ley 104 de 1993 decreto 1812 de 1992

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  • Ley 104 de 1993 1/ 54

    Diario Oficial 41.158

    1 2

    (diciembre 30)

    Por la cual se consagran unos instrumentos para la bsqueda de la

    convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

    DECRETA:

    PRIMERA PARTE

    PARTE GENERAL

    . Las normas consagradas en la presente Ley tienen por

    objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para

    asegurar la vigencia del Estado Social y Democrtico de Derecho y

    garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales re-

    conocidos en la Constitucin Poltica.

    2o. En la aplicacin de las atribuciones conferidas en la

    presente Ley, se seguirn los criterios de proporcionalidad y necesa-

    riedad y en la determinacin del contenido de su alcance el intrpre-

    te deber estarse al tenor literal de la misma, sin que so pretexto de

    desentraar su espritu, puedan usarse facultades no conferidas de

    manera expresa.

    En el ejercicio de las mismas facultades no podr menoscabarse el

    ncleo esencial de los derechos fundamentales, ni alterar la distribu-

    cin de competencias establecidas en la Constitucin y las leyes y en

    1 Reglamentada por: el decreto 490 de 1995.

    2 Ley 418 de 1997. . Esta ley tendr una vigencia de dos (2) aos

    a partir de la fecha de su promulgacin, deroga las Leyes 104 de 1993 y 241

    de 1995.

  • Ley 104 de 1993 2/ 54

    su aplicacin se tendr siempre en cuenta el propsito del logro de la

    convivencia pacfica.

    3o. El Estado propender por el establecimiento de un or-

    den social justo que asegure la convivencia pacfica, la proteccin de

    los derechos y libertades de los individuos y adoptar medidas en

    favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr

    condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas opor-

    tunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su

    grupo social.

    4o. Las autoridades procurarn que los particulares resuel-

    van sus diferencias de manera democrtica y pacfica, facilitarn la

    participacin de todos en las decisiones que los afectan y debern

    resolver de manera pronta las solicitudes que los ciudadanos les pre-

    senten para la satisfaccin de sus necesidades y la prevencin y eli-

    minacin de las perturbaciones a la seguridad, la tranquilidad, la sa-

    lubridad y el ambiente.

    5o. Las autoridades garantizan el libre desarrollo y la libre

    expresin y actuacin de los movimientos sociales y de las protestas

    populares que se realicen de acuerdo con la Constitucin y las leyes.

    6o. En la parte general del plan nacional de desarrollo y en

    los que adopten las entidades territoriales se sealarn con precisin

    las metas, prioridades y polticas macroeconmicas dirigidas a lograr

    un desarrollo social equitativo y a integrar a las regiones de coloni-

    zacin, o tradicionalmente marginadas o en las que la presencia esta-

    tal resulta insuficiente para el cumplimiento de los fines previstos en

    el artculo 2 de la Constitucin Poltica, con el objeto de propender

    por el logro de la convivencia, dentro de un orden justo, democrtico

    y pacfico.

    7o. El Gobierno deber presentar informes, dentro de los

    primeros diez (10) das de cada perodo legislativo a las Comisiones

    de que trata el artculo 8 referido a la utilizacin de las atribuciones

  • Ley 104 de 1993 3/ 54

    que se le confieren mediante la presente Ley, as como sobre las me-

    didas tendientes a mejorar las condiciones econmicas de las zonas y

    grupos marginados de la poblacin colombiana.

    8o. Las mesas directivas de las Comisiones Primeras de

    Senado y Cmara, conformarn una comisin, integrada por seis (6)

    Senadores y seis (6) Representantes, en la que debern estar repre-

    sentados proporcionalmente todos los partidos y movimientos polti-

    cos representados en el Congreso, la cual deber hacer el seguimien-

    to de la aplicacin de la presente Ley, recibir las quejas que se susci-

    ten con ocasin de la misma, revisar los informes del Gobierno y re-

    comendar la permanencia, suspensin o derogatoria de las disposi-

    ciones contenidas en esta Ley.

    TITULO I

    INSTRUMENTOS PARA LA BUSQUEDA DE LA

    CONVIVENCIA

    I

    ABANDONO Y ENTREGA VOLUNTARIA

    9o. Tratndose de personas vinculadas a grupos subversi-

    vos, de justicia privada o denominados milicias populares rurales o

    urbanas, ser necesario el abandono voluntario de la organizacin y

    la entrega a las autoridades y podrn tener derecho a los beneficios

    sealados en los artculos 369-A y 369-B del Cdigo de Procedi-

    miento Penal, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y crite-

    rios all previstos.

    1o. Cuando sea necesario verificar si las personas que so-

    licitan la concesin de los beneficios a que se refiere el presente art-

    culo, tienen carcter de personas vinculadas a grupos subversivos, de

    justicia privada o denominados milicias populares, rurales o urba-

    nas, la autoridad judicial competente podr solicitar la informacin

    pertinente a los Ministerios de Gobierno, Defensa, Justicia y del De-

  • Ley 104 de 1993 4/ 54

    recho, y a las dems entidades y organismos de inteligencia del Es-

    tado.

    2o. Los beneficios previstos en este artculo no podrn

    extenderse al delito de secuestro, a los dems delitos atroces ni a

    homicidios cometidos fuera de combate o aprovechndose del estado

    de indefensin de las vctimas, ni en general, a delitos cuya pena

    mnima legal exceda de ocho (8) aos de prisin.

    2

    NORMAS COMUNES

    10. Beneficios condicionales. Cuando se concedan los be-

    neficios de garanta de no investigacin ni acusacin, libertad provi-

    sional, detencin domiciliaria durante el proceso o la ejecucin de la

    condena, condena de ejecucin condicional, libertad condicional,

    sustitucin de la pena privativa de la libertad por trabajo social, el

    funcionario judicial competente impondr al beneficiado una o va-

    rias de las siguientes obligaciones:

    a) Informar todo cambio de residencia;

    b) Ejercer oficio, profesin u ocupacin lcitos;

    c) Reparar los daos ocasionados por el delito, salvo cuando se de-

    muestre que se est en imposibilidad de hacerlo;

    d) Abstenerse de consumir bebidas alcohlicas;

    e) Someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse peridi-

    camente ante ellas;

    f) Presentarse cuando el funcionario judicial lo solicite;

    g) Observar buena conducta individual, familiar y social;

    h) No cometer un nuevo hecho punible, excepto cuando se trate de

    delitos culposos;

    i) No salir del pas sin previa autorizacin del funcionario judicial

    competente;

  • Ley 104 de 1993 5/ 54

    j) Cumplir con las obligaciones contempladas en las normas y re-

    glamentos del rgimen penitenciario y observar buena conducta en

    el establecimiento carcelario;

    k) Cumplir y acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades com-

    petentes.

    El funcionario judicial competente impondr las obligaciones dis-

    crecionalmente, segn la naturaleza y modalidades del hecho puni-

    ble, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometi, la

    naturaleza del beneficio, la personalidad del beneficiario, los antece-

    dentes penales y la buena conducta en el establecimiento carcelario.

    Las obligaciones de que trata este artculo se garantizarn mediante

    caucin, que ser fijada por el mismo funcionario judicial.

    11. Revocacin de beneficios. El funcionario judicial que

    otorg el beneficio lo revocar cuando encuentre que se ha incum-

    plido alguna de las obligaciones impuestas, se ha incurrido en el de-

    lito de fuga de presos o en falta grave contra el rgimen penitencia-

    rio, durante el respectivo perodo de prueba.

    12. Prohibicin de acumulacin. Los beneficios por cola-

    boracin con la justicia aqu previstos, son incompatibles con los

    consagrados para las mismas conductas en otras disposiciones.

    Otorgados los beneficios, no podrn concederse otros adicionales

    por la misma colaboracin.

    13. Proteccin especial. Desde el momento en que se en-

    treguen a las autoridades las personas a que se refiere el Ttulo I,

    artculos 10, 11, 12 y 13 de esta Ley podrn, si lo solicitan expresa-

    mente, recibir proteccin especial del Estado con el fin de asegurar

    su derecho a la vida e integridad fsica, cuando a juicio de la autori-

    dad judicial competente, ella fuere necesaria.

    De la entrega deber informarse inmediatamente a la autoridad judi-

    cial competente, la cual podr autorizar la permanencia de tales per-

  • Ley 104 de 1993 6/ 54

    sonas en instalaciones militares o sitios de reclusin habilitados por

    el Instituto nacional Penitenciario, cuando lo estime conveniente pa-

    ra la seguridad del sometido o para la concrecin eficaz de su cola-

    boracin.

    Cuando dichas personas manifiesten su voluntad de no continuar en

    una instalacin militar, o sitio de reclusin habilitado, sern trasla-

    dadas al centro carcelario que determinen las autoridades competen-

    tes.

    3

    DISPOSICIONES PARA FACILITAR EL DIALOGO CON LOS

    GRUPOS GUERRILLEROS, SU DESMOVILIZACION Y

    REINSERCION A LA VIDA CIVIL

    14. Los representantes autorizados expresamente por el

    Gobierno Nacional, con el fin de lograr la paz podrn:

    a) Realizar actos tendientes a entablar los dilogos a que se refiere

    este captulo;

    b) Adelantar dilogos con los voceros o representantes de los grupos

    guerrilleros, tendientes a buscar la reinsercin de sus integrantes a la

    vida civil;

    c) Firmar acuerdos con los voceros o representantes de los grupos

    guerrilleros, dirigidos a obtener la desmovilizacin y reincorpora-

    cin a la vida civil de sus integrantes. Los acuerdos y su contenido

    sern los que a juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar y

    culminar el proceso de paz;

    d) Acordar con los voceros o representantes de los grupos guerrille-

    ros, la ubicacin temporal de stos en zonas determinadas del territo-

    rio nacional, para facilitar la verificacin de que han cesado en sus

    operaciones subversivas.

    Las rdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en procesos

    penales por delitos polticos y conexos contra los miembros de los

  • Ley 104 de 1993 7/ 54

    grupos guerrilleros localizados de conformidad con lo establecido en

    el inciso anterior, quedarn suspendidas en las zonas a que hace re-

    ferencia el inciso anterior, desde el momento de la ubicacin de di-

    chas personas hasta cuando el Gobierno Nacional declare que ha

    culminado el proceso de paz a que se refiere este captulo.

    Para tales efectos, el Ministerio de Gobierno y la Consejera Presi-

    dencial para la Paz elaborarn la lista de las personas que se encuen-

    tren en la respectiva zona de ubicacin en su calidad de guerrilleros,

    previa certificacin bajo la gravedad del juramento, expedida por los

    voceros del respectivo grupo, quienes sern responsables penalmen-

    te por la veracidad de tal informacin. El Ministerio de Gobierno

    enviar a las autoridades judiciales y de polica correspondientes la

    lista as elaborada.

    Estas normas son aplicables a las milicias populares con carcter

    poltico.

    1o. De conformidad con lo dispuesto en el artculo 14 de

    la Ley 40 de 1993, el delito de secuestro no tiene el carcter de co-

    nexo con un delito poltico.

    2o. Con el fin de facilitar la transicin a la vida civil y

    poltica legal de los grupos guerrilleros que se encuentren en un pro-

    ceso de paz dirigido por el Gobierno, ste podr nombrar por una

    sola vez, un nmero plural de Congresistas en cada Cmara en re-

    presentacin de los mencionados grupos.

    Para los efectos previstos en el presente artculo, el Gobierno podr

    no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos para ser

    Congresista.

    15. La direccin del proceso de paz corresponde exclusi-

    vamente al Presidente de la Repblica como responsable de la pre-

    servacin del orden pblico en toda la Nacin. Quienes a nombre del

    Gobierno participen en los dilogos y acuerdos de paz, lo harn de

    conformidad con las instrucciones que l les imparta.

  • Ley 104 de 1993 8/ 54

    El Presidente de la Repblica podr disponer la participacin de re-

    presentantes de diversos sectores de la sociedad civil en los dilogos

    a que hace referencia el artculo anterior, cuando a su juicio puedan

    colaborar en el desarrollo del proceso de paz.

    16. Las personas que participen en los dilogos y en la ce-

    lebracin de los acuerdos a que se refiere el presente captulo no in-

    currirn en responsabilidad penal por razn de su intervencin en los

    mismos.

    17. El Gobierno Nacional, con el nico fin de facilitar el

    desarrollo de un proceso de paz bajo su direccin, podr autorizar la

    difusin total o parcial de comunicados que provengan de organiza-

    ciones guerrilleras vinculadas al mismo o de entrevistas de miem-

    bros de dichas organizaciones.

    TITULO II

    ATENCION A LAS VICTIMAS DE ATENTADOS

    TERRORISTAS

    I

    DISPOSICIONES GENERALES

    18. Para los efectos de esta Ley se entiende por vctimas

    aquellas personas que sufren directamente perjuicios por razn de

    los atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos explosi-

    vos y las tomas guerrilleras que afecten en forma indiscriminada a la

    poblacin.

    . El Consejo Directivo del Fondo de Solidaridad y Emer-

    gencia Social de la Presidencia de la Repblica determinar si son o

    no aplicables las medidas a que se refiere el presente Ttulo, en los

    casos en que exista duda sobre el particular.

    19. En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado

    el dao especial sufrido por las vctimas de atentados terroristas,

  • Ley 104 de 1993 9/ 54

    stas recibirn asistencia humanitaria, entendiendo por tal la ayuda

    indispensable para atender requerimientos urgentes y necesarios para

    satisfacer los derechos constitucionales de dichas personas que

    hayan sido menoscabados por la accin terrorista. Dicha asistencia

    ser prestada por el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, en

    desarrollo de su objeto constitucional, y por las dems entidades

    pblicas dentro del marco de su competencia legal.

    20. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en desa-

    rrollo de sus programas preventivos y de proteccin, prestar asis-

    tencia prioritaria a los menores de edad que hayan quedado sin fami-

    lia o que tenindola, sta no se encuentre en condiciones de cuidar-

    los por razn de los atentados terroristas a que se refiere el presente

    Ttulo. El Gobierno Nacional apropiar los recursos presupuestales

    al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el desarrollo de

    este programa.

    21. Cuando quiera que ocurra un atentado terrorista el Co-

    mit local para la Prevencin y Atencin de Desastres o a falta de

    ste, la oficina que hiciere sus veces, deber elaborar el censo de

    damnificados, en un trmino no mayor de cinco (5) das hbiles des-

    de la ocurrencia del atentado, en el cual se incluir la informacin

    necesaria para efectos de la cumplida aplicacin de las disposiciones

    de este Ttulo, de conformidad con los formatos que establezca el

    Fondo de Solidaridad y Emergencia Social.

    Estas listas de damnificados podrn ser revisadas en cualquier tiem-

    po por el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, el cual verifi-

    car la calidad de vctimas de las personas que all figuren como

    damnificados.

    Cuando el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social establezca que

    una de las personas que figuraba en el censo respectivo o que recibi

    alguna de las formas de asistencia previstas en este Ttulo, no tena

    el carcter de vctima, el interesado adems de las sanciones penales

    a que haya lugar, perder todos los derechos que le otorga el presen-

  • Ley 104 de 1993 10/ 54

    te Ttulo, y la respectiva entidad proceder a exigirle el reembolso de

    las sumas que le haya entregado o haya pagado por cuenta del mis-

    mo o de los bienes que le haya entregado. Si se trata de crditos, el

    establecimiento que lo haya otorgado podr mantenerlo, reajustando

    las condiciones a la tasa de mercado.

    2

    ASISTENCIA EN MATERIA DE SALUD

    22. Las instituciones hospitalarias, pblicas o privadas, del

    territorio nacional, que prestan servicios de salud, tienen la obliga-

    cin de atender de manera inmediata a las vctimas de los atentados

    terroristas que lo requieran, con independencia de la capacidad so-

    cio-econmica de los demandantes de estos servicios y sin exigir

    condicin previa para su admisin.

    23. Los servicios de asistencia mdica, quirrgica y hospi-

    talaria consistirn en:

    1. Hospitalizacin.

    2. Material mdico quirrgico, de osteosntesis y rtesis, conforme a

    los criterios tcnicos que fije el Ministerio de Salud.

    3. Medicamentos.

    4. Honorarios mdicos.

    5. Servicios de apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios,

    imgenes diagnsticas.

    6. Transporte.

    7. Servicios de rehabilitacin fsica, por el tiempo y conforme a los

    criterios tcnicos que fije el Ministerio de Salud.

    8. Servicios de rehabilitacin mental en los casos en que como con-

    secuencia del atentado terrorista la persona quede gravemente inca-

    pacitada para desarrollar una vida normal de acuerdo con su situa-

  • Ley 104 de 1993 11/ 54

    cin, y por el tiempo y conforme a los criterios tcnicos que fije el

    Ministerio de Salud.

    24. El reconocimiento y pago de los servicios a que se re-

    fiere el artculo anterior se har por conducto del Ministerio de Sa-

    lud, con cargo a los recursos que suministre el Fondo de Solidaridad

    y Emergencia Social de la Presidencia de la Repblica, de conformi-

    dad con lo previsto en los artculos 26 y 47 de esta Ley, y con suje-

    cin a los procedimientos y tarifas fijados por la Junta Nacional del

    Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito, Fonsat.

    Cuando se solicite la prestacin de determinados servicios y exista

    duda sobre la procedencia de la solicitud, el Ministerio de Salud, pa-

    ra efectos de adoptar una decisin, podr pedir concepto de una jun-

    ta mdica, la cual se integrar por representantes de las entidades

    que, de acuerdo con la ley, tienen el carcter de organismos consul-

    tivos del Gobierno en materia de salud.

    25. Los afiliados a entidades de Previsin o Seguridad So-

    cial, tales como Cajas de Previsin Social, Cajas de Compensacin

    Familiar o el Instituto de Seguros Sociales, que resultaren vctimas

    de los atentados terroristas a que hace referencia el presente ttulo,

    sern remitidos, una vez se les preste la atencin de urgencias y se

    logre su estabilizacin, a las instituciones hospitalarias que definan

    dichas entidades para que all se contine el tratamiento requerido.

    Los costos resultantes del tratamiento inicial de urgencias, as como

    los costos de tratamiento posterior, sern asumidos por las corres-

    pondientes instituciones de Previsin y Seguridad Social.

    26. Los gastos que demande la atencin de las vctimas

    amparadas con plizas de compaas de seguros de salud o contratos

    con empresas de medicina prepagada, sern cubiertos por el Estado

    de conformidad con lo establecido en el presente Ttulo, en aquella

    parte del paquete de servicios definidos en el artculo 23 que no

    estn cubiertos por el respectivo seguro o contrato o que lo estn en

    forma insuficiente.

  • Ley 104 de 1993 12/ 54

    27. El Ministerio de Salud ejercer la evaluacin y control

    sobre los aspectos relativos a:

    1. Nmero de pacientes atendidos.

    2. Acciones mdico- quirrgicas.

    3. Suministros e insumos hospitalarios gastados.

    4. Causa de egreso y pronstico.

    5. Condicin del paciente frente al ente hospitalario.

    6. Los dems factores que constituyen costos del servicio, de con-

    formidad con lo dispuesto en el artculo 23 de la presente Ley.

    28. El incumplimiento de lo dispuesto en este captulo, ser

    causal de sancin por las autoridades competentes en desarrollo de

    sus funciones de inspeccin y vigilancia, de conformidad con lo pre-

    visto en el artculo 49 de la Ley 10 de 1990, y dems normas con-

    cordantes.

    3

    ASISTENCIA EN MATERIA DE VIVIENDA

    29. Los hogares damnificados por actos terroristas a que se

    refiere el presente Ttulo podrn acceder al Subsidio Familiar de Vi-

    vienda de que trata la Ley 3a. de 1991, sin que para tal efecto se to-

    me en cuenta el valor de la solucin de vivienda cuya adquisicin o

    recuperacin sea objeto de financiacin.

    La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de Inters So-

    cial y Reforma Urbana, INURBE, ejercer la funcin que le otorga

    el ordinal 7 del artculo 14 de la Ley 3. de 1991, en relacin con el

    subsidio familiar de vivienda de que trata este captulo, teniendo en

    cuenta el deber constitucional de proteger a las personas que se en-

    cuentren en situacin de debilidad manifiesta y el principio de soli-

    daridad, razn por la cual deber dar prioridad a las solicitudes que

    presenten los hogares que hayan sido vctimas de los actos descritos

    en el presente artculo.

  • Ley 104 de 1993 13/ 54

    En aquellos casos en que por razn de las circunstancias econmicas

    de las vctimas, stas no puedan utilizar el valor del subsidio para

    financiar la adquisicin o recuperacin de una solucin de vivienda,

    el monto del mismo podr destinarse a financiar, en todo o en parte,

    el valor del canon de arrendamiento de una solucin de vivienda.

    30. Para los efectos de este captulo, se entender por

    Hogares Damnificados aqullos definidos en el artculo 3 del De-

    creto 599 de 1991, sin consideracin a su expresin en salarios

    mnimos legales mensuales, que por causa de actos terroristas come-

    tidos con bombas o artefactos explosivos, pierdan su solucin de vi-

    vienda total o parcialmente, de tal manera que no ofrezca las condi-

    ciones mnimas de habitabilidad o estabilidad en las estructuras.

    Igualmente, tendrn tal carcter los hogares cuyos miembros, a la

    fecha del acto terrorista, no fuesen propietarios de una solucin de

    vivienda y que por razn de dichos actos hubiesen perdido al miem-

    bro del hogar de quien derivaban su sustento.

    31. Los postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda en las

    condiciones de que trata este captulo, podrn acogerse a cualesquie-

    ra de los planes declarados elegibles por el Instituto Nacional de Vi-

    vienda de Inters Social y Reforma Urbana, INURBE.

    32. La cuanta mxima del subsidio familiar de vivienda de

    que trata este captulo ser el equivalente a quinientas (500) Unida-

    des de Poder Adquisitivo Constante, UPAC.

    33. Las postulaciones al Subsidio Familiar de Vivienda de

    que trata este captulo, sern atendidas por el Instituto Nacional de

    Vivienda de Inters Social y Reforma Urbana, INURBE, con cargo a

    los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el Subsidio de

    Vivienda de Inters Social. Las solicitudes respectivas sern decidi-

    das dentro de los diez (10) das hbiles siguientes a su presentacin.

    34. Se aplicar al Subsidio Familiar de Vivienda de que tra-

    ta este captulo, lo establecido en la Ley 3. de 1991 y disposiciones

  • Ley 104 de 1993 14/ 54

    complementarias, en cuanto no sean contrarias a lo que aqu se dis-

    pone.

    4

    ASISTENCIA EN MATERIA DE CREDITO

    35. El Instituto de Fomento Industrial, IFI, redescontar los

    prstamos que otorguen los distintos establecimientos de crdito a

    las vctimas de atentados terroristas a que se refiere este Ttulo, para

    financiar la reposicin o reparacin de vehculos, maquinaria, equi-

    po, equipamento, muebles y enseres, capital de trabajo y reparacin

    o reconstruccin de inmuebles destinados a locales comerciales.

    As mismo, en desarrollo del principio de solidaridad, el Banco Cen-

    tral Hipotecario, BCH, otorgar directamente a dichos damnificados,

    prstamos para financiar la reconstruccin o reparacin de inmue-

    bles.

    Estas operaciones las harn el Instituto de Fomento Industrial, IFI, y

    el Banco Central Hipotecario, BCH, en una cuanta inicial total de

    cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000.oo). En caso de que ta-

    les recursos fueren insuficientes, podrn efectuarse operaciones adi-

    cionales, previo concepto favorable de un comit integrado para el

    efecto por el Secretario General de la Presidencia de la Repblica, el

    Gerente del Instituto de Fomento Industrial, IFI, y el Presidente del

    Banco Central Hipotecario, BCH.

    . No obstante las lneas de crdito para reposicin o repa-

    racin de vehculos, el Gobierno Nacional mantendr el seguro de

    proteccin de vehculos de transporte pblico urbano e intermunici-

    pal contra atentados terroristas.

    36. En desarrollo de sus funciones, el Fondo de Solidaridad

    y Emergencia Social de la Presidencia de la Repblica, contribuir

    para la realizacin de las operaciones contempladas en el artculo

    anterior, de la siguiente manera:

  • Ley 104 de 1993 15/ 54

    a) La diferencia entre la tasa a la que ordinariamente capta el Institu-

    to de Fomento Industrial, IFI, y la tasa a la que se haga el redescuen-

    to de los crditos que otorguen los establecimientos de crdito, ser

    cubierta con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Emer-

    gencia Social, conforme a los trminos que para el efecto se estipu-

    len en el convenio que se suscriba entre el Instituto de Fomento In-

    dustrial, IFI, y el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social;

    b) La diferencia entre la tasa de captacin del Banco Central Hipote-

    cario, BCH, y la tasa a la que efectivamente se otorgue el crdito

    ser cubierta, incrementada en tres (3) puntos, con cargo a los recur-

    sos del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, segn los trmi-

    nos estipulados en el convenio que para dicho efecto se suscriba en-

    tre el Banco Central Hipotecario, BCH, y el Fondo de Solidaridad y

    Emergencia Social.

    En los convenios a que hace referencia este artculo, se precisarn

    las condiciones y montos que podrn tener tanto los crditos redes-

    contables por el Instituto de Fomento Industrial, como aqullos que

    otorgue el Banco Central Hipotecario, en desarrollo del presente

    captulo, para lo cual se tendr en cuenta el principio de solidaridad

    y el deber de proteger a las personas que se encuentren en circuns-

    tancias de debilidad manifiesta.

    37. Los establecimientos de crdito disearn los procedi-

    mientos adecuados para estudiar las solicitudes de crdito a que se

    refiere el presente captulo de manera prioritaria, en el menor tiempo

    posible y exigiendo solamente los documentos estrictamente necesa-

    rios para el efecto.

    La Superintendencia Bancaria velar por la aplicacin de lo dispues-

    to en el presente artculo.

    38. El Fondo de Solidaridad y Emergencia Social centrali-

    zar la informacin sobre las personas que se beneficiaren de los

    crditos aqu establecidos, con los datos que para el efecto les deben

  • Ley 104 de 1993 16/ 54

    proporcionar los establecimientos de crdito que otorguen los diver-

    sos prstamos, con el propsito de que las entidades financieras y las

    autoridades pblicas puedan contar con la informacin exacta sobre

    las personas que se hayan beneficiado de determinada lnea de crdi-

    to.

    39. En aquellos eventos en que las vctimas de los actos a

    que se refiere este Ttulo, se encontraren en imposibilidad de ofrecer

    una garanta suficiente de acuerdo con las sanas prcticas del merca-

    do financiero, para responder por los crditos previstos en los artcu-

    los anteriores, dichos crditos podrn ser garantizados por el Fondo

    de Garantas para la Solidaridad.

    Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, en desarrollo de su

    objeto constitucional y en ejercicio de las atribuciones que le otorga

    el Decreto 2133 de 1992, el Fondo de Solidaridad y Emergencia So-

    cial podr celebrar un contrato fiduciario con la filial fiduciaria del

    Instituto de Fomento Industrial, con el propsito de crear el Fondo

    de Garantas para la Solidaridad, cuya funcin ser garantizar el

    pago de los crditos otorgados en desarrollo del presente captulo

    por los establecimientos de crdito a travs de las lneas de redes-

    cuento del Instituto de Fomento Industrial, IFI, as como los direc-

    tamente otorgados por el Banco Central Hipotecario, BCH, a las

    vctimas de los atentados terroristas, en los casos previstos en el in-

    ciso primero del presente artculo.

    La filial fiduciaria del Instituto de Fomento Industrial, IFI, expedir

    el certificado de garanta en un lapso que no podr exceder de dos

    (2) das hbiles contados a partir de la fecha en que se haya presen-

    tado la solicitud respectiva a la fiduciaria y se haya acreditado el

    cumplimiento de los requisitos correspondientes.

    . Quienes pretenden ser beneficiarios de la garanta esta-

    blecida en este artculo debern acreditar su condicin de damnifica-

    dos y su imposibilidad de ofrecer garantas ante el Fondo de Solida-

    ridad y Emergencia Social, el cual podr expedir certificaciones de

  • Ley 104 de 1993 17/ 54

    esta informacin con destino a los establecimientos de Crdito, con

    base en las listas a que se refiere el artculo 21 de esta Ley.

    40. El establecimiento de crdito respectivo podr hacer

    efectivo ante la filial fiduciaria del Instituto de Fomento Industrial,

    IFI, en su calidad de administrador del Fondo, el certificado de ga-

    ranta correspondiente, para que se le reembolse el saldo a su favor,

    siempre y cuando adems de cumplir las dems condiciones que se

    hayan pactado, acredite al Fondo que adelant infructuosamente las

    actuaciones necesarias para la recuperacin de las sumas adeudadas,

    de acuerdo con lo que se seale en el contrato por el cual se cree el

    Fondo de Garantas de Solidaridad.

    5

    ASISTENCIA EN MATERIA EDUCATIVA

    41. Los beneficios contemplados en los Decretos 2231 de

    1989 y 48 de 1990, sern concedidos tambin a las vctimas de aten-

    tados terroristas. En este caso, corresponder al Fondo de Solidari-

    dad y Emergencia Social, expedir la certificacin correspondiente,

    con base en las listas a que se refiere el artculo 21 de la presente

    Ley.

    6

    ASISTENCIA CON LA PARTICIPACION DE ENTIDADES SIN

    ANIMO DE LUCRO

    42. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos anteriores,

    el Fondo de Seguridad y Emergencia Social de la Presidencia de la

    Repblica, en desarrollo de su objeto constitucional. y con sujecin

    a lo dispuesto por el artculo 355 de la Constitucin Poltica y en las

    normas que reglamenten la materia, podr celebrar contratos con

    personas jurdicas sin nimo de lucro de reconocida idoneidad, con

    el fin de impulsar los programas y actividades de dichas entidades

    dirigidos a apoyar a las vctimas de los atentados terroristas a que se

  • Ley 104 de 1993 18/ 54

    refiere el presente Ttulo. Las actividades o programas objeto de

    apoyo podrn incluir el suministro de la asistencia econmica, tcni-

    ca y administrativa necesaria a las vctimas de las actividades terro-

    ristas que por su situacin econmica pueden no tener acceso a las

    lneas ordinarias de crdito del sistema financiero.

    7

    OTRAS DISPOSICIONES

    43. Las actuaciones que se realicen para la constitucin y

    registro de las garantas que se otorguen para amparar los crditos a

    que se refiere el captulo 4 de este Ttulo, debern adelantarse en un

    trmino no mayor de dos (2) das hbiles contados a partir de la fe-

    cha de la solicitud, y estarn exentas de derechos notariales, registra-

    les y del pago de los impuestos nacionales actualmente vigentes para

    tales trmites. Igualmente estarn exentos de impuestos nacionales

    los documentos que deban expedirse para efectos de los crditos que

    se otorguen en desarrollo del mismo.

    Para efectos de acreditar que la respectiva actuacin tiene por objeto

    amparar los crditos a que se refiere el captulo 4 de este Ttulo, bas-

    tar la certificacin del establecimiento de crdito beneficiario de la

    garanta, donde identifique el prstamo como crdito de solidari-

    dad.

    44. Las asambleas departamentales y los concejos distrita-

    les y municipales podrn establecer dentro de la rbita de su compe-

    tencia, exenciones de los impuestos de beneficencia, predial, indus-

    tria y comercio, rodamiento de vehculos, registro y anotacin y de

    aqullos otros que consideren del caso, en beneficio de las vctimas

    de los atentados terroristas a que se refiere este Ttulo.

    45. En cumplimiento de su objetivo constitucional, y en de-

    sarrollo de las facultades que le otorga el Decreto 2133 de 1992, el

    Fondo de Solidaridad y Emergencia Social atender gratuitamente a

    las vctimas de los atentados a que se refiere el presente Ttulo, en

  • Ley 104 de 1993 19/ 54

    los trminos previstos en los artculos 23 y 36 de la presente Ley, los

    gastos funerarios de las mismas, los seguros que se considere nece-

    sario contratar para proteger a los habitantes contra las consecuen-

    cias de los atentados terroristas, y subsidiar las lneas de crdito a

    que se refiere el presente Ttulo, de conformidad con las reglamenta-

    ciones que adopte su Consejo Directivo. Igualmente podr cofinan-

    ciar los programas que adelanten las entidades territoriales para

    atender a las vctimas de los atentados a que se refiere el presente

    Ttulo y apoyar los programas que con el mismo propsito realicen

    entidades sin nimo de lucro, celebrando para este ltimo efecto los

    contratos a que se refiere el artculo 355 de la Constitucin Poltica y

    las normas que lo reglamentan.

    Las vctimas de los atentados que sufrieren una disminucin de su

    capacidad fsica desde un 66% calificada por el Fondo de Solidari-

    dad Pensional, tendrn derecho a una pensin mnima legal vigente

    siempre y cuando carezca de otras posibilidades pensionales y de

    atencin en salud.

    Los pagos que deban hacerse por razn de los seguros que se contra-

    ten se harn con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y

    Emergencia Social de la Presidencia de la Repblica.

    46. La asistencia que la Nacin o las entidades pblicas

    presten a las vctimas de los atentados terroristas, en desarrollo de lo

    dispuesto en el presente ttulo y de los programas de atencin que al

    efecto se establezcan, no implica reconocimiento por parte de la Na-

    cin o de la respectiva entidad de responsabilidad alguna por los per-

    juicios causados por el atentado terrorista.

    47. En el evento de que la Nacin o las entidades pblicas

    sean condenadas a reparar los daos a las vctimas de atentados te-

    rroristas, del monto total de los perjuicios que se liquiden se dedu-

    cirn las sumas que la Nacin o las entidades pblicas hayan entre-

    gado a las vctimas o en favor de las mismas, en razn de lo dispues-

  • Ley 104 de 1993 20/ 54

    to en el presente ttulo y de los programas de asistencia que se adop-

    ten, por concepto de:

    1. Asistencia humanitaria, mdica, quirrgica y hospitalaria.

    2. Gastos funerarios.

    3. Seguros.

    4. Subsidio de vivienda.

    5. Subsidios en materia crediticia.

    6. Asistencia en materia educativa, y

    7. Otros apoyos suministrados a travs de entidades sin nimo de lu-

    cro, con los propsitos a que hace referencia este Ttulo.

    . Para efectos de lo dispuesto en el presente artculo, el

    Fondo de Solidaridad y Emergencia Social llevar una contabilidad

    detallada de todos los pagos que se realicen.

    TITULO III

    CAUSALES DE EXTINCION DE LA ACCION Y DE LA PENA

    EN CASO DE DELITOS POLITICOS

    48. El Gobierno Nacional podr conceder, en cada caso

    particular, el beneficio de indulto a los nacionales colombianos que

    hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por

    hechos constitutivos de los delitos polticos de rebelin, sedicin,

    asonada, conspiracin, y los conexos con stos, cuando a su criterio,

    el grupo guerrillero del cual forme parte el solicitante haya demos-

    trado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

    Tambin se podr conceder dicho beneficio a los nacionales colom-

    bianos que, por fuera de las organizaciones guerrilleras de las cuales

    formen o hayan formado parte, as lo soliciten, si a criterio del Go-

    bierno Nacional demuestran su voluntad de reincorporarse a la vida

    civil.

  • Ley 104 de 1993 21/ 54

    No se aplicar lo dispuesto en este Titulo con relacin a delitos atro-

    ces, genocidios, homicidios cometidos fuera de combate o con sevi-

    cia o colocando a la vctima en estado de indefensin, secuestro o a

    actos de ferocidad o barbarie.

    . No procedern solicitudes de indulto por hechos respecto

    de los cuales el beneficio se hubiere negado con anterioridad, salvo

    que el interesado aporte nuevos medios de prueba que modifiquen

    las circunstancias que fueron fundamento de la decisin.

    49. La demostracin de la voluntad de reincorporacin a la

    vida civil requiere por parte de la organizacin y de sus miembros, la

    desmovilizacin y la dejacin de las armas, en los trminos de la

    poltica de paz y reconciliacin del Gobierno Nacional.

    50. Para la valoracin de las circunstancias de la dejacin

    de las armas y la pertenencia del solicitante a la respectiva organiza-

    cin, el Gobierno Nacional se podr basar en la informacin sumi-

    nistrada por la persona que lleve la vocera del adems responder

    penalmente por la veracidad de la informacin. El Gobierno Nacio-

    nal tambin podr basarse en informaciones recibidas por conducto

    de servidores pblicos.

    Si se trata de solicitudes formuladas por las personas a que se refiere

    el inciso 2 del artculo 48, del Gobierno Nacional har la evalua-

    cin de dicha solicitud teniendo en cuenta el vnculo que tenga o

    hubiere tenido el solicitante con tales grupos, consultando la infor-

    macin de que dispongan los organismos de seguridad del Estado,

    los medios de prueba que aporte el interesado, la entrega material de

    las armas a la autoridad competente para el efecto y los dems ele-

    mentos de juicio que considere pertinentes.

    51. Efectuada la valoracin de que trata el artculo anterior,

    el Ministerio de Gobierno elaborar las actas que contengan el nom-

    bre o los nombres de aquellas personas que, a su juicio, puedan soli-

  • Ley 104 de 1993 22/ 54

    citar el beneficio de indulto. Cualquier modificacin deber constar

    en un acta adicional.

    52. Recibidas las actas, el Ministerio de Justicia y del De-

    recho enviar copia de las mismas a las autoridades judiciales, admi-

    nistrativas y de polica que, a su juicio, deban disponer de tal infor-

    macin.

    Las autoridades que tuvieren en su poder expedientes contra las per-

    sonas que aparezcan en las actas, los enviarn de inmediato al Minis-

    terio de Justicia y del Derecho. Cuando el interesado no hubiere in-

    dicado el despacho judicial que adelanta el proceso, el Ministerio de

    Justicia proceder inmediatamente a su averiguacin y solicitar el

    envo del expediente a ms tardar el da siguiente de aqul en que se

    obtuvo la informacin. El titular del respectivo despacho judicial

    remitir el expediente o el cuaderno de copias, segn el caso, al Mi-

    nisterio de Justicia y del Derecho, en un trmino no mayor de tres

    (3) das ms el de la distancia, so pena de incurrir en causal de mala

    conducta.

    53. El beneficio de indulto se solicitar por el interesado,

    directamente o a travs de apoderado, mediante escrito dirigido al

    Ministerio de Justicia y del Derecho.

    Los poderes conferidos no requieren presentacin personal. Su susti-

    tucin, as como la presentacin de cualquier otro memorial, se

    harn segn las normas comunes de procedimiento.

    La solicitud contendr, adems de la peticin del beneficio, la mani-

    festacin expresa y directa de voluntad de reincorporacin a la vida

    civil, la cual se entender prestada bajo la gravedad del juramento.

    Tambin contendr la indicacin del despacho judicial donde se en-

    cuentra el expediente, si fuere conocido por el interesado.

    El Ministerio de Justicia y del derecho solamente estudiar las solici-

    tudes individuales de personas que aparezcan en las actas elaboradas

    por el Ministerio de Gobierno.

  • Ley 104 de 1993 23/ 54

    54. El interesado podr solicitar que se establezca la co-

    nexidad referida en el artculo 48 de la presente Ley, si ella no ha

    sido declarada en la sentencia. Para estos efectos, se tendrn en

    cuenta:

    a) El acervo probatorio que obra en el respectivo proceso;

    b) Las certificaciones expedidas para el efecto por las autoridades

    competentes;

    c) Cualquier otra informacin pertinente que se adjunte a la solici-

    tud.

    55. La solicitud ser resuelta dentro de los tres (3) meses

    siguientes a la fecha de recibo del expediente.

    El indulto se conceder por resolucin ejecutiva suscrita por el Pre-

    sidente de la Repblica y los Ministros de Gobierno, y de Justicia y

    del Derecho. Copia de ella se enviar al funcionario judicial a cargo

    del correspondiente proceso.

    Contra dicha resolucin procede el recurso de reposicin, en la opor-

    tunidad y con los requisitos que seale el Cdigo Contencioso Ad-

    ministrativo.

    56. Se podrn conceder tambin, segn proceda de acuerdo

    con el estado del respectivo proceso penal, la cesacin de procedi-

    miento, la resolucin de preclusin de la instruccin o la resolucin

    inhibitoria, a quienes confiesen, hayan sido o fueren denunciados o

    procesados por hechos constitutivos de los delitos a que se refiere

    este Ttulo, y no hayan sido an condenados mediante sentencia eje-

    cutoriada.

    Para estos efectos, se tramitar la solicitud de acuerdo con los artcu-

    los anteriores y, una vez verificados los requisitos, el Ministerio de

    Justicia y del Derecho remitir la correspondiente certificacin a la

    autoridad judicial ante quien se adelante el trmite, la cual dictar la

    providencia correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el Cdi-

    go de Procedimiento Penal.

  • Ley 104 de 1993 24/ 54

    . Los procesos que cursen contra las personas a quienes se

    aplican las presentes disposiciones, en los que la responsabilidad no

    haya sido declarada mediante sentencia ejecutoriada, se suspendern

    desde la fecha en que se solicite el expediente a la autoridad judicial

    competente, hasta que se decida sobre la solicitud. No se suspen-

    dern en lo referente a la libertad o detencin relacionadas con la

    vinculacin de otras personas que se haya ordenado con anteriori-

    dad. As mismo, se suspendern los trminos para los efectos de la

    libertad provisional y de la prescripcin de la accin penal.

    57. Las personas a quienes se les conceda el indulto o res-

    pecto de las cuales se decrete la cesacin de procedimiento, la pre-

    clusin de la instruccin o se dicte resolucin inhibitoria, en desarro-

    llo de estas disposiciones, no podrn ser procesadas o juzgadas por

    los mismos hechos que dieron lugar a su otorgamiento, sin perjuicio

    de lo dispuesto en el artculo siguiente:

    58. El indulto, la cesacin de procedimiento, la preclusin

    de la instruccin o la resolucin inhibitoria quedarn sin efecto al-

    guno si el beneficiario cometiere cualquiera de los delitos contem-

    plados en este Ttulo, dentro de los dos (2) aos siguientes a su con-

    cesin. Esta condicin se har conocer en el acto que contenga la

    decisin correspondiente.

    Para el caso del indulto, comprobado el incumplimiento, el Gobierno

    Nacional proceder a la revocatoria de la resolucin que lo haya

    concedido. Copia de la misma se remitir al funcionario judicial que

    conoci del proceso en primera o nica instancia, con el fin de que

    proceda a su ejecucin.

    Para el caso de la cesacin de procedimiento, la preclusin de la ins-

    truccin o la resolucin inhibitoria, el funcionario judicial revocar

    la providencia y reabrir el proceso.

  • Ley 104 de 1993 25/ 54

    La autoridad judicial que conozca de un nuevo proceso contra las

    personas favorecidas, lo comunicar en forma inmediata al Ministe-

    rio de Justicia y del Derecho.

    59. Quienes se encuentren privados de la libertad al mo-

    mento de concedrseles el indulto o decretarse la cesacin de proce-

    dimiento, la preclusin de la instruccin o la resolucin inhibitoria,

    sern liberados inmediatamente se encuentre en firme la decisin

    proferida por la autoridad competente.

    60. Los beneficios que en este Ttulo se consagran no com-

    prenden la responsabilidad que los favorecidos tengan respecto de

    particulares.

    SEGUNDA PARTE

    MECANISMOS PARA LA EFICACIA DE LA JUSTICIA

    TITULO I

    UNIDADES AMBULANTES DE POLICIA JUDICIAL

    61. El Fiscal General de la Nacin conformar unidades

    ambulantes para ejercer funciones de polica judicial. Estas unidades

    tendrn jurisdiccin en todo el pas en los eventos en que no sea po-

    sible disponer de otras autoridades de polica judicial en el lugar de

    los hechos.

    1o. Las Fuerzas Militares debern garantizar y proteger

    debidamente este personal de modo que pueda cumplir su misin de

    manera segura.

    2o. Las unidades de fiscala ambulantes estarn integra-

    das por personal civil, el cual se acoger al rgimen ordinario de los

    funcionarios de la Fiscala General de la Nacin.

    62. Las unidades de Polica Judicial a que se refiere este

    captulo, podrn ser comisionadas para la prctica de diligencias,

    conforme a lo establecido en el Cdigo de Procedimiento Penal.

  • Ley 104 de 1993 26/ 54

    TITULO II

    PROTECCION A INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL

    63. Crase con cargo al Estado y bajo la direccin y coor-

    dinacin de la Fiscala General de la Nacin, el Programa de Pro-

    teccin a Testigos, Vctimas, Intervinientes en el Proceso, y Funcio-

    narios de la Fiscala, mediante el cual se les otorgar proteccin in-

    tegral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el

    cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad, primero civil y

    al cnyuge y a la compaera o compaero permanente, cuando se

    encuentren en riesgo de sufrir agresin o que sus vidas corran peli-

    gro por causa o con ocasin de la intervencin en un proceso penal.

    64. El Gobierno Nacional incluir en el proyecto de presu-

    puesto de la Fiscala General de la Nacin las partidas necesarias pa-

    ra la dotacin y funcionamiento del programa a que se refiere la pre-

    sente Ley.

    1o. El ordenador del gasto de estas partidas ser el Fiscal

    General de la Nacin o el funcionario en quien ste delegue. Los

    desembolsos necesarios para atender el programa requerirn estudio

    previo de la Oficina de Proteccin y Asistencia a Vctimas, Testigos

    y Funcionarios de la Fiscala.

    2o. Las erogaciones que se ordenen o ejecuten para los

    fines previstos en esta Ley tendrn carcter reservado, y estarn su-

    jetos al control posterior por parte de la Contralora General de la

    Repblica. En ningn caso se revelar la identidad del beneficiario.

    3o. Autorzase al Gobierno Nacional para realizar los

    traslados presupuestales requeridos a fin de atender el programa du-

    rante la vigencia fiscal de 1993.

    65. Las personas amparadas por este programa podrn te-

    ner proteccin fsica, asistencia social, cambio de identidad y de

    domicilio, y dems medidas temporales o permanentes encaminadas

  • Ley 104 de 1993 27/ 54

    a garantizar en forma adecuada la preservacin de su integridad fsi-

    ca y moral y la de su ncleo familiar.

    Cuando las circunstancias as lo justifiquen, dicha proteccin podr

    comprender el traslado al exterior, incluidos los gastos de desplaza-

    miento y manutencin por el tiempo y bajo las condiciones que sea-

    le el Fiscal General de la Nacin.

    Las personas que se acojan al programa de proteccin se sujetarn a

    las condiciones que establezca la Fiscala General de la Nacin.

    66. El Juez o el Fiscal que adelantan la actuacin o el pro-

    pio interesado en forma directa, podrn solicitar a la Oficina de Pro-

    teccin de Vctimas y Testigos la vinculacin de una persona deter-

    minada al programa.

    La peticin ser tramitada conforme al procedimiento que establezca

    dicha oficina, mediante resolucin que expida el Fiscal General, a

    quien compete decidir sobre el fondo de la solicitud.

    67. El Fiscal General de la Nacin podr tomar en cual-

    quier momento, cualquiera de las siguientes determinaciones:

    a) Ordenar el cambio de identidad de la persona que se someta al

    programa.

    En el caso de testigos, el cambio de identidad slo se har una vez

    termine el proceso, y siempre y cuando no se afecte el debido proce-

    so;

    b) Con fundamento en la nueva identidad, ordenar a las autoridades,

    pblicas o privadas, la expedicin de documentos que reemplacen a

    los que ya posee el admitido al programa, tales como actas de regis-

    tro civil, cdula de ciudadana, pasaporte, libreta militar, certificado

    judicial y otros, sin que para su tramitacin deban cumplirse los pro-

    cedimientos ordinarios;

    c) Ordenar a los organismos de seguridad del Estado brindar la pro-

    teccin necesaria al admitido en el programa y a su ncleo familiar;

  • Ley 104 de 1993 28/ 54

    d) Destinar para el admitido al programa, como domicilio permanen-

    te o transitorio cualquiera de las instalaciones que para el efecto con-

    sidere adecuadas;

    e) Ordenar la expedicin de ttulos acadmicos por parte de entidad

    pblicas o privadas para reemplazar a los originalmente otorgados, y

    f) Disponer la modificacin de los rasgos fsicos de la persona que

    pudieran permitir su identificacin.

    1o. Todas las anteriores determinaciones requerirn el

    asentimiento expreso de la persona en quien vayan a tener efecto.

    2o. Los documentos que se expidan para proteger a una

    persona admitida al programa tendrn pleno valor probatorio.

    3o. La persona amparada por el cambio de su identidad

    civil slo podr hacer valer en adelante su nueva identidad.

    68. La Fiscala General de la Nacin mantendr bajo estric-

    ta reserva los archivos de las personas amparadas o relacionadas con

    el programa de proteccin.

    Quienes tengan conocimiento de las medidas de proteccin o hayan

    intervenido en su preparacin, expedicin y ejecucin, tendrn la

    obligacin de mantener en secreto o reserva la identidad de las per-

    sonas beneficiadas con el programa. La violacin de esta reserva

    acarrear las sanciones penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

    Sern igualmente responsables, los servidores pblicos y los particu-

    lares que incurran en dicha violacin.

    69. Los cambios de identidad y de domicilio no podrn im-

    plicar exoneracin de la responsabilidad penal por los delitos come-

    tidos despus de la vinculacin al programa. En los acuerdos que ce-

    lebre el beneficiario con la Fiscala General de la Nacin, debern

    adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar el cumpli-

    miento de las obligaciones civiles, laborales, comerciales, fiscales y

  • Ley 104 de 1993 29/ 54

    administrativas, contradas por el beneficiario con anterioridad a la

    celebracin del acuerdo.

    La aplicacin de la presente Ley no podr menoscabar ninguno de

    los derechos contemplados en el artculo 29 de la Constitucin para

    ninguna persona.

    La Fiscala General de la Nacin slo tendr las obligaciones y res-

    ponsabilidades frente a las personas vinculadas al programa en los

    trminos que ste o los acuerdos suscritos lo indiquen.

    70. Cuando la persona beneficiaria del programa deba

    comparecer ante cualquier autoridad, el Fiscal General de la Nacin,

    o el Jefe de la Oficina de Proteccin y Asistencia de Vctimas, Testi-

    gos y Funcionarios de la Fiscala establecer los mecanismos ade-

    cuados para que dicha persona se presente o sea representada en la

    correspondiente actuacin, sin perjuicio de la reserva de su identi-

    dad.

    71. Podrn beneficiarse del Programa de Proteccin a

    Vctimas, Testigos, Intervinientes en el proceso, Jueces y Funciona-

    rios de la Fiscala y de la Procuradura General de la Nacin, en las

    condiciones sealadas en el mismo, los testigos en las investigacio-

    nes que adelante la Procuradura General de la Nacin por hechos

    que se relacionen con la colaboracin o tolerancia por parte de ser-

    vidores pblicos o ex funcionarios con grupos guerrilleros, con or-

    ganizaciones delincuenciales o con personas que hayan cooperado

    con tales grupos u organizaciones, as como en los eventos en que

    dentro de la actuacin disciplinaria se estn investigando conductas

    en las que se encuentre involucrada alguna organizacin criminal o

    que por su gravedad sean consideradas como atroces

    . En las investigaciones que adelante la Procuradura Ge-

    neral de la Nacin, a peticin del testigo, podr reservarse su identi-

    dad, en las mismas condiciones establecidas para las investigaciones

    que adelante la Fiscala General de la Nacin.

  • Ley 104 de 1993 30/ 54

    72. El Presidente de la Repblica celebrar convenios con

    otros estados y organizaciones internacionales con el fin de facilitar

    a la Fiscala obtener la informacin y la colaboracin necesaria para

    el desarrollo del programa.

    El Fiscal General de la Nacin podr requerir el apoyo de las institu-

    ciones internacionales que cuenten con programas similares de pro-

    teccin de vctimas y testigos cuando sea necesario su traslado a

    otros pases.

    Igualmente se autoriza al Gobierno para recibir donaciones naciona-

    les e internacionales con destino al programa de proteccin, las cua-

    les sern manejadas por el Fiscal General de la Nacin.

    73. El Consejo Superior de la Judicatura a solicitud de la

    Fiscala General de la Nacin, crear la planta de personal necesaria

    para atender el programa de proteccin a intervinientes en el proceso

    penal.

    74. Las personas vinculadas al programa de proteccin de

    testigos podrn solicitar su desvinculacin voluntaria de l, pero

    suscribirn un acta en la que de manera expresa manifiesten su re-

    nuncia a la proteccin.

    75. En los procesos en los que se investiguen violaciones a

    los derechos humanos se dar proteccin a los testigos, cuando la

    seguridad de los mismos as lo aconseje.

    TITULO III

    CONTROL SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS

    ACTIVIDADES SUBVERSIVAS O TERRORISTAS

    I

    CONTROL SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS DE LAS

    ENTIDADES TERRITORIALES O ADMINISTRADOS POR

    ESTAS

  • Ley 104 de 1993 31/ 54

    76. Sin perjuicio de los mecanismos de control interno y de

    auditora existentes, y con el fin de evitar que recursos pblicos se

    destinen a la financiacin de actividades subversivas o terroristas, el

    Gobierno Nacional podr ordenar la auditora de los presupuestos de

    las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, tanto en

    su formacin como en su ejecucin, as como la de sus estados fi-

    nancieros, para verificar el uso que dichos entes hagan de los recur-

    sos que reciban a cualquier ttulo.

    77. Para los efectos del artculo anterior, la Unidad de Au-

    ditora Especial de Orden Pblico, creada por el Decreto-ley 1835 de

    1992, continuar funcionando como una dependencia del Ministerio

    de Gobierno y ejercer las funciones de auditora previstas en el pre-

    sente captulo, en coordinacin con los Ministerios de Defensa Na-

    cional y de Hacienda y Crdito Pblico.

    La Contralora General de la Repblica, la Procuradura General de

    la Nacin, el Departamento Nacional de Planeacin y las dems en-

    tidades y organismos pblicos prestarn a la Unidad de Auditora

    Especial de Orden Pblico el apoyo tcnico y de personal que se re-

    quiera para dar cumplimiento a lo dispuesto en este captulo.

    78. Los funcionarios de la Unidad de Auditora Especial de

    Orden Pblico tendrn acceso inmediato a todos los libros, actos,

    contratos, documentos y cuentas de la entidad territorial respectiva,

    de sus entidades descentralizadas y de los particulares que adminis-

    tren recursos de la entidad territorial. Podrn as mismo exigirles in-

    formes y la presentacin de los soportes de las cuentas a travs de

    las cuales se manejan los recursos investigados, y todos los actos y

    documentos que justifiquen el manejo y el gasto de los mismos.

    79. Las autoridades de las entidades territoriales y sus enti-

    dades descentralizadas, y en particular los contralores, prestarn su

    eficaz colaboracin a los funcionarios de la Unidad de Auditora Es-

    pecial de Orden Pblico. Cualquier omisin a este deber ser consi-

    derada como causal de mala conducta.

  • Ley 104 de 1993 32/ 54

    80. El Ministro de Gobierno luego de or al gobernador,

    alcalde o director de la entidad descentralizada respectiva, podr or-

    denar la suspensin provisional de la ejecucin de las partidas pre-

    supuestales o la realizacin de gastos pblicos de las entidades terri-

    toriales o sus entidades descentralizadas, cuando estimen que puedan

    conducir a la desviacin de recursos hacia actividades subversivas o

    terroristas. Dicha suspensin deber fundamentarse en una evalua-

    cin razonada.

    La partida suspendida provisionalmente volver a estudio del Con-

    cejo o la Asamblea, segn el caso, en los diez (10) das siguientes y

    en caso de insistencia de esas corporaciones se ejecutar inmediata-

    mente, y el Gobierno Nacional podr designar un auditor para vigilar

    la ejecucin.

    81. Los funcionarios de la Unidad de Auditora Especial de

    Orden Pblico a que se refiere el presente captulo cumplirn fun-

    ciones de polica judicial, bajo la responsabilidad y dependencia

    funcional de la Fiscala General de la Nacin. Cuando en desarrollo

    de sus actividades se perciba la realizacin de una conducta que de-

    ba ser investigada disciplinariamente, estarn adems, obligados a

    informar a la Procuradura General de la Nacin sobre el desarrollo y

    los resultados de su actuacin.

    2

    SANCIONES A CONTRATISTAS

    82. El Gobierno podr declarar la caducidad o la liquida-

    cin unilateral o buscar la liquidacin bilateral de todo contrato ce-

    lebrado por una entidad pblica, cuando el contratista incurra, con

    ocasin del contrato, en cualquiera de las siguientes causales:

    1. Hacer, tolerar u omitir alguna cosa invocando o cediendo injusti-

    ficadamente a amenazas por parte de la delincuencia organizada o de

    grupos guerrilleros.

  • Ley 104 de 1993 33/ 54

    2. Recibir, suministrar, administrar, invertir, financiar, transferir,

    guardar, transportar, almacenar o conservar dineros o bienes prove-

    nientes de o con destino a la delincuencia organizada o a grupos

    guerrilleros.

    3. Colaborar o prestar ayuda a la delincuencia organizada o a grupos

    guerrilleros.

    4. Construir, ceder, arrendar, poner a disposicin, facilitar o transfe-

    rir a cualquier ttulo, bienes para ser destinados a la ocultacin de

    personas o al depsito o almacenamiento de pertenencias de la de-

    lincuencia organizada, de los grupos guerrilleros o de sus miembros.

    5. Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de

    sus obligaciones contractuales por atender instrucciones de la delin-

    cuencia organizada, de los grupos guerrilleros o de sus miembros.

    6. Incumplir el deber de denunciar hechos punibles cuya comisin

    haya conocido con ocasin del contrato, que sean cometidos por in-

    tegrantes de la delincuencia organizada o por grupos guerrilleros.

    . Para efectos de lo dispuesto en el presente artculo, cons-

    tituye hecho del contratista la conducta de sus agentes o dependien-

    tes, de la cual haya tenido conocimiento el contratista.

    83. La declaratoria de caducidad deber proferirse median-

    te resolucin motivada de la entidad contratante, haciendo efectivas

    la clusula penal y las multas contractuales a que hubiere lugar. Di-

    cha resolucin prestar mrito ejecutivo contra el contratista y las

    personas que hayan constituido las respectivas garantas y se har

    efectiva por jurisdiccin coactiva.

    La notificacin de la providencia de caducidad se sujetar a lo dis-

    puesto en el Cdigo Contencioso Administrativo.

    En firme la providencia de caducidad, se proceder a liquidar el con-

    trato sin que haya lugar al pago de indemnizacin alguna a favor del

    contratista.

  • Ley 104 de 1993 34/ 54

    En ningn caso la aplicacin de esta clusula podr ser sometida a

    conciliacin o a decisin arbitral.

    Los contratistas a quienes les sea declarada la caducidad quedarn

    inhabilitados para celebrar por s, o por interpuesta persona, contra-

    tos con las entidades a que se refiere el artculo 88 de la presente

    Ley, en la forma prevista en el Estatuto de Contratacin 222 de 1983

    o en las disposiciones legales que lo modifiquen, sustituyan o adi-

    cionen.

    84. Cuando el Procurador General de la Nacin o el Fiscal

    General de la Nacin, en desarrollo de investigaciones adelantadas

    en ejercicio de sus funciones, establezcan la existencia de las con-

    ductas a que se refiere el artculo 82 de esta Ley, solicitar a la auto-

    ridad competente que declare la caducidad del contrato, con base en

    las circunstancias que sealen dichos funcionarios en su solicitud.

    85. El contratista proceder a terminar unilateralmente los

    subcontratos que celebre en desarrollo de los contratos a que hace

    referencia el artculo 82 de la presente Ley, cuando establezca que el

    subcontratista incurri en alguna de las conductas previstas en el

    mismo artculo. Igualmente deber terminarlos cuando se lo solicite

    la entidad pblica contratante, el Fiscal General de la Nacin o el

    Procurador General de la Nacin, en razn de que dichos funciona-

    rios establezcan la ocurrencia de los hechos a que se ha hecho refe-

    rencia.

    Cuando, sin justa causa, el contratista no de por terminado unilate-

    ralmente el subcontrato, o cuando no atienda la solicitud que en tal

    sentido le formule la entidad pblica contratante, el Procurador o el

    Fiscal, la entidad competente proceder a aplicar las multas previstas

    en el contrato y, si es del caso, a declarar su caducidad.

    . La terminacin unilateral a que hace referencia el presen-

    te artculo no requerir decisin judicial ni dar lugar al pago de in-

    demnizacin de perjuicios.

  • Ley 104 de 1993 35/ 54

    86. Las clusulas de caducidad y de terminacin unilateral

    a que se refiere el presente captulo, se entienden incorporadas, res-

    pectivamente, en todos los contratos y subcontratos que se encuen-

    tren en ejecucin a la fecha de promulgacin de la presente Ley, as

    como en aquellos que se celebren a partir de la misma.

    En todo caso para decretar la caducidad o la terminacin unilateral

    prevista en esta Ley, slo podrn invocarse conductas realizadas con

    posterioridad a la fecha de vigencia del Decreto Legislativo 1875 de

    1992.

    . La inclusin de la clusula de caducidad a que se refiere

    esta Ley, en los contratos de derecho privado que celebren las enti-

    dades pblicas, no modificar el rgimen jurdico aplicable a este

    tipo de contratos, salvo en lo que se refiere a la caducidad.

    87. El servidor pblico, que sin justa causa, no declare la

    caducidad, no ordene la terminacin unilateral de los subcontratos, o

    no informe de los hechos irregulares a las autoridades competentes,

    incurrir en causal de mala conducta, cuando conforme a esta Ley

    deba hacerlo.

    La sancin respectiva se aplicar conforme al procedimiento previs-

    to en las normas legales, y en el caso de gobernadores y alcaldes,

    con sujecin a los procedimientos previstos en el Ttulo V de esta

    Ley.

    88. Para efectos de lo previsto en el artculo 82 de la pre-

    sente Ley, se consideran entidades pblicas las definidas en el Esta-

    tuto General de Contratacin de la Administracin Pblica.

    3

    EMBARGO PREVENTIVO Y EXTINCION DEL DERECHO DE

    DOMINIO DE BIENES VINCULADOS A LA COMISION DE

    DELITOS DE COMPETENCIA DE LOS JUECES REGIONALES

  • Ley 104 de 1993 36/ 54

    89. Los jueces regionales conocern del delito de hurto y

    los conexos con el mismo, cuando aqul recaiga sobre petrleo y sus

    derivados que se sustraigan ilcitamente de un oleoducto o gasoducto

    o de sus fuentes inmediatas de abastecimiento, siempre que la cuant-

    a exceda de diez (10) salarios mnimos legales mensuales vigentes

    del momento de comisin del hecho.

    90. Los bienes embargados preventivamente y los aprehen-

    didos, de conformidad con lo dispuesto en este captulo, sern admi-

    nistrados por la Fiscala General de la Nacin, salvo los derivados de

    actividades de narcotrfico y conexos, que continuarn siendo admi-

    nistrados por la Direccin Nacional de Estupefacientes.

    Cuando se trate de petrleo o sus derivados, previa determinacin de

    su calidad y su cuanta, se entregarn a la Empresa Colombiana de

    Petrleos, la cual podr comercializarlos. La orden que disponga la

    entrega definitiva de los bienes a que se refiere este inciso, se cum-

    plir mediante la restitucin de los mismos o de otros del mismo

    gnero, cantidad y calidad, o mediante el pago del valor que ellos

    tengan a la fecha en que quede ejecutoriada la respectiva decisin.

    91. Los derechos reales principales o accesorios sobre los

    bienes a que se refiere este captulo se extinguirn a favor del Esta-

    do, de conformidad con el trmite previsto en el artculo 57 del De-

    creto 099 de 1991, incorporado como legislacin permanente por el

    artculo 4 del Decreto 2271 de 1991.

    92. La Fiscala General de la Nacin pasar a ser titular de

    los bienes muebles e inmuebles, instrumentos y efectos con los que

    se haya cometido un hecho punible o que provengan de su ejecucin

    y que no sean de libre comercio a menos que la ley disponga su des-

    truccin.

    As mismo, al igual que lo previsto en otras disposiciones, pasarn a

    formar parte de los recursos de la Fiscala General de la Nacin:

  • Ley 104 de 1993 37/ 54

    1. Los bienes y recursos provenientes de los delitos de enriqueci-

    miento ilcito y narcotrfico que la Fiscala de acuerdo con el Conse-

    jo Nacional de Estupefacientes determine como necesarios para su

    funcionamiento, cuya extincin del dominio a favor del Estado haya

    sido decretada en sentencia ejecutoriada.

    2. De los incautados dentro de los procesos penales, cuando transcu-

    rrido un ao desde la fecha en que puedan ser reclamados por los in-

    teresados, stos no lo hagan, o desde su incautacin cuando se trate

    de bienes sin dueo conocido, los cuales ingresarn al patrimonio de

    la Fiscala General de la Nacin.

    . Igualmente formarn parte de los recursos de la Fiscala

    General de la Nacin, los valores que ingresen por concepto de ven-

    ta de pliego de licitaciones, formularios de registro de proponentes y

    pago de fotocopias, as como de los que se obtengan por concepto de

    la venta o remate de los activos, efectuados de acuerdo con lo esta-

    blecido por la ley.

    93. La Fiscala General de la Nacin realizar la venta de

    los bienes recibidos por extincin del dominio de conformidad con

    las disposiciones vigentes en materia de contratacin.

    Sin embargo, la Fiscala General de la Nacin podr celebrar contra-

    tos de fiducia y constituir encargos fiduciarios con entidades autori-

    zadas para este fin por la Superintendencia Bancaria, para la admi-

    nistracin o venta de dichos bienes, de acuerdo con los procedimien-

    tos que establezca el Fiscal General de la Nacin.

    Si habindose agotado los procedimientos contemplados en este art-

    culo, no se logra la venta del bien en un trmino de seis meses con-

    tados a partir del recibo del mismo, el Fiscal General de la Nacin

    podr reconsiderar el precio base de la venta de acuerdo con las

    condiciones reales que en ese momento ofrezca el mercado.

    TITULO IV

  • Ley 104 de 1993 38/ 54

    INFORMACION, MEDIOS DE COMUNICACION Y SISTEMAS

    DE RADIOCOMUNICACIONES

    I

    INFORMACION Y MEDIOS DE COMUNICACION

    94. Prohbese la difusin total o parcial, sin autorizacin

    previa del Ministro de Comunicaciones, por medios de radiodifusin

    sonora o audiovisual, de comunicados que se atribuyan o provengan

    de grupos guerrilleros y dems organizaciones delincuenciales vin-

    culadas al narcotrfico y al terrorismo. Dichos medios slo podrn

    informar al respecto.

    95. Por cualquier medio masivo de comunicacin, prohbe-

    se identificar persona alguna que hubiere presenciado actos de terro-

    rismo o las conductas de rebelin, sedicin, asonada, secuestro, ex-

    torsin o narcotrfico. Tampoco podr identificarse a las personas

    que puedan aportar pruebas relacionadas con las citadas conductas

    delictivas.

    Se entiende por identificacin revelar el nombre de la persona,

    transmitir su voz, divulgar su imagen y publicar informacin que

    conduzca a su identificacin.

    96. No se podrn divulgar por la radio y la televisin, sin

    autorizacin previa del Ministro de Comunicaciones, entrevistas de

    miembros activos de organizaciones guerrilleras, terroristas o vincu-

    ladas al narcotrfico.

    . Lo dispuesto en el artculo 95 y en este artculo, se en-

    tender sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 17 de la presente

    Ley.

    97. Prohbese la transmisin, por los servicios de radiodifu-

    sin sonora y de televisin, de hechos de terrorismo, subversin o

    narcotrfico mientras estn ocurriendo.

  • Ley 104 de 1993 39/ 54

    98. Facltase al Ministerio de Comunicaciones para que en

    caso de violacin de las disposiciones de este captulo y mediante

    resolucin motivada, aplique las siguientes sanciones:

    1. Suspenda hasta por seis (6) meses el uso o recupere el dominio

    pleno de las frecuencias y canales de radiodifusin y de los espacios

    de televisin explotados por particulares.

    2. Imponga sanciones pecuniarias hasta por una cuanta equivalente

    a mil (1.000) salarios mnimos legales mensuales, a los medios de

    comunicacin que contravengan lo dispuesto en el presente captulo.

    99. Las sanciones de multa y suspensin de uso sern im-

    puestas por el Ministro de Comunicaciones, de conformidad con el

    siguiente procedimiento:

    1. Conocida la ocurrencia a la presunta infraccin, el Ministerio

    formular los cargos correspondientes al imputado, mediante escrito

    que se enviar por correo certificado o por cualquier otro medio id-

    neo y eficaz, a la ltima direccin conocida del respectivo medio de

    comunicacin.

    2. El medio de comunicacin dispondr de setenta y dos (72) horas

    para presentar los correspondientes descargos y aportar las pruebas

    que considere pertinentes, plazo que se contar a partir de la fecha

    de recibo de los cargos a que hace referencia el literal anterior.

    Para estos efectos se presumir, salvo prueba en contrario, que la fe-

    cha de recibo del pliego de cargos es la misma de la fecha de intro-

    duccin al correo, tratndose de medios de comunicacin cuya sede

    es la ciudad de Santaf de Bogot, D.C., o el tercer da siguiente a la

    misma fecha, tratndose de medios de comunicacin ubicados fuera

    de la ciudad de Santaf de Bogot, D.C.

    3. Una vez presentados los descargos o transcurrido el plazo de que

    trata el literal anterior, el Ministro decidir mediante resolucin mo-

    tivada, contra la cual slo procede el recurso de reposicin, en el

  • Ley 104 de 1993 40/ 54

    efecto devolutivo, el cual deber interponerse dentro del trmino de

    tres (3) das hbiles contados a partir de la fecha de notificacin del

    respectivo acto.

    100. La sancin de recuperacin de frecuencias slo podr

    ser impuesta cuando el medio de comunicacin, despus de haber

    sido sancionado con suspensin o multa, incurra en una nueva in-

    fraccin. En este caso, los plazos establecidos en el artculo anterior

    se triplicarn y los recursos se interpondrn en el efecto suspensivo.

    101. Las acciones contenciosas contra las resoluciones a

    que se refieren los artculos anteriores sern de competencia del

    Consejo de Estado. En caso de solicitud de suspensin provisional

    de las resoluciones, el auto correspondiente del Consejo de Estado

    deber ser proferido en el trmino mximo de diez (10) das.

    2

    SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES

    102. El uso de buscapersonas es persona e intransferible; el

    de radiotelfonos, porttiles-handys y equipos de radiotelefona

    mvil, es intransferible y puede ser personal, familiar o institucional.

    Para la transferencia de derechos de uso de equipos de telefona

    mvil se requerir la autorizacin expresa y previa de la administra-

    cin telefnica correspondiente.

    Los concesionarios que prestan los servicios de telecomunicaciones

    y los licenciatarios, debern suministrar a la Polica Nacional-Dijin.

    con base en la informacin que a su turno deben suministrar los sus-

    criptores o personas autorizadas para la utilizacin de los equipos,

    los datos personales de que trata el registro del artculo 103 de esta

    Ley. La informacin deber remitirse a la Polica dentro de las cua-

    renta y ocho (48:00) horas siguientes a la fecha en que una persona

    sea autorizada para usar el servicio.

  • Ley 104 de 1993 41/ 54

    Cuando se trate de telefona mvil, la informacin deber ser envia-

    da a la Polica Nacional-Dijin por la administracin telefnica, de-

    ntro del trmino sealado en el inciso anterior.

    El Ministerio de Comunicaciones deber remitir a la Polica Nacio-

    nal-Dijin la informacin a que hacer referencia el presente artculo

    en relacin con los concesionarios y licenciatarios.

    103. Para efectos de lo dispuesto en el artculo anterior, los

    concesionarios y licenciatarios de los servicios a que se refiere el

    mismo artculo, debern elaborar y mantener un registro de suscrip-

    tores y de personas autorizadas, el cual deber contener la siguiente

    informacin: nombre, documento de identidad, direccin, telfono,

    huella digital y las dems que se sealen en el formulario que con tal

    fin elabore el Comando General de las Fuerzas Militares.

    Con base en la informacin suministrada, los concesionarios expe-

    dirn una tarjeta distintiva al suscriptor. A su turno, los licenciatarios

    debern expedir una tarjeta similar a aquellas personas que hayan

    autorizado para operar equipos dentro de su red privada.

    104. La informacin que se suministre a las autoridades a

    los concesionarios con destino a aquellas, con el propsito de obte-

    ner autorizacin para la utilizacin de sistemas de radio comunica-

    ciones y operar equipos de telefona o radiotelefona mvil, busca-

    personas, porttiles-handys o radiotelfonos, se entender rendida

    bajo juramento, circunstancia sobre la cual se advertir al particular

    al solicitarle la informacin respectiva.

    La Polica Nacional, Dijin, podr realizar inspecciones en los regis-

    tros de suscriptores y personas autorizadas a que se refiere este cap-

    tulo, a fin de cotejarlos con la informacin suministrada por los con-

    cesionarios, licenciatarios y las administraciones telefnicas corres-

    pondientes.

    105. Sin perjuicio de lo prescrito en otras disposiciones, los

    suscriptores, licenciatarios o las personas autorizadas para emplear

  • Ley 104 de 1993 42/ 54

    los sistemas de radiocomunicaciones a que se refiere el artculo 102

    de la presente Ley, tendrn las siguientes obligaciones:

    1. Portar permanentemente la tarjeta distintiva de suscriptor o perso-

    na autorizada expedida por el concesionario o licenciatario.

    2. Adoptar las medidas de seguridad idneas para que el equipo no

    sea hurtado o extraviado.

    3. Utilizar personalmente el equipo de radiocomunicaciones.

    4. No enviar mensajes cifrados o en lenguaje ininteligible.

    106. La violacin de lo dispuesto en el presente captulo

    por parte de los suscriptores para operar equipos de radiocomunica-

    ciones, dar lugar a la suspensin inmediata del servicio por el con-

    cesionario, previa solicitud de la Polica Nacional-Dijin. En la even-

    tualidad de que un concesionario o licenciatario infrinja el presente

    captulo, la Polica Nacional-Dijin, informar al Ministerio de Co-

    municaciones para que aplique las sanciones a que haya lugar.

    Cuando los miembros de la Fuerza Pblica determinen que un usua-

    rio de los equipos de que trata el artculo 102, ha infringido el pre-

    sente captulo, procedern a incautar el equipo y a ponerlo a disposi-

    cin del Ministerio de Comunicaciones, en los trminos del artculo

    50 del Decreto 1900 de 1990, salvo en el caso de que dicho equipo

    sea propiedad del concesionario, situacin en la cual se entregar a

    este ltimo.

    107. Lo dispuesto en el presente captulo no se aplicar a

    los sistemas y equipos de radiocomunicaciones que utilice la Fiscala

    General de la Nacin, la Fuerza Pblica, el DAS y los dems orga-

    nismos de seguridad del Estado.

    TITULO V

  • Ley 104 de 1993 43/ 54

    SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DEL

    PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN MATERIA DE ORDEN

    PUBLICO

    108. Sin perjuicio de la sancin penal a que haya lugar, los

    gobernadores y alcaldes que incurran en cualquiera de las faltas es-

    peciales previstas en el artculo 14 de la Ley 4. de 1991 se harn

    acreedores a las sanciones de suspensin en el ejercicio del cargo

    hasta por sesenta (60) das calendario o a la de destitucin del mis-

    mo, segn la gravedad de la falta.

    De igual manera, les sern aplicables a dichos funcionarios las san-

    ciones anotadas, cuando desarrollen cualquiera de las siguientes

    conductas:

    1. Establecer contactos o vnculos, directa o indirectamente, con

    miembros de grupos guerrilleros y dems organizaciones delincuen-

    ciales vinculadas al narcotrfico y al terrorismo, sin previa autoriza-

    cin del Gobierno Nacional, o en contravencin con las instruccio-

    nes dadas por ste al respecto.

    2. No atender oportuna y eficazmente las rdenes o instrucciones

    que para la conservacin y el establecimiento del orden pblico im-

    parta la autoridad competente.

    3. Promover, a travs de declaraciones o pronunciamientos de cual-

    quier ndole, el desconocimiento de las rdenes o instrucciones que

    imparta la autoridad competente en materia de orden pblico.

    4. Consentir o permitir que sus subalternos desconozcan las rdenes

    o instrucciones dadas por la autoridad competente en materia de or-

    den pblico, o no aplicar los correctivos a que haya lugar cuando es-

    to ocurra.

    109. Las sanciones de suspensin o destitucin sern de-

    cretadas, a solicitud de la Procuradura General de la Nacin, por el

    Presidente de la Repblica si se trata de los gobernadores o alcaldes

  • Ley 104 de 1993 44/ 54

    del distrito, y por los gobernadores cuando se trate de alcaldes muni-

    cipales de su respectivo departamento.

    110. El Presidente de la Repblica podr suspender provi-

    sionalmente a solicitud de la Procuradura General de la Nacin,

    mientras adelanta la investigacin respectiva, a los gobernadores y a

    los alcaldes.

    La suspensin provisional deber motivarse y podr ser decreta des-

    de el momento en que se inicie la investigacin correspondiente y

    hasta por el trmino de duracin de la misma.

    Decretada la suspensin, el Presidente de la Repblica encargar de

    las funciones correspondientes a un funcionario del Estado o a una

    persona particular, y en todo caso, de la misma filiacin y grupo

    poltico del titular.

    Mientras un gobernador o un alcalde permanezca suspendido provi-

    sionalmente, no tendr derecho a recibir ninguna suma de dinero por

    concepto de remuneracin del cargo de que es titular. Si es reinte-

    grado a dicho cargo, tendr derecho al reconocimiento de la remune-

    racin dejada de recibir durante el perodo de suspensin provisio-

    nal, salvo que le sea aplicada la sancin de suspensin, caso en el

    cual tendr derecho nicamente al reconocimiento de la diferencia

    que pudiere resultar a su favor.

    111. Cuando se ordene la sancin de suspensin de esta

    Ley, el Presidente y los gobernadores encargarn de las gobernacio-

    nes o de las alcaldas a una persona de la misma filiacin y grupo

    poltico del titular.

    112. En caso de destitucin de los gobernadores o alcaldes,

    el Presidente o gobernador, segn el caso, convocar a nueva elec-

    cin dentro de los dos (2) meses siguientes, siempre y cuando no

    haya transcurrido ms de la mitad del perodo y las condiciones de

    orden pblico lo permitan. Mientras tanto, e