los molinos de viento de trafalgar. paradojas

Publicado en Pascual, J. y D. Florido (Coords.). ¿Protegiendo los Recursos? Áreas Protegidas, Poblaciones Locales y Sostenibilidad. Sevilla, España. Fundación el Monte. 2005. Pag. 209-242. ISBN: 84-8455-170-9

LOS MOLINOS DE VIENTO DE TRAFALGAR. PARADOJAS, AMBIVALENCIA Y CONFLICTOS RESPECTO A LAS RELACIONES HUMANO-AMBIENTALES EN

EL SUR DE ANDALUCÍA

David Florido del Corral. Universidad de Sevilla y Grupo de Investigación para el Estudios de las Identidades Socioculturales en Andalucía.

INTRODUCCIÓN

La producción energía eólica se ha conformado en un nuevo objeto problemático en un

entorno socioeconómico que ya era conflictivo: la costa meridional de la provincia de Cádiz

(España). Las propuestas empresariales (cuatro hasta el momento) que solicitan a la

administración la autorización la construcción y explotación de un parque eólico aguas

adentro, frente al cabo de Trafalgar –cuya construcción está prevista a partir de 2007- ha

activado una nueva arena política en la que compiten diversos agentes sociales, empresariales

e institucionales, incluyendo entre éstos los pertenecientes al estado. La movilización social

en la zona se puede considerar un hábito, dada la recurrencia de las manifestaciones y

actuaciones de diversos colectivos en las últimas décadas1, dinámica que pone de manifiesto

el marco de crisis social y económica, con diversas particularidades locales (Barbate, Vejer de

la Frontera y Conil de la Frontera), que afecta a la zona. De hecho, en 1999 se puso en marcha

una experiencia política y de planificación al objeto de dotar de instrumentos de actuación

tendentes a incorporar nuevos principios de ordenación socio-política y ambiental, la Agenda

21 Janda Litoral, que en absoluto ha sido tenido en cuenta como herramienta de gestión del

conflicto en esta nueva arena política. Insistimos en la novedad del problema porque, de

hecho, de todas las actuaciones previstas en los documentos y sesiones de trabajo de la

Agenda 21, de hace un lustro, ninguna tenía que ver con la producción energética, a pesar de

que se proponían diversas líneas de actuación para afrontar un contexto crítico económico,

por la reconversión pesquera y por la esperada activación del turismo litoral. A este contexto

en el que se relacionan críticamente diversos usos y actividades que estructuran el territorio,

se añade el hecho de que existen zonas y espacios protegidos, precisamente en el entorno

inmediato del cabo de Trafalgar: el Tómbolo de Trafalgar, declarado Monumento Natural, por

sus valores naturales, culturales y paisajísticos y el Parque Natural de la Breña y Marismas

del Barbate, con los mismos valores, y que integra ecosistemas bien distintos2. Además, los

diferentes proyectos se ubican total o parcialmente en el Dominio Público Marítimo Terrestre,

zona de muy alta protección desde la aprobación de la Ley de Costas 22/1988. Ello exige la

aprobación de la ocupación por parte del servicio de Demarcación de Costas, aunque el


régimen autorizatorio implica que las Direcciones Generales de Calidad y Evaluación

Ambiental, dentro del Ministerio de Medio Ambiente, aprueben el uso de este espacio

protegido, amén de la aprobación de los proyectos por parte de Industria; además, también

dependerá de la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca) la aprobación de la

instalación y explotación del sistema de evacuación en las aguas interiores, e incluso de los

Ayuntamientos que han de otorgar las licencias de tendido en las zonas no controladas por la

Dirección General de Costas.

En esta comunicación nos proponemos analizar el proceso de activación de esta nueva

arena política, incidiendo en la estructuración del campo, de las relaciones de poder que en el

mismo se van desarrollando –haciendo especial hincapié en la posición del estado-, y en las

propuestas simbólicas y discursivas que cada agente o conjunto de agentes pone sobre la

mesa. Sobre atenderemos al modo en que se definen las relaciones entre las actividades

antrópicas y el entorno, y de las repercusiones que el parque pueda tener sobre el entorno

socio-económico, los intereses estratégicos generales, y sobre las actividades desarrolladas

previamente en la zona. Así, veremos desde propuestas patrimonialistas de inalterabilidad de

las condiciones paisajísticas, hasta las que inciden en la creación de un nuevo sector

económico emergente ligado a la producción eólica y las resultantes de ésta en la producción

energética estatal, pasando por propuestas conservacionistas de pescadores en relación a su

actividad tradicional.

El parque eólico se cierne sobre un territorio controlado por tres municipalidades

diferentes que vienen conociendo un acusado proceso de crisis económica, en el sentido de la

progresiva sustitución de tejidos productivos primarios (agricultura, pesca, ganadería y

actividades forestales –sobre todo en la zona declarada como Parque Natural-) por tejidos

(mal) articulados en torno al turismo y a los servicios. Los resultados han sido dispares: Conil

de la Frontera ha conocido importantes procesos de intensificación de actividad económica,

en la que la industria de la construcción y el turismo no ordenado están jugando un importante

papel, de modo que las actividades primarias han perdido su centralidad, aunque no su

importancia; Vejer de la Frontera se mantiene establemente, aunque los servicios y el turismo,

tanto interior como costero, están aportando nuevas rentas, perspectivas, mercados de trabajo

y contradicciones3. Un caso más peculiar ha sido el de Barbate, debido, en primer lugar, a

que ha habido un proceso de desactivación económica resultado de la crisis del modelo de

flota semi-industrial que dependía de caladeros exteriores para su reproducción económica.


Pero también porque esta ciudad se ha convertido en el icono de la crisis pesquera resultante

de la no renovación del acuerdo pesquero con Marruecos, y porque el discurso político local

se ha sustentado en el olvido secular del estado –entre la población sigue muy viva la idea de

comunidad hecha a sí misma en una zona de frontera- y en las diversas servidumbres

territoriales que han obstaculizado la activación del turismo de masas en toda la costa: Parque

Natural por el Oeste y campo de tiro y entrenamiento militar en el Este, que se incorporaron al

paisaje local a partir de la década de los ochenta.

Desde una perspectiva regional, la zona puede ser definida como zona dependiente de

la pesca, por utilizar el argot de la burocracia de Bruselas, denominación que viene a reseñar

la crisis social y económica de la pesca extractiva y la necesidad de su reconversión, para lo

que se han aprobado diversos programas financieros plurianuales actualmente en marcha

(Florido del Corral, 2004). Al mismo tiempo, se puede definir como un territorio en proceso

de reconfiguración económica hacia su terciarización, en torno al turismo estival, aunque con

demandas que buscan otros valores, como el contacto con la naturaleza (el protagonismo del

régimen de vientos es notable y la existencia de playas de dunas y acantilados), la

configuración paisajística, algunas características sociales específicas4 y también el hecho de

no estar saturada por la construcción litoral, especialmente en la zona de costa objeto de

conflicto por la construcción del parque.

LA AMBIVALENCIA DEL MARCO ESTATAL

Partimos de la idea de que en las sociedades contemporáneas el estado se estructura en

un sistema complejo de diferentes niveles administrativos, jerarquizados en cuanto a su

capacidad de definir políticas territoriales y de proponer un orden simbólico que expresa las

representaciones, percepciones e ideas que van articulando los campos de acción política (el

capital propiamente estatal del que hablaba Bourdieu, 1999: 99-100, que aúna el político, el

económico, el cultural, el social). Por ello, está fuera de duda su capacidad de poder de

producción social (Stone, 1989)5, su potencia para proponer discursos colectivos que articulan

percepciones dominantes, las mismas que son utilizadas por los agentes políticos y

empresariales para sustanciar sus proyectos de inversión. Existe una multitud de

disposiciones, documentos y organismos que, en esos diferentes niveles administrativos,

expresan objetivos relativos a la adecuación de las emisiones de CO2 al protocolo de Kyoto, a


la idoneidad de fomentar las denominadas energías limpias mediante la activación de nuevas

fuentes (eólica, solar, biomasa, minihidráulicas, mareomotriz, biocarburantes)6 y la

reactivación económica de localidades en situaciones de crisis mediante sectores emergentes

como el turismo sostenible. Es éste el marco de economía y ecología política en el que

debemos entender la arena política que pretendemos definir: medio ambiente, eco-desarrollo,

energías alternativas, acuicultura, desarrollo local sobre nuevas actividades como el turismo

alternativo…, que son las que conforman los nuevos proyectos de mercantilización para la

estructuración de la sociedad del futuro. Se trata de un contexto en el que la mercantilización

de la producción energética, de los paisajes, de los territorios es una de las tendencias

dominantes de las sociedades contemporáneas. Por todo ello, el estado ya se presenta como un

agente posicionado en la arena política que se ha creado con los proyectos de instalación off-

shore. Y ello sin mencionar las diferentes posibilidades relacionales de los agentes

involucrados en el proceso7. Por ello, los agentes empresariales buscan asociar sus proyectos

con las líneas maestras de la economía política y la ecología política de las administraciones;

es decir, hacer propio el discurso dominante, que se articula sobre los ejes básicos del

desarrollo económico y territorial y la sostenibilidad, haciéndose entender en el marco de sus

objetivos, valores y discursos. Por tanto, la justificación de proyectos de cualquier tipo –como

el que nos ocupa-, en función de la adecuación al marco estratégico de economía y ecología

política imperante, se puede convertir en un mero ejercicio tautológico de retórica, en el que

los diferentes agentes competidores se postulan como correctos intérpretes del interés público.

En cualquier caso, las capacidades de imposición de un nuevo ordenamiento territorial

no son un resultado natural del marco de economía política. En primer lugar, porque las

visiones y propuestas entre los diversos niveles del estado no tienen por qué ser coherentes

entre sí; y, de hecho, es ésta la situación en el caso de estudio, pues veremos que los

ayuntamientos de las localidades proyecto se han posicionando explícitamente en contra de la

instalación y forman parte de la plataforma organizada ad hoc; mientras que a la Junta de

Andalucía y la Administración Central les ha bastado con recordar cuáles son sus objetivos de

política energética y de reconversión industrial en la zona afectada para ir avalando, aunque

de forma no explícita, la instalación del parque. Además, los colectivos que se sienten

afectados negativamente reclaman también la participación activa de los responsables de las

administraciones para tener en cuenta sus perspectivas, sus empresas y sus percepciones del

territorio. También acuden al marco legislativo y político vigente, como ocurre con las figuras


de protección existentes en el entorno de Trafalgar. Así, la Junta Rectora del Parque Natural

de la Breña ha solicitado la protección de los bajos rocosos que se extienden desde los pies de

los acantilados de la zona oeste hasta cerca del lugar donde se proyectan los aerogeneradores,

esperando poder interferir en la construcción y explotación de las conducciones necesarias

para la evacuación de la energía producida.

En segunda instancia, hasta el momento llama la atención el silencio de la

administración central, mientras que la autonómica sólo se ha expresado de forma favorable a

los proyectos muy recientemente, por medio de uno de los responsables de la Consejería de

Medio Ambiente8. Cabría, pues, plantearse las reticencias de la administración central y la

autonómica a la hora de un posicionamiento público claro sobre la cuestión. Si hemos

afirmado la capacidad del estado para estructurar los campos de acción económica y política,

la hipótesis más plausible para explicar la renuencia para hacerla efectiva, apoyando la

instalación de forma inequívoca, ha sido la conciencia de un riesgo político. Debido al

movimiento social, bastante amplio, en torno al no, la administración conoce las posibilidades

reales de acciones públicas más contundentes si el apoyo de la administración del estado es

manifiesto en el proceso de discusión. Baste pensar que sólo los gobiernos locales, partidarios

unánimemente de la negativa a la instalación a pesar de estar dominados por fuerzas políticas

diferentes, se han declarado inequívocamente, formando parte de la plataforma9. Igualmente,

los partidos políticos se han venido manifestando públicamente partidarios de la no

aprobación, salvo el PSOE, que ha mantenido un derrotero más ambiguo10, y Los Verdes,

que se han manifestado claramente favorables al proyecto.

Ha de tenerse en cuenta que se conocen experiencias previas, como las movilizaciones

sociales en torno al cable de Tarifa –conducción subterránea para el transporte de energía

eléctrica de Maruecos a Europa-, en 1996, que aglutinó a pescadores y otros colectivos

sociales en esta localidad para oponerse al proyecto con movilizaciones y acciones de protesta

de alta intensidad y virulencia. Es decir, que la legitimidad del estado no se reduce a su

capacidad de imponer las condiciones del campo de juego, sino que ha de esperar obtener el

mayor respaldo social posible en sus intervenciones, de modo que, en las sociedades

contemporáneas, el riesgo político para el estado emerge con suma facilidad en las arenas

conflictivas:

“Las garantías de protección que deben renovarse y corroborarse mediante la Administración y el sistema jurídico son públicamente refutadas. Las legitimaciones


se resquebrajan. El banquillo de los acusados amenaza a quienes toman las decisiones” (Beck, 1996: 208)

En el caso que nos ocupa, lo más probable es que la administración espere a los

informes técnicos para presentar públicamente su posición, ya definitiva, de concesión o no de

ocupación y explotación del dominio marítimo, como resultado de la asesoría pericial de

expertos. Así, su actuación se presenta al margen de la lucha política y de intereses

particulares contrapuestos, aunque ocupa una posición clave a la hora del proceso de la

selección de riesgos, a través del cual se aprueban o rechazan proyectos económicos con

incidencia ambiental y sociológica (Luhmann, 1996).

Otra hipótesis plausible acerca de la posición ambigua de la administración en el caso

de estudio guarda relación con recientes estrategias del quehacer político, en el sentido

apuntado por De Marinis, para quien la política pasa a constituirse en una

“densa red, en cuyo marco se planifican, diseñan, ejecutan y evalúan políticas, planes y programas de gobierno. Como efecto (o como medio) de esta nueva situación, se verifica una nueva economía de los medios de gobierno que utiliza el Estado. Esquemáticamente, el Estado “racionaliza”, “economiza”, “optimiza” cada vez más sus energías, aprovechándose, sirviéndose de y apelando a la energía de los gobernados mismos, para gobernarlos mejor” (De Marinis, 2005: 19). Es decir, podemos concluir que en ningún momento se pone en cuestión la posición

preeminente de las administraciones en las arenas conflictivas. Como resultado de esta

posición relevante, la propuesta del estado va soportando un nuevo conformismo lógico, en el

sentido durkheimiano, al que se van agregando imágenes, representaciones y valores.

Haciéndonos eco de la terminología de Bourdieu, su doxa, socialmente constituida, se

presenta como constituyente del campo discursivo y de las propuestas estratégicas, y sus

principios de visión acaban convirtiéndose en fundamentales para establecer las divisiones, la

estructuración del campo de poder en que los diferentes agentes sociales se ven implicados

ante la posibilidad de inaugurar un nuevo proyecto económico. El distinto tratamiento de las

posiciones sobre el parque en los medios de comunicación es uno de los más claros reflejos de

esta jerarquización11.

EL FORO DE LA ENERGÍA EÓLICA

El debate público en torno al parque eólico se ha ido desarrollando fundamentalmente en los

medios de comunicación y a partir de la constitución de un ámbito específico, el Foro sobre


la Energía Eólica y el Desarrollo Sostenible en la provincia de Cádiz organizado por la

Diputación de Cádiz, desde Noviembre de 2004. Se trata de una experiencia de puesta en

común de las propuestas empresariales y de las posiciones de colectivos afectados y agentes

sociales, en la que han participado así mismo representantes institucionales y expertos. Esta

experiencia encaja en las nuevas formas de producción política –cuyo principal antecedente

para la zona en cuestión había sido la Agenda 21 La Janda Litoral-, caracterizadas por la

búsqueda de intersticios no formalizados en los que se desarrollan debates en arenas políticas

emergentes, se produce la toma de conciencia acerca de la conformación de éstas arenas, se

proponen iniciativas por parte de los actores sociales, se va haciendo llegar a los posibles

afectados las propuestas de la administración, etc., en el sentido de la conformación de redes

de poder auspiciadas desde el poder estatal que hemos mencionado con anterioridad. Podemos

entenderlo como un mecanismo reciente, cada vez más vigorizado, de búsqueda de

legitimidad por parte de la administración, que busca nuevos instrumentos de actuación Así,

en el foro se ha presentado el proyecto Windtour (2003) financiado conjuntamente por

empresas de España y Portugal del sector, que promueve la energía eólica marina mediante la

elaboración de una guía metodológica a aplicar en los estudios de impacto ambiental y social

de los proyectos de áreas turísticas. La novedad de este documento es que anticipa una suerte

de ingeniería de percepciones sociales, en tanto que tiene como objetivo conocer las visiones

y reacciones de agentes sociales, institucionales y económicos que puedan estar implicados en

proyectos de este tipo y dirigir el proceso de concertación social previo utilizando la

información obtenida, ajustando su oferta a la demanda social. Desde este enfoque, las

percepciones colectivas son una dimensión más del impacto de este tipo de proyectos, sobre

las que hay que actuar con experiencias como la que representa este foro –que han de tener

una finalidad fundamentalmente didáctica- mediante una sociología aplicada para la

persuasión de los que se muestren reacios12.

Estas experiencias encajan en los nuevos conceptos acerca de lo político, que recrean

la idea de la flexibilidad en la relación administración/agentes sociales y que tienen en el

consenso uno de sus baluartes discursivos básicos. Su plasmación teórico/práctica más

acabada ha sido la de gobernanza o gobernación (Kooiman, 1999), y podemos definirla como

la involucración de agentes sociales en relaciones de cooperación/conflicto con los

tradicionales agentes formalmente políticos y los agentes económicos conectados de una u

otra manera con éstos a la hora de activar procesos de decisión política. Se puede opner en


relación, por tanto, con nuevos procesos políticos de las democracias finiseculares, que han

conocido dinámicas de relocalización y flexibilización de las relaciones de poder, de la

reconfiguración de las relaciones entre el estado y otros agentes sociales, entre lo público y lo

privado –si es que tiene sentido político seguir manteniendo esta distinción categórica.

La gobernación emerge también, por tanto, como una nueva retórica del poder, un

nuevo camino de búsqueda la legitimidad por parte de la administración que puede encubrir

transformaciones poco significativas en la consecución de dinámicas de democratización más

intensas y formas de participación política más activa por parte de agentes económicos y

sociales diversos. Se trata de un proceso de enorme transcendencia porque está estructurando

una modificación cada vez más notable de las relaciones entre Mercado/Estado/Sociedad,

otorgando mayor preponderancia a aquél, no tanto en el sentido de una des-estatización de lo

social, sino de una re-mercantilización del estado y de los tejidos sociales, que busca nuevos

contextos de producción política13, como este foro, espacio donde se reinventan prácticas de

diálogo ficticio que pretenden generar fórmulas de consenso donde las posiciones y los

objetivos son estructuralmente tan dispares.

Nuestro propósito es comentar las argumentaciones de los agentes sociales más

involucrados, y que han participado o pretenden participar en el foro. En cualquier caso, hay

posicionamientos en el marco del foro que no recogeremos y existen posiciones de otros

agentes sociales al margen del mismo que iremos incorporando al hilo de los argumentos de

los diferentes actores de la arena política.

1. Los proyectos y argumentaciones de las empresas promotoras

Andalucía es uno de los potenciales productores de energía eólica que no ha desarrollado

todavía toda su capacidad virtual. Y este será uno de los principales argumentos de estas

entidades, que presentan a la energía eólica como un sector emergente14, en pleno proceso de

expansión en cuyo marco es preciso ocupar una posición de liderazgo en el marco europeo.

Hasta el momento, se han presentado cuatro proyectos diferentes para la instalación y puesta

en explotación de un parque eólico en el entorno de Trafalgar, cada uno de los cuales con

características técnicas y socioeconómicas peculiares, tanto en la organización empresarial de

los proyectos, como en la inclusión de otras actividades económicas suplementarias15. En

general, podemos decir que todas las propuestas se ubicaran al Oeste del Cabo de Trafalgar,

sobre bancos de arena (Banco de Trafalgar y Placer de Meca) y a una distancia de entre 5 y 18


Km. de la costa. Los criterios básicos para esta localización, a pesar de que los proyectos

argumenten criterios de impacto ambiental, son la existencia de fondos medios y una distancia

adecuada para minimizar el impacto visual, condiciones ambas que hacen posible la

instalación y la evacuación de la energía a tierra en condiciones de rentabilidad mínima. La

superficie a ocupar en el medio marino, sin incluir las infraestructuras de evacuación de tierra,

se extiende entre 17 y 50 km2 (Informe de la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico

de Cádiz, 2005).

Hay un denominador común en los proyectos, a saber, que justifican su iniciativa en

atención, en primer lugar, a las ventajas comparativas de la producción eólica de energía, pero

ser “limpia” y adaptarse al proceso de impulso de este tipo de energías en el marco europeo y

acuerdos internacionales que buscan atemperar dinámicas como el cambio climático

(Protocolo de Kyoto); en segundo lugar, por tratarse de un sector tecno-económico emergente

y en el que se puede ocupar una posición de liderazgo –encajando a la percepción con el

discurso dominante de la Segunda Modernización de Andalucía16-, de modo que la

aprobación de estos proyectos puede permitir la aparición de un nuevo sector de ingeniería en

el Sur de Andalucía. Además, se entiende que esta dinámica es especialmente adecuada para

un contexto caracterizado por un proceso de crisis económica y social. No en vano estamos en

uno de los territorios con más bajos niveles de renta en la economía oficial, dentro de una

región calificada de objetivo nº 1 por la Unión Europea. El desarrollo económico, el futuro –

concretado en la expresión siglo XXI, la modernidad- y la sostenibilidad conforman el

agregado de significados –“una imagen vanguardista y comprometida con el desarrollo

sostenible” (Proyecto de Capital Energy: 20)- dominante en los textos de los proyectos. Así

se constituye un orden simbólico que refleja en gran medida el definido en la práctica

totalidad de los documentos de planificación económica.

Las argumentaciones en relación a los impactos son desiguales en cada proyecto –uno

de ellos tiene el informe de impacto en fase de culminación-, pero en general se limitan a

descripciones de las características del entorno, sin calibrar en profundidad las interacciones

de los nuevos elementos con las relaciones ecosistémicas existentes, de modo que tienden a

ubicar en un segundo plano las consecuencias ambientales. Más bien, se confía en que

mediante la entrada en funcionamiento del parque, algunos de sus elementos estructurales,

como las cimentaciones con escolleras o los arrecifes artificiales que se proyectan, se

conviertan en precursores de nuevas dinámicas ambientales caracterizadas por la diversidad


biológica fomentada y la activación de vida. Las medidas correctoras y modificadoras, en el

mismo sentido, promoverán relaciones ecosistémicas más fructíferas, mostrando así la

concepción de la ingeniería como mecanismo de reivención de la naturaleza. En particular,

algunos de los proyectos planifican biotopos y arrecifes artificiales en torno a los cuales se

puede plantear la demarcación de áreas de pesca protegidas. Se trata por tanto de un

manifiesto ejemplo de percepción de la naturaleza como escenario en el que se despliegan las

capacidades creadoras del hombre y sus proyecciones; o como un objeto externo cuya

descripción analítica evita las consecuencias que las infraestructuras planteadas puedan

generar en el ecosistema local, incluyendo a colectivos como pescadores. En consecuencia,

estamos ante un planteamiento de relación con la naturaleza muy afín al modelo orientalista

tal y como lo definió Pálsson (1996) –por ser intrusivo, por estar basado en la separación entre

las esferas natural y social y por estar caracterizado por la confianza en la ingeniería y el

dominio técnico previsto a priori-, aunque presentado en el debate público con los

significados y argumentos del modelo paternalista, proteccionista. Una de las carencias más

importantes de todos los proyectos presentados al debate público es que no se recogen las

repercusiones del sistema de evacuación de la energía producida. Al respecto, es muy

llamativo que en uno de los proyectos, donde mejor se explican los impactos ambientales

previsibles, se exponga una gradación de impactos en la que los más altos corresponden al

medio biótico y paisajístico y los más tenues al medio social y a los usos sociales existentes, y

a pesar de ello la sostenibilidad ambiental sea la clave argumental en la presentación del

proyecto.

Cuadro 1. Características técnicas y proyecciones energéticas y económicas de los proyectos

Características técnicas

Estructura empresarial

Ubicación Proyectos económicos asociados y resultados

esperados “Mar de Trafalgar”

273 aerogeneradores, de 140 m. de altura 983 MW de potencia total 3.000 millones KW/h de producción anual Inversión: 1650 M€

EHN (Hidroeléctrica Navarra) Cupimar (acuicultura) Sogemar (Acuicultura)

10-18 Km de la costa

Jaulas de engorde Infraestructura industrial para la construcción y explotación Arrecifes artificiales para la regeneración del ecosistema Valor añadido:1000 M€ Empleos17: 5674 energía 12917 acuicult.

Complejo Industrial de Energías Marinas OWP

250 MW de potencia total 1.000 millones KW/h de producción

Grupo Umweltkontor, que ha adquirido los

11-17 Km de la costa, entre el Banco de

Obtención de energía a partir de las olas Producción de hidrógeno a partir de la eólica


“Cabo de Trafalgar I-V”

anual Se proyectan cinco parques diferentes, con aerogeneradores por determinar en función de las condiciones de viento de la zona. Entre 80 y 100 m. de altura Inversión: 500 M€

derechos de explotación a cinco empresas de instalación: OWP Cabo de Trafalgar. Negociaciones para participar a empresas del sector eléctrico del estado

Trafalgar y el Banco del Hoyo

Centro para la Interpretación de la Batalla de Gibraltar Laboratorio natural de Biotopo marino, a partir de los datos del estudio de impacto ambiental Oficina de Promoción para la obtención de la Promoción de un Parque Tecnológico de Energías Renovables Denominación de Caladero Tradicional para las capturas en el banco de Trafalgar Empleos: 5825

Parque Marino “Hermes”

334 aerogeneradores, de 90 m. de altura 1503 MW de potencia 5.636,25 GW de producción anual Inversión: 1954 M€ (sólo la infraestructura eólica)

AGE Generación Eólica S.A. (Grupo Rusvel y Eólica Navarra S.L.) Explota parque eólico en Tarifa

5,5 Km. de la costa

Arrecifes artificiales en cimentaciones, para uso de cultivos marinos Creación de planta de producción de hidrógeno Plantas desaladoras de agua para el abastecimiento comarcal 1350 puestos de trabajo en relación a los cultivos marinos previstos

Parques Eólicos Marinos Cádiz

120 aerogeneradores, en 11 parques 540 MW de Potencia 1.727 millones KW/h de producción anual Inversión: 900 M€

Capital Energy 4,5 Km de la costa

Visitas para la observación del medio marino y las aves Colocación de arrecifes artificiales Submarinismo Mejora de las infraestructuras portuarias Laboratorio para Estudio de ramas técnicas implicadas Empleo: 1100 (directos)

Fuente: Elaboración propia, a partir de documentación de cada proyecto

Respecto al desarrollo económico local, todas las propuestas son conscientes de las

dinámicas de crisis que atraviesa la comarca, de modo que incluyen en las propuestas otras

actividades económicas que suplementen la generación de actividad económica: bien

mediante centros de interpretación de patrimonio cultural o natural, bien mediante el

desarrollo de experiencias de acuicultura en las bases de los aerogeneradores, de zonas de

pesca acotadas, o de impulso de nuevas fuentes de energía y de servicios comarcales.

Además, se incide en la creación de nuevos puestos de trabajo como resultado de las fases de

construcción del parque, confiando en la generación de pequeños clusters empresariales para

el proveimiento y mantenimiento del parque. En un ejercicio característico de las sociedades

tecnocráticas, las empresas hacen proyecciones de unidades de oferta de trabajo, que no se

pueden leer simplemente como puestos de trabajo, y en las que no se tienen en cuenta las


características de éstos (capacitación técnica, durabilidad de los mismos, adecuación a la

demanda de la zona e incidencia real sobre el mercado de trabajo de los contextos locales…).

2. Las propuestas de organizaciones ecologistas

No ha habido univocidad en el ámbito de asociaciones ecologistas, pues en diferentes ámbitos

y contextos ha habido pronunciamientos de diverso signo. En el foro ha participado hasta el

momento Ecologistas en Acción –a través del documento Propuesta de desarrollo de la

energía eólica en España. Horizonte 2010-2012, realizado en Febrero de 2005- con una

recomendación favorable al parque. Si bien en un principio este movimiento mantenía una

postura renuente respecto al proyecto, la propuesta presentada apoya el desarrollo producción

de energía eléctrica a través de medios alternativos, en el marco de una estrategia corporativa

de alcance global, que es compartida por otras organizaciones como Greenpeace o Los Verdes

(éste, partido político). En todos estos casos, se argumenta la necesidad de reducir la emisión

de CO2 con el objetivo último de evitar las dinámicas que sustentan el calentamiento del

planeta y el cambio climático18. Es decir, que la perspectiva de estas organizaciones es

marcadamente global. Es preciso señalar que la organización entiende que la solución a los

problemas energéticos contemporáneos pasa por una racionalización19 del consumo, que

puede contratarse, para el caso español, en la reducción de un 35% de los niveles de consumo

del último período. La energía eólica es uno de estos medios, siempre y cuando la puesta en

marcha de parques eólicos no tenga consecuencias ambientales (Resumen de la propuesta de

desarrollo de la energía eólica en España. Horizonte 2010-2012:. 1). Así, la producción de

energía eólica en España, según esta organización, ha de combinar productividad energética y

disminución máxima de impacto ambiental, de modo que podríamos hablar de maximización

energética y ambiental a un tiempo.

Como resultado de la combinación de ambos criterios, la organización propone

diferentes líneas estratégicas, que podemos resumir en la instalación de nuevos parques con

declaraciones de impacto ambiental positivas y en la optimización y repotenciación de

instalaciones existentes. Respecto a las instalaciones ex novo se explicita que en los nuevos

parques no han de instalarse en zonas de interés natural y que las zonas de valor ambiental

deben estar excluidas de los planes de ordenación eólica, lo que podría aplicarse al caso de

estudio: bien por la singular configuración paisajística, bien por la incidencia que pueda tener


el parque en las rutas migratorias marítimas y aéreas (respectivamente, de túnidos, cetáceos y

tortugas y de aves)

El documento se hace referencia al riesgo de que la construcción de parques atraiga a

empresas extrañas al sector energético con objetivos especulativos, que utilizaran la

construcción como inversión a recuperar mediante una venta rápida del parque. Este último

aspecto es importante, en tanto que nos contextualiza la construcción del parque eólico en los

mecanismos de conformación del mercado de la producción energética, y en particular la

eólica. La aplicación de subvenciones estatales, entre otros factores, puede hacer atractiva las

inversiones para empresas, cuyos objetivos están más vinculados, más que a una

racionalización energética, desde una perspectiva pública, a una maximización económica,

desde la perspectiva crematística de la entidad empresarial.

Sin embargo, hemos podido acceder a otras posiciones bien diferentes desde

organizaciones ecologistas que trabajan en el marco comarcal/regional, como Agaden

(Asociación Gaditana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza), quienes redactaron un

informe (2000) en el proceso de sugerencias a los proyectos que pone de manifiesto los

efectos ambientales negativos del proyecto denominado Mar de Trafalgar –documento que

será utilizado por la plataforma de asociaciones que se ha aglutinado para organizar la

oposición-. Las argumentaciones de la asociación se basan en las consecuencias negativas de

las labores de dragado y cimentación de los aerogeneradores para especies endémicas situadas

en la zona (coral naranja), o de interés especial (caracola del mediterráneo, puerco espín

marino y lapa feruginea) protegidas todas legalmente desde 1999. Igualmente, se llama la

atención sobre los efectos de la instalación sobre la colonia de pastos marinos de la zona

(Cymodocea nodosa y Zostera Marina), y las consecuencias de la desaparición parcial de

estas praderas para condiciones del microentorno como la claridad de las aguas, que a su vez

afectará a las migraciones de atún rojo; la aportación de nutrientes para las especies marinas

de la zona, o la posibilidad de resguardo para las mismas, ya desde época juvenil.

Particularmente, los aerogeneradores y los campos electromagnéticos del sistema de

evacuación pueden afectar al paso del atún en sus migraciones sexuales anuales.

Por otro lado, las argumentaciones insisten en el impacto paisajístico de la instalación,

y la incompatibilidad del mismo con las figuras legales que ya están establecidas para este

entorno, tanto en el caso del Tómbolo de Trafalgar (Monumento Natural, con un Plan de

Ordenación y Gestión Propio) como las disposiciones incluidas en la Ley de Costas de 1988.


En ambos casos se prestablece la necesidad de preservar la configuración paisajística,

teniendo en cuenta de que en la ley de Costas se protegen los usos y actividades ya

establecidas en el Dominio Público Marítimo Terrestre (en este caso, uso pesquero y

recreacional turístico en las playas), ya que sólo se permite la ocupación del mismo si no es

posible la instalación que se solicita en otro lugar.

Igualmente, la instalación afectará a la compleja dinámica litoral de los fondos

marinos de la zona, caracterizada por la existencia de bancos de arena móviles, en relación

con la formación del tómbolo de Trafalgar20 y por la formación de playas como resultado del

impacto del oleaje en zonas de diferente profundidad y resistencia. Como resultado de estas

alteraciones sobre las pesquerías que se realizan en la zona, se prevén incidencias negativas,

como ya ocurriera en la dinámica de la pesquería de voraz en el estrecho de Gibraltar a raíz de

la instalación del cable submarino entre África y Europa, desde 1996, puesto que tanto las

obras como la explotación del parque alterará los biotopos y los campos electromagnéticos, lo

que terminará afectando al comportamiento migratorio, territorial y alimenticio de las

especies sobre las que se sustentan, tanto las pesquerías artesanales en pequeños botes como

la almadraba. En definitiva, las argumentaciones de este colectivo son marcadamente locales,

lo que contrasta con las tesis de otros colectivos ecologistas que subsumen los posibles

impactos locales en el objetivo global de incrementar la producción de energía eólica en

Europa, según hemos visto.

3. La posición de los pescadores en el marco de la Plataforma Eólicas aquí ¡NO!

Se puede considerar que los pescadores de los puertos de Barbate y Conil son el más definido

grupo de usuarios potencialmente afectado en la zona en la que se pretende implantar el

parque offshore. Es a partir de su iniciativa cuando se pone en marcha la Plataforma para la

defensa de la actividad pesquera tradicional, Eólicas aquí ¡no!, cuya denominación ya

muestra esta posición preponderante21. Sin embargo, la homogeneidad del colectivo es más

bien aparente. En los puertos directamente afectados hay diversos tipos de flota, dentro de y

entre algunos de cuyos segmentos las unidades productivas son concurrentes entre sí.

Concretamente, las repercusiones negativas de la construcción del parque se han planteado en

los diferentes segmentos de flota: la denominada artesanal de pequeñas dimensiones, la flota

de cerco y la almadraba. El parque podría influir negativamente sobre estos segmentos de

flota en diversos aspectos, que afectan singularmente a cada modalidad de flota: por un lado,


la ubicación de los aerogeneradores obligaría al desplazamiento de las rutas habituales de las

flotas de botes y de barcos de cerco (traíñas): se trata de efectos directamente

socioeconómicos, que incorporan criterios de seguridad en la navegación, pues, sobre todo en

días de mala mar, obligaría a las embarcaciones a rodear por fuera los aerogeneradores,

debido a que los bajos fondos rocosos en la zona más próxima a la costa no se pueden utilizar

con condiciones meteorológicas adversas. Por otra parte, los barcos pequeños ser verían

abocados a acercarse al Estrecho, caracterizado por un intenso tráfico de buques de grandes

dimensiones. Además, estas alteraciones de rutas tendrían efectos económicos directos –e

incluso administrativos-, por la ampliación de las rutas y el alejamiento de los derroteros de la

costa22.

Por otro lado, están efectos más estrictamente ambientales, pero que tendrían

repercusiones socioeconómicas, que son los mismos que hemos comentado al ilustrar la

posición de la asociación AGADEN y que han sido confirmado por algunos informes de

expertos23. Es decir, que el parque tendría como resultado la alteración de los ecosistemas

localizados estrictamente en la zona del parque –se alteraría la cadena trófica que sostiene a

producciones específicas de alto valor comercial24, precisamente aquélla de la que depende la

economía de los botes-. Sobre esta cuestión, la plataforma reivindica la necesidad de realizar

estudios de impacto ambiental independientes, es decir, desde agencias no contratadas por las

empresas promotoras de proyectos25.

En lo que hace a la almadraba, se señalan las consecuencias que los aerogeneradores

tendrían en las rutas migratorias del atún rojo y en sus predadores. De hecho, las empresas

almadraberas afectadas forman parte de la plataforma. Por último, ninguno de los colectivos

de pescadores ha tomado en consideración el proyecto de acuicultura que acompañaba a uno

de las iniciativas, estimando la imposibilidad de alimentar en cautividad a las especies de

engorde, dadas las corrientes dominantes en la zona26.

La propuesta de las cofradías es interesante por varios motivos para los propósitos de

este trabajo: en primer lugar porque se incorpora a la reflexión de las relaciones entre acción

antrópica y recursos naturales, pero siempre a través de una óptica social: importan, no los

impactos ecológicos des-humanizados, sino los impactos ecosistémicos, teniendo en cuenta

que los colectivos humanos (los pescadores y sus familias en este caso) forman parte de los

ecosistemas, y aún se consideran el factor principal; en segundo lugar, porque aporta

elementos de análisis para el debate estrictamente ecológico que no suelen ser tenidos en


cuenta, que son percibidos como secundarios. Su perspectiva es muy localizada y tiene en

cuenta las complejas relaciones ecosistémicas locales.

Por último, la activación del debate público acerca de la construcción del parque

eólico ha permitido la aparición de una agencia política, la plataforma, en la que se encuadran

sectores pesqueros que no se han caracterizado históricamente por relaciones de colaboración,

ni por estrategias políticas coordinadas, salvo en episodios de crisis puntuales, como el cierre

de los caladeros de Marruecos, o en la plataforma desarrollada en los años noventa para

solicitar el cierre de la zona militar de El Retín. La paradoja es doble: la representatividad

política de los diferentes segmentos de flota queda capitalizada en la constitución de la

plataforma por las respectivas cofradías, a pesar de que no suelan llevar a cabo líneas de

actuación convergentes27; por otro lado, desarrollan argumentos ambientalistas basadas en la

percepción de riesgo que son poco habituales en sus pronunciamientos públicos.

La plataforma ha reunido los pareceres y percepciones de otros colectivos que

desarrollan actividades en la zona, como el club de surfistas de la playa de El Palmar (Vejer

de la Frontera) (Palmar Surf Club). La posición de este colectivo se une a la de otras

organizacoines que inciden especialmente en el impacto visual negativo, y en la alteración de

un paisaje que consideran un patrimonio natural que no debe ser alterado. Queremos destacar

el uso de argumentaciones de tipo experiencial y práctico, a partir de visualizaciones in sitv,

que realiza la plataforma para justificar el impacto visual del proyecto, que son muy diferentes

de las argumentaciones expresadas en los informes de los proyectos, basados en las distancias

de los aerogeneradores respecto de la costa, pensadas en un espacio bidimensional, sobre un

plano, y sin referencia alguna a los elementos de la zona28.

¿SOSTENIBILIDAD O SOSTENIBILIDADES?

Expuestas las diversas posiciones, podemos dibujar un cuadro en el que queden recogidas las

diversas percepciones, contenidos y significados de la sostenibilidad, en función de qué

elementos del ecosistema local sean tenidos en cuenta por los agentes sociales, del papel

otorgado a las diversas formas de conocimiento o de la intención de vincular el proceso

conflictivo con perspectivas más o menos locales o globales.

Cuadro 2. Percepciones de sostenibilidad en el caso de estudio

(1) (2) (3) (4) (5) Empresas Se pretende Directos y Se combinan Asociación de Científico,


vincular objetivos empresariales particulares con problemas globales de producción energética, descontextualizados

explícitos, aunque no se utilizan en las argumentos29

argumentos de sostenibilidad ambiental y desarrollo económico. Optimización energética

Productores de Energía Eólica

mediante relación mercantil

Org. Ecologistas (Salvo Agaden)

Global, en relación exclusivamente con la racionalización energética, descontextualizada

No existen de forma explícita

Optimización energética. No se tienen en cuenta las consecuencias sociales localizadas, sino las globales (racionalización energética)

El propio Científico, aunque no contrastado mediante estudios en profundidad ad hoc localizados

Org. pesqueras

Local, en atención a las relaciones pescadores/recurso del entorno local o de la dinámica de migraciones de túnidos en la localización del parque

Existen y se utilizan en el debate público: reproductibilidad de actividades pesqueras tradicionales, basadas en relaciones ecosistémicas complejas

Se analizan los elementos naturales (factores bióticos y abióticos) en relación con la explotación pesquera, cuya sostenibilidad es el objetivo explícito

El propio y el que se crea para concurrir en la arena pública (Plataforma)

Saberes legos en el marco de actividades prácticas localizadas, aunque buscan asesoramiento científico sin relaciones mercantiles

Otros usuarios (*)

Local, en relación a los usos recreacionales y actividades turísticas ya implantadas

No existen, salvo en el caso de pequeñas empresas turísticas ya implantadas.

Elementos físicos, especialmente el paisaje, aunque pretenden la reproductibilidad de los usos sociales habituales en la zona

Se activa el asociacionismo existente para defender el no

Percepciones legas, sin fundamento científico, pero sobre experiencias in sitv.

(1) Perspectiva en las argumentaciones (2) Intereses sociales o empresariales/económicos incursos (3) Preeminencia de elementos antrópicos o no antrópicos en sus argumentaciones, presencia de una percepción dicotómica entre Naturaleza/Cultura (4) Apoyo en tejido asociativo y organizaciones (5) Conocimiento de soporte de las propuestas (*) Nos referimos a asociaciones del lugar, vecinos organizados en torno al no, clubes deportivos… Fuente: Elaboración propia

A partir de este cuadro podemos colegir que el conjunto de recursos y la totalidad del

territorio afectado por el proyecto eólico son percibidos desde diferentes perspectivas, de

modo que la sostenibilidad, referente argumental de primera magnitud en el debate público, se

presenta con contenidos bien diferentes: en relación con la reducción de emisión de gases de


efecto invernadero y activación de energías limpias, en unas ocasiones; en relación con el

mantenimiento de actividades pesqueras de largo recorrido histórico –argumento que se hace

explícito en el caso de las almadrabas (OPP-51, 2005), en otras; o en relación con usos

recreacionales y turísticos y que propugnan la inalterabilidad de las condiciones ambientales y

paisajísticas, por otra parte, como corresponde a un entorno en el que existen diversas figuras

de protección. No debe perderse de vista que cada una de estas nociones de sostenibilidad

tiene prenociones diversas sobre el factor antrópico y su huella en el entorno y sobre la

prelación de argumentos sociológicos y culturales, económicos o ambientales.

Por tanto, las relaciones entre los elementos físicos, y entre éstos y las actividades y

objetivos antrópicos son resultado de la posición sociohistórica de cada colectivo, antes que

como un sistema de vínculos autoevidentes. Para el análisis sociológico, por tanto, no importa

tanto el conjunto de elementos que forman parte de un determinado territorio –incluyendo los

antrópicos y los no antrópicos, las actividades sociales y la caracterización de los elementos

físicos de ese entorno-, sino el modo en que éstos elementos son puestos en relación, a través

de procesos productivos, de percepciones, de objetivos e intereses. Es lo que Hornborg (1996)

y Ellen (1996) pretendieron definir como paradigma contextualista para explicar los sistemas

ecológicos, y lo que Descola teorizó, en la misma obra, haciendo hincapié en las relaciones

entre elementos y no tanto en los elementos en sí mismos de un entorno30. Así, mientras que

para las empresas –también para la mayor parte de las organizaciones ecologistas- la

sostenibilidad se entronca con objetivos de producción de energía por medios “alternativos”

para evitar el calentamiento global, y no tiene en cuenta las relaciones socioambientales que

se producen en el territorio de ubicación de sus proyectos, ni las figuras de protección

territorial que existen sobre el terreno; para los pescadores el concepto se une estrechamente a

la posibilidad de reproducción histórica de las pesquerías, que históricamente ya han

demostrado su sustentabilidad, y para ello insisten en los complejos y delicados mecanismos

relacionales entre fondos, especies vegetales y animales, dinámica litoral y pescadores. Por su

parte, otros usuarios inciden en las relaciones entre usos sociales y paisaje, y conciben la

sustentabilidad en atención a la inalterabilidad paisajística, que implica inalterabilidad de esos

mismos usos sociales, reclamando la activación de figuras de protección existentes en el

entorno. Como puede suponerse, lo mismo cabe decir de las percepciones sobre los riesgos,

que son seleccionados por unos y otros agentes en función de sus racionalidades práctico-

simbólicas (Luhmann, 1996).


Por tanto, más que hablar de una naturaleza, hemos de entender el carácter multívoco

de ésta, pluralidad que queda reflejada en diversas ideas y propósitos prácticos (usos, procesos

productivos, etc.) por parte de los diversos actores sociales; es decir, en las diversas

racionalidades prácticas que pueden competir en torno al uso de un territorio y sus recursos,

de modo que se antoja difícil llegar a un concepto externo a estas posiciones y racionalidades

que refleje de una vez por todas el complejo sistema de relaciones entre humanos y no

humanos. Como reconocía Rappaport,

“El ecosistema no es simplemente un marco teórico dentro del cual es posible analizar el mundo. Es él mismo un elemento de ese mundo (…) Se trata de un concepto no meramente descriptivo, sino que es preformativo también” (1990: 68-69)

REFLEXIONES FINALES

Contemplado el debate público en su globalidad, se aprecian dos enfoques difícilmente

reconciliables: los que trabajan sobre argumentos cuantitivistas en relación con la producción

energética –a escala global y desde una perspectiva externa- y los que trabajan sobre

argumentos cualitativos a partir de las experiencias sobre el terreno –a escala local y con una

perspectiva situada al interior-. Entre los primeros, se vincula argumentalmente el escaso

desarrollo de la producción eólica en Andalucía con la idoneidad de la aprobación de este –

cualquiera de los presentados- proyecto. Igualmente, se implica que quien se opone a este

proyecto, se opone a las energías renovables, no tiene visión de la oportunidad empresarial o

no está preocupado por el desarrollo territorial de una zona en proceso de terciarización. Son

este tipo de oposiciones solidarias entre sí las que hacen imposible cualquier posibilidad de

diálogo social del que emerjan soluciones en las que todos los afectados han tomado posición

y han tenido algo que decir/decidir sobre los usos sociales de áreas, sobre la necesidad de

aplicar medidas de protección o sobre la sostenibilidad de las relaciones ecológicas y

antrópicas que se proyecten sobre ese espacio.

La importancia concedida a la posición del estado, aceptada por su capacidad para

imponer una doxa dominante, queda de manifiesto cuando los agentes sociales implicados no

debaten entre sí, sino que dirigen toda su capacidad relacional y discursiva hacia los

representantes de la administración. Al respecto, es difícil encontrar contra-argumentaciones

de unos hacia otros y sabemos de la presentación en privado de algunos de los proyectos a las

más altas esferas del poder político andaluz. En realidad, el marco estatal ofrece dispositivos

de actuación diversos, tanto para la actuación favorable a las instalaciones proyectadas, como


para el bloqueo de las mismas; respectivamente: objetivos de política energética y objetivos

de proteccionismo ambiental y paisajístico31 –así como de actividades económicas ya

instaladas-, tal y como corresponde a la gestión del dominio público marítimo terrestre y a las

disposiciones recogidas en el los planes de uso y gestión de las figuras de protección

existentes (Parque Natural y Monumento Natural).

De ahí que experiencias como el foro no abunden en un proceso de participación

política localizada y se puedan entender más bien como experimentos de control político de

las percepciones o/y de adoctrinamiento sobre los no convencidos. Las propuestas favorables

a la instalación tienen el aval de conocimiento experto, que se basa en la lógica de la

exclusividad cognoscitiva (Fish, 1989). Y ello a pesar de las carencias, omisiones e

incongruencias de los análisis de especialistas que han trabajado para las empresas, de que

estos informes no suelen estar sustentados por un conocimiento in sitv en profundidad y de

que son resultado de una relación mercantil entre el experto y la empresa. Precisamente, uno

de los problemas de este proceso de asesoramiento está propiciado por la propia dinámica que

la administración exige a las empresas que proponen proyectos: son ellas las que han de

mostrar la idoneidad del mismo, con informes favorables en cuanto a repercusiones

económicas y ambientales y que pongan de manifiesto la adecuación del proyecto al marco

político-estratégico y jurídico vigente.

Una de las paradojas que podemos resaltar del proceso es que los proyectos tienen una

incidencia ecológica y paisajística local difícilmente cuestionable; sin embargo, los proyectos

empresariales y los agentes socio-políticos que apoyan el parque se autoperciben como

actores garantes de la sostenibilidad ambiental (perciben la naturaleza y sus recursos como

esfera separable y dominable): o los impactos no son tenidos en cuenta –no se considera

justificada la percepción de riesgo sobre los mismos-; o se proponen medidas correctoras y

compensatorias, en las que el pago monetario a colectivos afectados y la incorporación de

proyectos más intrusivos con las condiciones ecológicas locales–como la acuicultura o la

oferta de servicios turísticos en una zona litoral frágil- son dados por buenos.

Otra de las paradojas llamativas de este proceso es que sean precisamente los

colectivos de pescadores quienes más énfasis hacen en las consecuencias estrictamente

ecológicas del parque. La visión de los pescadores, por su parte, concibiéndose a sí mismos

como elementos del ecosistema local, dependientes de complejas interrelaciones en el biotopo

amenazado, rompe las dicotomías convencionales entre sociedad y cultura. Así mismo, hemos


apreciado cómo la asociación ecologista que más en consideración ha tenido los efectos de la

instalación y su futura explotación tiene sobre elementos bióticos y abióticos del entorno

apoya a la plataforma aglutinada en torno a los pescadores.

En definitiva, el carácter conflictivo de las argumentaciones se aprecia mejor cuando

advertimos que en los diferentes informes se trabaja sobre la estrategia de la selección de

riesgos. Así, por parte de los que se oponen al parque se extraen aspectos dentro de un amplio

marco de posibilidades: o las relaciones conflictivas por el impacto paisajístico en un entorno

donde existen figuras de protección; o bien los potenciales efectos de la construcción y

explotación del parque, incluyendo todo el sistema de evacuación, sobre el comportamiento

de los recursos ictícolas locales –alteración del lecho marino, ruidos, vibraciones y alteración

de campos magnéticos-, sobre las migraciones de pelágicos de gran tamaño –ruidos,

vibraciones, alteración de campos magnéticos, condiciones del agua, comportamiento de

predadores, más obstáculos físicos-, así como la incidencia de los tendidos y de los molinos

en las aves; o bien, como resultado de algunos de estas consecuencias, la incidencia del

proyecto en la economía y seguridad de la flota costera de la zona.

Por parte de las empresas, el planteamiento dominante consiste en subsumir todas

estas dinámicas de riesgo en un objetivo estratégico de gran alcance, que es el de la

creación/consolidación de nuevos sectores energéticos emergentes, bajo la presión de las

consecuencias amenazantes que la actividad antrópica y el uso energético han generado en las

relaciones entre sociedad y entorno. Es éste el planteamiento de las asociaciones ecologistas

preponderantes, así como el de la administración, en cuyos razonamientos la confrontación

decisiva se produce entre interés público y posiciones de interés sectoriales, que engloba a

diversos tipos de usuarios, cada uno de los cuales manteniendo su propio sistema cognitivo

sobre ese entorno. Otro de los problemas de estos procesos conflictivos en los que se usa el

conocimiento especializado es que no se tienen en cuenta el conocimiento local, aquel

generado en prácticas sociales, siempre aplicado, desarrollado y transmitido in sitv. “No

tenemos gente de la Universidad que diga cómo puede afectar los ruidos a los pescaos, pero

cualquiera que pesca sabe que siempre afecta”, reclamaba uno de los representantes de la

plataforma que aglutina las posiciones negativas. Y los pescadores, nueva paradoja, reclaman

el soporte del conocimiento experto para fundamentar su posición. Han argüido que sus

posiciones están avaladas por miembros de la facultad de Ciencias del Mar de la Universidad

de Cádiz, del Instituto Español de Oceanografía y por el CICEM (Centro de Investigación y


Explotación Marítima) de El Toruño; sin embargo, este apoyo no ha emergido de forma clara

en el debate público, o bien no está siendo tomado en cuenta en la arena política que se viene

desarrollando.

En definitiva, las arenas públicas que emergen como resultado de la activación

económica de viejos recursos, sobre antiguos espacios y con nuevos medios son campos

concurrentes donde se contraponen intereses de diverso tipo, amén de sensibilidades y

percepciones del territorio, de la sostenibilidad y de los recursos igualmente disímiles. En este

contexto, la labor de arbitraje de la administración no es concebible como la del devs ex

machina de las tragedias griegas, sino que se trata de un agente de primera importancia

situado en el territorio, con sus intereses estratégicos, sus prácticas de planificación, sus

proyectos económicos y su orden simbólico preponderante. De hecho, se puede convenir que

el grado de aceptación y difusión de argumentos de los diferentes actores guarda relación con

el grado de adecuación de éstos respecto a las líneas estratégicas y discursivas dominantes que

emanan de la administración, de modo que presentar como aval en un proyecto el

acomodamiento de un proyecto al marco jurídico y estratégico estatal se convierte en un

ejercicio de tautología, de reflexión de la doxa dominante en un campo específico y en un

contexto social concreto sobre sí misma. Vale recordar que la Junta de Andalucía ha lanzado

recientemente una campaña publicitaria en televisión sobre la Comunidad en la que aparecen

aerogeneradores, de modo que éstos han pasado a convertirse en un icono representativo de la

planificación económica y de los objetivos de ingeniería mediática del gobierno autonómico.

Por su parte, el conocimiento científico aportado en los proyectos empresariales

descansa sobre la creencia en que las relaciones ecosistémicas pueden ser previstas mediante

modelos analíticos –es decir, no se trata sólo de que naturaleza y sociedad se piensan de forma

dicotómica, sino de que el conocimiento científico domina las relaciones de la naturaleza

(Pálsson, 1996)-, y sobre la comparabilidad de sistemas independientemente de los contextos

–se utilizan las experiencias del Norte de Europa para calibrar lo que puede ocurrir en el Sur,

por ejemplo-. Lo cierto es que los informes no están basados en análisis precisos y de larga

duración in sitv, de modo que se genera un tipo de representación cognoscitiva basada en

dinámicas no cualititativas y en extrapolaciones que no son reconocidas a su vez por los

usuarios32. De hecho, algunos de los informes consultados se comprometen a medir algunos

efectos como vibraciones y ruidos y la alteración del lecho rocoso sobre las relaciones


ecológicas durante la construcción y una vez que se ponga en funcionamiento el parque, lo

que implica que éstas no pueden ser medidas ex ante.

Este desconocimiento mutuo entre conocimiento experto y vernáculo es uno de los

principales obstáculos para la posibilidad de diálogo entre diversos colectivos cuando se trata

de resolver conflictos cognitivos y económicos en un entorno entre diversos tipos de usuarios.

Así, la confianza depositada en los informes técnicos es un rasgo característico de la

mentalidad tecnocrática dominante en el quehacer político contemporáneo, olvidando el

conocimiento vernáculo pero también los contenidos axiológicos y los objetivos de estos

sistemas de apropiación material y simbólica. De este modo, los conflictos suelen percibirse

como tensiones refractarias entre iniciativas y perspectivas exógenas/endógenas, cada una de

las cuales cuentan con soportes políticos y económicos diferentes. Así queda explícitamente

puesto de manifiesto en una de los informes de los proyectos presentados:

“la variable calidad de vida, aunque con leves afecciones, va a ser compensada por los beneficios que reporta la obtención de energía eléctrica a través de fuentes renovables” (Umwetlkontor, 2005: 36) [énfasis añadido].

Pero desde la plataforma que se opone se argumenta en sentido contrario: las

aportaciones de la provincia de Cádiz –a raíz de nuevos proyectos en tierra en el municipio de

Conil y de Barbate, amén de las instalaciones existentes en Vejer de la Frontera y en Tarifa-

son las más importantes del total andaluz y están muy por encima de las necesidades de

consumo comarcales33, de modo que sería más conveniente repartir los costes ambientales y

los riesgos socioeconómicos de la explotación de parques eólicos, marinos o no, en otros

territorios de la Comunidad Autónoma. En definitiva, estamos ante un caso en que las

propuestas de nuevos usos energéticos se perciben como estrategias extrañas, en las que los

argumentos ambientales hacen las veces de recursos retóricos que buscan seducir a los

organismos estatales competentes.

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METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR THE ENVIRONMENTAL AND SOCIO ECONOMIC IMPACT ASSESSMENT OF OFFSHORE WINDFARMS IN TOURISTIC AREAS, WINDTOUR (2003) En http://www.foroeolica.dipucadiz.org 1 Desde la construcción/ampliación del puerto pesquero en Conil de la Frontera, a la oposición al traslado de un polvorín al campo de tiro de El Retín en el término de Barbate, o la petición del desdoble de la carretera Nacional-340, o bien, y sobre todo, las diversas manifestaciones en torno a la paralización del acuerdo pesquero con Marruecos, por no mencionar otras manifestaciones públicas que han tenido relación directa con el sector pesquero, desde los años noventa a esta parte. 2 Además, más al Sur ha sido declarado un nuevo espacio protegido en los términos de Tarifa y Algeciras, tratado en este mismo volumen por Mª Ángeles Corbacho. 3 El núcleo urbano de Vejer es interior y atrae un turismo de viaje a lo largo de todo el año, poco intenso en ocupación y recurrencia aunque bastante concetrado en el estío. Sin embargo, parte de su término municipal es costero y las zonas que se han dedicado a cultivo y ganadería tradicionalmente están en proceso de recalificación para su urbanización. Desde hace años ya atrae a turismo de verano, aunque también hay otras especialidades turísticas como los que acuden a la costa para el surfing, que tienen sus propias concepciones de la zona, sus valores paisajísticos y sus ideas acerca de los usos más adecuados para la misma. 4 Las playas que se extienden desde Conil hasta Barbate –especialmente la de la zona de Trafalgar y Caños de Meca, a los pies del Parque Natural de la Breña-, y desde el este de Barbate hasta Tarifa están socialmente connotadas por la afluencia de diversos tipos de visitantes, entre los que destacan los que son percibidos y se autoperciben como hippies. Pasan las temporadas de calor acampados en la playa o sus proximidades, venden artesanías diversas, y han conseguido mantenerse en la zona hasta la llegada del Otoño. Una de las actividades que fueron auspiciadas por estos grupos, a los que fueron añadiéndose otros, es subirse a dunas próximas a la playa, desde donde observar la puesta de sol tras el faro de Trafalgar, precisamente en la zona donde está prevista la instalación del parque eólico marino. 5 Aplicamos de forma libérrima este concepto –preemptive power- ideado por su autor para sistemas de poder local. Queremos subrayar la capacidad del estado para recabar y crear recursos legislativos, de intervención política y simbólicos a la hora de proponer proyectos económicos-políticos-simbólicos como el que nos ocupa. 6 Sin ánimo de exhaustividad: Libro Blanco de las Energías Renovables, VI Programa de Medio Ambiente y Programa ALTENER de la Comisión Europea// Plan Nacional de Asignación de Emisiones GEI; Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Ministerio de Ciencia y Tecnología); Programa Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Renovables, PROSOL(1996-1998 y 2000-2006); Plan Energético de Andalucía (2003-2006); Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible; Estrategia Andaluza contra el Cambio Climático; Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía (SODEAN) (Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico) 7 Así, una de las propuestas inversoras fue presentada directamente al Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, posibilidad que no ha sido verificada en los otros casos, y mucho menos en el caso de los colectivos que se han posicionado en contra. 8 Nos referimos a la participación de este cargo en el Foro de la Energía Eólica Marina y el Desarrollo Sostenible de la Diputación de Cádiz del secretario general de Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente (Diario de Cádiz, 4 de Abril de 2005). 9 Partido Popular en Barbate, PSOE en Vejer de la Frontera e IU en Conil de la Frontera. Este dominio se ha mantenido, al menos, desde las dos últimas elecciones locales, aunque la estabilidad relativa de las posiciones de cada alcaldía es bien distinta. En la alcaldía de Barbate el PP gobierna en minoría. Las motivaciones son esencialmente socio-políticas: garantizarse el respaldo de las sociedades locales. Los argumentos suelen ser más bien económicos: la instalación alteraría la configuración paisajística, lo que afectaría negativamente al turismo; por otra parte, en los dos municipios con actividad

http://www.foroeolica.dipucadiz.org/html/PROYECTOS/OWP CABO DE TRAFALGAR/INFORMACIoN FORO CaDIZ OWPC.pdf

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pesquera, los ayuntamientos han de hacer ver que el gobierno local apoya a un sector económico ya acometido por diversos procesos críticos al margen de la nueva “amenaza” que se percibe por parte del sector pesquero en la construcción del parque. 10 Así, una proposición no de ley fue registrada en el Parlamento andaluz el 8 de noviembre de 2004 y está firmada por el portavoz del grupo socialista, Manuel Gracia. En esta iniciativa parlamentaria el grupo socialista insta al Consejo de Gobierno de la Junta, de manera textual, a "favorecer la implantación de instalaciones eólicas en el medio marino (off shore) en zona atlántica donde se conjuga potencial eólico y poca profundidad de la plataforma costera”. (Fuente: e-boletín Los Verdes, de 17 de Noviembre de 2004). 11 Los medios de comunicación escritos se ha convertido en importantes instrumentos mediadores de las propuestas de instalación. Los diferentes proyectos han recibido cobertura amplia, con una presentación de las características técnicas de los proyectos, con una infografía muy desarrollada, así como de los argumentos ambientales y socioeconómicos de cada una de los diseños estratégicos –aunque ciertamente trivializados y con escasa profundidad argumental-. Pero las asociaciones que se han ido manifestando en contra no han sido capaces de una captar una cobertura mediática similar. Sus posiciones son difundidas mediante notas de prensa, escasamente desarrolladas y sus argumentos no han se han incorporado al sistema de mediaciones que están estructurando la “opinión pública”, ni en la prensa local, ni en la de difusión estatal. Hemos revisado la evolución de la noticia, durante los seis últimos meses, en Diario de Cádiz y la Voz de Cádiz –correspondientes a dos grupos editoriales competentes- y en el El País. Lo afirmado respecto a la mediación de estos medios es aplicable a los tres diarios. 12 Literalmente: “El tipo de percepción producido, la aparición o desarrollo de temores o expectativas o el grado de aceptación o rechazo social son efectos inevitables que surgen en la fase de planificación del proyecto, y deben ser adecuadamente identificados y considerados” (Proyecto Windtour: 35) 13 Así ha sido expresado: “Lo que se puede observar no es una disminución de la soberanía estatal o de sus capacidades de planificación, sino un desplazamiento desde formas formales a formas informales de gobierno. Esto comprende la relocalización de modelos de acción definidos estatales hacia niveles supraestatales, así como el establecimiento de nuevas formas de ‘subpolítica’, que al mismo tiempo operan ‘por debajo’ de aquello que tradicionalmente constituyó lo político” (Lemke, Krasman y Bröckling, 2000: 26). 14 Valgan las cifras de producción en el último quinquenio: 1999: 1.476 MW; 2000: 2.502 MW; 2001: 3.337 MW; 2002: 4.830 MW; 2003: 6202 MW; 2004: 8.263 MW. Fuente: Asociación de Productores de Energías Renovables. 15 El acceso al contenido de los mismos ha sido posible a través de la documentación aportada por las empresas en el foro, si bien en uno de ellos, no existe tal posibilidad y hemos accedido a las líneas maestras del mismo por medio de la presentación de un informe de la empresa a un alto cargo de la Junta de Andalucía 16 Documento redactado en 2003, en el que se recogen diversas estrategias e iniciativas para explicar la reconfiguración económica y social del territorio andaluz. La terciarización de la economía y la falta de realismo para tener en cuenta las dificultades de su estructura socioeconómica actual son rasgos muy notables de este texto. 17 Como es habitual en la contabilidad del trabajo, se suman unidades de oferta de trabajo, que no se pueden leer como puestos de trabajo diferentes (porque una persona puede cubrir varias de esas unidades). Así mismo, no se explicita el carácter temporal de mucos de ellos y las dificultades de creación de un nuevo mercado de trabajo tan especializado en esta zona. Las experiencias previas de energía eólica y acuicultura en la provincia contradicen por completo estos datos. 18 Greenpeace ha solicitado al gobierno español la formulación de un Plan Eólico Marino en el marco del Plan de Fomento de Energía Renovables prometido desde la firma del acuerdo de Kyoto. El objetivo central es evitar la construcción de las centrales térmicas proyectadas, también concentradas un buen número de ellas en la provincia de Cádiz, y elevar la producción de energía eólica como medio de ralentizar, a corto plazo, algunos de los procesos subyacentes al cambio climático. Los Verdes, organización política que se separa en este punto de Izquierda Unida –con la que ha mantenido relaciones de coordinación habituales, hasta formar parte de gobiernos a diferentes niveles-, por su parte, también argumenta sobre los futuribles beneficios socioeconómicos de los parques eólicos en la zona, en tanto que se generarán puestos de trabajo ligados a un sector industrial emergente, y que incluso podría sustituir a astilleros. Así, coinciden punto por punto con las grandes empresas proponentes de los proyectos. Fuente: e-boletín Infoverdes, en diversos números (16 de Septiembre de 2004; 17 de Noviembre de 2004; 30 de Noviembre de 2004; 5 de Febrero de 2005 y 11 de Marzo de 2005). 19 Nótese que la racionalización no está aquí vinculada a los medios fundamentalmente, sino a los fines. La propuesta descansa sobre la idea de insustentabilidad de los estándares actuales de consumo energético, proposición que se puede mantener independientemente del mejoramiento de los medios de producción. El problema de los medios de producción de energía eléctrica en las sociedades contemporáneas está relacionado con el fenómeno del calentamiento global, resultante de la emisión de gases de efecto invernadero, ya que los procesos de producción de energía eléctrica son los principales emisores de este tipo de gases. 20 Las dificultades que se han conocido en el mantenimiento del puerto pesquero de Conil de la Frontera, por los continuos aterramientos producidos desde la construcción (1987) y ampliación de la obra (años noventa). En diversos proyectos de ingeniería que contaban con detallados estudios de impacto ambiental, pone de manifiesto la dificultad de actuar sobre esta zona costera, dentro de la plataforma continental. 21 Está integrada por los tres gobiernos locales afectados, las cofradías de pescadores de Barbate y Conil, las empresas almadraberas y asociaciones vecinales y otros movimientos asociativos, que han elegido a un representante coordinador de las mismas para que las represente en este ámbito asociativo. Agradecemos a Antonio Morillo, que es el representante elegido, su colaboración para conocer los agentes sociales de la plataforma y sus propuestas.


22 Para soportar esta tesis, la plataforma presenta el informe elaborado por un Técnico en Navegación Costera, aunque hay otro elaborado por Demarcación de Costas. Ambos avalan las tesis del riesgo que supone para la flota de menor calado la construcción del parque. 23 Informe Previo relativo al Parque Eólico off-shore en el área de Trafalgar, firmado por el profesor Francisco López Aguayo en Enero de 2005. 24 Este argumento se expresa en los siguientes términos por parte de la plataforma, que recurre al equilibrio natural para fundamentar su posición: “Uno de los datos más importantes de los peces son la banda lateral con escamas de diferentes colores que son sensores que detectan variaciones: de corrientes, de contaminaciones químicas y vibraciones producidas por ruidos y por las alteraciones del campo electromagnético del cable. Estas especies que viven y crecen en este paraje natural se verían obligados a migrar a otras aguas o bien dejar de existir, porque la naturaleza las ha creado en éste hábitat y no en otro” (Plataforma para la defensa de la actividad pesquera tradicional, 2005). 25 En los documentos de la plataforma, se explica del siguiente modo: “En Trafalgar la plataforma continental es muy extendida en el mar y a muchas millas mar a fuera tenemos profundidades de tan solo 20 ó 30 metros, lo que unido a cuatro cambios de corriente al día (corrientes que son de hasta seis nudos), unido a la facilidad que tienen aquí las algas para ejercer la fotosíntesis, la cantidad de plancton y fitoplancton; concluyen con la creación de un ecosistema único en el mundo, con especies únicas creándose un equilibrio perfecto de flora y fauna” (Plataforma para la defensa de la actividad pesquera tradicional, 2005) . Esta idea se repite en el Pronunciamiento Previo de la Universidad de Cádiz sobre el Parque Eólico off-shore en el área de Trafalgar, firmado por Francisco López Aguayo en Enero de 2005. Además, se recomienda que el informe de impacto ambiental se realice de forma integral y por un grupo multidisciplinar. 26 En los ámbitos sociales locales se rumorea que las empresas que aportaban capital al proyecto Mar de Trafalgar ya han evaluado negativamente la plausibilidad de tales instalaciones, de modo que no formarán parte del proyecto inversor, si hay informe favorable de impacto ambiental por parte del Ministerio. 27 Aquí cabría diferenciar la situación de Conil donde la única entidad representativa es la Cofradía de Pescadores, de la de Barbate, donde la arena política del sector está mucho más fragmentada y es más conflictiva. Un análisis de esta cuestión se puede consultar en Florido del Corral, 2002. 28 Así, se argumenta que se puede ver desde la playa barcos de 4 metros de eslora pescando a 5 o 6 kilómetros, o que desde el mar, a 8 o 9 Km. de costa, y aproximadamente a 15 Km. de Patría [cabezo], se aprecia una casa pequeña (la casa de las estrellas, que es una marca para los pescadores) y que tiene una altura de 7 metros. Ítem más: se ve perfectamente al noroeste de Cabo Roche el Faro de Trafalgar a una distancia de 15 millas, con una altura de 70 m. 29 La mención más explícita a estos intereses empresariales es la que hemos leído en el proyecto Hermes: “Las nuevas tecnologías de cimentación y los generadores del orden de megavatios están a punto de hacer que la energía eólica en el mar sea competitiva con los emplazamientos terrestres, al menos en aguas de hasta 30 metros de profundidad. Dado que generalmente la producción de los aerogeneradores marinos es un 50 por ciento mayor que la de sus vecinos en tierra (en terreno liso), el emplazar los aerogeneradores en el mar puede ser bastante atractivo” (AGE Generación Eólica, 2005: 13). No podemos dedicarnos a analizar el tejido empresarial y los objetivos de las agentes económicos que se han acercado repentinamente al sector eólico marino, pero sería un aspecto de indudable interés para conocer a fondo la racionalidad de estos agentes sociales. 30 “Ya sean autoadscriptivas o externamente definidas, conformadas por humanos o sólo percibidas por humanos, ya sean materiales o inmateriales, las entidades que forman nuestro universo sólo tienen significado e identidad a través de las relaciones que lo constituyen. Las relaciones son anteriores a los objetos que conectan, pero ellas mismas se actualizan en el proceso por el cual producen sus términos” (Pálsson, 1996: 120) (Énfasis añadido) 31 A modo de ejemplo, podemos citar que en la misma página de un documento de presentación de propuestas estratégicas de la Junta de Andalucía (Consejería de Presidencia, 2003: 104) 32 Por ejemplo, puede ser clarificador que la evaluación del impacto sobre la actividad pesquera se fundamenta en uno de los proyectos en la constatación de que la zona del parque ha sido frecuentada durante el último año por un número dado de barcos, expresando ese tipo de conocimiento muy estático que en absoluto tiene en cuenta las complejas relaciones entre pescadores y recursos. Así, se reconoce que las obras afectarán gravemente a lechos rocosos de gran riqueza biológica, pero no se piensa en qué repercusiones puede tener esta alteración sobre el comportamiento de los recursos pesqueros y, a posterior, sobre los pescadores. Fuente: Informe de la empresa Umweltkontor, AG, capítulo dedicado a la descripción del medio ambiente. 33 Solo el parque que se pretende instalar en Conil en tierra va a generar aproximadamente 30 megavatios, consumiendo este municipio sólo 6,6 megavatios. En condiciones similares se sitúa Barbate con algo más de 30 aerogeneradores y Vejer, donde en principio se han planteado más de 100 molinos. El informe de AGADEN cuantifica la producción que se alcanzará en la provincia de Cádiz para 2010, que hace que estos nuevos proyectos no tengan que ser necesariamente aprobadas para una instalación de Dominio Público Marítimo Terrestre.

los molinos de viento de trafalgar. paradojas

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