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Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán
Toca Penal I-89/2017 Proceso Penal 3/2017
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Morelia, Michoacán, a diez de octubre de dos mil diecisiete.
Vistos los autos para resolver el toca penal I-89/2017, relativo al
recurso de apelación interpuesto por el inculpado y sus defensores,
en contra del auto de formal prisión del diecisiete de julio de dos mil
diecisiete, dictado por la encargada del despacho por ministerio de
ley, del juzgado tercero de primera instancia en materia penal del
distrito judicial de Zamora, Michoacán, dentro del proceso penal
número 3/2017, instruido a //////////, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, en
agravio de //////////.
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Al juzgado segundo de primera instancia en materia
penal del distrito judicial de Zamora, Michoacán, le fue consignada la
averiguación previa penal 1/2017-III, integrada por el agente del
ministerio público investigador, en contra de ///////////, por su
probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de
confianza, en agravio de ///////////.
El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete el referido juzgado,
dictó auto de inicio, avocándose a su conocimiento [registrándola con
el número 6/2017] y ordenó resolver por separado sobre la
procedencia o improcedencia de la orden de aprehensión solicitada
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por el ministerio público; sin embargo, el treinta de mayo del dos mil
diecisiete, remitió la averiguación previa penal al ministerio público,
al resultar deficiente y carente de materia su consignación,
[incumpliendo con los artículos 35 del código penal y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos], por no especificar los hechos
y la conducta relacionada con el delito atribuido al indiciado y la
omisa fundamentación respecto de su probable responsabilidad
penal; para que subsanara dicha consignación y en su momento
ejercitara nuevamente acción penal y la turnara al juzgado penal en
turno.
Al juzgado tercero de primera instancia en materia penal del
distrito judicial de Zamora [que por razón de turno le tocó conocer la
causa penal], le fue consignada la averiguación previa penal citada
[una vez subsanadas sus deficiencias], con la que ejercitó acción penal
y de reparación del daño en contra de ///////////, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, en
agravio de ///////////.
El juzgado de origen dictó auto de inicio –tres de julio de dos mil
diecisiete–, avocándose al conocimiento de la causa penal; y como la
consignación fue sin detenido, el diez de julio de dos mil diecisiete,
la juez tercero de primera instancia en materia penal del distrito
judicial de Zamora, dictó orden de aprehensión, en contra de
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/////////, por su probable responsabilidad penal en el delito de abuso
de confianza, en perjuicio de /////////.
A petición del ministerio público, la juez de origen libró orden de
cateo –once de julio de dos mil diecisiete– para el cumplimiento de la
orden de aprehensión librada, en la cual se localizó al imputado, por
lo que, se ese mismo día cumplimentó dicha orden de aprehensión,
dejando al inculpado /////////, a disposición de la juez de la causa, la
que con esa misma fecha, de inmediato lo sujetó a término
constitucional, tomó su declaración preparatoria en términos de ley –
doce de julio de dos mil diecisiete–, donde se reservó el derecho a
declarar, habiendo ratificado en ese acto su declaración ministerial
rendida en autos; y a solicitud de sus defensores se le concedió la
duplicidad del término constitucional, donde se ofertaron pruebas;
habiendo promovido el defensor particular del imputado incidente no
especificado sobre nulidad de actuaciones procesales, por
incompetencia del juzgado e incidente no especificado sobre falta de
legitimación y facultades del querellante para interponer la querella
penal, incidentes que fueron admitidos, sin decretarse la suspensión
del procedimiento; el trece de julio del año citado, se verificó
audiencia pública de invitación a participar en un proceso
restaurativo y someterse a un mecanismo alterno de solución de
controversias, donde las partes no llegaron a ningún acuerdo
conciliatorio y ese mismo día, la jueza de la causa, admitió incidente
no especificado para obtener libertad a petición del propio inculpado;
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y el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, se resolvió su situación
jurídica, bajo los siguientes puntos resolutivos:
“[…]PRIMERO. Este Juzgado es competente para resolver la
situación jurídica del indiciado. SEGUNDO. En los autos se
encuentra plenamente acreditado el cuerpo del delito de
ABUSO DE CONFIANZA, previsto y sancionado por el artículo
320 párrafo primero y quinto del Código penal del Estado,
cometido en agravio de /////////. TERCERO. De igual manera,
en autos obran datos suficientes, a criterio de éste órgano
jurisdiccional, para tener por acreditada la probable
responsabilidad penal de /////////, en la comisión del citado
delito. CUARTO. No se acreditó a favor del indiciado, alguna
circunstancia excluyente de incriminación o causa que extinga
la acción penal; en consecuencia. QUINTO. Con esta fecha y
siendo las nueve horas, se resuelve la situación jurídica del
inculpado ///////// y se decreta en su contra AUTO DE FORMAL
PRISIÓN, en cuanto probable responsable en la comisión del
delito de ABUSO DE CONFIANZA, cometido en agravio de
/////////. SEXTO. Se decreta la apertura del procedimiento
ordinario, en términos del considerando correspondiente y se
señalan las doce horas del día diez de agosto de dos mil
diecisiete, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento de
pruebas. Notifíquese […]”.
Inconformes con la anterior resolución, el inculpado y sus
defensores interpusieron recurso de apelación, el cual fue admitido
sin efecto suspensivo.
SEGUNDO. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, la Octava
Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se avocó al
conocimiento del recurso por razón de turno, notificó a las partes el
avocamiento y una vez concluido el término para la impugnación de
su admisión e integrado el referido toca penal, el encargado de
despacho por ministerio de ley de esa sala –el veinticinco del mes y
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año que se vienen citando–, remitió los autos a la secretaría general de
acuerdos para que a la vez fueran enviadas las constancias a la sala
que por razón de turno le correspondiera [dado a que la octava sala no
cuenta con titular y el secretario de acuerdos encargado de despacho por
ministerio de ley, únicamente está facultado para instruir el procedimiento
de los asuntos, no así para resolver cuestiones incidentales o definitivas,
como en el caso se requiere]; donde por razón de turno le tocó conocer
a esta sala, la que con data cuatro de septiembre del año en curso,
se avocó a su conocimiento, otorgándoles a las partes la
intervención que legalmente les compete y como el toca se
encontraba debidamente integrado, de oficio, se fijó fecha para la
audiencia final, la que fue desahogada el doce de septiembre de dos
mil diecisiete, con la presencia de la licenciada en derecho /////////,
agente del ministerio público adscrita a esta sala y la licenciada
/////////, en cuanto defensora particular del inculpado /////////;
quedando los intervinientes enterados de que el recurso se
resolvería en el término fijado en la ley.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Esta Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Michoacán, es competente para conocer y
resolver la presente apelación, de conformidad a lo establecido por
el artículo 28, fracción I, de la ley orgánica del Poder Judicial del
Estado de Michoacán en vigencia, así como en el numeral 53 de la
Ley Adjetiva Penal del Estado; lo anterior, porque se trata de un
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recurso de apelación contra una resolución pronunciada por uno de
los jueces de primera instancia en materia penal del Estado de
Michoacán de Ocampo –juzgado tercero de primera instancia en materia
penal del distrito judicial de Zamora, Michoacán–, donde este tribunal
superior ejerce su jurisdicción y conforme al orden en que la
presidencia del mismo turnó a este órgano de control jurisdiccional.
SEGUNDO. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 449 del
código de procedimientos penales del Estado, esta sala penal
procede a realizar el estudio de las constancias procesales y de la
resolución combatida, para estar en condiciones de determinar si en
ésta, se aplicó incorrectamente la ley, si se violaron los principios
reguladores de la valoración de la prueba, si se alteraron hechos, si
se resolvió en contra de constancias o no se fundó o motivó
correctamente.
En otras palabras, este órgano tiene el deber de examinar la
resolución combatida y los agravios esgrimidos, para garantizar el
cumplimiento irrestricto del artículo citado en el párrafo anterior.1
1 Vid. Jurisprudencia de la 9ª. Época por el 2° Tribunal Colegiado del XI Circuito, consultable en la p. 1077, t. XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/1997, DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO EXIME AL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE EXAMINAR QUE LA SENTENCIA RECURRIDA CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN”.
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En ese contexto, el análisis de la resolución recurrida, destaca en
primer lugar que el resolutor primario fijó los siguientes hechos, en
la resolución combatida.
El veintiuno de octubre de dos mil cinco, se constituyó la
Asociación denominada //////////, sin fines de lucro, -ya que se
realizó para la organización y representación de todos los que
aportaron dinero para la compra de un terreno y la
construcción del nuevo mercado Hidalgo, realizándose la
compra de 3-87-84.98 Has., en el ejido de Chaparaco,
municipio de Zamora, Michoacán, -con domicilio conocido,
nuevo mercado Hidalgo.
Se nombró como presidente de la asociación al inculpado
//////////, quien sin precisar la fecha exacta, dispuso para sí de
la cantidad de $63,231,609.30 sesenta y tres millones,
doscientos treinta y un mil, seiscientos nueve pesos 30/100,
dinero que le fue entregado por los miembros de la asociación,
para que realizara diversas gestiones y pagos para la creación
de la sociedad y cumplir con el objeto social para el cual se
conformó la asociación civil, tomando en cuenta la buena fe y
confianza que los asociados tenían respecto al indiciado, dado
que era compañero comerciante de ellos durante muchos años.
Por lo cual, no tuvieron inconveniente en hacerle entrega del
dinero, para en primer lugar realizar la compra del terreno,
posteriormente edificar el mercado y/o bodegas comerciales, es
decir, dichas cantidades de dinero lo eran para ese fin
específico, más no para otra actividad o giro, aportándose en
total la cantidad de $112,256,074.00 ciento doce millones,
doscientos cincuenta y seis mil, setenta y cuatro pesos,
cantidades que le fueron entregadas por los socios al inculpado
de manera personal, o bien, en depósitos bancarios de diversas
cantidades de dinero, otorgándole solo la posesión transitoria
de dicho pecunio, más no la propiedad del mismo.
Una vez que le solicitaron al indiciado les rindiera cuentas del
dinero que le habían entregado y exigirle las escrituras de las
bodegas de cada uno de los socios, el inculpado evadía darles
la información solicitada, por lo que empezaron a investigar y
notaron algunas anomalías.
Por lo que, el diez de septiembre de dos mil dieciséis, la
asociación realizó una asamblea en la cual le exigieron al
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indiciado la rendición de cuentas, quien les comunicó que
contrató un crédito por la cantidad de $10,000,000.00 diez
millones de pesos a nombre de la asociación, la cual liquidaría
con la venta de las áreas susceptibles a venta en ese momento,
propiedad de la moral ofendida.
También aceptó -en ese momento- haber realizado dos ventas
siendo una bodega el área asignada como baños y otra más
designada como báscula. También en ese acto (10-09-2016),
aceptó haber recibido la aportación de $5,000,000.00 cinco
millones de pesos como apoyo gubernamental por parte de la
Secretaría de Economía del Estado, a nombre de la Asociación;
que también recibió dinero por parte de los ///////// por la
cantidad de $22,000.00 veintidós mil pesos, por concepto de
escrituración.
Cantidades, las cuales dice que se desviaron para abonar al
crédito contratado; pero que el adeudo contraído –de los diez
millones de pesos– no han sido liquidados, por lo que tuvo que
reestructurar el crédito.
También fue en ese momento que les manifestó que existía un
adeudo por $2,710,000.00 dos millones setecientos diez mil
pesos, que no ha cubierto, por lo que en ese momento se le
concedió un plazo de cuatro semanas para que rindiera las
cuentas y sustentara su dicho, lo que aceptó, sin embargo no
cumplió, ya que no realizó la rendición de cuentas.
Es decir, de las operaciones matemáticas realizadas por los
expertos en la materia, se advierte que la cantidad sobrante es
por la cantidad de $63,231,609.30 sesenta y tres millones,
doscientos treinta y un mil, seiscientos nueve pesos 30/100, de
los $112,256.074 ciento doce millones, doscientos cincuenta y
seis mil, setenta y cuatro pesos, –recabados por el indiciado–
cantidad que le fue entregada para cumplir con el objeto social
de la persona moral, dado que el gasto para ello ascendió
únicamente a $56,587,357.01 cincuenta y seis millones,
trescientos cincuenta y siete mil pesos, 01/100, de ahí, que
//////////, dispuso de $63,231,609.30 sesenta y tres millones,
doscientos treinta y un mil seiscientos nueve pesos 30/100,
[dinero que le fue entregado por los socios para que éste –
inculpado- cumpliera con el objeto social de la persona moral
aquí ofendida].
Sobre esa base hizo el siguiente juicio de derecho:
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Tuvo por acreditado el cuerpo del delito de abuso de confianza,
previsto y sancionado por el artículo 320, párrafos primero y
quinto, del código penal del Estado, cometido en agravio de
//////////, así como la probable responsabilidad penal de
//////////, en su comisión, en términos del artículo 17, fracción
I, del código penal del Estado, y por ello, le decretó su formal
prisión.
Por su parte, la licenciada //////////, defensora particular del
inculpado //////////, presentó pliego de agravios a favor de su
defenso, los cuales fueron ratificados al momento de la celebración
de la audiencia final, los que en su parte medular se transcriben:
La resolución impugnada resulta violatoria de los artículos 1,
14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Obran en el expediente los elementos suficientes para concluir
que la juez que resolvió el auto de término constitucional,
resulta incompetente; ello es así, el 5 de marzo de 2014, se
publicó el código nacional de procedimientos penales de
observancia general para toda la República Mexicana, en cuyos
preceptos transitorios se indicó que recogía el sistema procesal
penal acusatorio, que entraría en vigor en el Estado de
Michoacán de conformidad con la declaratoria que al respecto
emitiera el órgano legislativo estatal y que con su entrada en
vigor quedaría abrogado el código de procedimientos penales
del Estado, no obstante los procedimientos penales que se
encontraban en trámite en ese momento continuarían su
substanciación de conformidad con la legislación abrogada.
De acuerdo con lo anterior, es el inicio de los procedimientos
penales y no de los hechos, los que determinan el sistema
procesal aplicable en cada caso concreto.
Bajo esa lógica reformista los días 26 de diciembre de 2014 y
31 de julio de 2015 se publicó en el periódico oficial del Estado,
la declaratoria de incorporación del sistema penal acusatorio y
de inicio de vigencia del código nacional de procedimientos
penales; en el caso concreto en el distrito judicial de Zamora,
entró en vigor el 11 de febrero de 2016.
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En el caso concreto de las constancias del expediente se
advierte que en la fecha que inició el procedimiento penal –no
los hechos-, regía en el distrito judicial de Zamora, el sistema
penal acusatorio; por tanto, era un juez especializado en dicho
sistema quien debía conocer los hechos; y también un juez
especializado el que tendría que haber resuelto sobre el cateo
ejecutado para lograr la aprehensión del apelante, lo que al no
ocurrir así, causa evidente agravio porque su detención y
procesamiento resultan ilegales.
Cabe destacar que el transitorio segundo relativo a la vigencia
del código nacional de procedimientos penales, es de
observancia obligatoria, aún y cuando los hechos delictuosos
denunciados se hubiesen cometido antes de la entrada en vigor
del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, ya que
es la fecha de la presentación de la querella lo que marca qué
sistema de justicia ha de imperar; lo anterior es así, ya que
aún y cuando los hechos delictuosos atribuidos al inculpado se
hayan cometido antes del 11 de febrero de 2016, pero la
querella se presentó después de la fecha ya citada, por lo que
es evidente que los sucesos denunciados tienen que ser
investigados y juzgados por los órganos judiciales
especializados en dicho sistema acusatorio, porque la
legislación vigente en la fecha de la denuncia era el código
nacional de procedimientos penales, cuya aplicación
corresponde exclusivamente a aquellos órganos especializados,
de ahí que la juez que resolvió el auto de término
constitucional, no tenga competencia para resolver sobre los
hechos denunciados.
Causa agravios la parte del auto recurrido que obra a fojas 5
vuelta, cuando el a quo determina que no le asiste la razón a la
defensa en el sentido de que ////////// y //////////, carecen de
legitimación y facultades para interponer querella, ya que
ambas personas no contaban con personalidad, legitimación y
facultades suficientes para interponerla, puesto que determina
de manera errónea que del acta constitutiva de la asociación
civil, el artículo 23 contempla las obligaciones del
vicepresidente, entre otras: a) todas aquellas que le competen
al presidente, cuando éste, esté ausente, que se podrán
también ejercer conjuntamente.
Causa agravios la aquo, al justificar su resolución, diciendo que
trae a su análisis la propia acta constitutiva y la escritura
pública 32,594 del 24 de septiembre de 2008, donde
determina que si bien no facultan al tesorero para interponer
querellas, sin embargo, al vicepresidente lo faculta en caso de
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ausencia del presidente; que el presidente será sustituido
automáticamente por el vicepresidente; y que, tomando en
cuenta lo anterior, como ausencia se entiende como no existir
alguien o algo en determinado lugar y/o tiempo durante el que
una persona está ausente del lugar y que por lo cual, al no
encontrarse el presidente de la asociación civil –ofendida- en su
momento para presentar la querella correspondiente, el
vicepresidente lo suple automáticamente y como consecuencia,
ejercitó actos del presidente, en este caso, presentar querella.
Empero, también resulta cierto que independientemente de la
supuesta ausencia del presidente –no se encuentra acreditada
la misma en autos-, que tal artículo quedó derogado por la
reforma total de los estatutos de la citada asociación, aprobada
en el acta de asamblea general extraordinaria celebrada el 25
de octubre de 2007.
El aquo omitió analizar con detenimiento las documentales que
obran agregadas desde la averiguación previa, porque de
haberlo hecho, podría haber apreciado que las facultades
otorgadas por la asamblea que constituyó la asociación a favor
del vicepresidente contenidas en el artículo 23 del acta
constitutiva ya se encontraban rebasadas, por haber sido
reformadas por la máxima autoridad de la asociación, la
asamblea general de asociados, por lo tanto, la facultad del
vicepresidente contenida en la fracción I del artículo 36 de los
estatutos ya reformados, en el sentido de suplir al presidente
en su ausencia temporal o sustituirlo en caso de ausencia
definitiva, en términos del artículo 29 de esos estatutos; es
decir, tal suplencia se encontraba únicamente vinculada con el
artículo 29 de tales estatutos, es decir, el de convocar a
asamblea extraordinaria, cuando así lo solicite por lo menos el
30% de los asociados, no debiendo pasar desapercibido que
precisamente el artículo 35 fracción VI, otorga al presidente el
de convocar a asamblea, motivo por el cual, además de no
acreditarse la ausencia temporal o la sustitución del presidente
en caso de ausencia definitiva, tenemos que tal suplencia, solo
operaba para los efectos de la convocatoria a asamblea, puesto
que así lo determinó la propia asamblea de asociados al
reformar los estatutos de la asociación, en la parte in fine de la
fracción I del artículo 36.
De ahí, que tal suplencia solamente se limitaba a convocar a
asamblea, más no para presentar querellas, resulta inconcuso
que la querella presentada por el señor ////////// en cuanto
supuesto vicepresidente de fecha 18 de abril de 2016, así como
la presentada por ////////// en cuanto tesorero de enero de
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2017, no pueden servir para tenerlas como querellas, puesto
que el primero carecía de facultades al igual que el segundo, de
ahí, que al ser miembros del consejo directivo se acredita que
cuando el señor //////////, presentó su querella en cuanto
presidente del consejo directivo, ya se encontraba prescrita
precisamente por las declaraciones vertidas por los primeros, al
conocer los hechos y al supuesto sujeto activo del ilícito que se
imputa, puesto que transcurrió más de un año de tales
supuestos de derecho, ya que sus propias declaraciones así lo
permiten corroborar; de ahí que el juez omitió hacer una
valoración exhaustiva al caudal probatorio exhibido en autos, lo
que convierte a su resolución en ilegal.
Al señalar que si bien fue presentada la denuncia por //////////,
recibida por el señor //////////, éste nunca lo expuso ante el
Comité Directivo de dicha asociación, para que la misma se
expusiera en la siguiente asamblea, quien es el órgano máximo
de dicha asociación y quien resolvería lo concerniente a la
renuncia que refiere la defensa y que si bien la renuncia no fue
expuesta ante el Comité Directivo y este a su vez a la asamblea
de la supuesta moral ofendida, la misma no genera convicción
ya que el artículo 32 fracción IV señala que debe ser por
escrito, exponiendo los motivos de la misma ante el Comité
Directivo, lo que no acontece, dado que no expone los motivos,
ni está dirigida al Comité Directivo, va a quien corresponda y
por ello determina que el señor ////////// siguió fungiendo
como vicepresidente de la moral supuesta ofendida al momento
de presentar la querella; determinación que es ilegal porque el
a quo confunde un acto unilateral de la voluntad de un
particular de renunciar al cargo dentro de una asociación civil,
a que tal acto unilateral tenga que ser aprobado, para así poder
dejar de desempeñar un cargo dentro de tal asociación civil.
El a quo pretende condicionar la renuncia de cargo de
vicepresidente del señor ////////// a que ésta hubiere sido
aprobada por el Comité Directivo o inclusive la asamblea
general, cuando tal renuncia no se encuentra condicionada a
requisito alguno, porque sería tanto como violentar el artículo 5
del Pacto Federal y porque inclusive los estatutos no
condicionan que surta efectos tal renuncia a requisito alguno,
como inexactamente lo pretender hacer valer el a quo, esto es
así porque el artículo 32 fracción IV de los estatutos vigentes
señalan “la renuncia a cualesquiera de los cargos deberá
presentarse por escrito, exponiendo los motivos de la misma,
ante el Comité Directivo, en cuyo seno se realizará el trámite
de entrega recepción; de toda renuncia se informará en la
siguiente asamblea.
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Por lo que al carecer de facultades ////////// y //////////, para
presentar querella, cuando pretendió corregir el señor
//////////, ya había transcurrido más de un año los hechos
sobre los cuales depusieron tener conocimiento del supuesto
delito y supuesto delincuente, esto es, el 20 de marzo de 2016
que refiere la a quo, de ahí la prescripción de la acción penal.
No puede pasar desapercibido que aún y cuando se considerase
que existía un requisito de procedibilidad porque quien
interpuso la querella carecía de facultades para hacerlo, ello no
puede entenderse que tal interposición de querella, interrumpe
la prescripción conforme lo dispone el artículo 94 del código
penal del Estado, ya que al ser un requisito sine qua non puede
iniciarse la actividad persecutoria del Estado, esto no puede
entenderse como requisito de procedibilidad al estarse ante un
requisito de querella necesaria, que para que la actividad
persecutoria e investigadora del Estado pueda estar en marcha,
al menos se ocupa que quien se querella tenga las facultades y
legitimación para hacerlo, pensar lo contrario implicaría hacer
válidas actuaciones de investigación y persecución, a solicitud
de parte no legitimada para ello, violentando las reglas del
debido proceso y legalidad que debe revestir toda actuación de
la autoridad.
El órgano acusador en fecha anterior ejercitó las acciones
penales y de reparación del daño en contra del inculpado y por
turno conoció el juzgado segundo penal de primera instancia
del distrito judicial de Zamora, mismo que admitió dicha
consignación, sin embargo, al hacer el análisis de todas y cada
una de las constancias y actuaciones que integran dicha
indagatoria, decidió regresarla al fiscal investigador, dadas las
múltiples irregularidades que presentaba dicha consignación,
pidiéndole que acatara y analizara todo lo actuado en su
conjunto y que una vez subsanado lo ordenado por el juez,
procediera de nueva cuenta al ejercicio de la acción penal si así
lo estimara conveniente, pero en ningún momento se le dijo al
órgano acusador que siguiera actuando en dicha indagatoria, o
que recabara más medios de prueba o practicara diligencias,
eso no fue lo ordenado por el juez, simplemente ésta dijo que
fundara y motivara el ejercicio de la acción penal.
El señor //////////, quien se dijo presidente de //////////, no
compareció ante el órgano acusador a hacer suyas todas y cada
una de las querellas que obraran en autos, esto lo realizó fuera
del término legal que establece el artículo 94 del código penal
del Estado.
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No es cierto que el señor //////////, presidente de //////////,
hizo suyas todas y cada una de las querellas que obran en
autos, lo hizo otra persona, fuera del término legal para hacerlo
y que lo es de 1 año, tal y como lo ordena el artículo 94 del
código penal del Estado, ya que cuando lo hizo, había
transcurrido 1 año, 1 mes y 21 días, tomando en consideración
la primera querella de //////////, quien en su calidad de
vicepresidente de //////////, compareció ante el órgano
acusador y presentó por escrito una querella fechada el 12 de
abril de 2016 y ratificada ante el representante social el 18 de
abril de 2016.
De ahí, procede se decrete el sobreseimiento de la causa penal
por prescripción del término legal para presentar una querella,
dado a que el término legal que tenía el querellante para
formular la acusación, comenzó a computarse a partir del 18 de
abril de 2016, fecha en la cual el querellante //////////, en su
calidad de vicepresidente de la moral, compareció ante el
órgano acusador y presentó por escrito una querella, fechada el
12 de abril de 2016 y ratificada ante el representante social el
18 de abril de ese año.
Luego entonces, la formulación de la querella por quien se dijo
tener facultades legales para interponerla, lo hizo fuera del
término legal -1 año-, como lo establece el artículo 94 del
código penal del Estado, acorde al 20 párrafo primero del
código de procedimientos penales del Estado, es decir, el
órgano acusador no se aseguró de la legitimación de quienes se
dijeron querellantes.
Solicita se modifique o revoque el auto combatido.
Asimismo, la referida defensora particular, presentó en pliego por
separado un agravio adicional al momento de la celebración de la
audiencia final, el cual fue ratificado al momento de ésta y que
consiste en:
La multicitada acta de asamblea protocolizada mediante
instrumento público 32,594 del 24 de septiembre de 2008 en
su artículo 12 parte in fine, refiere que serían asociados
aquellos que hayan solicitado su ingreso a la unión y que previo
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al acuerdo del comité y aceptación de la asamblea, hayan
ingresado a la unión con posterioridad a su constitución, de lo
que se tiene que en tal artículo reformado, existen 2 requisitos
sin los cuales no se tiene al señor //////////, ni a //////////
como nuevos asociados en la asamblea de septiembre de 2016,
puesto que previamente se debió haber acreditado que éstos
solicitaron su ingreso a la unión, para después, previo al
acuerdo del comité hubiera dado su visto bueno a efecto de
que la asamblea los hubiera aceptado y en la asamblea del 10
de septiembre de 2016 no existe constancia de que el comité
hubiera acordado su admisión para posteriormente la asamblea
los hubiera aceptado, quedando evidenciado que a //////////,
no puede reconocérsele el carácter de presidente del consejo
directivo; además de que el cargo de los miembros del comité
directivo, solo podría ser ocupado por los socios fundadores y
no por cualquier otro asociado, ya que conforme al estatuto
número 12 de la asociación se reconoció como socios
fundadores a aquellas personas que concurrieron a la
constitución de tal asociación civil y en el acta constitutiva se
ve que no se encuentran éstos, por ende, resulta evidente que
el señor ////////// carece de toda facultad para ostentarse
presidente del consejo directivo de tal persona jurídica y por
ende, ante una designación que va contra los estatutos de la
misma, no puede considerarse que el cargo que el mismo
ostenta, tenga algún efecto legal, de ahí que resulte evidente
que el a quo al otorgarle el carácter al citado /////////, resulta
ilegal su determinación.
Por su parte, el licenciado //////////, en cuanto asesor jurídico de
la asociación civil, en pliego por separado expresó manifestaciones,
solicitando la fiscal de la adscripción, se tomen en consideración, las
cuales en su parte medular aducen:
No se encuentra probada a favor del indiciado //////////,
circunstancia excluyente de incriminación, ni causa que extinga
la acción penal, por ello pido a nombre de las mas de 150
familias que sufren un perjuicio en su patrimonio por culpa del
acusado, se confirme el auto de formal prisión, que fue
recurrido.
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Toca Penal I-89/2017 Proceso Penal 3/2017
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Al tratarse de apelación interpuesta por el inculpado y defensor,
considerando el objeto del recurso de apelación (determinado en el
artículo 449 del código de procedimientos penales del Estado), así como
la inexistencia de reenvío2, este Tribunal revisará el fallo impugnado
para poder calificarlos legalmente y, además, de ser necesario,
suplir su deficiencia o falta acorde al primer párrafo del artículo 461
del código de procedimientos penales del Estado, para determinar si
la resolución irroga agravio a la inculpada y, en su caso, realizar el
pronunciamiento correspondiente.3
TERCERO. Resultó fundado el primero de los agravios realizado por
la defensa en su escrito de disidencias, ya que efectivamente el juez
competente para conocer de estos hechos, es uno especializado en
el sistema acusatorio y oral, de la región Zamora.
Para arribar al porqué de esa determinación, es necesario precisar
algunas consideraciones sobre la competencia.
Así, el derecho humano a que todo acto de molestia debe ser
fundado y motivado por la autoridad competente, se consagra en el
2 Cfr. Criterio emitido en la 7ª época por el Tribunal Colegiado del 5º Circuito, t. 151-156, p. 24, de rubro: «APELACIÓN, FALTA DE REENVIÓ EN LA MATERIA PENAL». 3 Aplicable es al caso la jurisprudencia registrada con el número 180.718, derivada de la
tesis I.10o.P. J/4, sostenida por el Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, durante la 9ª época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, página 1577, de rubro: «APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AL REASUMIR JURISDICCIÓN EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE ESTUDIAR TODOS LOS ASPECTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA, SI QUIEN APELA ES EL SENTENCIADO O EL DEFENSOR».
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artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que estatuye:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la
causa legal del procedimiento…”.
En el ámbito jurisdiccional internacional, tal prerrogativa se
contiene igualmente en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (adoptada en la ciudad de San José Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969), que en su artículo 8, que establece:
“Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente independiente e imparcial establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter.”.
Así, en materia de justicia, la competencia es la potestad jurídica
que tiene un determinado órgano jurisdiccional para conocer y
resolver de los asuntos que son llevados a su conocimiento, y
también es un derecho del gobernado ser juzgado por autoridad
competente.
En este sentido, cualquier afectación a persona alguna en sus
derechos debe provenir de autoridad judicial competente.
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Toca Penal I-89/2017 Proceso Penal 3/2017
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Las cuestiones de competencia son de interés general, se rigen
por derecho público que reglamenta el orden general del Estado en
sus relaciones con los gobernados, y cuando son entre autoridades
judiciales se traducen en un reflejo de los atributos de decisión e
imperio de que están investidas, por lo que no debe existir tardanza
en establecer en qué fuero radica o a qué juzgador corresponde el
conocimiento de determinada causa penal.
Razón por la que en el caso concreto, procede de plano y de
oficio, resolver la competencia para el conocimiento del caso
concreto; sin que se estime adecuado ordenar la reposición del
procedimiento para que el juez se pronuncie sobre el particular y en
su caso, se plantee un conflicto, toda vez que ello produciría una
demora injustificada en perjuicio del interés general del ofendido y
del probable responsable; sobre todo porque en el caso concreto
obran en el expediente los elementos suficientes para dictar
resolución sobre el particular.
Ahora bien, para explicar por qué se considera que el juez que
resolvió no es el competente, es pertinente traer a colación los
antecedentes sobre la implementación del nuevo sistema de justicia
penal en nuestro país, así como el inicio de su aplicación que de
manera gradual y regional aconteció en nuestro Estado, siendo los
siguientes:
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El 18 de junio de 2008 en el país entró en vigor la reforma
constitucional de seguridad y justicia, que implicó cambios profundos
en materia penal, sentando las bases para el tránsito de un modelo
inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal democrático en México,
que cumpliera con estándares de derechos humanos
constitucionalmente reconocidos.
De conformidad con los artículos transitorios del decreto de
reforma, el sistema procesal penal acusatorio entraría en vigor
cuando así lo estableciera la legislación secundaria correspondiente,
no debiendo exceder de un plazo de 8 años, contados a partir del día
siguiente del 18 de junio de 2008; asimismo, se precisó que la
Federación y los Estados expedirían y/o pondrían en vigor
modificaciones u ordenamientos legales que fueran necesarios para
su incorporación, especificándose que al mismo tiempo emitirían una
declaratoria en la que se señalara expresamente que el sistema
había sido incorporado en dichos ordenamientos; y, que, por ende,
sus garantías comenzarían a regular los procedimientos penales.
A la postre, la adopción del sistema procesal acusatorio requirió
unificar el procedimiento penal de la Federación y los Estados
mediante un código nacional, en el cual se homologaran las reglas
tanto de la administración de justicia local como federal, teniendo
como fecha límite, junio de 2016, para que sustituyera los códigos
procesales de las 32 entidades de la República Mexicana y el código
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federal de procedimientos penales, con lo que se impulsaría una
misma justicia para todo el país.
Así, el 5 de marzo de 2014, se publicó el código nacional de
procedimientos penales, de observancia general en toda la república
mexicana, en cuyos preceptos transitorios se indicó que recogía el
sistema procesal penal acusatorio, que entraría en vigor en los
Estados, de conformidad con las declaratorias que al respecto
emitieran los órganos legislativos estatales. De igual forma, en el
artículo tercero transitorio se precisó, que con su entrada
quedarían abrogados los código de procedimientos penales de los
Estados, respecto de los procedimientos iniciados por hechos que
ocurrieran a partir de la entrada en vigor del código nacional; sin
embargo, que los procedimientos penales que se encontraran en
trámite en ese momento continuarían su substanciación de
conformidad con la legislación abrogada.
Asimismo, el 17 de junio de 2016, se publicó el decreto en el
diario oficial de la federación, donde se reformaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones legales del país, entre las cuales,
está el código nacional de procedimientos penales, siendo que entre
otras modificaciones que sufrió, se encuentra la relativa al artículo
tercero transitorio, consistentes en: una reforma al primer párrafo;
una adición de un segundo párrafo; y, derogación del segundo
párrafo vigente antes del decreto.
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Respecto a la reforma del párrafo primero, se reiteró el principio
de ultractividad a través del cual dispone, que los procedimientos
penales a la entrada en vigor del código nacional de procedimientos
que ya se encontraran en trámite, continuarían su tramitación de
conformidad con la legislación aplicable en el momento de inicio de
los mismos. Y, en cuanto a la adición del segundo párrafo se
estableció, que será aplicable el código nacional para los
procedimientos penales que inicien a partir de su entrada, con
independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a
la entrada en vigor del mismo.
De acuerdo con lo anterior, partiendo de cada caso en
concreto, es el inicio de los procedimientos penales y no de
los hechos, los que determinan el sistema procesal aplicable.
Asimismo, bajo esa lógica reformista, los días 26 de diciembre de
2014 y 31 de julio de 2015, se publicó en el periódico oficial del
Estado, la declaratoria de incorporación del sistema penal acusatorio
y de inicio de vigencia del código nacional de procedimientos
penales, siendo que en la segunda, se estableció que sería el 11 de
febrero de 2016, para la región Zamora.
Establecido lo anterior, debe indicarse que de las constancias del
expediente se advierte que en la fecha que inició el procedimiento
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penal —no los hechos—, regía en la región Zamora el sistema
procesal penal acusatorio (desde el 11 de febrero de 2016), por ende,
estaba en vigor el código nacional de procedimientos penales;
entonces, era un juez especializado en dicho sistema quien debía
conocer los hechos sometidos a consideración por parte de la
representación social, dado que los representantes de //////////,
presentaron su querella y ampliación (ratificadas el 18 de abril de 2016
y 10 de enero de 2017), cuando ya estaba vigente el nuevo sistema
de justicia penal en la región Zamora.
Lo anterior es así, por las siguientes consideraciones.
Mediante escrito del 12 de marzo de 2016, ratificado el 18 de abril
de 2016, //////////, presentó la querella en contra de ////////// (pp. 4
a 13 tomo I del duplicado), en donde esencialmente hizo del
conocimiento del representante social, lo siguiente:
Desde principios del mes de marzo de dos mil dieciséis, se dieron
cuenta de unas irregularidades realizadas por el inculpado, como lo
es, que integrantes de //////////, no podían escriturar sus bodegas,
porque se dieron cuenta en el registro público de la propiedad que
estaban gravadas sus bodegas, por diez millones y dos millones
setecientos diez mil pesos; que también el imputado gestionó ante
el gobierno federal apoyos económicos hasta por diez millones de
pesos y nunca se los reportó a la unión; y, que había vendido los
baños y bascula que eran propiedad de todos los /////////.
De igual forma, el 9 de enero de 2017, //////////, realizó una
ampliación de querella la que ratificó el 10 de enero de 2017 (pp. 18
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Toca Penal I-89/2017 Proceso Penal 3/2017
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a 581 tomo I del duplicado), en la que esencialmente señaló lo
siguiente:
Que se dieron cuenta de que el terreno donde se edificó el //////////,
el inculpado les dijo que costó doce millones de pesos, cuando
realmente fue por la cantidad de diez millones quinientos setenta y
un mil, novecientos cuarenta y cuatro pesos.
Ante las irregularidades, la //////////, decidieron realizar una
asamblea el diez de septiembre de dos mil dieciséis, donde se le
exigió una rendición de cuentas, ante la cual, el inculpado pidió una
prórroga para entregar la documentación, pero no cumplió, por lo
que posteriormente pidieron los estados de cuenta al banco, siendo
que por medio de un contador que contrataron, conocieron del
desfalco que hay entre sus aportaciones y el dinero gastado por el
imputado como presidente de la asociación, el cual asciende a la
suma de cincuenta y cinco millones seiscientos ochenta y tres mil,
doscientos sesenta y ocho pesos.
Se dieron cuenta por parte del notario que estuvo en la asamblea
del contrato de mutuo que realizó el imputado, por la suma de diez
millones de pesos, dejando hipotecadas algunas bodegas, por eso es
que no pudieron escriturar.
También se dieron cuenta del apoyo que recibió del gobierno por
cinco millones de pesos, para la asociación, pero se los ocultó.
Esa querella y ampliación, motivó la práctica de las diligencias de
prueba necesarias tendientes al esclarecimiento de los hechos
denunciados —existencia del cuerpo del delito y probable responsabilidad
de quien en él participó—, como son documentales públicas y privadas,
dictámenes emitidos por peritos oficiales y privados, testimonios y la
declaración del inculpado; lo anterior, culminó con la integración de
la averiguación previa penal número 1/2017-III, que mediante un
segundo acuerdo de consignación sin detenido del 3 de julio de
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2017, se presentó ante el juzgado tercero de primera instancia en
materia penal del distrito judicial de Zamora.
Bajo tal escenario, podemos concluir:
a. //////////, se dan cuenta de ciertos hechos en marzo de 2016,
los que denuncia el representante de la misma, mediante la
querella ratificada el 18 de abril de 2016; es decir, hacen la
denuncia de esos hechos, cuando ya estaba en vigor el nuevo
sistema justicia penal en la región Zamora (11 febrero 2016).
b. El 10 de septiembre de 2016, se celebra la asamblea de la
//////////, donde se dan cuenta de otras irregularidades en que
incurrió el imputado, lo que se hace del conocimiento al
representante social, mediante una ampliación de querella
ratificada el 10 de enero de 2017; datas a las cuales, como ya
se dijo, estaba vigente el nuevo sistema de justicia penal en la
región Zamora; incluso, el propio decreto del 17 de junio de
2016.
c. Como el representante social consideró como un todo, los
hechos de la querella y su ampliación, para imputar al
inculpado el desfalco realizado a la //////////, se considera que
desde la ratificación de la querella, inició el procedimiento
penal de que se trata, específicamente su primer fase, la de
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investigación; que, como dijimos, empieza con la presentación
de la denuncia, querella o su equivalente y concluye con el
ejercicio, o no ejercicio de la acción penal ante los tribunales
correspondientes.
Entonces, si dicho procedimiento comenzó con posterioridad al 11
de febrero de 2016, fecha en la que en la región Zamora, fue
adoptado el sistema acusatorio penal e inició la vigencia del código
nacional de procedimientos penales, es evidente que los sucesos
denunciados tienen que ser investigados y juzgados por órganos
judiciales especializados en dicho sistema acusatorio de
procesamiento, porque la legislación vigente en la fecha de la
querella era el código nacional de procedimientos penales, cuya
aplicación corresponde exclusivamente a aquellos órganos
especializados.
Para corroborar lo anterior sólo basta con ubicarse en el tiempo,
ya que el día 18 de abril de 2016, fecha de la ratificación de la
querella, de conformidad con los artículos transitorios del código
nacional de procedimientos penales, ya se encontraba abrogado el
código de procedimientos penales del Estado de Michoacán,
publicado en el año 1998.
Siendo que el principio de ultractividad establecido en los artículos
transitorios del código nacional de procedimientos penales, no opera
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en el caso concreto a fin de tramitar el procedimiento penal acorde
con la codificación estatal abrogada, puesto que la condición para
ello operara consistía en que la tramitación penal hubiera iniciado
con anterioridad al día 11 de febrero de 2016, lo que en la especie
no ocurrió, pues fue en marzo de 2016, cuando algunos miembros
de la agrupación, se dieron cuenta de las irregularidades en la
administración del inculpado (hechos), siendo denunciados hasta el
12 de abril de 2016 (siendo ratificada la querella el 18 de abril de 2016).
Entonces, si acorde a la fecha de la ratificación de la querella, la
legislación aplicable era el código nacional de procedimientos
penales, retomando el contenido de los artículos 39, 44, 46, 47 y 48
de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el juez
competente para conocer los hechos es uno especializado en el
sistema acusatorio penal; y, por tanto, la jueza tercero de primera
instancia en materia penal del distrito judicial de Zamora, no tiene
competencia para resolver sobre los hechos denunciados.
Es más, no se debe perder de vista que el decreto del 17 de junio
de 2016, señala que el inicio del procedimiento es desde la
presentación de la denuncia o querella, con el fin de unificar criterios
en cuanto a la competencia de un juez del sistema tradicional y uno
del nuevo sistema oral y adversarial, pues con ello, se dará la
seguridad y certeza jurídica a las partes sobre cuál será el tribunal
competente que dirima la controversia que se le plantee.
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Por tanto, lo anterior no implica —necesariamente— que las
actuaciones practicadas en la averiguación previa no tengan validez.
Es así, porque —por regla general— la incompetencia del juez que
resuelve la solicitud de orden de aprehensión y posteriormente el
plazo constitucional no implica —por sí solo— una violación de
derechos humanos del indiciado; ello, dado que la legislación
procesal del sistema acusatorio reconoce la posibilidad de convalidar
o regularizar actuaciones; como lo dispone el artículo quinto
transitorio del código nacional de procedimientos penales, que a la
letra establece:
“Cuando por razón de competencia por fuero o territorio se
realicen actuaciones conforme a un fuero o sistema procesal
distinto al que se remiten, podrá el órgano jurisdiccional
receptor convalidarlas, siempre que de manera fundada y
motivada, se concluya que se respetaron las garantías
esenciales del debido proceso en el procedimiento de su origen.
Asimismo podrán regularizarse aquellas actuaciones que
también de manera fundada y motivada el órgano jurisdiccional
que las recibe, determine que las mismas deban ajustarse a las
formalidades del sistema procesal al cual se incorporarán…”.
Al caso resulta aplicable la tesis siguiente:
“CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA PENAL. LAS
ACTUACIONES QUE RECIBA UN JUEZ DEL PROCESO
PENAL ACUSATORIO Y ORAL POR INCOMPETENCIA
LEGAL DE UNO DEL SISTEMA TRADICIONAL, RESPECTO
DE UN PROCESO INICIADO CONFORME A ESTE ÚLTIMO,
PUEDEN CONVALIDARSE O REGULARIZARSE CON APOYO
EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Las diferencias
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entre los sistemas procesales tradicional mixto y adversarial
oral penal no deben conducir a desconocer el régimen
transitorio de las reformas constitucionales que dieron lugar a
la instauración del último mencionado, pues de manera
específica existe una norma especial aplicable para el Juez de
control, esto es, el artículo quinto transitorio del Código
Nacional de Procedimientos Penales, que prevé las
consecuencias que derivan de la remisión de actuaciones de un
fuero o sistema procesal a otro, a saber: la regularización o
convalidación, cuando por razón de competencia, se realicen
actuaciones conforme a uno distinto al que se remiten, siempre
que se concluya fundada y motivadamente que se respetaron
las garantías esenciales del debido proceso en el procedimiento
de origen y, en caso de la regularización, deberán ajustarse a
las formalidades del sistema procesal al que se incorporan, sin
que establezca condicionante alguna por razón de la época en
la que se suscitaron los hechos calificados de ilícitos; de ahí que
las actuaciones que reciba un Juez de proceso penal acusatorio
y oral por incompetencia legal de uno del sistema tradicional,
respecto de un proceso iniciado conforme a este último, pueden
convalidarse o regularizarse con apoyo en el artículo transitorio
indicado.”4
También, es menester traer a colación lo sustentado por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 12 de
febrero de 2014, al resolver el amparo en revisión 216/2013, de
donde se advierte que las actuaciones practicadas en una
averiguación previa pueden constituir material idóneo para
configurar datos de prueba que integren la carpeta de investigación,
pues uno y otro sistema tiene el objetivo común de demostrar que
existen elementos para sostener la existencia del ilícito y la
probabilidad de que el imputado haya participado en éste, siendo
que los elementos de prueba arrojados en la averiguación previa,
por el especial reforzamiento que deben respetar hacen altamente
4 Tesis aislada número: XXVII.3o.45 P (10a.), Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, Página: 2774, registro: 2014886.
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probable tanto la comisión del delito como la participación del
imputado.
Y, en ese entendido, la utilización o consideración de las
actuaciones practicadas en la averiguación previa dentro de un
sistema penal mixto, para incorporarlas como material idóneo que
configure datos de prueba y, con ese carácter, integren la carpeta de
investigación en la fase de investigación desformalizada del sistema
penal acusatorio, no produce más consecuencias que la elevación del
estándar de certeza para demostrar la probabilidad de la comisión
del hecho y la participación en éste del imputado.
Lo anterior sin desconocerse las diferencias que existen entre una
carpeta de investigación y una averiguación previa, y de los
principios que rigen el nuevo sistema de justicia penal que hacen
que se requiera del análisis del juzgador de control competente que
determine la convalidación o regularización de actuaciones
procesales.
Por lo que, se concluye en que las actuaciones de la averiguación
previa en el caso que nos ocupa no son inválidas per se, por el
contrario, pueden integrar la carpeta de investigación prevista para
el sistema procesal penal acusatorio y oral, sin que ello implique
que, se encuentran exentas de análisis en cuanto a su legalidad,
pues aunque obren como dato en la carpeta de investigación, no por
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ese solo hecho se convalidan, sino que deberán apegarse, para su
validez y desahogo, a los dispuesto en el código nacional de
procedimientos penales que regula el sistema procesal al cual se
incorporarán, salvaguardando de esta forma los principios y
derechos que consagra el nuevo sistema penal acusatorio.
Cobra aplicación a lo anterior, la siguiente tesis:
“PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LAS
ACTUACIONES PRACTICADAS EN UNA AVERIGUACIÓN
PREVIA PUEDEN CONSTITUIR MATERIAL IDÓNEO PARA
CONFIGURAR DATOS DE PRUEBA QUE INTEGREN LA
CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Si en el sistema penal
acusatorio, la vinculación al proceso depende de los datos de
prueba contenidos en la carpeta de investigación, la cual sólo
debe contener aquellos que permitan arrojar los elementos
suficientes para justificar, racionalmente, que el imputado sea
presentado ante el Juez de Garantía; y en la averiguación
previa se deben establecer las pruebas que, como tales,
permitan acreditar los elementos del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad del imputado, entonces, uno y otro
sistema tienen el objetivo común de demostrar que existen
elementos para sostener la existencia del ilícito y la
probabilidad de que el imputado haya participado en éste,
siendo que los datos arrojados en la averiguación previa, por el
especial reforzamiento que deben respetar, hacen altamente
probable tanto la comisión del delito como la participación del
imputado. En este entendido, la utilización o consideración de
las actuaciones practicadas en la averiguación previa dentro de
un sistema penal mixto, para incorporarlas como material
idóneo que configure datos de prueba y, con ese carácter,
integrar la carpeta de investigación en la fase de investigación
desformalizada del sistema procesal penal acusatorio y oral, no
produce más consecuencia que la elevación del estándar de
certeza para demostrar la probabilidad de la comisión del hecho
y la participación en éste del imputado y, por tanto, de
razonabilidad para llevarlo ante el Juez de Garantía. Bajo este
orden de ideas, las actuaciones de la averiguación previa
pueden integrar la carpeta de investigación prevista para el
sistema procesal penal acusatorio y oral, pero no implica que
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se encuentren exentas de análisis en cuanto a su legalidad,
pues aunque obren como dato en la carpeta de investigación,
no por ese solo hecho se convalidan, sino que deberán
apegarse, para su validez y desahogo, a lo dispuesto en el
código procedimental que regula al sistema procesal al cual se
incorporarán, salvaguardando de esta forma los principios y
derechos que consagra el nuevo sistema penal acusatorio.”5
Finalmente, en vía de orientación sólo se debe citar que dar
trámite a los hechos denunciados de conformidad con una ley que no
estaba vigente cuando éstos ocurrieron, sino con la que es aplicable
en el momento en el que el delito es denunciado, no conlleva a
aplicar retroactivamente dicha legislación puesto que la misma está
aplicándose a un acto procedimental presente, esto es, el Estado da
trámite a la denuncia de un hecho delictivo de conformidad con el
procedimiento que en su presente tiene a su alcance; máxime que
en la jurisprudencia se ha previsto que al entrar en vigor normas
penales relativas al procedimiento, éstas rigen las situaciones
jurídicas en el estado en el que se encuentra el juicio, ya que los
procesos penales se desarrollan mediante actos sucesivos.6
5 Tesis aislada número: 1a.CCCLXX/2014, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, julio de 2014, página 161, registro 2006969. 6 En ese sentido orienta el siguiente criterio: “RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES. Para que una ley se considere retroactiva se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, lo que no
sucede con las normas procesales. En efecto, se entienden como normas procesales aquellas que instrumentan el procedimiento; son las que establecen las atribuciones, términos y los medios de defensa con que cuentan las partes para que con la intervención del Juez competente, obtengan la sanción judicial de sus propios derechos, esos derechos nacen del procedimiento mismo, se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula; por lo tanto, si antes de que se
actualice una etapa del procedimiento, el legislador modifica la tramitación de ésta, suprime
un recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la valoración de las pruebas, no puede hablarse de aplicación retroactiva de la ley, pues no se priva, con la nueva ley, de alguna facultad con la que ya se contaba, por lo que debe aplicarse esta última.” Jurisprudencia I.8º.C J/1, Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, abril de 1997, página 178, registro 198940.
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Bajo este escenario, una vez que han quedado establecidas las
razones por las que la jueza tercera de primera instancia en materia
penal del distrito judicial de Zamora, no es competente para conocer
del presente asunto, procede a establecer las consecuencias
jurídicas que tal situación conlleva:
Se dejan insubsistentes las actuaciones realizadas por la juez
tercero de lo penal, que emitió a partir de su auto de inicio hasta el
auto de plazo constitucional que fue el motivo de impugnación que
dio origen al presente recurso, dentro del proceso penal número
3/2017, instruido a //////////, por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de abuso de confianza, en agravio de //////////, lo
que deberá informarse a la referida jueza con copia certificada de la
presente resolución, para efecto de que remita el original –en sobre
cerrado– de la causa al juez de control de la región Zamora; y,
Se ordena remitir de inmediato a la unidad de causa del nuevo
sistema de justicia penal, acusatorio y oral, de la región Zamora –en
sobre cerrado–, los registros correspondientes de la causa, así como
copia certificada de esta resolución por duplicado, para que
inmediatamente lo remita al juez de turno que corresponda en esa
región, quien una vez que asuma su competencia jurisdiccional,
deberá realizar lo siguiente:
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Dar vista inmediata al ministerio público con los registros de la
causa, para que proceda conforme a sus atribuciones.
Convocar a audiencia al ministerio público en la que se
proceda de acuerdo a lo que previene el artículo quinto
transitorio del código nacional de procedimientos penales en
relación a la convalidación y/o regularización de actuaciones.
Finalmente, en la misma audiencia, de existir solicitud
ministerial, deberá pronunciarse en torno a las formas de
conducción del imputado a proceso, que refiere el artículo 141
del código nacional de procedimientos penales.
Cobra aplicación en lo conducente el siguiente criterio:
“PROCESO PENAL ACUSATORIO. SI EL JUEZ DE DISTRITO
AL CONOCER DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN ESTIMA
QUE LOS HECHOS MATERIA DE ANÁLISIS SON
COMPETENCIA DEL JUEZ DEL SISTEMA ADVERSARIAL, LA
CONCESIÓN DEL AMPARO NO PUEDE SER PARA QUE EL
JUZGADOR DEL PROCESO MIXTO O TRADICIONAL
RESUELVA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE AQUÉL.
El sistema penal acusatorio conlleva una serie de lineamientos
diversos a los establecidos para el sistema procesal penal mixto
(declaración preparatoria, auto de formal prisión o preventiva,
procedimiento sumario, etcétera), esto es, desde la manera en
que debe integrarse la investigación de los hechos, lo cual se
hace a través de "una carpeta de investigación" en lugar de
una averiguación previa, hasta la intervención de los Jueces en
el proceso, pues la reforma constitucional de 18 de junio de
2008, establece diferencias rígidas en las etapas del proceso y
de las autoridades que participan en cada una, esto es, una
cosa será el titular de la investigación, otra el control de la
legalidad de diligencias (de carácter cautelar o de medidas
preliminares -detención-) por parte de un órgano judicial -Juez
de control-, quien no va a ser el mismo que en su momento
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emita una resolución en la etapa del juicio oral -Juez de juicio-
o funja como Juez de ejecución penal -Juez de ejecución-. Ello,
sumado a que el sistema acusatorio prevé otro tipo de
instituciones -principio de oportunidad, juicio abreviado, medios
alternos para la solución de conflictos, entre otras- por lo que
implica la coexistencia de estos criterios y mecanismos con
sujeción al control judicial, lo cual equivale a un cambio de
reglas en el procedimiento, para de esa forma respetar los
principios que lo rigen: publicidad, contradicción,
concentración, continuidad e inmediación, los cuales recoge el
artículo 20 de la Constitución Federal. En ese contexto, si el
Juez de Distrito al conocer del juicio de amparo contra el auto
de formal prisión determina que los hechos materia de análisis
son competencia de un Juez del sistema penal adversarial, la
concesión del fallo protector no puede ser para que el juzgador
del proceso mixto o tradicional resuelva conforme a los
lineamientos del proceso penal acusatorio, pues el Juez del
sistema tradicional carece de facultades para resolver la
situación jurídica del quejoso bajo las reglas del citado proceso,
pues éstas no empatan con el diverso penal mixto; máxime
que, como quedó asentado, los Jueces que intervienen en las
diversas etapas del nuevo sistema son diferentes. De modo
que, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso
de revisión respectivo debe enderezar los efectos de la
concesión de amparo para que el Juez de la causa deje
insubsistente el auto de plazo constitucional y devuelva los
autos al Ministerio Público investigador para que actúe
conforme a las facultades inherentes del procedimiento penal
acusatorio.”7
Ahora bien, como //////////, se encuentra en prisión preventiva,
en el centro de reinserción social de Zamora, Michoacán, deberá
continuar con la misma, hasta en tanto no se resuelva lo
anteriormente ordenado.
Ello, porque con la presente determinación, de facto no opera
la inmediata libertad del imputado, sino que será en base a las
7 Tesis aislada número: I.5o.P.46 P (10a.), Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Página: 2961, registro: 2011817.
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actuaciones que en su momento se convalide el juez de control,
y a petición de una de las partes en la audiencia a que se refiere
el artículo 307 del código nacional de procedimientos penales,
cuando proceda el pronunciamiento sobre alguna medida
cautelar a imponer al imputado, acorde a lo establecido en el
artículo 154 del citado código nacional.
Ello, porque si bien es cierto, este tribunal acorde a ley
orgánica del Poder Judicial del Estado, tiene competencia para
conocer de resoluciones emitidas por los jueces de control y
enjuiciamiento (entre las que están las relativas a las medidas
cautelares); también lo es, que partiendo de la competencia
originaria —juez penal del sistema tradicional— no se puede hacer
pronunciamiento sobre medida cautelar alguna, pues aquí se
determinó la incompetencia de ese juez, y será en los términos
precisados así como en su momento procesal cuando el juez de
control competente pueda realizar alguna determinación en
cuanto a ello.
Finalmente, al resultar fundado uno de los agravios expuestos
por la defensa relativa a la competencia, partiendo del anterior
criterio, no se puede abordar el estudio de los subsecuentes, sin
que ello implique que en su momento procesal, se haga por parte
de la defensa las argumentaciones que considere pertinentes al
tribunal competente.
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve el presente recurso de
apelación de conformidad con los siguientes:
P U N T O S R E S O L U T I V O S
PRIMERO. Esta cuarta sala penal es competente para conocer y
resolver el presente recurso de apelación.
SEGUNDO. Resultó fundado uno de los agravios expuestos por la
defensa.
TERCERO. En consecuencia, se revoca el auto del diecisiete de
julio de dos mil diecisiete, pronunciado por la juez tercera de
primera instancia en materia penal del distrito judicial de
Zamora, en el proceso penal número 3/2017, mediante el cual
declaró formalmente preso a //////////, al acreditarse el cuerpo
del delito de abuso de confianza, en detrimento de //////////, así
como su probable responsabilidad en su comisión, para ahora
decidir:
Se dejan insubsistentes las actuaciones realizadas por la juez
tercero de lo penal, que emitió a partir de su auto de inicio hasta
el auto de plazo constitucional que fue el motivo de impugnación
que dio origen al presente recurso, lo que deberá informarse a la
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referida jueza con copia certificada de la presente resolución,
para efecto de que remita el original —en sobre cerrado— de la
causa al juez de control de la región Zamora, que corresponda.
Se ordena remitir de inmediato a la unidad de causa del nuevo
sistema de justicia penal, acusatorio y oral, de la región Zamora —en
sobre cerrado—, los registros correspondientes de la causa (duplicado
de la causa), así como copia certificada de esta resolución por
duplicado, para que inmediatamente lo remita al juez de turno que
corresponda en esa región, quien una vez que asuma su
competencia jurisdiccional, deberá realizar lo siguiente:
Dar vista inmediata al ministerio público con los registros de la
causa, para que proceda conforme a sus atribuciones.
Convocar a audiencia al ministerio público en la que se
proceda de acuerdo a lo que previene el artículo quinto
transitorio del código nacional de procedimientos penales en
relación a la convalidación y/o regularización de actuaciones.
Finalmente, en la misma audiencia, de existir solicitud
ministerial, deberá pronunciarse en torno a las formas de
conducción del imputado a proceso, que refiere el artículo 141
del código nacional de procedimientos penales.
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En la audiencia respectiva y a petición de las partes, resolver
lo conducente sobre la medida cautelar del imputado, dado
que actualmente se encuentra en prisión preventiva en el
centro de reinserción de Zamora, Michoacán.
CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes y defensa, así
como a la moral ofendida por conducto de su representante; anótese
como corresponde en el libro de control de esta sala; remítase
testimonio de esta resolución a la juez de origen, y en su
oportunidad archívese el toca como concluido.
Lo resolvió y firma el magistrado Juan Antonio Magaña de la
Mora, titular de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Michoacán, que actúa con Verónica Nohemí
Sánchez Téllez, secretaria de acuerdos que fedata lo actuado.
Listada en su fecha. Conste.
‹‹En términos de lo previsto en los artículos 12, 13, 38, 97 y 102 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Michoacán, en esta versión pública se suprime la información considerada
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en dichos supuestos
normativos››