NDICE

pg.

MATRIUSKAS DE TERROR 01 por WALDO ANSALDI

1. UNA METFORA COMO PUNTO DE PARTIDA 2. LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL, FUNDAMENTO IDEOLGICO DE

LAS DICTADURAS 03 3. LAS DICTADURAS, SIMILARES Y DISMILES 05 4. LA BSQUEDA Y LA CONSTRUCCIN DE LEGITIMIDAD DE EJERCICIO 10 5. EL MODELO ECONMICO, CAMPO DE DIFERENCIACIN CLAVE ENTRE LAS

DICTADURAS 13 -. COLOFN 16 -. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

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MATRIUSKAS DE TERROR. ALGUNOS ELEMENTOS PARA ANALIZAR LA DICTADURA ARGENTINA

DENTRO DE LAS DICTADURAS DEL CONO SUR *

por WALDO ANSALDI UNA METFORA COMO PUNTO DE PARTIDA Segn es bien conocido, la matriuska es una popular mueca rusa caracteri-zada por el hecho de ser, en realidad, no una sino varias, cada una de ellas contenida en una de mayor tamao o, para decirlo en sentido inverso, dentro de cada mueca se encuentra una de menor tamao. Al desplegarlas sobre una mesa, todas las muecas se apre-cian similares en diseo y colores, va-riando tan slo sus respectivas dimen-siones fsicas.

Al igual que las matriuskas, las dic-taduras instauradas en pases de Am-rica del Sur en las dcadas de 1960 y 1970 y prolongadas hasta fines de la de 1980- se observan similares en su aspecto y diferentes en su tamao (en este caso, mejor, su dimensin tempo-ral o duracin, pero tambin sus conte-nidos). Pueden verse como unidades independientes, pero slo se explican como conjunto. La metfora, entonces, alude a esta cuestin, es decir, no debe tomarse literalmente y creer que lo ni- *

Agradezco a Alfredo Pucciarelli la cor-dial invitacin para compartir este vo-lumen.

[Este artculo fue publicado origina-riamente en soporte papel en Alfredo Pucciarelli, coordinador, Empresarios, tecncratas y militares. La trama cor-porativa de la ltima dictadura, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2004, pp. 27-51. ISBN 987-1105-72-X ] Waldo Ansaldi, Matriuskas de te-rror...

co que diferencia a la dictadura brasile-a de la argentina, la chilena y/o la uru-guaya es slo una cuestin de tamao.

Por otra parte, tal metfora es til tambin para plantear una cuestin im-portante: el anlisis comparado de las dictaduras sudamericanas extendidas entre mediados de los aos sesenta y finales de los ochenta es, todava, una asignatura pendiente, ya que no abun-

dan los trabajos al respecto. 1

Es cierto que las dictaduras instauradas y ejerci-das en Amrica Latina en el tiempo se-alado han sido objeto de numerosos estudios muchos de muy buena inves-tigacin periodstica-, aunque tal vez menos que los procesos de transicin de ellas a las democracias. La mayora de los estudios acadmicos son polti-cos y econmicos. Son menos los so-

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l anlisis comparado de las dictaduras militares de perodo indicado ser obje-to de una investigacin a realizar duran-te el bienio 2004-2005, por un equipo bajo mi direccin. El proyecto Los so-nidos del silencio. Dictaduras y resis-tencias en Amrica Latina, 1964-1989- es de una sociologa histrica del tiem-po presente dedicado a analizar las dic-taduras institucionales de las Fuerzas Armadas instauradas, entre 1964 y 1976, en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, comparndolas entre s y con la larga dictadura sultanstica-prebendaria paraguaya (1954-1989).

WALDO ANSALDI 2

ciolgicos y mnimos, sobre todo en Ar-

gentina, los histricos. 2

Nuestra hiptesis es que las dicta-

duras institucionales de las Fuerzas Armadas, en Amrica Latina, pretendie-ron ser correctivos de lo que considera-ban vicios de la democracia, particu-larmente los generados por el populis-

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Entre los trabajos ms importantes pue-den citarse, a modo ilustrativo, los de Hugo Quiroga (1984), Enrique Vzquez (1985), Mara de los ngeles Yannuzzi (1996), Marcos Novaro y Vicente Pa-lermo (2003)-, en Argentina; Alfred Stepan (1974), Maria Helena Moreira Alves (1984) y Thomas Skidmore (1988) en Brasil; Genaro Arraigada (1998) y Carlos Huneuus (2000), en Chile, y Gerardo Caetano y Jos Rilla (1987), en Uruguay. Puede citarse, tam-bin, el estudio de los partidos en situa-cin de dictadura en los casos de Ar-gentina, Brasil y Uruguay- realizado por un equipo dirigido por Silvia Dutrnit (1996). La larga dictadura de Stroessner (1954-1989) sigue siendo un tema poco conocido, al igual que las de Bolivia y Guatemala. En cambio, reitero, es casi inexistente el anlisis comparado de ellas como expresin de dictaduras ins-titucionales de las Fuerza Armadas y/o como confrontacin entre stas y las ms clsicas, de tipo sultanstico-prebendario (caso paraguayo) y slo re-cientemente se han conocido los prime-ros estudios sobre la accin represiva conjunta que los dictadores realizaron mediante el Plan Cndor, tales los de Stella Calln (1999 y 2001), Francisco Martorell (1999) y Alfredo Buccia Paz et all (2002). Tambin hay un amplio campo de anlisis en materia de resis-tencias a las dictaduras por parte de or-ganizaciones de la sociedad civil, donde existen numerosos trabajos dedicados a movimientos y acciones puntuales, mas no a todos ellos como totalidad.

mo (Brasil, Argentina), el reformismo socialista (Chile) y/o la amenaza poten-cial de la izquierda revolucionaria (Uru-guay, Argentina). En su prctica, terro-rismo de Estado incluido, llegaron a una coordinacin supranacional de la repre-sin, incluso por encima de diferencias importantes en otros campos (como las vinculadas a las hiptesis de guerra en-tre s). Esa pretensin naci de la au-sencia de un principio de legitimidad propio, especfico, no cubierto por la apelacin a la Doctrina de la Seguridad Nacional. Ms tarde o ms temprano, las respectivas sociedades civiles gene-raron acciones que, rompiendo el mie-do, recuperaron la primaca de la polti-ca mediante demandas, movilizaciones y acciones de diferente ndole, limitadas a los espacios nacionales y sin co-nexin supranacional. La forma en la que se resolvi la dialctica entre dicta-duras y resistencias condicion la pos-terior transicin a la democracia polti-ca.

El presente captulo es, entonces, apenas una primera aproximacin a una cuestin que ser objeto de estudio pormenorizado en el prximo bienio. A los efectos del caso, aqu considerare-mos slo las cuatro dictaduras institu-cionales de las Fuerzas Armadas esta-blecidas en Brasil (1964-1985), Argen-tina (1976-1983), Uruguay (1973-1985)

y Chile (1973-1990). 3

El objetivo es ofrecer un marco comparativo que per-mita comprender mejor, dentro de un contexto regional, el tema central del li-bro, la dictadura miliar argentina, con-forme los resultados obtenidos por el

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En nuestro proyecto de investigacin, tambin analizaremos la dictadura ar-gentina de 1966-1973, la cual dejamos de lado en este captulo por razones que hacen a la estructura y los contenidos propios del libro.

MATRIUSKAS DE TERROR 3

equipo liderado por Alfredo Pucciarelli. Las lectoras y los lectores y los lectores en-contrarn, entonces, el planteamiento de problemas a investigar ms que respues-tas ms o menos contundentes.

LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL,

FUNDAMENTO IDEOLGICO DE LAS DICTADURAS Las dictaduras son la negacin de la poltica y se caracterizan por eliminar toda forma de disenso. Son la reduc-cin de la polifona a una nica voz monocorde e incluso al silencio. De all que el punto de inflexin de la historia de las dictaduras suele encontrarse en el momento en el cual sectores impor-tantes de la sociedad pierden el miedo, salen a la calle y hacen or sus voces, hecho ya sealado en algunos textos de Norbert Lechner, Guillermo ODonnell y Juan Rial.

Las dictaduras carecen de principio de legitimidad y se colocan en la para-djica situacin de pretender legitimar-se con el argumento de ser restaurado-ras de las democracias conculcadas por las prcticas viciadas de los malos polticos. La cuestin de la bsqueda de legitimidad de ejercicio para suplir la ilegitimidad de origen tiene un compo-nente importante en la fundamentacin ideolgica. Las que analizaremos recu-rrieron, en ese sentido, a la Doctrina de la Seguridad Nacional, aun con diferen-cias, incluso sustanciales, en su aplica-cin nacional.

En efecto, una de las caractersticas comunes de las dictaduras instituciona-les de las Fuerzas Armadas fue la de intentar constituir un fundamento ideo-lgico a partir de la Doctrina de la Se-guridad Nacional (en adelante, DSN). Permtaseme una digresin respecto de sta. Maria Helena Moreira Alves (1984: 33) seala que, segn Margaret E. Crahan, los antecedentes ms leja-nos de la DSN se encuentran en Brasil, ya en el siglo XIX, y en Argentina y Chi-le, a comienzos del XX. Comenz a elaborarse a partir de teoras geopolti-cas, antimarxistas y de las tendencias

conservadoras o de extrema derecha del pensamiento social catlico de or-ganizaciones tales como el Opus Dei,

en Espaa, y Action Franaise. 4

Con el comienzo de la Guerra Fra, elementos de la guerra total y de la confrontacin inevitable entre las dos superpotencias los Estados Unidos de Norteamrica y la Unin de Repblicas Socialistas So-viticas- y sus respectivos bloques mili-tares la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte (OTAN o NATO, segn sus siglas en ingls) y el Pacto de Var-sovia)- se incorporaron a la ideologa de la seguridad nacional en Amrica Latina. La forma especfica asumida por ella, en la regin, enfatizaba la seguri-dad interna frente a la amenaza de accin indirecta del comunismo. As, mientras los tericos norteamericanos de la seguridad nacional privilegiaban el concepto de guerra total y la guerra nu-clear, y los franceses, envueltos en la guerra contra los guerrilleros comunis-tas en Indochina, primero, y en la Gue-rra de Argelia (por la independencia), despus, concentraban su atencin en la guerra limitada como respuesta a la amenaza comunista, los latinoameri-canos, preocupados por el crecimiento de movimientos sociales de clase obre-ra, enfocaban la amenaza de la subver-

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Margart E. Crahan, National Security Ideology and Human Rights, ponencia presentada en el X Congreso Interna-cional de Filosofa, organizado por la Sociedad Interamericana de Filosofa y la American Philosophical Association, Florida State University, Tallahassee, 18-23 de octubre de 1981,

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sin interna y de la guerra revoluciona-ria.

Para los tericos de la DSN, la bipo-laridad del mundo constituida tras la Segunda Guerra Mundial llevaba a la desaparicin de las guerras convencio-nales y a su reemplazo por guerras ideolgicas disputadas dentro de las fronteras nacionales de cada pas. A escala mundial, la confrontacin entre el mundo libre, occidental y cristiano y el totalitarismo comunista ateo dejaba en las fuerzas armadas norteamerica-nas la responsabilidad de evitar even-tuales conflictos armados entre sus aliados y encabezar una confrontacin con la URSS y el Pacto de Varsovia. En esa escala, la guerra sera, entonces, una guerra contra el comunismo inter-nacional y se entablara en todos los frentes: militar, poltico, econmico, cul-tural e ideolgico. En cada uno de ellos, las fuerzas armadas deban combatir y para hacerlo deban prepararse para un enfrentamiento no convencional, puesto que la subversin internacional actuaba en todos esos frentes. Esa tarea exiga una actitud vigilante y una preparacin o capacitacin especial, de la cual ca-recan, a juicio de los idelogos de la DSN, los polticos y la propia democra-cia.

La DSN comenzaba con una teora de la guerra. Al respecto, defina cuatro tipos de guerra: 1) guerra total; 2) gue-rra limitada y localizada; 3) guerra sub-versiva o revolucionaria; y 4) guerra in-directa o psicolgica. En la guerra revo-lucionaria no haba ms lnea del frente de batalla pues el enemigo estaba en todas partes.

La teora de la guerra total, en tanto se basaba en la estrategia de la Guerra Fra, conceba al conflicto armado mo-derno como total y absoluto. Habida cuenta del inmenso poder destructivo de las armas nucleares y de la inevita-ble confrontacin entre las dos super-potencias, decan los tericos de la guerra total, la guerra no se limitaba al

territorio de los pases beligerantes, o a sectores especficos de la economa o de la poblacin. En palabras del gene-ral do Couto e Silva, de guerra estric-tamente militar se pas a guerra total, tanto econmica, financiera, poltica, psicolgica y cientfica como guerra de ejrcitos, escuadras y aviaciones; de guerra total a guerra global; y de guerra

total a guerra indivisible y permanente. 5

En rigor, la formulacin ms elabo-

rada de la DSN, tal como se la conoci y aplic en las dcadas de 1960 y 1970 (sobre todo, pero no exclusivamente), comenz con la experiencia de los mili-tares franceses en sus guerras colonia-les en Indochina y Argelia, la primera desarrollada sobre todo en terreno sel-vtico y la segunda, en urbano. Ambas terminaron con el fracaso de Francia, quien perdi ambas colonias La tcni-ca de desaparicin de personas y el accionar de los escuadrones de la muerte, usuales en la Amrica Latina de dichas dcadas, fueron invencio-nes de los militares franceses que combatan al Frente de Liberacin Na-cional, en Argelia. Desde mayo de 1958, los procedimientos aplicados por las tropas colonialistas francesas se convirtieron en materia de enseanza y estudio en el Centro de Entrenamiento en Guerra Subversiva, creado por el ministro de Defensa galo, Jacques Cha-ban-Delmas, participando de los cursos oficiales de su pas, a los que luego se sumaron portugueses (en guerra contra los independentistas en sus colonias africanas, como Angola, Mozambique, Guinea-Cabo Verde), israeles, nortea-mericanos y latinoamericanos, entre otros. Los cursos incluan un mes de prctica en territorio argelino. Un coro-

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Golbery do Couto e Silva, Conjuntura poltica nacional. O Poder Executivo & Geopoltica do Brasil, , Rio de Janeiro, Librara Jos Olimpo Editora, 1981, p. 24.

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lario de los mismos fue la firma de acuerdos de cooperacin militar que so-lan incluir la creacin de una misin mi-litar francesa en el pas contraparte.

Las derrotas francesas en Indochina y Argelia significaron un traspaso de la influencia en la formacin de oficiales de Francia a Estados Unidos, en mo-mentos en que este pas comenzaba a involucrarse en la que ser la Guerra de Vietnam y enfrentaba, en Amrica Latina, los mltiples desafos genera-dos por la Revolucin Cubana. Ahora bien, los militares norteamericanos fue-ron instruidos por colegas franceses, tras los acuerdos alcanzados con el mi-nistro de Defensa de Francia, Pierre Messner, en 1960. Por ellos, el pas eu-ropeo envi a Estados Unidos oficiales en calidad de asesores en materia de

guerra revolucionaria. Actuaban en Fort Bragg y entre ellos se destacaba el ge-neral Paul Aussaresses, considerado uno de los mejores agentes galos en la

materia. 6

Finalmente, la tarea formativa de los

franceses fue transferida en Amrica Latina a los norteamericanos. stos realizaron parte de su tarea en la Es-cuela de las Amricas, establecida, en 1946, en la zona estadounidense del Canal de Panam y especializada, a partir de mediados de los aos sesenta, en la guerra antisubversiva. Se estima en 60.000 el nmero de oficiales de los ejrcitos latinoamericanos que recibie-ron entrenamiento. Se la conoce tam-bin como Escuela para dictadores.

LAS DICTADURAS, SIMILARES Y DISMILES En el sur de Amrica Latina, las dicta-duras fueron ejercidas con notables di-ferencias, pese a tener como comn denominador sus fundamentos en la

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El general Paul Aussaresses public, en 2001, un libro de contenido terrible, Services spciaux. Algrie 1955-1957, Perrn, Paris (200 pginas). Presentado como mi testimonio sobre la tortura, renov el debate sobre la cuestin. Dos aos despus, en 2003, se conoci el vi-deo documental Escuadrones de la Muerte. La Escuela Francesa, realizado por la periodista Marie-Monique Robin, de alto impacto en pases europeos y la-tinoamericanos. El film se difundi por primera vez el 1 de septiembre de 2003, a travs del canal Plus, de Francia, en este pas y en otros once de Europa. En Argentina se conocieron fragmentos del mismo a travs del diario Pgina 12 y el canal 11 de televisin abierta, quienes prestaron mayor atencin a los segmen-tos que implicaban a militares argenti-nos.

Doctrina de la Seguridad Nacional. En efecto, las cuatro siguieron rumbos dife-rentes en poltica econmica, en el tra-tamiento de la oposicin poltica y so-cial y en la magnitud de violacin de de-rechos humanos y ejercicio del terro-rismo de Estado. El contraste es nota-ble entre la dictadura brasilea (poltica econmica desarrollista mediante una alianza tecnoburocrtico-militar, con importante intervencin estatal; ejerci-cio de la dictadura con formato repre-sentativo; menor grado de violencia en la represin de los opositores) y las res-tantes, pero tambin en stas se en-cuentran, pese a mayores niveles de coincidencia, algunas diferencias signi-ficativas (por ejemplo, el xito en la aplicacin de polticas neoconservado-ras en Chile, y su fracaso en Argentina y Uruguay).

En materia de aplicacin de la vio-lencia sobre los opositores, las dictadu-ras argentina y chilena, en ese orden, fueron las ms duras, aunque sin al-canzar, pese a su magnitud, los niveles

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terribles de Guatemala. 7

En el caso chi-leno, impact el alto nmero de victima iniciales, en los primeros das del golpe de septiembre: ms de dos mil muertos, prisin, fuga o exilio de unos 9.000 diri-gentes y simples partidarios de la Uni-dad Popular (Gazmuri, s.f.: 2 y 5). En el argentino, el de desaparecidos (30.000, aunque este proceso comenz, de ma-nera sistemtica, casi dos aos antes del golpe y se prolong ms all del primer ao de dictadura). Las cuatro dictaduras coincidieron en la coordina-cin de la persecucin de los disiden-tes, a travs de la Operacin Cndor, un plan secreto que coordin tareas de inteligencia, persecucin y asesinatos de opositores a las dictaduras realiza-das por organismos represivos de Ar-gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay el Mercosur de la muerte, segn la ajustada expresin de Martn Sivak, o una corporacin internacional de la muerte, si se prefiere la de Jack Anderson-, pero que incluso actu fuera de las fronteras de estos seis pases. Stella Calloni (2001: 21) sostiene que Estados Unidos proporcion inspira-cin, financiamiento y asistencia tcnica a la represin, y plant la semilla de la Operacin Cndor. La CIA promovi una mayor coordinacin entre los servi-cios de inteligencia de la regin. Un his-toriador estadounidense atribuye a un

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Las cifras del genocidio guatemalteco son escalofriantes: 200.000 personas muertas, en su mayora asesinadas, 70.000 desaparecidos, 1.000.000 de desplazados, ms de 600 masacres rea-lizadas por el ejrcito en aldeas indge-nas y campesinas. Para comprender me-jor la magnitud de estas cifras, digamos que Guatemala, un pas de slo 108.889

km2

(un poco menos que la provincia argentina de Catamarca, que mide casi

111.000 km2) tena, en 1994,

10.322.000 habitantes.

operativo de la CIA la organizacin de las primeras reuniones entre funciona-rios de seguridad uruguayos y argenti-nos para discutir la vigilancia de los exi-liados polticos. La CIA tambin actu como intermediaria en las reuniones entre los dirigentes de los escuadrones de la muerte brasileos y los argentinos y uruguayos (...) La divisin de servicios tcnicos de la CIA suministr equipos de torturas elctrica a brasileos y ar-gentinos, y ofreci asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo huma-

no puede resistir. 8

En lo atinente a la organizacin del

ejercicio del poder poltico, las diferen-cias fueron ms que las coincidencias, si bien unas y otras se dieron dentro del compartido carcter de dictaduras insti-tucionales de las Fuerzas Armadas. Carlos Huneeus afirma que los militares debieron definir un problema recurren-te, el del establecimiento de una estruc-tura poltica apta para un largo ejercicio del poder. Se trata de una situacin comn a los cuatros casos que anali-zamos aqu. Huneeus (2000: 267-268), siguiendo a Juan Linz, sostiene que los militares golpistas tenan ante s tres al-ternativas de institucionalizacin polti-ca: 1) la legitimacin carismtica; 2) al-guna frmula corporativista, como la democracia orgnica, sin organizar un partido nico; 3) un sistema de partidos, sea unipartidario o multipartidario; en la segunda variante, mediante un partido oficial, dominante, y uno, o ms, expre-sin de una oposicin consentida y marginal dentro del rgimen poltico. La primera de las opciones era objetada por los militares debido a la excesiva personalizacin del poder en un indivi-duo y por ser incompatible con su alto nivel profesional, mientras la tercera

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El historiador al que alude Calloni es A. J. Langguth, autor del libro Hidden Te-rrors New York, New York, Pantheon, 1978, que sirve de fuente a la autora.

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generaba recelos por la mala imagen que los militares tenan de los partidos polticos (posicin que compartan los militares argentinos y chilenos, y con la que discrepaban los uruguayos y brasi-leos).

Las Fuerzas Armadas chilenas op-taron, dice Huneeus, por un rgimen militar tradicional, con una Junta de Gobierno como autoridad mxima, pero con un importante grado de concentra-cin del poder en el general Pinochet, quien ejerci simultneamente las fun-ciones de Presidente de la Repblica, presidente de la Junta de Gobierno hasta 1980 y comandante en jefe del Ejrcito (Huneeus, 2000: 268). El De-creto-Ley N 572, del 26 de junio de 1974, otorg a Pinochet el ttulo de Jefe Supremo de la Nacin, denominacin que en diciembre fue suprimida, retor-nndose al tradicional de Presidente de la Repblica. Meses despus, el 4 de diciembre del mismo ao, el Decreto-Ley N 788 dispuso que la Junta de Gobierno tena potestad de modificar, a su arbitrio y retroactivamente, la Consti-tucin Nacional de 1925. La Junta ad-quira, as, funciones de Poder Legisla-tivo y Constituyente (Gazmuri, s.f.: 3) La personalizacin en el ejercicio del poder, caracterstico de la dictadura chi-lena, no le quita a sta, segn mi pare-cer, el carcter de institucional de las Fuerzas Armadas.

En Argentina, el Estatuto para el Proceso de Reorganizacin Nacional, dado a conocer el mismo da del golpe, el 24 de marzo de 1976, cre una Junta Militar, integrada por el comandante en jefe de cada una de las tres armas (Ejrcito, Marina y Aviacin), y deposit en ella la condicin de rgano supremo

del Estado. 9

En tal calidad, le asign el poder de elegir al Presidente de la Re-

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El texto del Estatuto puede verse en Clarn, Buenos Aires, 25 de marzo de 1976.

pblica que deba ser un oficial supe-rior- y de revocar su mandato cuando por razones de Estado lo considerara conveniente, designando a su reempla-zante. La Junta tambin concentr al-gunos poderes y funciones asignados por la Constitucin Nacional a Presi-dentes de derecho (entre ellas, la con-duccin de las Fuerzas Armadas), e in-cluso se convirti en el rgano que de-ba dar acuerdo a la decisin presiden-cial de designacin de ministros del Ejecutivo, gobernadores de provincias y jueces ordinarios. El Estatuto estable-ci, a modo de reemplazo del disuelto Congreso Nacional, una Comisin de Asesoramiento Legislativo (CAL), inte-grada por tres oficiales de cada una de las fuerzas, uno de los cuales ejerca la presidencia, anual y rotativa. La CAL tena como funcin preparar los proyec-tos de ley. Las Fuerzas Armadas se distribuyeron en partes iguales (un ter-cio para cada una) todos los espacios de poder y administracin que ocupa-

ron. 10

Empero, la presidencia de la Re-pblica siempre fue ejercida por un ofi-cial del Ejrcito, sumando cuatro jefes, de los cuales slo uno Jorge Rafael Videla, el primero- complet su manda-to, dos Roberto Eduardo Viola y Leo-poldo Fortunato Galtieri- fueron releva-dos y el cuarto Reynaldo Bignone- fue

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Marcos Novaro y Vicente Palermo (2003: 49-50) acotan: La decisin de militarizar casi todos los niveles y m-bitos del Estado (a excepcin de los municipios, que en gran parte siguieron administrados por civiles), constituyen-do un gobierno directo y efectivo de las Fuerzas Armadas, y de lotizar entre las fuerzas las reas de influencia, los car-gos y las funciones, era algo indito en la historia de las intervenciones milita-res argentinas. Y completaba un diseo tendiente a establecer una separacin ta-jante entre los militares y los actores so-ciales.

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designado tan slo para administrar la transicin a la democracia. A diferencia del caso chileno y al igual que el brasi-leo y el uruguayo-, el argentino puso especial nfasis en eludir la personali-zacin del poder, insistiendo en el ca-rcter institucional que las Fuerzas Ar-madas daban a una crisis tambin insti-tucional.

Las Fuerzas Armadas uruguayas se diferenciaron de las otras en materia de ejercicio del poder, en tanto no ejercie-ron el formal de manera directa, al me-nos durante los dos primeros tercios de la duracin de la dictadura. Fue slo en el tercio final cuando un oficial (del Ejrcito) accedi a la jefatura del Esta-do: el elegido fue un oficial retirado. En efecto, el teniente general Gregorio l-varez Comandante del Ejrcito en 1978-1979, condecorado con la Gran Cruz del Libertador Bernardo OHiggins y la Orden Libertador Gene-ral San Martn, por los dictadores Pi-nochet y Videla, respectivamente- re-cin fue designado Presidente, por la Junta de Oficiales Generales, en sep-tiembre de 1981, con la misin de llevar adelante un proceso de transicin a la democracia que deba culminar (como efectivamente ocurri) en la realizacin de elecciones libres el 25 noviembre de 1984 y la asuncin del nuevo presiden-te electo en ellas el 1 de marzo de 1985. Incluso el golpe de Estado que, en rigor, se ejecut en dos momentos, febrero y junio de 1973- no fue perpe-trado directamente por los militares, si-no por el propio presidente constitucio-nal, Jos Mara Bordaberry. El 27 de junio de 1973, ste decret la disolu-cin del Congreso bicameral, el cual fue reemplazado por un novel Consejo de Estado, permaneciendo l en el ejerci-cio de la presidencia, a la cual haba accedido al ganar las elecciones de no-viembre de 1971, con apenas 22.8 % de los votos y en medio de una fuerte

crisis partidaria. 11

Tras el golpe de 1973, la base programtica adoptada fue, tambin aqu, la Doctrina de la Se-guridad Nacional. La primera etapa de la dictadura uruguaya el perodo de la llamada, por Luis Eduardo Gonzlez, dictadura comisarial- dur tres aos. La segunda, denominada por el mismo au-tor la del ensayo fundacional, se exten-di entre 1976 y 1980; durante ella la presidencia fue ejercida brevemente por el doctor Alberto Demichelli y, des-de el 1 de septiembre de 1976, por el doctor Aparicio Mndez, un viejo polti-co de larga militancia en el Partido Na-cional, circunstancia que no fue bice para que firmara, el mismo da, un de-creto prohibiendo, durante quince aos, todas las actividades polticas autoriza-das por la Constitucin Nacional. lva-rez gobern durante la fase de la dicta-dura transicional (1980-1984/1985).

En el caso brasileo, una de las primeras disposiciones de la dictadura militar fue la promulgacin del Ato Insti-tucional N 1, el 9 de abril de 1964. Me-diante l se procur dotar de bases le-gales a la nueva situacin poltica e ins-titucionalizar la "revolucin": se mante-nan la Constitucin del mismo ao 1964, salvo en materia de los poderes del Presidente de la Repblica, y el fun-cionamiento de los partidos y el Con-greso Nacional -cuya legitimidad ema-naba, ahora, del propio Ato Institucional y era resultado "del ejercicio del Poder Constituyente, inherente a todas las re-voluciones"-, si bien aqul fue depurado en su composicin y limitado drstica-

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Bordaberry, del Partido Colorado, in-tent inicialmente lograr un amplio acuerdo poltico que garantizase la go-bernabilidad del pas, pero fracas. Slo le acompaaron la fraccin colorada quintista, de Jorge Batlle que aport los tecncratas neoliberales encargados de la economa-, y minoritarios sectores de la derecha nacionalista.

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mente en el ejercicio de sus facultades. El Presidente asuma importantes facul-tades, arrebatadas al Legislativo. El ins-trumento legal apuntaba a una nueva centralizacin y concentracin de poder en el Ejecutivo, medida estimada nece-saria para "la reconstruccin econmi-ca, financiera, poltica y moral de Brasil" y para alcanzar el objetivo de "la res-tauracin del orden interno y del presti-gio internacional de nuestro pas", so-cavados por la accin del gobierno de-rrocado, que "estaba deliberadamente intentando bolchevizar el pas" [sic!].

El 27 de octubre de 1965 se firm el Ato Institucional N 2 (vlido hasta el 15 de marzo de 1967, fecha de finalizacin del mandato del presidente Castelo Branco), instrumento que introdujo nue-vas enmiendas constitucionales y pro-fundiz el proyecto gubernamental de institucionalizacin del Estado. En su parte resolutiva, el instrumento legisla-ba sobre tres reas, dos de ellas ati-nentes a las relaciones entre los tres Poderes del Estado:

1. el control del Poder Legislativo por el Ejecutivo, que fue reforzado an ms;

2. el incremento del nmero de miem-bros del Supremo Tribunal Federal, incorporando ministros favorables a las posiciones del Ejecutivo, y la transferencia de los procesos judi-ciales por razones polticas a los Tribunales Militares;

3. el control de la representacin pol-tica.

En materia de representacin polti-ca, el AI-2 elimin la eleccin directa del presidente y el vicepresidente de la repblica, reemplazndola por la indire-cta a travs de un Colegio Electoral in-tegrado por la mayora absoluta de miembros del Congreso Nacional y re-unido en sesin pblica, en la cual los electores emitiran su voto nominal y pblicamente.

Finalmente, por su artculo 18, el AI-2 dispuso la extincin de los partidos polticos existentes (que por entonces eran trece) y la observancia de rgidas exigencias para constituir nuevos parti-dos, fijadas por el Estatuto de los Parti-dos (ley N 4.740, del 15 de junio de 1965) y Actos Complementarios. El 20 de noviembre del mismo ao fue pro-mulgado el Ato Complementar N 4, el cual estableci las reglas o normas pa-ra la creacin de nuevos partidos polti-cos, que no podan llevar denominacio-nes de antiguos partidos. Los nuevos partidos se formaron de arriba hacia abajo, a partir de una situacin dada (representacin parlamentaria previa), y no a la inversa, segn movimientos en el interior de la sociedad civil: fueron partidos del Estado. As surgieron la Aliana Renovadora Nacional (ARE-NA), el partido oficial, y el Movimento Democrtico Brasileiro (MDB), de opo-sicin. Ambos existieron hasta 1979, cuando una nueva resolucin los disol-vi para dar lugar a un sistema pluripar-tidario.

Un tercer Ato Institucional, el AI-3, del 5 de febrero de 1966, dispuso que de ah en ms los gobernadores esta-duales se elegiran indirectamente por mayora absoluta de votos de las res-pectivas asambleas legislativas, me-diante votacin pblica y nominal. A su vez, la designacin de los prefectos de todas las capitales estaduales sera pri-vativa de cada gobernador, mientras que en las restantes prefecturas podr-an serlo por voto popular secreto.

La dictadura militar brasilea pre-senta, pues, sus singularidades respec-to de las otras tres. Una de ellas es su opcin por un rgimen poltico que in-cluy, al menos como petitio principii, el funcionamiento de partidos polticos y el Congreso y la peridica convocatoria a elecciones. Dicho de otra manera, fue una dictadura que no neg totalmente la poltica y que, al dejar un pequeo espacio para sta, no radicaliz la in-

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compatibilidad entre dictadura militar y poltica. Es cierto que la actividad parti-daria estuvo fuertemente condicionada (sobre todo hasta 1979-1980) y que las reglas del juego electoral fueron modifi-cadas toda vez que ellas mismas se volvan contra el propio partido oficial y, por ende, la dictadura. Con todo, puede decirse que se trat de una dictadura con formato representativo. Es posible que esa opcin, manifestada como una preocupacin a veces obsesiva por la legitimidad, guarde alguna relacin -a modo de "enseanza"- con la experien-cia del Estado Novo y su esfuerzo por encontrarle una al rgimen, al menos "para uso externo", como ha sugerido Aspsia Camargo, o bien a la "inaltera-ble veneracin por las formalidades le-gales" o la "propensin de los militares brasileos por la legitimidad formal", como prefieren Alves (1984: 144, n. 5) y Skidmore (1988: 170). No deben subes-timarse razones de otra ndole, como las caractersticas personales de los principales jefes militares con poder de decisin. En este plano, las variables micropolticas no son desdeables: as, las posiciones del general Humberto Castelo Branco, en Brasil, explcitamen-te favorables a la democracia (o a su retorno) o, en Argentina, las apetencias personales del almirante Emilio Masse-ra por construir un soporte poltico apto para llegar a la presidencia (ms que para instaurar la democracia). Por otra parte, en el caso brasileo, tampoco debe olvidarse que la opcin por la vi-gencia electoral no fue de aceptacin

unnime dentro de las Fuerzas Arma-das, donde se impuso como conse-cuencia de una correlacin de fuerzas favorable y mediante la resolucin de conflictos de diferente magnitud y fre-cuencia.

En cuanto a duracin, las dictaduras militares argentinas fueron las ms bre-ves: las dos duraron slo siete aos cada una, menos que los doce de la uruguaya, los diecisiete de la chilena y los veintiuno de la brasilea. Y suman-do las dos, apenas superan la duracin de la uruguaya. No deja de ser curioso que, en los cuatro pases objeto de nuestra atencin, los militares con ma-yor tradicin golpista esto es, con ms golpes de Estado en su haber- sean, al mismo tiempo, los que registran el me-nor tiempo de ejercicio de la dictadura (desde 1930 hasta 1983, nunca supe-rior a los siete aos y meses). Fortale-za de la sociedad civil y capacidad de resistencia de sus organizaciones? Debilidad e incapacidad de los milita-res? No hay una respuesta nica y las que se puedan formular no son simila-res para la autodenominada Revolu-cin Argentina y para el tambin auto-denominado Proceso de Reorganiza-cin Nacional. Tampoco, claro est, para las dictaduras anteriores. En con-traste con la mayor participacin de los militares argentinos en la interrupcin de la vida constitucional, sus camara-das uruguayos, chilenos y brasileos tuvieron, a lo largo del siglo XX, menor incidencia, an ms baja en ejercicio di-recto del gobierno.

LA BSQUEDA Y LA CONSTRUCCIN DE LEGITIMIDAD DE EJERCICIO He dicho antes que las dictaduras no tienen un principio de legitimidad propio y, paradjicamente, tienden a autofun-damentarse precisamente en aquello que su prctica niega, la democracia: las dictaduras se instalan, dicen los dic-tadores y sus intelectuales, para restau-rar las democracias conculcadas por

las prcticas corruptas, demaggicas y degeneradoras de los polticos, las cua-les haban devenido creadoras de con-diciones para la subversin marxista, o bien para instaurar una nueva demo-cracia. Los testimonios no son escasos. Aqu slo citar unos pocos, a modo ilustrativo.

MATRIUSKAS DE TERROR 11

En Chile, el mismo 11 de septiembre de 1973, el Decreto-Ley N 1, haca saber que el propsito del golpe era restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionali-dad quebrantada. El general Augusto Pinochet prometi, unos das despus:

Chile volver a su tradicional sistema democrtico 12

En Argentina, el general Jorge Videla expresaba, en los inicios de la dictadura:

Si hubiera que definir el aspecto negativo ms importante contra el cual de-bemos luchar todos, que ha ensombrecido el panorama argentino en los l-timos aos, podramos hacerlo con una sola palabra, segn mi punto de vis-ta: demagogia (...) La demagogia, agitada con fines puramente electorales a travs de slogans, rtulos y frases hechas, no hizo ms que enfrentarnos en antinomias estriles y confundirnos profundamente, al punto tal que es difcil distinguir dnde est el bien y dnde est el mal. Esa demagogia, adems, por ser complaciente dio origen a la corrupcin (...) Esta corrupcin -justamente por ser generalizada- motiv el trastrocamiento de los valores tradicionales, es decir, subversin. Porque subversin no es ms ni menos que eso: subversin de los valores esenciales del ser nacional.

13

En el verano de 1977, el mismo dictador aseguraba que el objetivo final del Pro-ceso de Reorganizacin Nacional eufemismo inventado para ocultar la dictadura- era alcanzar un rgimen poltico democrtico capaz de gobernar, durante un largo

futuro, una sociedad abierta y pluralista. 14

En Uruguay, los militares justificaron el desplazamiento del presidente Juan Ma-

ra Bordaberry, a mediados de 1976, con estos argumentos: 1 [E]l presidente de la Repblica no acepta el futuro funcionamiento de los

Partidos Polticos Tradicionales. Entiende que stos no tienen cabida en el Uruguay del futuro (...) En cambio, las FF. AA: no quieren compartir el com-promiso, la responsabilidad histrica de suprimir los Partidos Polticos Tra-dicionales.

2 El seor Presidente de la Repblica no acepta el pronunciamiento popular a travs del voto, porque considera que esa prctica de las democracias ac-tuales es algo superado (...) En contraposicin a esto, las FF. AA. sostienen que la soberana est radicada en la Nacin y que, entre otras cosas, una forma autntica de expresin de esa soberana, es el voto popular.

3 El seor Presidente de la Repblica intenta responsabilizar a los Partidos Polticos del menoscabo moral y material de la Nacin, y no a los hombres que fueron directamente responsables de ese menoscabo, para satisfacer sus apetitos de poder. Las FF. AA., por el contrario, entienden que no debe trasladarse al sistema la responsabilidad de errores y desviaciones persona-les, sino que, en vez, deben administrarse las medidas que impidan que esas influencias negativas continen en el futuro.

15

12

El Mercurio, Santiago, 17 de septiembre de 1973. 13

Clarn, Buenos Aires, 25 de mayo de 1976 (las cursivas son mas). 14

Clarn, Buenos Aires, 30 de enero de 1977. 15

Comunicado poltico emitido por las Fuerzas Armadas el 12 de junio de 1976. Citado por Caetano y Rilla (1987: 56-57).

WALDO ANSALDI 12

La sealada apelacin a la restau-racin de la democracia no debe velar un cambio significativo que, en mayor o menor medida, comparten las cuatro dictaduras: la de proponerse como momento fundacional de un nuevo r-gimen poltico. Ya a comienzos de los setenta, Alfred Stepan (1974: 315-316) haba advertido que las experiencias brasileas y peruana, iniciadas en 1964 y 1968 respectivamente, sugeran que las nuevas intervenciones de los milita-res latinoamericanos en la poltica se orientaban ya no en la antigua direccin de custodios del sistema, sino en la de encargados de su transformacin. Las dictaduras de esa dcada ratificarn el diagnstico, con independencia del hecho de sus dismiles, y a veces men-guados, resultados inmediatos.

Los militares uruguayos se plantea-ron fundar una democracia limitada y tutelada, a la cual le dieron forma cons-titucional y sometieron el proyecto siguiendo el procedimiento exitoso de sus camaradas chilenos en 1977 y el mismo 1980- a un plebiscito, realizado el 30 de noviembre de 1980, que per-dieron en una proporcin de 3 a 2 (58 % de los votantes lo hizo en contra y 42 %, a favor, concurriendo a votar el 85 % del padrn). La derrota abri el camino de la transicin a la democracia. A jui-cio de Luis Eduardo Gonzlez (1984: 28], [e]l resultado del plebiscito de 1980 fue fundamentalmente un voto po-ltico. No una reaccin (favorable o no) frente a los resultados de la poltica econmica del gobierno, y en trminos relativos las opciones fueron claras: el s fue un voto a favor del orden auto-ritario, y el no fue un voto por la re-democratizacin.

Las Fuerzas Armadas chilenas, a su vez, abandonaron pronto la supuesta pretensin restauradora de la democra-

cia. Cristin Gazmuri (s.f.: 1) ha sea-lado que, desde octubre de 1973, el sis-tema democrtico chileno fue conside-rado por los militares golpistas la cau-sa misma de la crisis poltica del pas. El nuevo rumbo qued fijado por dos documentos, la Declaracin de princi-pios y el Objetivo nacional, dados a conocer por Pinochet el 11 de marzo de 1974. El primero daba cuenta, funda-mentalmente, de la suspensin de la institucionalidad jurdica consagrada en la Constitucin de 1925; intervencin y control de la prensa y las universida-des; estado de sitio; toque de queda; persecucin de los funcionarios del r-gimen de la Unidad Popular; prohibicin de cualquier manifestacin social; prohibicin de la actividad sindical; mantencin del exilio. El segundo, en cambio, apuntaba al nuevo modelo econmico: el neoliberal impulsado por los Chicago boys chilenos, economistas que llegaron a cargos ministeriales en julio de 1974. La nueva institucionalidad a la que aspiraban las Fuerzas Arma-das era la de una democracia protegida y autoritaria, la cual inclua componen-tes corporativistas tomados del fran-quismo espaol y fue consagrada en la Constitucin nacional de 1980. Huneeus (2000: 39) seala que el nue-vo orden poltico tuvo la pretensin de ser una alternativa a la democracia oc-cidental, descalificada por obsoleta de-bido a su incapacidad para defender-se de la amenaza comunista. La dictadura chilena prohibi la actividad de los partidos polticos pero no pres-cindi por completo de las elecciones, aun cuando las mismas fueron no com-petitivas (tales, la consulta del 4 de enero de 1978, el plebiscito constitucio-nal del 11 de septiembre de 1980 y el decisivo plebiscito del 5 de octubre de 1988).

MATRIUSKAS DE TERROR 13

EL MODELO ECONMICO, CAMPO DE DIFERENCIACIN CLAVE ENTRE LAS DICTADURAS

Si bien la DSN fue el sustento ideolgi-co de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, en un marco de notable coherencia, sus contenidos y aplicacin no fueron simi-lares en todos los pases en los cuales

fue utilizada como tal soporte. 16

En ese

16

Un caso diferente es el de las Fuerzas Armadas peruanas, que tambin desa-rrollaron, durante las dcadas del cin-cuenta y, sobre todo, del sesenta, una doctrina de progreso social y desarro-llo integrado de contenido nacionalista y reformista, en la cual se apreciaba la influencia de las posiciones de la Comi-sin Econmica para Amrica Latina (CEPAL) sobre la dependencia y el subdesarrollo. La doctrina de los milita-res peruanos que se autoconsideraban combatientes contra el subdesarrollo al lado del pueblo- fue elaborada en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) y tena como nota distintiva concebir la seguridad nacional en tr-minos no slo militares sino tambin econmicos y sociales, en lo cual coin-cida con la de los brasileos. Tal doc-trina sirvi de fundamento a la denomi-nada Revolucin Peruana, el proceso de reformismo militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, tras la toma del poder mediante un golpe de Estado perpetrado el 3 de octubre de 1968. La experiencia se prolong hasta el 29 de agosto de 1975, cuando el pre-sidente fue derrocado por otro golpe mi-litar, encabezado por el general Francis-co Morales Bermdez. En el nterin se tomaron decisiones tales como la nacio-nalizacin de la norteamericana Interna-tional Petroleum Company, la reforma de los aparatos estatales, la reforma agraria, la expropiacin de las propie-dades de los grandes terratenientes y la creacin del Sistema Nacional de Apo-

sentido, es interesante constatar la va-riante brasilea de tal doctrina, caracte-rizada por el nfasis puesto en la rela-cin entre desarrollo econmico y segu-ridad interna y externa, tanto que fue conocida como Doutrina de Segurana e Desenvolvimento (Seguridad y Desa-

rrollo). 17

Esta diferencia se aprecia en la dismil poltica econmica impulsada por las Fuerzas Armadas brasileas, claramente contrastante con la ad-hesin a las posiciones del llamado, ms tarde, Consenso de Washington, de ajuste estructural, neoliberales o ne-oconservadoras, caracterstica de las otras dictaduras del Cono Sur, muy es-pecialmente la chilena. Es cierto que la dictadura brasilea se instaur antes de

yo a la Movilizacin Social (SINA-MOS). Ciertamente, el reformismo mi-litar peruano no postulaba construir el socialismo sino terminar con la domina-cin oligrquica y desarrollar una de-mocracia con amplia base participativa. Ha sido caracterizado como un proceso autoritario de incorporacin de las cla-ses sociales populares urbanas y rurales en pos del objetivo del desarrollo del pas. La experiencia peruana comenz cuando ya estaban instaladas dos dicta-duras institucionales de las Fuerzas Ar-madas en el Cono Sur, la brasilea (1964) y la primera argentina (1966). Significativamente, como sealara Al-fred Stepan en su momento, el CAEM no cont con militares norteamericanos en su cuerpo de profesores, a diferencia de otros pases (en Brasil, la misin nor-teamericana se extendi entre 1948 y 1960).

17 El texto ms importante para entender la posicin de los militares brasileos en la materia es el Manual Bsico da Esco-la Superior de Guerra, publicado por su Departamento de Estudios en 1976.

WALDO ANSALDI 14

la aparicin de esas posiciones, pero tambin lo es que ella se prolong has-ta 1985, tiempo para el cual ya se hab-an llevado adelante las experiencias chilena, argentina y uruguaya. Pero el modelo econmico de stas no sirvi de estmulo a la introduccin de cam-bios por parte de los dictadores brasile-os. Es claro que stos optaron, tam-bin ellos, por una fuerte apertura a la inversin de capital extranjero, pero no debilitaron al Estado. As, una de las primeras medidas tomadas por el go-bierno del general Humberto Castelo Branco (el primero de los dictadores) fue en el marco de la llamada Reforma Administrativa- la creacin del Ministe-rio de Planeamiento y Coordinacin Econmica, al que se encarg coordi-nar y aplicar el modelo econmico, faci-litando la inversin extranjera y aumen-tando la tasa de acumulacin de capi-tal.

El programa econmico global de la dictadura brasilea formulaba como ob-jetivos la racionalizacin de la econo-ma por la concentracin del capital en las industrias ms eficientes y el est-mulo a la penetracin del capital multi-nacional ms moderno y productivo, en total correspondencia con una de las premisas de la Doctrina de la Seguridad Nacional y Desarrollo en cuanto a los efectos considerados benficos de la inversin multinacional: la mejor mane-ra de desarrollar a Brasil consista en transformar a la economa del pas en rea prioritaria para la inversin extran-jera.

Para los tericos de la Doutrina de Segurana Nacional e Desenvolvimento -elaborada en la Escola Superior de Guerra (ESG) a lo largo de veinticinco aos y entre cuyos autores descoll largamente el general Golbery do Couto

e Silva 18

- no poda haber seguridad

18

La ESG brasilea fue creada en abril de 1949, mediante un decreto del presiden-

nacional sin un alto grado de desarrollo econmico, el cual deba incluir la in-dustrializacin, el efectivo aprovecha-miento de los recursos naturales, la construccin de una extensa red de transporte y comunicaciones (con la funcin de integrar el territorio nacional, tarea en la cual se asignaba destacada importancia a las autovas y los ferroca-rriles), el entrenamiento de una fuerza de trabajo altamente calificada y el de-sarrollo cientfico y tecnolgico. Para el logro de estos objetivos, en definitiva, la construccin de un capitalismo moder-no, los tericos de la Escuela Superior de Guerra brasilea consideraban clave la fuerte intervencin del Estado en el planeamiento econmico nacional, en la inversin en infraestructura e incluso no desdeaban la eventual apropiacin directa de los recursos naturales por parte del propio Estado. Alves (1984: 50) considera que los militares de su pas fueron, a lo largo del ejercicio de la dictadura, notablemente coherentes con esos principios. As, es posible constatar que la participacin del Esta-do en el planeamiento y la regulacin de la economa alcanz niveles indi-tos de centralizacin a partir de 1964, aumentando tambin considerablemen-te la intervencin del Estado en la pro-duccin directa en la explotacin de re-cursos naturales mediante empresas de su propiedad (esto es, el Estado como propietario de medios de produccin).

Trtase, pues, de un modelo de de-sarrollo capitalista fundado o basado en una alianza entre capitales estatales, privados multinacionales y privados brasileos (o locales y/o nacionales, si

te de la Repblica, el general Eurico Dutra. En ella siempre fue importante el papel de los civiles, incorporados por su formacin profesional en las reas de la industria, la educacin, las comunica-ciones y la actividad bancaria. Deban poseer ttulo universitario o equivalente y probada capacidad de liderazgo.

MATRIUSKAS DE TERROR 15

se prefiere). No es slo una alianza econmica, sino tambin una alianza poltica entre la tecnoburocracia y el capital industrial. Segn Luz Carlos Bresser Pereira (1985: 103), ella "da especificidad (y fuerza poltica) al rgi-men militar brasileo. Como alianza, ella no se vuelve bien definida hasta aproximadamente 1967. Los militares, bajo la influencia de la UDN [Unin Democrtica Nacional, el partido de la derecha liberal creado en 1945], bus-can inicialmente, por un lado, aliarse a la tecnoburocracia civil estatal y, por el otro, encontrar apoyo en las clases me-dias pequeo burguesas (tradicionales) y en la burguesa agrario-mercantil. Pe-ro despus perciben que la fuerza es-taba con el capital industrial y con el capital bancario, y ambos se alan de forma decisiva".

Pereira aade que "el pacto poltico autoritario y excluyente" se conforma entre 1964 y 1968, basado en la triple alianza de la tecnoburocracia estatal, la burguesa local y las empresas multina-cionales. "La fuerza de ese pacto reside en la circunstancia de que la tecnobu-rocracia en el poder haya sabido reco-nocer el hecho de que, tanto el capital local como el multinacional eran ya pre-dominantemente industriales. Su carc-ter excluyente se traduce en la exclu-sin radical, de carcter econmico y poltico, de los trabajadores y de am-plios sectores de la clase media asala-riada y de la pequea burguesa" (Pe-reira, 1985: 104; las cursivas son m-

as). 19

A juicio de Luiz Bresser Pereira, esa triple alianza es tan importante, es-tratgicamente, que la ruptura, dentro de ella, entre la burguesa local y la

19

Curiosamente, en este aspecto el mode-lo econmico de la dictadura brasilea, ms all de las sustanciales diferencias estratgicas, anticipa una coincidencia, tambin de carcter estratgico, con el de las otras tres del Cono Sur.

tecnoburocracia, a fines de los aos se-tenta, constituye un aspecto clave para el proceso de democratizacin (Pereira,

1978). 20

La economa pergeada por la dic-

tadura brasilea se diferenci, enton-ces, de las otras tres. En efecto, el mo-delo llevado adelante por ella se inscri-bi dentro del llamado nacional-desarrollista (cuyos mayores logros se alcanzaron, aun sin romper la depen-dencia ni instaurar un capitalismo aut-nomo, en Brasil, precisamente, y en Mxico, ms all de las diferencias en-tre una y otra experiencia). En Brasil, ese modelo se prolong a lo largo de unos veinticinco aos (circa 1955-1980), y tal vez diez ms, hacia atrs, si se atienden a ciertas caractersticas de la dcada que sigue a la cada del Es-tado Novo. Sus caractersticas principa-les fueron cuatro:

1. El Estado fue el principal sujeto del desarrollo, cumpliendo diferentes funciones (planificacin, ejecucin de polticas, productor directo);

2. El nfasis fue puesto en la industria-lizacin del pas, dando prioridad al mercado interno, al cual se blind mediante barreras arancelarias y no arancelarias y un rgido control esta-tal del comercio exterior;

3. Se apel al endeudamiento externo en fuentes multilaterales (orga-nismos internacionales) y privadas- para cubrir la aducida insuficiencia de recursos internos;

20

La alianza entre tecncratas y militares estuvo presente en los cuatro casos, aunque no se expres de la misma ma-nera, o con los mismos sujetos. En Ar-gentina, por caso, la burguesa nacional fue excluida del bloque de poder). El es-tudio comparado de ella(s) constituye un punto central de nuestra investiga-cin

WALDO ANSALDI 16

4. La poltica industrialista fue sosteni-da por un trpode constituido por empresas estatales, multinacionales y privadas de capital brasileo (na-cional o local).

La dictadura brasilea modific par-cialmente el modelo al redefinir sobre todo el cuarto componente de la estra-tegia, el que adquiri la forma indicada por Luiz Carlos Bresser Pereira. SI se presta atencin, se advertir inmedia-tamente que las dos primeras caracte-rsticas del modelo nacional-desarrollista fueron cuestionadas radi-calmente por las dictaduras argentina,

chilena y uruguaya, en distinta magni-tud y tambin con distinto resultado. Como se sabe, Chile avanz ms que ningn otro pas en la etapa de las dic-taduras institucionales de las Fuerzas Armadas- en la desarticulacin del Es-tado, aunque conserv para ste el control de un recurso estratgico como el cobre, por ejemplo. La tercera el endeudamiento externo- se mantuvo e incluso acrecent, y la cuarta, la alianza entre clases y Estado, se redefini de diferentes maneras en cada uno de los casos.

COLOFN En el tiempo y el espacio dados para esta contribucin, he querido plantear algunas y slo algunas- grandes l-neas para un futuro anlisis de sociolo-ga histrica analtica, explcitamente comparativa, de las dictaduras institu-cionales de las Fuerzas Armadas. No ha sido mi intencin dar cuenta de to-das las cuestiones, ni establecer un or-den de prelacin de las mismas. Las aqu tratadas, an con sus lmites, sur-

gen del nivel actual de conocimiento que tenemos de un problema a investi-gar. Aun as, pueden resultar tiles y estimulantes para una mejor compren-sin de todas y cada una de esas dic-taduras y del papel que jugaron en el cambio del patrn de acumulacin del capital, y con l, en las formas de ac-cin y resistencia de las clases subal-ternas.

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MATRIUSKAS DE TERROR 17

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CMO CITAR Si usted cita este texto, por favor siga la siguiente indicacin para una correcta re-ferencia bibliogrfica:

ANSALDI, Waldo: Matriuskas de terror. Algunos elementos para analizar la dictadura argentina dentro de las dictaduras del Cono Sur, en Alfredo R. Pucciarelli, coordinador, Empresarios, tecncratas y militares. La trama corporativa de la ltima dictadura, Siglo Veintiu-no Editores, Buenos Aires, 2004, pp. 27-51.

Muchas gracias por su observancia.