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Medidas para fomentar la inclusión de la población en riesgo social de Castilla y León

PRESENTACIÓN

La Plataforma Social de Valladolid es un Colectivo de asociaciones y personas

comprometido con la defensa y el desarrollo del Red Pública de Servicios Sociales, la Ley de Dependencia, Prestaciones y pensiones..., en definitiva, el Estado de Justicia y Bienestar Social.

Preocupados por la situación de las familias y personas en exclusión o en riesgo de estarlo, hemos analizado los planes y estrategias en vigor y mantenido reuniones con diversas entidades sociales y educativas que realizan su intervención en un contexto en el que predomina la desventaja y el riesgo de exclusión social, con el fin de adquirir toda la información posible antes de plantear las propuestas que presentamos en este documento.

A través de la información recogida nos hemos ido aproximando a la realidad social y hemos ido conociendo el trabajo que se establece desde los servicios y entidades de distintas zonas. También hemos podido percibir las necesidades sentidas por estos servicios y por la población.

Con toda la información y el análisis de diversos documentos hemos podido elaborar este informe. En él se recogen conclusiones y propuestas que esperamos sean consideradas por las Administraciones públicas con competencias en materia de Educación y Servicios Sociales.

Antes de detallar las conclusiones, desde la Plataforma Social de Valladolid queremos hacer un reconocimiento a las personas del tercer sector, que están realizando una labor encomiable con la población en riesgo de exclusión, y de forma más concreta con los menores, teniendo en cuenta que los recursos de que disponen suelen ser escasos. Y también a los profesionales de la educación que trabajan en contextos sociales en desventaja y en colegios de difícil desempeño.

Todas las propuestas que presentamos en este documento están abiertas a debate y sujetas a modificaciones que las enriquezcan, con la finalidad de que la población en riesgo de exclusión se incorpore a su grupo o comunidad, llegando a conseguir un equilibrio social.

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Contenidos que presentamos en este documento:

Contenidos que presentamos en este documento:

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1. PLANTEAMIENTOS GENERALES

a. Motivaciones de la Plataforma Social para realizar estas propuestas

Analizados los resultados de la revisión de actuaciones que están desarrollando la Administración Central y Autonómica, llegamos a la conclusión de que no están siendo eficaces para conseguir la inclusión de la población en riesgo de exclusión en la sociedad, a pesar de que cuentan con capacidad económica y competencias en materia de Servicios Sociales.

Hemos podido hacer las siguientes constataciones:

1º Los planes y estrategias son documentos formales que sólo sirven para dar cobertura al discurso político, pero no para contribuir a revertir la situación de la población en riesgo de exclusión. Aun cuando los contenidos puedan ser técnicamente correctos, carecen generalmente de la dotación presupuestaria para su desarrollo e implantación. Por lo que es necesario que exista la suficiente voluntad política para abordar las intervenciones en materia de inclusión social.

2º El principal instrumento económico dirigido a apoyar a las familias que carecen de ingresos económicos en Castilla y León es la Renta Garantizada de Ciudadanía. Este puede ser un recurso positivo para actuar contra la pobreza extrema, pero es ineficaz cuando se trata de evitar la exclusión social. Aunque siempre se insiste que el objetivo de esta ayuda económica debe de ser algo transitorio para llevar a la persona perceptora a una situación de normalización laboral, en la realidad nos encontramos que en la inmensa mayoría se perpetúan en esa situación, fundamentalmente cuando se trata de situaciones estructurales.

3º La práctica totalidad de los programas dirigidos a la inclusión social y laboral que desarrolla la Junta de Castilla y León, están financiados con el Fondo Social Europeo. Éste establece unos criterios para la selección de los participantes muy específicos, por lo que son excluyentes con otros perfiles sociales, esto no contribuye a la inclusión social de los mismos.

b. Diferenciación entre los conceptos de pobreza y exclusión social

La pobreza la podemos clasificar en pobreza extrema o marginal y pobreza moderada, dividiéndose a la vez esta última en integrada y no integrada.

La pobreza extrema está al margen del ciclo económico, una parte la forman las denominadas “personas sin hogar” y otra la forman familias enteras que viven en una cultura de marginalidad, con hábitos de vida muy arraigados, en chabolas o viviendas muy precarias. Los hijos e hijas de estas familias, si no salen de ese entorno, cuestión que no es frecuente, continúan viviendo en la marginalidad. Para superarlo sería necesario saltarse una generación de convivencia en estas condiciones y hacer una gran apuesta por la educación integral, es decir desde la familia, los colegios, otras entidades educativas, técnicos de las administraciones y asesores.

Es necesario que tanto las administraciones, como los colegios y los servicios sociales de base programen las intervenciones en red con el compromiso de trasformar la realidad social de estos menores.

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En Valladolid capital se registra medio centenar de personas sin hogar. En proporción demográfica se trata de un grupo reducido, aunque su imagen llama mucho la atención y puede parecer un grupo más numeroso.

Las personas en situación de pobreza moderada integrada son generalmente las viven solas con ingresos mínimos, normalmente mayores.

El colectivo de viudas es que el más se ajusta a esta característica, viviendo con mucha austeridad.

Cuando se trata de familias con menores que se encuentran en situación de pobreza moderada integrada, la precariedad genera mucho sufrimiento y condiciona el futuro de sus miembros.

La pobreza moderada no integrada la constituyen personas o familias que viven en la economía sumergida, de forma legítima o ilícita.

La mayoría de las personas que se encuentran en situación de pobreza moderada no integrada, de origen español o con residencia legalizada en España, son perceptoras de algún tipo de subsidio, como la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Ley de Integración Social del Minusválido, la Renta Activa de Inserción, etc.

La pobreza según el INE y Eurostat. La encuesta de condiciones de vida, que elabora el INE, establece que una familia de 4 miembros para no estar en la pobreza moderada debe tener unos ingresos de más de 1.400 euros.

Una parte de la población que se encuentra en esta situación de pobreza moderada, son las personas mayores de 45 años que se quedaron en desempleo como consecuencia de la crisis en el sector de la construcción.

Si una familia de 4 miembros tiene unos ingresos inferiores a 709 euros se encuentra en situación de pobreza severa.

Para determinar los ingresos económicos que debe tener una familia para ser considerada en pobreza moderada o extrema, se tiene en cuenta los criterios establecidos por Eurostat.

Siguiendo los criterios de Eurostar, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana1 de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos. Al disminuir los ingresos de la población también disminuye el umbral de riesgo de pobreza.

En 2014 el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con ingresos de 2013) se situó en 7.961 euros al año, un 1,9% menos que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años dicho umbral fue de 16.719 euros

La mediana sube como consecuencia de que una parte de la población tiene unos elevados ingresos. En una sociedad más pobre como era la España de los años 50, había

1 Mediana. La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una

mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Por tanto, por tratarse de una medida relativa, su valor depende del nivel de renta y de cómo se distribuya la renta entre la población.

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menos población por debajo del umbral de riesgo de pobreza porque la mayoría vivía en condiciones más precarias.

Según el “Informe del Estado Social de la Nación 2017” elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales: “la Exclusión Social es un concepto más complejo (que la pobreza) y, por ello, mucho menos definido. Tiene mucho que ver, sin duda, con la pobreza, pero no se limita a ella. Hay personas y familias que viven en situaciones de pobreza, incluso severa, por su bajo nivel de renta o por las carencias materiales que padecen, pero no se pueden calificar, de ninguna manera, excluidos, ya que mantienen una relación positiva con su entorno”.

Hechas estas consideraciones, manifestamos la importancia de diferenciar los conceptos de pobreza y exclusión social.

Destacamos la idea fundamental de que una persona en situación de pobreza puede salir de ella con diversos apoyos que le permitan mejorar su situación económica, y una persona en exclusión suele perpetuar esta situación al requerir un cambio radical en su forma de vida, no solo a nivel económico.

Por tanto, lo más grave es crecer en una familia en situación de exclusión. Los menores se ven abocados a mantener la exclusión social porque es el ambiente donde han crecido y asumen ese modelo de vida.

Según el informe de la Fundación FOESSA: La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención: “la Tasa de exclusión social de los hogares en España se multiplica por 1,5 cuando en las familias convive algún menor de 18 años, y por 2,5 cuando la familia es numerosa. La exclusión social oscila, por tanto, del 22% global al 32% en el caso de las familias con menores, al 47% en las familias monoparentales y al 54% en las familias numerosas”.

c. Acciones del Gobierno de la Junta de Castilla y León ante la situación de exclusión social de la comunidad.

Consideramos que para el Gobierno de la Junta de Castilla y León NO es una prioridad prevenir la exclusión social ni tampoco actúa para lograr la inclusión de las familias en riesgo de exclusión.

La Ley 16/2010, de Servicios Sociales de Castilla y León, establece unos objetivos y principios que después no tienen correspondencia con los artículos de la propia ley donde se concretan las prestaciones y con el desarrollo que se ha hecho desde la Junta de la misma.

El artículo 5 de la Ley establece su finalidad y objetivos. Definiendo que el sistema de servicios sociales tiene como finalidad proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y sociales y que los servicios sociales estarán especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la autonomía, la integración, la igualdad de oportunidades y la integración plena de las personas mediante la detección de sus necesidades, la prevención de las situaciones de riesgo, la eliminación o tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o exclusión, y la compensación de los déficits de apoyo social fomentando la intervención comunitaria, la convivencia y la cohesión social, y promoviendo la participación, el asociacionismo y la acción voluntaria y solidaria.

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En el artículo 7 establece que un principio debe ser la prevención, definiendo que las políticas de servicios sociales actuarán preferentemente sobre las causas de los problemas sociales, considerando prioritarias las acciones preventivas y atendiendo al enfoque comunitario de las intervenciones sociales.

La falta de correspondencia entre los principios y objetivos la encontramos en la propia Ley cuando se define que existen prestaciones esenciales y prestaciones no esenciales.

A las prestaciones esenciales las reconoce el carácter de derecho subjetivo

(artículo 19), y es obligatoria su prestación y no pueden estar limitadas por falta de

financiación, no teniendo esta obligación con las no esenciales.

Cuando se lee la relación de prestaciones contempladas como esenciales se comprueba que como esenciales en Castilla y León se incluyen todas aquellas cuya financiación es obligatoria, porque lo determinan otras leyes: Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Ley de protección de menores, etc.

Es evidente que el modelo de Servicios Sociales que desarrolla la Junta de Castilla y León no está ideado para acabar con la exclusión social. El ejemplo más claro lo obtenemos al consultar las estadísticas que recogen la progresión social de cada persona o familia que se encuentran en exclusión social o en riesgo de estarlo que son receptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía; en la mayoría de los casos no ha cambiado su situación y, lo que es más grave, esa tesitura social la transmiten a los hijos

Sería necesario, por tanto, diseñar proyectos de inserción personalizados que respondan a la situación particular de las personas afectadas, vinculados a proyectos integrales. Para esto es necesario la ampliación de recursos, pero es más importante cambiar la metodología de trabajo.

La propia Ley de Servicios Sociales que establece que deben desarrollarse reglamentariamente las funciones y requisitos mínimos de infraestructura, equipamiento y personal de los Equipos de Acción Social Básica (artículo 31) y las titulaciones y cualificaciones idóneas para el ejercicio de las actividades profesionales en los Servicios Sociales, teniendo en cuenta para ello los objetivos y características de cada servicio, los requerimientos que resulten consecuencia de las determinaciones que disponga el catálogo de servicios sociales de Castilla y León, así como las exigencias de calidad y garantía de una cobertura adecuada (artículo 53). Nuestra preocupación se acrecienta al comprobar que no se están realizando ninguno de estos desarrollos reglamentarios.

Como consecuencia, la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León está consolidando un modelo de Servicios Sociales asistencialistas, frente a un modelo de Servicios Sociales que camine hacia el Bienestar Social y erradique la exclusión social e integre socialmente a los colectivos más vulnerables.

La Ley de Servicios Sociales de Castilla y León prevé en su artículo 31, la existencia de Equipos de Acción Social Básica, formados por personal técnico, que, entre otras tareas, tienen que realizar: la coordinación y desarrollo de acciones preventivas, la promoción de la convivencia e integración familiar y social, la detección y diagnóstico de necesidades generales de la población de su zona, la elaboración de propuestas y evaluación de resultados.

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La intervención sesgada que se está realizando desde los servicios sociales, no solo mantiene y potencia la exclusión social de las familias en situación de riesgo, sino que afecta al conjunto de la población en la convivencia, el equilibrio y el buen desarrollo social.

Pensamos que la potenciación de cambios metodológicos de intervención desde los servicios sociales básicos puede evitar las actuaciones de carácter asistencial en el ámbito social. Sería aconsejable potenciar el desarrollo de programaciones en red implicando a los Equipos de Acción Social Básica y los Equipos Multidisciplinares Específicos con el fin de proporcionar medidas integrales para fomentar la inclusión social.

La Ley establece que los servicios sociales en Castilla y León son de responsabilidad pública, si observamos cómo se están desarrollando la mayoría de los programas sociales, comprobamos que existe una dejación de las responsabilidades propias en mano de determinadas entidades sociales o económicas. Reduciéndose el papel de la Junta al mero control económico de los mismos, y no a la consecución de los objetivos y finalidades.

d. Inclusión social como oportunidad para restablecer el equilibrio demográfico ante el envejecimiento de la población

La tendencia de Castilla y León es perder población. Nos encontraremos con una región cada vez más envejecida y a la vez más subsidiada por falta de empleo. Conseguir la inclusión social de la población en situación de riesgo es en una oportunidad y una necesidad para nuestra Comunidad.

Los datos estadísticos constatan que se trata de la comunidad más envejecida de España, en 2016 el 24,4% de los castellanos y leoneses tenían más de 65 años y el 9,3% más de 80, con una tendencia creciente. La proyección para el año 2029 es que la población mayor de 65 años será el 31,9%.

El descenso de la natalidad, de las familias con nivel alto de inclusión social, es otra característica que se consolida en el tiempo. En el año 2000 los menores de 20 años suponían el 19,4% de los castellanos y leoneses, frente al 23,5% de los mayores de 65 años. En el año 2015, el porcentaje de menores de 20 años se ha reducido al 16,1, frente al crecimiento de los mayores de 65 años, que creció al 24,1%.

La población de Castilla y León actualmente es de 2.424.395; 84.101 habitantes menos que veinte años antes. Hay que tener en cuenta que la reducción de población podía haber sido aún mayor, pero debido a la incorporación de población nacida fuera de España, en 2017 tenemos 121.536 inmigrantes de fuera de España.

En Castilla y León en 2017 hay 84.101 habitantes menos que 20 años antes. Si la población no se ha reducido más es como consecuencia de hay 121.536 personas viviendo en nuestra Comunidad que provienen de otros países.

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Castilla y León es también la Comunidad española que sufre mayor pérdida de población joven y preparada.

Hay que tener en cuenta que, por otro lado, asistimos al crecimiento de núcleos de población en riesgo de exclusión, que crece en determinados barrios de las ciudades.

Teniendo en cuenta estos datos, debemos intentar poner en marcha procesos inclusivos que prevengan la exclusión social y contribuyan a mejorar la convivencia, con el fin de asegurar una plena normalización. Este debe ser uno de los retos que tiene que asumir nuestra Comunidad. Con ello no sólo estaremos logrando garantizar la calidad de vida a las personas que ya habitaban en esas zonas o barrios, sino que estaremos previniendo situaciones de marginación que se pueden originar con los nuevos vecinos que se incorporan a los mismos.

e. Empleo, el mejor medio para impulsar la inclusión social

El principal medio para lograr la inclusión social es el empleo. De ninguna manera podemos considerar que se contribuye al cambio social a través de la gestión de prestaciones económicas de carácter benéfico.

La actual precarización (temporalidad y bajas remuneraciones) del mercado laboral hace que existan trabajadores y trabajadoras en situación de pobreza, ésta es la principal causa de la consolidación en la situación de exclusión social de muchas familias. Una persona que se encuentre excluida socialmente, si no tiene posibilidad de acceder a un empleo digno, no sólo no podrá salir de la pobreza, sino que no saldrá de la exclusión.

Desde la Junta de CYL se presume de tener una tasa de desempleo inferior a la media nacional, la realidad es que la tasa de desempleo esta distorsionada en relación con España, porque al tener más personas mayores que el conjunto del Estado Español, es menor el número de personas que buscan trabajo.

La pérdida de población joven y cualificada es constante como consecuencia de las dificultades para acceder a un empleo digno. Si la población joven y cualificada tiene dificultades para acceder a un empleo digno, es casi imposible que la población en riesgo de exclusión tenga más posibilidades de encontrar un empleo que le permita superar su situación. Esto genera su cronificación, entran en un círculo vicioso en el que parecen destinados a sobrevivir de las ayudas sociales. Lo que en muchos casos provoca el rechazo del resto de la población.

La crisis ha generado una sociedad más desigual con un amplio sector de la población que se ha empobrecido y no puede pagar los servicios básicos: Luz, calefacción, alquiler, etc.

Los trabajadores tienen que estar dispuestos a tener movilidad para poder acceder con más facilidad al empleo y disponibilidad para asumir bajos salarios, si además cuando tienen que desplazarse hay que añadir los gastos de tener que vivir fuera del municipio donde reside su familia. Es indignante que estás sean las opciones laborales que se planteen.

Según el informe de la Comisión Europea: España 2017, el 13,1% de los trabajadores están en riesgo de pobreza.

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La situación de pobreza que viven muchas familias no es sólo consecuencia de la crisis, es un problema estructural, que, con el modelo económico actual, a pesar de las afirmaciones de autosatisfacción por el crecimiento económico que realizan los miembros del actual gobierno, se ha consolidado la desigualdad y España es el país de Europa más desigualdad, entre el 20% más rico y el 20% más pobre. Por lo que si no se desarrollan otras políticas se está condenando a un elevado porcentaje de la población a vivir en la exclusión y en la pobreza.

f. La infancia, el futuro de la comunidad de Castilla y León

España es el tercer país de la UE con la tasa más alta de pobreza infantil, sólo por detrás de Rumania y Grecia. Según el último informe de UNICEF.

En este informe se ha medido el indicador de pobreza “anclada”, con el que se evalúa hasta qué punto el bienestar de la población mejorará o empeorará en términos reales a medio y largo plazo. Se ha tomado con referencia de partida el año 2008.

En el caso de España, Unicef señala que la pobreza “anclada” habría alcanzado en España a casi el 40% de la población infantil, con un aumento de 9 puntos porcentuales entre 2008 y 2014.

La falta de políticas integrales para sacar a las familias de la exclusión social contribuye a la transmisión intergeneracional de la pobreza. La falta de estas políticas está condenando a los menores a ser excluidos socialmente. El informe que ha presentado este año “Savethe Children” afirma que 8 de cada 10 niños pobres heredaran la pobreza de sus padres.

Los embarazos prematuros y numerosos principalmente se producen entre las adolescentes en exclusión social o riesgo de estarlo. Vemos necesario actuar para prevenir esta situación con el fin de no contribuir a esta perpetuación de la pobreza.

g. Planteamiento sobre la creación de un nuevo Plan de Inclusión

Si analizamos algunos Planes y estrategias cuyo fin es potenciar la inclusión social en Castilla y León, comprobamos que no han sido desarrollados adecuadamente.

Ya en 2004 existía el Plan sectorial de acciones para la inclusión social. Este plan tenía un carácter global, pero prácticamente no se desarrolló. Los posteriores planes o acuerdos, e incluso las leyes, como es el caso “Red de Protección a las familias de CYL” exclusivamente han estado destinados y siguen teniendo como fin la concesión de ayudas económicas, y están no dirigidas a erradicar la exclusión social. Aquí citamos algunos ejemplos.

El citado plan del año 2004 que finalizó en 2007 y no se ha vuelto a renovar. Se dirigía a los colectivos con más riesgo de exclusión:

- Perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción (Prestación económica anterior a la Renta Garantizada de Ciudadanía)

- Mujeres con cargas familiares en situación de extrema pobreza

España es el país de la Unión Europea con más desigualdad, entre el 20% más rico y el 20% más pobre.

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- Población de etnia gitana en situación o riesgo de exclusión - Población extranjera en situación o riesgo de exclusión - Otras situaciones de exclusión severa.

Este Plan establecía que la atención debería ser personalizada. La atención personalizada forma parte del discurso del gobierno de Castilla y León, pero se queda ahí, no tiene su reflejo en la aportación de los medios necesarios para llevarlo a la práctica.

El 27 de marzo del 2015, en el marco del Dialogo Social se adoptaban las siguientes medidas:

- Ampliación de la Renta Garantizada de ciudadanía - Refuerzo del sistema de la Dependencia - Mantenimiento del importe a las ayudas del estudio de los universitarios, y

los programas “madrugadores” y “comedores escolares”. - Mantenimiento de las ayudas al alquiler.

En el ámbito del Dialogo Social se vienen acordando diversas medidas dirigidas a cubrir las necesidades básicas de las familias más vulnerables, a parte de las incluidas en el citado acuerdo, podemos resaltar:

- Otras medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda - Medidas dirigidas para facilitar que los menores que lo necesitan puedan

acceder a los comedores escolares. - Medidas dirigidas a la favorecer su empleabilidad: A través de itinerarios

personalizados de inserción laboral y un conjunto de acciones específicas que eviten la discriminación en el acceso y mantenimiento del empleo.

El pasado 25 de julio, el BOCYL publicaba el ACUERDO 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación. Este acuerdo regula como ha de favorecerse la empleabilidad de los sectores más vulnerables (Beneficiarios de la RGC, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad) a través de la contratación que realiza la Administración Autonómica. Siendo esta actuación positiva, es claramente insuficiente.

La Junta de CYL a través de su página Web anuncia la denominada “Red de apoyo a las familias afectadas por la crisis” (las familias en riesgo de exclusión no son sólo consecuencia de la crisis). Esta Red incluye un conjunto de recursos:

- Orientarme, hacer una valoración de mi situación y un acompañamiento en el proceso .

- Garantizar mis necesidades básicas de subsistencia , como la alimentación, la higiene, ingresos mínimos o vivienda.

- Apoyarme en la mejora de mis relaciones personales y familiares . - Prepararme para la inclusión laboral.

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Esta acción es escasamente útil, por la población a la que está dirigida. ¿Cuántas personas en riesgo de exclusión utilizan internet para buscar soluciones a su situación? Además el conjunto de recursos que se relacionan se concreta en diversas prestaciones económicas o asistenciales, que corresponde a los Centros de Acción Social (CEAS), asumir la mayor parte de la gestión de éstas. Es necesario precisar que la Red de CEAS, es exigua y precaria para atender todas las funciones que se asignan. Esta situación reduce sensiblemente la eficacia de la respuesta que se facilita a las personas que acuden a los Centros de Acción Social.

Ley 4/2016, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las familias de CYL afectadas por la crisis. (La situación de dualidad social es un problema estructural, cuando se habla de la crisis se plantea como algo coyuntural, por eso es necesaria una respuesta global).

Esta ley es consecuencia de los acuerdos del Dialogo Social, y lo que regula es la

ampliación de la cobertura de las prestaciones económicas dirigidas a las personas y

familias en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad. Pero no tiene un

proyecto de intervención comunitaria que esté dirigido a erradicar la exclusión social.

Recientemente se ha puesto en funcionamiento por cuatro corporaciones

locales de CYL: los Ayuntamientos de Valladolid, Salamanca y León y la Diputación de

Valladolid, coordinados por la Gerencia de Servicios Sociales, un proyecto europeo

denominado: “Un modelo proactivo enfocado a la gestión de caso para la inclusión

social”. Está dirigido a 160 familias de la Comunidad. La estrategia es situar a la persona

en el centro de las intervenciones (el Plan sectorial de acciones para la inclusión social

de CYL, elaborado en 2004, ya establecía que la atención que promovía era

personalizada). Esta actuación estaría en la dirección adecuada, si bien es claramente

insuficiente.

A nivel Estatal el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aprobó el

Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (2013–2016), que anunciaba un

presupuesto anual de la importante cantidad de 34,5 mil millones de euros (no es creíble

que en 3 años se haya dedicado más de 3 veces del equivalente al presupuesto de la

Junta para desarrollar este Plan). El Plan recibió una fuerte crítica por la Asociación de

Gerentes y Directores de Servicios Sociales, porque ofrecía “ventajas sociales” para

colectivos marginales y no articulaba medidas que evitaran la fractura social.

Esto se contradice con la reducción del presupuesto que le llega a CYL a través

del Plan Concertado, para financiar los servicios sociales básicos, que, en el año 2011, se

Todos los planes que se elaboran tienen como planteamiento de actuación la atención

personalizada y como objetivo combatir la exclusión social. Pero la realidad es que

generalmente se reducen ayudas económicas.

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recibía 7.324.738, en el año 2017, se van a recibir sólo 2.284.647, lo que supone que se

ha reducido el 69%.

La CAIXA es organismo intermedio del Programa Operativo de Inclusión Social y

de la Economía Social (POISES) para el periodo 2014-2020, financiado por el Fondo

Social Europeo, además dispone de una Cartera de Servicios. Es fundamental conjugar

el importante papel que desempeña la CAIXA, con la responsabilidad pública que se

tienen que ejercer en el desarrollo de los servicios sociales.

h. Medidas específicas dirigidas al área de Menores.

El 20 de noviembre de 2012 la Junta de Castilla y León aprobaba el “Pacto por los derechos de la infancia en Castilla y León”. A este Pacto se han ido adhiriendo ayuntamientos, asociaciones y otras entidades, hasta llegar a la cifra de 150. Este documento tiene un conjunto de objetivos y “compromisos” genéricos, que sólo han servido para articular el discurso político de la Junta de CYL. Porque nunca se dotó de un presupuesto, ni tuvo una traducción práctica en actuaciones con la infancia.

Del mismo tenor, mientras no se dote de presupuesto y compromisos concretos es la declaración de las “Ciudades Amigas de la Infancia”, declaración que están formulando diversas instituciones.

La incorporación en el currículum educativo la cultura gitana como consecuencia de la ORDEN EDU/71/2016, de 8 de febrero, por la que se constituye un grupo de trabajo para la elaboración de unidades didácticas y materiales curriculares innovadores para el estudio y difusión de la historia y la cultura del pueblo gitano y su inserción en el currículum de Castilla y León, sin duda ayudara a la motivación del alumnado gitano y la normalización de la convivencia en los centros escolares.

i. Evolución de los presupuestos de las Consejerías del Área de Bienestar social de la Junta de Castilla y León

Las consejerías que configuran las políticas de Bienestar Social han sufrido recortes importantes a partir de 2010, alcanzando su nivel mínimo en 2014, produciéndose una ligera recuperación en los presupuestos posteriores.

2010 2014 2017 2017 -2010 %

Sanidad 3.509.429.494 3.192.069.150 3.477.222.563 -32.206.931 -0,91

Educación 2.224.307.968 1.802.519.187 1.976.348.792 -247.959.176 -11,14

Familia 878.613.705 809.134.890 925.428.145 46.814.440 5,32

Bienestar 6.612.353.177 5.803.725.241 6.074.559.912 -233.351.667 -3,53

Total Junta 10.575.537.036 9.481.615.087 10.293.186.358 - 282.350.678 - 2,67

Es necesario que los planes y estrategias sean menos ambiciosos y más realistas para obtener resultados.

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En resumen, podemos decir que ocho años después de comenzar los recortes de los presupuestos dedicados a las áreas de Bienestar Social, estos se han reducido más que el conjunto del presupuesto de la Junta. Es especialmente sangrante la reducción en Educación. Si bien en la Consejería de Familia hay un crecimiento del 5,32%, es necesario indicar los ingresos que recibe la Consejería por los servicios asistenciales que prestan a las personas a través de las residencias de personas mayores o con discapacidad y a través de otros centros, ha pasado de ingresar 66,9 millones en 2014 a 73,3 millones en el actual presupuesto.

Fundamentalmente el crecimiento del presupuesto de la Consejería de Familia se ha destinado a prestaciones económicas y no a la aportación de medios para reforzar los servicios sociales básicos, lo que permitiría trabajar en la prevención y la inclusión.

879 824 809 873 Consejería familia ; 974

2.225 1.953

1.803 1.902 Consejería

Educación ; 2.045

2010 2012 2014 2016 2018

Títu

lo d

el e

je

Evolución de presupuestos

879 824 809 873 974

2.225 1.953

1.803 1.902

2.045

2010 2012 2014 2016 2018

Consejería familia Consejería Educación

El presupuesto de la Consejería de familia ha crecido más porque tiene más ingresos al

pagar más las personas y familias cuando están en una residencia o centro de día públicos.

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2. APROXIMACIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE LOS ÁMBITOS SOCIAL Y EDUCATIVO EN CASTILLA Y LEÓN

a. Datos Sociales

Situaciones detectadas a través de las reuniones mantenidas con Equipos directivos de centros educativos, responsables de entidades sociales y profesionales de los servicios sociales que actúan en el ámbito de la población en riesgo de exclusión.

Perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC):

La mayoría de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía viven en los barrios con mayor volumen de población en riesgo de exclusión, como son los barrios de Delicias y Pajarillos.

El 74% y 69%, de las familias de Pajarillos y Barrio España, respectivamente, han recibido algún tipo de atención por los servicios sociales municipales.

La tendencia es que se produzca un incremento de las necesidades sociales en los barrios donde reside la población en situación de vulnerabilidad.

Dentro de la citada población, la situación se agrava para aquellas personas que se encuentran de forma irregular en España.

No existe un estudio completo que recoja la situación real del número de personas y familias que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla. Sería necesario conocer en cada caso cual es el conjunto de factores que motivan su situación y la intensidad de cada uno.

Los planes individualizados de inserción, por lo general, no se están aplicando o no registran unos resultados significativos.

Los proyectos que se están desarrollando carecen de los recursos económicos

necesarios. Cuando se consigue alguna inserción laboral es más consecuencia de la

implicación de la entidad que actúa como gestora del programa, que los medios que se

aportan desde la administración.

Como conclusión de esta primera parte de planteamientos generales de la intervención social en Castilla y León, nos formulamos algunas preguntas para la reflexión y debate sobre el trabajo realizado por la Administración para favorecer la inclusión social ¿Por qué existiendo tantos planes y estrategias se mantienen tantas familias en situación de vulnerabilidad social? ¿Qué evaluaciones se están realizando de los planes aplicados? ¿Qué es necesario cambiar para mejorar los resultados?

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La Junta se retrasa en el pago de las subvenciones destinadas a promover la contratación de perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, lo cual limita las posibilidades de desarrollo del programa.

Por otra parte, los empleos a los que acceden los perceptores suelen ser muy precarios, hasta el punto de que prefieren vivir de la RGC que trabajar. Consecuentemente, la RGC en lugar de impulsar la inserción social a través del empleo, en muchos casos, está perpetuando y cronificando la exclusión social.

A todo esto, podemos añadir que, desde los servicios sociales básicos, saturados de gestiones individualizadas, no se está potenciando la actuación preventiva ni el trabajo cooperativo en red, enfoques fundamentales para generar trasformación o cambio social. Por el contrario, se está fomentando una intervención de carácter benéfico.

La Renta Garantizada de Ciudadanía, a pesar de estas deficiencias, también ha tenido efectos positivos para individuos y familias en riesgo de exclusión desde los que se puede empezar a construir un modelo más efectivo.

Algunas consecuencias de las más significativas:

- Ha contribuido a normalizar la situación de algunas las familias, ya que se han visto obligadas a regularizar servicios que generalmente eludían (pago de la renta, la luz, el agua, etc.).

- Ha servido para exigir que lleven a los hijos al colegio en las etapas de educación obligatoria, lo que evita el absentismo.

- Ha favorecido la participación de las mujeres en los diferentes programas de promoción y educación, facilitando su relación con otras mujeres en entornos diferentes y fomentando la formación y la búsqueda de empleo.

Personas en situación de desempleo

Vemos necesario que las respuestas que se den desde las Administraciones orientadas al fomento de empleo sean específicas en función de cada tipo de colectivo al que se dirigen.

Los colectivos se podrían agrupar en los siguientes bloques:

- Personas mayores de 45 años que se han quedado sin empleo. - Jóvenes de nacionalidad española sin formación que están en desempleo. - Personas en situación de pobreza moderada integradas sin formación que

viven en la economía sumergida y a la vez son perceptores de algún tipo de subsidio.

- Personas en situación de pobreza moderada integradas que sólo viven con la RGC u otro subsidio o pensión mínima.

- Personas en situación de pobreza moderada no integradas sin formación que viven en la economía sumergida y a la vez son perceptores de algún tipo de subsidio.

- Personas en situación de irregularidad en España, por lo que no perciben ningún tipo de subsidio.

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Colectivo de personas con discapacidad

Dentro del colectivo de personas en riesgo de exclusión social, las personas con discapacidad tienen más difícil lograr su inclusión social.

Los programas dirigidos a la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad,

que están financiados con recursos de la Unión europea, tienen el hándicap de que sólo

pueden participar los jóvenes con discapacidad, lo que estigmatiza a sus participantes,

por lo que no se logra la inclusión social. La Junta de Castilla y León debería adaptar el

desarrollo de estos programas para que puedan participar jóvenes con y sin

discapacidad, aportando la Junta los recursos económicos necesarios, para garantizar el

buen resultado de los mismos.

Ocupación ilegal de viviendas

Las viviendas que los bancos han expropiado por impago de hipotecas están vacías, en su mayor parte.

En algunos casos se han instalado de forma ilícita individuos, familias, o grupos de personas, “okupas”. Algunas de ellos están alquilando estas viviendas a terceros.

Las residencias ocupadas suelen presentar gran deterioro físico debido al hacinamiento, abandono de mantenimiento, etc. En ocasiones, los ocupantes ilegales también generan conflictos de convivencia. En estos casos se consideraría necesaria una intervención dirigida a educar los hábitos de los ocupantes en asuntos básicos, como utilizar correctamente los contenedores de basura, participar en las reuniones de las comunidades de vecinos, etc.

Las entidades financieras propietarias de las viviendas, por lo general, no pagan la cuota de la comunidad de vecinos, esto afecta directamente a las personas propietarias del resto de viviendas que tienen que abonar entre todos los gastos comunes.

b. Promoción de la etapa educativa como prevención de la exclusión

La escuela es el mayor recurso de que disponemos a la hora de plantearnos la inclusión social de los menores y su posterior promoción social.

En Valladolid, en el momento actual, se registran diferentes problemáticas escolares que entorpecen la aplicación de metodologías integradas educativa y socialmente. Pero también existen alternativas de trabajo en red de los colegios con la comunidad que demuestran que el grado de exclusión se reduce trabajando en esta línea, a pesar de contar con limitaciones.

La mayoría de los profesionales de las áreas de servicios sociales coinciden en la idea de que para fomentar la inclusión es necesario comenzar a intervenir desde la escuela, en todas las etapas educativas.

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Algunas circunstancias adversas que nos encontramos frecuentemente en educación:

Elevado número de niños y niñas de padres no nacidos en España, de segunda generación, en los colegios públicos de los principales barrios de Valladolid. Se da el caso de que algún centro tiene prácticamente sólo alumnado de origen inmigrante.

La población gitana tiende a concentrarse en los colegios con alumnado exclusivamente de minoría cultural gitana, denominados “de singular creatividad”. En estos centros es muy difícil el trabajo orientado al fomento de la inclusión social.

No existe una política que evite que se generen los colegios “de singular creatividad”. Normalmente lo que se produce es un vaciamiento de la población mayoritaria y, cuando sólo quedan las minorías, se opta por cerrar el centro y llevar a los niños a otros colegios, y uno de ellos ser convierte nuevamente en el centro “de singular creatividad” que sucede al anterior.

Esta estrategia, poco razonable, que genera una repercusión social muy negativa de cara a la inclusión, se ha llevado a cabo en diferentes ocasiones. Hace casi 30 años se produjo el cese de actividad en el Colegio Público Pío del Río Hortega en el barrio de Pajarillos; diez años más tarde se inhabilitó el centro público Conde Ansúrez en Barrio España. En estos momentos se prevé que se cierre el colegio María Molina en Huerta del Rey.

La ECRI (Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa), en su IV informe sobre España publicado el 8 de febrero de 2011, ya alertaba del problema de la distribución desigual de alumnos inmigrantes y gitanos y de la consecuente existencia de escuelas “de singular creatividad”, recomendando a las autoridades revisar los procedimientos de admisión para garantizar un reparto uniforme y más equitativo de estos alumnos en las escuelas públicas y en los colegios concertados.

Por ello, la ECRI recomienda encarecidamente que las autoridades españolas revisen el método de admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados y tomen otras medidas que puedan ser necesarias para garantizar una distribución equitativa de los alumnos españoles, inmigrantes y gitanos en los diferentes centros escolares.

En la Resolución del Procurador del Común sobre “Concentración de alumnado de etnia gitana”, se define las siguientes medidas:

1. Que por parte de la Administración educativa, se desarrolle una estrategia específica para intensificar los esfuerzos en la lucha contra la segregación escolar, adoptando una política activa que prevea la adopción de las medidas propuestas en esta resolución (y cuantas otras sean necesarias y eficaces) para prevenir situaciones de agrupación o concentración de alumnado inmigrante o perteneciente a minorías étnicas

Es necesario poner fin a la denominación de colegios “gueto”. A los colegios en los que prácticamente sólo hay alumnos pertenecientes a minorías proponemos que se les conozca como colegios “de singular creatividad”, por lo creativo que tiene que ser el proyecto educativo que se aplique.

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con condiciones socioculturales desfavorecidas y evitar, así, un sistema educativo segregado que no asegure la igualdad de oportunidades del alumnado.

2. Que en caso de consolidación de “de singular creatividad” educativos, se proceda al diseño de planes de actuación sobre los centros afectados que minimicen progresivamente su guetización, distribuyendo al alumnado de forma prudente y gradual para igualar, con los apoyos o la implementación de los proyectos educativos necesarios, la calidad de la oferta educativa y asegurar la plena integración de los alumnos.

En Valladolid también hay un número significativo de colegios públicos calificados de “difícil desempeño”. Esta denominación responde a diferentes criterios:

- Tipología de los centros (centros específicos de Educación Especial, aulas en instituciones de acogimiento e inserción de menores infractores, determinados centros de reagrupación escolar, etc.).

- Composición de unidades y agrupamiento de alumnado (puestos de trabajo que se hallen en centros incompletos, en los que se imparta Educación Infantil o Primaria y que junten alumnado de diferentes etapas en un mismo grupo).

- Localización del centro (puestos de trabajo docente que se hallen en centros rurales cuyas comunicaciones sean notoriamente deficitarias).

- Características del alumnado escolarizado (centros públicos o puestos de trabajo con alumnos con atención específica o necesidades de compensación).

Otro problema constatado es la situación de privilegio de escuela privada concertada frente a la escuela pública.

El descenso de la natalidad y la concentración de alumnos con necesidad de apoyo educativo en la educación pública está provocando un desplazamiento del resto de alumnos hacia los colegios concertados, todos los cursos se produce una reducción del número de las líneas en los colegios públicos, mientras se mantiene el número de líneas en los colegios concertados.

La matrícula en Valladolid ha disminuido en más de 200 niños y niñas, unas 10 unidades. ¿Dónde se han recortado esas unidades? ¿Habría que cuestionarse algunos de los conciertos educativos?

Cuando los padres van a decidir a qué colegio llevan a sus hijos, lo primero que hacen es ojear el centro y la percepción visual que reciban del centro es fundamental para tomar la decisión. Normalmente lo que menos cuenta es el Proyecto Educativo del Centro.

Sería bueno conocer la tendencia que existe en los colegios públicos y concertados. Para conocer ésta sería suficiente disponer de los datos del alumnado con necesidad de apoyo educativo, por compensación educativa, matriculado en los centros concertados en educación infantil y se mantienen hasta 6º de primaria. Así mismo disponer de los estos datos en los centros públicos.

Asumir que hay centros con alumnado que exclusivamente pertenecen a minorías étnicas o a población en riesgo de exclusión, es asumir que ese alumnado no tiene otro futuro que ser población excluida.

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Algunas consideraciones de carácter educativo que favorecen la inclusión escolar y social:

Consideramos muy importante que tanto la Administración como los centros escolares, sobre todo en la etapa de Educación Secundaria, valoren la importancia que tiene la asistencia a clase del alumnado con riesgo de exclusión social. El trabajo inclusivo comienza desde la escuela. Las consecuencias negativas de la desescolarización no solo afectan a nivel individual, sino a toda la sociedad en general.

La situación de absentismo escolar genera problemas de pobreza y delincuencia que se podrían prevenir si los chavales tuvieran oportunidad de recibir formación y titular para tener acceso al mundo laboral.

De la lectura del Programa de Absentismo Escolar se deduce el papel genérico que se otorga a los CEAS. Es necesario revisar la intervención de los CEAS en las Comisiones de zona de absentismo escolar, dándoles más participación en los casos que surgen, porque la problemática social que existe entorno a los menores absentistas no termina con la etapa escolar.

Es necesario mejorar permanentemente la preparación pedagógica del profesorado. Así como desarrollar métodos de pedagogía innovadora y la implicación del claustro de profesores. Trabajando en coordinación con otros profesionales de la educación y de los servicios sociales.

Cuando el trabajo se realiza desde una perspectiva de trasformación de la realidad social y se busca la equidad como objetivo para el alumnado, los resultados son favorables para los alumnos y alumnas en desventaja: escolarización a temprana edad, asistencia al colegio normalizada, matriculación en la etapa de Educación Secundaria y asistencia a clase hasta cumplir la edad obligatoria, la incorporación de algunos alumnos a bachillerato y estudios superiores.

Sería necesario conocer la repercusión y los resultados del Plan de Atención al Alumnado Extranjero y Minorías.

3. PROPUESTAS DE LA PLATAFORMA SOCIAL

a. CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE SERVICIOS SOCIALES

1.- Modificar del Catálogo de Servicios Sociales, incluyendo como prestación esencial la prevención, la participación comunitaria y la inclusión social de las familias y de los menores que estén en exclusión o en riesgo.

2.- Desarrollo de la intervención comunitaria en las diversas Zonas de Acción Social, priorizando por aquellas donde existe más población en riesgo de exclusión.

3.- Realizar un estudio sobre la distribución de la población en riesgo de exclusión en los diferentes municipios de Castilla y León.

4.- Planificar la intervención a partir de conocer en profundidad la situación de las zonas donde se existe más población en riesgo de exclusión. El estudio incluirá la situación de convivencia en que se encuentra cada comunidad de vecinos y las

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situaciones de exclusión múltiple: personas en situación de discapacidad, minorías étnicas, familias monoparentales, etc.

5.- Completar los equipos de profesionales de atención directa de los CEAS, dotándoles de suficiente personal básico y perfil multidisciplinar (trabajadores sociales, educadores sociales, integradores sociales, animadores socioculturales, agentes interculturales, etc.).

6.- Es fundamental que los servicios sociales básicos sean la puerta de entrada a los servicios sociales, incluidos los que pueden prestarse desde otros ámbitos: educación, sanidad, etc. Es la única forma de coordinar las actuaciones.

7.- Crear las bases para desarrollar un trabajo en red efectivo basado en las necesidades reales del grupo social estableciendo un proyecto común entre los servicios de base y específicos con un objetivo compartido.

8.- Crear un Plan de Vivienda viable, en el que sea posible conjugar la necesidad de las familias y las viviendas disponibles del parque de viviendas de bancos procedentes de desahucios, junto con acuerdos tanto con la junta de Castilla y León como con los Ayuntamientos.

9.- En cuanto a RGC, es prioritario:

- Para mayor efectividad se considera que la prestación sea resuelva en el mes desde que se presentó la solicitud (no es útil percibir atrasos, habiendo pasando meses sin ingresos económicos hasta la llegada de la resolución y el correspondiente pago). Esta situación lleva a utilizar prestaciones como ayudas de emergencia a cubrir estas lagunas, en detrimento del objeto principal de éstas (problemáticas concretas y urgentes que se resuelvan realmente, no la atención de gastos habituales como puede ser el alquiler de la vivienda).

- La unidad familiar completa tiene que ser objeto de seguimiento permanente para modificar la RGC en función de sus cambios por modificaciones por contratos laborales, prestaciones del Servicio de Empleo, etc.

- Agilizar los trámites de suspensión y reanudación de la prestación para favorecer la incentivación de búsqueda activa y los procesos de inclusión social.

- Dotación de recursos humanos y técnicos suficientes para poder establecer proyectos individuales de prevención adaptados a la peculiaridad de las necesidades de cada familia.

10.- Establecer convenios y compromisos con empresas para la contratación de personas en riesgo o exclusión social como ocurre con el colectivo de personas con discapacidad.

11.- Crear planes de inclusión social flexibles y abiertos, no centrados únicamente para ciudadanos perceptores de RGC, que en muchas circunstancias tienen una capacidad económica superior a la de otras familias que no tienen acceso a ella, quedando éstas fuera de circuitos institucionales de inclusión social.

12.- Es necesario desarrollar programas con profesionales de distintos perfiles sociales fuera del horario escolar, para continuar con los programas y otras intervenciones con menores, así como aumentar la implicación de las familias.

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13.- La intervención con las personas y familias debe hacerse desde la perspectiva de convertirles en participantes (actores y no espectadores), para que sean gestores de su propio proceso de mejora.

14.- Como la práctica totalidad de los programas les desarrollan las entidades sin ánimo de lucro o empresas, es necesario realizar un seguimiento y evaluación de los compromisos acordados, para poder implantar medidas correctoras dirigidas a lograr el cumplimiento de los objetivos, así como reconocer la imprescindible labor que aportan a los servicios sociales. En definitiva profesionalizar la intervención social.

15.- Desarrollar programas de prevención de los menores en riesgo de exclusión en Servicios Sociales en función de los antecedentes sociales de la familia. Al igual que se realizan en Sanidad (Cáncer de colón o de mama). Detectar la población “diana” en fácil porque la pobreza se hereda.

16.- En el Programa de Absentismo Escolar es necesario iincrementar la intervención de los CEAS con los alumnos con absentismo, para desarrollar una intervención integral en la que se incluya a sus familias.

b. CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE

EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE EDUCACIÓN

1.-Establecer un trabajo coordinado y en red entre todos los agentes que intervienen con menores en diferentes zonas

Es fundamental la coordinación desde los CEAS, como recurso básico de los servicios sociales y los profesionales de Educación. Ambos servicios deberían compartir la elaboración de estudios de necesidades, mapas de recursos y otra documentación básica para poder proyectar una intervención conjunta, hacer seguimiento, extraer conclusiones, etc.

2.-Poner en práctica estrategias políticas para evitar la generación de colegios “de singular creatividad” (conocidos como “gueto”), como indica el Procurador del Común de Castilla y León y La Comisión Europea contra el racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa.

3.-La plantilla del profesorado de Colegios con un número importante de alumnos y alumnas de minorías étnicas, debe tener claro que trabajarán dentro de un proyecto social integrado en coordinación directa con los Servicios Sociales de la zona.

4.- En algunos centros se puede valorar la necesidad de establecer métodos de selección del profesorado. Se realizaría la selección teniendo en cuenta el perfil y experiencia profesional, así como la predisposición para trabajar en equipo y en entornos de desventaja social.

Cada año que se retrase el desarrollo de un sistema de servicios sociales fundamentado en la prevención, la participación comunitaria y la inclusión social de las familias y de los menores que estén en exclusión o en riesgo, estaremos desandando un camino que costará cada vez volver andar.

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5.- Es beneficioso que en los centros “de singular creatividad” se mantengan plantillas que sean estables y puedan dar continuidad a los proyectos. Incorporando cuando se considere necesario diferentes profesionales de perfil social.

6.- En estos centros singulares se debe tender a mejorar los contenidos y los resultados escolares. Hay que buscar el equilibrio de oportunidades para que todos los niños y niñas promocionen a nivel escolar y social.

7.- Puede ser útil conocer el trabajo magistral que se esté realizando en centros de similares características.

8.- Es muy necesaria la formación pedagógica del profesor, de carácter innovador y tener un alto nivel de compromiso educativo, para introducir metodologías de innovación pedagógica de mayor calidad educativa y mejor adaptación social.

9.- La respuesta educativa debería basarse en la igualdad de oportunidades, la motivación escolar y la educación en la tolerancia, para todo el alumnado, para no favorecer conductas racistas y situaciones de exclusión.

10.- Vemos necesario garantizar los mismos recursos en los centros públicos que concertados, con el fin de asegurar que disponen de todos los medios que garanticen el proceso educativo de los menores con especiales dificultades educativas.

11.- Es necesario un buen equipo de profesionales de la educación para poder desarrollar una intervención integral en todos los casos y que se mantenga en el tiempo. De esta forma se contribuiría a la erradicación del absentismo crónico.

12.- Generalizar las buenas prácticas educativas e inclusivas para todos los centros educativos

13.- Es necesario que los informes estadísticos sobre el número de alumnos y alumnas con necesidad de apoyo educativo permita conocer cuál es la evolución de estos alumnos desde infantil hasta secundaría. Es necesario un seguimiento personalizado. Esto es fundamental para poder actuar sobre sobre el absentismo y garantizar los resultados académicos.

14.- Debe potenciarse y poner en valor la escuela pública, actuándose sobre las instalaciones de forma que sean centros atractivos.

Cada curso que pase sin adoptar medidas necesarias para prevenir que los menores crezcan sin una respuesta educativa y social adecuada a sus características, se estará condenando a cientos de menores a tener un futuro de exclusión social. Este hecho repercutirá en la sociedad global, generando problemas que afectarán directamente a los menores y familias considerados incluidos en el grupo social.

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CONSIDERACIÓN FINAL

Para lograr resultados efectivos en inclusión social es necesario que la intervención se produzca coordinando las políticas en materia de: Servicios Sociales, Educación, Sanidad, Urbanismo, Vivienda y Empleo. Esta es la principal responsabilidad de los responsables políticos en las instituciones.

Para lograr resultados en materia de inclusión es necesario el trabajo en coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones y dentro de las diferentes áreas de cada institución. Los políticos tienen la responsabilidad de hacer esto posible.

Plataforma Social Valladolid, enero de 2018