litis sobre derechos registrados
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Universidad Del Caribe
Tema:
LITIS SOBRE DERECHO REGISTRADO
Presentado por:
JOSE MANUEL CASTRO R. 2008-3095
MARIA ELENA CAMACHO. 2007-5140
ROSA RAQUEL MERCEDES 2006-3112
APOLINAR LOREZON RAMINEZ 2005-0960
Asignatura
DERECHO INMOBILIARIO II
PROF.:
Dr. JULIO CESAR MATOS
26 de septiembre de 2012
Índice
Introducción ----------------------------------------------------------------------03
Litis Sobre Derechos Registrados-------------------------------------------04
Competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria para conoce de las litis sobre derechos registrados --------------------------------------------------04
El procedimiento para interponer una litis --------------------------------05
Demandas temerarias y reparación en daños y perjuicios por ante la Jurisdicción ---------------------------------------------------------------------- 07
La audiencia sobre el sometimiento de las pruebas--------------------08
Papel pasivo del Juez de Jurisdicción Original en las litis sobre derechos registrados ----------------------------------------------------------10
Inadmisibilidad de las litis sobre derechos registrados --------------- 11
Conclusión ------------------------------------------------------------------------18
Bibliografía ------------------------------------------------------------------------19
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Introducción
Nuestro marco supremo legal, La Constitución en su artículo 51
establece de manera precisa y clara el derecho de propiedad,
donde especifica que el estado reconoce y garantiza el derecho de
propiedad, la cual tiene una función social que implica obligaciones.
Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición
de sus bienes.
Igualmente nuestra carta magna establece que ninguna persona
puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de
utilidad pública o de interés social , previo pago de su justo valor,
determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de
tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley.
Las Litis de derechos registrados tienen una gran importancia en
todo nuestro ordenamiento jurídico, y muy especialmente para el
régimen legal de la tenencia de las tierras que rige en nuestro
país. No obstante todos los inmuebles registrados en determinado
momento pueden ser objetos de una litis sobre derechos
registrados. Basta con que existan contestaciones juridiciales que
pongan en juego esos derechos.
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LITIS SOBRE DERECHOS REGISTRADOS
El articulo 28 de la ley de registro inmobiliario se encuentra el tema
que trata sobre derechos registrados en litis, y el lo define de la
siguiente manera: es el precoso contradictorio que se introduce por
antes los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria en relación con el
derecho registrado, el jurista y doctrinario víctor Santana Polanco
en su obra “Derecho procesal para la jurisdicción inmobiliaria define
la litis sobre derecho registrado de la siguiente manera: La litis
sobre derecho registrado es aquella que pone en juego el derecho
sobre la propiedad inmobiliaria o algún derecho real sobre la misma
registrado.
Nuestra Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de
Casación ha la jurisprudencial para los fines de las litis sobre
derechos registrados.
Cabe destacar que el terreno se considera registrado desde el
momento que ha intervenido la sentencia final del saneamiento, aun
cuando la operación material del Registro no se haya efectuado.
Competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria para conoce de las
litis sobre derechos registrados
La competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria para conocer de la
litis sobre derechos registrados esta prevista en el artículo 29 de la
Ley de Registro Inmobiliario, el cual dispone que 'los Tribunales de
la Jurisdicción Inmobiliaria son los únicos competentes para
conocer de las litis sobre derechos registrados siguiendo las
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disposiciones procesales contenidas en la presente ley y sus regla-
mentos. Las acciones deben iniciarse por ante el tribunal de
jurisdicción original territorialmente competente
Desde que se solicita la autorización para la mensura y durante
toda la vida jurídica del inmueble, salvo algunas excepciones, la
Jurisdicción Inmobiliaria es competente de manera exclusiva, en
virtud del artículo 3 de la Ley de Registro Inmobiliario, para conocer
de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la Repú-
blica Dominicana.
Por el hecho de que un inmueble o algún derecho real inmobiliario
se encuentren registrados, esto no implica que la jurisdicción Inmo-
biliaria sea el competente para conocer de todo lo relativo al mismo,
cuando en el caso de una promesa de venta, que ha sido inscrita en
el Registro de Títulos; y como consecuencia de ese contrato, una
de las partes no cumple con alguna de sus obligaciones, y por ese
incumplimiento se demanda su ejecución y con ella la reparación de
daños y perjuicios, la competencia es del tribunal ordinario, ya que
no se esta cuestionando el derecho de propiedad, ni se esta
poniendo en duda.
El procedimiento para interponer una litis
El procedimiento para interponer una litis sobre derechos
registrados por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, se
inicia de la siguiente manera:
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Se introduce mediante una instancia motivada sobre los hechos que
se pretenden probar y el derecho que debe ser aplicado, por ante la
Secretaria del Despacho Judicial del Tribunal de Jurisdicción
Original territorialmente competente.
Una vez depositada la instancia por ante la Secretaria del Tribunal
de Jurisdicción Original, la parte demandante debe notificar dentro
de los diez días a partir de la fecha de depósito de la demanda en la
secretaria del tribunal apoderado de la litis, la constancia de que ha
notificado al demandado por acto de alguacil la instancia
introductiva de la demanda depositada en este tribunal.
Una vez le es notificada la instancia de la litis sobre derechos
registrados, el demandante deberá en todo caso citar al demandado
para las audiencias conforme con lo dispone el articulo 61 de la Ley
de Registro Inmobiliario que dice lo siguiente: "las partes deben ser
citadas para la audiencia mediante acto de alguacil conforme a lo
que establece el Código de Procedimiento Civil".
El juez o tribunal llamado a conocer una litis sobre derechos
registrados, no fijará audiencia, ni realizará ningún tipo de trámite
procesal hasta tanto el demandante haya depositado en la
Secretaría del Despacho Judicial la notificación de la demanda a la
contraparte por acto de alguacil
La publicidad de la litis sobre derechos registrados, prevista en el
artículo 135 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras
y de jurisdicción Original, tiene por finalidad enterar a los terceros
de la situación jurídica por la cual esta atravesando el inmueble; a
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este tipo de actuación es lo que se denomina
oposición, ya que con la misma se prohíbe a un
tercero que haga algo en ausencia del oponente.
Demandas temerarias y reparación en daños y
perjuicios por ante la Jurisdicción
Está instituido dentro de los principios que norman
y regulan la Ley de Registro Inmobiliario la de
evitar que ante esta jurisdicción se encaminen
demandas temerarias, gratuitas, atropellantes,
ejercidas con ligereza censurable o con el
propósito deliberado de hacer daño; y para
evitarla consagra dentro de sus disposiciones
legales las posibles demandas en reparación en
daños y perjuicios para evitar el ejercicio abusivo
de los derechos, en consecuencia queda habilita-
do el Principio X de la citada ley, el cual dispone lo
siguiente:
"la presente ley no ampara el ejercicio abusivo de
los derechos. Se considera ejercicio abusivo de
derechos el que contraría los fines que la ley ha
tenido en mira al reconocerlos, o al que exceda los límites
impuestos por las leyes vigentes la buena fe, la morar y las buenas
costumbres
En virtud de las disposiciones del articulo 31 de la Ley de Registro
Inmobiliario, "si queda demostrado durante el proceso la falta de
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fundamento de la demanda porque la misma haya sido ejercida con
ligereza censurable o con el propósito deliberado de hacer daño, el
juez podrá ordenar la reparación moral del perjudicado y la
indemnización por daños y perjuicios correspondiente conforme a lo
dispuesto por el Código Civil".
Las demandas en daños y perjuicios sólo pueden ser intentada por
ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria de manera
accesoria y no como acción principal.
La audiencia sobre el sometimiento de las pruebas
De conformidad con las disposiciones del artículo 53 del
Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de
Jurisdicción Original, las audiencias son fijadas, a solicitud de parte
interesada o de oficio, por el Juez, o Tribunal. conforme a lo
dispuesto por el articulo 30 de la Ley de Registro Inmobiliario,
puede fijar la fecha en que deberá conocerse la audiencia sobre el
sometimiento de pruebas, la cual deber ser celebrada en un plazo
no menor de veinticinco (25) ni mayor de sesenta (60) días
posteriores al apoderamiento del juez o Tribunal.
Para la audiencia de sometimiento de pruebas las partes deberán
ser citadas de conformidad con lo expresado por el artículo 61 de la
Ley de Registro Inmobiliario el cual dispone que "las partes deben
ser citadas para la audiencia mediante acto de alguacil conforme a
lo que establece el Código de Procedimiento Civil. En virtud de
dicho texto legal se coligen los siguientes criterios:
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a) Este texto manda a que sean citadas las partes es decir quien
promueva la fijación de audiencia, es por ello que si el Juez o
Tribunal la fija de oficio en virtud con lo dispuesto por el artículo 53
del Reglamento de los Tribunales, y el demandado se entera de que
la audiencia fue fijada, deberá notificarle al demandante mediante
acto de alguacil la citación para la audiencia, o en consecuencia el
juez no puede conocerla en ausencia del demandante;
b) El artículo 61 de la citada ley, no es limitativo en el sentido que
no distingue a cual audiencia es que deben ser citadas la partes, es
decir que si el demandado no comparece a la audiencia de
sometimiento de pruebas a la cual fue citado legalmente, el mismo
debe ser citado nuevamente para la audiencia de fondo
c) Las citaciones deben hacerse tal y como lo consagran los
artículos 63 al 74 del Código de Procedimiento Civil, y en estos
artículos está establecido el procedimiento para las citaciones
prevista por la Ley de Registro Inmobiliario.
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De acuerdo con el artículo 65 del Reglamento de los
Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción
Original, modificado por la Resolución No. 1737-2007,
de fecha 12 de Julio del año 2007, dictada por la
Suprema Corte de Justicia "los medios de excepción
deberán ser presentado a pena de in admisibilidad de
forma simultánea y en la audiencia de sometimiento
de pruebas". De donde se infiere que la parte que
plantea un medio de excepción relativo a la
irregularidad del procedimiento deberá presentarlo uno
por uno, y no esperar que el Juez o Tribunal falle el
primero, para luego presentar el segundo o los demás,
porque entonces después del primero que es
presentados los demás si no se presentan de forma si-
multanea, resultan inadmisible por extemporáneo.
De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de
los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria en esta
audiencia de sometimiento de pruebas quedará fijada
por el Juez o Tribunal la audiencia sobre el fondo, en
un plazo no mayor de treinta (30) días.
Papel pasivo del Juez de Jurisdicción Original en
las litis sobre derechos registrados
Una vez concluido el proceso de saneamiento el derecho común
recobra su imperio, ya que en el mismo el procedimiento está
organizado bajo el sistema de la neutralidad de/ juez. Su papel en la
instrucción es sumamente pasivo. Corresponde a las partes probar
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los hechos y actos sobre los cuales fundamentan
su demanda y que puedan servir de base para
esclarecer el caso del cual se encuentra
apoderado el tribunal.
Los Jueces de la Jurisdicción Inmobiliaria tienen
un límite en lo que respecta a su papel activo; esto
es en materia de revisión por causa de fraude, y
en las litis sobre derechos registrados, en las
cuales no gozan del papel activo en lo referente a
las pruebas, que es lo propio del saneamiento,
siendo el demandante quien debe aportar la
prueba del fraude.
De conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley
de Registro Inmobiliario, los jueces de los
Tribunales de la jurisdicción Inmobiliaria pueden
ordenar cuantas medidas estimen convenientes, a
pedimento de parte o de oficio, que puedan o no
prejuzgar el fondo de la demanda, durante la
instrucción del proceso, tales como inspección,
verificación de escritura, entre otras; las cuales
pueden ser ordenadas tanto en el proceso de
saneamiento como en las litis sobre derechos registrados.
Inadmisibilidad de las litis sobre derechos registrados
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En virtud del principio IV el cual forma parte de los que norman la
Ley de Registro Inmobiliario y regulan su aplicación, en el sentido
de que todo derecho registrado de conformidad con la citada ley es
imprescriptible y goza de la protección y garantía absoluta de
Estado; así como por el artículo 86 de la citada ley; todos los
derechos que no hayan sido invocados en el proceso de
saneamiento quedan aniquilados por la sentencia que le pone
término a éste, una vez que ha adquirido la autoridad y la fuerza de
la cosa irrevocablemente juzgada; como consecuencia de ello es
imposible mediante la interposición de una litis sobre derechos
registrados, por ante la Jurisdicción Inmobiliaria, que esos derechos
que se aleguen puedan llegar a tener efectos jurídicos, por lo que
las litis así planteadas deben ser declaradas inadmisibles en virtud
del artículo 86 de la Ley de Registro Inmobiliario.
La excepción a este medio de inadmisión lo constituye el hecho de
que cuando los documentos sostenidos en apoyo a una litis sobre
derechos registrados, son anteriores al saneamiento, es decir, un
acto de transferencia consentido por el dueño original del terreno, y
este permanece en el patrimonio del vendedor o de los herederos,
los mismos le deben garantía a su causahabiente y que solo los
terceros de buena fe y a título oneroso no le es oponible este acto,
en virtud del principio de inscripción, toda vez que este principio es
considerado fundamental para la aplicación de los derechos
registrados, lo que le otorga a la inscripción en el registro un
carácter constitutivo de derechos oponibles a todo el mundo; pero
fuera de estos casos, es decir, si no ha intervenido un tercer
adquiriente a titulo oneroso, en caso de que sea planteada una litis
sobre derechos registrados para conocer de la validez de un acto
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de transferencia solicitado por el comprador obliga al tribunal a
conocer de dicha litis, no obstante si la litis está fundamentada en
documentos, que aunque no se hicieron valer en el saneamiento,
los mismos son oponibles a los vendedores, ya que estos le deben
garantía al comprador y la misma es eterna, perpetua y dura para
siempre, hasta que no intervenga un tercer adquiriente de buena fe
y título oneroso.
En definitiva, de acuerdo con el ordenamiento jurídico establecido
en la ley de Registro Inmobiliario, después de dictada una sentencia
en el saneamiento de un terreno cualquiera, y expedido el
Certificado de Título, para poder anular todo ese procedimiento
antes del año de la expedición del citado certificado, solo hay un
recurso posible; que lo es la revisión por causa de fraude, prevista
por los artículos 86 y siguientes de la Ley de Registro Inmobiliario;
esto es cuando la Jurisdicción Inmobiliaria que esté apoderado de
una litis sobre derechos registrados no está facultado, en forma
alguna, para alterar el contenido jurídico de una decisión acerca del
saneamiento, puesto que la misma es terminante, oponible a todo el
mundo y purga o extingue todo interés o derechos contrarios
registrados al de quien interpuso la litis sobre derechos registrados
con el fin de que se modifiquen los derechos, que salvo la
posibilidad de un recurso de revisión por causa de fraude, resulta
inadmisible toda pretensión que tienda a reivindicar
extemporáneamente derechos que se aleguen existían antes de
que terminara el proceso de saneamiento.
Cuando la litis sobre derechos registrados tienen por finalidad
jurídica, el cuestionamiento de los derechos que surjan corno
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consecuencia de un embargo inmobiliario
previsto por los artículos 673 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil, los
mismos no pueden ser cuestionados por
ante los Tribunales de la Jurisdicción
Inmobiliaria, ya que las sentencias de
adjudicación al estar inscritas en el
Registro de Títulos correspondiente se
convierten en una sentencia atributiva de
propiedad, y los hechos y derechos
anteriores a ésta quedan aniquilados, y
sólo pueden ser atacadas mediante una
demanda en nulidad de sentencia de
adjudicación por la vía principal por ante el
mismo tribunal que dictó dicha sentencia,
cuando en el procedimiento de embargo
inmobiliario no han surgido incidentes, ni
contestaciones, ya que la misma no es una
verdadera sentencia, sino un acto de
administración judicial que se contrae a dar
constancia de la transferencia forzosa del
inmueble operada como consecuencia del
procedimiento de embargo; que, sin
embargo, cuando las mismas resuelven incidentes que hayan
surgido en el procedimiento, ellas adquieren todos los caracteres de
forma y de fondo inherentes a las sentencias propiamente dichas,
porque en esos casos deben ser motivadas y adquieren la autoridad
de la cosa juzgada y pueden ser impugnadas por las vías de los
recursos ordinarios y extraordinarios, excepto el de oposición,
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conforme con la parte final del artículo 731 del Código de
Procedimiento Civil; cuyos cuestionamientos son de la competencia
exclusiva de los Tribunales ordinarios, en sus atribuciones civiles;
en consecuencia, es posible que esos hechos y derechos anteriores
a dicha sentencia puedan llegar a surtir efectos jurídicos, pero no
por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, a través de
una litis sobre derechos registrados, la cual resultaría inadmisible.
Cuando se plantea una litis sobre derechos registrados por ante los
Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliario, cuya finalidad jurídica
tiene por naturaleza la demanda en persecución de nulidad o
cancelación de una hipoteca judicial, la cual ha sido inscrita en el
Registro de Títulos correspondiente en virtud de una sentencia
dictada por un Tribunal de la jurisdicción civil ordinaria, la misma es
inadmisible, a pesar de que dicha hipoteca resulta para el acreedor
un derecho registrado y el posible cuestionamiento a esos
derechos, constituyan una litis sobre derechos registrados de
acuerdo con del artículo 29 de la Ley de Registro Inmobiliario.
Si bien es cierto que la hipoteca judicial definitiva inscrita en el
Registro de Títulos correspondiente, en virtud de una sentencia
definitiva con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, la
misma constituye un derecho real accesorio a la propiedad o
inmueble registrado, y cuyo cuestionamiento constituiría en principio
una kis sobre derechos registrados de acuerdo con el artículo 29 de
la Ley de Registro Inmobiliario, no menos cierto es que los hechos
recogidos en esa sentencia que ordenó la inscripción de la hipoteca
judicial definitiva, así como el derecho que adquirió el acreedor o
titular de ese derecho real accesorio a la propiedad o inmueble, no
pueden ser cuestionados ni ponderados nuevamente ni por ante el
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tribunal que la dictó ni por ante ninguna Otra jurisdicción
distinta a la civil ordinaria; por lo que toda litis sobre
derechos registrados que sea llevada por ante los
Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria con el propósito
de atacar dicha sentencia o derechos, resultarían
inadmisibles.
La condenación en costas por ante los Tribunales de la
Jurisdicción Inmobiliaria con motivo de una litis sobre
derechos registrados Por ante los Tribunales de la
Jurisdicción Inmobiliaria con motivo de una litis sobre
derechos registrados se podrá condenar en costas
reteniendo las mismas contra la parte que ha sucumbido,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de
Registro Inmobiliario el cual señala que "en todos los
procesos judiciales conocidos por ante los Tribunales de
la Jurisdicción Inmobiliaria con excepción del
saneamiento, se podrá condenar al pago de as costas a
la parte que sucumba de acuerdo con la Ley".
El Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y
de Jurisdicción Inmobiliaria, establece en sus artículos 88,
89, 90 y 91 el procedimiento a seguir en caso de que se
haya producido una condenación en costas como consecuencia de
un proceso que tenga carácter de litigioso, con la excepción del
saneamiento
La condenación en costas por ante los Tribunales de la Jurisdicción
Inmobiliaria corno consecuencia de una litis sobre derechos
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registrados, las mismas no tienen un carácter de orden público, sino
de puro interés privada, de donde se infiere que el Juez o Tribunal
no puede acordar costas de un procedimiento que por ante la
Jurisdicción Inmobiliaria, sea como consecuencia de una demanda
sobre el fondo de la litis, como consecuencia de un incidente
relativo a un medio de inadmisión o una excepción de
procedimiento, así como una demanda en referimiento, si las partes
no solicitan en sus conclusiones producidas en audiencia que la
parte que sucumba sea condenada al pago de las costas. En este
sentido se ha pronunciado nuestra Suprema Corte de Justicia como
Corte de Casación, señalando "que la condenación en costas al
sucumbiese en una litis, sólo debe pronunciarse cuando la parte
gananciosa así lo ha solicitado, que como el recurrido no ha hecho
tal pedimento, tratándose de un asunto de interés privad. No
procede imponer de oficio tal condenación"
Las costas y honorarios obtenidos como consecuencia de un
incidente, ya sea corno un medio de inadmisión o un medio de
excepción, las mismas no podrán ser validadas por el Juez a
pedimento del abogado en su provecho que se hayan acordado,
hasta que el fondo del asunto no haya sido fallado en virtud del artí-
culo 130 del Código de Procedimiento Civil el cual dispone que
"toda parte que sucumba será condenada en las costas; pero éstas
no serán exigibles, sea que provengan de nulidades, excepciones o
incidentes o del fallo de lo principal, sino después que recaiga
sentencia sobre el fondo que haya adquirido la fuerza de la cosa
irrevocablemente juzgada. Sin embargo, si en virtud de sentencia
sobre incidente, nulidad o excepción el tribunal ha quedado
desapoderado del conocimiento del fallo, las costas serán exigibles
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un mes después de haber adquirido dicha sentencia la fuerza de la
cosa irrevocablemente juzgada, siempre que durante ese plazo no
se haya introducido de nuevo demanda sobre el fondo".
Es necesario destacar que cuando el juez o tribunal de la
Jurisdicción Inmobiliaria suple de oficio un medio de inadmisión o de
excepción, por tener por ante esta jurisdicción un carácter de orden
público, las costas deberán ser compensadas, y en ese sentido
nuestra Suprema Corte de Justicia ha dicho que "cuando un medio
de in- admisión es suplido de oficio la condenación en costas deben
ser compensadas".
El abogado que haya obtenido por ante el Tribunal de la
Jurisdicción Inmobiliaria que la parte contra la cual le adversa la
demanda puede cobrar las costas y honorarios de una decisión del
Juez de los referimientos que se ha agotado ya, aunque el fondo del
asunto se encuentre pendiente de fallo; toda vez que estas costas
no provienen de una excepción, ni de una nulidad ni de un incidente
vinculado a lo principal de la demanda, ya que el referimiento
instituido por la Ley de Registro Inmobiliario en virtud de los
artículos 50 al 53. Puesto que la demanda en referimiento a pesar
de que la misma por ante los Tribunales de la Jurisdicción
Inmobiliaria sólo es posible conocerla cuando el Juez apoderado de
la misma esté apoderado de una litis sobre derechos registrados, no
obstante esta demanda tiene una configuración jurídica por ante la
Jurisdicción Inmobiliaria que cae dentro del ámbito del derecho
positivo, y en tal virtud es independiente de la demanda principal, ya
que la ordenanza en referimiento no puede prejuiciar el fondo del
asunto, no adquiere en cuanto a lo principal la autoridad de la cosa
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juzgada, y es ejecutoria provisionalmente, no obstante cualquier re-
curso, toda vez que su misión no es otra que la de resolver, al
margen de las contingencias del fondo del asunto, cuestiones
consideradas como urgentes.
Conclusión
Tal como hemps podido observar la litis sobre derechos
registrados tiene una gran importancia en todo nuestro
ordenamiento jurídico, pues las mismas instituyen la vía idónea y
los métodos efectivos para solucionar los conflictos de derechos
que surgen en materia inmobiliaria con posterioridad al primer
registro de los terrenos.
Como se puede percibir, la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario
planteó un considerable avance en cuanto al tema, implicando una
mayor organización y determinación del procedimiento, lo cual
era necesario pues todos los inmuebles registrados en
determinado momento pueden ser objeto de una litis sobre
derechos registrados, y es una situación que se va planteando cada
vez con mayor frecuencia.
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Bibliografía
Ley 108-05 de Registro InmobiliarioLey 1542 de Registro de Tierras (Derogada)Código Civil Dominicano.Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria.
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