planteamientos y propuestas
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Planteamientos y propuestas
Dr. César Camacho QuirozPresidente del CEN del PRI
Lic. Ivonne Ortega PachecoSecretaria General del CEN del PRI Lic. Laura Elena Herrejón CaballeroSecretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI
IndiceLa política social es la ética de la política
Introducción
La re�exión sobre la pobreza y el Parlamento Ciudadano
Visión de futuro
Desarrollo social y crecimiento económico: Un círculo virtuoso
El acceso a los derechos sociales
Los actores sociales y las tareas de gobierno
Conclusiones
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La política social es la ética de la política
Decidido a contribuir a alcanzar el desarrollo humano pleno en nuestro país, durante su XXI Asamblea, el priismo aprobó en su Programa de Acción, diseñar una nueva estrategia de combate a la pobreza que, con una visión integral, estimule el bienestar personal y colectivo; y propicie una mayor participación social, de suerte que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo.
Y en ése afán de seguir las directrices de los ciudadanos que conocen, padecen, analizan y están dispuestos a contribuir en el diseño y formar parte de la ejecución de las acciones para abatir ese delicado problema, el Partido Revolucionario Institucional, a través de su Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, decidió dedicar la primera sesión del Parlamento Ciudadano, espacio libre, plural, incluyente y democrático en el que líderes sociales, patriotas de muy reconocido prestigio profesional y de la más alta calidad moral proponen alternativas de solución a los grandes desafíos nacionales, a realizar sus aportaciones para abatir la pobreza, siendo ésta, responsabilidad de todos.
Que todos ejerzamos y disfrutemos plenamente los derechos políticos, culturales y, subrayadamente, los derechos sociales establecidos en nuestra Constitución; es decir, que los que están plasmados en la ley dejen de ser ideales para que formen parte de la vida cotidiana de todos los mexicanos, es un propósito que seguramente todos compartimos y, sin embargo, es preciso que, a poco más de un año y medio de que el gobierno de la República haya comenzado sus esfuerzos, podamos analizar lo conseguido y, sobre todo, señalar los ajustes, las precisiones y los cambios que, ciudadanos con alto sentido de responsabilidad social, puedan sugerir. En ese sentido, el Parlamento Ciudadano es también un diálogo que facilita el PRI, partido en el gobierno, en el que la sociedad habla y el gobierno escucha pero, además, responde.
De esa suerte, este documento compendia las consideraciones, presenta los argumentos y sistematiza las propuestas de líderes sociales y expertos en el tema de la pobreza, para ponerlos a consideración del gobierno federal mexicano, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de “lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles su�cientes de bienestar”; dependencia de la cual, el Partido y sobre todo el Parlamento Ciudadano, espera posiciones, explicaciones, respuestas y propuestas para dar cauce a los planteamientos ciudadanos y, eventualmente, incorporar sus esfuerzos en el noble trabajo de abatir la pobreza y reducir la desigualdad social.
Si “donde hay justicia no hay pobreza”, las propuestas del Parlamento Ciudadano son planteamientos justicieros que el PRI comparte y hace suyos porque, para todos nosotros, la política social es la ética de la política.
César CamachoPresidente del PRI
IntroducciónEl Parlamento Ciudadano es un ejercicio de diálogo y propuesta impulsado por la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI. En el marco de su proceso de renovación, el partido ha asumido con convicción el imperativo de acercarse a la ciudadanía y ha convocado a importantes líderes y organizaciones de ciudadanos a participar en una dinámica de re�exión sin más propósito partidista que el de acercar al PRI a un sector de la sociedad mexicana que tradicionalmente ha estado alejado del partido y respecto al cual, debe reconocerse, el partido también ha estado distante.
Aunque a un ritmo disparejo y no exento de contradicciones, la sociedad mexicana se ha
transformado. Ha experimentado profundos cambios. Hoy es una sociedad crecientemente urbana, escolarizada y en donde la clase media adquiere un mayor peso; es sobre todo una sociedad más compleja, diversa y plural.
Desde esta perspectiva, la relevancia del Parlamento Ciudadano se antoja obvia. Concebido como un espacio en el que la sociedad propone y el partido escucha y actúa, los trabajos del Parlamento se inscriben en la lógica política del Presidente Enrique Peña Nieto quien, persuadido de que una presidencia democrática debía ser una presidencia abierta a la sociedad y sus propuestas, ha asumido una importante agenda de cambio de cara a la ciudadanía. En este sentido, el Parlamento Ciudadano es una respuesta a uno de los principales desafíos que enfrenta el PRI en su proceso de renovación: el desafío de su vinculación con la sociedad civil organizada.
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La reflexión sobre la pobreza y el Parlamento Ciudadano
Procurar el desarrollo humano, atender las carencias sociales, atenuar las desigualdades sociales y conseguir la cohesión social, nos permitirá abatir la pobreza extrema. De ahí que el primer ejercicio de diálogo y propuesta realizado en el marco del Parlamento Ciudadano haya tenido como tema el abatimiento de la pobreza.
La relevancia del tema es indiscutible. No obstante, su complejidad también lo es. Requerimos un lenguaje común que nos permita acercarnos al problema. La palabra “pobreza” nos puede remitir a fenómenos como falta de acceso a derechos y carencias, pero se queda corta para expresar el dolor, la angustia y la frustración de millones de personas, un auténtico drama humano que no puede ser perdido de vista.
El abatimiento de la pobreza debe ser el principal objetivo de una sociedad como la mexicana. Sin embargo, según el planteamiento del Parlamento Ciudadano, esta tarea no es responsabilidad exclusiva del gobierno, sino una responsabilidad compartida por todos. Como se evidenció a lo largo de la jornada de discusión, esta idea fue ampliamente suscrita y reiterada de manera constante por los parlamentarios participantes.
De acuerdo con el diseño metodológico del Parlamento, el proceso de re�exión se organizó a partir de la formulación de tres preguntas poderosas, con el propósito de que, a través de las respectivas respuestas, se fueran de�niendo prioridades y propuestas, así como construyendo consensos. Cabe subrayar que este primer ejercicio del Parlamento Ciudadano evidenció un muy amplio consenso de los participantes no sólo en relación con los objetivos a alcanzar, sino incluso en torno a las posibles soluciones a las problemáticas abordadas.
Debe asimismo señalarse que el proceso de discusión desatado por la formulación de las preguntas poderosas permitió no sólo esclarecer los términos y las implicaciones de la problemática objeto de la re�exión; también dio lugar a un esbozo de una imagen de futuro que, a su vez, abrió paso a la discusión acerca de lo que debería realizarse para concretar ese futuro imaginado.
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La relevancia del tema es indiscutible. No obstante, su complejidad también lo es. Requerimos un lenguaje común que nos permita acercarnos al problema. La palabra “pobreza” nos puede remitir a fenómenos como falta de acceso a derechos y carencias, pero se queda corta para expresar el dolor, la angustia y la frustración de millones de personas, un auténtico drama humano que no puede ser perdido de vista.
El abatimiento de la pobreza debe ser el principal objetivo de una sociedad como la mexicana. Sin embargo, según el planteamiento del Parlamento Ciudadano, esta tarea no es responsabilidad exclusiva del gobierno, sino una responsabilidad compartida por todos. Como se evidenció a lo largo de la jornada de discusión, esta idea fue ampliamente suscrita y reiterada de manera constante por los parlamentarios participantes.
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De acuerdo con el diseño metodológico del Parlamento, el proceso de re�exión se organizó a partir de la formulación de tres preguntas poderosas, con el propósito de que, a través de las respectivas respuestas, se fueran de�niendo prioridades y propuestas, así como construyendo consensos. Cabe subrayar que este primer ejercicio del Parlamento Ciudadano evidenció un muy amplio consenso de los participantes no sólo en relación con los objetivos a alcanzar, sino incluso en torno a las posibles soluciones a las problemáticas abordadas.
Debe asimismo señalarse que el proceso de discusión desatado por la formulación de las preguntas poderosas permitió no sólo esclarecer los términos y las implicaciones de la problemática objeto de la re�exión; también dio lugar a un esbozo de una imagen de futuro que, a su vez, abrió paso a la discusión acerca de lo que debería realizarse para concretar ese futuro imaginado.
Visión de futuroConviene, por tanto, empezar dando cuenta de los rasgos principales de las imágenes de futuro. De acuerdo con los parlamentarios:
México sería un país que habría alcanzado un alto nivel de desarrollo humano integral, que comprendería mayores ingresos y, sobre todo, mayores niveles educativos, mejores condiciones de salud, un entorno más seguro y un medio ambiente sano.
Estaría garantizado el disfrute pleno de los derechos sociales y culturales incluidos los de acceso a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda, así como la posibilidad de que las personas y pueblos originarios puedan desplegar sus capacidades, expandir sus libertades y desarrollar su potencial.
En este México, por tanto, no habría las abismales diferencias en materia de oportunidades de vida digna entre quienes nacen en pequeñas comunidades y en grandes ciudades, ni entre los pueblos originarios y el resto de la población.
No sólo sería posible sino natural la integración de la diversidad, para alcanzar la cohesión social. Los ciudadanos reconocerían la validez de las reglas de la convivencia social, de suerte que la diversidad enriquecería la vida social.
México sería un país menos desigual: no sólo se habría avanzado en el abatimiento de la pobreza, sino en la supresión de privilegios y cotos de poder.
Se habría alcanzado un proceso de desarrollo incluyente, con pleno respeto de la diversidad cultural que permitiría aprovechar las capacidades de los jóvenes y de una amplia gama de grupos sociales, que entonces podrían compartir los bene�cios del crecimiento económico y la modernización.
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El México del futuro sería un país donde gobierno y sociedad colaborarían, en el que todos, gobierno, pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, organizaciones populares y ciudadanos en lo individual participarían con roles complementarios: un México más participativo, en el que todos cuentan con posibilidades de involucrarse y de ser partícipes de la toma de decisiones y en las acciones.
México sería también un país más y mejor educado. El acceso a la ciencia, la cultura, el deporte estarían al alcance de todos; los valores cívicos serían patrimonio común y con base en ellos los principios de la responsabilidad social, fuertemente arraigados, se manifestarían tanto en mayor solidaridad, como en una actitud más respetuosa de nuestro patrimonio natural e histórico.
En esta imagen ideal, la plena vigencia del Estado de derecho sería una realidad. El respeto a la ley sería socialmente valorado y el gobierno estaría comprometido con el respeto permanente del ejercicio democrático de los ciudadanos para el despliegue de sus capacidades y la realización de sus vocaciones.
La política sería una actividad socialmente prestigiada, que, a través del diálogo y la construcción de acuerdos, estaría claramente orientada al bienestar general.
México sería un país con un mayor grado de con�anza en sí mismo, un país en el que gracias al imperio de la ley, basada en los valores cívicos, de la colaboración entre gobierno y sociedad y al mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de todos, habría un mayor reconocimiento y con�anza en las instituciones y entre las personas.
México sería un país con visión de largo plazo; se habrían dejado atrás las visiones sexenales de país, para dar paso a la adopción de auténticas políticas de Estado, como el combate a la pobreza y la desigualdad.
“El México del futuro sería un país donde gobierno y sociedad
colaborarían”
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Una primera condición para hacer realidad la imagen de futuro descrita es lograr la articulación virtuosa entre crecimiento económico y desarrollo social. Existe consenso respecto a la necesidad de propiciar un crecimiento económico distribuidor e incluyente. Ante esta interrogante, se convino en que no debe haber crecimiento económico ni desarrollo social en ausencia de las bases que hacen posible dicha conexión, a saber: ejercicio democrático del poder, educación de calidad, salud y empleo. En el círculo virtuoso también intervienen las habilidades para la
Otro aspecto destacado por los parlamentarios consiste en que los frutos del crecimiento no se distribuyen de manera adecuada. Y este hecho pone en tela de juicio el paradigma de que el desarrollo social o, más en especí�co, el abatimiento de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, es una suerte de efecto residual del
vida y, en general, los factores culturales. Por ejemplo, es fundamental promover la valoración social del trabajo, de la productividad y de la empresa y la actividad empresarial como generadora de riqueza, así como de la política que propicie la competencia, favorezca la productividad y asegure la solidaridad social. Este punto resulta particularmente relevante a la luz de la crisis del trabajo que vive el mundo contemporáneo, crisis que no sólo se expresa a través del poco dinamismo en la generación de empleos, sino en la progresiva precarización de los mismos y en la extensión de la informalidad.
crecimiento económico: los bene�cios de éste, a �n de cuentas, acabarán llegando a los distintos grupos sociales por “goteo”. El problema con esta idea reside en que, como se planteó en el Parlamento, los bene�cios del crecimiento se distribuyen de manera desigual en función de una amplia gama de factores que no se ven alterados por el crecimiento. De ahí la
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Desarrollo social y crecimiento económico: un circulo virtuoso
necesidad de estrategias y políticas sociales expresamente diseñadas para garantizar la conversión del crecimiento económico en factor promotor del desarrollo social.
Por otro lado, el crecimiento económico no debe ser un �n en sí mismo, sino el vehículo para llegar al desarrollo social. Por tal motivo, en el diseño de las diversas estrategias y medidas de fomento al crecimiento económico debe tenerse siempre presente que su �n último es contribuir y sentar las condiciones materiales de posibilidad del desarrollo social. Sobre todo, debe tenerse plena conciencia de que el crecimiento económico puede implicar costos sociales; de ahí la necesidad de insistir en su carácter instrumental. El gran riesgo es que el medio termine subordinando al �n.
Si la atención de la pobreza no se agota en lo económico, la política social ya no debe ser asistencialista y con enfoques clientelares, ni anclada a una política �scal que no sea redistributiva, por el contrario, debe propiciar el protagonismo y la creatividad de la sociedad en este proceso con base en un desarrollo social de nueva generación.
Los parlamentarios plantearon:
La igualdad de oportunidades debe ser un principio fundamental de la política social. Se debe privilegiar la existencia de un piso parejo y el acceso a oportunidades y a opciones de ingreso dignas.
La creación de fuentes de empleo bien remuneradas es una de las vías más efectivas para combatir las dimensiones más visibles de la pobreza. No obstante, debe reconocerse que en la economía contemporánea el modelo de empleo seguro en grandes empresas en donde los trabajadores pasaban prácticamente toda su vida laboral ya no es el predominante y, de hecho, es una opción que no está al alcance de las mayorías. Así las cosas, la propuesta apunta a que más que pensar en empleo en sentido tradicional, se debe pensar en la creación de condiciones propicias (regulatorias, �scales y sobre todo educativas y de respeto a la diversidad cultural) para que la población encuentre alternativas que le permitan disfrutar de un ingreso digno. El énfasis debe ponerse más en la idea de ocupación productiva que en la de empleo, y en el concepto de ingreso que en el de salario.
El combate a la pobreza debe incluir medidas expresas de formación para el trabajo, con especial énfasis en el desarrollo de competencias acordes con la economía del conocimiento y actitudes que estimulen el espíritu emprendedor y la adaptabilidad del trabajador a las cambiantes condiciones de la economía y la tecnología.
Se requieren más emprendedores y menos empleados. Pero para detonar el emprendimiento digno, no precario, son indispensables programas encaminados a favorecer la formalidad. Se requieren menos reglas y más sencillas.
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El fomento de la capacidad emprendedora de la sociedad enfrenta el enorme reto que representa la dispersión geográ�ca de la población marginada y la carencia de un piso básico de satisfacción de necesidades que permitan a la población en situación de pobreza extrema desplegar su potencial de transformación y desarrollo. Así, en paralelo a los programas expresamente diseñados a aliviar la pobreza extrema, es necesaria la inversión en infraestructura y, en especí�co, en la conectividad de poblaciones aisladas como mecanismo clave para reducir los niveles de pobreza y propiciar mayor inclusión.
Como complemento al incremento de la capacidad emprendedora, se requiere estimular el desarrollo de una ética de la responsabilidad social. Hay que generar riqueza y bienestar, pero con un claro sentido de la responsabilidad social. Se requiere el desarrollo de una economía social generadora de satisfactores de necesidades y de riqueza con elevados niveles de productividad.
Desde una perspectiva sectorial, se planteó el imperativo de atender la problemática del campo. Una vía e�caz de combatir la pobreza rural consiste en apoyar la agricultura familiar no como fuente de subsistencia sino como parte integrante de un conjunto amplio y diversi�cado actividades.
La conexión entre crecimiento económico y desarrollo social también implica adoptar un enfoque del desarrollo según el cual éste debe ir de lo local a lo nacional. En este sentido, la propuesta consiste en dotar de mayores capacidades a los pueblos originarios y al municipio, y convertirlos en un factor de desarrollo.
Se requiere fomentar el desarrollo tecnológico y las actividades intensivas en conocimiento, que eleven la productividad y el valor agregado. Hay que encontrar nichos de oportunidad y generar ventajas competitivas.
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El acceso a los derechos sociales
De acuerdo con las tendencias dominantes en materia de política social, ésta debe estar orientada a asegurar el acceso de la población a sus derechos sociales y culturales reconocidos en nuestra legislación y en las distintas convenciones y tratados internacionales. Mediante el acceso generalizado a una alimentación adecuada, a una educación de calidad, a la salud y la seguridad social, así como a la vivienda, se refuerzan los lazos de cohesión social y se cierran las brechas entre grupos sociales y regiones.
Los derechos sociales presuponen la garantía de un piso básico de seguridad ciudadana y, en dicho sentido, constituyen el fundamento más sólido para el ejercicio de las libertades y para que el ciudadano realice su proyecto de vida. Precisamente por ello, la segunda pregunta poderosa que guio el trabajo de los parlamentarios se re�rió al tipo de políticas, estrategias e instrumentos susceptibles de ser implementados para que las personas accedan a sus derechos sociales y culturales.
Ante todo, es preciso considerar la dimensión cualitativa de la problemática del acceso a los derechos: no sólo se trata de construir más escuelas o de elevar la matrícula, sino de resolver la baja calidad de la educación; de igual manera, no basta con construir más hospitales sino de mejorar la atención en los centros de salud.
Nuestra Constitución reconoce una amplia gama de derechos sociales y culturales. En este
sentido, tiene, en relación con estos derechos, un carácter más aspiracional que normativo, toda vez que, en la práctica, no existen las condiciones materiales que hagan exigibles estos derechos. No se puede, por tanto, apostar al Estado proveedor. Los gobiernos cuentan con recursos y capacidades limitadas para cumplir a cabalidad con los mandatos derivados del reconocimiento constitucional de los derechos sociales. No hay reforma �scal capaz de hacer viable el modelo de Estado proveedor.
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De ahí que una propuesta clave del Parlamento Ciudadano consiste en de�nir qué corresponde hacer al gobierno y qué a la sociedad para avanzar en el cumplimiento de los derechos sociales y culturales. Si bien es facultad del gobierno diseñar e instrumentar una política social que dé cumplimiento a la responsabilidad del Estado en materia de abatimiento de rezagos e inequidades, el sector privado y las organizaciones ciudadanas pueden realizar importantes acciones complementarias en terrenos como el de la educación, la salud y el desarrollo del campo.
Hay que buscar la cooperación y la articulación entre gobierno y sociedad, sobre todo si se considera que el gobierno enfrenta demasiadas restricciones normativas que las iniciativas sociales no enfrentan.
Hay que empoderar al ciudadano para que pueda acceder a los niveles de bienestar a que tiene derecho. El Estado puede y debe regular, pero sin inhibir el despliegue de la iniciativa individual y social. Se requieren leyes que favorezcan la participación. El fortalecimiento de los mecanismos de construcción de ciudadanía es, de hecho, un ejercicio pleno de derechos.
El acceso a los derechos sociales
De acuerdo con las tendencias dominantes en materia de política social, ésta debe estar orientada a asegurar el acceso de la población a sus derechos sociales y culturales reconocidos en nuestra legislación y en las distintas convenciones y tratados internacionales. Mediante el acceso generalizado a una alimentación adecuada, a una educación de calidad, a la salud y la seguridad social, así como a la vivienda, se refuerzan los lazos de cohesión social y se cierran las brechas entre grupos sociales y regiones.
Los derechos sociales presuponen la garantía de un piso básico de seguridad ciudadana y, en dicho sentido, constituyen el fundamento más sólido para el ejercicio de las libertades y para que el ciudadano realice su proyecto de vida. Precisamente por ello, la segunda pregunta poderosa que guio el trabajo de los parlamentarios se re�rió al tipo de políticas, estrategias e instrumentos susceptibles de ser implementados para que las personas accedan a sus derechos sociales y culturales.
Ante todo, es preciso considerar la dimensión cualitativa de la problemática del acceso a los derechos: no sólo se trata de construir más escuelas o de elevar la matrícula, sino de resolver la baja calidad de la educación; de igual manera, no basta con construir más hospitales sino de mejorar la atención en los centros de salud.
Nuestra Constitución reconoce una amplia gama de derechos sociales y culturales. En este
sentido, tiene, en relación con estos derechos, un carácter más aspiracional que normativo, toda vez que, en la práctica, no existen las condiciones materiales que hagan exigibles estos derechos. No se puede, por tanto, apostar al Estado proveedor. Los gobiernos cuentan con recursos y capacidades limitadas para cumplir a cabalidad con los mandatos derivados del reconocimiento constitucional de los derechos sociales. No hay reforma �scal capaz de hacer viable el modelo de Estado proveedor.
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De ahí que una propuesta clave del Parlamento Ciudadano consiste en de�nir qué corresponde hacer al gobierno y qué a la sociedad para avanzar en el cumplimiento de los derechos sociales y culturales. Si bien es facultad del gobierno diseñar e instrumentar una política social que dé cumplimiento a la responsabilidad del Estado en materia de abatimiento de rezagos e inequidades, el sector privado y las organizaciones ciudadanas pueden realizar importantes acciones complementarias en terrenos como el de la educación, la salud y el desarrollo del campo.
Hay que buscar la cooperación y la articulación entre gobierno y sociedad, sobre todo si se considera que el gobierno enfrenta demasiadas restricciones normativas que las iniciativas sociales no enfrentan.
Hay que empoderar al ciudadano para que pueda acceder a los niveles de bienestar a que tiene derecho. El Estado puede y debe regular, pero sin inhibir el despliegue de la iniciativa individual y social. Se requieren leyes que favorezcan la participación. El fortalecimiento de los mecanismos de construcción de ciudadanía es, de hecho, un ejercicio pleno de derechos.
Los parlamentarios propusieron:
Que los programas sociales incluyan el criterio de la temporalidad, es decir, que no sean eternos sino que estén diseñados para apoyar al ciudadano derechohabiente en la superación de las condiciones que impiden el desarrollo y el despliegue de sus capacidades.
Que los programas de�nan con precisión su objetivo e ir más allá de lo asistencial. Su énfasis debe ponerse en el desarrollo de las capacidades necesarias para acceder al bienestar, si bien se entiende que en el corto plazo es indispensable instrumentar acciones dirigidas a aliviar la pobreza extrema.
Que se promueva la generación de activos sociales, sobre todo cognoscitivos y de actitudes, y libertades que permitan a los ciudadanos acceder a condiciones de vida dignas. Éste es el fundamento más �rme de los derechos sociales y culturales.
Que los programas sociales sean obligadamente participativos para permitir que todos, habitantes de colonias populares, campesinos, integrantes de comunidades y pueblos originarios, sean sujetos activos, lo cual requiere la práctica sistemática y pública de la evaluación y la rendición de cuentas.
Que se conceda la importancia debida a los derechos culturales, ya que la identidad y el respeto a la diversidad es una vía de enriquecimiento de la vida pública y una modalidad crucial de inclusión de grupos tradicionalmente excluidos, como es el caso de los pueblos originarios.
Que el avance en materia de derechos sociales corra en paralelo con el desarrollo de la cultura de la legalidad.
Adicionalmente, los parlamentarios insistieron en que los representantes populares tomen en cuenta a la sociedad, se comuniquen con ella, conozcan sus necesidades y las asuman como mandato. Para tal
efecto, se propone institucionalizar los espacios de interlocución, deliberación y consulta entre representantes y autoridades, por un lado, y sociedad por el otro. Sin embargo, los resultados no pueden ser vinculantes.
Por último, se convino en que el reto es alcanzar mayores niveles de productividad en virtud de los vínculos mutuamente reforzadores entre ésta y los derechos sociales y culturales: la mayor productividad favorece el cumplimiento de los derechos sociales, pero el disfrute de los derechos sociales y culturales (respeto a la diversidad cultural, alimentación, salud, educación) se traduce a su vez en mayor productividad.
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Los parlamentarios propusieron:
Que los programas sociales incluyan el criterio de la temporalidad, es decir, que no sean eternos sino que estén diseñados para apoyar al ciudadano derechohabiente en la superación de las condiciones que impiden el desarrollo y el despliegue de sus capacidades.
Que los programas de�nan con precisión su objetivo e ir más allá de lo asistencial. Su énfasis debe ponerse en el desarrollo de las capacidades necesarias para acceder al bienestar, si bien se entiende que en el corto plazo es indispensable instrumentar acciones dirigidas a aliviar la pobreza extrema.
Que se promueva la generación de activos sociales, sobre todo cognoscitivos y de actitudes, y libertades que permitan a los ciudadanos acceder a condiciones de vida dignas. Éste es el fundamento más �rme de los derechos sociales y culturales.
Que los programas sociales sean obligadamente participativos para permitir que todos, habitantes de colonias populares, campesinos, integrantes de comunidades y pueblos originarios, sean sujetos activos, lo cual requiere la práctica sistemática y pública de la evaluación y la rendición de cuentas.
Que se conceda la importancia debida a los derechos culturales, ya que la identidad y el respeto a la diversidad es una vía de enriquecimiento de la vida pública y una modalidad crucial de inclusión de grupos tradicionalmente excluidos, como es el caso de los pueblos originarios.
Que el avance en materia de derechos sociales corra en paralelo con el desarrollo de la cultura de la legalidad.
Adicionalmente, los parlamentarios insistieron en que los representantes populares tomen en cuenta a la sociedad, se comuniquen con ella, conozcan sus necesidades y las asuman como mandato. Para tal
efecto, se propone institucionalizar los espacios de interlocución, deliberación y consulta entre representantes y autoridades, por un lado, y sociedad por el otro. Sin embargo, los resultados no pueden ser vinculantes.
Por último, se convino en que el reto es alcanzar mayores niveles de productividad en virtud de los vínculos mutuamente reforzadores entre ésta y los derechos sociales y culturales: la mayor productividad favorece el cumplimiento de los derechos sociales, pero el disfrute de los derechos sociales y culturales (respeto a la diversidad cultural, alimentación, salud, educación) se traduce a su vez en mayor productividad.
Los actores sociales y las tareas de gobierno No hay ningún gobierno que posea los recursos económicos, técnicos, humanos y simbólicos su�cientes para resolver por sí solo todos los problemas que aquejan a la sociedad. Con base en una de�nición nítida de roles, en la que se reconozcan las facultades y las responsabilidades del gobierno en la conducción de la política social y las contribuciones potenciales de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos derechohabientes de los programas, se requiere la suma y la coordinación de recursos, esfuerzos y voluntades de los actores gubernamentales y sociales.
A partir de esta premisa, la tercera pregunta poderosa del Parlamento fue ¿qué políticas y estrategias se pueden implementar para incorporar a los actores de la sociedad civil a las tareas de gobierno e incrementar las capacidades locales e institucionales para la gestión social? Las respuestas de los parlamentarios a la pregunta formulada convergen en un consenso muy claro: se requiere
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entender que los asuntos públicos no son exclusivos del gobierno, sino que se requiere una gobernanza e�caz.
Los parlamentarios propusieron:
No suele ser fácil construir espacios de colaboración entre el gobierno y las distintas expresiones de la sociedad. A menudo, la
Combatir la dependencia de la sociedad y, en especial, de quienes se encuentran en condición de pobreza, respecto al gobierno eliminando los excesos regulatorios y avanzando en la simpli�cación administrativa y en la conformación de un marco regulatorio propicio para la elevación de la competitividad.
Impulsar una participación social efectiva, en el entendido de que ésta es, a la vez, una expresión clara de empoderamiento ciudadano y una vía para aumentar las capacidades locales e institucionales para la gestión social.
Reconociendo la facultad gubernamental de de�nir los lineamientos generales de la política social y su responsabilidad irrenunciable en la reducción de los rezagos y las inequidades, resulta crucial alcanzar arreglos institucionales que permitan a la sociedad civil cumplir con un doble objetivo: ser una instancia consultiva y un contrapeso; de esta manera, no sólo se reducen las oportunidades de corrupción sino que también, mediante la deliberación, se enriquecen los procesos legislativos y de diseño de políticas públicas. En este sentido, en la relación instancias de gobierno-sociedad civil se debe ir más allá de la práctica de escuchar a la sociedad y tomar nota; se le debe incorporar como un actor clave que desempeña un papel de crucial relevancia en la de�nición conjunta de agendas, para lo cual los partidos políticos pueden y deben asumir su responsabilidad mediador.
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Mejorar la relación sociedad civil-partido político-gobierno. La descon�anza mutua debe ser superada. Las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, pese a sus diferentes lógicas, no son enemigos; por el contrario, pueden y deben ser aliados y generar sinergias poderosas alrededor de los muchos objetivos compartidos.
Celebrar un pacto de con�anza entre gobierno y sociedad basado en la rendición de cuentas y en un proceso en el que el gobierno asume su responsabilidad y se desatan procesos de encadenamiento del cumplimiento de los objetivos consensuados.
Transitar de la inquietud a la participación activa a través de compromisos veri�cables entre gobierno y sociedad, basados en mecanismos autónomos de evaluación y rendición de cuentas y sistemas de indicadores claros y técnicamente sólidos. Mientras no haya con�anza no podrá haber una verdadera gestión social.
Desarrollar un marco normativo portador de una auténtica vocación municipalista y de reconocimiento de las comunidades y pueblos originarios, toda vez que así como el proceso de desarrollo debe partir de lo local, también el empoderamiento debe partir del ámbito local.
comunicación entre sociedad civil y gobierno no �uye adecuadamente. Tampoco hay canales adecuados de vinculación ni, mucho menos, mecanismos garantes del cumplimiento de acuerdos y compromisos. Pero la sociedad puede ser un excelente aliado. En dicho sentido, los parlamentarios plantearon:
Estas demandas y propuestas de participación requieren de parte de la sociedad un esfuerzo de transformación institucional orientado al reforzamiento de aquellas
capacidades indispensables para asumir los retos de la corresponsabilidad. Para tal efecto, se insistió en la pertinencia de una política pública expresa de fomento. Se propuso, en consecuencia, un marco normativo que aliente el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, pues hasta ahora, el marco normativo ha sido adverso a las organizaciones ciudadanas. El trato que el gobierno les dispensa es similar al de las empresas lucrativas. Y, a este respecto, una propuesta insistente se re�ere a la necesidad de revisar el marco �scal de las organizaciones ciudadanas.
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ConclusionesGracias al debate abierto y a pesar de la gran variedad de puntos de vista, se alcanzaron consensos claros en torno a varios aspectos fundamentales:
El desarrollo de habilidades para la vida es el principal detonador del potencial de las personas, y es la suma de esos esfuerzos, la que permitirá incrementar la productividad y el crecimiento económico en la sociedad. Se propone que la política social se dirija de manera prioritaria a la generación de las habilidades y capacidades cognoscitivas y organizativas requeridas para que la población en situación de pobreza supere esta condición.
La política social debe trascender el enfoque asistencial. Se propone que las medidas de corte asistencial, necesarias en el corto plazo, tengan límites temporales precisos y que de�nan hojas de ruta para evolucionar hacia una política dirigida al desarrollo de habilidades y capacidades.
El crecimiento económico es indispensable para ofrecer a todos, ya sea a través de empleos bien remunerados o el emprendimiento de actividades productivas que generen ingresos dignos, un piso más parejo para el despliegue de sus capacidades y su realización como personas, ciudadanos y agentes productivos. Se propone que, en paralelo a los esfuerzos desplegados para aumentar la oferta de fuentes de trabajo formales, se impulse la actividad emprendedora en todos los ámbitos.
El desarrollo social es un proceso que implica el acceso de un número cada vez mayor de personas a los derechos sociales y culturales reconocidos por la Constitución. Pero ante la insu�ciencia de los recursos gubernamentales, es
necesario que la reducción de la pobreza y el desarrollo social sean entendidos desde la óptica de una gobernanza e�caz, en la que los actores sociales se coordinan y suman esfuerzos con el gobierno. Se propone, por un lado, la creación de una instancia institucional de deliberación entre actores gubernamentales y actores sociales; por otro lado, se plantea la necesidad de un nuevo marco normativo para las organizaciones de la sociedad civil encaminado a promover su fortalecimiento.
La relación entre sociedad y gobierno debe ser de cooperación y estar basada en la con�anza y la rendición de cuentas. Se propone celebrar un pacto de con�anza entre el gobierno y las distintas expresiones de la sociedad organizada que implique, para el gobierno, compromisos claros en materia de rendición de cuentas y, para la sociedad, la asunción corresponsable y bajo estrictas normas de transparencia de tareas.
La política social debe ser participativa y empoderar al ciudadano. Se propone la puesta en práctica de protocolos de participación que abran cauces a la incidencia de la población derechohabiente en las decisiones y que, en paralelo, estimulen el diálogo horizontal entre los propios bene�ciarios en la inteligencia de que ésta es la vía más efectiva para generar capital social y contribuir al fortalecimiento de los lazos de cohesión social. El ciudadano no debe ser visto como un cliente, sino como el sujeto clave de la transformación social.
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La ampliación de las capacidades, el abatimiento de los niveles de pobreza y desigualdad y el reforzamiento de los lazos de cohesión social son un imperativo ético para una nación que, por mandato constitucional, aspira a ofrecer a sus ciudadanos condiciones de vida dignas. Es una tarea formidable que requiere de la acción comprometida y corresponsable de todos, autoridades y ciudadanos. Convencido de que el ciudadano debe ser el actor principal de la transformación social, el Partido Revolucionario Institucional hace suyas las conclusiones del Parlamento Ciudadano y, como actor corresponsable, asume el compromiso de ser un puente e�caz entre las demandas y propuestas ciudadanas y las instancias de toma de decisiones legislativas y de política pública.
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Parlamentarios Ciudadanos Asistentes a la Primera Sesión Celebrada el 18 de Junio del 2014
Alejandro Carrillo Castro Director General de la Fundación Miguel Alemán
Alejandro Celis Albarrán Director General de Más Ciudadanía, A.C.
Alicia Lebrija Hirschfeld Presidenta Ejecutiva de Fundación Televisa
Aurelio Valdespino Ortiz Presidente de Red Social por un México Libre de Adicciones, A.C.
Baltasar Madrid Nieto Director General de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.
Carlos Martínez VelázquezDirector de Central Ciudadano y Consumidor, A.C.
Citlali Ayala Martínez Coordinadora Académica de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora
Daniela Rojas Representante de Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, A.C.
Edna Jaime Treviño Directora General de México Evalúa, A.C.
Eduardo Cobián Portilla Presidente de Fundación Merced Querétaro, A.C.
Francisco Abundis Luna Director Asociado de Parametría, S.A. de C.V.
Francisco González Garza Presidente de A Favor de lo Mejor, A.C.
Francisco Rivas Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, A.C.
Illiana Ruvalcaba López Presidenta del Pozo de Vida, A.C.
Iris Santacruz Fabila Directora General Académica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Joaquín Quintana Presidente de Convivencia sin Violencia, A.C.
Jorge Serrano Arenas Presidente de Tendiendo Puentes, A.C.
José Francisco Landero Gutiérrez Presidente de Suma por la Educación, A.C.
José Franco Vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias de la UNAM
Juan Ernesto Pardinas Carpizo Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
Justo Fernández Ávila Empresario
Luis Fernando Gárate Sainz Vicepresidente y Director General de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, A.C.
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Parlamentarios Ciudadanos Asistentes a la Primera Sesión Celebrada el 18 de Junio del 2014
Margarita Gómez Aguilera Directora General de Alimento para Todos, I.A.P.
María Elena Morera de Galindo Presidenta de Causa en Común, A.C.
María Isabel Miranda de Wallace Presidenta de Alto al Secuestro, A.C.
Mario Alberto Romo Gutiérrez Director Nacional de Red Familia, A.C.
Miguel Ángel Borja Presidente del Consejo Rotario de Seguridad Pública del D.F.
Ramón Villegas Carbajal Representante Legal de la Federación Nacional de Asociación de Padres de Familia, A.C.
Saby Camacho López Presidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología, A.C.
Salvador Villalobos Presidente Ejecutivo del Consejo de la Comunicación, A.C.
Saúl Simón Morales Presidente de Alianza Indígena para el Desarrollo de México, A.C.
Susan Emily Pick Steiner Presidenta del Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A.C.
Verónica Baz Directora del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Virginia Sendel Presidenta de Fundación Michou y Mau, I.A.P.
Parlamentarios Especialistas
Aníbal Gutiérrez Lara Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México
Arturo Caballero Barrón Coordinador de Desarrollo Social de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán, A.C.
Pedro Javier González Gutiérrez Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
Roberto Fernández Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
Yunuel Cruz Guerrero Gerente de Incidencia en Política Pública de The Hunger Project México
Conferencista
Mario Luis Fuentes Alcalá Director General del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C.
