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Dirección General de Presupuesto Nacional

PODER JUDICIAL

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 – www.hacienda.go.cr

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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Al Poder Judicial le compete administrar justicia de forma pronta, cumplida, sin denegación y en

estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garantice calidad en la prestación de

servicios para las personas usuarias que lo requieran.

Para lo anterior, la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales conocen, resuelven y ejecutan

las resoluciones que emitan sobre los procesos judiciales que le son sometidos según la materia

de su especialidad, como son: civil, laboral, de familia, tránsito, penal, entre otras; con la

participación activa del Ministerio Público como requirente ante los tribunales penales de la

aplicación de la ley y el trabajo del Organismo de Investigación Judicial como auxiliar y asesor de

las autoridades judiciales, así como de la oficina encargada de la Atención y Protección de

Víctimas y Testigos que participa en el proceso penal y la oficina de Defensa Pública que

garantiza la defensa de los derechos, libertades e intereses de los demandados que no pueden

costear el proceso penal y otros procesos judiciales asignados.

2. GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos autorizados y ejecutados para 2016, con

ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280).


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AUTORIZADO

(Ley No. 9341 y

Modif.)

0-Remuneraciones 341.712.453.919 335.985.916.011 98,3

1-Servicios 28.571.189.321 23.116.466.790 80,9

2-Materiales y Suministros 7.420.107.347 5.819.060.410 78,4

3-Intereses y Comisiones - - -

4-Activos Financieros - - -

5-Bienes Duraderos 27.789.265.736 12.588.841.488 45,3

6-Transferencias Corrientes 7.150.024.875 7.063.424.921 98,8

7-Transferencias de Capital 2.013.401.234 2.013.401.234 100,0

8-Amortización - - -

9-Cuentas Especiales 197.000.000 159.524.529 81,0

SUB TOTAL 414.853.442.432 386.746.635.382 93,2

Recursos de crédito público - - -

TOTAL GENERAL 414.853.442.432 386.746.635.382 93,2

1/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a

conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

F uente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.

Partida

Cuadro 2.1

Poder Judicial

Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria

2016 (en colones corrientes)

2016

EJECUTADO 1/ % EJECUCIÓN

Como se muestra en el cuadro anterior, el Poder Judicial obtuvo en el 2016 un nivel de ejecución

presupuestario del 93,2%, no obstante la autorización de gastos para el periodo que nos ocupa

fue ajustada mediante las Leyes Nos. 9385 y 9417, relativas al Primer y Segundo Presupuesto

Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2016 respectivamente, con una rebaja

en total de ¢1.300,0 millones; dicha rebaja se dio como contribución a las políticas de austeridad

y restricción del gasto y en atención a las solicitudes del Ministerio de Hacienda.


3

Servicios

-Atraso en cobros por parte de los

proveedores.

-Sobrantes por precios adjudicados

menores a lo presupuestado, montos

que se dejaron para imprevistos.

-Contrataciones que por las

características de las compras y su

cuantía o por el avance en su

ejecución, no es posible concluirlos

en el corto plazo.

-Proveedores que incumplieron con lo

contratado.

-Contrataciones de alquileres que se

lograron concretar hasta finales del

año y otras que no fueron posible o se

declararon infructuosas.

-Cambios en los requerimientos

técnicos y falta de coordinación

interna que atrasaron los procesos de

contrataciones.

-Procesos iniciados tardíamente y

falta de oferentes.

Materiales y

Suministros

-Sobrantes por estimaciones de

gastos mayores a lo real.

-Atraso en la compra de productos

con características especializadas

que requieren varios meses para su

revisión.

-Bienes que se encuentra en proceso

de entrega por el tipo de compra y

plazos establecidos como la compra

de drogas para el Departamento de

Ciencias Forenses.

-Procesos de contratación lentos y

facturas pendientes de pago que

ingresaron en diciembre.

Bienes Duraderos

-Atrasos en el proceso por errores en

las especificaciones técnicas que

implicaron modificaciones al cartel y

recursos de objeción.

-Proyectos que quedaron sin

contenido económico suficiente.

-Proyectos supeditados a otros o que

requieren varios meses de trámite.

-Procesos que son declarados

desiertos o infructuosos, lo que

implica iniciarlos nuevamente.

Los procesos de contratación

administrativa conllevan mucha

tramitología que alarga los plazos de

entrega, tal es el caso de las

licitaciones que por la cuantía de la

compra o por las características del

proyecto dificultan su cumplimiento en

el año presupuestario.

Cuentas Especiales

-Sobrantes en la subpartida de

Gastos Confidenciales dada la

particularidad de estos recursos, los

cuales son utilizados según las

necesidades especiales y

confidenciales del Organismo de

Investigación Judicial.


Cuadro 2.2

Poder Judicial

Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria en partidas con ejecución igual o

menor a 90%

al 31 de diciembre de 2016

Partidas

Presupuestarias

Factores que incidieron en la

ejecuciónObservaciones

La presentación a cobro de las

facturas en forma tardía es una

razón que afecta desde años

atrás, esto a pesar de las

acciones que la institución ha

llevado a cabo con las

empresas proveedoras para que

realizaran el cobro lo antes

posible; otro factor reincidente

son los proyectos que tardan

varios meses, por lo que no se

pueden ejecutar totalmente los

recursos. Asimismo, las malas

descripciones en las

especificaciones técnicas de los

proyectos, son otro factor que

por años afecta la ejecución.

En cuanto a los compromisos

no devengados, nuevamente la

institución menciona que éstos

dificultan la ejecución

presupuestaria para atender la

programación de actividades del

año, por lo que se hace

necesario que se tomen

acciones con el fin de minimizar

esta situación que se ha venido

presentando constantemente y

que ha sido recalcada en

anteriores informes.

Al igual que en años anteriores,

la partida de Bienes Duraderos

tiene una baja ejecución, debido

a los problemas que se

presentan principalmente con

las contrataciones, y que a la

postre influyen en los montos de

los compromisos no

devengados que quedan

pendientes para el siguiente

ejercicio económico.

Entre las acciones correctivas

que se han indicado en año

anteriores y se repiten están el

implementar acciones más

específicas como: solicitar a los

entes técnicos los carteles de la

contratación desde el año

anterior y establecer plazos y

medidas más estrictas para la

ejecución de los recursos; por lo

que es necesario evaluar su

continuidad.

Entre las acciones efectivas

realizadas se menciona el

constante seguimiento y control

a la ejecución presupuestaria de

cada centro de responsabilidad,

así como el trabajo del grupo

interdisciplinario de Seguimiento

de la Ejecución Presupuestaria,

el cual busca acelerar los


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Servicios

-Trámites de compra que a pesar de las

coordinaciones realizadas quedaron

pendientes por no contar con los locales

idóneos para su alquiler y por la extensa

tramitología de arriendo que conlleva que los

oferentes no continúen con el proceso.

-Gastos supeditados a otros como lo

presupuestado para vigilancia y servicios de

limpieza de los nuevos locales, que al no

alquilarse no se generan estos gastos.

-Extenso volumen de trabajo que no permite

atender con la agilidad deseada los

requerimientos técnicos por los centros

gestores en los proyectos de construcción y

remodelación.

Materiales y Suministros

-Tramites realizados efectivamente pero que se

ejecutaron al cierre del año o quedaron

pendientes como compromisos no

devengados.

-Asimismo, por la cantidad de centros gestores

y características de cada zona y oficina, es difícil

determinar los recursos exactos que se

utilizarán durante el año.

Bienes Duraderos

-Dificultades presentadas en las diferentes

dependencias que intervienen en el Proyecto de

Mejora del Proceso de la Contratación 2016;

entre ellas: la ubicación geográfica de los

proyectos; atrasos en los procesos de

contratación por deficiencias en las etapas

previas o durante su proceso de trámite que

deben ser corregidas (especificaciones,

clausulas penales, etc.), proyectos sin

contenido presupuestario, proyectos que están

supeditados a otros que se encuentran en

trámite para dar inicio.

-Asimismo, a pesar del seguimiento dado,

debido a los procesos de trámite de compra,

falta de recursos para atender la contratación,

plazos de entrega de los bienes y servicios,

avance de obras de construcción, no fue

posible ejecutar los recursos en un período

presupuestario.


Cuadro 2.3

Poder Judicial

Razones por las que no funcionaron las acciones correctivas en partidas con ejecución

semestral menor a 45% y anual igual o menor a 90%

al 31 de diciembre de 2016

Partidas PresupuestariasRazones por las que no funcionaron las

acciones correctivas aplicadasObservaciones

El Poder Judicial

realizó durante el

2016 varias acciones

de seguimiento con el

fin de mejorar su

ejecución

presupuestaria, sin

embargo prevalecen

oportunidades de

mejora, entre ellos

estimaciones más

certeras y traslados

de sobrantes con

tiempos más

anticipados para su

uso. Así como otros

fuera de su alcance

como la falta de

locales idóneos para

ubicar las oficinas,

para los cuales se

debe de tomar

medidas alternas de

solución.


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El porcentaje de ejecución del Poder Judicial aumento un 1,0% respecto al porcentaje de

ejecución del año anterior; por lo que el nivel de ejecución alcanzado se considera alto; sin

embargo es necesario evaluar la efectividad de las medidas que la institución ha venido

adoptando para mejorar la ejecución de los recursos; especialmente, analizar las razones

específicas de los sobrantes en las diferentes subpartidas y los problemas de ejecución de la

partida de bienes duraderos.

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

3.1. Programas con producción cuantificable

Los grados de cumplimiento de las unidades de medida de los productos se clasificaron de

acuerdo con los siguientes parámetros:

Cumplido 100%

Parcialmente cumplido 76% - 99%

No cumplido 0% - 75%


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ProductosUnidad de

medida

Servicio

Jurisdiccional1 1 1

Servicio

Defensa Pública1 1 1

Servicio de

Atención y

Protección de

Víctimas y

Testigos

1 -

1 1 0

F uente: Datos suministrados por el Poder Judicial.

Cantidad

Cuadro 3.1.1.

Poder Judicial

Cantidad de productos y unidades de medida por programa presupuestario y grado

de cumplimiento

Al 31 de diciembre de 2016

Programa

Grado de cumplimiento de las unidades de

medida

El programa Servicio Defensa Pública, señala que para la unidad de medida “Asesorías

brindadas”, los datos brindados son al tercer trimestre del 2016 por cuanto la información

estadística se realiza trimestralmente y a la fecha de presentar la autoevaluación no se habían

procesado los últimos datos, lo cual justifica el resultado alcanzado.

Asimismo, el programa Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos para el año

evaluado no cuenta con unidad de medida para su producto, por lo que no fue posible valorar su

resultado y su clasificación en los rangos establecidos.


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La efectividad de los indicadores de producto se catalogó según los siguientes parámetros:

Productos Indicadores

Servicio

Jurisdiccional1 3 2 1

Servicio

Defensa Pública1 2 2

Servicio de

Atención y

Protección de

Víctimas y

Testigos

1 4 3 1

5 4 0

F uente: Datos suministrados por el Poder Judicial.

Cuadro 3.1.2.

Poder Judicial

Cantidad de productos e indicadores por programa presupuestario y efectividad

Al 31 de diciembre de 2016

Programa

Cantidad Efect ividad

Entre los logros más destacados se encuentran:

45,4% de los casos atendidos (1937 asuntos) fueron bajo el programa Justicia

Restaurativa, es decir casos que alcanzaron una solución a partir de medidas alternas

como la conciliación, suspensión de proceso de prueba o reparación integral del daño; el

54,6% restante igual recibió respuesta, pero bajo el sistema tradicional donde la persona

juzgadora dictó sentencia por no llegar las partes a un acuerdo satisfactorio. A pesar de

Efectividad Ejecución de recursos

Efectivo ( E ) Cumplido 100% 90%- 100%

Parcialmente

Efectivo ( PE )

Parcialmente

cumplido76% - 99% 51%-89%

No Efectivo ( NE ) No cumplido 0% - 75% 0%-50%

Cumplimiento del indicador


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no alcanzar la meta programadas (50%), con lo efectuado según la institución, se logra

contribuir a la paz social, al ofrecer un medio de solución de conflictos más ágil y

oportuno y que, al reparar las consecuencias del hecho delictivo de manera satisfactoria,

tanto para el actor como para la víctima, favorece la participación de las personas

víctimas, ofensoras y comunidades en la solución de los conflictos.

Se superó lo programado en cuanto a la Tasa de resolución (28,3%) y la Tasa de

pendencia (55,1%); según informan, sus resultados son gracias al esfuerzo coordinado y

el establecimiento de cuotas de producción significativas que procuran que al entrar en

vigencia las reformas procesales en materia laboral y civil sea mínimo los asuntos

pendientes. Estos indicadores, permiten identificar dentro de los expedientes pendientes,

aquellos que se han resuelto, y determinar la cantidad de expedientes que se mantienen

pendientes de ser terminados (aunque se haya iniciado su tramitación), situación por la

cual, si una variable aumenta necesariamente la otra presenta una disminución. No

obstante, es importante aclarar que el resultado de estas dos variables, no suma el

100% del total de expedientes, por cuanto existen expedientes denominados “inactivos”,

en razón de que la dinámica de algunas materias obliga a mantener los expedientes

abiertos, tal es el caso de las pensiones alimentarias que deben mantenerse en la

corriente judicial entre 18 y 25 años o más; por lo que estos expedientes no forman parte

de la tasa de resolución ni la tasa de pendencia.

A pesar de estas situaciones que se presentan, el Poder Judicial ha venido realizando

esfuerzos significativos para mejorar la capacidad de resolución de los asuntos, a través

del uso de la tecnología, mejoramiento de los controles internos en los despachos,

rediseño de procesos, utilización del escritorio virtual y otras medidas más. Así también

se presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de ley de Evaluación del Desempeño

que se espera contribuya a mejorar la gestión institucional.

Los porcentajes de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad

con respecto al tiempo que le dedica el o la Defensor (a) público y con respecto al

tiempo de espera antes de ser atendido por el o la defensor (a) público, alcanzaron un

74% y 69%, respectivamente. La institución señala que a pesar de no alcanzar el 75% y


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72% programados, los tiempos de espera son razonables en la mayoría de los casos;

por cuanto se ven afectados por el tipo de asesoría requerida, por las funciones propias

de los (as) defensores (as) que deben realizar actividades fuera de la oficina con tiempos

variables no controlables, porque la mayoría de usuarios se presentan a las oficinas sin

cita previa y que los tiempos de atención no se pueden extender ya que implicaría la

desatención de otras actividades como: debates, audiencias, visitas carcelarias y otras.

Asimismo, mencionan que el servicio brindando en las condiciones establecidas permitió

dar una respuesta al problema dentro del plazo que las condiciones y recursos lo

admiten; contribuyendo a proveer defensa pública con excelencia, solidaridad y

compromiso con todos los (as) usuarios (as), coadyuvando a garantizar la plena

vigilancia de los derechos, libertades, garantías e intereses de los (as) beneficiarios (as)

en forma ágil y oportunidad en los procesos judiciales. Como medida correctiva, indican

que presentarán el informe a la Dirección y Coordinación de Oficina de la Defensa

Pública de todo el país para continuar con el objetivo de brindar un servicio de calidad y

procurar una mejora continua.

De 14.317 casos concluidos, 2.912 se cerraron por finalización del plan de la

intervención individualizada, lo que representa un 20% que supera el 12% programado,

lo que le permite a la víctima o testigo aminorar el impacto emocional y social que sufrió,

obtener apoyo para que se restablezca su calidad de vida, empoderarse para que

participe en condiciones emocionales adecuadas en las etapas del proceso penal,

minimizar la revictimización y lograr el acceso a una opción laboral, todo lo cual

promueve una cultura de denuncia de los hechos delictivos y contribuye a disminuir la

impunidad.

Dentro del Programa de Atención y Protección se atiende personas adultas mayores,

mujeres, personas con alguna discapacidad física, mental, temporal o definitiva, asuntos

que solo se pueden abordar personalmente y así procurar valoraciones de riesgo,

asesoría, estudio de seguridad, valoración, terapia etc., los cuales por el estado de las

personas destinatarias de la ley resulta necesario desarrollarlos en su casa de

habitación, lugar de trabajo, centro hospitalario, centro penitenciario, entre otros. Del


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total de visitas se contabilizaron 5.933 visitas domiciliarias, y de total de visitas 5.661 se

ejecutaron por parte de los profesionales en criminología, derecho, psicología y trabajo

social. Estas visitas dan acceso a los servicios que presta la institución, en especial, las

víctimas en condición de vulnerabilidad que no cuentan con ingresos económicos que

les permitan trasladarse a los Tribunales de Justicia; por otra parte, esta estrategia de

trabajo permite cotejar el acceso inicial a los servicios y el cumplimiento de las medidas

extraprocesales recomendadas a los (as) destinatarios (as) de la ley, en los casos en

trámite.

Del total de casos cerrados (8.772 asuntos) en el Programa de Protección el 8% de los

12% programados se clasificó bajo la causal de exclusión denominada “desaparición del

riesgo”, es decir un 66,6% de la meta. Sin embargo, este resultado se da ya que el

ingreso al programa es voluntario y algunas personas luego de la entrevista inicial

deciden no ingresar, y otras solo se presentan a algunas de las citas y posteriormente

abandonan el servicio; lo anterior conlleva al cierre de expedientes por falta de interés, e

impide que se concluya el plan de protección y se genere un cierre por desaparición del

riesgo. Como medida correctiva se proyecta para el 2017 un mayor seguimiento al tema

de ausentismo a citas, así como visitas a las sedes regionales para analizar en equipo la

exclusión de casos y sus motivos de cierre.

De acuerdo con la información remitida por la institución y a los resultados que se pueden

observar, la gestión del ente judicial está respaldada por el logro de las metas de los indicadores

en un alto grado de cumplimiento, en todos sus programas presupuestarios; así como en la

ejecución de los recursos financieros asignados; los cuales le permiten contribuir con la misión

institucional; al contar con medidas alternativas de solución de conflictos, donde las personas

víctimas puedan cubrir su necesidad de información, participación, de empatía, de indemnización

y de seguridad, y la persona que comete el delito asume la responsabilidad y las consecuencias

de sus acciones, comprometiéndose a reparar el daño, procurar el cambio y su reintegración a la

sociedad. Asimismo, las metas de las tasas de resolución y pendencia alcanzadas al 100%,

evidencian que los casos se están resolviendo con mayor celeridad y cantidad, quedando menos

casos pendientes al finalizar el año.


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De igual manera, la prestación de defensa pública contribuye a garantizar la plena vigencia de

los derechos, libertades, garantías e intereses de las personas, en forma ágil y oportuna en los

procesos judiciales; mientras que la atención y protección a las víctimas y testigos permite

disminuir el impacto causado por el delito y prevenir la victimización secundaria, así como las

visitas domiciliarias, posibilitan a los habitantes ejercer el derecho de acceso a la justicia,

especialmente a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

4. OBSERVACIONES

Se reconoce el esfuerzo de la institución por acatar la recomendación de años anteriores de no

incluir información abundante, reiterativa, ni actividades operativas o internas. Sin embargo, se

reitera la solicitud de que para los siguientes procesos de seguimiento y evaluación, se apeguen

estrictamente a lo solicitado por esta Dirección y no remitan información adicional, a menos que

se les solicite con posterioridad; en este sentido las liquidaciones presupuestarias incluidas en el

informe institucional no eran necesarias, ya que para esos efectos se contaba con una fuente

oficial.

Asimismo, es necesario que se basen en la información actualizada de la Ley de Presupuesto

Ordinario y Extraordinario del año evaluado, con el fin de brindar los datos completos y correctos

para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas; puesto que en su autoevaluación hubieron

algunas diferencias de lo presentado con la Ley actualizada, como la omisión de la unidad de

medida de la producción del programa Servicio Jurisdiccional.

También es importante hacer un reconocimiento al esfuerzo realizado por el programa Defensa

Pública por atender la observación planteada en el informe de seguimiento 2016, de aplicar los

cuestionarios para medir la satisfacción de los usuarios en un plazo que permitiera rendir

resultados para el presente informe.

Respecto a la ejecución del presupuesto autorizado al Poder Judicial para 2016, cabe mencionar

que a pesar de las dificultades que le impidieron ejecutar todos sus recursos, el nivel de

ejecución alcanzado es relativamente similar al de los últimos años, por encima del 90%. Sin


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embargo, llama la atención la justificación de la ejecución de algunas subpartidas, para las que

se indica que son sobrantes que dejan para imprevistos o bien que se realizó una mayor

estimación de los recursos realmente utilizados. En atención a lo anterior, se recomienda una

revisión del precio estimado de los bienes y servicios para que la formulación de recursos sea

más ajustada a la realidad del mercado local e internacional, así como un monitoreo permanente

sobre las variables del mercado que les permita redirigir oportunamente los recursos sobrantes

hacia otras necesidades más apremiantes.

En cuanto a los compromisos no devengados, es reiterativo su mención en este informe e

informes anteriores, como un elemento que afecta negativamente la ejecución presupuestaria

programada para el año en evaluación, principalmente como consecuencia de los problemas de

ejecución de la partida Bienes Duraderos. Por lo que se recomienda al equipo de trabajo

interdisciplinario para el Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto, prestar especial atención

al tema de los procesos de contratación y realizar una intervención más efectiva, por cuanto a

pesar de aplicar medidas reiterativamente, los resultados no son los deseados.

Al programa Servicio de Defensa pública, se recomienda analizar la continuidad de medir los

indicadores con respecto a los porcentajes de satisfacción, puesto que si bien muestran datos

importantes; según la información suministrada, sus resultados difieren de la opinión de los

expertos; por lo que debe ser evaluado el valor y objetividad de continuar midiendo de esta forma

la calidad del servicio brindado. Asimismo, realizar las acciones necesarias para contar con los

datos de la producción del último trimestre del año y así brindar los datos completos en el

informe de evaluación anual.

Por su parte, al programa Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, se les

solicita dar estricto seguimiento a las medidas adoptadas en relación a los casos que son

excluidos del programa por falta de interés; ya que depende de las razones por las cuales los

(as) usuarios (as) no continúan con dicho programa, el riesgo puede permanecer, con las

consecuencias que ello implica.


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