nueva_crónica_085 - la justicia al servicio del poder político

8/6/2019 Nueva_Crnica_085 - La Justicia al servicio del poder poltico

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CULTURA y POLTICA / Publicacin del Instituto PRISMA y PLURAL editores / N 85 / 2da. quincena de mayo 2011 / Bs 5

Artista invitado: Jos Luis Handal.

Contrapuntos

Daniela Espinoza M.: La justicia, de mal en peor, 4-5Paulino Lus Verstegui Palao: Eleccin de jueces:

cmo garantizar la independencia judicial?, 6-7Waldo Albarracn Snchez: Nuevos magistrados,

nueva justicia?, 8Jorge Asbun: Independencia judicial y partidos

polticos, 9Entrevista a lvaro Garca Linera: Cumpl mis

metas; la presidencia no me interesa, 10-11

Debate

Hugo Rodas Morales: Distinguiendo izquierda yderecha poltica, 12

Jos Antonio Quiroga T.: La reorma de la Polica, 13

Mauricio Gil: Psicoanlisis de odas. Sobre crtica ytrivializacin, 14

Carlos Rocabado: Impuestos: nueva batallaautonmica?, 15

Daniel E. Moreno Morales: La identidad de losbolivianos y el prximo Censo nacional, 16

Cine y Libros

Mnica Velsquez Guzmn: Entre el exterior y lainterioridad: la palabra caracol de Mara SoledadQuiroga, 17

Mauricio Souza Crespo: Piratas del Caribe IV:Enbusca de un tiempo perdido, 18

Jorge Luna Ortuo: II Encuentro para no-flsoos enLa Paz, 19

Elisabeth Roudinesco: Wittgenstein y Lacan, 20

La eleccin de magistrados le asegura al MAS el control del rgano Judicial

La Justicia al servicio del poder polticoLos males de laadministracin de justiciaen el pas no se resolverncon la sola eleccin por

voto popular de unosmagistrados previamenteseleccionados por el partidode gobierno.Por el contrario, elprocedimiento de eleccinprefigura una mayorsubordinacin de lajusticia al poder poltico,vulnerando el principio deindependencia e idoneidad

que deberan guiar unaautntica reforma delsistema judicial.En esas condiciones, crecela opcin por el voto nulocomo un acto de rechazociudadano al procedimientode eleccin impuesto por elgobierno.

82 razones para votar NULOLa modificacin parcial del Art. 82 de la Ley del R-gimen Electoral solicitada por el Presidente terminsiendo una nueva burla a la conciencia democrtica.Se mantiene la prohibicin a los ciudadanos y a losmedios de ejercer el derecho constitucional a la in-formacin y a la libre expresin. Pero ese es un pro-blema menor comparado con el tema de fondo: lacaptura legtima del rgano Judicial por el partidode gobierno. Con mayor o menor informacin, conpostulantes ms o menos idneos, slo se podr votarpor aquellos candidatos que el MAS considere apro-piados. Y as como la modificacin del Art. 82 se voten las dos cmaras de la Asamblea Legislativa sinningn debate ni acuerdo con los que impugnaron

esa normativa, la preseleccin de candidatos se harprevisiblemente utilizando el mismo procedimientode imposicin de las decisiones del poder Ejecutivosobre la bancada oficialista bajo la consiga de legis-lar obedeciendo. Frente a esa burda imposicin, hay82 buenas razones para anular el voto.


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Plural editores

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2da. quincena de mayo 2011 / 3editorial

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ISSN: 1996-4420

No hay mucha coherencia entre losesfuerzos de lucha contra la co-rrupcin y la recientemente apro-

bada ley que permite la legalizacinde automotores internados por va delcontrabando (llamados autos chutos).Las amnistas que ste y los anterioresgobiernos conceden cada cierto tiempoa los evasores de impuestos y a los con-trabandistas de ropa usada y de automo-tores, fomentan una peligrosa cultura detransgresin de las normas que perforan

los intentos de la Aduana y otras institu-ciones del Estado por ampliar el univer-so de contribuyentes y evitar que la co-rrupcin adquiera carta de ciudadana.

La aprobacin de la amnista nopudo ser ms inoportuna en trminos

mediticos si se toma en cuenta que po-cos das antes, el comandante general dela Polica fue destituido por su presuntaparticipacin en un delito de clonacinde placas para una camioneta que no sesabe an si es de contrabando o robada.El caso desat una rpida indagacin pe-riodstica de otros automviles oficialesque estaran en condiciones similares ylos hallazgos fueron sorprendentes. Se-gn Gustavo Torrico, ex viceministro deGobierno, de cada 20 automviles que

usan los jefes policiales ms de 19 sonrobados o de contrabando. Con esosantecedentes, la aprobacin de la ley deamnista pone en entredicho la sinceri-dad de los anuncios de lucha contra lacorrupcin.

La corrupcin amnistiadaLa legalizacin de los autos chutos

tambin revel las diferencias que exis-ten en las filas del partido de gobierno.Mientras el ministro de Economa y ladirectora de Aduana se opusieron a laaprobacin de la norma, el Vicepresi-dente y los senadores que representan alas organizaciones campesinas la hicie-ron aprobar en dos das, sin debate par-lamentario alguno.

Son precisamente los sindicatoscampesinos y ayllus ubicados en zonas

fronterizas los que han organizado lasms eficientes redes de contrabando ytrfico de droga. La diligencia con la quese aprob la amnista da cuenta del enor-me peso que esas organizaciones tienenen las filas del oficialismo.

Cumpliendo con un itinerario establecido por la propiaConstitucin Poltica del Estado, corresponde ahora la or-ganizacin del poder Judicial mediante un procedimiento

poco frecuente en la experiencia internacional, cual es el de la

eleccin de los magistrados del Tribunal Constitucional y de lasdiferentes Cortes mediante voto popular.La introduccin de una innovacin de tal envergadura en

el mtodo de designacin del poder Judicial responde en el dis-curso a los objetivos de superar lasanteriores prcticas de cuoteo en-tre los partidos polticos y aplicar ladoctrina del pluralismo jurdico quecoloca en igual jerarqua al sistemacodificado de normas jurdicas queha imperado hasta ahora en Bolivia,con las prcticas jurisdiccionales delderecho comunitario, que ni siquie-ra es idntico entre los diversos pue-blos y organizaciones comunitarias.

No son las cuestiones sustan-tivas del pluralismo jurdico sinembargo las que han suscitado lasmayores controversias. Los espri-tus se han dividido hasta ahora aligual que en otras leyes anterioresen torno al rol de los medios de co-municacin durante el proceso queantecede al acto electoral. El oficialismo se ha venido esforzandopor impedir que los candidatos a los diferentes cargos judicialesrealicen campaas proselitistas, con el argumento de la desigual-dad de condiciones de los postulantes en razn de sus diferentescondiciones econmicas. Se arguye adems que los candidatosno pueden realizar ofertas polticas, puesto que lo que est so-metido a la decisin ciudadana no son programas alternativos,

sino capacidades individuales de los diferentes aspirantes. Y noobstante, no hay razn sustantiva para excluir a los medios decomunicacin del proceso, y la equidad podra lograrse medianteuna medida menos irritante.

Dicho esto, caben algunas consideraciones adicionales. Enprimer lugar, el propsito mayor de la reforma judicial debeconsistir en superar los graves problemas que han aquejado a laadministracin de justicia en el pasado. Entre los ms evidentesdestacan las profundas desigualdades en materia de acceso a lajusticia segn la extraccin social y los niveles de ingreso, la re-tardacin de justicia, la corrupcin endmica y el sometimientodel poder Judicial al poder poltico, entre muchos otros. Ante talestado de cosas, las principales demandas ciudadanas se refieren al

establecimiento de un sistema judicial caracterizado por la impar-cialidad, la probidad y la idoneidad de los jueces, cuya seleccindebe asegurar que no se repitan las prcticas pasadas. Cabe recor-dar que la gran mayora de las causas que debe atender el sistema

judicial no consiste en transgresiones en el ejercicio de la funcinpblica, que es a lo que se ha dedicado en el ltimo tiempo elMinisterio Pblico, sino en demandas y litigios derivados de lasrelaciones entre particulares en su calidad de personas civiles o

sujetos econmicos.La solidez de la formacin

jurdica, la experiencia profesionalfehaciente y la ecuanimidad com-probada en la emisin de fallos ysentencias son los principales re-quisitos para una administracinintachable de justicia, lo que difie-re a todas luces del catlogo de re-quisitos y ponderaciones que se haformulado hasta este momento para

los postulantes.La seguridad jurdica y la cer-teza de la justicia no dependen tan-to de las normas vigentes como dela calidad del sistema de jueces quelas administran. Las deplorablescondiciones en que ha funcionado elpoder Judicial en el pasado no me-

jorarn si se reducen los estndares de calificaciones de los jueces.Por el contrario, lo que corresponde es colocar umbrales ms altostodava que en el pasado, sobre todo si se toma en cuenta la rea-lidad insoslayable de la abrumadora mayora que tiene el mas enla Asamblea Legislativa. Para asegurar un poder Judicial de mejorcalidad que el pasado, sera por tanto imprescindible que se de-muestre fehacientemente que los intereses polticos del presidente

Morales y su partido no sern puestos por encima del objetivo su-perior de mejorar sustancialmente el desempeo de la administra-cin de justicia. Algo difcil pero no imposible de poner en prcticasi existe la voluntad y sabidura poltica necesarias.

Es preciso dejar establecido, por ltimo, que en el casodel poder Judicial el cambio no consiste en una medida sino enun proceso complejo de largo aliento que involucra normas yprincipios explcitos, valores y actitudes colectivas, as como unconjunto de prcticas que responden a actitudes culturales, cuyamodificacin en la buena direccin no se puede esperar de un dapara el otro. El mayor riesgo est por consiguiente en la banali-zacin de la funcin judicial al servicio de un proyecto de poderde corto aliento.

Que no se banalice la uncin judicial


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2da. quincena de mayo 20114 / contrapuntos

La justicia, de mal en peorDaniela Espinoza M.*

A los problemas tradicionales de la justicia boliviana, se suma ahora la posibilidad de que, a travs de un proceso electoral no del todotransparente, se consolide la toma gubernamental del rgano Judicial y el fin de la independencia de poderes.

La salud de la justicia en Bolivia hasido siempre un motivo de pre-ocupacin. Lo fue en tiemposde la dictadura, no dej de serlo

durante el perodo de la llamada demo-cracia pactada y no lo es ahora que estna punto de concretarse cambios que po-dran agravar an ms sus males.

El problema, para algunos, sonlos responsables de la administracin eimparticin de justicia; para otros es lapropia estructura de un sistema judicial

que nunca termin de modernizarse eincorporar procedimientos que mejora-ran cualitativamente su funcionamiento.

Est claro que, bajo una miradaequilibrada, ambas determinaciones, lahumana-moral y la estructural, constitu- yen una suma que arroja varios resulta-dos: sometimiento de la justicia al poderpoltico, corrupcin, retardacin, falta deuna formacin adecuada de los funciona-rios, limitaciones inherentes en muchoscasos a la caducidad de algunas normas,insuficiente cantidad de jueces para el ta-mao creciente de la poblacin, etc.

Curiosamente, siempre se ha co-

nocido el diagnstico, pero no se hahecho mucho para remediar los males;en particular no se ha actuado para re-ducir o eliminar la perniciosa influencia

que tradicionalmente ha tenido el poderpoltico, pese a que en distintos perodosse abrieron oportunidades para hacerlo.

Precisamente, la eleccin popular delos jueces que est en vas de concretarse,pudo haberse convertido en la oportuni-dad de encaminar una solucin. Sin em-bargo, por las caractersticas de la normabajo la cual se desarrollar este proceso, loque queda claro es que el gobierno elegirprimero, con su mayora en la AsambleaLegislativa Plurinacional, a quienes des-

pus se sometern al voto de la gente.En otras palabras, el ciudadanoslo podr elegir entre postulantes quemuy probablemente respondan a la lneaoficial.

Al respecto, el ex presidente de laRepblica y ex presidente de la CorteSuprema de Justicia, Eduardo RodrguezVeltz, observ que se ha producido unatensin constitucional que pudo habersedisminuido o solucionado si tuviramosun Tribunal Constitucional que sintonicela coexistencia de derechos.

El jurista, sin embargo, afirm queno es tan importante la forma en que se

eligen, sino la forma en que se desempe-a el juez. En Europa, Estados Unidos,Canad y otros pases hay intervencinpoltica en la designacin de jueces y no

es necesariamente mala. Creo que de loque se trata es de poner en su verdaderolugar a la poltica cuando se habla de lajusticia.

Por su parte, el presidente del Co-legio de Abogados, Bernardo Wayar, se-ala que la Asamblea Legislativa todavaest a tiempo de tener un trabajo que lepermita al pas contar un sistema judi-cial transparente e independiente. Paraello, el primer requisito ser contar conpersonas idneas que tengan experiencia

y conocimientos. El segundo, tener unsistema que d a jueces y magistrados lascondiciones para resolver las causas en untiempo prudente y, el tercero, la capacita-cin permanente de jueces y magistrados.

Sobre el mismo tema, otro ex pre-sidente de la Corte Suprema, OscarHassenteufel, destaca la eleccin por voto popular de los magistrados comouna innovacin sin antecedentes en elmbito americano, pero advierte que elprincipal desafo de este proceso es evi-tar la politizacin de las designaciones.Si antes se criticaba las designaciones,ahora se piensa que las listas de postu-

lantes pueden ser resultado de una ma-nipulacin.En una intervencin pblica recien-

te, Hassenteufel justific la prohibicin de

realizar campaa o propaganda por el he-cho de que: el proceso no debe contami-narse por la presencia de grupos polticosque puedan realizar campaa de apoyo odesprestigio de algn candidato. Un se-gundo elemento, dijo, es la desigualdad de

condiciones que provocara el uso del di-nero. Debera, sin embargo, distinguirseello de la necesidad de informacin de laprensa a la sociedad, puntualiz.

1. La nueva cpe establece que la potestad de administrar justicia emana delpueblo boliviano, una precisin no prevista en la anterior cpe.

2. La cpe de 1967 sealaba como condiciones esenciales de la administracinde justicia cuatro grandes principios: la gratuidad, la publicidad, la celeridad yla probidad. La nueva cpe aade la independencia, la imparcialidad, la segu-ridad jurdica, el pluralismo jurdico, la interculturalidad, la equidad, la par-

ticipacin ciudadana, el servicio a la sociedad, la armona social y el respeto alos derechos.3. Aunque admite que la funcin social es nica, la nueva CPE distingue clara-

mente la jurisdiccin ordinaria de la jurisdiccin agroambiental, la indgenaoriginario campesina, de la jurisdiccin militar y de otras jurisdicciones.

4. La cpe del 67 estableca que la facultad de juzgar en la va ordinaria y con-tencioso-administrativa corresponda a la Corte Suprema y a los tribunalesrespectivos. La nueva, dispone que el Consejo de la Magistratura forma partede rgano Judicial, en la misma forma que lo haca anteriormente en relacinal Consejo de la Judicatura.

5. En lugar del uso de cortes se introduce la denominacin de tribunales Supre-mo, Agroambiental, Electoral, etc.

6. Se crea la jurisdiccin indgena originario campesina y se le da la misma jerar-qua que la jurisdiccin ordinaria. La anterior en su Art. 171 estableca que lasautoridades naturales de las comunidades indgena y campesinas podrn ejercerfunciones de administracin y aplicacin de justicia con normas propias comosolucin alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedi-mientos, siempre que no sean contrarias a las disposiciones de la cpey las leyes.

7. La actual cpe considera al Tribunal Constitucional Plurinacional como unrgano separado aunque estrechamente vinculado al rgano Judicial, en tan-to que la de 1967 lo incorporaba expresamente dentro del Poder Judicial.

8. La naturaleza plurinacional detcp guarda estrecha relacin con el modelo delEstado Plurinacional, definido en el Art. 1 de la cpe e igualmente con lo previstoen el Art. 30, Inc. 18, que establece como uno de los derechos de las naciones ypueblos indgenas la participacin en los rganos e instituciones del Estado.

9. La nueva CPE otorga al Consejo de la Magistratura una nueva misin, ya quebsicamente se constituye en un rgano disciplinario y de control de la ad-

ministracin, antes el Consejo de la Judicatura era un rgano administrativodisciplinario, pero sin control de la administracin.10. El periodo de funciones fijado por la actual cpe para los magistrados del Tri-

bunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de laMagistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional es de 6 aos, antes elperiodo era de 10 aos para los magistrados de los diferentes rganos, salvo enlo referido al Tribunal Agrario que no estaba contemplado en la Constitucin.

11. La actual cpe dispone de manera general que las magistradas y magistradosno pueden ser reelegidos en cambio en la anterior se posibilitaba, expresa-mente, su reeleccin.

12. La Ley 025 del rgano Judicial en su Art. 166 posibilita que transcurrido unperiodo constitucional los consejeros de la magistratura pueden volver a postu-larse. Lo mismo que se establece que los magistrados y magistradas no podrnser reelegidos de manera continua, relativizando la prohibicin constitucional.

13. La actual cpe establece que los magistrados de los tribunales Supremo, Cons-titucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura sern elegidos porsufragio universal, previa preseleccin de la Asamblea Legislativa, la anteriorcpe atribua al Poder Legislativo la facultad de designar a los magistrados delPoder Judicial.

* Tomado de una exposicin del Dr. Oscar Hassenteufel.

La justicia en dos visiones: 1967 - 2009*


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2da. quincena de mayo 2011 / 5contrapuntos

Males de antes, males de siempreLa justicia es una de las instituciones msobservadas por la sociedad, no slo por-que la gente la percibe como obediente alpoderoso de turno, sino por ineficiente.

Los datos al respecto eran y sonalarmantes. Basta con ver el caso de la justicia penal, por ejemplo. En 1999,

el 90 por ciento de los presos no tenacondena. Las reformas que se introdu-jeron para resolver ese problema dieronresultados parciales, pero la situacin nocambi radicalmente.

Rodrguez Veltz asegura que has-ta ahora la situacin no se ha resueltocasi en nada. Vivimos un tiempo crtico,con algunas regresiones. Por lo menosen el ndice de presos sin condena que seha incrementado hasta un 85% y, sobretodo, hay retroceso en las garantas ju-diciales que representaban la esencia delproceso penal. Hoy da la detencinpreventiva, en algunos casos abusiva, se

ha vuelto la regla y no la excepcin.Es importante, aade el jurista, elestablecimiento de una poltica criminal,en la que el Estado se informe sobre cu-les son los delitos y cules son las faltasy las situaciones de inseguridad ciudada-na, para corresponder con legislacinadecuada, preventiva y no simplementecon encarcelamientos indefinidos.

Wayar, por su parte, dice que llamala atencin el hecho de que tengamos ci-fras similares o superiores de presos sincondena cuando contamos con un pro-cedimiento oral en materia penal. Esobvia la necesidad de mejores personas,

mejores condiciones de trabajo y, porsupuesto, mejores salarios, sobre todopara los fiscales.

En un momento determinado, con-tina el abogado, hacia el ao 1997, se lo-gr avanzar en independencia judicial, enlos procedimientos y se moderniz la le-gislacin sustantiva y adjetiva, es decir enlos procedimientos y en las leyes de apli-cacin. Todo eso pintaba un panoramaprometedor para la justicia, sin embargo,otra vez se ha cado en la ms profundade las crisis, cuando verificamos que granparte de jueces no estn en disposicin dedecirle no a la fortaleza econmica y a lainfluencia poltica, aade.

No sorprende, en consecuencia, labaja credibilidad de una justicia penalque, por lo menos durante los ltimos12 aos, entre 1999 y 2011, no ha re-gistrado modificacin continua mante-niendo en el limbo sin condena a 9 decada 10 personas detenidas en el pas.

Los datos estadsticos muestran queel sistema judicial boliviano est compues-to por alrededor de 1.000 jueces, un n-mero nada relevante sobre todo si se tomaen cuenta que un promedio de 350.000causas de materia, afecta a lo cotidiano,por ao, ingresan a los tribunales.

De hecho, las cifras revelan que laprincipal dedicacin de los jueces estmayoritariamente concentrada en lo quese llama el sistema ordinario, es decir lascompetencias en materia civil, contra-tos, sucesiones, obligaciones, compe-tencia familiar (divorcios, matrimonios,

conflictos entre cnyuges), niez y ado-lescencia, materia laboral, etc. Este con-junto de materias afectas a lo cotidianorepresentan el 90% de la dedicacin delos jueces en el pas.

Del conjunto de demandas citadaslas que tienen mayor preponderanciason aquellas que tienen que ver con las

personas y su patrimonio, y representanalrededor del 80%. De ese porcentaje lamayor parte tiene que ver con el patri-monio de las personas y las sucesiones.

Segn Rodrguez Veltz hace aosya se detect la necesidad de actualizar laamplia gama de competencia civil. Boli-via lleva dcadas sin mover su legislacincivil, el Cdigo civil y su procedimiento.Hasta hoy continuamos arrastrando conproblemas coloniales en esa materia.

Wayar coincide con esa percepciny seala que es imperioso contar con unnuevo cdigo de Procedimiento Civil oun nuevo cdigo de procedimientos uni-

formes. Actualmente, tenemos 18 tiposde procesos, con algunos matices, perolas normas procesales responden slo atres tipos de ellos. Si bien hay normasque han ayudado a disminuir el tiempode los procesos, todava necesitamosmejoras, dice.

Al respecto, Rodrguez seala queuna estadstica del ao 2000 estableci quelos jueces en materia civil, que son la partems gruesa del poder judicial, dedican msde 65% de su tiempo a la realizacin detrmites voluntarios, vale decir aquellosque no tienen contencin o no generanuna pugna entre partes: la declaratoria de

herederos, o la rectificacin de partidas ode derechos reales. Lo que quiere decirque con ese uso de tiempo, los jueces nopueden atender los conflictos, que son larazn de ser de una jurisdiccin.

En lo que se refiere a la justicia ad-ministrativa, es decir las reglas, normas yel ordenamiento que rige la relacin entreel ciudadano, el vecino frente a cualquieragencia pblica, llmese ministerio, muni-cipio, gobernacin, autoridad regulatoriau otra, se ha demostrado que Bolivia esel pas que mantiene el mayor dficit dederecho administrativo. A diferencia delresto de pases del continente y de unabuena parte de los pases del mundo, se hapreservado en nuestra nacin una tradi-cin centralista, que no facilita en nada losreclamos del ciudadano hacia el Estado.

Al respecto, Rodrguez Veltz es-pecifica que la cpe de 1967 restringa,nicamente a la Corte Suprema de Jus-ticia el reclamo en procesos contenciososadministrativos la posibilidad de que al-guien demande al Estado por hechos deactuacin administrativa. El nmero decausas que llegaban a la Corte Supremahasta el ao 2000 no llegaba ni a 20, sinembargo, es interesante advertir que conla maduracin democrtica y la trans-formacin de sus instituciones, el esta-blecimiento del rgimen regulatorio, lademocratizacin de los municipios, el n-dice potencial de causas contencioso ad-ministrativas, en el periodo 2000-2005,creci en un 700%. Eso representabaque el ciudadano, el vecino, estaba dis-

puesto a reclamar por sus derechos. In-teresante tambin es advertir que ante lafalta de recursos locales, los ciudadanosacudan ante eltcva Amparo.

Lamentablemente, la AsambleaConstituyente produjo o una omisin oun desvaro, comenta el ex Presidente,al eliminar el espacio de jurisdiccin admi-nistrativa en el rgano Judicial. De hecho,la nueva cpe, pese a los reclamos por suinsercin, no lleg a acuerdos legislativospara incluirla e introdujo una disposicintransitoria que seala que se desarrollar

una disposicin administrativa especial.Con esto podra explicarse el he-cho de que, como muestran los estudiossobre conflictividad, en los ltimos 38aos la protesta y el reclamo social, so-bre todo popular en las calles, haya cre-cido en ms del 90%.

En busca de la seguridad jurdica Tanto el ex presidente de la Corte Su-prema, Oscar Hassenteufel como el pre-sidente del Colegio de Abogados, Ber-nardo Wayar, sostienen que la exigenciapermanente de la sociedad para que laadministracin de justicia sea gil, trans-parente y, sobre todo, genere confianza,debe estar unida al concepto de la seguri-dad jurdica, que significa predictibilidady eficacia en la aplicacin del derecho.

Esa seguridad es el principal im-pulsor de las reformas en los tribunalesde justicia, apunta Hassenteufel.

Wayar, por su parte, aade que ac-tualmente es difcil en el pas contar conla predictibilidad frente a un caso y esaseguridad es justamente la que el boli-viano est demandando. Slo con elloes que vamos a poder tener un desarro-llo judicial y un control de constitucio-nalidad que asegura el respeto de nues-tras leyes.

Pluralismo o dualismo?Segn el ex presidente Rodrguez, el ci-miento del pluralismo jurdico, inserta-

do a nuestracpe

, debi ser la base pararepensar nuevos y mejores espacios deadministracin de justicia. Sin embargo,la norma establece el pluralismo slocomo la concurrencia del sistema ordi-nario y el indgena, originario, campe-sino.

Con esto, ms que un pluralismolo que se estara planteando en la cpees un dualismo entre estas dos ltimasvisiones. Esa, asegura la ex autoridad, esuna mirada reduccionista que se deberevisar, una mirada colonial, ya que elpluralismo no puede ser slo nacional,sino local, territorial.

El mundo se ha tornado ms afec-to al pluralismo jurdico en cuanto hayms probabilidad de resolucin de con-flictos entre naciones o entre sujetos delas diferentes naciones, aade.

* Periodista


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Eleccin popular de jueces: cmo garantizarla independencia judicial?

Paulino Lus Verstegui Palao*

Si lo que se quiere es construir una nueva justicia para el pueblo boliviano, la alpdeber realizar una evaluacin meritocrtica, en esencia,de los candidatos, eltseorganizar un proceso de amplia difusin de mritos y opinin, que permitan al ciudadano emitir un voto informado.

El rol de la JusticiaUna de las principales funcionesdel rgano Judicial en un sistemademocrtico, sino directamente la

primordial, es actuar de dique de conten-cin de la extralimitacin de los restantesrganos o poderes, en especial del Ejecu-tivo, que precisamente tiene su fuente de

legitimidad en el principio mayoritario.Por ello mismo, el Poder Judicialu rgano Judicial debe tener un tinteantimayoritario sin el cual una verda-dera democracia dejara de ser tal paraconvertirse en la vulgar dictadura de lasmayoras. Como sealaba Hamilton, ensu obra El Federalista hace ms de dossiglos y medio, los beneficios de la in-tegridad y de la moderacin de la judi-catura ya se han dejado sentir en ms deun Estado; y aunque habr desagrabadoa aquellos cuyas expectativas siniestraspuedan haber desalentado, deben haberganado la estimacin y el aplauso de to-

dos los ciudadanos virtuosos y desinte-resados. Los hombres considerados detodo tipo deberan valorizar cualquiercosa que tienda a engendrar o fortificarese temperamento en las cortes, puestoque ningn hombre puede estar segurode que l no sea maana la vctima delespritu de la injusticia mediante el cualpueda ser beneficiado hoy

En todo caso, siempre debera te-nerse en cuenta el principio rector deque la judicatura tiene por elementalmisin imponer lmites al poder polticoall donde las mayoras los han olvidadoo han fallado en establecerlos.

Siguiendo la lnea manifestada por Alexander Hamilton, que junto a Ja-mes Madison y John May, son los msclebres autores de la Constitucin es-tadounidense que expusieron sus argu-mentos en una serie de artculos queconstituyen su obra denominada El Fe-deralista, las limitaciones al poder slose pueden establecer a travs de los tri-bunales de justicia, por lo que aqu radi-ca la esencia del poder judicial el cual essu independencia, atributo que permitedeclarar nulos todos los actos contrariosal sentido evidente de la Constitucin.En contrario, si los tribunales de justiciano son independientes y son dominadosdirecta o indirectamente por los poderesa los que debe limitar, la Constitucindir lo que el poder controlante quiereque diga.

A decir de los autores de El Fede-ralista, los derechos no sern los que laConstitucin establece, sino los que elgobierno de turno quiera establecer oreconocernos. La existencia misma de laConstitucin pierde sentido ya que si elgobierno elige al juez, los mismos lazosque motivaron su designacin, sern losque luego afecten la independencia y laimparcialidad del juez cuando las inten-ciones o intereses de quien designa estnen pugna con los derechos constituciona-les, entonces concluyen manifestando, sies racional dejar que los poderes a sercontrolados designen a su controlador?

Adems de esta funcin primordialde servir de lmite a los otros poderesestatales, la misma tiene su necesariocomplemento en la otorgacin de tute-la judicial efectiva mediante recursos yprocedimientos expeditos con el objetode reconocer, garantizar y proteger losderechos fundamentales de las perso-

tercera cmara del Congreso encargadade velar que el gobierno cumpla las leyessiendo sus miembros vitalicios.

En las reformas constitucionalesposteriores se puede observar que, esen-cialmente, los miembros de la Corte Su-prema son designados por el Poder Le-gislativo; en algunos casos por el Senado

de acuerdo a las Constituciones de 1839,por el Senado de ternas remitidas porlos diputados en 1851 y de ternas remi-tidas por el Presidente en 1868; en otrasocasiones la Cmara de Diputados era laencargada de designarlos de ternas re-mitidas por el Presidente como en 1861y 1871, de ternas recibidas del Senadocomo en 1878, 1880 y 1938 y por ambasCmaras de Congreso como en 1945,1947, 1961y 1967. Mediante la reformaconstitucional de 1994, ratificada por lade 2004, se incluy que ambas Cmaraslos eligen por dos tercios de votos deltotal de sus miembros. Un punto aparte

es el relativo a que el Presidente podaelegirlos de ternas elevadas por el Sena-do de acuerdo a las Constituciones de1831, 1834 y 1843.

Con la promulgacin de la Cons-titucin Poltica del Estado de 2009 seincorpor un mecanismo de eleccin ju-dicial completamente novedoso para elpas, ya que el artculo 182 seala quelos mismos sern elegidos mediante su-fragio universal.

En el mundo, la eleccin popularde jueces es una institucin vieja ya queremonta sus races a la Revolucin Fran-cesa, que mediante ley de 16-24 de agos-to de 1790 ratificada por la Constitucinde 1791 estableca que los jueces eranelegidos temporalmente por el pueblo einstituidos por cartas-patentes del rey, elcual no poda rehusarlas; dicha prcticano tuvo eco y termin por desaparecer yaque se subordin al poder Judicial al con-trol del Legislativo mediante las consultasobligatorias en la aplicacin de las leyesque deba realizar el Judicial al Legisla-tivo, as como al espritu de los constitu-yentes franceses que slo consideraban alos legisladores como representantes delpueblo en base al voto popular por lo quelos jueces no podan representar al pue-blo an contando con el voto, situacinque contribuy a eliminar la eleccin dejueces por el voto de los ciudadanos.

Es en los Estados Unidos de Nor-teamrica donde esta prctica adquiereraigambre desde hacen ms de 150 aosya que son el nico pas en el mundo en* Abogado.

nas, los mismos que se encuentran con-sagrados en la Constitucin, as comola resolucin de controversias entreparticulares.

Estas funciones del rgano Judi-cial nos permiten sostener que ese poderes en los hechos un contrapoder quetiene como esencia el control a los actosde los otros rganos del Estado comoel Ejecutivo y el Legislativo, as comogarantiza la proteccin de los derechosfundamentales de los ciudadanos.

La eleccin de jueces en Boliviay el mundoEn nuestro pas, desde la promulgacin dela Constitucin Bolivariana de 1826 hastala de 1967 reformada en 1994 y 2004, losmiembros de la Corte Suprema de Justi-cia, como del mximo Tribunal de Justi-cia, fueron elegidos en 1826 por la Cma-ra de los Censores de ternas elevadas porel Senado. Los censores constituan una


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autoridades de los tribunales de justiciadel pas, ha abierto durante las ltimassemanas un intenso debate por definir,claramente, los mecanismos que permi-tan, en primer lugar, realizar una ade-cuada preseleccin de los candidatos porparte de la Asamblea y una posterior di-fusin de los mritos de los postulantes

por el rgano Electoral.La alp, finalmente, ha aprobadoel reglamento de preseleccin que, en-tre sus principales disposiciones, sealaque: a) la Comisin Mixta de Consti-tucin y Derechos Humanos habilitary evaluar a los postulantes al TribunalConstitucional y Tribunal Agroam-biental y la Comisin Mixta de JusticiaPlural, Ministerio Pblico y DefensaLegal del Estado evaluar y habilitarlas postulaciones al Tribunal Supremo yConsejo de la Magistratura, b) las Co-misiones evaluarn las postulaciones ypublicarn la nmina de postulaciones

habilitadas e inhabilitadas estableciendoun periodo de impugnacin y su poste-rior resolucin, c) el proceso de evalua-cin de mritos y entrevistas se basa enlos criterios de formacin acadmica,produccin intelectual y experiencia yla entrevista, d) concluido el proceso deevaluacin las comisiones mixtas remiti-rn su informe a la Presidencia de laalpque convocar a sesin plenaria para se-leccionar a cada uno de los postulantes,(28 para el Tribunal Constitucional Plu-rinacional, mitad deben ser mujeres; 6por cada departamento en listas separa-das de hombres y mujeres por departa-

mento y 1 indgena originaria haciendoun total de 54 para el Tribunal Supremode Justicia; 28 para el Tribunal Agro-ambiental por voto de dos tercios de losasamblestas presentes, mitad deben sermujeres y 1 indgena originario y, final-mente, 15 postulantes garantizando quela mitad sean mujeres y que haya inclu-sin de indgenas para el Consejo de laMagistratura).

Adems del reglamento antes cita-do se encuentra como base legal la Leydel Rgimen Electoral (lre), No 026de 30 de junio de 2010. Al respecto, losdebates y las crticas se han centrado enlo establecido en el artculo 82 de estanorma que establece las prohibicionesde propaganda y consiguiente inhabi-litacin de los candidatos y posteriorsancin de los medios de comunicacinque informen documentos distintos delos producidos por el rgano Electo-ral, as como los que generen espaciosde opinin sobre los postulantes. Estaprevisin ha generado voces que pidensu modificacin ya que estara restrin-giendo el derecho a la informacin delos ciudadanos, situacin que conllevaraque el voto no sea informado.

En mi criterio no es necesaria lamodificacin del artculo 82 ya quehay que interpretar la ley de manerasistemtica y amplia en sentido de queel artculo 80 seala claramente queel Tribunal Supremo Electoral (tse),difundir por lo menos, separata deprensa con los mritos y datos perso-

el que el pueblo elige a la gran mayorade sus jueces. Alrededor del 87% de losms de 30.000 jueces estatales o de losestados de ese pas son elegidos por voto,lo que incluye a los jueces de las CortesSupremas de 39 de los 50 estados.

Si bien mantienen el sistema dedesignacin de jueces por parte del go-

bierno a nivel federal, no se olvide que elPresidente designa a los ministros de laCorte Suprema de Justicia, con cargo deratificacin por parte del Senado, man-tenindose en sus cargos de por vida ohasta que se jubilen; este sistema federalse ha transformado en una isla rodeadade un mar de elecciones judiciales.

Otro pas que aplica este mecanis-mo es el Japn ya que es el nico delmundo en el que el pueblo vota, ratifi-cando o rechazando, las designacionesde los jueces que realiza la Corte Su-prema de Justicia. Esa Corte es la queconfecciona la nmina de los jueces a ser

designados para los tribunales inferio-res, sistema que funciona desde su san-cin constitucional en 1947.

La eleccin popular de juecesen BoliviaVolviendo a nuestro pas, el mecanismoconstitucional impuesto por la CartaMagna de 2009 en el artculo 182 para laeleccin de las mximas autoridades delTribunal Supremo de Justicia, TribunalAgroambiental, Tribunal ConstitucionalPlurinacional y Consejo de la Magistra-tura es el voto popular.

Para materializar el voto popular

la Asamblea Legislativa Plurinacional(alp), por dos tercios de votos de susmiembros presentes, realizar la prese-leccin de los postulantes de cada de-partamento y remitir al rgano Elec-toral la nmina de precalificados paraque ste proceda a la organizacin delproceso, no pudiendo los postulantesrealizar campaa a favor de sus candi-daturas bajo sancin de inhabilitacin,designndose al rgano Electoral comonico responsable de difundir los mri-tos de los candidatos.

El anuncio de realizacin de laselecciones nacionales, para la eleccinmediante voto popular de las mximas

nales de los postulantes; es decir, es lomnimo que debe difundir como infor-macin ya que lneas ms arriba el ar-tculo 80 seala que el tse establecerun formato nico, impreso y audiovi-sual que garantice la igualdad de con-diciones de todos los postulantes en susmritos. Eltse en cuanto a los mritosdebe difundir las entrevistas ante lascomisiones mixtas de la alp as comopuede perfectamente generar espacios

de opinin con los postulantes, ya quela prohibicin del artculo 82 de la lrees sobre los postulantes, pero no si serealiza con los postulantes, por lo queno existe ningn impedimento legal yaque dicha situacin tiene su respaldo enel artculo 20 pargrafo viii de la Leydel rgano Judicial, N 024 de 25 de junio de 2010, que manda que en elproceso de postulacin y preseleccinse garantizar la participacin ciuda-dana y el artculo 21 numeral 6 de laConstitucin Poltica establece comoun derecho civil bsico a acceder a lainformacin, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de maneraindividual o colectiva; es decir, dispo-siciones que buscan que el ciudadanoest verdaderamente informado sobrela presente temtica.

Un aspecto que es preocupan-te en este proceso y que no ha sido losuficientemente debatido es el rela-tivo a que todo el proceso de evalua-cin de mritos y entrevista no tienepuntuacin alguna, colocando a todoslos postulantes en igualdad de condi-ciones, cuando el sentido comn nosindica que, esencialmente, debe existiruna puntuacin que permita discrimi-nar quin tiene ms o menos mritos ya que en este plano afortunadamenteno somos iguales. Esta situacin es pe-ligrosa ya que deja al pleno de laalpenun escenario de total arbitrariedad deelegir al postulante que mejor le parez-ca, de acuerdo a una valoracin polti-

ca partidaria y no meritocrtica, por loque surge la pregunta, sobre qu baseslas comisiones mixtas van a emitir susinformes de evaluacin? Esta situacinnos plantea que, en todo caso, el mto-do ms idneo para evitar la evaluacinmeritocrtica que tanto desea evitar eloficialismo, hubiera sido, despus dehabilitar a los postulantes que cumplancon los requisitos mnimos de habilita-cin, proceder al sorteo y as ahorrar-

nos tiempo y dinero en evaluaciones yentrevistas estriles y amaadas.

A modo de conclusionesCon el estado actual de cosas, podemosresumir los desafos que se planteanpara construir una nueva justicia parael pueblo boliviano que, con la legitimi-dad del voto, garantice la independenciajudicial como principal presupuesto delrespeto de los derechos humanos. Estosdesafos son, para las comisiones mixtasde la alp realizar una evaluacin me-ritocrtica en esencia, para el pleno dela alp preseleccionar en funcin a losmritos de los postulantes, para el tseorganizar un proceso de amplia difusinde mritos y opinin, con plena coordi-nacin con todos los medios de comuni-cacin tanto estatales como privados, enlas etapas de preseleccin y postulacinposterior que permitan al ciudadanoemitir un voto informado y, finalmente,cuando estn conformados los rganosde justicia, sus integrantes construyanuna poltica judicial para una nueva jus-ticia respetuosa de la democracia y delos derechos humanos.

Termino tomando las palabras deJuan Bautista Alberdi, notable abogadoargentino de mediados del siglo xix,que sealaba: Si el gobierno elige al juez,el gobierno administra justicia; pues indirec-tamente hace la justicia quien hace al juez.Que el pueblo boliviano sea capaz deconstruir una justicia en base a su volun-tad y no de la del gobierno de turno.


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Nuevos magistrados, nueva Justicia?Waldo Albarracn Snchez*

Si la mayora parlamentaria incurre en la mezquindad de eliminar todo postulante que no sea funcional al gobierno, el acto electoral seruna mera formalidad y perderemos la oportunidad de darle al pueblo lo que legtimamente viene reclamando.

En el mes de octubredel presente ao, Bo-livia vivir una expe-riencia indita en su

historia republicana: la elec-cin de autoridades para el Tribunal Supremo de Justi-cia, Tribunal ConstitucionalPlurinacional, Consejo dela Magistratura y TribunalAgroambiental. Este eventose materializar cumpliendo

lo establecido en el artculo182 y siguientes de la Cons-titucin Poltica del Estado,o sea, que en lugar de queestos magistrados sean de-signados por el CongresoNacional, como acontecaen el pasado, tambin porprevisin constitucional,esta vez ser el pueblo elque a travs de las urnas de-cida quines ejercern estoscargos. En ese sentido, pu-blicada la convocatoria los ylas postulantes inicialmente

sern objeto de una eva-luacin en las comisionesparlamentarias y en base alinforme de stas, el plenariode la Asamblea LegislativaPlurinacional proceder a depurar paraposteriormente remitir al rgano Elec-toral la respectiva nmina de candidatoshabilitados. stos no podrn realizarcampaa a su favor, ni otros a favor deellos, as lo determina el pargrafo iiidel artculo 182 de nuestra Constitu-cin, bajo alternativa de ser sanciona-dos con la inhabilitacin. Intentandoidentificar argumentos por los que laAsamblea Constituyente introdujo estaprohibicin, se advierte la intencin depromover un proceso electoral distinto alos comicios de carcter eminentementepoltico, donde los candidatos preten-den convencer al pueblo respecto a suprograma de gobierno, conquistar su voto, generalmente con ofertas dema-ggicas. Para la eleccin de magistradosencargados de conducir el rgano Judi-cial, el perfil de stos debe ser diferentey los parmetros de evaluacin ciudada-na tambin distintos, como la aptitud yespecialidad en la ciencia del Derecho,vocacin de justicia, trayectoria y expe-riencia profesional, entre otros, de modo

que resultaba incoherente ver a este tipode candidatos o candidatas regalandocamisetas con su fotografa o distribu-yendo alimentos para asegurarse el voto,en el contexto de la tradicional y anma-la costumbre practicada en el pas.

El proceso se lo dividi en dosetapas, de acuerdo a lo previsto en elartculo 77 de la Ley del Rgimen Elec-toral (No. 026 de 30-06-2010): La pri-mera consiste en la postulacin y prese-leccin de postulantes y la segunda en laorganizacin y realizacin del voto.

Polmica respecto a las dosetapasLa primera referida a la depuracin par-lamentaria, gener fundada susceptibi-lidad debido al comportamiento guber-namental, al pretender acaparar cuantaentidad estatal exista en el pas, sin dejarun solo espacio fuera de su control, alextremo de que aquellas institucionesdonde el voto ciudadano les neg con-tundentemente su presencia poltica, enlas elecciones de abril de 2010, poste-rior a las mismas, las ocuparon con sumilitancia defenestrando del cargo a laautoridad democrticamente elegida,persistiendo en la actualidad esa inten-cin. Se teme, a travs de la mayoraparlamentaria ostentada, la preseleccinde candidatos se realice bajo consignapartidaria, anulando a personas que es-tn fuera de su esquema, de modo quela nmina de candidatos y candidatas ala magistratura est integrada por ele-mentos funcionales al gobierno central,

hipotecando de antemano laindependencia del rgano Judicial. Esta polmica seextiende a la segunda etapaporque el artculo 82 de laLey antes sealada establecelas prohibiciones a los candi-datos para realizar campaa,por s o a travs de otros,restricciones que se extien-den hacia los medios de difu-sin (pargrafo ii del artculo

de marras), estableciendo laprohibicin de: a) Difundirdocumentos distintos a los pro-ducidos por el rgano Electoral,b) Referirse especficamente auna o un postulante, en formapositiva o negativa, c) Generarespacios de opinin de ningunandole sobre los postulantes, d)Dar espacios de opinin, con-duccin o participacin en pro-gramasa cualquier postulante.El problema de este artculoes que confunde prohibicinde campaa a los candidatos

con el ejercicio de la libertadde prensa y expresin. Cabeaclarar que a travs del art-culo 106 de la cpe, se con-sagra el derecho a la comu-

nicacin y a la informacin, as como lalibertad de opinin y expresin. El par-grafo ii del mismo reza:El Estado garan-tiza a las trabajadoras y los trabajadores dela prensa, la libertad de expresin, el derechoa la comunicacin y a la informacin.Porconsiguiente, en un Estado democrti-co como el nuestro se debe respetar laprelacin normativa, hacer prevalecerel instrumento jurdico superior fren-te al inferior, en este caso la Constitu-cin no puede estar sometida a la Ley.Es conveniente referirse a la relacinjerrquica consagrada en el artculo 410de la norma suprema, la misma ubica enla cspide de la pirmide jurdica preci-samente a nuestra Constitucin, luegoestn los Tratados Internacionales, entercer lugar estn las leyes y por deba- jo de stas los decretos y reglamentos.Es ms, los Convenios Internacionalessuscritos por Bolivia en materia de dere-chos humanos, forman parte del Bloquede Constitucionalidad. Conviene recor-dar que la libertad de expresin, libertadde prensa, son precisamente derechos

humanos consagrados en normas comoel Pacto de Derechos Civiles y Polticos,Convencin Americana de DerechosHumanos, entre otros, de modo que setorna imperativo a estas alturas subsanarla impertinente prohibicin establecida

contrapuntos

en la Ley en cuestin. La modificacindel artculo 82 de la citada norma a ini-ciativa del Primer Mandatario y que seest procesando en el Parlamento, ayu-dar a resolver la controversia suscitadarespecto al trabajo periodstico en laselecciones.

El problema estructural de laadministracin de JusticiaConsidero necesario reflexionar ensentido de que la sola eleccin de ma-

gistrados a travs del voto ciudadanono resolver el gran problema que antenemos en Bolivia respecto a la ausen-cia de un sistema de administracin de justicia transparente, imparcial e inde-pendiente, vulnerable a la influenciaeconmica y poltica. El poder Judicialdiseado como tal en todas las constitu-ciones bolivianas, naci y funcion bajointerdiccin de los otros poderes. El queel Parlamento nombre a los magistradosa lo largo de nuestra historia, dio lugar aque se institucionalice dicha dependen-cia, resultando ficticia la consagrada au-tonoma y/o equilibrio de poderes. Esta

anomala comprometi la imparcialidaddel juzgador y sus preocupantes nivelesde corrupcin. La pregunta es: Cam-biar la historia por el slo hecho de elegir a28 magistrados mediante las urnas,frentea una estructura judicial integrada por uncolectivo de jueces adaptados al viejo siste-ma?Se trata por tanto de entender a laselecciones de octubre como el inicio deun proceso de cambio, no como la solu-cin en s del problema. Para conseguirese objetivo la sociedad poltica debeubicarse a la altura de la necesidad tron-cal. Si la mayora parlamentaria incurreen la mezquindad de eliminar todo pos-tulante que no sea funcional al gobiernoy enva al rgano Electoral una nminade allegados polticos, el acto electoralser una mera formalidad y perdere-mos la oportunidad de darle al pueblolo que legtimamente viene reclamando:tribunales imparciales forjadores de jus-ticia. Lo contrario es permitir que nossirvan el pasado en copa nueva: juecesmediocres subordinados a la instanciapoltica frente a la indefensin ciudada-na e inseguridad jurdica. Queremos elcambio?, hagamos algo distinto, Bolivianecesita de apstoles del derecho queejerzan liderazgo en los tribunales, queapuntalen la construccin de un nuevo

sistema de administracin de justicia,por tanto la vieja obsesin de copar po-lticamente estas instituciones est pordems.

* Abogado, Ex Defensor del Pueblo.


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Independencia judicial y partidos polticosJorge Asbun*

El voto popular para la eleccin de jueces resulta meramente refrendatario de una decisin que ya fue tomada por el partidoen funcin de gobierno.

La eleccin de los jueces del Tri-bunal Constitucional y de laCorte Suprema se vena efec-tuando hasta antes de la reforma

constitucional del 2009 por miembrosdel Legislativo, se entenda y de modogeneral se entiende, como el origende la injerencia poltica en el rgano Judicial y la dependencia y corrupcinque existe en el mismo. El texto consti-tucional aprobado en febrero del 2009,dispone que las autoridades judiciales

tanto del Tribunal Constitucional, Su-premo, Agroambiental como del Con-sejo de la Magistratura, sean electas por voto popular y con ello afirman losredactores de dicha norma se habrasuperado esa nociva dependencia.

Sin embargo, sera ingenuo creerque el proceso de eleccin judicial sereduce a la eleccin por voto popular,sin considerar que la preseleccin sinla cual no es posible ser candidato y portanto ir a la eleccin la efectan losmiembros del Legislativo Plurinacional,de modo tal que cualquier profesionalpara ser candidato requiere y depende

de la voluntad del o de los partidos pol-ticos con representacin en la AsambleaPlurinacional, en el presente caso, loscandidatos dependen de la voluntad delMovimiento al Socialismo.

Si a ello, se aade, que el regla-mento de preseleccin de candidatos,si bien determina la evaluacin por tresreas, sin embargo no establece una ca-lificacin que permita que el profesio-nal que tiene mayores mritos ocupe elprimer lugar de la lista. El reglamentono contempla un sistema de calificacinmeritocrtica sino que, simplemente,dispone que el proceso de evaluacinconcluye con la elaboracin de una listade candidatos por orden alfabtico. Laausencia de un indicador objetivo que

permita determinar prelacin entre lospostulantes, permite al partido en fun-cin de gobierno ser absolutamente dis-crecional en la eleccin de candidatosy es correcto pensar que ello implicarque la lista est integrada por quienestengan mayor afinidad con el cambioy no los que tengan mritos.

Luego est el hecho de que la LeyElectoral, en sus artculos 82 y 84, es-tablece una serie de prohibiciones a loscandidatos, a los ciudadanos y a los me-

dios de comunicacin. A los candidatosy a los medios les prohbe: dirigir, con-ducir o participar en programas radialeso televisivos mantener espacios infor-mativos o de opinin en medios escri-tos, acceder a entrevistas y al resto deciudadanos les prohbe: emitir opininfavorable o desfavorable sobre los can-didatos. Estas prohibiciones contrarande manera flagrante la Constitucin,dado que esta norma, en su artculo 182,nicamente prohbe que se efectencampaas y muy al contrario de lo queprev la citada ley, establece textualmen-te en el artculo 21.6, sobre el derecho a

la informacin: Acceder a la informa-cin, interpretarla, analizarla y comuni-carla libremente, de manera individual ocolectiva y en el artculo 106, impone alEstado la obligacin de garantizar elderecho a la comunicacin y el derechoa la informacin.

La importancia de las infraccionesconstitucionales citadas, opaca otras violaciones contenidas en la Ley delRgimen Electoral, como por ejemploel hecho de que la Constitucin en suartculo 198 prev que la eleccin de losmiembros del Tribunal Constitucionalse efectuara: con el procedimiento, me-canismo y formalidades de los miembrosdel Tribunal Supremo, sin embargo laley electoral, ha dispuesto la eleccin

por circunscripcin nacional delos miembros del Tribunal Cons-titucional y por circunscripcindepartamental de los miembros del Tribunal Supremo, es decir no seutiliza el mismo mecanismo y, elartculo 19 de la Ley del RgimenElectoral, expresa que no son ele-gibles quienes hayan patrocinado apersonas que resultaren culpa-bles de comisin de delitos contrala unidad del Estado, conforma-cin de gobiernos dictatoriales y

enajenacin de recursos naturales,confundiendo con ello, entre elimputado y su abogado y violan-do con ello el derecho al trabajo yotros derechos y garantas consti-tucionales que estn expresamente

contrapuntos

reconocidos en los artculos 46 y 116.1de la Constitucin.

Volviendo al tema medular delproceso de eleccin de jueces por votopopular, como es el procedimiento deseleccin, es evidente que la votacinpopular no implica la automtica ruptu-ra con la inveterada dependencia de los jueces con el o los partidos en funcinde gobierno salvo obviamente desde eldiscurso jacobino, dado que los candi-datos judiciales, requieren de la volun-tad de la Asamblea Legislativa y en esecontexto el voto popular resulta mera-mente refrendatario de una decisin queya fue tomada por el partido en funcinde gobierno.

La reforma constitucional para la

eleccin de jueces, fue aprobada contra viento y marea por elmas, pero ahoraste rechaza la esencia misma del proce-so electoral: informacin, pluralismo ycompetencia electoral y establece una se-rie de prohibiciones legales que impiden

al ciudadano informarse debidamentesobre los candidatos, as por un lado eldiscursivo presenta la eleccin por votopopular como una novedad, pero luego,en los hechos restringe sustancialmen-te el proceso electoral hasta tornar vacoel voto ciudadano, por lo que el referi-do proceso electoral se torna un fraude.El Presidente del Estado, alega sobre elparticular que la prohibicin de difundirinformacin sobre los candidatos se sus-tenta en que los medios de comunicacinpueden apoyar a determinados candida-tos, ante esa afirmacin, cabe preguntarsePor qu se observa este aspecto ahora yno cuando se efectu el proceso electoralpara la eleccin a Presidente? o ser queantes de que elmas llegue al gobierno los

medios de comunicacin eran ms libres y tenan un mayor compromiso tico ypor ello no caan en las tentaciones queahora pueden caer.

* Doctor en Derecho Constitucional.


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Cuando comenz la democra-cia, hace ms de 20 aos, sedeca que la Vicepresidenciaera la quinta rueda del carro

o una figura simplemente decorativa y, luego, una rueda de repuesto encircunstancias crticas, como la en-

fermedad de un Presidente o la re-nuncia de otro Qu es la Vicepresi-dencia hoy?Constitucionalmente es un rgano queacta como puente entre el Ejecutivoy el Legislativo, con funciones en cadauno de ellos. Su espectro de accin esbastante diverso, pero ms all de eso,las vicepresidencias se definen por la ac-titud y por la relacin poltica y personaldel Presidente con el Vicepresidente. Siel Presidente, como sucede en mi caso,abre opciones de trabajo, delega respon-sabilidades, el Vicepresidente tiene ungran espacio para trabajar y colaborar.

Si el Presidente mantiene una actitudde distancia frente a su Vicepresidentey ste est en afanes de serrucho, estclaro que se intentar bloquear su des-empeo.

Me ha tocado un Presidente queme ha permitido abrir espacios y tieneaqu a un Vicepresidente que no tieneningn tipo de ambicin frente al Pre-sidente. No siempre se da eso, pero eneste caso s, soy un Vicepresidente queha cumplido su meta poltica de vida queera que los indgenas gobiernen Bolivia.

Esa conjuncin de particulares ma-neras de actuar del Vicepresidente y delPresidente me ha permitido la colabo-racin al Ejecutivo sin dejar de lado lasfunciones en el Legislativo.

Qu aspectos destacara de su ges-tin en la Vicepresidente y qu erro-res detecta?Errores y carencias siempre hay y nu-merosas. Entre los visibles ubicara el nohaber hecho mayores esfuerzos para laformacin de cuadros poltico-tcnicos,una de las principales carencias de cual-quier gestin de gobierno en el mundo.

Otro error es no tener una msfluida comunicacin con las AsambleasDepartamentales, hay muchas limitacio-nes en su trabajo y mucha necesidad deir gestando hbitos legislativos departa-mentales.

En gestin, como parte del Ejecu-tivo, identifico los retrasos en temas degestin estructural como son los proce-

sos de industrializacin. El Vicepresidente pudo habercolaborado de manera msdecidida y con mayor auda-cia y buscado superar la bu-rocracia. En fin, 2, 4, 10, 20errores que uno ha cometi-

do y que busca superar conel tiempo.

No le parece que unode esos errores ha sidola enorme dificultad paraalcanzar consensos en laaprobacin de normativasimportantes que involu-cran a varios sectores?Obviamente, descontan-do el reciente anunciodel Presidente sobre lamodificacin del polmi-co Art. 82 para la eleccin

de jueces y magistrados.Sin embargo, No debi ser esa unaprctica democrtica comn en todaslas transformaciones institucionales?64% habla de un consenso nunca antesvisto. Ese debe ser un punto de partida.No se consigue ese porcentaje porqueuno es autoritario o sectario, es un con-senso estructural que no hay que perderde vista.

La crtica muchas veces acta demanera infantil, primero tenamos 50% y decan que se construye consensocuando se logra la mayora absoluta,cuando la alcanzamos dijeron que no erasuficiente y que la verdadera democraciaeran los 2/3. Cuando conseguimos los2/3 dijeron que no era suficiente y nospidieron 100%. Eso, sera totalitarismo.Hay consensos estructurales que se hanarmado, que deben ser validados, puesno son perpetuos.

Ahora, entiendo que se refiere asaber trabajar con la oposicin. Las ges-tiones de 2006 a 2009 han estado carac-terizadas por un trabajo en ese sentido.En una combinacin de ofensiva, auda-cia, paciencia y tolerancia se lograron losacuerdos de la Asamblea Constituyente.

En el actual Congreso ha suce-dido algo curioso, cuando llegamos alpoder en 2006 tendimos la mano a laoposicin, pequea pero legtima, res-petable y necesaria para el desarrollode la democracia. Pero, comprobadorecientemente con la modificacin delArt. 82 del Reglamento, vemos que te-

nemos una oposicin minoritaria, peroconfrontacional. No importa lo queuno diga, haga o proponga, siempre vaa estar mal, y ese es un gran error quemuestra que no es una oposicin ma-dura, y no sabe aprovechar, ni siquiera,cuando el adversario poltico cede. En elltimo debate se cambiaron 17 artculosde 23, tomando en cuenta a los oposito-res, pero en declaraciones a la prensa losopositores negaron los acuerdos, quiensabe por qu intereses. Eso muestra quetenemos una oposicin tremendamentemediocre y polticamente muy limitada.Extraamos los debates creativos quetenamos con los antiguos opositores,nos daban palo con argumentos, nosganaban en el debate, nos ganaban conla opinin pblica y tenan el valor parareconocer que hacan acuerdos.

Cuando inaugur la gestin 2011hice una promesa, y la voy a mantener, y es que todas las leyes importantes yestructurales van a tener consenso conla oposicin. Admito que el ao 2010,por la limitacin constitucional de unplazo, tuvimos que correr con las cincoleyes estructurales. Pero ms all de lasimposturas entre el debate pblico y elinterno, vamos a seguir haciendo el in-tento de trabajar con esa oposicin.

Otro de los aspectos que destacacomo desfavorable en la gestin es ladificultad del gobierno para coexis-tir o convivir con gobiernos depar-

tamentales y municipalesde oposicin Es acaso elobjetivo alcanzar el podertotal?Por definicin no hay po-der total, porque ya no serapoder, ese es un falso deba-

te en el que han cado granparte de los intelectuales. La validacin del poder es unproceso continuo. Es la ca-pacidad de influir sobre lasdecisiones del otro y, en esesentido, siempre tiene quehaber otro con decisionespropias que son influidaspor uno, y por ende ya nopuede ser total. Es un pe-queo debate filosfico quees importante aclarar por-que hay mucha confusinque surgi por unas declara-

ciones mas.Nosotros apostamos y trabajamospara que un bloque social consolideduraderamente la conduccin del pas,un bloque social compuesto por basessubalternas: indgena, campesina, obre-ra, popular y que tenga la capacidad deseducir, de convencer al resto de las cla-ses sociales del pas. Ese es un hecho deideologa, poder cultural que requieresus contrapartes, sus idas y venidas, susflexibilizaciones y sus abollamientos.Requiere posicionamiento poltico, ins-tituciones, partidos polticos, diputacio-nes y poder econmico. Esa es la mane-ra en que concebimos la consolidacinhistrica de un bloque nacional popularque conducir el pas por un buen tiem-po. Eso no significa que hay que coparlotodo, significa que hay que tener presen-cia en otras reas sociales donde otrosgrupos tienen el poder.

De lo que se quejan muchos es detener que compartir su poder, o dejar-lo. En realidad, ellos son los autoritariosporque no quieren compartir ese poderque tenan monopolizado. Se est dan-do, ahora, en casos como de Santa Cruzo del Beni, donde haba poder regionalcerrado para una lite empresarial, co-mercial y extranjerizada que hered laspautas del prebendalismo y del seoria-lismo de los siglos xix yxx, modernaen sus actividades econmicas y pre-moderna en su cabeza y en sus actitudes.Ahora, resulta que se incorporan en esasregiones grupos de gremiales, campe-

Entrevista a lvaro Garca Linera:

Cumpl mis metas polticas; la presidencia

no me interesaEl vicepresidente del Estado, lvaro Garca Linera, afirma ser un poltico realizado que cumpli con la misin que construy para su vida yque movi sus pasiones intelectuales unas veces desde la lucha armada y otras desde la lucha electoral : que los indgenas gobiernen Bolivia.

Desde esa perspectiva, alcanzar la Presidencia se convierte, para l, en algo irrelevante.


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Otros sugieren que se incautams porque se produce ms, lomismo que con la corrupcinDnde queda el proceso decambio en estos temas?La corrupcin es un fenmenosecular de nuestra vida estatal yes que el ascenso en el pas no ha

encontrado los mecanismos paraconsolidarse, sino a travs del usodel Estado como palanca de ascen-so social. Y ese mal est afincadoindependientemente del tipo deEstado que tengamos. Con otrosgobiernos se daba entre la clasemedia y alta y ahora se ha socia-lizado, se ha democratizado esaexpectativa daina.

Su combate implica un pro-ceso largo y no slo mano dura.Hemos hecho leyes tan duras queestn hasta bloqueando el desem-peo de la gestin pblica, como la

Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.Es decir, la parte punitiva est,ahora lo que hay que lograr es modificarlos hbitos y expectativas colectivas, untema estructural que debe partir de laeducacin familiar y de las escuelas.

Creo que en el momento el grandemrito es una especie de socializa-cin de la corrupcin en mbitos de lasfunciones estatales subalternas, de bajorango; pero tiene su mrito y es que,por la forma de conducir su gabinete, elpresidente Morales ha logrado eliminarla corrupcin en el crculo de ministrosy autoridades. Se han eliminado las fac-

ciones de poder econmico de nivel su-perior. Antes hablar de corrupcin erahablar de la conformacin de bloques depoder econmico al interior del gobier-no. El tema de Santos Ramrez, fue elcaso ms cercano a ello, pero rpida ydrsticamente cortado.

Pasando a temas de la situacin in-ternacional cul es la visin de Boli-via en relacin con los cinco vecinosde Amrica del Sur y, sobre todo, conla posible conformacin del deno-minado Arco del Pacfico que podradejar al pas en una situacin de aisla-miento poltico y mayor enclaustra-miento?Tenemos que mirar el continente comoun bloque o cuasi Estado, a medianoplazo, porque estamos en un momentode las sociedades en que los Estados-regin comienzan a tener gravitacin einfluencia en el curso y el flujo de la eco-noma mundial y no siempre ha sido as.

Ese Estado-regin tiene que verel mundo, pero en particular tiene quever con mucho inters hacia China y elcontinente en su conjunto y no as ha-cia pases como Estados Unidos. Este esel elemento que permite ensamblar lamirada que tienen los pases del deno-minado Arco del Pacfico, previsto porMarx ya en 1947, y avanzar hacia otroshorizontes.

Ms all del tema martimo, tene-mos cosas de importancia con nuestrosvecinos, la interconexin de Brasil hacia

sinos, obreros y los grupos de poder loconsideran como avasallamiento, cuan-do lo que sucede es que se est demo-cratizando la sociedad y el poder se estmodernizando en esas regiones.

Los datos muestran que de las al-caldas con problemas de juicios un granporcentaje corresponde a las del mas.

Lo mismo ocurre con la gobernacin deOruro. En el caso de la oposicin, valela pena aclarar que el juicio contra el exgobernador de Tarija lo comenz un mi-litante delmnr y no el mas. En el casodel Beni, se abri un juicio en el queest incluido un militante masista tam-bin, el otro juicio es por los intentos desoborno, en un lugar donde la polticahaba sido a punta de caonazo y dlarespara lograr fidelidad.

Esas formas delincuenciales de pa-tronaje poltico que caracterizaban lavida en regiones alejadas del centro po-ltico ahora estn develndose y el go-

bernador tiene que aprender a hacerlomoderadamente, sin chequera y sin ga-rrote. Con el gobernador de Santa Cruzhay un juicio personal con mi persona,por unas declaraciones suyas que tendrque comprobar.

Cuando hablamos de algunos pro-blemas para convivir, tambin qui-siera hacer referencia a grupos afinesideolgicamente con el mas como esel Grupo comuna, con quienes us-ted ha tenido una polmica bastanteagria. Cules fueron las diferenciasde fondo con gente tan cercana?

Con uno de mis amigos, no con todos.Son diferencias de toda la vida que aho-ra resultan mediticamente vendiblescomo tales. El grupo comuna es unpluriverso intelectual, Ral Prada con suhistoria de cercana al trotskismo, luegoal posmodernismo y a combinacionestan creativas de intelectuales y de aca-dmicos de pensamientos diversos querayan en el anarquismo. Oscar Vega,con su pensamiento de izquierda con in-fluencia filosfica cultural y Luis Tapia,con un marxismo fuertemente vinculadoal pensamiento de Zavaleta y a la heren-cia popular boliviana; y mi persona conuna formacin de marxismo ortodoxode nuevo cuo, alejado y enfrentado atodos los partidos marxistas de Bolivia ycon una mezcla de indianismo.

No venimos de la misma escuelani somos militantes de una sola estruc-tura poltica, por ello tenemos diver-gencias que debatimos pblicamente.Actualmente estamos en la divergenciade entender esta coyuntura del procesode cambio y, seguramente, en algn mo-mento nos volveremos a encontrar.

Lo que no pierde comuna es elhorizonte emancipativo.

Hay problemas que saltan a la vistala evaluar la actual gestin guberna-mental: el narcotrfico y la corrup-cin. Usted ha sealado en variasoportunidades que ahora se incautams que aos anteriores, hacien-do con ello una evaluacin positiva.

el Pacfico, que pasa por Bolivia de lamanera ms barata, accesible y rpida,es una de ellas y queremos aprovecharlapara dar curso a la construccin del trenPuerto Surez-Arica, con inversin Chi-na. En el fondo lo que buscar es cargarese tren con lo que se pueda: hierro, li-tio, alimentos, minerales, etc.

Nosotros tenemos qu aportar aesa asociacin y a esa mirada continen-tal hacia Asia y Bolivia no entrara ahcomo un invitado de piedra, sino comoun aportante. Estamos apostando a ello.

No somos un gobierno que se hacerrado a los mercados mundiales, sinono estaramos exportando ms de 6 milmillones de dlares.

Por lo que usted seala, se podrapensar que estamos ante una orien-tacin de alineamiento ideolgicoantes que programtico? Y dndequeda entonces la unasur, de tandifcil establecimiento, pero que con-t con el esfuerzo de Bolivia en suscomienzos?No son cosas an cristalizadas, son po-tenciales devenires y hay que apostar alque ms nos conviene, que es el men-cionado.

Considero que unasur va a poderavanzar ms siempre que logre mayo-res mbitos de confianza poltica gene-ral, no necesariamente de alineamientoideolgico, sino temas de preocupacinconjunta como es la lucha contra elnarcotrfico, por ejemplo. Bolivia hapropuesto crear un mecanismo de inte-ligencia y lucha contra el narcotrfico yde colaboracin material y militar conti-nental, prescindiendo as del tutelaje dela deay de sus mecanismos de interven-cin poltica.

En lo econmico, todos los pasesactan en funcin de sus propios intere-ses, ah no se puede pedir alineamientos,tal vez se encuentre simpatas. La mira-da estratgica hacia Asia nos abre unaruta diferente que nos puede dar unaubicacin y mayor presencia.

Obviamente, coincido en queno est definida la ruta, es una ten-dencia que nosotros quisiramosreforzar.

Pasando al tema del anlisis,cules son sus apreciacionessobre la situacin del pensa-

miento progresista? Cmo vea los movimientos sociales y engeneral a lo que se puede deno-minar la la izquierda global enesta coyuntura de grandes mo-vilizaciones en los pases rabesy en Europa?Como siempre la izquierda insti-tucionalizada est atrasada respec-to a la dinmica de la sociedad. Lohermoso del momento es el des-pertar social, con sus ambigeda-des, como todo. Lo que tuvimosen los aos 80 fue una sociedad ci-vil de ong, poco simblico, pero

algo al fin. Ojala que este des-pertar pueda invadir esa Europaadormecida en lo social, intelectual, etc.obviamente el curso de las revolucionessociales no viene de all.

Este despertar social diverso, com-plejo, an no definido polticamente,hace pensar que este siglo xxi no so-lamente ser un punto de ascensos delos pases del segundo y tercer mundo,sino, muy probable, del primer mundo.Sera deseable pero no me atrevo a pre-ver todava el inicio de una ola de largoaliento.

Volviendo a su persona, cmo quie-re lvaro Garca Linera que se lo re-cuerde al final de su gestin?Como un marxista-katarista que hizolo que estaba a su alcance para apoyaral primer gobierno indgena de nuestropas.

Y una ltima pregunta que es msuna curiosidad personal. Todo pol-tico tiene el impulso interno de tenerms poder y el mximo poder es laPresidencia usted ha pensando enalgn momento en postularse a laPresidencia?Nunca. Jams siquiera me imagin serun funcionario pblico. Desde los 17aos por mi formacin catlica, ob-viamente quise entregar la vida por ungobierno indgena, por un gobierno deindios y no he cambiado en eso. Lo hicede una manera y de otra, mediante la lu-cha armada, mediante la lucha electoral.

En ese sentido, soy un poltico rea-lizado que podra morir tranquilo el dade maana, cumpl con la misin queconstru en mi vida. Sin duda se puedenhacer muchas cosas ms, siempre hayproyectos de vida, pero la fuerza motrizque me movi y que gui mis pasionesintelectuales y mi vida est realizada.Ms all de ello todo se vuelve secunda-rio, como la Presidencia, que se me hacetan irrelevante, es decir que ni siquierase presenta como una posibilidad. Des-pus de esto lo que queda es retirarse adescansar. (dem)


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Distinguiendo izquierda y derecha polticaHugo Rodas Morales*

Este clivaje o disociacin como gustan decir con lenguaje psicoanaltico, socilogos y periodistas constituye un criterio diferenciador delcampo poltico, no menos por su lgica espacial que por su significado histrico e ideolgico enriquecido durante dos siglos. Desecharlo como

un eje simplista negara la abismal desigualdad econmica que actualiza la lucha de clases y la virtualidad simblica del socialismo, todavabasado en el marxismo en cuanto anlisis insuperado de las contradicciones del sistema capitalista.

La poltica lucha desde el lenguaje por hacerse creble; esta esuna peticin de principio que norequiere argumentarse por re-

sultar clara a la prctica de intelectualesy acadmicos, incluso de periodistas. Sidichas posiciones no son semejantes, lomismo cabe decir de izquierda y dere-cha poltica.

No debiera sernos indiferenteque el dominio del capitalismo con-temporneo hegemnico globalmen-te, sin programa social y que a decir deImmanuel Wallerstein, ha sido capazde subordinar cualquier otro modoproductivo y civilizatorio, al punto derepresentar la mxima complejidad sis-tmica tolere una diferenciacin me-ramente especular y topogrfica entreizquierda y derecha, subsumiendoas contradicciones de clase antagni-cas.

Corresponde por lo tanto actua-lizar nuestra peticin de principio, an-

tes que la parbola de (no separar sinohasta el final) la cizaa (Mateo 13:24), ydecir con algn detenimiento analticopor qu la extendidadescalificacin deleje izquierda/derecha como dicotomaanacrnica, en el mejor de los casos por un paradigmaholista todava en ciernes, sirve al gesto polticamentecorrecto de eludir al toro ideolgico, postergando lanecesidad de tomarlo por los cuernos.

La confictividad es realSe afirma que izquierda y derecha expresaran una vi-sin que escinde y polariza la realidad, y que tal estadode consciencia devenida en identidad ideolgica, slofue operativa o eficaz mientras la lucha de clases orde-

n la disputa por el poder del mundo bipolar, simb-licamente hasta 1989 (Jos Antonio Quiroga: Otraizquierda del sigloxxi?, en quincenario Hora 25, junio del 2008). Esta consideracin filosfica o epis-temolgica (relativa a los lmites de un pensamiento yal posible surgimiento de nuevas matrices disciplina-rias cientficas) olvida o quiere olvidar, que izquierday derecha pueden abstraerse en la reflexin individual,pero renacen de modo cotidiano en la conflictividadsocial inherente a la vida democrtica, en la que es ydebe ser deseable optar por distintas posturas ideolgico-polticas; visiones determinadas por su naturaleza noindividual (liberal) sino econmica y conflictivamentesocial (clasista).

Si no limitamos la comprensin de los fenmenospolticos a la racionalidad cientfica, la poltica puede ydebe comportar un sentido virtuoso, atendiendo a unamoral diferenciada (de clase), que merece debatirse si-guiendo la recomendacin de mtodo del conservador

en tres sentidos: buscando que el libe-ralismo poltico radicalice sus valores;que el mercado no someta la sociedada la acumulacin de capital asegurandola libertad real de los ciudadanos conintervencin del Estado; y que la po-ltica sea republicana, es decir, no sesubordine al poder econmico de laburguesa.

En estos trminos debiera enten-derse que un partido poltico no puedeser de izquierda, sino estar en esta po-sicin mientras su actividad polticacoincida con esa tendencia. Izquier-da tampoco seran los grupos que sereivindican como tales, sino la historiade las polticas de izquierda, entendidacomo otra de las vas para resistir almodo capitalista de la modernidadrealmente existente (Bolvar, op. cit.) y cuya tarea crtica consiste en sacu-dirse de la apariencia de absurdo conque inevitablemente aparece su anti-capitalismo a los ojos del sentido co-

mn, resultado de una poblacin que,por influjo ideolgico, tiende a creeren el orden social existente como unafatalidad natural apenas modificable.

La competencia ideolgica por la legitimidadLo anterior es congruente con la constatacin histri-ca de que la izquierda como organizacin poltico-partidaria, al menos en el capitalismo avanzado, casinunca ha abrigado intenciones insurgentes (RalphMiliband: El estado en la sociedad capitalista.Mxico,Siglo xxi, 1997: 173 ss). Si esto era cierto desde mu-cho antes de mediados del siglo xx, lo corrobor enlo sucesivo la influencia mundial que tuvo la social-democracia, debilitada ella misma desde los 80 por el

neoliberalismo ortodoxo ingls. La regla general encambio, histricamente conocida, es la exclusin dela izquierda socialista que sostiene una praxis polti-ca consecuente con principios proletarios, mediantemecanismos jurdicos del sistema poltico que conmedios desiguales reproduce la legitimidad burgue-sa, sobre todo ahora que monopoliza los recursos deadoctrinamiento meditico.

Dicha exclusin fue notablemente extrema en Bo-livia, desde la primera institucionalizacin de la CorteNacional Electoral durante la crisis de 1979; frente auna alternancia constitucional limitada a la derechaaliada a la socialdemocracia una dcada despus, y em-blemticamente con la propia sigla delmas, una prte-sis ajena obligada para posibilitar la inscripcin y can-didatura del actual presidente Evo Morales, que pactcon la socialdemocracia mirista de Paz Zamora y luegodel msm, derivando ltimamente en una posmodernanarrativa argentina del evismo que, figurndose alChe en los guardatojos mineros, supone que el socia-lismo atraviesa todas las ideologas polticas en Bolivia(vase de Bruno Fornillo, Pablo Stefanoni y otros sobre

epistemlogo alemn Niklas Luhmann, para quien lamayor complejidad de un fenmeno precisaba no teo-ra simplificada sino una ms elaborada.

Izquierda no ontologizada nivergonzantemente capitalistaDesde el punto de vista histrico que la cultura pos-moderna ha abandonado inhabilitndose para com-prender las nuevas maneras en que las diferencias declase determinan el sentido de la dinmica poltica,cabe decir que si la distincin espacialprimaba entre,por una parte, los girondinos y moderados que ocu-paban la parte baja derecha de la Convention Natio-nale (Francia, 1789), y por otra, los montagnards ojacobinos radicales que se situaban a la izquierda y arri-ba, su distincin poltica de orden temporal (histrico)se resemantiz hacia opciones conservadoras o pro-gresistas, que negaban o alentaban respectivamente, latendencia natural de las instituciones a su perfecciona-miento: mientras las posturas de la derecha, a veces au-toidentificadas como de centro (que colaboraron conel Rey en Francia), limitan las conquistas sociales a lasque produce la liberalizacin burguesa de la economa,desde la izquierda se plantea la radicalizacin del mis-mo proceso, entendiendo que la vida social slo puedeser libre y fraterna si se garantiza la igualdad.

La izquierda pertenece al escenario democrticomoderno y constituye una particular corriente de opi-nin pblica supra-partidista (cf. Bolvar Echeverra enQu es la Izquierda?, seminario unam, mayodel 2006), que pretende profundizar cambios revolu-cionarios institucionalizados por la sociedad moderna

* Profesor universitario de Ciencia Poltica y Administracin,reside en Mxico ([email protected]).


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el libro Debatir Bolivia, en programa radial Bajo el vol-cn, 08.12.10).

Lo que autoriza a sostener en cambio, que elmas prolonga la ideologa nacional-populista del 52,mediante una poltica enmascaradamente de izquier-da y cuyo liderazgo desptico caudillista (reflejo delEstado del 52 y la doctrina estadunidense en las ac-tuales ff.aa.) es slo un husped del poder (segn

expresin de Joseph LaPalombara), es la legitimidadpequeo-burguesa y antiobrera que promueve, de-jando intacto el crepuscular sistema de poder despusde la crisis estatal del 2003, tal cual retrocediera en sutiempo frente a la crisis estatal de 1979, con un pro-grama de poltica econmica a la derecha de la cepal,la centroizquierdistaudp (1982-1984), reforzando laapreciacin sociolgica de que nuestra historia de ma-sas movilizadas a la izquierda (proletarias), tiene porsombra reflejos estticos profundos (puesto que) lasestructuras sociales, incluso la boliviana, suelen ser msconservadoras de lo que parecen (Ren Zavaleta: Lasmasas en noviembre. La Paz, Juventud, 1983: 48).

En busca de una nueva lnea de izquierda

consecuente Advirtase que slo despus de completar la conno-tacin espacialcon la clasista del eje izquierda/derecha(lo primero tcticamente en el escenario poltico; losegundo estratgicamente respecto a la perspectivahistrica burguesa o proletaria), se llega a distinguirla validez de una izquierda (o derecha) con adjetivos,incluida la izquierda radical o socialista que delinea elhorizonte ideolgico de estas notas que comienzan (yterminan) por postular que todas las argumentacionesdesde las intelectuales que en este tiempo suelen pro-venir de la academia en favor de un paradigma alter-nativo, a las periodsticas de la novedad diaria sobre la(in)distincin entre izquierda y derecha deberan seratendidas, sometiendo su capacidad de convencimiento

(heurstica) al lector, sin excluir a ninguna. En el casoaqu defendido, una izquierda que adems de encontrarsu sentido ms all del liberalismo, adopte la estrategiasocialista relativa a que el orden social boliviano, dada suespecificidad, requiere una transformacin completa yno solamente parcial (reformas).

Metodolgicamente, dicha izquierda radicaldebe describir y periodizar su propio lugar en la his-toria mediante una crtica del socialismo pasado, in-corporando la realidad en vez de re-presentarla comoidentidad ideolgico-poltica, lo que se lograr privi-legiando los medios antes que los fines, esto es, do-mesticando impulsos del inconsciente y de la culturade sentido comn (ideologa dominante) hacia unadisciplina democrticamente subversiva del multifor-me dominio organizativo capitalista. (Sobre incorporaren vez de re-presentar, una nota periodstica recogeimpresiones mas sobre el socialismo vivido, a pro-psito del empirismo trascendente en la vida y obra deMarcelo Quiroga Santa Cruz, vase diario Los Tiem-pos, 23.07.10, B3).

En artculos posteriores pondr en cuestin loscriterios formulados en el debate acadmico desdeposturas liberales y marxistas, ninguna de las cualesestima que la distincin izquierda/derecha pertenezcaal pasado, sino que al contrario, validan su actualidadcomo criterio diferenciador axial: de Bobbio a Tronti,de Jameson a van Parijs y, ms circunscritos a la reginlatinoamericana, de Arditi a Petras, pasando por Diete-rich y seleccionando simblicamente entre las muchasentradas virtuales sobre qu es izquierda poltica?,adems de las aproximaciones locales al moderado sen-tido de izquierda en la ltima dcada de nuestra his-toria, fisonomizando lo que adelantara en este mismoquincenario (nc66) como la involucin de la ideologa(nacional-populista) del evismo hacia el populismo dederecha realmente existente.

La reorma de la PolicaJos Antonio Quiroga T.*

No es la primera vez que se anuncia una reformade la Polica boliviana. Desde el restablecimien-to del orden constitucional en 1982, casi todos

los jefes policiales comenzaron su gestin ofreciendouna radical depuracin de la institucin del orden,capturada por redes delincuenciales ante la miradaimpotente o cmplice del poder poltico de turno.

Ninguno de los ofrecimientos de reformar a laPolica desde dentro tuvo efecto alguno. Asimismo,los intentos para transformarla desde afuera fuerontmidos, en ocasiones resistidos por amotinamien-tos, y tampoco dieron los resultados esperados. Esaconducta complaciente convirti a la Polica en unainstitucin refractaria a cualquier proceso de trans-

formacin, fiscalizacin pblica y control ciudadano.Una reforma en serio debera comenzar con un

buen diagnstico institucional. Las investigacionesdeh.c.f. Mansilla y de Juan Ramn Quintana sobrela Polica tendran que actualizarse con los cambiosocurridos en el ltimo lustro. Luego sera deseableque se conozcan y debatan las propuestas para su re-organizacin funcional y territorial, lo cual exigiraadecuar su normativa al nuevo marco constitucional,particularmente en lo que concierne al rgimen au-tonmico, proponiendo una Ley orgnica que seafruto de un proceso de concertacin social y po-ltica. Finalmente, se debera dotar a la Polica delos instrumentos de formacin, gestin y operacinadecuados a los retos que plantea la seguridad ciu-

dadana. Una reforma institucional de esa naturalezasuele ser costosa y demanda algunos aos para sucorrecta ejecucin.

Pero como la Polica forma parte de un comple-jo entramado institucional, cualquier iniciativa de re-forma debera ser acompaada por la transformacinsimultnea del Ministerio Pblico, del Ministerio deGobierno y de las propias Fuerzas Armadas, bajo unaestrategia de seguridad de carcter integral, comopropusieron los analistas mencionados. Las tareasde Identificacin personal o control de Trnsito queson una fuente de financiamiento informal de la Po-lica podran ser mejor administradas por el TribunalSupremo Electoral o los gobiernos departamentales,respectivamente. La reforma de la Polica modificara

el rgimen penitenciario, el servicio de migracin y elcontrol de aduanas, entre otros; lo que aconseja enca-rar esa tarea como parte de una ms amplia reformaadministrativa del Estado.

En el debate que se gener fuera de la Asam-blea Constituyente se escucharon propuestas parauna reforma global de los aparatos de seguridaddel Estado. Una de ellas fue fusionar a la Polica ya las Fuerzas Armadas aquejada de problemas pa-recidos en un sola Guardia Nacional como la quetiene Costa Rica, medida que deba ser acompaa-da por la declaratoria de la neutralidad de Boliviay su renuncia a tener un ejrcito beligerante. Otrasiniciativas apuntaban a la descentralizacin de cier-tas competencias de la Polica mediante la creacin

de organismos departamentales y municipales deseguridad ciudadana, acorde con la demanda de unEstado autonmico, propuesta que finalmente fueabandonada por propios y extraos.

La necesidad de una reforma integral de lasinstituciones pblicas no forma parte del proyecto

poltico del mas, que ha consistido ms bien en latoma del poder, entendida como la ocupacinburocrtica de toda la administracin pblica y lacaptura de todos los poderes del Estado, dejandoque funcionen bajo los mismos cdigos prebendalesy clientelares del pasado. En cinco aos de gobier-no, elmas ha duplicado la cantidad de funcionariospblicos pero ha reducido significativamente su efi-ciencia. La utpica refundacin del Estado sirvipara evitar la reforma posible y necesaria de institu-ciones tan importantes para la ciudadana como laUniversidad, la Polica o la Justicia, que no han sidotocadas por el proceso de cambio.

Tan importante como saber lo que se debe o

puede hacer con la Polica, es definir con claridad loque no se debe hacer. La improvisacin con medidasaisladas, la ingerencia partidaria o el puro volunta-rismo son contrarios a cualquier reforma seria. Y esoes justamente lo que se est haciendo.

Al posesionar al penltimo comandante gene-ral de la Polica, Evo Morales le exigi acabar conla corrupcin en noventa das lo cual dej en evi-dencia su completa incomprensin de la compleji-dad de esa tarea. Antes de que se cumpla ese plazo,

nueva_crónica_085 - la justicia al servicio del poder político

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