondiente a los

Municipios, no se propuso que su distribución se hiciera utilizando también una

fórmula similar a la Federal, y fue un reclamo de la Cámara de Diputados en

particular, el que se utilizara la misma fórmula prevista para la entrega de recursos

de la Federación a las Entidades Federativas" (Ibídem, p. 19).

Han surgido múltiples discusiones y dudas en primer lugar sobre la naturaleza

jurídica de los Fondos de Aportaciones Federales, una tendencia ha sido la de

confundir estos Fondos con las Participaciones que les corresponden a los

Estados y a los Municipios sobre la Recaudación Federal Participable.

Sin embargo bajo el esquema de la Ley Coordinación Fiscal, estos recursos es

decir las Participaciones, corresponden en propiedad de la Entidades Federativas

y a los Municipios y es precisamente lo que reciben de la recaudación federal a

cambio de estar coordinados con la Federación, con las ventajas que hasta ahora

ha generado el esquema de coordinación fiscal vigente.

Los Fondos de Aportaciones Federales por su parte, no son propiedad de las

Entidades Federativas y de los Municipios, sino que son recursos de origen


184

Federal, que se establecen en beneficio de las Entidades Federativas y de los

Municipios, en su caso.

"En el texto original que los contempló en la Ley de Coordinación Fiscal, se

hablaba de que estos fondos se establecían en beneficio de los Estados y

Municipios con cargo a recursos federales, y en algunos de los fondos se utiliza el

concepto de Recaudación Federal Participable, esto exclusivamente como un

elemento de referencia" (Gómez Gordillo, Ismael. Op. Cit. p. 19).

Efectivamente, al cuantificar algunos de los fondos, el legislador utilizó la figura de

la Recaudación Federal Participable señalando que el monto de determinado

Fondo sería equivalente a un porcentaje de aquélla, lo cual se hacía solamente

con la intención de que sus montos fueran fijados al margen de la voluntad del

Ejecutivo, al margen de la voluntad de las Entidades, y al margen de la voluntad

de los Municipios que reciben los recursos, y no con la intención de entregar un

porcentaje de la Recaudación Federal Participable. Es decir la referencia que se

hace a la Recaudación Federal Participable sirve exclusivamente para efectos de

cuantificación.

A diferencia de lo anterior, la Recaudación Federal Participable que esta

conceptualizada en la Ley y que tiene contemplados cuáles tributos se deben

incluir en la misma, señala con toda claridad que se distribuye un parte de ella con

motivo de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Es decir, se

entrega una parte de la Recaudación. Mientras tanto, los recursos que integran los

Fondos de Aportaciones Federales pueden tener cualquier origen en los recursos

públicos, inclusive el déficit o la deuda pública pueden ser la fuente de

financiamiento para integrar estos Fondos de Aportaciones.

Ahora bien en el año de 1998, recogiendo la experiencia de un año de

operaciones de los Fondos de Aportaciones Federales, el Ejecutivo propuso

fundamentalmente dos cambios a la Ley:


185

El primero, la inclusión de dos nuevos fondos, el Fondo de Aportaciones para la

Educación Tecnológica y de Adultos, con el cual se complementaba y se

terminaba el esquema de descentralización de los servicios de educación pública:

y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados y en el

Distrito Federal, con el cual se recogían las inquietudes de la población sobre

Seguridad Publica, así como aquello que las Entidades Federativas y la

Federación habían acordado en torno al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El segundo de estos cambios consistente en puntualizar el esquema de

supervisión y manejo de estos recursos federales que se enteran a las Entidades

Federativas y a los Municipios.

Se puede decir que "el esquema presupuestario que había venido operado hasta

el año de 1997, implicaba por la vía de Decreto del presupuesto, es decir por

decisión del Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, la

asignación de recursos a actividades presupuestarias para complementar en

nuestro esquema de federalismo, todos los recursos que se hacían llegar a las

Entidades Federativas" (Op. cit. p. 20).

Bajo este esquema la naturaleza jurídica de estos recursos nunca dejaba de ser

Federal y por ello las Entidades Federativas aplicaban los recursos conforme al

Régimen y a las leyes federales de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público

Federal, así como a las leyes relativas a la Administración Pública Federal, la ley

de adquisiciones y obras públicas y en su caso, la Ley Federal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Cabe señalar que la intención expresa del Presidente de la República era, que

junto con la descentralización de las funciones, se descentralizaran las

responsabilidades sustantivas en la ejecución de programas importantes, que

tuvieran un componente de recursos federales. Pero esto no lo podría establecer


186

solamente el Decreto de los presupuestos de egresos, se requería establecer

excepciones a los principios generales que rigen el manejo de los recursos de

carácter Federal. Y fue por ello que en este apartado poco ortodoxo de los Fondos

de Aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal, se señala expresamente que el

manejo y la administración de los recursos que reciban las Entidades Federativas

y los Municipios por parte de la Federación, deberá hacerse conforme a las leyes

que fueran aplicables en la Entidades Federativas.

Esta fórmula tan general, fruto de una amplia discusión en el Congreso de la

Unión, no resultó suficiente para explicar la aplicación de regímenes jurídicos

diversos en estos casos en las Entidades Federativas. Y por eso se hizo

conveniente que en la reforma vigente a partir del 10 de enero de 1999, se

señalara de manera específica que estos recurso de los Fondos de Aportaciones

Federales son Transferencias que la Federación realiza a las Entidades

Federativas, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de sus fines

a los que expresamente señala la propia Ley.

No es que no lo dijeran el texto anterior de la Ley, sino que ahora lo puntualiza

porque toda la naturaleza jurídica de los nuevos Fondos gira en torno a las

finalidades con que se han creado.

Actualmente, El artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal señala: "Con

independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la

participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación

federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que

la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal,

y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta

Ley, para los Fondos siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;


187

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios;

V. Fondo de Aportaciones Múltiples.

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del

Distrito Federal.

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán,

de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo".

Atendiendo al contenido de dicho artículo, mediante aportaciones que la

Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y

en su caso, de los Municipios, se constituye el Fondo de Aportaciones para la

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuyo gasto al igual

que el de los demás fondos que están señalados en el mismo, se encuentra

condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo

de aportación establece la propia Ley de Coordinación Fiscal.

Por su parte, el párrafo tercero del artículo 44 del citado ordenamiento, establece

que "El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

entregará a las Entidades Federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública de los Estados y del Distrito Federal con base en los criterios que el

Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de la Secretaría de

Gobernación, determine, utilizando para la distribución de los recursos, criterios

que incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el

índice de ocupación penitenciaria; la tasa de crecimiento anual de indiciados y

sentenciados; así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de

Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización

tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y

variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación


188

que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá

publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero del

ejercicio fiscal de que se trate."

Con base en ello, la fórmula de distribución aprobada por el Consejo Nacional de

Seguridad Pública, se integra por las siguientes variables:

I Número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal (valor ponderado

35%)

II. índice delictivo. (Valor ponderado 15 %)

III. Ocupación Penitenciaria. (Valor ponderado 20%)

IV. Avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública. (Valor

ponderado 10%)

V. Proyectos nacionales, convenidos en proceso. (Valor ponderado 20%)

"Como se puede observar, existen dos grandes grupos que combinados se llevan

el 65% de los recursos del FASP; a saber: el criterio poblacional y el criterio

administrativo, conformado por el avance en el Programa del Sistema Nacional de

Seguridad Pública y en la inversión de los proyectos nacionales convenidos"

(Arango Durán, Arturo, 2003 pp. 13 y 14).

El siguiente criterio está dado por la población penitenciaria con el 20 % y por

último se halla el índice delictivo que tiene el 15% del FASP, el cual a su vez se

encuentra integrado por tres rubros: el índice delictivo en cuanto tal, con el 6%; el

índice de delitos de alto impacto, también con un 6%, y el índice de delitos

cometidos por crimen organizado.

Para el presente ejercicio fiscal, el gobierno federal, asignó al FASP la cantidad de

2,500 millones de pesos (Véase Presupuesto de Egresos de la Federación para el

ejercicio fiscal 2004), los cuales, de conformidad con el Acuerdo mediante el cual

se mantienen vigentes los criterios de asignación y la fórmula de distribución de


189

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados

y del Distrito Federal (FASP), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30

de enero del año en curso, se distribuyeron de la siguiente manera:

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA FORMULA DE DISTRIBUCIÓN POR

ENTIDAD FEDERATIVA

Repartición del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y

del Distrito Federal por Receptor (Pesos)

Cuadro 3.1

ENTIDADES TOTAL

Aguascalientes 37,632,409

Baja California 105,511,521

B. California Sur 43,420,792

Campeche 37,758,665

Coahuila 73,349,507

Colima 35,998,918

Chiapas 109,512,890

Chihuahua 85,018,568

Distrito Federal 154,274,578

Durango 61,288,428

Guanajuato 90,646,748

Guerrero 77,835,027

Hidalgo 59,409,734

Jalisco 116,716,269

México, Edo. 202,376,212

Michoacán 94,182,122

Morelos 50,866,280

Nayarit 46,350,007

Nuevo León 98,569,979

Oaxaca 81,538,438

Puebla 93,329,543

Querétaro 45,598,202


190

Quintana Roo 42,761,675

San Luis Potosí 74,650,452

Sinaloa 73,269,984

Sonora 104,527,429

Tabasco 60,286,955

Tamaulipas 96,500,362

Tlaxcala 30,783,622

Veracruz 124,479,842

Yucatán 51,257,222

Zacatecas 40,297,620

TOTAL $ 2,500,000,000


Con anterioridad a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, existen una

serie de antecedentes que constituyeron la base de ésta, uno de ellos está en la

Dirección Federal de Seguridad (DFS) la cual constituía una Dirección General

dentro de la Secretaría de Gobernación, considerada por algunos estudiosos

como una verdadera policía política, debido a las atribuciones que el Reglamento

Interior de esa Secretaría en el año de 1973 le otorgaba, como son: vigilar,

analizar e informar de hechos relacionados con la Seguridad de la Nación y, en su

caso, hacerlos del conocimiento del Ministerio Público Federal; proporcionar

seguridad, cuando se requiera, a funcionarios extranjeros que visiten oficialmente

el país, y realizar todas las actividades que, en la esfera de su competencia, le

confiera el titular de la Secretaría y otras disposiciones legales. Como se observa,

las facultades de dicha Dirección eran extensas y prácticamente sin regulación, a

ello obedece que en 1986 haya desaparecido, al comprobarse que había sido

corrompida por el narcotráfico.

En 1993 con la creación de la Coordinación Federal de Seguridad Pública y la

subsecuente publicación por primera vez del Programa Nacional de Seguridad

Pública (1995-2000) cuyo gran acierto fue poner a funcionar el Sistema Nacional

de Seguridad Pública, se emprende otro gran esfuerzo sobre el tema, dándole


191

congruencia con la publicación de la Ley General que establece las Bases de

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No obstante, no se

pensó en la posibilidad y conveniencia de integrar en un solo órgano de gobierno

las funciones que se tenían distribuidas entre un gran número de instituciones, ya

que la actividad policíaca se desarrollaba por diferentes corporaciones que

dependían de la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de

Migración con su policía correspondiente; la Subsecretaría de Seguridad Pública,

dentro de la cual se encontraban las Direcciones Generales de Prevención y

Tratamiento de Menores, de Prevención y Readaptación Social y la de

Normatividad y supervisión de Seguridad Privada.

Por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la de Hacienda y

Crédito Público, tenían a su cargo respectivamente, la dirección de las Policías

Federal de Caminos y Fiscal Federal. El que se encontraran el control, el mando y

los ordenamientos tan dispersos, provocó que los esfuerzos fueran insuficientes y

los recursos mal aprovechados, además de que existían espacios no cubiertos

debido a que ninguna corporación deseaba extralimitar sus facultades ni invadir

competencias del resto de las corporaciones. Por tal razón el gobierno Federal

consideró la posibilidad jurídica de unificar los cuerpos de policías, a través de una

Ley que diera paso a la creación de una Policía Federal con funciones preventivas

y con las atribuciones que para ella se establecieran, es así como en 1999 se

publica la Ley de la Policía Federal Preventiva y en el año 2000 se expide su

Reglamento para determinar entre otras cosas, su estructura orgánica, funciones y

atribuciones de las unidades administrativas.

Otra de las propuestas fue crear la Secretaría de Seguridad y Servicios de la

Justicia, la cual integraría los esfuerzos de investigación, desarrollo de políticas

para combatir la delincuencia, la defensa de oficio y el sistema penitenciario

federal que brindaría apoyo a la Fiscalía General de la Federación (PGR) y al

Poder Judicial. Sin embargo, este proyecto se modificó pues con la publicación del

Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, "sobre una base de


192

reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General

que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad

Pública y la Ley de la Policía Federal Preventiva, se culminan los esfuerzos de

siete años en la búsqueda de un adecuado marco jurídico que diera respuesta a la

constante demanda de la ciudadanía en materia de seguridad pública" (Ramos

López, Juan, México, 2002, p. 20), se crea la Secretaría de Seguridad Pública

Federal, teniendo como propósitos fundamentales el desarrollar las políticas de

seguridad pública, proponer una política federal contra la criminalidad, que

comprendiera las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz

la comisión de delitos, así como fomentar la participación ciudadana en la

formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales

y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del

fuero federal.

A partir de su creación, la Secretaría de Seguridad Pública integró los órganos

administrativos desconcentrados dependientes de la Secretaría de Gobernación

que a continuación se nombran:

• Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Policía Federal Preventiva.

• Consejo de Menores.

Asimismo, se constituyó un nuevo órgano administrativo desconcentrado derivado

de la fusión de las extintas Direcciones Generales de Prevención y Readaptación

Social y de Tratamiento de Menores, ambas adscritas a la Secretaría de

Gobernación y dictaminadas el 27 de noviembre de 1998 por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público.

Por otra parte, con la finalidad de enmarcar las atribuciones de las unidades

administrativas de la Secretaría tendientes a la consecución de sus propósitos

fundamentales, así como para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las


193

personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, preservar la libertad, el

orden y la paz públicos en estricto apego al respeto a los derechos humanos, fue

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2001, el

Reglamento Interior de la Secretaría, documento, en donde, también, conforme al

transitorio tercero, se consideró integrar a la estructura orgánica del recién creado

órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el

Patronato para la Reincorporación Social por el empleo, también dependiente de

la Secretaría de Gobernación.

Una vez dictaminada por la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública quedó

conformada con 1 Secretario, 2 Subsecretarías, 1 Oficial Mayor, 10 Direcciones

Generales, 2 Coordinaciones Generales, 4 Órganos Administrativos

Desconcentrados y 1 Unidad de Contraloría Interna.

Es importante destacar que, la Secretaría de Seguridad Pública se integró como

miembro de la Comisión de Orden y Respeto, creada por Acuerdo Presidencial,

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de diciembre de 2000, la cual

tiene como compromiso específico, garantizar y preservar el orden e interés

públicos, la justicia, la protección de la población y el respeto a los derechos y

libertades ciudadanas, en el marco de una nueva gobernabilidad democrática, una

nueva arquitectura de los gobiernos federal, estatales y municipales que resulte en

un auténtico federalismo.

En julio de 2002, se dictaminaron y autorizaron modificaciones a la Estructura

Orgánica Básica de la Secretaría, con el propósito de reorientar funcionalmente

los procesos de trabajo de la misma que contribuyeran a la atención eficaz y

eficiente de los asuntos de su competencia conforme a los Programas

Institucionales, efectuándose los cambios orgánicos que se inician:


194

• La Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía, se transformó en Unidad de

Evaluación.

• Las Direcciones Generales de Servicios a la Comunidad y Participación

Ciudadana; de Registro y Supervisión a Empresas de Seguridad y servicios

de Seguridad Privada y de Protección de los Derechos Humanos adscritas

a dicha Subsecretaría, se reubicaron dentro de la Subsecretaría de

Seguridad Pública y la Dirección General de Vinculación con Instituciones

Policiales, también dependiente de la citada Subsecretaría, se transformó

en Dirección General de Evaluación, enlistándose a la referida Unidad de

Evaluación junto con la Dirección General de Innovación y Calidad.

• La Dirección General de Planeación y Estadística se transformó en

Coordinación General de Planeación de Operaciones de Seguridad Pública,

y se reescribió de la Subsecretaría de Seguridad Pública a las Áreas del C.

Secretario del Ramo.

Cabe señalar que la vigencia de las modificaciones anteriormente descritas,

efectuadas a la Estructura Orgánica Básica de la Secretaría de Seguridad Pública,

quedó sujetas a la publicación del nuevo Reglamento Interior de la Dependencia.

En el mes de agosto de 2002, se produjeron nuevos cambios en la estructura

orgánica básica de la Secretaría de Seguridad Pública, que no requirieron de

dictamen, pero sí de autorización, por tratarse de cambios funcionales que no

implicaban reformas al Reglamento Interior, como fue la readscripción de la

Coordinación General de Asuntos Internos de las áreas del C. Secretario del

Ramo, a la Subsecretaría de Seguridad Pública.

En el mes de septiembre, a fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el

desarrollo de las atribuciones conferidas en materia de servicios a la comunidad y

participación ciudadana, así como de derechos humanos, se dictamina y autoriza,

la transformación de las Direcciones Generales de Protección de los Derechos

Humanos; y de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana, en


195

Coordinación General de Derechos Humanos y Participación Ciudadana,

adscribiéndose a la Subsecretaría de Seguridad Pública, de la cual dependían las

Direcciones que se transformaron.

Derivado de las modificaciones efectuadas a la Estructura Orgánica Básica de la

Secretaría de Seguridad Pública, dictaminadas y autorizadas en los meses de

julio, agosto y septiembre de 2002, descritas en los párrafos anteriores, el 9 de

diciembre del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un

nuevo Reglamento Interior de la Dependencia.

Finalmente, conforme a lo expuesto, la Estructura Orgánica Básica actual de la

Secretaría de Seguridad Pública, quedó conformada por: 1 Secretario, 1

Subsecretaría, 1 Oficial Mayor, 1 Unidad, 4 Coordinaciones Generales, 8

Direcciones Generales y 4 Órganos Administrativos Desconcentrados, así como 1

Órgano Interno de Control.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue modificada en su

artículo 26 donde se crea a la Secretaria de Seguridad Pública y adicionándose a

la misma el artículo 30 bis en el que se establecen las atribuciones y funciones de

dicha dependencia.

Las principales atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública son:

• Desarrollar las política de seguridad pública y proponer la política criminal

en el ámbito federal para prevenir la comisión de delitos;

• Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

• Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y

programas preventivos en materia de delitos;

• Organizar administrar dirigir y supervisar a la Policía Federal Preventiva;

• Establecer un sistema destinado a obtener, analizar y procesar información

para la prevención de delitos;


196

• Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas prevenir la

comisión de delitos del orden federal así como preservar la libertad el orden

y la paz públicos.

• Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de

seguridad en dos o más entidades así como supervisar su funcionamiento;

• Colaborar en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública con

autoridades federales estatales y municipales competentes cuando ellas lo

soliciten;

• Auxiliar al poder judicial de la federación y a la procuraduría general de la

república cuando sea requerido

• Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar en el sistema

federal penitenciario, así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a

liberados;

• Participar conforme a los tratados respectivos en el traslado de los reos a

que se refiere el quinto párrafo del Art. 18 constitucional y

• Administrar el Sistema Federal para el tratamiento de menores infractores.

En este contexto y como consecuencia de las modificaciones y adiciones a Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General que establece las

Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Publica fue reformada

en sus artículos 12, 14, 52, facultando al Secretario de Seguridad Publica para

presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública, proponer al Consejo Nacional

de Seguridad Pública el nombramiento del Secretario Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública y removerlo libremente; así como autorizar y

supervisar a empresas de seguridad privada que presten sus servicios en dos o

más entidades federativas respectivamente.

Como consecuencia de los cambios generados en el cuerpo normativo referente a

seguridad pública fue necesario reformar la Ley de la Policía Federal Preventiva

en su artículo 2 el cual transfiere el mando, dirección y disciplina de la Policía

Federal Preventiva, al Secretario de Seguridad Pública.


197


Uno de los principales retos a los que se enfrentan los responsables de las áreas

de seguridad pública en su quehacer diario, es el de buscar los mecanismos

adecuados para sumar todos los esfuerzos a su alcance en el combate contra la

delincuencia.

Entre los factores que se buscan en el diseño de las estrategias operativas, uno

prioritario es el estar presente en las zonas que más requieran su presencia y

sobre todo el de contar con una capacidad de respuesta adecuada a las

contingencias que se presenten en cualquier llamado de auxilio a la población.

No se puede concebir nuestro sistema federal como un conjunto de entidades

anárquicas y aisladas que tiene su razón de ser en la defensa radical de sus

ámbitos de acción.

Negar la posibilidad de que los tres órdenes de gobierno se coordinen para

desempeñar la función de seguridad pública es no conocer el sistema de

competencias establecido en la constitución y es negar uno de los principios

básicos que la inspiran: el federalismo.

"El federalismo es un sistema de cooperación donde se establecen distintos

órdenes de gobierno para el mejor desempeño de las funciones públicas; pero

cuando este mejor desempeño lo requiere, se prevé que estas instancias

gubernamentales cooperen para la consecución de objetivos comunes esta es la

esencia del federalismo cooperativo" (Guillén López, Tonatiuh, México, 2001, p.

13).

El doctor Ignacio Burgoa Orihuela señala que "el sistema federal se caracteriza

por:


198

• Autonomía democrática de las entidades en el sentido de designar a sus

órganos de gobierno administrativo, legislativo y judicial ;

• Autonomía constitucional , traducida en la potestad de dichas entidades

para organizarse jurídica y políticamente, sin transgredir o acatando

siempre los principios de la Constitución nacional;

• Autonomía legislativa, administrativa y judicial, en lo que concierne a las

materias no comprendidas en la órbita federal;

• Participación de las propias entidades en la expresión de la voluntad

nacional, tanto por lo que respecta a la integración del cuerpo legislativo

federal, como por lo que se refiere a la formalidad de la Constitución

general" (Burgoa Orihuela, Ignacio. México, 1991, p. 414).

Para definir los alcances del sistema de coordinación en materia de Seguridad

Publica hay que entender el sistema de competencias establecido en la

Constitución.

El artículo 124 de nuestro ordenamiento jurídico supremo establece que "las

facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados (Véase artículo 124

Constitucional). Así se puede decir que la Constitución de nuestro país establece

un sistema de competencia residual.

En el sistema constitucional mexicano, se consagran facultades atribuidas a la

Federación contenidas en el artículo 73 distinguiéndose las facultades expresas

enunciadas en las primeras veintinueve fracciones y las facultades implícitas que

son las que el poder legislativo puede concederse a sí mismo para ejecutar las

expresas.

También están las facultades prohibidas a la Federación y las facultades

prohibidas a la Entidades Federativas, cuya prohibición puede ser absoluta como


199

las que contiene el artículo 117 constitucional, o pueden ser relativas si las pueden

ejercer con el consentimiento del Congreso de la Unión casos determinados en el

artículo 118 constitucional.

Hay una serie de facultades que por disposición constitucional pueden realizar

tanto la Federación como las Entidades Federativas, estas son las facultades

coincidentes que están establecidas en forma amplia cuando no se faculta a la

Federación o a las entidades federativas a establecer leyes o criterios generales

que regulen la actividad y este es el caso de la seguridad pública, que con las

modificaciones al artículo 21 constitucional, ha pasado a ser una facultad

coincidente establecida de modo restringido al facultar al Congreso Federal en la

fracción XXIII del artículo 73 para establecer las bases de coordinación para

desempeñar esta función.

Por tales razones, se puede inferir que el hecho de que la Federación, el Distrito

Federal, los Estados y los Municipios desempeñan de modo coincidente y

coordinado la actividad tendiente a garantizar la seguridad pública no viola ningún

precepto del ordenamiento jurídico supremo y no vulnera competencia

constitucional alguna.

Lo que se pretende con las leyes que todas las capacidades del Estado mexicano

se pongan de manera coordinada al servicio de la población para que con respeto

irrestricto a las esferas de competencia se garantice la vigencia del estado de

derecho.

Las bases de la coordinación son tres: primero definir la seguridad pública como

una función del Estado mexicano está en todos sus ámbitos de competencia y por

lo tanto como articulación de sociedad y gobierno para lograr la paz y la

estabilidad social; segundo las materias en las cuales las instancias de gobierno

se van a coordinar; y tercera, una base sistemática que le dé sentido a la

permanente y necesaria relación entre todas las instancias de gobierno.


200

Derivado de lo anterior, se puede afirmar que "el Sistema Nacional de Seguridad

Pública es el conjunto de instancias, instrumentos, servicios y mecanismos

jurídicos de coordinación que establecen y promueven las reglas, políticas,

lineamientos y acciones que tienden a armonizar el ejercicio de las atribuciones de

las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios

que tienen a su cargo constitucionalmente la función estatal de la seguridad

pública" (Sandoval Ulloa, José G. Op. Cit. p. 43).

3.11.1. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN.

Las instancias de Coordinación son los órganos colegiados, en los que participan

los diferentes niveles de gobierno, de discusión y resolución, del Sistema Nacional

de Seguridad Pública. Estos son:

• El Consejo Nacional de Seguridad Pública, con jurisdicción en todo el país.

• Los Consejos Locales de Coordinación, como instancias en el ámbito

estatal.

• Los Consejos Regionales de Coordinación, como instancias en las que

participan dos o más Entidades Federativas.

• Consejos Delegacionales o Municipales, en el ámbito de las delegaciones

del Distrito Federal y de los Municipios de los Estados.

• La Conferencia de Prevención y Readaptación Social, como auxiliar para el

conocimiento de la materia respectiva a nivel nacional.

• La Conferencia de Procuración de Justicia, como órgano auxiliar en su

materia.

• La Conferencia de Participación Municipal, también como órgano auxiliar

que a nivel nacional promueve la participación coordinadora de los

Municipios.

• Las Comisiones que lleguen a formarse en la materia y, en particular, para

el estudio de la incidencia delictiva.


201

Cabe señalar, que recientemente fue aprobada una reforma al primer párrafo del

artículo 13 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se incluye la Conferencia

Nacional de Secretarios de Seguridad Pública como una instancia más de

coordinación .

Estas instancias no constituyen entes de la administración pública que venga a

engrosar el aparato administrativo, sino exclusivamente son mecanismos a través

de los cuales se logran acuerdos respecto a estrategias y acciones conjuntas en

materia de seguridad pública, entre los sectores públicos y privados involucrados.

3.12. CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública es la instancia superior de coordinación

del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 12 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del

Sistema Nacional de Seguridad Pública está integrado por:

I. El Secretario de Seguridad Pública, quien lo preside.

II. Los Gobernadores de los Estados;

III. El Secretario de la Defensa Nacional;

IV. El Secretario de Marina;

V. El Secretario de Comunicaciones y Transportes;

VI. El Procurador General de la República;

VII. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y

VIII. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En términos del artículo 15 de la Ley General que establece las Bases de

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los asuntos que conoce

y resuelve el Consejo Nacional de Seguridad Pública son los siguientes:


202

I. La coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. La determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas

generales en materia de seguridad pública;

III. La formulación de propuestas para el Programa Nacional de Seguridad

Pública, así como la evaluación periódica de éste y otros relacionados;

IV. La determinación de medidas para vincular el Sistema Nacional con otros

nacionales, regionales o locales;

V. La emisión de bases y reglas para la realización de operativos conjuntos

entre corporaciones policiales federales, locales y municipales;

VI. La realización de programas de cooperación internacional sobre seguridad

pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;

VII. La elaboración de propuestas de reformas a leyes y reglamentos en materia

de seguridad pública;

VIII. El análisis de proyectos y estudios que se sometan a su consideración por

conducto del Secretario Ejecutivo;

IX. La expedición de reglas para la organización y funcionamiento del Sistema

Nacional de Seguridad Pública; y

X. Los demás que sean necesarios para cumplir los objetivos de esta ley.

El Consejo designa a propuesta de su Presidente al Secretario Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, quién puede ser removido libremente por

dicho Presidente.

El artículo 16 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del

Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que el Consejo se debe reunir por

lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integra la

agenda de los asuntos a tratar y le corresponde la facultad de promover en todo

tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional.


203

Desde su instalación el 7 de marzo de 1996, el Consejo Nacional de Seguridad

Pública ha sesionado en 16 ocasiones.

3.13. CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Los Consejos Estatales y Municipales de Seguridad Pública, tienen su fundamento

jurídico en los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Ley General que establece las Bases

de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En dichos preceptos

se señala que en el Distrito Federa y en los Estados se conformarán Consejos

Locales, Municipales o Delegacionales, que tendrán a su cargo la coordinación,

planeación y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus

respectivos ámbitos de competencia.

Por lo que se refiere a los consejos estatales, en ellos participarán los municipios

atendiendo a las características regionales y demográficas de cada Entidad

Federativa.

Cuando para el cumplimiento de la función de seguridad pública sea necesaria la

participación de dos o más Entidades Federativas, la Ley General que establece

las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla

la posibilidad de establecer instancias regionales de coordinación, con carácter

temporal o permanente (Véase artículo 19 de la Ley General que establece las

Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Asimismo,

cuando se requiera la participación de dos o más Municipios, ya sea de un mismo

Estado o de diferentes, existe la posibilidad legal de constituir instancias

intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes.

Los Consejos Locales y las Instancias Regionales se deben organizar de manera

similar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, teniendo las funciones relativas

para hacer posible la coordinación y los fines de la seguridad pública, en sus

ámbitos de gobierno, y gozando de facultades para proponer al Consejo Nacional


204

acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la

coordinación.

3.14. ELEMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Los elementos del Sistema Nacional de Seguridad Pública son los instrumentos

creados con el objeto de auxiliar en el ejercicio de la función de coordinación y

operación en materia de seguridad pública. Dentro de dichos instrumentos se

encuentran:

a. El Servicio Nacional de Apoyo a la Carrera Policial; y

b. El Subsistema Nacional de Información que comprende:

• El Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.

• El Registro Nacional de Armamento y Equipo.

• La Estadística de Seguridad Pública

• La información de apoyo a la Procuración de Justicia.

Conforme a lo dispuesto por las fracciones VI y VII del artículo 17 de la Ley

General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, le corresponde al Secretario Ejecutivo de dicho sistema

administrar los instrumentos citados.

Servicio Nacional de Apoyo a la Carrera Policial.

Para dar cumplimiento a lo que señala la última parte del párrafo sexto del artículo

21 constitucional, que establece que "La actuación de las instituciones policiales

se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalización y honradez",

la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, en su artículo 22, prevé una serie de normas mínimas para que

la actuación de los integrantes de dichas instituciones se apeguen a los principios

constitucionales, y en sus artículos 23 y 24 asienta el principio de que la carrera


205

policial es el elemento básico para la formación de los miembros de los cuerpos

policiales y por ello deberá establecerse con carácter de obligatoria y permanente,

instrumentándose por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los

Municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, y de manera coordinada

a través de un servicio nacional de apoyo que homologue procedimientos y

busque la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas para la

formación de los integrantes de las instituciones policiales.

Subsistema Nacional de Información.

Para responder a la ausencia de un sistema integral de información, la Ley

General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, en su Capítulo Cuarto, sienta las bases normativas para la

instalación y funcionamiento de un sistema de información nacional sobre

seguridad pública, el cual para fines didácticos se le denomina subsistema para

destacar su pertenencia al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El subsistema nacional de información, se sustenta en la obligación general de la

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, de suministrar,

intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública, que permita el

fácil y rápido acceso a los usuarios que se refiere la Ley General que establece las

Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las Instituciones de Seguridad Pública del país generan cuantiosa y valiosa

información en el ejercicio de las acciones · propias de su competencia. En su

mayor parte esta información será sólo utilizada por la institución que la creara.

Con la obligación legal de los diversos niveles de gobierno, se promovió la

concentración y consolidación de dicha información, siendo esto el principal

sustento del subsistema nacional de información.


206

"La información sobre seguridad pública concentrada, sistematizada y analizada a

nivel nacional, se constituyó en un instrumento operativo que sostiene y hace

posible la acción coordinada esencial del Sistema Nacional sobre Seguridad

Pública" (Sandoval Ulloa, José G. Op. cit. p. 103).

A través de la consulta al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, las

instituciones de seguridad pueden efectuar una buena selección y contratación de

los integrantes de los cuerpos policíacos, evitando incorporar a policías o

expolicías que fueron rechazados por ineficacia, irresponsabilidad o

involucramiento en hechos delictivos.

El buen ejercicio de acciones policiales depende en buena medida de la existencia

y funcionamiento de un Registro Nacional de Armamento y Equipo, que evita

desviaciones de recursos, indebida utilización de armas y vehículos y abusos de

autoridad.

El conocimiento de la incidencia delictiva, de la estructura y modo de operar de los

delincuentes, especialmente del crimen organizado, permite una mayor eficiencia

y eficacia de las acciones policiacas, para ello es de vital importancia la

Estadística de Seguridad Pública que también forma parte del subsistema de

información nacional.

La necesidad de información sobre responsables de delitos, diferenciando

procesados o sentenciados, hizo indispensable la creación de una base de datos

que tuviera información de apoyo a la procuración de justicia, motivo por el cual

ésta de igual manera íntegra el subsistema de información nacional.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es coordinado y administrado por un

Secretariado Ejecutivo, el cual como ya se ha mencionado, constituye un órgano

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública y

anteriormente dependía de la Secretaría de Gobernación.


207

El artículo 17 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del

Sistema Nacional de Seguridad Pública señala:

"Serán funciones del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional:

1. Elaborar las propuestas de contenido del Programa Nacional de Seguridad

Pública y someterlas a la aprobación del Consejo;

2. Levantar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo, llevar el

archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que refiere el artículo;

3. Ejecutar y dar seguimiento a acuerdos y resoluciones del Consejo;

4. Proponer para su aprobación al Consejo políticas, lineamientos y acciones

para el buen desempeño de las instituciones de seguridad pública del país;

5. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo;

6. Coordinar el servicio nacional de apoyo a la carrera policial y las

instituciones nacionales de formación de las policías;

7. Administrar y sistematizar los instrumentos de información del Sistema

Nacional, así como recabar todos los datos que se requieran;

8. Informar periódicamente al Consejo de sus actividades;

9. Formular sugerencias a las autoridades competentes, para que las

instituciones de seguridad pública de la Federación, los Estados, el Distrito

Federal y los Municipios, desarrollen de manera más eficaz sus funciones;

10. Promover, por conducto de las instituciones de seguridad pública, la

realización de acciones conjuntas, conforme a las bases y reglas que emita

el Consejo y sin menoscabo de otras que realicen las autoridades

competentes;

11. Tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y

preservación de la seguridad pública;

12. Realizar estudios especializados sobre las materias de seguridad pública; y

13. Coordinar acciones entre las policías federales preventivas."


208

Para el ejercicio de dichas funciones, el Secretariado Ejecutivo cuenta con

diversas unidades administrativas dentro de las que se destacan las siguientes:

• Dirección General de Planeación.

• Dirección General del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad

Pública.

• Dirección General de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

• Dirección General de Coordinación con Instancias del Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

• Dirección General de la Red Nacional de Telecomunicaciones.

• Dirección General de Infraestructura y Equipamiento de Seguridad Pública.

• Los objetivos principales de estas Direcciones Generales son:

• Formular y dar a conocer a las entidades federativas, de conformidad con

los criterios aprobados por el Consejo Nacional, los lineamientos y las

propuestas de programación y presupuestario para la asignación y ejercicio

de los recursos del financiamiento conjunto tendientes a realizar las

acciones previstas en el Programa Nacional de Seguridad Pública.

• Promover la eficiencia, profesionalismo y honradez del recurso humano que

integra la cadena de seguridad pública a través de acciones destinadas a la

evaluación, certificación y capacitación, así como al fortalecimiento de

academias y centros regionales en el país.

• Fortalecer el suministro, intercambio y sistematización de la información

sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos,

que permitan a las instancias de seguridad pública brindar un óptimo

servicio a la ciudadanía.

• Integrar y coordinar a todas las instituciones de seguridad pública de la

Federación, estados, Distrito Federal y municipios con pleno respeto a su

ámbito de competencia, para que el Estado cumpla su función de

salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como

preservar el orden y la paz públicos.

• Modernizar y hacer más eficiente la infraestructura de telecomunicaciones

utilizada por las instancias de seguridad pública, para reforzar el


209

intercambio de voz, datos e imágenes, que posibiliten la coordinación y

articulación de acciones en materia de seguridad pública, así como brindar

un servicio telefónico de emergencia expedita y de calidad a la población.

• Mejorar la labor de las instituciones de seguridad pública y dignificar sus

ambientes de trabajo mediante la instrumentación de las acciones de

infraestructura y equipamiento.

• Facilitar la coordinación entre las distintas instancias federales, estatales y

municipales, tanto del sector público como de los sectores sociales y

privado, así como las Conferencias Nacionales y las relaciones con el

Poder Judicial de las entidades federativas, como el mecanismo que

establece la ley para fortalecer los programas específicos que desarrolla el

Sistema Nacional de Seguridad Pública.


210

CAPÍTULO IV LAS EVIDENCIAS Y SIMULACIONES DEL ESTADO FALLIDO

EN LO CONCERNIENTE A LA PROTECCIÓN, CUIDADO Y RESGUARDO DE

LA SOCIEDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO

4.1. INESTABILIDAD EN RECURSOS PARA COMBATIR AL NARCOTRÁFICO

Y PREVENIR LAS ADICCIONES

De acuerdo con el PEF 2012, a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) se

destinaron 45,536 millones; a la Secretaria de Marina Armada de México (Semar),

16,820 millones y para la Procuraduría General de la Republica (PGR), 15,385

millones, en total suman 18,836 millones de pesos.

En 2008, el gobierno federal ya había reconocido una brecha entre el gasto en el

control de la oferta y el encaminado a reducir a la demanda, al presentar el

programa de acción especifico 2007 – 2012, Prevención y tratamiento de las

adicciones de la Secretaria de Salud, (SSA).

La existencia de un desequilibrio de 16 a 1 en la inversión de recursos públicos a

cada estrategia en el país, el combate al narcotráfico, y la prevención y el

tratamiento de las adicciones.

La lucha contra el narcotráfico es necesaria, pero también es necesario reducir el

desequilibrio que existe en el programa de ayuda contra las adicciones.

El programa que el gobierno lanzo en 2007 tiene un respaldo empírico pobre y

problemático ya que no distingue entre tipos de drogas y confunde las ilícitas con

las licitas.

Existe una importante relación entre el consumo de sustancias y la comisión de

delitos. En más de la mitad de los casos del delito hay consumo de alcohol previo,


211

entonces el programa no sabe diferenciar entre drogas legales e ilegales,

haciendo una mescolanza a la vez.

La meta del programa no ha sido alcanzada ya que no se ha logrado disminuir las

adicciones en los jóvenes de 12 a 17 años como se tenía programado. Por el

contrario se han incrementado en ese sector en los últimos años. De ahí entonces

que los jóvenes al no tener recursos para obtener algún tipo de droga se vean en

la necesidad de delinquir para obtenerla, sin importarles la forma y las causa para

satisfacer sus necesidades.

4.2. LA CORRUPCIÓN Y SUS RESULTADOS EN LA ECONOMÍA MEXICANA

El crimen y la corrupción y evasión fiscal han costado a la economía mexicana

más de 87,2000 millones de dólares de 1994 a 2011.

Los flujos financieros ilícitos (FFI) pasaron de 1000 millones de dólares en 2000 a

68,500 millones en 2010, con un nivel histórico de 91,000 millones de dólares en

2007.

Durante estas cuatro décadas los flujos medios anuales de salida de capitales

ilícitos crecieron dramáticamente, de tres mil millones de dólares en los años

setenta a diez mil 40 en los ochenta; 17 mil 400 millones en los noventa y 46 mil

90 millones de dólares del 2000 al 2010.

A lo largo de estas dos décadas en cuestión, la media de los flujos de dinero ilícito

represento 5.2 por ciento del PIB, de acuerdo con el informe de México: flujos

financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida.

Como proporción del PIB, el máximo nivel de flujos ilícitos que alcanzó en 1995

son 12.7 por ciento.


212

Los FFI (Flujos Financieros Ilícitos) se han venido incrementando al pasar de una

media de 4.5 por ciento del PIB antes de la entrada en vigor del TLCAN en enero

de 1994, hasta 6.3 por ciento en los años siguientes.

En 2012, México fue seleccionado por la firma Global Financial Integrity (GFI) para

elaborar un estudio profundo sobre las causas y dinámicas detrás de sus FFI,

paralelo al reporte mundial que cada año realiza las firma acerca de los flujos

emanados de todos los países en vías de desarrollo.

Así el nuevo estudio global analiza los FFI procedentes de México de 1970 a

2010, midiendo y siguiendo la pista de la cantidad de dinero ilícito, las ganancias

del crimen, corrupción y evasión fiscal que abandono al país ilegalmente en este

periodo.

Los modelos utilizados no pueden detectar transacciones en efectivo que son

utilizadas en el tráfico de drogas y de personas, los estimados representan dos

escalas que son; extremadamente conservadores y de negación, evidentemente

las cifras serían mucho más altas si contáramos con la información del flujo de

dinero emanado del narcotráfico.

El reporte de GFI relativo a México señala que los FI como porcentaje de la deuda

externa se incrementaron de 15 por ciento en 2003, a 28.7 por ciento en 2011, con

una media de 16.8 por ciento en el lapso de 2003 a 2011. El brusco incremento de

este índice se produjo principalmente después de la entrada en vigor del TLCAN

en excepción de pocas alzas significativas, como porcentaje de nuestras

exportaciones, las FFI descendieron desde 74.4 por ciento en 2003 a 23.0 por

ciento en 2011.

Esto principalmente como consecuencia del crecimiento de las exportaciones de

petróleo a lo largo del tiempo.


213

Existe una relación estable entre el volumen de flujos ilícitos salientes y la base

previa e inmediata posterior a la crisis que México ha sufrido en este periodo.

4.3. LA INSEGURIDAD, RESTRICTIVA PARA UN VERDADERO CRECIMIENTO

DE LA ECONOMÍA NACIONAL

La inseguridad pública en el país se ha constituido en los últimos años como una

de las cinco principales causas de limitación económica para México. Conforme se

ha extendido la inseguridad, los costos que esta genera también se han elevado,

ya que pasaron de 12.3 por ciento del PIB en 1996, a más de 15 por ciento para

2011 (Banco de México y Centro de Estudios Económicos del Sector Privado

(CEESP). 2011. p. 15).

Los problemas de inseguridad pública representan un obstáculo para la evolución

productiva del país, porque los principales costos ocasionados por el crimen y la

violencia son la destrucción de infraestructura, las pérdidas de capital humano, el

ambiente de incertidumbre que genera para los negocios, así como la canalización

de recursos hacia el cómbate de la delincuencia.

Uno de cada siete pesos que se generan en México representa un gasto asociado

a la inseguridad. Gastos que engloban todos los que inciden en pérdidas de salud

y materiales sobre el bienestar de la sociedad, y que derivan de la contratación de

equipos y servicios de seguridad personal o el trabajo. Además de la disminución

del bienestar por perdidas en productividad, inversión y oportunidades de

consumo, como el caso de los turistas que ya no visitan México.

La delincuencia organizada en México, principalmente las dedicadas al tráfico de

drogas, los ha llevado a una dinámica irreversible de transnacionalización, como

imperativo para mantener la hegemonía en esa actividad delictiva y vincularse con

organizaciones criminales que se dedican a otros ilícitos que también trascienden

fronteras como el tráfico y trata de personas o de dinero.


214

El proceso tiene efectos en el ámbito internacional con el desplazamiento de

grupos criminales centroamericanos, principalmente colombianos, que se dedican

al tráfico y distribución de drogas o incluso a posicionar a grupos criminales

mexicanos de la costa del pacifico en la producción y distribución de drogas

sintéticas.

La dinámica delincuencial los inserta en nuevos mercados de consumo de drogas

en Norteamérica y Europa con grandes ganancias. La colocación de mariguana de

su punto de producción al mercado estadounidense genera ganancias de 25%, la

cocaína del 100% y en el caso de las drogas sintéticas les produce rentas del

1000%.

Las cifras dan una idea de la capacidad económica y de permeabilidad de las

comunidades donde se asientan esos grupos criminales, así como del poder

corruptor que potencialmente puede ejercer sobre diferentes autoridades de

México y el extranjero.

Es tal su capacidad que pueden disponer del armamento y la tecnología más

modernos en apoyo de actividades ilícitas. Entre ellas el monitoreo ilegal de

comunicaciones para elaborar contra inteligencia y neutralizar la estrategia y

acciones en contra del crimen organizado o bien, tecnología para la producción de

drogas con innovaciones técnicas avanzadas.

El mayor efecto de la delincuencia organizada es la de garantizar rutas y

mercados, propiciando pugnas, disputas, reacomodos o concertación de alianzas

de conveniencia. Pretenden así el control territorial y de autoridades, pero sobre

todo avanzar rápidamente en la ocupación de espacios sociales e institucionales

que hagan posible la supremacía sobre sus adversarios y garantizar a sus

seguidores condiciones de seguridad para sus negocios ilícitos.


215

El crimen organizado ha rebasado la frontera de la seguridad pública y sus

acciones cada vez más atentan o tienden a vulnerar la seguridad interior del

Estado, apropiándose de funciones y atribuciones que son propias de este.

Imponen condiciones para el libre tránsito, cobran impuestos, definen horarios y

lineamientos para la convivencia de la ciudadanía, con la ocupación territorial de

espacios generan virtuales situaciones de pérdidas de soberanía.

Se introducen en los círculos financieros, las actividades económicas en general e

incluso en la economía informal, inyectando recursos de procedencia ilícita que

fortalecen sus capacidades de maniobra, influencia y control.

La penetración de los círculos financieros representa un riesgo adicional que no se

presentaba en los esquemas tradicionales de operación de los grupos criminales.

Los flujos de dinero de procedencia ilícita y a los que suman los flujos de armas,

tanto en proporciones como en rutas, son equiparables y paralelas, a los flujos de

drogas hacia los países industrializados.

En el marco de las operaciones financieras internacionales están la de congelar

recursos financieros de empresas de origen mexicano hacia Estados Unidos, en

las que exista la presunción de presencia de recursos de procedencia ilícita, con el

daño en la imagen como país que esto genera y en la confianza de los

inversionistas.

El impacto entre los inversionistas que tienen las situaciones de violencia en

algunas regiones y localidades, en las que en efecto es un decremento de la

actividad económica formal, cuyo lugar es ocupado por los flujos ilícitos del

narcotráfico, provocando participación de los pobladores a la cadena

delincuencial.


216

Las acciones del crimen organizado han impactado en la creación de patrones

culturales. La mayor difusión de actos de violencia se empezó a transmitir en

horarios previos a los noticieros de cobertura nacional, con lo que se aseguraba

que sus venganzas o acciones contra organizaciones rivales o incluso contra la

población civil, se difundieron en el ámbito nacional e internacional.

El impacto entre los grupos sociales por acciones de intimidación y terror en contra

del núcleo de la población involucra factores relacionados con la educación, los

valores, las adicciones, las oportunidades de empleo, las expectativas de vidas y

convivencia social, que en conjunto tienden a impactar en el deterioro del tejido

social y en la posibilidad de que haya terreno fértil para la captación de nuevos

adeptos a la delincuencia organizada.

4.4. LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Hasta el 30 de septiembre de 2011, la denominada guerra contra el crimen

organizado llamada así por el propio presidente Felipe calderón al inicio de su

gestión, había dejado 47 mil 515 muertos.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Procuraduría General de la

Republica (PGR) de enero a septiembre de 2011 se registraron 12 mil 903

fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial.

Así la lucha contra el crimen organizado ha dejado 15 mil muertos en 2010, nueve

mil 614 en 2009, seis mil 838 en 2008; dos mil 825 en 2007.

La PGR considero que 2011 es el primer año en que el crecimiento de la tasa de

homicidios es significativamente menor en comparación con los observados en

años anteriores.


217

Es decir, aclaró que en septiembre de 2011, en contraste con 2010, hubo una

disminución del 11%, mientras que para el comparativo 2009 – 2010 un

crecimiento del 70%; del 2008 – 2009 creció en 63 por ciento y del 2007 – 2008

creció un 110 por ciento.

Informes de la PGR destacan que el 70 por ciento de los fallecimientos que por

características podrían haber ocurrido en el contexto de rivalidad entre

organizaciones delincuenciales, sucedieron en ocho entidades del país.

En este sentido las entidades donde se registró el mayor número de asesinatos

son: Chihuahua con dos mil 276; Guerrero con mil 153; Sinaloa con mil cien;

Veracruz con 535 y Baja California con 250.

El gobierno del presidente Calderón se comprometió a seguir trabajando en la

conformación de la base de datos de homicidios dolosos por presunta rivalidad

delincuencial, con el fin de que sea una herramienta efectiva que permita tanto

garantizar el acceso a la justicia a los deudos de quienes han solicitado el

intercambio de información entre órdenes de gobierno

Gráfica 4.1.1

Violencia en México Registrada durante el gobierno de Calderón

Fuente PGR. Informe Anual 2011.


218

Ya que 12,903 personas murieron a causa de la violencia de las bandas criminales

en México, entre enero y septiembre del 2011 11% más que en el mismo periodo

anterior. Y el programa de seguridad pública emanado por el gobierno si es que lo

aplica brilla por su ausencia ante este mal social.

4.5. LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS Y SU REPERCUSIÓN EN EL CRECIMIENTO

SOSTENIDO DEL PAÍS.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico identifico que al termino del año fiscal

(2011) se registró un excedente de 10 mil millones de dólares dentro del sistema

financiero mexicano los cuales presuntamente provienen de actividades ilícitas,

según un documento del Centro de estudios sociales y de opinión publica de la

cámara de diputados (CESOP).

El dato oficial, revelado a través del documento lavado de dinero: indicadores y

acciones del gobierno binacionales, señala que el congreso estadounidense

calcula entre 19 mil millones de dólares en el monto de las ganancias ilícitas que

fluyen anualmente desde Estados Unidos hacía cárteles del narcotráfico y otros

grupos criminales en México.

Los carteles del narcotráfico blanquean efectivo por un valor que va de 8 mil

millones de dólares a 25 mil millones de dólares anuales.

Mientras que ONG estadounidenses estiman que en México los carteles del

narcotráfico obtienen ganancias por alrededor de 5 por ciento del Producto Interno

Bruto, cifra que ascendería a poco más de 59 mil 500 millones de dólares, si se

considera el PIB nominal del segundo trimestre de 2011 (INEGI) y el tipo de

cambio FIX al cierre de junio de igual año (Banco de México).


219

Al comparar las dimensiones que adquiere en cada país el blanqueo de dinero, el

documento de la CESOP refiere que según los modelos de Global Financial

Integrity y de la Universidad de Columbia en Nueva York, las ganancias de las

actividades criminales en Estados Unidos ascienden a unos 196 mil 100 millones

de dólares, equivalentes a 1.36 por ciento del PIB de la economía estadounidense,

de los cuales 186 mil 600 millones serán lavados.

A su vez en México, los ingresos de las actividades ilícitas van de 36 mil a 38 mil

800 millones de dólares, que representan 3.6 por ciento del PIB y de estos, de 10

mil a 14 mil 500 millones de dólares serán blanqueados.

Según esos modelos, en Estados Unidos se lavan alrededor de 90 por ciento de

las ganancias de las actividades criminales, mientras en México una tercera parte

de los ingresos que generan los cárteles se reincorporan a la economía formal.

Las mismas fuentes (CESOP), indican que la distribución del blanqueo de dinero

en Estados Unidos según las actividades criminales de las que procede, es la

siguiente: 46 por ciento de las drogas, 32 por ciento del tráfico de personas, 15 por

ciento de la piratería y 7 por ciento del fraude.

En México, 41 % del dinero blanqueado proviene del narcotráfico, 33 por ciento

del tráfico de personas, 20 por ciento de la piratería y 6 por ciento del fraude.

Al comparar el número de reportes y los resultados de investigaciones judiciales

entre Estados Unidos y México, se observan las siguientes diferencias: mientras

en estado Unidos se hicieron cerca de 50 por ciento de las investigaciones

iniciadas en el blanqueo de dinero durante 2010, y ocurrió lo mismo con el 40 por

ciento de las realizadas conforme a la ley del secreto bancario , en México el

porcentaje de sentencias por lavado de dinero es de 2 por ciento en igual año y no

se cuenta con datos específicos sobre el secreto bancario.


220

La impunidad es el enemigo a vencer. La inseguridad obstruye el progreso

individual y colectivo del país, quebrantando el orden jurídico y las oportunidades

para generar crecimiento y bienestar social.

La población desconfía de sus gobernantes, lo cual desgasta el respeto a la

autoridad y debilita el Estado de derecho. Las causas de inseguridad se

encuentran, por un lado, en las debilidades e insuficiencias técnicas de las

instituciones policiales, de procuración y de administración de justicia y de

reinserción social, así como en su precaria coordinación y organización, aunadas

a la corrupción que en parte de ella anida.

La falta de oportunidades de educación, salud, vivienda, empleo, recreación y

bienestar general en amplias capas de la población, al igual que la pérdida de

valores, de identidad y de integración familiar que ayuden a disminuir la brecha

social que cada día se acentúa más.

Por lo tanto los efectos que tanto pregona el gobierno federal en seguridad pública

para generar bienestar y protección en el Estado mexicano, resultan inversos.

4.6. INDICADORES PARA EVALUAR AL ESTADO MEXICANO COMO

FALLIDO.

Un centro académico con sede en Washington, D.C. presenta anualmente un

índice de estados fallidos con base en doce variables de tipo social, económico,

político y militar, cuyas mediciones pueden ir del 1 al 10.

Entre más alta sea la cifra asignada al indicador de que se trate, menos bien

evaluado resulta el Estado en cuestión, de ahí que el mejor evaluado ocupa el

último lugar de la lista y el peor evaluado el primero.


221

Para el 2011 esos datos son los siguientes: mejor evaluado (lugar 17) el Estado de

Finlandia, con un índice de 19.7 puntos y el peor evaluado (lugar 1°) el Estado de

Somalia, con 113.4 puntos.

Entre las conclusiones que presenta este estudio para el caso mexicano en el

tema que nos ocupa de seguridad pública, destaca la afirmación de que el

gobierno de México está bajo creciente presión para desmantelar a los carteles de

la droga y restablecer el orden. Si el gobierno de México resulta inhábil para

proteger a sus ciudadanos de la violencia, empezara a perder los avances que

había conseguido en materia de legitimidad, donde logro para de 7.7 puntos en

2005 a una calificación de 6.6 puntos durante los últimos tres años.

Entre los avances y presiones recientes se menciona que se ha deteriorado

ligeramente el respeto a los derechos humanos en México, junto con una

calificación más alta (y bajo la lógica de ese índice, más negativa) de los aparatos

de seguridad, debido al incremento de la violencia entre las fuerzas armadas y los

carteles, lo que ha ocasionado la muerte de civiles inocentes; en tanto que la

policía en México es notoriamente corrupta y actúa en un clima de impunidad. Por

lo tanto una conclusión central de ese documento es que son necesarias reformas

serias para arreglar a las instituciones mexicanas.

El narcotráfico fue calificado como una amenaza a la seguridad nacional en

respuesta, en gran medida, a la presión ejercida por el gobierno de los estados de

América sobre su contraparte mexicana; lo que se buscaba era reducir la oferta en

el territorio del vecino del norte de los narcóticos que entraban de corte represiva

centrada en la oferta que ha seguido el gobierno estadounidense, bajo la premisa

de que al disminuir la oferta se contraerá el consumo, propósito final de la misma.

Esta estrategia ha generado resultados muy endebles por el lado del consumo

debido a la gran adaptabilidad que muestra el mercado ilícito de narcóticos: al

bajar la demanda de un cierto tipo de drogas ilícitas en una zona geográfica a


222

consecuencia de las medidas de fiscalización aumenta el otro tipo de narcóticos;

mientras que la oferta de los primeros tiende a desplazarse hacia otros mercado

menos vigilados.

De modo que un efecto no deseado de esa estrategia ha sido el propiciar la

dispersión geográfica del consumo y el surgimiento de nuevos tipos de drogas que

se consumen ilícitamente, en tanto el negocio continúa siendo altamente rentable,

tal y como lo confirma el Informe Mundial sobre las Drogas 2011,que

recientemente dio a conocer la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el

Delito (ONUDD).Entre las conclusiones principales de este informe señala que los

mercados mundiales de cocaína, heroína y cannabis se redujeron o se

estabilizaron, pero aumentaron la producción y el abuso de opioides y de nuevas

drogas sintéticas, de venta con receta. El uso de la fuerza del Estado en contra de

los narcotraficantes está orientado a tratar de desmantelar a esos grupos

mediante la eliminación física de sus integrantes no a que sean cumplidas las

órdenes de aprehensión en su contra, porque para eso hacen falta elementos de

prueba para poder apresarlos y juzgarlos de acuerdo a derecho.

4.7. LA DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS POR LA

INSEGURIDAD Y LA DELINCUENCIA EN MÉXICO.

A consecuencia de la inseguridad y delitos criminales, las empresas en México

perdieron 15 mil millones de pesos en 2011, equivalente a 56 mil 700 pesos por

unidad económica, según datos del INEGI. El 41.4% por gastos de victimización

se van en el gasto para medicinas de protección y el restante 58.6% representa

las pérdidas económicas de los actos delictivos, donde 3 de cada 10 compañías

fueron víctimas de un delito en 2011, entre los que se encuentran corrupción, robo

o asalto de mercancías insumos, dinero o bienes, extorsión y robo hormiga.

Empresas victimas por la inseguridad


223

Un millón 389 mil unidades económicas fueron víctimas de algún delito durante

2011, lo que representa 37.4% del total que existen.

De este conjunto el 41.6% perteneció al sector comercio, mientras que el 36.6% a

la industrial y el 32.7% a servicios.

Los datos del INEGI reportan que para el comercio las perdidas por la inseguridad

ascendió a 49 mil 651 pesos, siendo el sector más propenso a ser víctima de

algún delito, principalmente robo o asalto de mercancías, dinero, bienes, robo

hormiga y extorsión.

Por el tamaño de las empresas, las principales víctimas fueron las grandes con

63.1% de los casos, seguido de las medianas en 62.5%, mientras que 57.8% las

pequeñas y en un 36.3% las micro.

En cuanto a estimaciones del costo por la inseguridad, las de tamaño grande

perdieron en 2011 un millón 158 mil 561 pesos; le siguieron las empresas medias

con 406 mil 473 pesos, en tanto las de menor tamaño (pequeñas), tuvieron

pérdidas por 182 mil 479 pesos y las micros 39 mil 501 pesos.

Entre los delitos más comunes para las compañías grandes estuvo el robo o

asalto de mercancías, dinero, bienes y mercancías en tránsito.

Las medianas fueron víctimas de robo hormiga y las micro y pequeñas de

corrupción.

Tocante a las denuncias de los delitos, solo se denunció el 14% de los delitos de

los cuales el 84.6% llevo al inicio de averiguación previa en el Ministerio Publico.

Entre los motivos que llevo a los responsables de las unidades económicas

víctima de un delito a no denunciar, fue por desconfianza a la autoridad, miedo a


224

que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles. Otras cifras del

INEGI reportan que del total de delitos a empresas, en el 52.7% de los casos

estuvo presente una víctima (personal), en este caso los delincuentes portaban

arma en el 18% de las veces.

Mientras que de los delitos donde el delincuente portaba una arma, en el 19.8% de

los casos fue utilizada para cometer la agresión.

Gráfica 4.1.2

Incluye delito informático, secuestro de algún propietario, robo total de vehículo, robo en forma

distinta a los anteriores y otros delitos distintos a los anteriores. FUENTE: INEGI, 2011. Víctimas

del delito

4.8. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

Construir ciudades incluyentes dónde la toma de decisiones la tomen en conjunto

toda la sociedad, resulta utópico. Ya que sobre su seguridad depende de acuerdos


225

con las instituciones policiales, y esto se convierte en un factor básico en el

momento actual. Para ello las instituciones policiales deberán entrar en un proceso

de democratización. Deben dejar de ser aquellos entes cerrados incapaces de leer

a su sociedad, y por ende grandes productores de impunidad.

Las ciudades deben volverse incluyentes para resolver infinidad de asuntos de la

ciudadanía sólo con el acercamiento entre instituciones y ciudadanos será posible

derrumbar el monopolio de la toma de decisiones. Toma de decisiones que le

hace falta el manejo político del acuerdo en la negociación.

La toma social de decisiones en México atraviesa por dos planos muy visibles: el

primero dónde el gobierno se configuró como una enorme organización

centralizadora de decisiones, pero que en el conocido periodo neoliberal priista las

llamadas reformas estructurales conducen al gobierno a reducir la inversión

pública y en esa medida se desploma su esquema centralizador de decisiones. Al

mismo tiempo, la toma de decisiones de la sociedad civil en el ámbito de una

democracia representativa, a través de su homus políticus no se le respetaba el

voto, ni existía alternancia real en los poderes, por ello el ciudadano no asumían

en estricto sentido su ciudadanía.

El segundo plano de la toma social de decisiones, se expresa con la tendencia al

interior de la democracia representativa de respeto al voto, con el crecimiento de

la alternancia en los poderes, la posibilidad de la democracia directa y el

incremento de la conciencia política individual y colectiva de los ciudadanos.

En ese sentido, la toma de decisiones de la sociedad civil se convierte en un punto

de referencia básico que debe establecerse con plenitud a través de la democracia

representativa y la democracia directa. Hacer avanzar la democracia

representativa se convierte en un proceso que es necesario acrecentarlo en forma

continua. Actualmente, la democracia representativa en México, conlleva un

respeto al voto sólo como una tendencia que ha crecido pero sin una garantía de


226

que ello siga sucediendo, además el abstencionismo es otro factor que no permite

a la democracia representativa establecerse con plenitud.

El crecimiento de la alternancia en México no se debe reducir a la alternancia de

los partidos en asuntos como la inseguridad. Así, el respeto al voto, la alternancia

al interior de los partidos y la participación de los ciudadanos en muchos puntos de

la vida social, son dinámicas de la democracia representativa que deben

imponerse en nuestro país. Para que de esa manera, la toma de decisiones o las

decisiones de la sociedad civil empujen el equilibrio de poderes a un mejor nivel.

No permitir la participación de la ciudadanía: golpearía de frente la toma de

decisiones de la sociedad civil, destrozaría el incipiente avance de la democracia

representativa y destruiría la alternancia al interior de los partidos, las conciencias

políticas individuales y colectivas se tensionarían y desencantarían, acotando

autoritariamente la libertad política de los mexicanos, ahora que buscan y se

construyen los propios espacios de participación política, y se interesan más que

nunca en los asuntos sociales, como en la inseguridad que es el punto de

discusión.

La toma de decisiones de la sociedad civil mexicana ha sido la más golpeada en la

historia política del país. Por eso en particular, consideramos que la democracia

representativa del lado de la sociedad civil tiene que crecer y consolidarse. Sin

menos cabo de lo que se tendrá que seguir haciendo del lado de la sociedad

política. Ya que apenas comienza el ascenso de la democracia representativa y ya

se le quiere romper la continuidad, cuando lo mejor es un marco de decisión que

incremente dicha democracia representativa.

Respecto a la democracia directa en México, como el otro componente de la toma

de decisiones de la sociedad civil, en el contexto actual se nota que el gobierno

federal no quiere la presencia de sus figuras jurídicas como: el referéndum, el

plebiscito y la consulta popular, en la medida en que serían desde la lógica de

gobiernos, focos de presión para el tipo de política que está llevando acabo. El IVA


227

a medicinas, libros etc., contracción de la economía vía subejercicio del gasto, el

corto, el recorte presupuestal, la amenaza de una política de racionamiento con

todo el problema social atrás.

Entonces, figuras como plebiscito y referéndum presionando la política federal, el

gobierno lo observaría como algo riesgoso en su poder. Y si a esto le sumamos la

posible reelección inmediata de los diputados de mayoría relativa, propuesta de un

secretario de gobernación para discutirse, nos permite observar un doble

acotamiento, meter en un puño a la democracia representativa y olvidarse de la

democracia directa implicando, un control de la toma de decisiones de la sociedad

civil.

Es cierto que en algunos Estados sus constituciones poseen las figuras de

plebiscito y referéndum, como en el caso de Veracruz y que bueno que se usen,

pero lo sustancial es su uso en el terreno federal. Claro que el contenido del

plebiscito veracruzano tiene su matiz de beneficio del actual gobernador para

presionar al gobierno federal, como forma de lucha política.

La toma de decisiones de la sociedad política no puede observarse fuera del

contexto llamado bloque de poder. Tal bloque expresa una tendencia histórica, en

principio en dicho bloque se articularon las fracciones de la clase dominante para

el control económico y el dominio del aparato de Estado. Bloque de poder que se

legitima a través de un régimen político de alianza de clases (organizaciones

obreras, campesinas. populares, sector nacionalista de la clase dominante).

La alianza y la burocracia política se fracturaron, fortaleciéndose el bloque de

poder en su cordón industrial-financiero-capital extranjero. Fracción que en el

momento actual ejerce en parte el poder político, es decir no sabemos en qué

grado tiene el poder político pero que en parte gobierna. En ese sentido, la toma

de decisiones de la sociedad política, se mete en una dinámica de definición

hegemónica entre sus componentes: el cordón económico-financiero-capital


228

extranjero como fracción que gobierna busca ampliar la hegemonía, y una prueba

de ello es que el famoso pacto político entre las fracciones dominantes, y las

fracciones políticas ha sido pospuesto a propósito: la alta burocracia política otrora

eje de la alianza de clases y del bloque de poder intenta reconstruirse: las clases y

los estratos sociales que fueron parte de la alianza se movilizan para amplificar su

participación en la democracia representativa y la democracia directa con el objeto

de al menos ser partícipes de la toma de decisiones. Dado que para otro tipo de

movilización si bien las condiciones se están construyendo, la represión brutal

también se construye potencialmente al luchar contra la inseguridad sólo por

razones de Estado, (con el pretexto de la inseguridad se viene estructurando la

logística de un cerco social. Sin que los gobiernos municipales se den cuenta,

pero si siendo corresponsables indirectos al apoyar la política neoliberal de

seguridad. Política neoliberal que vulneró la seguridad pública y ahora la

medicinan. Es decir crearon la descomposición del tejido social y ahora el

neoliberalismo lo administra y los gobiernos municipales son corresponsables de

esa administración). En ese contexto el discurso de un equilibrio de poderes

vuelve un cascarón, porque tal equilibrio sólo es un espacio de la lucha

hegemónica. Por eso es que reducir la democracia representativa, vía reelección

inmediata de diputados de mayoría relativa y no establecer la democracia directa,

es un juego sucio del bloque de poder, que no equilibra sino desequilibra los

poderes formales.

Por otro lado, los partidos políticos de ninguna manera son propiedad ni de sus

militantes ni de sus dirigentes. La sociedad mexicana es la que los mantiene a

través de sus impuestos, y esa misma sociedad es la que hace política. Es la que

busca participar en política a través de los partidos, en empujar para resolver los

problemas sociales.

La alternancia política al interior de los partidos de por si dominada por las familias

históricas en todos los partidos, ante una reelección inmediata de los diputados se

reduciría aún más la oportunidad de las masas partidistas de manifestar sus


229

visiones políticas y sociales en la práctica política. Familias históricas a nivel

nacional estatal, municipal e incluso por distritos electorales, traban la alternancia

política de la militancia de base al interior de los partidos, lo que se agravaría con

la reelección inmediata de los diputados. Familias genéticas, que se amplifican al

derivar como consecuencia del control político del poder, en familias gansteriles

construyendo intereses económico-político mafiosos que crecerían con la

reelección inmediata de los diputados. Familias históricas que hablan de

democracia cuando ellas mismas obstaculizan la democracia interna de los

partidos al negar la alternancia política adentro de los partidos. Alternancia como

fuente de equilibrio político de contrapeso y de gobernabilidad.

La alternancia al interior de los partidos deben ser las vías dónde fluyan no las

ideas técnicas sino los mejores posicionamientos de la sociedad y no de las

familias histórica, ni de los grupos.

Algunos analistas señalan que en México se da una sobre representación política

a través de la diputación plurinominal. Sobre representación y problemas de

representatividad hacen ambiguo y contradictorio el sistema republicano, que

según los estudiosos nos conducirán a la república parlamentaria. Dónde los

diputados de mayoría relativa tendrán que ser reelectos para que conozcan a la

perfección su oficio, pues tendrán que elegir al jefe de gobierno y al jefe de Estado

y entonces si gobernar junto con ellos.

Lo que equilibra los poderes es el desarrollo de la democracia representativa, y

de la democracia directa, lo contrario sería la derrota de la sociedad y del equilibrio

de poderes. La fuerza de los ciudadanos en todo el país es innegable, su

participación en política a nivel individual y a través de organizaciones ha sido

creciente (Cfr. Ramírez. José Manuel, México, 1986, pp. 38-55).

Por ello se hace necesario desarrollar la democracia representativa y la

democracia directa para una toma de decisiones lo más amplia posible. La toma


230

de decisiones no puede seguir como hasta ahora ya que las sociedad mexicana

está más informada, es más participativa en política, es más plural y culta por eso

necesita los mecanismos de la democracia directa, para participar de las

decisiones que le van a afectar. En la medida en que la sociedad mexicana no

pueda participar de esa toma de decisiones en el terreno real tendrá que seguir

soportando los excesos del Estado mexicano.

En el caso de México como sistema republicano no se puede seguir dependiendo

sólo del presidente de la república y de las Cámaras, para la toma de decisiones.

Se ha avanzado en los municipios en la toma de decisiones con la presencia de

los Consejos de Participación Ciudadana, pero lo que se requiere es participar en

la toma de decisiones a nivel de la política federal, de manera simple y eficiente,

sobre los grandes temas nacionales.

Si los ciudadanos pudiesen expresar en forma oficial sus opiniones, el Estado o

gobierno tendrá credibilidad siendo éste un componente público básico para

gobernar con confianza, ya que ello conduce al Estado a un manejo más flexible

de la acción de gobernar y por lo tanto mayor consenso, y la sociedad le

impactarían en menor medida la conducta irracional del Estado

Un cambio de condición que tiene que ver no sólo con el crecimiento exponencial

de los pobres sino fundamentalmente como resultado de la asociación de

organizaciones del crimen con determinadas autoridades. El incremento de la

pobreza en el país es sin duda un elemento detonante del incremento

delincuencial.

El incremento de la cantidad y calidad del delito que se comete, la impunidad con

la que se actúa, el despliegue técnico que se observa en determinados secuestros

asesinatos o robos nos hablan de un crimen que rebasó la esfera del individuo o

del grupo desesperados por sobrevivir, para entrar en el terreno de organizaciones

criminales claramente profesionalizadas en su actividad y tecnificadas en sus


231

instrumentos. Pero eso ocurre prácticamente en todo el mundo. La novedad

mexicana radica en la articulación de los grupos organizados para delinquir con

algunas esferas del aparato estatal con las que configuran una suerte de magma

desde donde se organizan, promueven y protegen dichas actividades.

Lo que resalta, sin embargo, es que el crimen organizado se ha ubicado en el

tablero de ajedrez del poder con cada vez mejores piezas. Se lo posibilita el

tablero donde el rey de nuestro ajedrez es un rey asediado. Sin piezas suficientes

y de peso que mover. Es el contexto de un sistema político que carece ya de la

técnica y la sabiduría institucionales para desalojar de raíz al crimen de aquellas

habitaciones de autoridad en las que goza de impunidad. El problema de la

criminalidad en México es finalmente un destacadísimo problema tanto político

como de seguridad nacional.

La criminalidad organizada plantea en efecto no sólo un desafío a la seguridad de

los ciudadanos sino que emblemática junto con la narco- política el mayor reto

para la seguridad nacional y. por tanto para la articulación y despliegue eficientes

del Estado.

Los Estados en general se han construido como soportes de la convivencia social

civilizada. Ninguna otra entidad dentro de la sociedad tiene los instrumentos

judiciales la fuerza o el estatuto legal para rearmar la convivencia segura que la

delincuencia organizada se encarga de volver un rompecabezas. Pero si los

ciudadanos no cuentan con los instrumentos para hacer valer de manera definitiva

sus expectativas si cuentan con ideas, organizaciones y con una posibilidad de

organización y movilización que ha hecho necesario renombrar el carácter de su

participación en los espacios públicos mexicanos: de la ausencia, dependencia, y

heteronomía de la sociedad al poder, se ha transitado a una sociedad cada vez

más autónoma en el ejercicio de hacer oír su voz y hacer visible su presencia,

como actor y sujeto de la regeneración social.


232

Estas organizaciones de ciudadanos se multiplican en México a partir de

mediados de la década de los ochenta, ubicándose como entidades diferenciadas

de los partidos políticos y el gobierno. Son resultado de causas múltiples: el retiro

del Estado de sus funciones asistenciales, el derrumbe de los parámetros

tradicionales políticos de socialismo – capitalismo, la complejidad de la demanda

social que no podía tramitarse toda por las vías partidarias, parlamentarias y

gubernamentales, la cerrazón de un sistema político autoritario. Estas

organizaciones ciudadanas que fueron bautizadas como ONG´s desde los ochenta

por la ONU son un fenómeno internacional expresivo de cuán compleja es la

construcción política del poder en nuestros días antes coto exclusivo de gobierno y

partidos. Participación ciudadana, en suma que al hacerse concepto se le designa

como "sociedad civil" organizaciones no gubernamentales tercer sector, etc. sin

que aún exista una valoración estricta de su significado y el lugar que ocupan en la

arquitectura de la cosa pública estas organizaciones actúan por los diferentes

andamios de la construcción de lo social: desde la demanda del medio ambiente a

la cultura política: de la defensa de los derechos humanos a las reivindicaciones

de género: de la filantropía a las acciones en pro de la seguridad pública.

Por sus estructuras organizativas así como por el carácter de sus demandas estas

organizaciones se distinguen netamente de los partidos políticos pues los partidos

se estructuran para la disputa y el ejercicio del poder político de Estado mientras

que las organizaciones ciudadanas lo hacen para atender misiones específicas

que si bien pueden tener una resonancia global como por ejemplo las causas de la

seguridad pública o de la cultura democrática su referente principal continua

siendo la ganancia social que de ello derive, y no la conquista del poder. Lo que

para los partidos es regularmente un medio, para las organizaciones ciudadanas

es un fin.

Las organizaciones ciudadanas pretenden hacer valer, por ejemplo, las jerarquías

y preeminencias del ciudadano en el mundo de la cosa pública, dado que no

siempre coinciden expectativa ciudadana con prioridad partidaria o


233

gubernamental. La seguridad pública, por ejemplo, es preponderante para la

ciudadanía, tema puntero de cualquier encuesta o sondeo de opinión. Un asunto

que, si bien es tema significativo para quienes se desenvuelven en la sociedad

política (Estado y partidos) el tratamiento que le otorgan en términos normativos y

presupuesta les sigue en espera, haciendo cola, después de los temas que los

partidos consideran de emergencia.

Por otro lado el combate a la delincuencia organizada, a sus mafias, a sus

articulaciones con las autoridades, no se gana con rosarios de declaraciones o

con profesiones de buena voluntad, con ganas, e incluso, no sólo con honradez de

parte de los gobernantes.

No pueden ya omitirse entonces, de los procesos de construcción del poder, ni a

las organizaciones cívicas, ni las expectativas y prioridades del ciudadano

considerado singularmente. Pero glorificar cada acto declaración, o posición

ciudadanas puede resultar una desorientación mayor.

Probablemente la primera reacción emocional ante el sadismo de algunos

delincuentes y la impunidad de la que gozan sea la venganza. La aplicación de

una pena simétrica a su violencia. El odio y la rabia que generan la impotencia

ante el victimario y su impunidad hacen comprensible el discurso de quienes

abogan por la pena de muerte. Comprensible psicológicamente pero no justificable

socialmente. Como Freud lo analizo todas las civilizaciones se construyeron a

contracorriente de pulsiones inmediatas destructivas del ser humano. Los

procesos civilizatorios de las sociedades instituyeron procedimientos en efecto,

que desplazaron como respuesta ante el delito el "ojo por ojo" o "el poner la otra

mejilla" por mejilla" por mecanismos racionales de tratamiento de la violencia

criminal. Esos mecanismos suponen una sublimación social que no es fácil de

aceptar por mucho más propensas a la revancha o la venganza cuando hemos

sido víctimas. Por ello las racionalizaciones que abogan por la pena de muerte


234

parecen en realidad, enmascaramientos de una revancha psicológica ante el

delito, pero no una propuesta eficaz y, sobre todo socialmente civilizatoria.

Si el asunto lo viéramos pragmáticamente, en efecto la pena de muerte es

ineficaz. En los países donde se encuentra instituida no disminuye la incidencia

del delito. Si lo viéramos a la luz del análisis sociológico podría ser monstruoso: si

la idea del maridaje entre delincuentes y autoridades en nuestro país es de fondo,

¿quiénes estarían aplicando la pena de muerte? Pero con todo, el argumentos

decisivos es de orden ético- político Ético, porque ningún hombre tiene e l derecho

de disponer de la vi da de otro. Político porque el Estado se construye para

sostener y alentar el proceso civilizatorio no para gozar de fuero institucional sobre

la vida de los particulares.

El combate al crimen organizado supone de entrada, (desde luego hay

muchísimas cosas más) dos prioridades: una un despliegue estratégico formidable

al interior del mismo Estado para trazar una frontera infranqueable entre quienes

procuran y administran justicia por un lado y los delincuentes por el otro. Segunda

que la sociedad continúe alerta y movilizada en torno de las acciones que

fortalezcan el combate a la delincuencia no desde la tentación de la barbarie que

busca el "ojo por ojo", sino desde las fortalezas de la ley racional que indican el

grado civilizatorio de una sociedad. Para ello se requiere la democratización de las

instituciones policiales que permitan la participación en la toma de decisiones

sobre el fenómeno de la inseguridad.

4.9. EL SISTEMA JURÍDICO REBASADO

Los delitos dentro de su evolución histórica, han sido reprimidos de muy diversas

maneras, pues lo que hoy se considera como delictuoso, al cambiar las formas de

vida se reduce a un simple hecho inmoral. Con el devenir del tiempo vuelve a

transformarse el medio ambiente y la injusticia de nueva cuenta se impone con

menor o mayor rigor.


235

La delincuencia en la época del Anáhuac se movía sobre un plano de 565 tribus

distintas con 120 lenguas y dialectos y constituyendo algo así como una República

en que para poder subsistir se tenía que hacer la guerra. El espíritu guerrero de

los aztecas imprimió una gran dureza a la vida entera del pueblo, lo que determinó

un sello especial a su delincuencia, de tal manera que al aplicar la sanción, esto

no se hacía de acuerdo con el interés social, sino en virtud de que se había

desobedecido el mandato expreso del Emperador o General con lo que se le

causaba agravio. La justicia estaba debidamente organizada y el procedimiento

penal tenía algunas particularidades no muy distintas a las leyes actuales. Las

más graves y crueles penas correspondían a los delitos contra la seguridad del

imperio; traición al soberano; espionaje; rebelión y Hechicería. Las penas eran:

descuartizamiento: desollamiento en vida: confiscación de bienes: demolición de la

casa: esclavitud para los hijos y parientes hasta el cuarto grado: muerte a golpes

de porra en la cabeza: o abrirle el pecho al culpable.

El que maltrataba a un embajador, ministro o correo del Rey perdía la vida, así

mismo dichos ministros no debían separarse del camino señalado ni de las

instrucciones del soberano so pena de perder la inmunidad o la vida por degüello.

Eran también reos de muerte los que suscitaban alguna sedición del pueblo los

jueces que daban una sentencia injusta o contraria a las leyes. El que en una

guerra hacia alguna hostilidad al enemigo sin orden del jefe, o los atacaba antes

de darse la señal, o abandonaba la señal, o infringía la orden general, era

decapitado.

El que en un mercado alteraba las medidas establecidas por los Magistrados, era

reo de muerte, cuya sentencia se ejecutaba en la plaza misma. En el Derecho

Penal Azteca, las penas eran más duras cuando le aplicaban a los nobles, la pena

de muerte para ellos y la esclavitud o penas deshonrosos para los plebeyos.


236

A los delitos enumerados se les puede considerar como antecedentes de los

delitos que integran actualmente los fueros federales y militares. Los delitos

propiamente comunes, eran el homicidio, robo de menor o mayor cuantía, el robo

cometido con agravantes, como con horadación, robo en despoblado, empleo de

bebidas soporíferas en el templo o en el mercado, abuso de confianza, despojo,

fraude, embriaguez de los jóvenes, mentira de la mujer y los niños, incontinencia

sexual de los sacerdotes, adulterio, aborto, violación, estupro, incesto,

homosexualidad, injurias a los padres. Eran castigados en la mayoría de las

ocasiones con la pena de muerte, apedreados, apaleados, agarrotamiento,

aplastamiento de la cabeza entre dos piedras, desollamiento vivos, arrastrándolos

o bien sometiéndolos a la esclavitud, cárcel, arruinamiento de la casa, quema

pública del cabello, incisiones en los labios (Cfr. García, Edmundo, México, 1976.

p. 91).

Los padres podían aplicar a sus hijos jóvenes penas infamantes como, pintarles

las orejas, los brazos o los muslos, cortarles el cabello, si eran viciosos, y si los

hijos se conducían indebidamente pena de muerte para ellos.

Examinando los delitos que se han descrito tendremos una idea más clara del

medio en que se movían los aztecas y cómo se perfilaba la delincuencia entre

ellos. Principiaremos con el delito de adulterio. El que mataba a la mujer propia, al

ser sorprendida en adulterio, era reo de muerte porque usurpaba a los

magistrados a quienes correspondía juzgar y castigar los delitos. El adulterio se

castigaba con el último suplicio, los adúlteros plebeyos eran apedreados o se les

aplastaba la cabeza con dos piedras en el mercado o tianguis: los nobles con

agarrotamiento y cremación. No constituía adulterio la relación sexual entre

hombre casado y la manceba de otro, salvo que el amancebamiento de ésta fuera

de tiempo atrás y se consideraba públicamente a la mujer como casada.

La adultera comparecía ante los jueces y si se le condenaba, ahí mismo se le

descuartizaba y se dividían los cuartos entre los testigos. En Itztepec, los


237

Magistrados mandaban al marido que cortara la nariz y las cejas de la mujer infiel;

en algunas partes del imperio, se daba muerte al marido que cohabitaba con su

mujer, constándole su infidelidad.

La embriaguez en los jóvenes, era delito capital pues el varón moría a palos en la

cárcel y la joven era apedreada. En los hombres hechos se castigaba con rigor,

aunque no con la muerte. Si era noble, lo privaban de su empleo, le cortaban el

pelo y le arruinaban la casa, diciendo que no era digno de habitar entre los

hombres. Esta ley no prohibía la embriaguez en las bodas y en otras festividades,

en que era lícito beber dentro de una casa más de lo acostumbrado, ni

comprendía a los que pasaban de sesenta años, que en razón de su edad podían

beber cuanto quisieran.

El aborto era castigado con pena de muerte para la abortadora y sus cómplices,

por practicar en la mujer maniobras abortivas o por proponerle el aborto.

Siendo el indígena nuestro antecesor, de grandes cualidades humanas y heredero

de grandes culturas, se le conquista y esclaviza basándose en el derecho divino

de los Reyes Españoles y para convertirlo a la fe cristiana, le aplican las reglas

imperantes en las guerras contra los moros o infieles, sin que en muchos casos se

haya conseguido dicha conversión y sí se les consideraba como delincuentes,

pues por la falta de preparación de los predicadores quienes enseñaban el

catecismo en latín y con dibujos, lo único que lograron fue la sustitución de los

ídolos por imágenes, prevaleciendo el paganismo. El choque de las dos culturas:

española e indígena fue explosivo.

Queriéndose imprimir a lo americano el sello de España, se trató de borrar todo

vestigio de cultura prehispánica, pero era tal su fuerza que en cuanto a su

sensibilidad, costumbres y tradiciones siguió viviendo y llega a nuestros días, no

obstante que su práctica por la fuerza del vencedor, origino una nueva clase de

delitos, al respecto es notable un mandamiento poco conocido que puede ser


238

considerado como el primer código penal de México, destinado a los indios y que

fue dictado en la Ciudad de México el 30 de junio de 1546, y que da una idea de la

delincuencia de esa época.

Si el indígena persistía con sus adoraciones al solo a la luna se le acusaba de

delitos contra dios nuestro señor, o el dejar de ser cristiano o que no quisiere

confesión siendo cristiano; el que después de bautizado estuviere amancebado

con una o muchas mujeres: el que siendo casado tuviere manceba; a los que por

primera vez se emborrachaban con vino de Castilla; para el que comiere carne

humana; para la mujer que abortara por su propia culpa; para el indio que no

estando enfermo se bañara con agua caliente: el que no se arrodille al Ángelus, o

al pasar delante de él la cruz o una imagen: al que hurtare: al que hiciese a otro

esclavo de nuevo; al que juegue al batey: al adulterador del cacao o de la miel: al

falsificador de moneda; el despojo de tierras.

Terminando el citado Código Penal, diciendo que todos estos delitos y penas eran

para que supieran los indios que les queremos mucho y deseamos su salvación y

conservación. Del trato de Marina y Cortés, surge una nueva raza que habiendo

nacido en las duras losas de las cocinas y atolerías de los barrios de la Merced y

de la Mariscala crece y se desarrolla en las blasfemias y albures del juego de los

ladrones y asesinos y como léperos ensabanados, sin ningún oficio ni beneficio y

prolifera en las ocupaciones más bajas de la sociedad: mozos de cuerda,

cocheros, palafreneros y serenos. Clase social que ante tanta adversidad, tal

parecía que desde el momento mismo de su nacimiento estaba destinada a

desaparecer. Pero había algo en ella que fue su salvación, su inteligencia y

generosidad. Y a partir de ese momento trabaja y lucha no sólo para sí, sino para

sus hermanos: el indio y el negro que ante su número y calidad se convierte en la

base de nuestra nacionalidad.

En la Nueva España con cuatro millones de habitantes, coexiste la anti-historia y

la historia propiamente dicha. En la primera, se encuentran los españoles o


239

señores feudales y el fanatismo institucionalizado, los dos dueños de la miseria de

los indios, mestizos y negros. Así la población de la Nueva España estaba

formada por los que nada tienen y los que tienen todo.

Indios, mestizos y negros en el contexto de los factores determinantes del delito,

fácilmente eran atrapados, en cambio los que todo lo tenían si bien caían en el

delito, su riqueza los hacía impunes.

Paralelamente en esta época encontramos a la justicia penal común, con las

justicias que correspondían a los fueros eclesiásticos y militares.

Las penas en lo general, eran la horca, el garrote vil, la hoguera, la mutilación, la

decapitación y el fusilamiento. En esta época virreinal, todo se vendía o se

compraba, incluso el cargo de virrey: como es el caso del Marqués de Villena y

Duque de Escalona, así mismo los mejores oficios de justicia en pública subasta,

los estancos, la comisión de policía, el agua de las fuentes y charcos, con lo que

se causaban pestes y enfermedades, el puesto de juez de pulques y los

carniceros, por no quedarse atrás, vendían reses flacas y daban menos peso. El

juicio de residencia, por medio del cual se investigaban los manejos de los

Virreyes, por lo común fue letra muerta.

Siendo la siembra del tabaco y su tráfico un monopolio del Estado y el cual se

vendía en los estancos oficiales, creció en la Nueva España una verdadera

cofradía, la de los contrabandistas del tabaco. Otra práctica delictiva muy

extendida era el peculado y el cohecho entre los funcionarios aduanales de

Acapulco. Veracruz y ciudad de México.

Desde el derecho penal azteca en que la justicia estaba debidamente organizada

el procedimiento penal tenía algunas particularidades no muy distintas a las leyes

actuales.


240

Las más graves y crueles penas correspondían a los delitos contra la seguridad

del imperio; traición al soberano; espionaje; rebelión y hechicería, las penas eran

más duras cuando se aplicaban a los nobles, la pena de muerte para ellos y la

esclavitud o penas carcelarias para los plebeyos, y el que es considerado como el

primer código penal de México, destinado a los indios y que fue dictado en la

Ciudad de México el 30 de junio de 1546.

Pasando por el sistema jurídico juarista, el de Porfirio Díaz que rápidamente fue

endurecido, el de los años treinta gran constructor de códigos, nuestro sistema

jurídico actual es el que más rápido al menos parcialmente quedó rebasado, por el

impresionante disparo de la delincuencia, y el que más lentamente se ha ido

reformando. Sobre todo en lo que se refiere al endurecimiento de las penas.

Como el gobierno mexicano le ha dado prioridad a la lucha contra la delincuencia

por razones de Estado, dejando de lado la lucha contra la delincuencia por

razones humanas, ha dado pie a que surjan tensiones en el sistema jurídico

mexicano, por la acción militar en labores policiacas amplificando la inestabilidad

gubernamental jurídica, de por sí ya existente en el manejo de la política

económica.

La aparición de nuevos grupos armados disidentes de distinto tipo ha provocado,

no solo el recrudecimiento de prácticas de control por las fuerzas de seguridad

sino además sometimiento indiscriminado de organizaciones dirigentes sociales.

Actualmente la militarización se extiende a varios estados, justificándose con

argumentos de combate al tráfico de droga, y la delincuencia. Sin embargo, esa

presencia ha traído consigo el aumento de denuncias de violaciones a los

derechos de la población civil, inclusive su derecho a la vida.

En numerosas partes del país existen retenes militare, ya sea en carreteras,

autopistas o caminos rurales. Se han instalado una gran cantidad de

campamentos móviles y permanentes en las afueras y dentro de las comunidades


241

y constantemente se efectúan operativos policiaco-militares, repercutiendo en el

aumento de graves violaciones a los derechos humanos, además de afectar la

vida de las comunidades al fomentar la prostitución, el alcoholismo, la presión

psicológica, la contaminación y uso de recursos naturales, y fomentar la división

entre las comunidades. Incluso organismos de esta Red, han registrado que en

regiones de Guerrero, miembros de la delincuencia dan capacitación no solo a

policías sino a agentes del Ministerio Público, lo que indica que no solo la

persecución de los delitos se está militarizando, sino el sistema de procuración de

justicia en su conjunto, lo cual es muy preocupante porque nos aleja de un estado

de derecho civilizado. A esto se añade el aumento de grupos armados civiles

organizados y paramilitares que aumentan la violencia en las diversas regiones del

país.

Dentro de este contexto, el tema de las fuerzas armadas (FFAA) en México, desde

una agenda de Derechos Humanos, debe contemplar por lo menos dos horizontes

de concepción y acción.

A raíz de la sentencia de la SCJN derivada de la acción de inconstitucionalidad, la

SCJN confirmó que las Fuerzas Armadas no están impedidas para participar en

labores de seguridad pública. Lo anterior se debió a una desafortunada confusión

entre los términos de seguridad interior, seguridad pública.

La Constitución faculta al Poder Ejecutivo para echar mano de las fuerzas

armadas para salvaguardar la seguridad interior, que estrictamente hablando, se

refiere solamente a casos de rebelión y sedición. Solo en esos dos casos puede el

Presidente de la República disponer de las fuerzas de armadas, siempre y

cuando, al mismo tiempo suspenda algunas garantías individuales, en los términos

del artículo 29 constitucional. La rebelión y la sedición son delitos que atentan

contra la seguridad interior, y por tanto provocan el cese de una situación de paz.


242

El artículo 129 constitucional prohíbe terminantemente que, en tiempos de paz, las

fuerzas armadas se dediquen a cualquier actividad que no tenga estricta conexión

con la disciplina militar.

El artículo 21 de la constitución establece que la función de seguridad pública

corresponde a los cuerpos policiacos, sin mencionar a las fuerzas armadas.

La SCJN confundió los términos, por lo que concluyó que las fuerzas armadas

pueden, en tiempos de paz, realizar labores de seguridad pública.

El Código Penal Federal distingue diversas clases de seguridad, como valor

jurídico tutelado, a través de la tipificación de diversas conductas delictivas, y de

ahí podemos distinguir conceptos tales como "Seguridad Nacional", "Seguridad

Interior" y "Seguridad Pública".

Así, por Seguridad Nacional, debe entenderse el respeto y protección a la

soberanía, independencia o integridad de la Nación, El Título Primero del Libro

Segundo del Código Penal Federal señala como delitos contra la Seguridad de la

Nación a la traición a la Patria, el Espionaje, la Sedición, el Motín, la Rebelión, el

Terrorismo, el Sabotaje y la Conspiración.

El Código de Justicia Militar, por su parte, en el Libro Segundo "De los Delitos,

Delincuentes y Penas". Titulo Séptimo, relativo a los "Delitos contra la Seguridad

Interior de la Nación" se incluyen dos capítulos, el I que se refiere a "Rebelión" y el

II a la "Sedición", La Rebelión implica el alzamiento en armas de elementos del

ejército contra el Gobierno de la República. El delito de Sedición consiste en

reunión tumultuaría de cuando menos diez personas que resistan o ataquen a una

autoridad. La diferencia entre los tipos penales de estos delitos, descritos en el

Código Penal Federal y en el de Justicia Militar consisten en el caso de la

Rebelión, en que en el Código de Justicia militar los alzados son elementos del

Ejército, y en el Código Penal no son militares en ejercicio, y en el caso de la


243

Sedición, que el Código Penal Federal solamente se refiere "a los que en forma

tumultuaria", sin indicación un número mínimo de personas que conforman el

tumulto.

Lo anterior significa que, los delitos contra la Seguridad Interior son delitos contra

la Seguridad Nacional, pero que, en consecuencia, no todos los delitos contra la

Seguridad Nacional constituyen actos contra la Seguridad Interior.

La Seguridad Pública, como valor jurídico, que no como función o servicio a cargo

del Estado, también se encuentra especificada en el Código Penal, a través de la

tipificación de ciertas conductas que constituyen atentados contra ella. El Título

Cuarto del mismo Libro Segundo del Código mencionado, señala como delitos

contra la Seguridad Pública los de Evasión de Presos. Quebrantamiento de

Sanción, portación, fabricación, importación o acopio de Armas Prohibidas,

Asociación Delictuosa.

Por lo tanto, no es jurídicamente correcto decir que el acopio de armas prohibidas

o la asociación delictuosa constituyen atentados contra la Seguridad Nacional,

sino que lo son contra la Seguridad pública.

A pesar de que sociológicamente se afirma que el narcotráfico es un atentado

contra la Seguridad de la Nación, jurídicamente no queda incluido como un delito

de este tipo, sino como uno que atenta contra la Salud, al quedar bajo este rubro

en el título séptimo del mismo libro Segundo del Código Penal Federal, los delitos

de producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de

estupefacientes y psicotrópicos.

La confusión de los anteriores términos, particularmente la asimilación de

seguridad interior y seguridad pública, como sinónimos, ha provocado la

militarización de las policías, la presencia de fuerzas militares de tropa en diversos

lugares del país en donde no se ha declarado una suspensión formal de garantías,


244

y la realización de operativos por parte de dichos cuerpos armados que no se

restringen a la disciplina militar.

No obstante que la SCJN indica que deben respetarse las garantías individuales,

la participación de las fuerzas armadas en las labores que se les han venido

encomendando, han provocado diversas violaciones graves a los derechos

humanos y una suspensión de facto de las mismas, lo que favorece la

arbitrariedad, un clima de inseguridad para la población.

Los policías civiles deben estar entrenados para proteger a la población civil,

utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos en la consecución de sus

fines. Los militares por el contrario, deben estar entrenados para la eficaz

realización de su misión principal, que es el combate, ya sea del enemigo

extranjero o interno, en caso de rebelión o sedición, lo que los inhabilita para

desempeñar labores de seguridad pública.

Existen algunos ejemplos de órganos que realizan labores materialmente

jurisdiccionales, que dependen formalmente del Poder Ejecutivo. Tales son el

Tribunal Fiscal de la Federación. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las

Juntas de Conciliación y Arbitraje los Tribunales.

Lo anterior produce un alejamiento dañino al principio de la división de poderes,

que tiñe de sospechas de parcialidad a algunos de dichos órganos. En tal virtud, la

administración de justicia debiera ser desempeñada exclusivamente por el Poder

Judicial, no por el Poder Ejecutivo. Particular preocupación representa la

permanencia del llamado "fuero militar", como competencia por lo que debiera

revisarse el artículo 13 constitucional en el sentido de que garantice la no

impunidad de los mandos altos de militares en el que caso de que comentan

delitos.


245

Otra forma de la impunidad es la que permite que funcionarios y servidores

públicos actúen sin el control y la fiscalización ciudadana. Para acabar con la

impunidad en México debemos empezar a crear una cultura de corresponsabilidad

entre el gobierno y la sociedad para decidir sobre aquellos asuntos que nos

incumben a todos los servidores públicos deben aprender que la elección popular

no es un cheque en blanco, que sus acciones u omisiones tienen consecuencias

que deben ser sancionadas por la sociedad para mantener un equilibrio de poder y

un normalidad democrática, garantizando un control y seguridad ciudadana. Los

ciudadanos y ciudadanas debemos tener garantizado en el marco jurídico

nacional, el derecho a la información y a la rendición de cuentas, para ellos son

necesarios los siguientes elementos:

• Legislar para hacer obligatoria la rendición de cuentas por parte de

cualquier autoridad. En cualquier ámbito de gobierno, reconociendo el

derecho de los ciudadanos a participar en el diseño de políticas públicas.

• .Reglamentar el Artículo 8 Constitucional para que al derecho de petición se

le garantice el respectivo derecho a la información.

• Reformar y actualizar el marco legal del derecho de réplica. Permitir la

supervisión los centros de reclusión por parte de grupos y organizaciones

civiles para lo cual deberán establecerse criterios claros.

• Garantizar la plena e irrestricta libertad de los miembros del Congreso de la

Unión, para ingresar a cualquier recinto militar, incluidos los cuarteles, para

realizar visitas e inspecciones, así como para dialogar y conocer el punto de

vista de los servidores públicos del nivel que se considere necesario.

• Exigir la rendición de cuentas de la Secretaría de la Defensa Nacional

frente al Congreso Federal como la hacer cualquier otra secretaría de

gobierno para que éste tenga control del presupuesto militar, y en particular

en la compra, venta y uso de armas.


246

Reconocer la facultad del Congreso de la Unión para participar en la definición de

políticas militares, vigilancia de la curricula militar y la supervisión de los cuerpos

especiales.

4.10. NEOLIBERALISMO E INESTABILIDAD DEL GOBIERNO

De 1982 a 1990 es la presencia mundial de la búsqueda de un nuevo balance

entre la actividad del Estado y los particulares, como discurso político o como

estilo diferente de pensar los problemas y soluciones de la economía

norteamericana, impactan dada la hegemonía norteamericana en los organismos

multilaterales como el FMI, y el Banco Mundial al grueso de los países. El nuevo

balance implicaba disminuir el tamaño del Estado capitalista conservando su peso.

Tal visión como discurso político se fue construyendo al interior de los Estados

Unidos desde la segunda mitad de la década de los sesentas, cuando comienza a

desacelerarse en la Unión Americana el auge de la segunda posguerra,

volviéndose dominante con el desplazamiento del electorado norteamericano al

inicio de la década de los años ochenta, haciendo ganar a Reagan (Cfr. Boron.

Atilio, México. 1981. p. 31).

La crisis integral-económica, política, militar, hegemónica, cultural, los obliga a los

países a la construcción de un nuevo estilo de pensar sus problemas y sus

soluciones, dicho estilo de pensar o discurso político contra el liberalismo

estatalista de Roosevelt se va traduciendo como proyecto global, y como

respuesta totalizante a la crisis integral norteamericana. La redefinición entre

Estado y sociedad civil se convierte en el eje de las nuevas ideas, revalorando los

logros del capitalismo de la segunda posguerra, construyéndose una estructura

institucional con vínculos orgánicos entre los distintos estratos de la sociedad

norteamericana como: los intelectuales, los comunicadores, los empresarios, la

clase gubernamental, los sindicatos, surgiendo una voluntad colectiva nacional

que acepta que el Estado ha sido sobrecargado, disminuyendo la autoridad

gubernamental. De ahí que en la elección de 1980 el electorado norteamericano


247

se desplace hacia la racionalidad neoconservadora de disminuir el tamaño del

Estado, arrastrando hegemónicamente al mundo, a Latinoamérica y por supuesto

a México, a través de los instrumentos del FMI., como: la asesoría técnica dónde

el Fondo determina el tipo de política económica; los programas de consulta

dónde se hace seguimiento a los países de su política económica; las cartas de

intención y los créditos paralelos. En ese sentido, la política económica De la

Madridista de 1982-1988 pone en marcha el neoliberalismo en México, iniciando la

venta de paraestatales en 1985, quitando los permisos previos de importación en

1985, haciendo a un lado la protección al sector industrial mexicano, cambiando la

concepción del Estado mexicano. Concepción neoliberal que: acelera la caída del

poder adquisitivo del salario; refuerza la política gubernamental de contención

salarial: concentra más la distribución del ingreso: hace crecer la pobreza en

México; la política de generación de empleo deja de ser el eje de la política

económica, ahora el eje es mantener bajo control la inflación a costa del

crecimiento económico. Ese tipo de política crea condiciones para la delincuencia

predatoria y organizada, y para la inestabilidad gubernamental.

La inestabilidad gubernamental entonces se convierte en un plano de análisis de

primer orden, porque el área gubernamental tiene la obligación social y

constitucional de crear las condiciones para que los ciudadanos tengan empleo,

pero al mismo tiempo con la presencia del neoliberalismo, el área gubernamental

también se ve obligada a desplomar el empleo para reducir la inflación y

estabilizar la reinversión de utilidades del gran capital nacional y extranjero. Por un

lado intenta que haya empleos y por el otro los cancela. El gobierno que debe

coadyuvar a la estabilidad, se ha movido en casi 20 años, en un plano

terriblemente inestable y contradictorio, fabricando millones de pobres en México.

Eso lo podemos observar en el caso del crecimiento económico, ya que si

revisamos las tasas medias anuales de su comportamiento, observaremos antes

del neoliberalismo tendencias opuestas.


248

En efecto, en el gran período que va de 1971 a 1981 antes del neoliberalismo, el

país crece en 6.9% mientras que en plena etapa neoliberal, de 1982 a 1996 el

crecimiento económico se desploma a 1.1 %. Neoliberalismo que por lo demás

continúa hasta hoy en 2013. En ese sentido de ninguna manera intentamos

justificar a la época del Estado del Bienestar que se expresa antes del

neoliberalismo, sólo comparamos dichos períodos para demostrar que en el

neoliberalismo el crecimiento económico se desploma, es evidente que así se

manifiesta, y eso nadie lo puede negar. Y a partir de ahí junto con una

concentrada distribución del ingreso, infinidad de variables sociales se agravan.

Por ejemplo: la pobreza extrema en México en el inicio del neoliberalismo en

México era de 20 millones de personas, mientras que para el 2000 llegaba a 39

millones de pobres extremos.

CUADRO 4.1

LA POBREZA EN MÉXICO

1984 Y 2000

MILLONES DE PERSONAS

CONCEPTO 1984 2000

Pobres Extremos 20 000 000 39 000 000

Fuente: Economía Moral: Pobreza en la Ciudad de México. Diario La Jornada. Articulista: Julio

Boltvinik. 25 de enero del 2002. p. 26.

Si bien la pobreza extrema llegaba a 39 millones de personas el número de

habitantes en condiciones de pobreza es decir: la suma de pobres extremos y

pobres moderados llegaba para el 2002 a 65 millones.

O de otra manera: de 1963 a 1984 la pobreza extrema tiende a reducirse la

pobreza no extrema crece y la población no pobre se incrementa. Mientras que

para el período de 1984 a 1996 la pobreza extrema aumenta, la pobreza no

extrema disminuye y la población no pobre vuelve a aumentar.


249

CUADRO 4.2

LA POBREZA EN MÉXICO

1963-1996

ESTRUCTURA PORCENTUAL

Concepto 1963 1984 1996

Pobreza Extrema 63.3 % 23.8% 24.5%

Pobreza no Extrema 14.8 % 36.1% 28.3%

Población no Pobre 21.9% 40.1% 47.2%

Fuente: Hernández Laos y Toledo O. México. Escenarios económicos de largo plazo y efectos

sobre la utilización de recursos naturales. Reporte final de investigación para el programa PNUD-

SEMARNAP. Abril, México, 1999.

Entonces lo que ocurre en el período 1984- 2006 es que al crecer la pobreza

extrema lógicamente la pobreza no extrema disminuye, porque su población

tiende a engrosar la pobreza extrema y la población no pobre aumenta en vez de

disminuir a pesar del desplome del crecimiento económico, porque la participación

de los pobres y de la clase media en el ingreso en el intervalo 84%, se desploma

mientras la población más rica del país acrecienta su participación.

Cuadro 4.3

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS HOGARES POBRES, MEDIOS Y

RICOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

1984 Y 2006

Concepto 1984 2006

Hogares pobres 14.3% 13.2%

Hogares medios 52.9% 48.9%

Hogares ricos 32.8% 37.9%

Fuente: Ibid.

4.11. LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO REBASADA POR LA

CARENCIA EN SU LEGITIMIDAD Y ORDEN.


250

La seguridad pública del Estado mexicano se ve vulnerada desde dentro, en la

medida en que sus sistemas y subsistemas lo han conducido a una inestabilidad y

a un plano delincuencial. El sistema económico gran creador de una política

pública de menor inflación por más desempleo. Sistema económico que desploma

el crédito afectando la inversión productiva, sistema económico que reduce la

demanda agregada destruyendo los negocios. Sistema económico gran destructor

de la actividad productiva que produce para sí mismo inestabilidad gubernamental

y para la propia sociedad crea pobreza.

El Estado en México ha pasado de ser un gran creador de instituciones y

benefactor de problemas a un extraordinario creador de problemas para la

sociedad, entre esos problemas tenemos el crecimiento extraordinario de la

pobreza de la población y la destrucción de los valores sociales.

La protección a la vida de los individuos, a los bienes materiales de su propiedad y

la defensa de la ley y la paz pública que son la fuerza ideológica y de la seguridad

del Estado, se vulneran aún más por la autonomía de los cuerpos policiacos.

Entonces los valores sociales tienden a desaparecer. Valores familiares valores

educativos valores de los jóvenes etc., valores que provienen de la cultura del

conocimiento y de la relación hombre-mundo (Cfr. Ribeiro. Lidio, México, 1999. pp.

65-66) La inseguridad en México no tiene una sola causa sino su origen es una

enorme variedad de elementos que el Estado como institución creadora de

instituciones debe resolver o en apariencia trata de sobrellavar este problema.

El Estado concebido como mega-institución debe dejar de producir su enorme

variedad de figuras delincuenciales, e iniciar una lucha frontal contra la

inseguridad aunque ello implique una presencia frontal ante las élites nacionales y

extranjeras. Si el Estado como mega-institución no recorre dicho camino la

inseguridad pública no tendrá solución y desprenderá una inestabilidad

gubernamental.


251

4.12. TENDENCIA DE LA INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL

La tendencia de la inestabilidad gubernamental en 2003 es extraordinariamente

dinámica. Ya que sus puntos neurálgicos a nivel nacional no han sido atacados, y

los negocios ilícitos provocados por el Estado y los negocios ilícitos externos

siguen en pleno crecimiento. Es decir, todo el esquema tan amplio generador de

inseguridad pública, sigue presente en un nivel poderoso. El Estado como mega-

institución se ha contentado con reprimir a la delincuencia, con el ejército y la

Policía Federal Preventiva sin emprender el camino correcto porque ahí se

encuentran los intereses de las élites.

La inestabilidad gubernamental ha tenido que ser reconocida tanto por el lado del

desempleo y por el lado de la pobreza, cuando eran puntos que no se aceptaban

(Víctor Chávez: 2002. p. 50). El modelo gubernamental inhibe el crecimiento, el

empleo y provoca pobreza, pues por esa vía concentra el ingreso y hace crecer el

número de pobres. Ese modelo hace un gobierno inestable, y pese a ello se

continúa con él. Por eso decimos que como punto neurálgico el modelo de la

seguridad pública no ha sido tocado. Los tribunales nacionales al no estar

especializados provocan la negociación de la acción penal, ahí los cuerpos

policiacos pueden participar en dicha negociación, haciendo crecer su autonomía

cerrando el círculo de la inestabilidad gubernamental, al reproducir por esa vía la

delincuencia predatoria y delincuencia organizada nacional y transnacional, aquí

también ese punto neurálgico subsiste. A fines de los noventas el consumo de

cocaína creció en los jóvenes mexicanos en un 500% y entre los adultos

mexicanos en un 150%. Ello demuestra que los negocios ilícitos en México siguen

creciendo, así la represión de la delincuencia que ejerce el ejército y la Policía

Federal Preventiva, es sobre el vacío ya que mientras el negocio crezca la

delincuencia también crecerá, Aquí el punto neurálgico de los negocios ilícitos

tampoco se han tocado, o sea demandado por falta de una legitimidad en las

funciones de una seguridad pública eficiente que cumpla con los propósitos y

metas por el cual fue creado para beneficio y orden dentro de la sociedad mexica.


252

CONCLUSIONES

Debido a los acelerados cambios que ha sufrido el país, hoy se vive una nueva

realidad que convoca y enfrenta a grandes retos; el problema de la inseguridad

pública es una situación que preocupa principalmente a gobernantes y habitantes

de las principales urbes de la República, esto como resultado del crecimiento de la

población, la migración y la estructura poblacional de dichas ciudades. Destaca

aquí el caso de la Ciudad de México, que al ser el más importante centro

económico y político del país y la segunda urbe más grande del planeta, se ha

convertido en la entidad donde el incremento en número y gravedad de los hechos

delictivos han llegado a ser alarmantes.

Por los altos alcances de los ilícitos, la reformas constitucionales en materia de

seguridad pública que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31

de diciembre de 1994, y la subsecuente expedición de la Ley General que

establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública,

representaron medidas de perfeccionamiento jurídico y administrativo, toda vez

que elevan al más alto nivel las tareas de seguridad pública, y armonizan la acción

de los órganos en ella involucrados, con la finalidad de cumplir eficazmente los

fines de la seguridad pública.


Seguridad Pública constituyó un importante paso para dotar de elementos

normativos de coordinación a esa función estatal. No crea nuevos órganos de

autoridad, porque ello rebasaría su naturaleza y materia; sólo crea instancias

jurídicas de definición y actuación, estableciendo un ordenamiento rector de la

coordinación nacional en la materia.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública no es el responsable directo de la

seguridad pública, sino sólo de promover, encauzar y evaluar la coordinación de

las instituciones responsables. Frente a las instituciones de seguridad pública de


253

la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, sólo tiene la

posibilidad legal de fomentar convenios entre ellos o establecer políticas o

lineamientos que propicien la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

A través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se fortalece la coordinación

entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, para

orientar la distribución de los fondos públicos autorizados y reforzar sus esquemas

de seguridad pública, de acuerdo a los requerimientos de cada una de las

poblaciones, conforme a su incidencia delictiva y programas de trabajo

debidamente fundamentados y justificados.

Tal y como lo establece la ley de la materia, actualmente se han sentado las bases

de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo es el

momento de aprovechar la enorme infraestructura consolidada, explotar las

grandes bases de datos y registros con los que se cuenta, para que se comiencen

a percibir avances significativos en la lucha contra la delincuencia.

Ya que la inseguridad pública en México se encuentra en pleno crecimiento,

porque a México se le debe observar corno una enorme región delincuencial en

expansión, por el efecto Estados Unidos. Si vernos a la Unión Americana y a

México y hacernos caso omiso de la frontera geográfica lo que nos queda es, una

gran región delincuencial. La venta de droga crece entre los jóvenes y los adultos

mexicanos, el tráfico de armas también lo hace, el robo de autos por igual, la

clonación de tarjetas de crédito se amplifica, el robo predatorio se incrementa: en

microbuses, a negocios pequeños, en cajeros, ahora también dentro de los

centros comerciales, el traslado de personas hacia Estados Unidos etc., en suma

los negocios ilícitos se han vuelto una extraordinaria opción de empleo y de

negocio. Y si a ello le sumarnos que la seguridad pública se ha desregulado, que

el Estado mexicano es un gran productor de pobres, y que sólo reprime a la

delincuencia pero que no acaba con ella. Entonces México enfrenta un terrible

coctel, que no ha empezado a resolver.


254

El mismo Estado vive en un plano de inestabilidad en sus niveles de su sistema

económico, político y en su subsistema policía. En su nivel económico no puede

dejar a un lado el neoliberalismo, en su parte política no ha podido reformar los

tribunales del país, mientras para los cuerpos policiacos crece en vez de disminuir

la tentación de negociar la acción penal.

Los altos índices delictivos colaboran para que la percepción ciudadana de la

corrupción y la impunidad sean factores determinantes que anulan el combate a

delincuencia. Para cualquier estrategia de seguridad pública es indispensable la

creación de mecanismos de confianza entre las autoridades y los ciudadanos. Las

circunstancias son graves, es necesario cuanto antes tomar medidas para prevenir

al menos los daños mayores. La peor actitud es negar la existencia del problema o

pretender ocultarlo hay que ver de frente a la realidad y reconocer lo que está

pasando.

El papel de la comunidad y de la sociedad civil es crucial en el combate a la

inseguridad. Una comunidad que ejerce efectivo control sobre su espacio tanto

privado como público es capaz de adoptar medidas eficientes ante el fenómeno

delictivo. En las ciudades europeas se ha organizado la cooperación en forma de

coalición permanente, con independencia del nombre, consejo comunal de

prevención, mesa de concertación, asociaciones etc. La intención es celebrar

contratos que recojan la voluntad de las partes y coordinarse para obtener

resultados comunes.

En el centro de la creciente controversia respecto a si los medios de comunicación

generan violencia o sólo la reflejan, lo que está fuera de toda duda es la capacidad

de influenciar que éstos, en especial la televisión , tienen en la conformación de

corrientes de opinión y en la adopción de determinadas conductas.


255

Las Instituciones de Seguridad Pública tienen que asumir una actitud más activa,

protagónica y creativa para lograr que los responsables de los medios de

comunicación electrónicos e impresos tengan un adecuado manejo de la

información sobre la seguridad pública, evitando así, la formación de una

percepción ciudadana negativa al respecto.

De esta manera, podemos establecer la primera propuesta específica en materia

de seguridad pública:

Establecer un sistema de carácter nacional de comités de seguridad pública

ciudadanizados, los cuales puedan proponer, evaluar y calificar las acciones

de seguridad implementadas por las autoridades locales y federales, la

forma en que selecciona y capacita al personal operativo que participa en la

seguridad pública, la estructura del sistema punitivo; y aun estar tener la

posibilidad de emitir opinión respecto la emisión de normatividad por parte

de los cuerpos legislativos.

Es necesario fortalecer el poder civil frente a las instituciones de seguridad pública

que habían sido ajenas al control y a la supervisión democrática, para trabajar

ahora bajo un concepto de colaboración y de asistencia.

Los resultados obtenidos por las encuestas nacionales sobre Inseguridad Pública

son una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas públicas de

seguridad en prevención y programas para el combate de la delincuencia, de esta

manera autoridades, ciudadanos e Instituciones deben unir esfuerzos para

devolver la seguridad perdida a sus habitantes.

Del mismo modo, resulta indispensable la armonización de los distintos cuerpos

legislativos que aporten al pacto federal, una perspectiva de coherencia y rumbo

respecto a un sistema de seguridad pública equilibrado, es decir que no haga

énfasis en su carácter persecutorio y punitivo del delito, sino contenga elementos


256

de previsión del delito, la reinserción social del transgresor y la cultura de la

legalidad.

Por ello es importante nuestra segunda propuesta específica: Es imperativo y

urgente, promover las reformas jurídicas para el establecimiento de un solo

Código Penal y un solo Código de Procedimientos Penales para todo el

territorio nacional, que implique el mejorar y agilizar el ejercicio de los

recursos destinados a la seguridad pública y la impartición de justicia.

La seguridad pública se gana o se pierde en la colonia, en la manzana, en el

barrio, en el sitio de trabajo y en el ámbito individual o colectivo en que se vive.

Ahí, es indispensable cambiar las estructuras verticales de las policías, por una

policía de acercamiento por barrio y colonia, que le rinda cuentas cotidianas a la

ciudadanía con la participación de un juez cívico, con procedimientos ejecutivos e

inmediatos para combatir los delitos menores y las faltas administrativas a través

del trabajo comunitario y la reparación del daño a la víctima, porque es ahí donde

se podrán detener las carreras delictivas y donde la autoridad debe de establecer

los niveles de seguridad y justicia que los habitantes de cada colonia, de cada

calle y de cada casa, necesitan.

Dado que existe una delincuencia cada vez más organizada y sofisticada, es

imprescindible avanzar en la profesionalización de los cuerpos policiacos. Hay que

prepararlos y equiparlos adecuadamente haciendo un replanteamiento de sueldos,

prestaciones y escalafones, acorde con las necesidades de cada región, de modo

que el policía sienta una seguridad para él y su familia ante los riesgos a que está

expuesto en las actividades propias de su trabajo.

Finalmente arribamos a la tercera propuesta específica en materia de líneas de

acción en políticas públicas:


257

Iniciar un proceso profundo de profesionalización y control ciudadano de la

actividad de los cuerpos policiacos que pase por la selección, preparación,

seguimiento, sanción o promoción de los cuerpos policiacos, esta actividad

pasa desde la confirmación de una base única a nivel nacional con los

registros del personal policial que incluye instituciones privadas; controles

de confianza periódicos e independientes de los gobiernos locales y federal;

mejora de salarios y protección jurídica; y su profesionalización (planes de

carrera).

En la readaptación y reinserción social se debe poner énfasis en la reintegración

social a través del trabajo remunerado y la reparación del daño, impulsando las

reformas necesarias para aplicar sustitutivos de la pena privativa de la libertad y

condena condicional, junto con la creación de un entorno social de apoyo a

liberados.

Ahora bien, una vez identificados estos elementos aún queda la tarea más ardua y

difícil por hacer, y es la de intentar salir del círculo vicioso de violencia-inseguridad

pública y hacerle frente a la espiral de la violencia. A partir de las experiencias y

observaciones emanadas de la presente investigación, surgen algunas reflexiones

y consideraciones que se presentan a continuación.

Lo primero a tomarse en cuenta es que, probablemente, el uso de métodos

violentos de ninguna manera resolverá el problema de la delincuencia, por

consiguiente, no restaurará la paz y la seguridad pública. Lo único que se

conseguirá es entrar en la espiral de la violencia, provocando significativas

consecuencias, principalmente en la población civil.

Esta investigación también permitió develar algunos de los mecanismos por los

que la violencia se reproduce y llega a institucionalizarse y en este sentido, al

comprender este proceso, es posible encontrar alternativas que permitan

desmontarla e ir tratando los elementos que participan en ella. Al centrar el tema


258

de la legitimación de la violencia desde una postura interpretativa y en un marco

legal enfatizamos la importancia del lenguaje y el discurso como práctica social y

en este sentido, como constructores de realidades. Al observar los fenómenos

sociales desde esta postura y considerarlos insertos en realidades y contextos

históricamente dados, es posible entender que entonces, que estos fenómenos

son susceptibles de modificación.

Es importante considerar que un nuevo concepto de seguridad ciudadana requiere

una actuación conjunta, de instituciones y organismos colectivos que de forma

coordinada lleven a cabo acciones encaminadas a preservarla, por lo que es

fundamental fomentar la participación y la cooperación ciudadana, los programas

específicos dirigidos a los grupos más vulnerables (personas mayores, niños,

mujeres, etcétera), la asistencia a las víctimas de la delincuencia y tomar las

medidas para incitar a los medios de comunicación a participar en los esfuerzos

para mejorar la situación.

La sociedad debe intervenir y asumir el compromiso mediante su involucramiento

en políticas de refuerzo de los lazos sociales vecinales, fomentando el

conocimiento mutuo y tomando un papel activo para solicitar el rendimiento de

cuentas a las distintas instancias gubernamentales. También es importante educar

a nuestra sociedad en el sentido de infundir valores de justicia, solidaridad y paz

social, es evidente que para no contribuir con la violencia debe de existir

correspondencia entre los valores de las Instituciones y la ciudadanía. Además,

Consideramos que es importante articular programas en los que desde las

escuelas se enseñen las implicaciones y las consecuencias de la violencia e

inseguridad, al mismo tiempo que se promueva la cooperación para enfrentar los

problemas sociales.

Estas propuestas están dedicadas a fomentar las estrategias dirigidas a recuperar

en la ciudadanía la confianza en las diversas instancias de procuración de justicia,

a través de la profesionalización de sus integrantes, la educación en contra de la


259

corrupción, el respeto a los derechos civiles, y finalmente, trabajar

coordinadamente con la ciudadanía.

Las acciones públicas de seguridad deben de caracterizarse por la proximidad, la

inmediatez, la eficacia y las sanciones visibles y garantizadas.

Una política de seguridad debe atender la superación de los vacíos jurídicos que

les permite a los delincuentes evadir a la justicia; es decir, reducir la impunidad. En

lugar de hacer leyes más enérgicas es necesario primero que se cumplan las que

ya están. El Estado tiene en sus manos la aplicación de la justicia; sin embargo,

también está en sus manos realizar un mayor fomento de las medidas preventivas

más que punitivas; pues en algunos países se ha comprobado que la prevención

resulta menos costosa económica y socialmente.

Construir un país en movimiento, es la tarea que sin duda alguna no es sencilla,

pero es el único camino que queda para salir del circulo vicioso de violencia-

inseguridad, inseguridad-violencia. Para que esto sirva desde el ámbito académico

como un componente (probablemente mínimo) del aliciente que ayude a sanar la

herida que la violencia ha provocado, por falta de una seguridad pública capaz de

frenar los males causados por la delincuencia.


260

BIBLIOGRAFÍA

• Abad, J.M y Gómez, J.A. ¡Preparados, Listos, Ya! Una síntesis de

intervenciones efectivas para la prevención de violencia que afecta a

adolescentes y jóvenes. Organización Panamericana de la Salud: EE.UU.

2008

• Abregú, Martín. Policía y sociedad democrática. Edit., Centro de Estudios

Legales y Sociales, Buenos Aires, 1999.

• Aguayo, Sergio. Diplomado Universitario sobre Derechos Humanos para

Servidores Públicos, Universidad Iberoamericana, México, 1993.

• Albertín, P; Cubells, J. he Íñiguez, L. La posición de las personas que usan

drogas: elementos de reflexión para una intervención sociosanitaria. Salud

y drogas. 8,2, pp. 157-172, 2008

• Alvarado, Arturo y Sigrid Artz. El desafío democrático de México: seguridad

V estado de derecho, Colegio de México, México, 2001.

• Álvarez-Gayou J.L. Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y

metodología. México: Paidós. 2005

• Andrade Sánchez Eduardo, Rodríguez José Enrique, Coord. Seguridad

Pública y Procuración de Justicia, Asociación Mexicana de Egresados del

INAP de España, AC. México 1997.

• Astorga, L. Seguridad, traficantes y militares: el poder y la sombra. México:

Tusquets. 2007

• Astorga, Luís. Crimen organizado y organización del crimen. Grijalbo,

México o, 2000.

• Bagley, Bruce Michael. Los intereses de seguridad de México y Estados

Unidos. Siglo XXI, México, 1990.

• Bagley, Bruce Michael. Los mitos de la militarización. Fondo de Cultura


• Bailey John Chabat. Crimen transnacional y seguridad pública. Desafíos

para México y Estados Unidos. Plaza y Janes, México, 2000


261

• Bailey John. El crimen organizado y la gobernabilidad democrática: México

y Estados Unidos, Grijalbo, México, 2000.

• Balan, Jorge. Migraciones en el desarrollo capitalista; caso México. Siglo

XXI. México 2005.

• Balbis, M; y Claramunt, A. Participación del delito mediante participación

ciudadana ¿es posible? Aproximación al análisis de las propuestas

desarrolladas en nuestro país. Tesis de trabajo social. Facultad de Ciencias

Sociales – Udela R. 2009

• Banco de México y Centro de Estudios Económicos del Sector Privado

(CEESP). 2011. México.

• Banco Mundial. Informe Sobre el Desarrollo Mundial. El Estado en un

Mundo en Transformación. Edit., INAP, México, 1997.

• Baratta, A. Política criminal: entre la política de seguridad y la política social.

En E. 1997

• Barreto, I. y Borja, H. Violencia política: algunas consideraciones desde la

psicología social. Revista Diversitas. Perspectivas en Psicología, 3, 1, 109-

119, 2007.

• Barros, L. Los Sentidos de la Violencia en Casos de Robo con Violencia o

Intimidación. Chile: Series de Estudios CESC. Centros de Estudios en

Seguridad Ciudadana, 2003.

• Bartra, Roger. Caciquismo y poder político en México. Siglo XXI. Medico

2002.

• Beccaria, Césare. De los delitos y las penas, Comisión Nacional de

Derechos Humanos. México, 1991.

• Berg, B. Qualitative research methods for the social sciences. United States

of America: Allyn & Bacon, 2001.

• Berger, P y Luckman, T. Construcción social de la realidad. Buenos Aires:

Amorrotu. 1998

• Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia en México, Fondo de Cultura



262

• Boron. Atilio. La crisis norteamericana y la racionalidad neoconservadora,

Edit. CIDE. Cuadernos Semestrales No. 9. México. 1981.

• Bourdieu, P. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000.

• Boyer, Jean Francois. La guerra perdida contra las drogas. Grijalbo.

México, 2001.

• Bueno. Alfonso. Del Estado Neoliberal al Estado Fáctico. Edit. CELlBRE.

Ensayos: POLÍTICUS, Serie: Reforma del Estado. No. l. Nezahualcóyotl.

2000.

• Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, 8a. Edición,

Editorial Porrúa, México, 1991.

• Buvinic, M., Morrison, A y Orlando, M. Violencia, crimen y desarrollo social

en América Latina y el Caribe. Papeles de Población, enero-marzo, 043,

167-214, 2005

• Cajas, J. Violencia y narcotráfico. Reflexiones sobre la antropología. En M,

Jiménez. (editor). Subversión de la violencia. (pp. 333-372). México:

Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.

• Carranza, E. Situación del delito y de la seguridad de los habitantes en los

países de América Latina. En E. Carranza. (Comp) Delito y Seguridad de

los habitantes. (pp. 23-49). México: Siglo XXI 1997.

• Carranza, Elías. Delito y seguridad de los habitantes, ILANUD-Siglo XXI-

Comisión Europea, México, 1997.

• Carranza. (Comp). Delito y seguridad de los habitantes. (pp. 80-95).

México: Siglo XXI.

• Castillo, Fabio. Los nuevos jinetes de la cocaína. La oveja negra. Bogotá,

Colombia, 2000.

• Castillo, G. Más de 14 mil ejecutados desde que Calderón declaró la guerra

al narco. La Jornada. 25, 9003, 2009.

• Castro, Juventino. El Ministerio Público en México. Edit. Porrúa. México.

1989.


263

• Cbabat. Jorge y Bailey, John. Seguridad Pública y Gobernabilidad

Democrática: Desafíos para México y Estados Unidos Reporte al Grupo de

Tarea., Edit. Universidad de Georgetown, Estados Unidos, 2000.

• Cepal. Panorama Social de América Latina. 2011.

• Chávez. Jorge. Para recobrar la confianza en el gobierno. Edit. FCE.

Sección CJhra, de Administración Pública. México.

• Chiricos, T., Padgett, K. & Gertz, M. Fear, TV news, and the reality of crime.

Criminology. 38, 3, 755-781, 2000.

• Cisneros, A. y Zubillaga, V. La violencia desde la perspectiva de la víctima:

La construcción social del miedo. Espacio Abierto.6, 1, 71 -97, 1997.

• Clarke, Ronald V. y Jonh Eck, Como ser Analista Delictivo en 55 pasos,

traducción al español por Arturo Arango Durán y Cristina Lara Medina, Jill

Dando Institute of Crime Science, 1993.

• Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y otros. Seguridad

pública, prevención del delito y derechos humanos: construyendo

alternativas desde la sociedad civil y los organismos públicos de derechos

humanos, CDHDF, Primera edición, México, 2004

• Comisión Nacional de Derechos Humanos. Informe de actividades del 01

de enero al 31 de diciembre. México: CNDH, 2012.

• Concha Cf. H., La capacitación judicial en México, (Mayo 15-17, 2003).

• Consejo Nacional de Población. Índice de marginación urbana 2005.

CONAPO: México, 2009.

• Correa, E. Pretexto lucha contra el narcotráfico. Ponencia presentada en el

seminario La política de seguridad pública en el México de hoy, Marzo,

Ciudad de México, 2009.

• Cosío, Villegas Daniel. El sistema político mexicano. Las posibilidades del

cambio. Cuadernos de Joaquín Ortiz, México 2009.

• Costa. Gino. La propuesta de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional del

Perú: Novedades y Limitaciones en Control Democrático en el

Mantenimiento de la Seguridad Interior. Edit. Centro de Estudios del

Desarrollo. Santiago de Chile. 1998.


264

• Cruz Maldonado Norma, El miedo al delito en el DF: un enfoque social,

UNAM; ENTS Tesis de Licenciatura, Junio 2004.

• Cubells, J. Construcción social del delito: un estudio etnográfico en la

práctica del derecho penal. Tesis de doctorado no publicada. Universitat

Autónoma de Barcelona. España, 2002.

• Cuevas, Francisco. Reflexiones en tomo a la Seguridad Pública en México,


• Dastres Abarca, Cecilia. ¿Visiones personales, ideología o mercado al

momento de informar?, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Chile,

Noviembre 2002.

• De Certeau, M. La invención de lo cotidiano 2: habitar, cocinar. México:

Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores

de Occidente, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos,

1999.

• De la Corte, L., Sabucedo, J. y Blanco, A. (2004). Una función ética de la

psicología social: Los estudios sobre el fondo ideológico de la violencia

política. Revista Interamericana de Psicología, 38, 2, 171-180.

• Del Olmo, R. (2000). Ciudades duras y violencia urbana. Nueva sociedad.

167, mayo junio, 1-15.

• Delatre, Edwin J. Integridad policial, la actitud del policía frente a su

comunidad, Instituto Cultural Ludwing Von Mises, México, 2002.

• Díaz de León Marco Antonio, Diccionario de Derecho Procesal Penal, 2ª

ed., México, Porrúa, T. II, 1989, s.v. víctima.

• Díaz Herrera M. A., La víctima: un recuento histórico de su papel en el

proceso penal, ITER CRIMINIS, No. 9, 2004, 139-141 pp.

• Diel Daul, El miedo y la angustia, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1996,

24 p.

• Dror. Yehezkel. Enfrentando el futuro, Edit., FCE, Sección de Obras:

Política y Derecho. México. 1993.

• Duarte, Roberto Eleuterio. Encuentro Nacional de Estudios Estratégicos,

Argentina. 2011.


265

• Echavarría, J. La promesa de (In) seguridad: Algunas reflexiones críticas.

Revista Estudios Políticos. Medellín: Universidad de Antioquia, 2005.

• Echeverría Enrique, Avances en el tratamiento psicológico de los trastornos

de ansiedad, Ed. Madrid: Pirámide, 1992, 270 p.

• Eibl-Eibesfeldt, Irenäus. La sociedad de la desconfianza, Polémica para un

mundo mejor Ed. Herder, Barcelona, 1996.

• Evers, Tilman. El estado en la periferia capitalista. Siglo XXI, México, 2001.

• Fernández Andrade, Elsa María. El narcotráfico y la descomposición

política y social. Plaza y Valdez, México, 2002.

• Fernández, C., Domínguez, R., Revulá, J. y Anagnostou, A. Formas de

legitimación de la violencia en TV. Política y Sociedad, 41, 1, 183-199. 2004

• Fernández, I. Justificación y legitimación de la violencia en la infancia. Un

estudio sobre la legitimación social de las agresiones en los conflictos

cotidianos entre menores. Tesis de doctorado no publicada, Universidad

Complutense de Madrid. España. 2008.

• Fernández, L. La violencia institucional y los niños. En Universidad

Autónoma Metropolitana (Ed). Tiempos de violencia. (pp. 27-37). México:

UAM Xochimilco. 1997

• Fernández, M. La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre

Bourdieu: una aproximación crítica. Cuadernos de trabajo social. 18, 7-31.

2005.

• Flores Pérez, Carlos Antonio. Seguridad nacional y la democracia en

México. Tesis de maestría, UNAM, México, 2002.

• Flores, Manuel. Gobernabilidad: un reportaje de América Latina, Edit., FCE,

México. 1997.

• Fox Quezada Vicente. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Presidencia

de la República. México, 2001.

• Fraczek, A. Moral Approval of Aggressive Acts: A Polish-Finnish

Comparative Study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 16, 1, 41-54,

1985.


266

• Fraga Juárez, Raúl. Los Desafíos de la Seguridad Pública en México:

Medios de Comunicación V Cobertura del delito, Instituto de Investigaciones

Jurídicas, UNAM, México, 2002.

• Gabucio, N. Construcción de la identidad nacional desde el contenido de los

libros de texto de educación primaria. Tesis de licenciatura no publicada.

Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2002.

• Galeano, E. Los prisioneros. La Jornada Semanal. Nueva Época, 75, 11,

16-17, 1996.

• García Ramírez, Sergio. Poder Judicial y Ministerio Público, Editorial


• García, N. Ciudad invisible, ciudad vigilada. La Jornada Semanal. Nueva

Época. 115, 18, 1997.

• Gergen, K. Realidades y relaciones: aproximaciones a la construcción

social. Paidós: Barcelona, 1996

• Giménez, G. Poder, Estado y discurso. Perspectivas sociológicas y

semiológicas del discurso político-jurídico. México: Universidad Nacional

Autónoma de México, 1981.

• Giraldo, J. y Benítez, E. Psicología de la justicia distributiva: antecedentes y

tipos de estudios para su comprensión. Acta colombiana de psicología, 14,

91-101, 2011.

• González Fernández, José Antonio. La Seguridad Pública en México,


• González Ruiz Samuel, López Portillo V, Ernesto, Yánez José Arturo,

Seguridad Pública, En México: Problemas, Perspectivas y Propuestas.

UNAM. México 1994.

• González Ruiz Samuel. Como diseñar una estrategia nacional contra la

delincuencia organizada .Instituto Nacional de Ciencias Penales, México,

2003.

• González Ruiz Samuel. Seguridad publica en México. Problemas,

perspectivas y propuestas .UNAM México, 2004.


267

• González Ruíz, Samuel, Seguridad Pública en México, Universidad

Nacional Autónoma de México, México, 1994.

• González, L. Percepción ciudadana de la inseguridad. Ciudades seguras V.

Universidad Autónoma de Metropolitana. México: Fondo de Cultura

Económica, 2002.

• González, L. y Kala, J. Un modelo para la medición integral de la

inseguridad. En L. González, J. Arce y M. Álvarez. (Coords).

Aproximaciones empíricas al estudio de la inseguridad. Once estudios de

seguridad ciudadana en México. (pp. 171-195). México: Miguel Ángel

Porrúa, 2007.

• González, L., Arce, J. y Álvarez, M. (2007). Aproximaciones empíricas al

estudio de la inseguridad. Once estudios de seguridad ciudadana en

México. México: Miguel Ángel Porrúa.

• González, R. (2005). Banco Mundial: la violencia cuesta al país 100 mil mdd

al año. La Jornada. Recuperado de http: /

/www.jornada.unam.mx/2005/08/14/026n1eco.php

• Grossi, F. (1998). La violencia política en perspectiva para él y contra el

poder y el Estado.

• Grundy, K, y Weinstein, M. Las ideologías de la violencia. Madrid: Tecnos,

1976.

• Guerrero, R. Violencia y exclusión las experiencias de Cáli y Bogotá.

Colombia: International Bank for Reconstruction and Development/The

World Bank, 2003.

• Guerrien, M. Arquitectura de la inseguridad, percepción del crimen y

fragmentación del espacio urbano en la zona metropolitana del Valle de

México. En P, Fraile; G, Rodríguez; Q, Bonastra y C, Arella. (editores).

Paisaje ciudadano, delito y percepción de la inseguridad. Investigación

interdisciplinaria del medio urbano. (pp. 93-116) Madrid: Dykinson, 2006.

• Guillen López, Tonatiuh. Federalismo, Gobiernos Locales v Democracia,

Segunda Edición. Instituto Federal Electoral, México, 2001.


268

• Gutiérrez, S. El discurso argumentativo. Una propuesta de análisis.

Escritos. Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje. 27, enero-junio, 45-

66, 2003.

• Habermas, J. La reconstrucción del materialismo histórico. Madrid: Taurus,

1981.

• Haidar, J. Debate CEU-Rectoría: Torbellino pasional de los argumentos.

México: UNAM - Colección Posgrado, 2006.

• Hasam, S. Privatización de la seguridad: Guerra económica y social. En H.,

2000

• Hernández Bastar, Martín. El contexto actual de la seguridad nacional en

México. Una propuesta de agenda institucional, Instituto Nacional de

Administración Pública, México, 2001.

• Hernández Laos y Toledo O. México. Escenarios económicos de largo

plazo y efectos sobre la utilización de recursos naturales. Reporte final de

investigación para el programa PNUD-SEMARNAP, abril. México, 1999.

• Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación. Edit.

McGraw-Hill. México, 1992.

• Herrera Casso, Luis. Balance V perspectiva en el uso del concepto de

seguridad nacional en el caso de México, UAM, México, 1999.

• Hopenhayn. M. Drogas y violencia: fantasmas de la nueva metrópoli

Latinoamérica. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, 2002.

• Hudelson, P.M. Qualitative Research for Health Programmes. Geneva:

WHO, 1994.

• Huggins. Martha. Conciencia torturada: secretos y moralidad en la violencia

policial brasileña en Justicia en la calle: Ensayos sobre la policía en

América Latina. Edil. Centro Disciplinario de Estudios sobre Desarrollo

Latinoamericano. Medellín. 1996.

• Ibáñez, T. La psicología social y la retórica de la verdad. La Revista de

Cultura Psicológica. Facultad de Psicología. UNAM, 2, 1, 50-59, 1993.

• Imaz. Carlos. Participación ciudadana y gobierno. Edil. Senado de la

República. Revista: Del Senado de la República, No. 13. México. 1998.


269

• Íñiguez, L. El análisis del discurso en las ciencias sociales: variedades,

tradiciones y práctica. En L. Iñiguez, (Editor). Análisis del discurso: manual

para las ciencias sociales. Editorial UOC: Barcelona, España, 2006.

• Íñiguez, L. y Vázquez, F. Legitimidad del sistema democrático. Análisis de

un discurso autorreferencial. En O. D´ Adamo, V. García y M. Montero.

(Comps). Psicología de la acción política. (pp. 35-64). México: Paidós,

1995.

• Jackman, M. License to kill: violence and legitimacy in expropriative social

relations. En J. Jost & B. Major (Coords). The psychology of legitimacy.

Emerging perspectives on ideology, justice and intergroup relations. (pp. 33-

53). United States of America: Cambridge University Press, 2001

• Jost, J. & Major, B. The psychology of legitimacy. Emerging perspectives on

ideology, justice and intergroup relations. United States of América:

Cambridge University Press, 2001.

• Juárez. Laura. EL gobierno foxista mantiene y endurece la política salarial.

Edil. Universidad Obrera. México, 2000.

• Kelling, George y Catherine M. Coles. No más ventanas rotas, Cómo

restaurar el orden y reducir la delincuencia en nuestras comunidades,

Instituto Cultural Ludwig Von Mises, 1ª. Edición en español, México, 2001.

• Kelman. H. Reflections social and psychological processes of legitimization

and deligitimization. En J. Jost & B. Major. (Coords). The psychology of

legitimacy. Emerging perspectives on ideology, justice and intergroup

relations. (pp.54-73). United States of America: Cambridge University Press,

2001.

• Lara Klahr, Marco y Ernesto López Portillo, Coord. “Violencia y medios;

Seguridad pública, noticias y construcción del miedo”, CIDE-INSYDE, 1ª.

Edición, México, 2004.

• Lara Klahr, Marco y Ernesto López Portillo, Coord. Violencia y medios 2;

Reporteros de policía, CIDE-INSYDE, 1ª. Edición, México, 2006.

• Lima Malvido, María de la Luz. Conceptualización V Plan de Acción,

Consegu, México, 2000.


270

• Lima Malvido, María de la Luz. Un nuevo paradigma: La participación de la

ciudadanía en seguridad pública, Consegu, México, 2001.

• López Portillo, Ernesto. La policía en México. Crimen trasnacional y

seguridad pública. México, 2003.

• López Portillo. Ernesto. Seguridad Pública en México. Edit. UNAM México.

1994.

• López, C. Discursos, interpretaciones y prácticas sociales en la era de la

globalización de masas. En C, López., F, Uribe y J, Vázquez. Globalización,

violencia y derechos humanos. (pp. 1952). México: Itaca, 2005.

• López. Pedro. Contribución a la crítica de las relaciones políticas en México.

Edil. ERA. Revista: Cuadernos Políticos. julio-septiembre. México. 1981.

• Lozada, M. El otro es el enemigo: imaginarios sociales y polarización.

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 10, 2, 195-209,

2004.

• Marín, Álvaro. Cambio político y delincuencia organizada., Academia de

Administración Educativa, Dirección de Docencia, Unidad Ajusco de la

Universidad Pedagógica Nacional, México, 2001.

• Martín-Baró, I. Poder, ideología y violencia. Madrid: Trotta, 2003

• Martín-Baró, I. Proceso psíquicos y poder. En D´ Adamo, O., García, V. y

Montero, 1995.

• Martínez de Murguía, Beatriz y Alicia Azzolini Bicanz. Propuesta de

Reforma del Ministerio Público, Comisión de Derechos Humanos del D.F.

México, 1995.

• Martínez de Murguía, Beatriz. La policía en México. Planeta. México, 2000.

• Martínez Solares Verónica. Víctima y Justicia Penal. 76-88 p.

Enero/Febrero 2004

• Mats Berdal y Mónica Serrano, Comp. Crimen transnacional organizado y

seguridad internacional, Cambio y continuidad. Fondo de Cultura


• Medina, J. Inseguridad ciudadana, miedo al delito y policía en España.

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05, 03, 1-21, 2003.


271

• Miranda, O. Estrategias defensivas ante la incidencia delictiva y su

influencia en la privatización de la vía pública en el Municipio de Atizapán

de Zaragoza Estado de México, 1990-2000. Tesis de Maestría en

Urbanismo no publicada. Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional

Autónoma de México.

• Mockus, A. La educación para aprender a vivir juntos. Convivencia como

armonización de ley, moral y cultura. Perspectivas, 32, 1, 19-37, 2002.

• Moser, C. & Mcilwaine, C. Latin American Urban Violence as a

Development Concern: Towards a Framework for Violence Reduction.

World Developmen, 34, 1, 89–112., 2005.

• Naredo, M. Seguridad ciudadana: necesidad de un pacto de convivencia.

Madrid. Presentada en la jornada Ciudades más seguras. Organizada por el

Ministerio de Fomento con motivo de la celebración del día mundial del

Hábitat, 2001.

• Nueva ley de partidos entrevista a Raymundo Cárdenas, respuestas del

secretario perredista para nueva ley de partidos., Revista Siempre.,

Columnista: Rafael Aceituno. 20 de noviembre de 1997.

• Organización Panamericana de la Salud. Informe mundial sobre la violencia

y la salud. Washington, D.C: Oficina Regional para las Américas de la

Organización Mundial de la Salud, 2002.

• Orlando, Leoluca. Hacia una Cultura de la Legalidad, La experiencia

siciliana, Ed. UAM, Primera edición en México, 2004.

• Páez. D. Características, funciones y proceso de formación de las

representaciones sociales. En D. Páez. Pensamiento, individuo y sociedad.

Cognición y representación social. (pp. 297-317). Madrid: Fundamentos,

1987.

• Palacios. Juan Manuel. Militarización, seguridad nacional y seguridad

pública en México, Edil. Seminario permanente de estudios chicanos y de

fronteras. México, 2000.

• Pedrazzini, Y. y Sánchez, M. Nuevas legitimidades sociales y violencia

urbana en Caracas. Nueva sociedad, 109, 23-34, 1990.


272

• Pegueros Díaz, Saturnino E. Defensa Nacional. Seguridad Nacional V

Seguridad Pública: Factores Básicos de la Gobernabilidad, Cámara de

Diputados LVIII Legislatura. Junta de Coordinación Política, México, 2003.

• Penalva, C. El tratamiento de la violencia en los medios de comunicación.

Alternativas. Cuadernos de trabajo social. 10, 395-412, 2002.

• Peñalosa José Pedro, Garza Salinas Mario et al; Coord. Los desafíos de la

seguridad pública en México, Procuraduría General de la República, UNAM,

Universidad Iberoamericana México, 2002.

• Pereyra. Carlos. Estado y Movimiento Obrero. Edil. Era. Cuadernos

Políticos. No. 28. México, 1981.

• Pérez, C. Política de Seguridad hemisférica. Ponencia presentada en el

seminario La política de seguridad pública en el México de hoy, Marzo,

Ciudad de México, 2009.

• Pimentel, M. Violencia: ¿condición de género? En Universidad Autónoma

de México (Ed). Tiempos de violencia. (pp. 75-887) Universidad Autónoma

Metropolitana Unidad Xochimilco: México, 1997.

• Pipitone. Ugo. México entre el Estado y el Mercado en: La Salida del atraso:

un estudio histórico comparativo, Edit. FCE. México. 1994.

• Radillo Aparicio, José Luis. La Administración de Justicia en América

Latina, Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, México, 2003.

• Ramos, J.M. Seguridad ciudadana y seguridad nacional en México: hacia

un marco conceptual. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales,

47,194, 33-52, 2005.

• Ramos, L. Impacto de la experiencia directa de victimización criminal en el

miedo a la victimización. Tesis Doctoral. Facultad de Psicología.

Universidad Nacional Autónoma de México, 1994.

• Ramos, Luis. Un modelo explicativo del miedo a la victimización y sus

consecuencias en dos comunidades de la ciudad de México, Tesis de

Maestría, Facultad de Psicología, UNAM, 1990.

• Restrepo, L. Más allá del terror. Abordaje cultural de la violencia en

Colombia. Bogotá: Aguilar, 2002.


273

• Ribeiro. Lidio. Axiología Educativa. Edil. Plaza y Valdés. México. 1999.

• Rico J. M. y Chinchilla L., Seguridad ciudadana en América Latina, Siglo

XXI, México, 2002, 176-177 pp.

• Rico, José Manuel. Inseguridad Ciudadana y Policía, Editorial Tecnos,

Madrid, España, 1998.

• Robert, P. El ciudadano, el delito y el Estado. Colección Políticas de

Seguridad. Barcelona: Atelier, 2003.

• Rojas Enrique, La Ansiedad Como diagnosticar y superar el estrés, las

fobias y las obsesiones, Ed. Planeta México, 227 p.

• Rollo May, La angustia normal y patológica, Ed. Buenos Aires: Paidos,

1968, 285 p.

• Romero, B. Seguridad subjetiva y percepción de inseguridad en Querétaro.

En L. González, J. Arce y M. Álvarez. (Coords). Aproximaciones empíricas

al estudio de la inseguridad. Once estudios de seguridad ciudadana en

México. (pp. 255-274) México: Miguel Ángel Porrúa. 2007.

• Rosas Ramírez, Salomón. La seguridad pública en México: elementos para

el diseño de una política pública en el Distrito Federal, Universidad

Iberoamericana, México, 1998.

• Ruiz Cabañas, Miguel. El combate a las drogas. Fondo de Cultura

Económica. México, 2003.

• Ruíz Harrell, Rafael. Criminalidad V mal gobierno, Editorial Sansores y

Aljure, México, 1998.

• Ruíz. J. Cultura ciudadana, miedo al crimen y victimización: un análisis de

sus interrelaciones desde la perspectiva del tejido social. Acta Colombiana

de Psicología, 10,1, 65-74, 2007.

• Sabucedo, J., Barreto, I., Borja, H., De la Corte, L. y Durán, M. Legitimación

de la violencia y contexto: análisis textual del discurso de las FARC-EP.

Estudios de Psicología, 27, 3, 279-291 2006.

• Saldivar, Humberto. Inseguridad percibida, conductas de evitación V

conductas de autoprotección en mujeres de la ciudad de México. Tesis de

Licenciatura, Facultad de Psicología, UNAM, México, 1993.


274

• Sánchez Sandoval, Augusto. Derechos humanos, seguridad pública y

seguridad nacional, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2000.

• Sánchez, V., Barreto, I., Correa, D. y Fajardo, M. Representaciones

sociales de un grupo de estudiantes universitarios frente a un acto terrorista

en Bogotá. Revista Diversitas. Perspectivas en Psicología, 3, 2, 287-299,

2007.

• Sanders y Ferreira. Percepción ciudadana sobre la impartición de justicia en

la Ciudad de México. En G. Mota. Psicología política del nuevo siglo. Una

ventana a la ciudadanía. (pp. 87-101). México: Sociedad Mexicana de

Psicología, 1999.

• Sandoval Ullóa, José G. Introducción al Estudio del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, México, 1995.

• Sandoval, A. Miedos y medios: imaginarios urbanos sobre la inseguridad

pública. Tesis de Maestría no publicada. Instituto MORA. México, 2007.

• Santiago, T. Justificar la guerra. México: Universidad Autónoma

Metropolitana, 2001.

• Sapozni Kow Jorge. Convivencia y Seguridad. Banco Interamericano de

Desarrollo, España. 2000.

• Schipani Daniel, La angustia y la dimensión trascendental, Ed. Buenos

Aires: La Aurora, 19969, 153 p.

• Secretaría de Gobernación. Incidencia delictiva. Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública. México: Centro Nacional de

Información, 2011.

• Sen, A. Justicia y capacidad. En A. Sen (Ed). Nuevo examen de la

desigualdad. (pp. 89-104). Madrid: Alianza editorial, 1992.

• Serrano, E. Legitimación y racionalización. Weber y Habermas: la

dimensión normativa de un orden secularizado. España: Anthropos, 1994.

• Sidanius, J., Levin, S., Federico, C. & Pratto, F. Legitimizing ideologies. The

social dominance approach. En J. Jost & B. Major (Coords). The psychology

of legitimacy. Emerging perspectives on ideology, justice and intergroup


275

relations. (pp. 33-53). United States of America: Cambridge University

Press, 2001

• Smidh. Robert. La corrupción de la Policía Preventiva del Distrito Federal de

México en Justicia de la calle: Ensayos sobre la policía en América Latina.

Edit. Centro Disciplinario de Estudios sobre Desarrollo Latinoamericano.

Medellin. 1996.

• Spielberger Charles D, Tensión ansiedad Ed. México: Harper & row

Latinoamericana S.A. de C.V. 1979, 128 p.

• Tello, N. y Garza, C. La cultura de la legalidad, antídoto de la inseguridad.

Revista Este País, 116, 34-41, 2000.

• Thiago Cintra, José, Seguridad Nacional V Desarrollo, Diplomado de

Análisis Político, Colegio de México, México, 1991.

• Thompson, J. (2da edición). Ideología y cultura moderna. Teoría crítica en

la era de comunicación de masas. México: Universidad Autónoma

Metropolitana, 1998.

• Tiscornia, S. (2000). La seguridad ciudadana y la cultura de la violencia.

Encrucijadas Revista de la Universidad de Buenos Aires, 1, 1-16.

• Ute, G. & Werner, G. The pshychology of fear of crime. Conceptual and

Methodological Perspectives. British Journal of Criminology, 43, 3, 600-614,

2003.

• Valsiner, J. Cultura personal y conducta antisocial. Psicología Cultural.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios

Superiores Iztacala, 1, 221-234, 2005.

• Van Dijk, Análisis del discurso ideológico. Versión 6. Universidad Autónoma

Metropolitana, 15-43, 1996.

• Vanerik, Robert O. Accountability Sistema Policial de Rendición de

Cuentas, Estudio Internacional Comparado, CIDE-INSYDE, México, 2005.

• Vargas, L. (1997). Sobre el control de los vínculos. En Universidad

Autónoma de México (Ed). Tiempos de violencia. (pp. 103-122). México:

UAM Xochimilco.


276

• Vela, F. (2004). Un acto metodológico básico de la investigación social: la

entrevista cualitativa. En M. Tarrés. (Coord). Observar, escuchar y

comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social. (pp. 63-

95). México: Miguel Ángel Porrúa.

• Vidal, C. (In) justicia por propia mano: linchamientos en el México

contemporáneo. Instituto de Investigaciones Sociales, 1, 63, 131-160, 2001.

• Vidal, F. Los nuevos aceleradores de la violencia remodernizada. En A.

García-Mina (Coord). Nuevos escenarios de violencia. (pp. 17-47). Madrid:

Universidad Pontificia Comillas, 2008.

• Vignaux, G. La argumentación. Ensayo de lógica discursiva. Buenos Aires.

Hachette, 1983.

• Wacquant, L. Las dos caras de un gueto. Ensayos sobre marginalización y

penalización. Argentina: Siglo XXI editores, 2010.

• Weber, M. Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica: México,

1983.

• Zelditch, Jr, M. Theories of legitimacy. En J. Jost & B. Major. (Coords). The

psychology of legitimacy. Emerging perspectives on ideology, justice and

intergroup relations. (pp. 33-53). United States of America: Cambridge

University Press, 2001

• Zepeda G., Ineficiencia al servicio de la impunidad: las organizaciones de la

procuración de justicia en México, en J. Bailey y J. Chabat (comp.), Crimen

trasnacional y seguridad pública: desafíos para México y Estados Unidos,

México, Plaza y Janés, 2003, pp. 110-114.

• Zepeda Lecuona, Guillermo. Ineficiencia al servicio de la impunidad: Las

organizaciones de procuración de justicia en México. Plaza y Janes.

México, 2003.

• Zermeño, Sergio. La Sociedad Derrotada. El desorden mexicano del fin de

siglo, UNAM-S. XXI, México, 1996.

FUENTES ELECTRÓNICAS


277

• Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

versión actualizada disponible en http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/

(consulta: 11 noviembre 2005).

• Artículo 23: Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias.

Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el

juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de

absolver de la instancia. Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en www.cddhcu.gob.mx.

• Artículo 3º de la Ley general que establece las bases de coordinación del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Diario Oficial de la Federación, 11

de diciembre de 1995, disponible en http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/

(consulta: 11 noviembre 2005).

• Carrión, Fernando. De la convivencia urbana a la convivencia ciudadana,

Documento. Disponible en: http://www.netline.cl/riadel/ricarri.htm

• Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Definición, en Seguridad

Pública [Actualización: 15 de febrero de 2006], en

www.diputados.gob.mx/cesop/

• Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Seguridad Pública: 25

Indicadores sobre la percepción de inseguridad pública. H. Cámara de

Diputados, Septiembre, 2004, Disponible en

www.camaradediputados.gob.mx/cesop/

• Felson, M and Clarke RV. Opportunity Makes the Thief: practical theory for

crime prevention”, Police Research Series Paper 98. 1998, London: Home

Office. Disponible en www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/fprs98.pdf ó

Teoría del desplazamiento en

http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/reduccion/displacement_theor

y.htm

• http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=disc1205

• http://www.coparmex.org.mx/contenidos/publicaciones/Entorno/2002/nov02/

a.htm


278

• http://www.gamadero.df.gob.mx/nr/gam/conoce+tu+delegacion/historia/inde

x.asp

• http://www.icesi.org.mx/index.cfm?catID=944&subcatID=990.

• http://www.pgjdf.gob.mx/estadisticas/index.asp

• http://www.reforma.com/justicia/artículo/305508/.

• http://www.icesi.org.mx/index.cfm?artID=429.

• La topología fue consultada de:

http://www.geocities.com/fmuraro/tipologias.htm.

• Linberg, Kirsten. Et al. La cara cambiante del crimen organizado en

América” en Crimen y Justicia Inrternacional, Vol. 13, Núm. 10 Nov. 1997.

Editado por Officice of International Criminal Justice, Disponible en

http://www.acsp.uic.edu/oicj/pubs/cjintl/1310/1310sp/index.shtml

• Naciones Unidas, Manual de Justicia para Víctimas, Oficina de las

Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito, Centro

para la Prevención del Delito Internacional, véase en www.unojust.org,

revisada el 2 de diciembre de 2002.

• Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. Anexo Estadístico

2005”. Disponible en

http://www.sds.df.gob.mx/sector/informes/anexo_2005.pdf

• Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

Programas y Acciones, GDF-SSP, Documento. Disponible en

http://portal.ssp.df.gob.mx/Portal/ProgramasyCampanas/ProgramasyCampa

nas.htm

• Trascripción de la conferencia de prensa del Secretario de Seguridad

Pública, Joel Ortega Cuevas, en la Sala de Prensa Francisco Zarco, al

término de la reunión del Gabinete de Gobierno y Seguridad, en el Antiguo

Palacio del Ayuntamiento, 5/Marzo/2006. Disponible en

http://www.comsoc.df.gob.mx/noticias/conferenciasj.html?id=964819

FUENTES ESTADÍSTICAS Y DEMOGRÁFICAS


279

• Consulta Mitofsky, Confianza en Instituciones, Encuesta Nacional de

Viviendas, México, 2005.

• Consulta Mitofsky. A que le temen los niños capitalinos. Encuesta en el

Distrito Federal a niños menores de 12 años, México, Marzo 2004.

• Consulta Mitofsky. Combate a la delincuencia y cultura de la legalidad en el

Distrito Federal. Encuesta de viviendas, México, Diciembre 2004, INEGI.

Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y

Tabulados de la Muestra Censal. Aguascalientes, México, 2001.

• INEGI 2001. Estadísticas por tema. Estadísticas Sociodemográficas.

• INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados

Básicos. Aguascalientes, México, 2001.

• INEGI. Conteo de Población y vivienda 2005. Fecha de actualización,

Viernes 30 Junio 2006.

• INEGI. Conteo de población y vivienda, 17 de Octubre de 2005.

• INEGI. Estadísticas de Natalidad 2004 y 2005. las cifras se refieren a los

nacimientos registrados por entidad Federativa.

• INEGI. Estadísticas Esperanza de vida por entidad federativa según sexo,

2004, 2005 y 2006

• INEGI. Estadísticas por tema. Comunicado Núm. 087/06.

• INEGI. Estadísticas por tema. Defunciones generales por entidad federativa

de residencia habitual del fallecido según sexo, 2002 a 2005

• INEGI. Marco Geoestadístico, 2005.

• INEGI. Tasa global de fecundidad por entidad federativa, 2000 a 2006

• Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad. Segunda Encuesta

Nacional sobre Inseguridad, México, Agosto, 2002.

• Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad. Tercera Encuesta

Nacional sobre Inseguridad 2005 - ENSI 3, Análisis de Resultados, México,

Septiembre de 2005.

• Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, Encuesta

Internacional sobre Criminalidad y Victimización – México ENICRIV 2004,

México 2004.


280

• Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. Encuesta Nacional

sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas, México, 2002.

• Secretaría de Seguridad Pública. Estadísticas del Consejo de Menores del

Distrito Federal, México, 2003.

• Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal, Consumo de

drogas en los estudiantes de secundaria del Distrito Federal: magnitud del

problema y acciones de prevención en las escuelas, SSEDF-SEP, Junio,

2004.

• Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad –ENSI-3- (ICESI, INEGI).

Encuesta Nacional sobre inseguridad pública en la entidades federativas

2002.

• Transparencia Mexicana, Segunda Encuesta sobre Corrupción y Buen

Gobierno, Noviembre 2003

FUENTES HEMEROGRÁFICAS

• Aída Valero, et al. El silencio de las víctimas en la ciudad de México.

Revista de Trabajo Social.

• Aída Valero, et al. Mitos y realidades de la inseguridad pública en el Distrito

Federal. Revista de Trabajo Social.

• Alvarado Garibaldi, Salvador, Neo-olvidados, en Semanario Etcétera, Núm.

212, 20 de Febrero de 1997, México.

• Arango Durán, Arturo. La Trágica distribución de los Fondos de Seguridad

Pública, Revista Iter Criminis, número 7, segunda época, Inacipe, México,

julio-septiembre 2003.

• Artega Botello, Nelson. Sociedad y policía, un desencuentro en Ciudades

Inseguridad pública y violencia urbana No. 40, Red Nacional de


• Brugués, Alejandro, Willy W. Cortéz y Noé Aarón Fuentes. Inseguridad

pública en la frontera norte en Ciudades Inseguridad pública y violencia


281

urbana No. 40, Red Nacional de Investigación Urbana, octubre diciembre

de 1998, CISA, México, p. 18-24.

• Callejo, José Antonio. En Cancún, guerra de cárteles en Proceso No. 1469,

26 de diciembre de 2004, CISA, México, p. 10-13.

• De la Barreda, Luis. El Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad.

Revista de Administración Pública, No. 106, Instituto Nacional de

Administración Pública, México, septiembre-diciembre 2002.



• Dresser, Denisse. Motivos para marchar en Proceso No. 1443, 27 de junio

de 2004, CISA, México, p. 13.

• En la Revista Entorno de octubre de 2002, se presentan las cifras de

denuncias del ICESI y del SNSP.

• Esquivel, J. Jesús Washington anticipó la narcoviolencia en Proceso No.

1473, 23 de enero de 2005, CISA, México, p. 17-20.

• Flores, Sandra Bibiana. Los Andes al punto del colapso en Proceso No.

1421, 25 de enero de 2004, CISA, México, pp. 48-50.

• Gil Elorduy, Ernesto. Seguridad Pública y Justicia, un nuevo enfoque.

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Número 95, Nueva Serie, año

XXXII, México, mayo-agosto 1999.

• Gobierno del Distrito Federal. Comportamiento de los índices delictivos en

el Distrito Federal 1994-2005 en La Jornada, México, Jueves 2 de junio de

2005.

• Gómez Gordillo, Ismael. Naturaleza de los Fondos de Aportaciones

Federales a las Entidades Federativas y sus Municipios, Revista Indetec,

No. 115, México, marzo-abril-1999.

• Gutiérrez, Alejandro. La máxima seguridad al mínimo en Proceso No. 1471,

9 de enero de 2005, CISA, México, p. 30-34.

• Huacuja, Mario Guillermo. Bitácora del Crimen en Semanario Etcétera, No.

253.


282

• Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, Primer Encuesta

Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas, México,

2002.

• Jiménez Ornelas, René, Héctor Hernández Bringas y Virginia Illescas Vela

Violencia doméstica: un problema que trasciende los hogares en Ciudades



• Mejía Madrid, Fabricio. México Violento en Proceso No. 1469, 26 de

diciembre de 2004, CISA, México, pp. 6-8.

• Monsiváis, Carlos. De no ser por el pavor que te tengo, jamás tomaría

precauciones. Notas sobre la violencia urbana, en Letras Libres, Año 1,

Número 5, mayo 1999, México.

• Ortíz V., Roberto. La seguridad pública en el DF: Contra el crimen

organizado y la delincuencia, en El Cotidiano No. 82, Mzo.-Abr. 1997, UAM,

México.

• Peñaloza, José Pedro y Felipe Espinoza-Torres. Los desafíos de la

Prevención del Delito en América Latina en Revista Este País, número 116,

noviembre 2000, México.

• Periódico La Jornada, Sección La Capital, p. 44. Martes 22 de septiembre

de 1998.

• Periódico Reforma, 14 de marzo de 1997 p 4-b

• Ramos López, Juan. La creación de la Secretaría de Seguridad Pública,

Revista de Administración Pública, No. 106, Instituto Nacional de

Administración Pública, México, septiembre-diciembre 2002.

• Regalado, Jorge. Inseguridad, propuestas sociales y reformas

institucionales en Ciudades Inseguridad pública y violencia urbana No. 40,

Red Nacional de Investigación Urbana, octubre-diciembre de 1998, México,

p. 52-58.

• Regalado, Jorge. Inseguridad, propuestas sociales y reformas

institucionales en Ciudades Inseguridad pública y violencia urbana No. 40,


283

Red Nacional de Investigación Urbana, octubre-diciembre de 1998, México,

p. 52-58.

• Sánchez Báez, José Juan. Violencia Urbana en Memoria, No. 106, p. 21,

Diciembre de 1997, México.

• Sánchez Murguía, Vicente. Delincuencia en la frontera norte en Ciudades


Investigación Urbana, octubre-diciembre de 1998, México, pp. 44-51.

• Scaramella, Gene. Esfuerzos cooperativos entre organizaciones criminales

en Crimen y Justicia Inrternacional, Vol. 13, Núm. 10 Nov. 1997. Editado

por Officice of International Criminal Justice, online.

• Tello, Nelia y Carlos Garza F. Subculturas juveniles y violencia en Revista

Este País, número 159, junio 2004, p. 34-- 40. México.

• Tello, Nelia y Carlos Garza. La cultura de la legalidad, antídoto de la

inseguridad en Revista Este País, núm. 116, noviembre de 2000, México.

• Zarate Ruíz, Arturo. Estado policiaco y alternativas de orden público en



• Zuluaga Nieto, Alberto Cuando la corrupción invade el tejido social en

Nueva Sociedad, No. 145, Sep-Oct 1996 Crimen Organizado, Amenaza

transnacional en El Financiero, 26 de junio de 1994, México.

LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS

• Código Penal para el Distrito Federal”, Ed. Porrúa. 52ª. Edición. México,

1994.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ediciones Luciana,

México, 2006

• Convenio de Coordinación para la Realización de Acciones en Materia de

Seguridad en el Año 2005 en Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima

Quinta Época, No. 27, 4 de marzo de 2005.


284

• Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad Pública

de la Región Centro País en Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima

Quinta Época, No. 66, 6 de junio de 2005.

• Dirección General de Prevención del Delito. ¿Sabes en qué consiste el

Programa Policía de Barrio? en Revista Perfiles, Órgano de información

interna de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito

Federal, Volumen I, Número 2, 2003.

• Gobierno del Distrito Federal. Coordinaciones Territoriales de Seguridad

Pública y Procuración de Justicia, Presentación Ejecutiva, Documento,

2001.

• Gobierno del Distrito Federal. Criterios y procedimientos para la aplicación

de los Subprogramas del Programa Integrado Territorial de Desarrollo

Social, SDS-DGPC, Manual, Documento Preliminar, Febrero, 2001.

• Gobierno del Distrito Federal. Plan de Acciones de Seguridad, Procuración

de Justicia y Gobierno 2004-2006, México, D.F., 23 de Febrero de 2004.

• Gobierno del Distrito Federal. Programa General de Desarrollo del Distrito

Federal 2001 – 2006, México, Diciembre de 2006.

• Jefatura del Gobierno. Programa Integral de Seguridad Pública y

Procuración de Justicia del Distrito Federal, GDF, México.

• Ley de Coordinación Fiscal, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2004

• Ley de la Policía Federal Preventiva, Secretaría de Seguridad Pública,

México, 2004.

• Ley de Planeación, Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Diario

Oficial de la Federación, 5 de enero de 1983.

• Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, Presidencia de la República,

Diario Oficial de la Federación, 12 de julio de 1993.

• Ley de Seguridad Pública para el Distrito Federal, Diario Oficial de la

Federación, 12 de julio de 1993.

• Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional

de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública, México, 2004.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Porrúa, México, 2004.


285

• Ley que estable las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 30 de mayo de 2001

• Presidencia de la República, Anexo del Cuarto Informe de Gobierno 2004,

México, en www.ssp.gob.mx

• Presidencia de la República, Programa Nacional de Seguridad Pública

1995-2000, México, 1996.

• Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 14 de enero de 2003.

• Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2002

• Secretaría de Desarrollo Social. Programa de Atención a Jóvenes en

Situación de Riesgo Documento de Trabajo, 2002.

• Secretaría de Desarrollo Social. Programa para la Prevención del Delito, la

Violencia y las Adicciones, Documento de Trabajo, Noviembre de 2004.

• Secretaría de Desarrollo Social. Programa Social para la Prevención y

Atención del Delito, la Violencia y las Adicciones, GDF-SDS, Documento.

• Secretaría de Seguridad Pública. Aviso del Establecimiento del Programa

de Control y Prevención de Ingestión de Alcohol en Conductores de

Vehículos en el Distrito Federal en Gaceta Oficial del Distrito Federal, 13ª.

Época, Número 74 Bis, 18 de Septiembre de 2003.

OTRAS

• Acero Velásquez, Hugo. Una mejor policía, una mejor seguridad y

convivencia en Bogotá-Colombia: Un proyecto conjunto entre autoridades

civiles, policía y ciudadanía ponencia presentada en el seminario Derechos

Humanos, Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Los cuerpos de

policía: figura clave. Organizado por la Embajada de E.U., PGR, SSP,

PGJDF, Universidad Iberoamericana. 8-10 de enero de 2001, México.


286

• Araujo Paullada, Gabriel. De la impartición de justicia al juego (imaginario)

de policías y ladrones ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional

de Investigación sobre Violencia Social en México, PIIVIOS-UNAM, México,

2-6 de marzo de 1998.

• Arroyo Juárez, Mario. Métodos para medir la delincuencia y sus

consecuencias sociales Ponencia presentada en el Primer congreso

Nacional de Investigación sobre Violencia Social en México, 4 de Marzo de

1998.

• Broitman, Lily. Construyendo relaciones entre la Policía, la Comunidad y la

Sociedad Civil, ponencia presentada en el seminario Derechos Humanos,

Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Los cuerpos de policía: figura

clave. Organizado por la Embajada de E.U., PGR, SSP, PGJDF,

Universidad Iberoamericana. 8-10 de enero de 2001, México.

• Centros de Integración Juvenil. Perfiles de consumo en Tlalpan Ponencia

presentada en Comité Delegacional de Seguridad Pública, DIECIJ, Tlalpan,

D.F., México, 2005.

• Fundación Mexicana de la Salud y Banco Mundial, Tendencias y causas del

delito violento en el Distrito Federal, informe final, México, octubre de 1999,

p. 5.

• Jiménez Ornelas, René Alejandro, Héctor Hernández Bringas y Virginia

Illescas. Muertes violentas en México. El Delito de Asalto, ponencia

presentada en el VII Congreso de Investigación en Salud Pública, Morelos,

México, 5 de marzo de 1997. 17 pp.

• Organizado por la Embajada de E.U., PGR, SSP, PGJDF, Universidad


• Tello Peón, Nelia y Efraín E. Reyes Romero. La migración de mexicanos a

E.U. Una mirada a lo social: El papel del Trabajo Social Ponencia.

• Tello, Nelia y Carlos Garza. Ante la ausencia de un Programa Integral de

Seguridad Pública en el D.F.: Fuegos de artificio, Documento; y carta

dirigida al Lic. Andrés Manuel López Obrador por Lic. Carlos Garza Falla,

30 de mayo de 2001.


287

• Thoumi, Francisco E. Porque razón un país produce drogas y de qué

manera esto determina la eficacia de una política: Un modelo general y

algunas aplicaciones al caso de Colombia Conferencia dictada en el marco

de la Cátedra UNESCO Transformaciones económicas y sociales

relacionadas con el problema internacional de las drogas, IISUNAM,

México, D.F., 25 de febrero de 2004.

• UNAM. Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación

Tecnológica (PAPITT). 2005-2006.

DICCIONARIOS

• Corripio, Fernando, Diccionario etimológico general de la lengua castellana,

3ª. ed., Barcelona, Bruguera, 1984.

• Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid

• Diccionario Ideológico de la Real Academia Española, Ed. Gustavo Gili,

1997, 423 p.

• Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM


• Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XXVI, Ws. Preskill, Buenos Aires,

Argentina, 1989.

• Real Academia Española, Diccionario manual e ilustrado de la lengua

española, 4ª. ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1989, voces: administrar, impartir,

repartir y procurar.

las estrategias de seguridad

Documents