presencia histórica de grupos armados al margen de la ley en el choco

Alvaro Rolando Pérez Castro

Abogado

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1

Estudio sobre la Presencia histórica y actual de grupos armados al margen de la ley en el

departamento del Choco.


Abogado

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2

INTRODUCCIÓN ................................................................................. 4

2. ALGUNAS GENERALIDADES SOBRE LOS GRUPOS

GUERRILLEROS .............................................................................. 10

3. EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PARAMILITARES14

3.1. INCURSIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN EL BAJO ATRATO (1996 – 2000)

......................................................................................................... 15

3.2. SEGUNDA FASE: INCURSIÓN MEDIO Y ALTO ATRATO (2000 – 2002)

......................................................................................................... 27

3.3. TERCERA FASE: INCURSIÓN EN EL VALLE DEL SAN JUAN (2001) .. 37

3.4. EL LITORAL PACÍFICO ................................................................. 40

3.5. DESMOVILIZACIÓN DEL BLOQUE ELMER CÁRDENAS BAJO EL MANDO

DE DANIEL HERRERA, ALIAS EL ALEMÁN ............................................ 43

4. DESARROLLO DEL CONFLICTO EN EL URABÁ CHOCOANO

O BAJO ATRATO ............................................................................. 45

4.1. TERRITORIOS COLECTIVOS ......................................................... 53

4.2. RESGUARDOS INDÍGENAS ........................................................... 61

4.3. PERSPECTIVA POR MUNICIPIOS ................................................... 66

Unguía.......................................................................................... 67

Acandí .......................................................................................... 72

Riosucio ....................................................................................... 78

El Carmen del Darién ................................................................ 102


Abogado

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3

Belén de Bajirá .......................................................................... 120

5.- CARGOS Y AFIRMACIONES PRESENTADAS POR FREDY

RENDON HERRERA, ALIAS “EL ALEMAN”

6. Testimonios Pruebas de cargos y de descargo; análisis

probatorio y reglas normativas de interpretación .

7.-Solicitud de Preclusión


Abogado

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4

Introducción

El propósito de este estudio es caracterizar la expansión y

consolidación paramilitar en el Chocó haciendo énfasis en la

participación de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Sin

buscar incurrir en conceptos subjetivos que le resten seriedad al

presente documento emprendemos una labor que nos permite dar

clara cuenta de la distancia tan enorme que existio entre el

desarrollo de estos grupos paramilitares y la labor política del doctor

Odin Sánchez Montesdeoca

En términos temporales se profundiza entre mediados de los años

noventa, momento en que se inicia la incursión de los paramilitares

en el departamento del Chocó, y 2005 – 2006, cuando se concreta

la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas.

Los paramilitares entraron al Chocó después de actuar con especial

intensidad en el norte del Urabá Antioqueño, la zona bananera

(Antioquia) y el sur del Urabá Antioqueño, proceso que se dio entre

1994 y 1997. Después adquirieron una influencia muy importante en

el Bajo y Medio Atrato, en el norte del Chocó, a partir de 1997 –

1998. Más adelante, a finales de la década de los años noventa, en

estas zonas y particularmente en el norte del Chocó, los

paramilitares se transformaron en el Bloque Elmer Cárdenas, bajo el

mando de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, hasta su

desmovilización en 2006.

Es importante aclarar que si bien se hace referencia al conjunto del

Chocó, se hace énfasis en el norte, principalmente a las regiones


Abogado

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5

del Bajo y Medio Atrato, pues fue ahí en donde se concentró la

actuación del Bloque Elmer Cárdenas. Igualmente se hará

referencia a algunos municipios del Urabá Antioqueño y el

departamento de Córdoba, costeros, pues ahí también tuvo

influencia esta agrupación.

Para desarrollar este estudio se consultaron informes del

Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, la

Fundación Seguridad y Democracia y el Sistema de Alertas

Tempranas de la Defensoría del Pueblo, del los que se reproducen

muchos apartes, en aras de hacer precisión sobre aspectos

particulares. Así mismo se consultó material de prensa.

El informe se desarrolla en varios apartes o capítulos. En el primero

se presentan algunas generalidades sobre el departamento del

Chocó y se destacan algunos aspectos por los cuáles se convirtió

en estratégico para los grupos armados irregulares. En el segundo

se presentan muy brevemente algunas generalidades sobre la

presencia de los grupos guerrilleros que hacían presencia en el

Chocó desde antes del ingreso de los paramilitares. En el tercero se

resume brevemente la incursión, expansión y consolidación de los

paramilitares entre 1996 y 2006, en el Chocó, estableciendo

diferencias por regiones, para el conjunto del departamento. En el

cuarto y el quinto capítulos se profundiza en el Medio y Bajo Atrato,

regiones en donde fue especialmente importante la participación del

Bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de Freddy Rendón Herrera,

alias El Alemán. En estos dos capítulos se analiza con detalle el


Abogado

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6

desarrollo de la confrontación y se hacen precisiones por

municipios, resguardos indígenas, territorios colectivos y

Comunidades de Paz. Se traen igualmente ejemplos sobre los

casos de la coca, la explotación de madera y las explotaciones de

palma africana.

1. Generalidades y carácter estratégico del Chocó para los

grupos irregulares

Por su ubicación geográfica y topografía el departamento del Chocó

es estratégico para los actores armados irregulares, guerrillas y

paramilitares, por ser un corredor natural entre el centro del país y

las costas pacifica y caribe, por el que se trafica armas y droga

principalmente. Este departamento ubicado al noroccidente de

Colombia, está atravesado de norte a sur por los ríos Atrato, San

Juan y Baudó, los cuales junto con sus afluentes, conforman una

amplia red fluvial por la que se mueven estos mercados ilegales y

alrededor de la que ha avanzado el conflicto armado en la última

década. Esta importancia estratégica llevó a los actores armados a

establecerse y más adelante disputar el control sobre el territorio del

Chocó. Desde mediados de los años setenta y principios de los

ochenta el departamento se convirtió en una zona de retaguardia y

abastecimiento para la guerrilla, por lo que Farc, ELN, EPL y ERG

hacían presencia en la región, y desde mediados de los noventa las

autodefensas del Urabá antioqueño incursionaron, especialmente

en la región del Atrato, transformando el departamento de una zona


Abogado

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7

de retaguardia a una de confrontación directa entre los diferentes

actores armados1.

En cuanto a los grupos paramilitares se identificaron tres elementos.

El primero es el interés económico en el departamento expresado

en el narcotráfico y en la expansión de proyectos agroindustriales,

en específico los cultivos de palma aceitera. El segundo, el

componente antisubversivo que se manifiesta en la constante

confrontación con la guerrilla, especialmente con las Farc, y el

tercero, el control social y político que ejercen en gran parte del

departamento. Estos elementos se conjugan en las cuatro

dinámicas relacionadas con estos grupos. Estas dinámicas se

diferencian por el frente paramilitar que incursionó, el momento en

que incursionó y se consolidó, y los intereses estratégicos que

motivaron su movilización hacia el Chocó. Algunas de estas se

inscriben en subregiones geográficas marcadas por los grandes ríos

que atraviesan el departamento, por lo que conviene analizar cada

una por separado. Las dinámicas que se identificaron fueron las del

bajo Atrato, el medio y alto Atrato y la del Valle del San Juan. Todas

estas mantienen una relación directa con la subregión del Litoral

Pacífico, pero el énfasis se concentra en el Medio y Alto Atrato en

razón al peso del Bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de Freddy

Rendón Herrera, alias El Alemán.

1 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó.

Bogotá, 2006.


Abogado

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8

El departamento del Chocó tiene una extensión de 46.530 km2.

Gran parte de su territorio corresponde a áreas selváticas y rurales,

y sus principales vías de comunicación son los ríos, pues la mayor

parte de estos son navegables por medianas y pequeñas

embarcaciones. Posee dos inspecciones fluviales: la de Riosucio

sobre el río Atrato y la de Itsmina sobre el río San Juan2. Para las

comunicaciones marítimas cuenta con dos puertos, uno sobre bahía

Solano en el océano Pacífico, y otro en Acandí, sobre la costa del

mar Caribe. Sólo existen dos vías terrestres principales que

comunican la capital del departamento con el interior del país, estas

son las de Quibdó – Pereira (Risaralda) y Quibdó – Medellín

(Antioquia). El departamento se divide en subregiones marcadas en

gran parte por los grandes ríos que lo atraviesan. Estas son: el bajo,

medio y alto Atrato; el alto, medio y bajo San Juan y el litoral

Pacifico. Según las proyecciones del DANE para el año 2005 la

población del departamento es de 416.000 habitantes, de los cuales

el 88% pertenecen a las comunidades negras y el 4.68% a las

indígenas, el resto de la población es blanca o mestiza3.

2 Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003. Panorama Actual del

Choco. Bogotá: Presidencia de la República, p. 2. 3 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó.

Bogotá, 2006, p 2-3


Abogado

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9

Fuente: Fundación Seguridad y Democracia

De acuerdo con algunas características similares, los municipios del

departamento se pueden subdividir en las siguientes subregiones:


Abogado

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10

- Bajo Atrato: conformada por los municipios de Acandí, Ungía,

Carmen del Darién, Riosucio y Belén de Bajirá. Este ultimo se

encuentra en litigio entre los departamentos del Chocó y

Antioquia.

- Medio Atrato: conformada por los municipios de Bojayá,

Quibdó y Atrato, este último segregado de Quibdó en 1997.

- Alto Atrato: conformada por los municipios de El Carmen de

Atrato, Bagado y Lloró.

- Valle del San Juan: conformada por los municipios de Tadó,

El Cantón de San Pablo, Itsmina, Condoto, Novita, San José

del Palmar, Sipí y el Litoral de San Juan.

- Litoral Pacifico: conformada por los municipios de Pizarro o

Bajo Baudó, Nuquí, Alto Baudó o Pie de Pató, Bahía Solano y

Juradó4.

2. Algunas generalidades sobre los grupos guerrilleros

Es importante hacer referencia muy brevemente a la presencia de

las guerrillas desde antes de la llegada de los grupos paramilitares

pues esto permite comprender posteriormente la dinámica que se

presentó entre estas agrupaciones irregulares y las disputas que los

enfrentaron.

De las guerrillas, las Farc son las que han tenido la mayor presencia

en el departamento y han mantenido un nivel alto de confrontación

con los diferentes grupos paramilitares. Esta guerrilla hace


Bogotá, 2006. p 3


Abogado

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11

presencia en el Chocó desde los años ochenta con el frente 5 que

más adelante se desdobló en los frentes 34 y 57. Este frente

ingresó por el norte consolidándose en la parte montañosa de los

municipios de Unguía, Acandí y Riosucio; después de haber perdido

el control sobre el puerto de Turbo, sobre el Golfo de Urabá, cerca a

la frontera con Panamá más o menos en 1995 y 1996. Por estos

años, las Farc dominaron esta zona selvática. Incluso, se llegó a

saber que allí poseían una retaguardia y "campamentos de

descanso", a donde iban guerrilleros heridos o de avanzada edad5.

Esta presencia histórica de la guerrilla fue contrarrestada y

disputada por los grupos paramilitares a mediados de la década de

los noventa, época en la cual se comienzan a dar las primeras

movilizaciones de este grupo, proveniente en su gran mayoría del

Urabá antioqueño6.

Más adelante, en el año 2000, las Farc

ingresaron por el sur a las regiones del Litoral Pacífico y el San

Juan, específicamente a los municipios de Sipí, Medio San Juan y

San José del Palmar. Este grupo empezó a ascender desde el

departamento del Valle partiendo de Buenaventura, pasando por

Calima (Darién) y el Cañon de las Garrapatas, llegando hasta el

departamento del Chocó con el fin de apoderarse de uno de los más

importantes corredores hacia el Pacífico7.

5 BBC Mundo. El corredor de la disputa sangrienta. 9 de mayo de 2002. En

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_1975000/1975157.stm 6 Conferencia Episcopal del Colombia, 2003. Medio Atrato: entre la tragedia, el destierro y el

abandono. Bogotá, p. 3.

7 Esta zona estaba bajo el dominio del grupo conocido como “Los Rastrojos”, bajo los órdenes del jefe de la mafia, Wilber Varela. Sin embargo, por la disputa sostenida entre este

último narcotraficante y Montoya, otro narcotraficante, con su agrupación armada, “Los Machos”, se abrió un vació en términos de control y seguridad en la zona, el cual fue

aprovechado por las Farc para incursionar en territorios hasta ese entonces controlados por los brazos armados del narcotráfico. Las Farc comenzaron a subir, manteniendo

enfrentamientos con los grupos de autodefensa y sosteniendo eventualmente combates

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_1975000/1975157.stm


Abogado

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12

De esta forma, como se observa en los gráficos, la confrontación

entre las Farc y los paramilitares fue intensa en el bajo Atrato hasta

2002, cuando se registró el pico más alto en el departamento y a

partir del cual empezó a descender, y luego se fue desplazando

hacia la subregión del San Juan, donde se han registrado dos picos

en 2002 y 2004, y donde se presentaba la mayor confrontación en

20068.

Enfretamientos Chocó

1998 - 2005

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

FARC v s Autodefensas ELN v s Autodefensas Otros

Fuente: Fundación Seguridad y Democracia

contra la Fuerza Pública. Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de

Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006, pp. 3-4. 8 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó.

Bogotá, 2006. p 4


Abogado

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13

Enfretamientos Chocó por Subregiones

1998- 2005

0

2

4

6

8

10

12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bajo Atrato San Juan Medio Atrato

Litoral Pacifico Alto Atrato

Fuente: Sistema de información de la Fundación Seguridad y

Democracia

En 2006 hacían presencia en el departamento el frente 57 en el bajo

y medio Atrato, el 34 en el medio Atrato, específicamente en los ríos

Neguá y Bebará en zona rural de Quibdó, el alto Atrato y el medio y

alto San Juan; el 47 en el medio San Juan y el Bloque Móvil Arturo

Ruiz en el medio San Juan y el Litoral Pacífico.

Por su parte, el ELN también ingresó al departamento en los años

ochenta con el Frente Manuel Hernández El Boche que aún opera

en los municipios de El Carmen del Atrato, Lloró, Bagadó, Río Quito

(Paimadó), zona rural de Quibdó y Nuquí y el Che Guevara en

Tadó9.


Bogotá, 2006. p 5


Abogado

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14

3. Expansión y consolidación de los Paramilitares

En síntesis, se puede afirmar que en el Chocó operaron estructuras

de las AUC de otros departamentos: inicialmente las Autodefensas

Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU10

, y posteriormente el

―bloque Élmer Cárdenas‖ en las zonas bajo y medio Atrato que

consolidaron el corredor que desde Córdoba y Urabá conecta con la

costa pacífica en el Norte del departamento del Chocó. (Informes de

Riesgo No. 006-07AI del 9 de marzo de 2007, No. 016-06 AI de

Abril 27 de 2006 y No. 031-06 AI de Julio 28 de 2006) También

actuaron en el Chocó Los bloques Calima y Pacifico procedentes

del Valle del Cauca, en el Bajo, Medio y Alto Baudó, con el

propósito de conectar los caminos que van hacia la serranía del

Darién, en linderos con la republica de Panamá, y las rutas fluviales

y marítimas que confluyen al puerto de Buenaventura en el Valle

del Cauca. Por su parte, el bloque Metro, Frente Héroes del Chocó,

incursión en los municipios de Condoto e Istmina. Durante el 2001 y

2004, el bloque Calima y Pacifico absorbieron al bloque Metro y se

constituyeron en el poder armado de la subregión11

.

10 El Córdoba y Urabá actuaron grupos paramilitares desde los años ochenta, inicialmente

estructuras del Magdalena medio que fueron llevadas por Fidel Castaño desde el Magdalena

Medio; estas se desmovilizaron parcialmente a finales de 1990. Posteriormente, entre 1994 y 1996, se formaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, bajo el mando

de Carlos Castaño, pues su hermano Fidel falleció en 1994. Ver: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Dinámica de la Confrontación Armada en Córdoba. Bogotá,

2009. 11 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No. 037-

06AI del 31 de Agosto de 2006.


Abogado

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3.1. Incursión y consolidación en el bajo Atrato (1996 – 2000)

Profundicemos en el norte del Chocó, en las regiones del Medio y

Bajo Atrato, por donde inicialmente ingresaron los paramilitares que

después quedaron bajo la influencia del Bloque Elmer Cárdenas,

bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán.

En 1996, cuando los paramilitares lograron el control sobre el Urabá

antioqueño y expulsaron a las Farc de esta región, empezaron las

presiones sobre el Urabá chocoano (Medio y Bajo Atrato). En este

año, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU,

incursionaron en el bajo y medio Atrato, y paulatinamente en otras

subregiones del departamento, como se verá adelante. El interés de

las autodefensas era controlar el territorio para tomar los corredores

que comunican el centro del país con el Pacifico y la frontera con

Panamá, y así asegurar el control sobre el Urabá Antioqueño,

bloquear a la guerrilla y expandir la frontera agrícola de Antioquia

hacia el Chocó con proyectos agroindustriales como la palma

aceitera. Para esto, ingresaron por el norte, desplazándose por el

río Atrato desde el Golfo de Urabá hasta Acandí, Unguía y Riosucio.

En este momento, las Farc se replegaron hacia la zona selvática,

mientras los paramilitares se consolidaron en las cabeceras

municipales del bajo Atrato y realizaban entradas ocasionales a las

cuencas de los ríos12

.


Bogotá, 2006. p 5


Abogado

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16

Anterior a esta incursión, en los años ochenta y principios de los

noventa, grupos paramilitares ya habían realizado entradas

esporádicas a esta subregión. Como respuesta a la consolidación

de la guerrilla, así como al fortalecimiento de la Unión Patriótica en

los escenarios de poder local en los municipios del bajo Atrato, a los

intereses de acumulación de capital asociados a la agroindustria

que se consolidaba en todo el Urabá, y a la compra de tierras en el

litoral pacífico por parte de narcotraficantes13

, las autodefensas del

Urabá antioqueño, hicieron presencia ocasional en estos municipios

cometiendo desapariciones y homicidios como el de Didiel Angulo

Cortés, concejal de Riosucio por la UP y presidente de la Unión

Campesina, en la vereda Riónegro de este municipio en 1988 y el

homicidio de José Pérez Rodríguez, candidato a la Alcaldía de

Riosucio, y Salomón Pérez Pineda, candidato al concejo municipal,

ambos por el M-19, en 199214

. Sin embargo, fue durante la fase de

incursión iniciada en 1996, cuando los homicidios aumentaron

considerablemente. De acuerdo con la tasa de homicidio del

departamento entre 1990 y 2005, se registró un alza desde 1996,

siendo 1997 el pico más alto, cuando la tasa fue de 76 homicidios

por cada cien mil habitantes, en adelante hpch. Esta alza se

relaciona con el incremento en las tasas de los municipios del Urabá

chocoano, Acandí, Unguía y Riosucio. Más adelante, en 2000 y

2004 se registraron nuevamente alzas. En 2000 esto se explica por

el aumento en la tasas de Carmen de Atrato y Tadó, hacia donde se

13Citado en: El Pueblo. 2004. Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, 2004. Los derechos humanos en el departamento del Chocó. Bogotá: Presidencia

de la República. 14 Bando de datos del Cinep, 2005. Deuda con la Humanidad: Paramilitarismo de Estado

1988 – 2003. Bogotá: Cinep.


Abogado

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17

trasladó la disputa territorial entre paramilitares y guerrillas, y en

2004 por el aumento en San José del Palmar.15

Tasa de Homicidio en Chocó por cada cien mil habitantes

1990 - 2005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Policía Nacional y proyecciones de población DANE

Además del aumento en los homicidios, con la incursión paramilitar

y los operativos realizados en febrero de 1997 por la Fuerza Aérea

junto con tropas de la Decimoséptima Brigada del Ejército en

desarrollo de la ―Operación Génesis‖, donde fueron bombardeados

varios caseríos, se registró el éxodo más grande de población civil

en la historia del departamento. Cerca de 15.000 personas se

desplazaron hacia el corregimiento de Pavarandó en el municipio de

Mutatá y Turbo, en Antioquia, y Quibdó y otras comunidades


Bogotá, 2006. p 6


Abogado

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18

cercanas, en el Chocó. Estas comunidades retornaron a sus

territorios en 1998 proclamándose como Comunidades de Paz con

un alto acompañamiento nacional e internacional. Ante esto los

paramilitares bajaron el perfil de sus acciones, pues cometer abusos

de gran impacto contra la comunidad representaba un alto costo

político nacional e internacional. Así, disminuyeron los homicidios

pero aumentó la presencia de grandes grupos de hombres armados

en las comunidades, quienes regulaban las actividades de los

pobladores. En este mismo año las Farc, en específico el frente 57,

regresaron a las cabeceras de los ríos, registrándose un aumento

en los enfrentamientos directos entre las guerrillas y los grupos de

autodefensa, que alcanzó su nivel más elevado en 2002.16

En 2001, los paramilitares, que ya se encontraban en el bajo Atrato,

fueron reforzados desde el Urabá Antioqueño, constituyéndose el

Bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de Freddy Rendón, alias ―el

Alemán‖. Varios entrevistados afirmaron que ―El Alemán‖era un

narcotraficante que operaba en Bahía Solano antes de ser el

comandante de este bloque. Con la llegada del Elmer Cárdenas

aumentó la capacidad militar de los paramilitares quienes avanzaron

desde Turbo y Riosucio hacia el medio Atrato, específicamente

hacia los municipios de Bojayá y Murindó (Antioquia)17

.


Bogotá, 2006. p 7 17 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó.

Bogotá, 2006. p 7


Abogado

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19

Es importante hacer algunas precisiones sobre la participación de

Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, a partir de fuentes

periodísticas, para formarse una idea sobre el papel que cumplió.

Se afirma que ―El Alemán‖ llegó a Necoclí en 1994, como ayudante

de un camión cervecero. Se enamoró de la zona y allá tuvo su único

hijo. Venía de Medellín, luego de que su familia fuera desplazada

por la violencia de la vereda las Ánimas, en Amalfi, Antioquia. Sus

padres sólo pudieron costearle estudios hasta primero de

bachillerato, y el trabajo como ayudante fue la única opción que tuvo

al ver frustrado sus sueños: ser policía o piloto de avión18

.

Una vez radicado en Necoclí, comenzó a trabajar como tendero de

un almacén de víveres. ―Los campesinos me contaban historias de

los guerrilleros y yo les pasaba la información a las autodefensas‖,

comentó a SEMANA sobre sus inicios en un pequeño grupo que

luego se conoció como La 70, porque alguna vez llegó a ese

número de miembros. Pero en ese momento eran sólo 19, los que

compartían una obsesión: librarse del azote de la guerrilla del EPL y

de su líder 'Bocatula', "el personaje más macabro que ha pasado

por la región". Tomó la decisión de vincularse de lleno al grupo en

1996, con sólo 22 años de edad. Ahí recibió la pistola cromada 9

milímetros que aún portaba y que tuvo con salvoconducto: ―Llegó

Carlos Castaño, nos reunió y se echó un discurso de dos horas que

me dejó boquiabierto‖19

.

18 El „Führer‟ de Urabá, Semana, Sábado 29 Julio 2006 19 El „Führer‟ de Urabá, Semana, Sábado 29 Julio 2006


Abogado

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20

Por otro lado se anota que el inicio del Bloque Élmer Cárdenas de

las AUC, se remonta a 1995 cuando en la zona rural de Urabá se

crearon los grupos de autodefensas campesinas llamados ―Los

Velengues‖ y el ―El grupo de la 70‖20

. De éste último hacía parte

Élmer Cárdenas, campesino de Mello Villavicencio, vereda de

Necoclí. Cárdenas murió en un combate con la guerrilla en 1997 y

en honor a él se creó formalmente el Bloque que lleva su nombre, y

que desde el principio estuvo bajo el mando de ―El Alemán‖. Era el

segundo de la organización y murió por el tiro certero de un

guerrillero, cuando iba en una lancha a la altura de Remacho, por el

río Jiguamiandó21

.

En 1998, Rendón aún no estaba convencido del todo de que su

verdadera vocación fueran las autodefensas. Para superar la crisis

que esto le generó, viajó a Francia con ocasión del Mundial de

fútbol, una de sus pasiones. Conoció varios países europeos y

luego se trasladó a Estados Unidos, país que d ice admirar: ―Es la

democracia más perfecta del mundo, tanto que casi parece una

dictadura‖.

A finales de ese mismo año regresó a Colombia convencido de que

su camino era la guerra. Su obsesión por el orden y la disciplina le

hizo merecedor del apodo de ―El Alemán‖. En ese momento tomó

las riendas del grupo y su relación con algunos de sus subalternos,

llegó a ser tan estrecha que lo llamaban ―apá‖. ―Dicen que tengo

20 Paramilitares y conflicto armado en Colombia, verdadabierta.com 21 El „Führer‟ de Urabá, Semana, Sábado 29 Julio 2006


Abogado

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21

dotes de pastor, porque me gusta orar y encomendar todo lo que

hago a Dios‖22

.

Sin embargo, su ascenso en el grupo respondió a cualidades más

terrenales. Su alma de guerrero se convirtió en el pasaporte de

entrada a las grandes ligas del paramilitarismo y, en especial, a la

casa de los Castaño, oriundos de su misma región. Fue por eso

que nació el mito de que eran familiares, pues en la primera reunión

de las Autodefensas Unidas de Colombia, en Córdoba, tanto

Vicente como Carlos se referían a él como ―el primo‖. En privado le

decían ―Alemancito‖.23

Su pasión por el combate era tal, que incluso en uno de los

encuentros de las AUC, mientras todos descansaban, él hacía tiros

de ametralladora en el polígono, según lo confirmaron tres jefes

paras. En entrevista a SEMANA en julio de 2006, ―El Alemán‖

aseguró que eso es mito y que su labor había sido más de

estrategia que en la línea de batalla. ―Yo nunca he participado en

ninguna confrontación con la guerrilla‖, dijo. ¿Cuál era la razón para

negarlo? Tal vez era el temor a que lo relacionaran directamente

con los centenares de muertes de civiles que se le atribuyen a su

grupo y con las que se tiñó de sangre este trozo de selva24

.

También que ad portas de su desmovilización, el grupo continuara

combatiendo. Durante la segunda semana de julio de 2006 fueron

noticia las refriegas en Taparal y Truandó, cerca de Riosucio. Esta

22 Ibidem 23 Ibidem 24 Ibidem


Abogado

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22

vez la guerrilla llegó a una zona maderera en la región del Élmer. La

ocupación dejó un saldo confirmado de 14 aserradores muertos,

pero algunos de los sobrevivientes, consultados por SEMANA,

aseguraron que dentro de la selva quedaban por lo menos cinco

cuerpos más, sin contar las bajas de cada bando. 25

Interesa ahora hacer precisiones sobre el área de cubrimiento del

Bloque Elmer Cárdenas. Según una fuente cubría los municipios de

San Pedro, San Juan, Necoclí, Arboletes, en el norte del Urabá

antioqueño. En el Chocó actuaba en el medio y Bajo Atrato, Unguía,

Acandí, Riosucio; y en el occidente de Antioquia su influencia

pasaba por Mutatá, Dabeiba, Uramita, y llegaba hasta Frontino,

Cañas Gordas y Caicedo. En toda ésta área había una activa

presencia de las Farc, particularmente de los Frentes 5, 57 y 58.

También algunos grupos del ELN.26

Además, por todos sus costados, el Bloque Elmer Cárdenas

limitaba con otros frentes paramilitares como el Bloque Bananero,

que actuaba en la zona agroindustrial de Urabá, con el Bloque

Calima, en el bajo Atrato, y con el Bloque Suroeste en Antioquia27

.

Esta información se contrastó con un mapa que suministró el

Observatorio Presidencial de los Derechos Humanos y DIH,

25 Ibidem 26 En Córdoba actuaba en Canalete y Los Córdobas. (Negrete Barrera., Víctor. Córdoba: Sin

paz ni desarrollo. Centro de Estudios Sociales y Políticos Universidad del Sinú.

27 Paramilitares y conflicto armado en Colombia, verdadabierta.com


Abogado

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23

construido con base en información de las autoridades Militares y de

Policía, y salvo diferencias, coincide.

BLOQUE ELMER CARDENAS

1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

CORDOBA

1 LOS CORDOBAS

2 VALENCIA

3 TIERRALTA

ANTIOQUIA

4 SAN PEDRO DE

URABA

5 ARBOLETES

6 SAN JUAN DE URABA

7 NECOCLI

8 TURBO

9 APARTADO

10 CAREPA

11CHIGORODO

CHOCO

12 ACANDI

13 UNGUIA

14 RIOSUCIO

15 QUIBDO

SUMINISTRADO POR EL OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LOS DDHH Y DIH

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CARTOGRAFIA DANE

Fuente: Ejército y Policía Nacional


Abogado

______________________________________________________________________

24

Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos

Humanos y DIH: ―Entre 2000 y 2004, se dio un proceso de

reorganización del dispositivo de las autodefensas en la zona. La

jurisdicción del Eje Bananero fue asumida por dos frentes: el frente

Turbo, comandado por ―Hernán Hernández‖ – quién luego asumió la

comandancia del bloque Conjunto Calima en el departamento del

Valle – y el frente Bananero, a cargo de alias ―Cepillo‖. Estas dos

estructuras se encontraban bajo el mando de Carlos Castaño, y uno

de sus hombres de confianza, ―Pedro Ponte‖. En el Urabá

chocoano, con la incursión de los grupos de autodefensa a la región

del Atrato, se configuró el bloque Élmer Cárdenas, al mando de

alias ―El Alemán‖.28

A finales de la década de los 90, los municipios del Bajo Atrato en

especial las cuencas de los ríos Quiparadó, Truandó, Curvaradó y

Domingodó , se constituyeron en objetivo de disputa entre las

ACCU y los frentes 57 y 34 de las FARC, con la finalidad de

detentar el control territorial de los futuros megaproyectos de palma

aceitera, el canal interoceánico Atrato-Truandó, los corredores de

movilización hacia el Océano Pacífico, por los municipios de Bahía

Solano y Juradó, la conexión por el norte con la frontera con

Panamá, para el tráfico de armas y logistica para la guerra, la

explotación de recursos naturales (minerales, maderas preciosas),

28 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No. 058- 05

del 30 de noviembre de 2005. Carmen del Darien. P 2


Abogado

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25

los caminos ancestrales que se interconectan con el Urabá y el

occidente de Antioquia, y los circuitos de producción, procesamiento

y comercialización de la coca.

Inicialmente la confrontación se centró en las cabeceras de

municipales de Riosucio y Carmen del Darién y posteriormente se

extendió a las cabeceras de los ríos29

.

En la década de 2000, el panorama de consolidación de los actores

armados se puede describir de la siguiente manera: el bloque Élmer

Cárdenas detenta el control de las cabeceras de Riosucio y Carmen

del Darién y las desembocaduras de los ríos Quiparadó, Truandó,

Curvaradó y Domingodó, consolidando su dominio a través de

palma aceitera y los sembrados de coca en las riveras de los ríos30

.

Por su parte la guerrilla, ejerce el dominio en las áreas rurales

apartadas de las cabeceras municipales, las partes altas de las

cuencas de los ríos, controlando los extremos que comunican con

el océano Pacífico, Panamá y el departamento de Antioquia, la

producción de la hoja de coca y la distribución de sus derivados. 31

La incursión paramilitar igualmente trajo para la subregión del bajo

Atrato una transformación en la dinámica económica. Los

paramilitares obligaron a las comunidades, especialmente la

29 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo Informe de Riesgo Nº 058-05

del 30 de noviembre de 2005, Carmen del Darién, p. 2 30 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo Informe de Riesgo Nº 058-05

del 30 de noviembre de 2005, Carmen del Darién, p. 2. 31 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 058-05

del 30 de noviembre de 2005, Carmen del Darién, p. 2


Abogado

______________________________________________________________________

26

población joven, a explotar ilegalmente la madera de la región, la

cual era comercializada por ellos, así como en 2000, a participar o

de lo contrario abandonar sus territorios, en la implementación de

los cultivos ilegales de palma aceitera32

.

El Bloque Élmer Cárdenas estuvo ligado al narcotráfico en el Urabá

y el Chocó. En su zona de influencia no sólo hay cultivos ilícitos,

sino que el Bloque les cobraba una cuota a todos los

narcotraficantes para sacar la droga por Necoclí, y el Golfo de

Urabá. Por esta misma zona ingresaban las armas para las

autodefensas. Ambas actividades, el tráfico de drogas y de armas,

también involucraban en Urabá a otros comandantes como H.H y

Raúl Hasbún33

. (Paramilitares y conflicto armado en Colombia,

verdadabierta.com)

Al respecto el Observatorio de Derechos Humanos y DIH, afirma lo

siguiente: ―Aunque en un principio Urabá fue usado sólo como

puerto, progresivamente fue ocupando un lugar en las distintas

etapas de producción de la cocaína. En distintas zonas, se fueron

extendiendo los cultivos de uso ilícito, que eran custodiados por

guerrilleros o autodefensas, dependiendo de quien tuviera el

dominio en el área. Simultáneamente, se instalaron laboratorios,

conocidos como cristalizaderos, donde llegaba el producto sin

terminar, para ser procesado y empacado. Los cristalizaderos de

32 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 7 33 (Dinámica reciente de la confrontación armada en el Urabá antioqueño. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2006; p.30)


Abogado

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27

coca, en su gran mayoría, eran manejados por autodefensas que se

encargaban de vender el producto terminado a los traficantes. Estos

últimos invirtieron en la compra del producto terminado34

.

Posteriormente, la mercancía era transportada a los puntos de

embarque que en Urabá estaban bajo la custodia de integrantes de

las autodefensas, quienes cobraban una cuota por cada kilo y para

la utilización de rutas. Varios embarcaderos están ubicados en la

costa pacífica chocoana, en Nuquí (Panguí), Coquí, Bahía Baudó,

además de las rutas tradicionales por el Golfo de Urabá. Es

relevante mencionar que a esta región también llegan cargamentos

de droga de otras zonas del país; en este sentido, se ha tenido

noticias sobre toneladas de cocaína que son traídas desde el

oriente del país, pasan por el Magdalena Medio, luego por Montería

y terminan en el Golfo – siendo ésta tan sólo una de las rutas35

-.

En cuanto a la exportación de la coca, el embarque de forma ilegal

se hace en buques mercantes internacionales que llegan a la zona

para cargar banano o a través del uso de lanchas rápidas – también

llamadas go fast – que llevan la carga hasta Panamá. Estas

lanchas, con cuatro motores fuera de borda, se demoran entre seis

y doce horas entre el puerto de Turbo y la ciudad de Panamá.‖36

3.2. Segunda fase: incursión medio y alto Atrato (2000 – 2002)

34 El Colombiano, “Los Carteles de la droga tienen nuevos señores”.

http://www.elcolombiano.com/proyectos/serieselcolombiano/textos/narcotrafico/ julio20/carteles.htm

35 (Dinámica reciente de la confrontación armada en el Urabá antioqueño. Observatorio del

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2006; p.30) 36 Ibidem

http://www.elcolombiano.com/proyectos/serieselcolombiano/textos/narcotrafico/julio20/

http://www.elcolombiano.com/proyectos/serieselcolombiano/textos/narcotrafico/julio20/


Abogado

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28

En este aparte nos referimos al medio y alto Atrato.

Medio Atrato

El medio Atrato, conformado por los municipios de Bojayá, Quibdó y

Atrato, este último segregado de Quibdó en 1997, es estratégico por

los corredores que se configuran en su territorio. El más importante

es el que comunica a Vigía del Fuerte en Antioquia, pasando por

Bojayá, con Bahía Cupica en el litoral, a través de los ríos Opogadó,

Napipí y sus afluentes. Esta es la ruta más corta hacia el mar por la

que se trafican armas y droga. Además, es una zona de la que se

extraen varios recursos naturales como la madera y el oro.

Igualmente, se encuentran las vías más importantes de acceso al

departamento que comunican a Quibdó con Antioquia, Risaralda y

Valle. Estas vías atraviesan el alto Atrato por los municipios de

Carmen de Atrato, Lloró y Bagadó. Actualmente hacen presencia

los frentes 34 y 57 de las Farc, el frente Manuel Hernández El

Boche del ELN y el Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU. Los

paramilitares tienen menos control sobre el Atrato propiamente

dicho, las Farc tienen más influencia sobre los ríos y caños, y el

ELN hace presencia en la zona rural de Quibdó37

.

Desde los años ochenta, el medio Atrato era utilizado por la guerrilla

como lugar de retirada luego de las ofensivas realizadas en las

regiones de Urabá, Antioquia y Córdoba. En 1997 las ACCU, que el


Bogotá, 2006. p 7 - 8


Abogado

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29

año anterior habían incursionado en el bajo Atrato, se movilizaron

por el río Atrato hasta la cabecera municipal de Bojayá, Bellavista, y

Vigía del Fuerte (Antioquia) en el medio Atrato. Al igual que en el

bajo Atrato los paramilitares asesinaron, torturaron y amenazaron a

la población. Además, instalaron un retén permanente en Vigía del

Fuerte y otros temporales en otros puntos del río, desde donde

controlaban la entrada y salida de personas, alimentos,

medicamentos, etc. Con la llegada de los paramilitares, las Farc se

replegaron hacia la zona selvática, donde permanecieron hasta

1998 cuando retornaron a las cabeceras de los ríos.

Aunque la Policía no registró homicidios durante estos años en

Bojayá, pues el subregistro para este municipio es muy grande, el

Banco de Datos del Cinep, reportó 7 homicidios y 4 desapariciones

entre 1997 y 1998 a manos de paramilitares. El control paramilitar

se mantuvo hasta el 25 de marzo de 2000, cuando las Farc

atacaron simultáneamente a Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bojayá

(Bellavista), hechos en los que fueron destruidas las instalaciones

de Policía de ambos municipios y muertos no menos de 21 agentes,

así como civiles en el municipio antioqueño38

. De esta forma, las

Farc retomaron el control sobre estos centros poblados el cual

mantuvieron hasta 2002, cuando los paramilitares, fortalecidos

militarmente con la llegada del Bloque Elmer Cárdenas al bajo

Atrato, avanzaron desde Turbo y Riosucio hacia el medio Atrato,

específicamente hacia los municipios de Bojayá y Murindó

(Antioquia), este último considerado el fortín de la guerrilla. Según

38 Observatorio de DDHH y DIH, 2003. op.cit. p. 7.


Abogado

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30

entrevistas, para esta época muchos de los combatientes de las

Farc, aproximadamente 2000, que se encontraban en los municipios

de la Zona de Distensión en el departamento de Caquetá, se

desplazaron y refugiaron en esta zona del Chocó ante la posibilidad

del rompimiento de los diálogos con el gobierno de Andrés

Pastrana. En abril de 2002 los paramilitares ingresaron al casco

urbano de Bojayá, Bellavista, donde permanecieron hasta el 2 de

mayo de 2002 cuando se produjo un enfrentamiento entre el Bloque

José María Córdoba de las Farc y los paramilitares dejando como

resultado la muerte de 119 personas y múltiples heridos. Después

de este enfrentamiento los paramilitares empezaron a subir por

tierra a las cuencas de los ríos del medio Atrato, pues fueron

concientes que para tener el control total sobre esta subregión,

debían apropiarse de las cabeceras donde se refugiaban las Farc.

En esta fase llegaron a controlar los ríos Opogadó y Napipí, pero no

el Bojayá, el cual hasta hoy sigue bajo el dominio de las Farc.

Después de este enfrentamiento la Armada Nacional tomó el control

sobre el río Atrato, pero no el de las cuencas39

.

Por su parte, el Bloque Metro de las AUC comandado por alias el

Brujo, incursionó en Quibdó en 1996, al parecer, según varios

entrevistados, por invitación de los comerciantes cansados de la

extorsión por parte de la guerrilla. Quibdó es un caso particular, se

encuentra en medio de las dinámicas del bajo, medio y alto Atrato, y

la subregión del San Juan, haciendo que todos los actores


Bogotá, 2006. p 7 - 8


Abogado

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31

irregulares ejercen presión sobre ella, aunque su presencia

actualmente no sea tan evidente. Hasta 1996, las Farc y el ELN

controlaron la cabecera municipal, por lo que durante la incursión

paramilitar el principal objetivo fue golpear a las milicias y las

estructuras de inteligencia de la guerrilla. Los paramilitares

cometieron asesinatos selectivos que se manifestaron en el

ascenso de la tasa de homicidio en 1996, siendo 1998 el pico más

alto, como se puede observar en el gráfico más abajo. Aunque el

movimiento social y comunitario por estos años no era muy fuerte

en el departamento, las principales víctimas de los paramilitares

fueron, además de las personas relacionadas con la guerrilla o

señaladas de ser colaboradores de la misma, miembros de las

organizaciones o instituciones que impulsaban la organización

comunitaria. Uno de estos homicidios fue el ocurrido el 18 de

noviembre de 1999, cuando fueron ejecutados el sacerdote

colombiano Jorge Luís Mazo Palacios, Párroco del municipio de

Bojayá y el cooperante vasco Iñigo Egiluz Tellería, miembro de la

comunidad española de ayuda humanitaria Paz y Tercer Mundo,

PTM, en momentos en que regresaban de atender a poblaciones

desplazadas del municipio de Murindó (Antioquia) y se encontraban

frente a las instalaciones de la Gobernación, en la ciudad de

Quibdó. El hecho ocurrió hacia las 9:30 p.m., cuando los

paramilitares estrellaron la panga (embarcación rápida) en que se

desplazaba contra el bote de madera de 18 metros de largo en que

viajaban las víctimas, acompañadas de varios campesinos, entre

ellos algunos menores de edad, y misioneros de la Diócesis de

Quibdó, destruyendo la embarcación, golpeando directamente a


Abogado

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32

Iñigo y Jorge Luís y lanzando a todos los pasajeros a las aguas del

río Atrato40

.

Tasas de Homicidio municipios del Medio Atrato

1990 - 2005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

QUIBDO BOJAYA CHOCO


Aunque los paramilitares siempre mantuvieron un bajo perfil en sus

actuaciones, operando sin uniformes ni distintivos y en motocicletas

sin placas, hasta 2001 era evidente la presencia del Bloque Metro

en la ciudad. Una vez desarticulado este bloque por el Cacique

Nutibara, este último bajo el mando de Diego Murillo mejor conocido

como ―Don Berna‖, no se conoce con exactitud que frente opera en

la capital. Al parecer los paramilitares que se encontraban en la

cabecera municipal realizaron un acuerdo con ―Don Berna‖ para

seguir actuando en la ciudad. Algunos entrevistados afirmaron que

40Banco de datos del Cinep. 2005. op. cit. p. 277.


Abogado

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33

el frente que operó allí después del Metro, fue el frente Héroes del

Chocó del Bloque Pacífico que se desmovilizó en agosto de 2005.

En 2006, no era claro a que frente pertenecían, aunque su

presencia seguía manifestándose en asesinatos selectivos,

amenazas y extorsiones. Además había aumentado

considerablemente el número de casas de empeño o compra venta,

las cuales funcionan como un medio para el lavado de dinero

proveniente del narcotráfico41

.

De otro lado, a diferencia de lo sucedido en otras ciudades, las

pandillas no fueron cooptadas por los paramilitares; al contrario en

esos años habían sido víctimas de las limpiezas que realizaban

estos grupos. Durante el control del Bloque Metro no era evidente la

presencia de pandillas, después de su desarticulación empezó la

proliferación de estas. En 2006, operan en algunos barrios

periféricos de la ciudad alrededor de 40 pandillas42

, las cuales se

dedicaban al hurto y a la venta y consumo de droga al detal.

La dinámica de la zona rural se diferenciaba de la urbana.

Tradicionalmente las guerrillas habían controlado esta zona.

Actualmente hacen presencia de las Farc los frentes 34, en la

cuenca del Neguá, y el 57 en la del Munguidó, y del ELN el frente

Manuel Hernández El Boche. Este último dedicado a realizar

secuestros en la vía que conduce a Pereira. De acuerdo con la


Bogotá, 2006. p 10 42 Algunos de los barrios donde estas pandillas operan son: San Vicente, San Martín, Playita,

Simón Bolívar, Las Mercedes, Palenque, El Porvenir y la Aurora, entre otros.


Abogado

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34

Defensoría del Pueblo, la presencia del frente 57 de las Farc en la

cuenca del Munguidó ha estado asociada a la importancia de este

afluente para habilitar corredores desde Quibdó hacia la subregión

del Baudó, al interés, a propósito de la expansión desde el 2003 de

las zonas de cultivos ilícitos bajo dominio de esta guerrilla, de

mantener el control sobre el cultivo y el procesamiento de la coca, y,

a la importancia táctica de este territorio en función de la

confrontación con la Fuerza Pública. Mientras que la presencia del

frente 34 en la cuenca del Neguá, está fundamentada por el interés

de controlar el corredor que comunica a la subregión del Atrato

Medio Chocoano con el Antioqueño y el Suroeste de este

departamento, y por el interés de captar recursos para el

financiamiento de su estructura armada proveniente de las

exacciones sobre la explotación minera.43

Alto Atrato

La subregión del alto Atrato está conformada por los municipios de

El Carmen de Atrato, Bagado y Lloró. La importancia estratégica de

esta zona es el eje vial que atraviesa la parte montañosa de esta

región y comunica la capital con los departamentos de Risaralda y

Antioquia pasando por el municipio de Urrao. Además limita con la

subregión del San Juan que se ha vuelto especialmente estratégica

en los últimos años. Allí se concentran grandes extensiones de

cultivos de uso ilícito, así como gran parte de la explotación de oro

43 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No. 037-05.


Abogado

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35

del departamento. Tradicionalmente habían hecho presencia el

frente Manuel Hernández El Boche del ELN, el frente 34 de las Farc

y el ERG, mientras que los paramilitares a partir de 1996 lo hicieron,

al parecer, con el Bloque Metro, sin embargo, en El Carmen de

Atrato los grupos de autodefensa hacían presencia desde principios

de la década de los noventa. De acuerdo con el informe del

Observatorio de la Vicepresidencia antes citado, el ingreso de

agrupaciones de autodefensa provenientes de Antioquia se dio

desde 1991 y es factible identificar una primera fase que se

prolongó hasta 1996 - 1997. Durante estos años su labor consistió

en ―limpiar‖ la carretera El Carmen de Atrato- Quibdó. A partir de

1996 el municipio entró a ser disputado por autodefensas y

guerrillas, especialmente con el ELN, y los homicidios subieron

sustancialmente44

Como se puede observar en el siguiente gráfico,

la tasa de homicidio del Carmen de Atrato está muy por encima de

la de los otros municipios de la subregión y la departamental. Se

observa un ascenso desde 1996 registrándose dos picos en 1998 y

2000. Los paramilitares realizaron asesinatos selectivos y masacres

como la de tres indígenas Embera en la vereda Zabaleta, el 13 de

junio de 1998. Este día los paramilitares incursionaron y se llevaron

a los indígenas dos de los cuales fueron hallados muertos y uno

permanecía desaparecido en 2006. Las víctimas fueron acusadas,

por el Comandante de Policía del Chocó, de pertenecer al grupo

guerrillero ERG, versión que fue desmentida por la organización

indígena a la que pertenecían. El hecho originó el desplazamiento

44 Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003. op.cit. p. 16.


Abogado

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36

forzado de 162 habitantes a la cabecera municipal45

. Durante estos

años, igualmente se registró un ascenso en los enfrentamientos

entre la guerrilla y los paramilitares. A partir de 2001 la forma de

ejercer control sobre la población fue la de confinamiento. La

población fue victima de bloqueos económicos y restricciones a su

movilidad, lo que se suma a las acciones de la guerrilla consistentes

en retenes, piraterías, quema de vehículos, destrucción de torres y

combates con la Fuerza Pública46

.

Tasas de Homicidio municipios del Alto Atrato

1990 - 2005

0

40

80

120

160

200

240

280

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

BAGADO EL CARMEN DE ATRATO LLORO CHOCO


Lloró y Bagadó reportaron tasas de homicidio por debajo de la

departamental. A pesar de la presencia de los paramilitares en la

vía y las zonas urbanas de estos municipios, no se registraron

45 Bando de datos del Cinep, 2005. op.cit. 46 Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003. op.cit. p. 16.


Abogado

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37

registrado grandes acciones por parte de estos, pues la guerrilla

mantenía un fuerte control en esta zona. En Bagadó hacían

presencia en 2006 en la zona rural el frente Manuel Hernández El

Boche del ELN, el Bloque Móvil Arturo Ruiz de las Farc y el ERG.

Aunque el ELN, era el que históricamente había controlado esta

región y ya había atacado en 1997 y 2000 la estación de Policía47

,

las Farc empezaron luego a ganar terreno. Muestra de ello fue el

ataque de fuerzas combinadas de las Farc y el ELN a la Policía del

corregimiento de San Marino en el municipio de Bagadó el 18 de

diciembre de 2005 que dejó como resultado ocho policías muertos,

nueve heridos y 29 secuestrados quienes fueron liberados dos días

después por presión de la Fuerza Pública. En Lloró también se

registraron ataques a la Fuerza Pública por parte del ELN48

.

3.3. Tercera Fase: incursión en el valle del San Juan (2001)

En el valle del San Juan se ubican en la parte alta del río los

municipios de Tadó y el Cantón de San Pablo, en la parte media

Itsmina, Condoto, Novita y San José del Palmar, y en la baja Sipí y

el Litoral de San Juan49

.

Esta subregión se volvió especialmente estratégica a partir de 2001.

Utilizando los caños y afluentes del San Juan, esta región es un

corredor entre los departamentos del Valle y Risaralda, y el Litoral

Pacífico, por lo que la confrontación armada entre guerrillas y

47 En 1997 y 2000, el ELN atacó el puesto de Policía, dejando como resultado la muerte de

seis policías y varios civiles heridos, en el primer ataque, y de 5 policías y un civil muerto, en el segundo. 48 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 13 49 Ibidem


Abogado

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38

paramilitares fue trasladando desde el norte del departamento hacia

estos municipios. El principal objetivo de estos grupos era controlar

las subregiones del San Juan y Litoral Pacífico para el cultivo,

procesamiento y comercialización de la coca, y en algunos

municipios también controlar la producción minera. En 2001 ingresó

el Bloque Metro de las Autodefensas, que una vez desarticulado por

el Cacique Nutibara, se transformó en el frente Héroes del Chocó.

En 2002, incursionó el Bloque Pacifico el cual comenzó a ascender

desde Buenaventura, por el río San Juan, pasando por el Litoral de

San Juan, y alcanzado a llegar a la zona rural del municipio de

Itsmina. Este bloque absorbió el frente Héroes del Chocó, pues en

el momento de su desmovilización, el 23 de agosto de 2005, este se

presentó como parte del Bloque Pacifico. Después de la

desmovilización del frente Héroes del Chocó otros paramilitares

denominados Autodefensas Unidas del Norte del Valle tomaron el

control de la región. 50

En cuanto a las guerrillas, antes de esta incursión, las Farc, el ELN

y el ERG hacían presencia en la región. Las Farc lo hacía con el

frente 34 que en los últimos años ha sido reforzado por el Bloque

Móvil Arturo Ruiz, el cual se movilizó desde Buenaventura, y el

frente 47 que operaba en el oriente Antioqueño y el nororiente y

noroccidente caldénse, y que ingresó a esta región a mediados de

2004 ante la presencia de la Fuerza Pública que bloqueaba las

50 Ibidem. p 13 - 14


Abogado

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39

rutas hacia el Pacifico para el tráfico de droga, así como limitaba la

capacidad militar y de sostenimiento de las Farc. 51

Al observar las tasas de homicidios subdividiendo el San Juan en

sus partes alta, media y baja, se tiene que la zona media, donde se

ubican los municipios de Itsmina, Novita, Condoto y San José del

Palmar, ha sido la más complicada. A partir de 1995 se registra un

ascenso siendo 1997 el pico de estos años. Luego desciende hasta

2000 cuando empieza a ascender nuevamente registrando dos

nuevos picos en 2002 y 2005. El primer pico se explica por el

aumentó de los homicidios en Itsmina y el segundo por el de San

José del Palmar, donde se ha concentrado últimamente la disputa

entre guerrilla y paramilitares. San Juan alto también presenta tasas

altas, ubicándose por encima de la departamental. En esta zona, los

homicidios registrados en Tadó tienen un gran peso. Este ha sido

un municipio igualmente en disputa entre los grupos irregulares.52

51 Ibidem . p 14 52 Ibidem. p 14


Abogado

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40

Tasas de homicidio Valle del San Juan

1990 - 2005

0

100

200

300

400

500

600

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

San Juan alto San Juan medio San Juan bajo Chocó


3.4. El Litoral Pacífico

En el sur del litoral se encuentra Pizarro o Bajo Baudó, en el centro

Nuquí, Alto Baudó o Pie de Pató, y Bahía Solano y en el norte

Juradó. A lo largo del litoral hacen presencia los frentes 57, 30 y

Bloque Móvil Arturo Ruiz de las Farc, el ELN en algunas zonas, el

frente Elmer Cárdenas de las ACCU y las Autodefensas Unidas del

Norte del Valle, además de organizaciones de seguridad privada al

servicio de narcotraficantes. También hizo presencia el Bloque

Pacifico con el frente Héroes del Chocó53

.


Bogotá, 2006. p 10


Abogado

______________________________________________________________________

41

Juradó y Bahía Solano registraron tasas de homicidio por encima de

la departamental. En el caso de Juradó se observan dos picos en

1996 y 1999. Aunque los paramilitares ejercían presión sobre este

municipio, el aumento en el número de homicidios en estos años se

debe en gran parte a las actuaciones de las Farc. Esta guerrilla

realizó acciones en contra de la población como la de 1999 cuando

se tomó el casco urbano y atacó a la Policía y la base de la

Infantería de Marina. Este municipio es estratégico para la salida de

coca y la entrada de armas, por lo que desde 2002 la Armada

Nacional recuperó el control sobre su casco urbano e hizo presencia

de la Policía, ocasionando una disminución en los homicidios. Sin

embargo, en la zona rural continuaba en 2006 la presencia del

frente 57 de las Farc, del Bloque Elmer Cárdenas de las

autodefensas y de pequeños narcotraficantes que se enfrentaban

ocasionalmente. Además, con la instalación de la Estación de

Policía en Juradó, las Farc se replegaron hacia el corregimiento de

Bahía Solano, Bahía Cupica, hacia donde se desplazó la disputa

con los paramilitares expresada en enfrentamientos y amenazas en

contra de la población. En el marco de esta disputa, el frente 57

atacó a los paramilitares el 18 de noviembre de 2002, donde 16

integrantes de este grupo murieron degollados54

. En el 2003 las

Farc incursionaron 4 veces al poblado de Cupica, lanzando

amenazas contra supuestos colaboradores de las AUC y

provocando el desplazamiento de 8 familias.55

54 El Mundo. Más de 16 paramilitares mutilados por las Farc. En:

http://www.elmundo.com.ve/ediciones/2002/11/19/p1-10s1.htm 55 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó.

Bogotá, 2006. p 10


Abogado

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Tasas de homicidio municipios del Litoral

1990 - 2005

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ALTO BAUDO BAHIA SOLANO BAJO BAUDO JURADO NUQUI CHOCÓ


En el caso de Bahía Solano, además de la presencia del frente 57

de las Farc, los paramilitares y las entradas esporádicas del ELN, se

debe tener en cuenta la influencia del narcotráfico y de los grupos

de autodefensa desde hace muchos años y recordar que individuos

relacionados con el cartel de Cali compraron allí tierras desde los

años ochenta56

. En este municipio así como en Bajo Baudó, Nuquí y

Alto Baudó la presencia y control de los paramilitares era

mayoritaria. Hasta la desmovilización del frente Héroes del Chocó,

por estar atravesado por el río Baudó, el municipio de Alto Baudó o

Pie de Pató era el centro de operaciones para el transporte y la

56 Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003. op.cit. p. 18.


Abogado

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43

comercialización de la coca desde el interior del departamento hacia

el Pacífico. Los paramilitares transportan por este río los

cargamentos de coca en lanchas rápidas llamadas Go Fast. En

2006 operaban allí las Autodefensas Unidas del Norte del Valle

quienes tomaron el control de lo dejado por el Héroes del Chocó.

(Chocó, p. 15)

3.5. Desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de

Daniel Herrera, alias El Alemán

Para efectos de este informe es importante precisar que el Bloque

Elmer Cárdenas se desmovilizó entre 2004 y 2006. De hecho fue la

última organización en hacerlo a nivel nacional.

El bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas, BEC –

AC, en diciembre de 2004, anunció la desmovilización de sus

combatientes y a la par emprendió un movimiento estratégico de

sus tropas en los principales sitios de acceso al Urabá y el Bajo

Atrato, estableciendo un cordón de contención que les permitiría

ejercer el control territorial sobre el Urabá antioqueño, el Bajo

Atrato, la parte occidental de Antioquia y los municipios de Tierralta,

Puerto Libertador y Montelibano en Córdoba57

.

57 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo. Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 7


Abogado

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44

El 12 y 30 de abril de 2006, tres frentes del BEC –AC conformados

por 793 hombres, se desmovilizaron en sitios neurálgicos por su

importancia geoestratégica (la ultima fase de la desmovilización de

aproximadamente 700 combatientes, incluido su comandante el

―Alemán‖ que actuaban sobre las márgenes del río Atrato y las

cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Cacarica -Balsa, Quiparadó,

Curvaradó y Domingodó, se realizaría en el municipio de Unguía).

Territorialmente, la concentración de desmovilizados en Necoclí y

Turbo les posibilitará controlar el Norte de Urabá y el acceso a

Córdoba, igualmente la agrupación de hombres en Turbo les

permitió ejercer el dominio sobre la carretera Panamericana, el

Tapón del Darién, y los municipio de Unguía y Acandí; asimismo, la

permanencia de sus tropas en las cuencas de los ríos Truando,

Salaqui, Cacarica –sitio Balsa, Quiparadó, , Curvaradó, y

Domingodó, complementaría el anillo de contención sobre los

municipios del Carmen del Darién, Ríosucio, Belén de Bajirá, y

Mutatá, y les facilitaría además la conformación de cooperativas de

seguridad (los desmovilizados estaban tratando de involucrar a las

comunidades negras), la implementación de proyectos

agroindustriales y la constitución de organizaciones productivas y

sociales (desconociendo o sustituyendo las establecidas por

afrodescendientes e indígenas) mediante el Plan de Alternatividad

Social -PASO58

.

58Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo. Informe de

Riesgo Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 7


Abogado

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45

4. Desarrollo del Conflicto en el Urabá Chocoano o Bajo Atrato

Teniendo en cuenta la importancia de Freddy Rendón Herrera, alias

El Alemán, en el norte del Chocó, a continuación se profundiza

sobre la dinámica de la expansión paramilitar en esta parte.

Esta subregión esta conformada por los municipios de Acandí,

Ungía, Carmen del Darién, Riosucio y Belén de Bajirá. Este ultimo

se encuentra en litigio entre los departamentos del Chocó y

Antioquia. Es una zona estratégica para los actores armados, pues

la frontera con Panamá, las costas en el pacifico y el Golfo de Urabá

en el caribe, hacen que los mercados ilegales se desarrollen

fácilmente. Por esta zona se traficaban armas, droga, precursores

químicos, madera y personas secuestradas, entre otros59

.

Es una zona de colonización en la cual habitan Afrodescendientes,

indígenas de diversas etnias, “chilapos” (campesino costeño)

provenientes de la sabana cordobesa y paisas llegados de

Antioquia y el eje cafetero.60

La importancia económica adquirida por los territorios del Bajo

Atrato: suelos para la expansión de la frontera agrícola del Urabá

Antioqueño (plátano, banano, palma aceitera y ganadería

extensiva), reservas naturales para los mercados nacionales e

internacionales (maderas finas, minerales preciosos y radioactivos,


Bogotá, 2006. p. 16 60 Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo. Nº 031-06 de julio 28

de 2006, Ríosucio, p. 3


Abogado

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46

plantas, flora y fauna); sumada a la ubicación geoestratégica

(cruces de caminos que comunican con los océanos Pacifico y

Atlántico), las propuestas de desarrollo y construcción de

megaproyectos que articularán las ofertas regionales con las

demandas de los mercados internacionales (carretera

Panamericana, canal seco interoceánico, megapuertos Ríosucio –

Turbo, y poliducto golfo de Maracaibo –Tribuga) y la implantación de

cultivos de uso ilícito, convirtieron el territorio en un escenario de

disputa entre los actores armados ilegales (guerrilla y

autodefensas)61

.

Durante los últimos 20 años, las comunidades afrodescendientes y

los pueblos indígenas emplazados en el Bajo Atrato han padecido

fuertes presiones de los grupos armados ilegales, colonos y

empresas interesadas en la extracción de los recursos naturales.

Durante la década del 80 las agrupaciones guerrilleras de las

FARC, emplearon la subregión como espacio de retaguardia,

descanso y adoctrinamiento ideológico; panorama que cambió

radicalmente a partir de la década del 90 producto de la instauración

y consolidación del modelo paramilitar en Córdoba y Antioquia, que

pretendía limpiar y liberar estos espacios llenos de riqueza y futuro

lucro comercial de la presencia de la insurgencia y la supuesta base

social de apoyo62

.

A finales de los 90 y durante la década del 2000 la arremetida de

paramilitares, de autodefensas y las acciones contraofensivas de

61 Ibidem. p. 4 62 Ibidem. p. 4


Abogado

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47

las FARC, dejaron una estela de muertes, desapariciones y

desplazamientos masivos que desarticularon los tejidos sociales

establecidos, desdibujaron la autonomía e identidades culturales y

rompieron las interacciones espaciales entre las comunidades63

.

Los actores armados ilegales, desconociendo los principios

consagrados en la Constitución de 1991 referentes a la autonomía

de los territorios colectivos y resguardos indígenas, establecieron su

propio ordenamiento territorial orientado a la acumulación de capital

y lucro con fines privados. Mediante la expropiación de suelos

colectivos, la implantación de cultivos agroindustriales (palma

aceitera, y banano), la siembra de pastos para la introducción de

ganadería, el repoblamiento de espacios con foráneos adeptos a

sus mandatos, la repartición de motosierras para intensificar la

explotación de bosques, y la introducción de cultivos de uso ilícito,

comienzan a instaurar un nuevo orden social, productivo y de

acumulación económica en la subregión, en contravía de los

principios y nociones de reproducción y desarrollo sostenible

establecidos por pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas

(se comienzan a dar las condiciones para la inserción del territorio a

las necesidades del capital y en consecuencia la depredación de

comunidades y el hábitat).64

La confrontación armada entre las FARC, Frente 57 y las

Autodefensas (inicialmente las Autodefensas Campesinas de

63 Ibidem. p. 5 64 Ibidem. p. 5


Abogado

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48

Córdoba y Urabá de Carlos Castaño y posteriormente el bloque

Élmer Cárdenas al mando de Freddy Rendón Herrera alias el

―Alemán‖) por ejercer el control territorial y social en la subregiòn del

Bajo Atrato, especialmente contra los pueblos indígenas ubicados

en la cuenca del río Truando, ocasionaron muertes,

desplazamientos forzados, inseguridad alimentaría, afectación de

las practicas sociales y culturales y la desestabilización de la

cosmovisión de los pueblos indígenas65

.

En 2006, hacían presencia el Bloque Elmer Cárdenas de las

Autodefensas y el frente 57 de las Farc. Los paramilitares

controlaban el río desde la cabecera municipal de Riosucio hasta el

Golfo de Urabá realizando bloqueos económicos, retenes y

controlando la entrada y salida de personas, alimentos y

medicamentos, mientras que las Farc lo hacían sobre los afluentes

del Atrato buscando comunicar el interior del país con la costa

pacifica. Los ríos más importantes de esta región son el Salaquí,

ubicado a la altura del casco urbano de Riosucio y que conduce

hacia el litoral y la frontera con Panamá; el Jiguamiandó y

Curvaradó a la altura de El Carmen del Darién que comunica con

Antioquia y el Truandó, que conduce hacia el Litoral. Sobre el

Jiguamiandó y el Curvaradó es donde se han concentran grandes

extensiones de cultivo de palma aceitera y proyectos de ganadería

extensiva.66

65 Ibidem. p. 5 66 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó.

Bogotá, 2006. p. 16


Abogado

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49

Desde los años ochenta las Farc controlaron esta región hasta 1996

cuando los paramilitares incursionaron desde el Urabá Antioqueño.

―Desde mediados de 1996 comenzaron a circular rumores que los

paramilitares tenían la intención de tomar el control de Riosucio. El

6 de octubre de aquel año, las ACCU mataron a varios campesinos

en la comunidad de Brisas de la Virgen, situada entre los

departamentos de Chocó y Antioquia. Durante el ataque, los

paramilitares dijeron que pronto tomarían el control de Riosucio (…)

el 20 de diciembre de 1996, en horas de la mañana, llegaron a

Riosucio 80 paramilitares en cuatro lanchas rápidas y secuestraron,

sacándolos de sus casas, a 5 personas entre las que se encontraba

el alcalde de esta época. Uno de ellos fue liberado y los otros cuatro

fueron asesinados67

. La estrategia de los actores armados era

garantizar el control sobre el Atrato y sobre el corredor existente

entre Mutatá – Dabeiba y el municipio de Juradó a través de los ríos

Jiguamiandó y Salaquí, principalmente68

. La incursión paramilitar y

los operativos realizados en febrero de 1997 por la Fuerza Aérea

junto con tropas de la Decimoséptima Brigada del Ejército en

desarrollo de la ―Operación Génesis‖, con el fin de atacar al frente

57 de las Farc que hacía presencia en la zona, en los que según

testimonios de los pobladores de la región, fueron bombardeadas

las comunidades de Caño Seco, Tamboral y Arenales, en la cuenca

del río Salaquí, ocasionó el desplazamiento de casi todas las

67 Amnistía Internacional, 2000. Informe: Colombia retorno a la esperanza. Las comunidades

desplazadas de Urabá y del Medio Atrato. En: http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230232000?open&of=ESL-398 68 Defensoría del Pueblo, 2002. Resolución Defensorial No 25 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano.

Bogotá. En: http://www.defensoria.org.co/?g=d&_s=d2&n=25

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230232000?open&of=ESL-398

http://www.defensoria.org.co/?g=d&_s=d2&n=25


Abogado

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50

comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Cacarica,

Jiguamiandó, Curvaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí, entre

otros69

. Cerca de 15.000 personas se desplazaron hacia el

corregimiento de Pavarandó en el municipio de Mutatá y Turbo en el

departamento de Antioquia, y hacia Quibdó y otras comunidades

cercanas en el Chocó. Ante esta incursión las Farc se replegaron

hacia las cabeceras de los ríos y la región del medio Atrato.

En 1998 las comunidades desplazadas retornaron a sus territorios

proclamándose como Comunidades de Paz con un alto

acompañamiento nacional e internacional. Ante esto los

paramilitares bajaron el perfil de sus acciones, pues cometer abusos

contra la comunidad como masacres, torturas o desplazamientos

representaba un alto costo político. Así, los paramilitares hacían

presencia constante en los caseríos y en algunos casos el número

de hombres armados superaba el número de la población, de esta

manera, mantenían el control sobre las comunidades, sometiéndola

a sus reglas y en algunos casos obligándola a trabajar para ellos.

Sin embargo, la decisión autónoma de las Comunidades de Paz del

bajo Atrato de asumir una alternativa pacífica e independiente frente

al conflicto, y exigir a los actores armados involucrados respeto a su

opción de vida, fue tomada como una provocación y un desafío a

tales actores (…) – por lo que - según la información recibida por la

Defensoría del Pueblo, entre 1996 y 2002 fueron asesinadas 106

69 Ibíd. p 4.


Abogado

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51

personas pertenecientes a las Comunidades de Paz y al proceso de

retorno de Cacarica, y 19 personas fueron desaparecidas.70

Al analizar la tasa de homicidio de los municipios que conforman la

subregión del bajo Atrato se observa que el periodo más crí tico fue

el de 1993 a 1998. Es importante aclarar que no se cuentan con

datos de Carmen del Daríen ni de Belén de Bajirá, pues el primero

fue segregado de Riosucio en 2000 y el segundo se encuentra en

litigio con el departamento de Antioquia. En el caso de Acandí la

tasa empezó a ascender en 1993 y en 1995 registró el punto más

alto. A partir de este año tendió a la baja. En Unguía y Riosucio,

donde se presenta un alto subregistro, tendieron al alza desde 1993

y en 1997 se registró el punto más alto. De acuerdo con un informe

del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos

y DIH, Riosucio es un caso particular del Urabá chocoano. A juzgar

por las tasas por cada cien mil habitantes calculadas, la situación

más complicada ocurrió entre 1996 y 1997 y bajó

considerablemente desde 1998. No obstante, es un municipio

donde los problemas de registro son muy graves. Según la Policía,

en 1999 sólo se registraron seis homicidios, mientras que según el

Cinep y Justicia y Paz contabilizaron doce y según el Ejército quince

durante el primer semestre. De otro lado, en los 45 meses

comprendidos entre el segundo semestre de 1996 y el primer

trimestre de 2000 ocurrieron al menos un total de 118 homicidios y

desapariciones cuyas víctimas fueron habitantes de Riosucio o


Bogotá, 2006. p. 16


Abogado

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52

integrantes de las Comunidades de Paz originadas en este

municipio. De estos, 89 fueron obra de las autodefensas, 20 de las

Farc y nueve de grupos no identificados71

.

Tasas de homicidio municipios del Bajo Atrato

1990 - 2005

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ACANDI RIOSUCIO UNGUIA CHOCO


Aunque no se cuenta con datos históricos sobre la situación de

seguridad en Carmen de Daríen y Belén de Bajirá, en 2006 la

atención se centraba en estos municipios, pues es allí donde se

concentraban grandes extensiones de cultivos de palma aceitera y

ganadería. Estos cultivos, así como los proyectos de ganadería

extensiva, habían sido controvertidos por la comunidad, la Diócesis

de Quibdó, las organizaciones nacionales e internacionales que

hacían presencia en la región, la Defensoría del Pueblo y el Incoder,

en una primera resolución, por estar ubicados en Territorios

71 Observatorio de DDHH y DIH, 2003. op. cit. 15.


Abogado

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53

Colectivos adjudicados a las comunidades de las cuencas del

Jiguamiandó y el Curvaradó72

. Desde el año 2000

aproximadamente, grandes empresas palmicultoras, entre las que

se encuentra Urapalma S.A., Palmas S.A. (Palmura), Palmadó y

Palmas de Curvaradó, entre otras, se encontraban sembrando

palma ilegalmente dentro de estos territorios. Este proyecto

agroindustrial se convirtió en un factor adicional de riesgo para las

comunidades afrodescendientes toda vez que, por un lado, las

ACCU al defenderlo y las Farc al atacarlo, los amenazaban y

hostigaban y, por otro, vulneraba la propiedad colectiva, la

inalienabilidad, e imprescriptibilidad del dominio que la Ley 70 de

1993 les garantizaba73

.

4.1. Territorios Colectivos

De gran importancia para entender la dinámica del Bloque Elmer

Cárdenas, es enfocar las zonas de territorios colectivos. El territorio

de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó74

constituyen

un territorio colectivo que forma parte de un corredor estratégico

que conecta los municipios de Mutatá, Dabeiba, Murindó

(Antioquia), Belén de Bajirá y Bojayá, y se extiende por el occidente

hasta el municipio de Tierralta, Córdoba, en inmediaciones del

Parque Natural de Paramillo (...) esta es la vía más corta que usan

72 Este territorio fue titulado a 30 comunidades afrodescendientes y Chilapos el 21 de mayo de 2001 de acuerdo con la ley 70 de 1993. 73 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No 084- 03. 31 de diciembre 2003. 74 El Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curbaradó esta compuesto por 2125 personas (515 familias) afrodescendientes, cuyo territorio titulado colectivamente se

extiende a 54.673 y 25.000 hectáreas respectivamente.


Abogado

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54

los grupos armados ilegales para acceder al río Atrato y salir hacia

el Golfo de Urabá y por el río Salaquí a la frontera con Panamá75

.

Estas comunidades, como casi todas las del bajo Atrato, se han

desplazado y retornado varias veces a sus territorios ante la

confrontación directa entre los grupos armados en los mismos. En

1997, tras la incursión paramilitar y la operación militar Génesis, la

mayor parte de las comunidades del Jiguamiandó y el Curvaradó

decidieron permanecer en sus territorios hasta septiembre de 2001

cuando 1.517 personas, 607 familias, de Pueblo Nuevo, Puerto

Lleras, Nueva Esperanza, Buenavista, Bella Flor Remacho, El Lobo,

Camelias, La Laguna, El Bracito, Apartadocito, Tamboral, Gengadó

Medio, El Cacao, Pital, Villa Luz, Santa Rosa de Limón, Vergel, No

hay como Dios, Bartolo, Santa Fé de Churima, Tesoro, Canal, Caño

Seco y Perro Viejo, se desplazaron, refugiándose en la selva

chocoana, cuando cinco personas pertenecientes a estas

comunidades fueron asesinadas por presuntos paramilitares76

.

En 2006, la población de Jiguamiandó y Curvaradó se encontraba

ubicada en tres lugares distintos. De una parte, las comunidades

que se encontraban dentro del río Jiguamiandó: Pueblo Nuevo,

Nueva Esperanza y Bella Flor Remacho, declaradas como “zonas

humanitarias”. Otra parte de su población se enconntraba ubicada

en el asentamiento de Costa de Oro, ubicado sobre la cuenca del

río Curvaradó y que reúne a 6 comunidades: Camelias, Costa de

75 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Proyecto de Informe de Riesgo No. 040-04

76 Defensoría del Pueblo Resolución Defensorial No 25. op cit. p 5.


Abogado

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55

Oro, Andalucía, San José de Gengadó, Caño Seco y el Guamo.

Otro grupo de personas se encontraba disperso entre los municipios

de Belén de Bajirá, Mutatá, Carepa y Turbo de las cuales no se

tenían los datos precisos del número de familias y personas, así

como sus condiciones de vida77

.

En parte de los territorios de estas comunidades que permanecían

desplazadas es donde se desarrollaban los proyectos de palma

aceitera. Ante esto las comunidades afrodescendientes del

Jiguamiandó y las familias de Curvaradó, que cobijadas con las

medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, habían planteado que no era posible un retorno a sus

lugares de origen si existían siembras agroindustriales de palma

aceitera78

.

Paralelo a los desplazamientos, de acuerdo con la Defensoría del

Pueblo, se registraron en estos años otros hechos como homicidios

de líderes, bloqueos de alimentos, medicamentos y combustible,

restricciones a la movilidad, desapariciones forzadas, torturas,

enfrentamientos con interposición de población civil, hostigamientos

a los caseríos y bloqueo de las vías fluviales y terrestres de acceso

y salida por parte de las ACCU y el Frente 57 de las Farc. Además,

según denuncias de la comunidad, de las exigencias de las ACCU a

77 Defensoría del Pueblo, 2005. Resolución Defensorial No 39 Violación de los Derechos

Humanos por Siembre de Palma Africana en Territorios Colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó – Chocó. Bogotá, p 25. En: http://www.defensoria.org.co/?g=d&_s=d2&n=39 78 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Informe No. 52. Represión para la Siembra de Palma. Hostigamientos y Amenazas. En:

http://www.planetapaz.org/regiones/pacifico/represion_siembra_palma.pdf

http://www.defensoria.org.co/?g=d&_s=d2&n=39

http://www.planetapaz.org/regiones/pacifico/represion_siembra_palma.pdf


Abogado

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56

los pobladores de los caseríos de Jiguamiandó y Curvaradó para

que abandonaran el territorio, pues esas tierras ya pertenecían a las

empresas palmicultoras, o que aceptaran la siembra en el territorio

colectivo.

De acuerdo con el primer informe sobre este tema del Instituto

Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder79

, del 14 de marzo de

2005, el área total intervenida con cultivos de palma de aceite y

ganadería en los territorios colectivos adjudicados a los Consejos

Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, al mes de noviembre de

2004, fecha en que se realizó la visita de verif icación, era de 4.993

has, de las cuales 4.183 has corresponden a cultivos de palma de

aceite y 810 has a actividades de ganadería, distribuidas en 6

empresas80

. En cuanto al área total proyectada para el

establecimiento de nuevos cultivos de palma de aceite y ganadería

en los territorios colectivos adjudicados a estos consejos y en los

predios de propiedad privada excluidos de estos títulos era de

21.142 has81

.

Este mismo informe afirmaba que la situación más grave se

presentaba en el Consejo Comunitario del Río Curvaradó, donde el

área total sembrada por cuatro empresas (Urapalma, Promotora

79 Este informe fue impugnado por las empresas palmicultoras que han adelantado e ste

proyecto. 80 Estas empresas y las hectáreas cultivadas hasta la fecha del informe son: Urapalma. 2.723 has, Palmas S.A. 633 has, Palmadó 80 has, Palmas de Curvaradó 398 has, Fregni Ochoa 349

has y La Tukeka 810 has. Las dos últimas realizan actividades de ganadería. 81 Las hectáreas proyectadas sembrar y las empresas son: distribuidas de la siguiente

manera Urapalma 2931 has, Palmas S.A. 1.500 has, Palmadó 320 has, Palmas de Curvaradó 4.156 has, Fregni Ochoa 1407 has, La Tukeka 594 has, Selva Humeda 234 has, Asibicon

3200 has y Palmas del Atrato 5800 has.


Abogado

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57

Palmera del Curvaradó ―Palmado‖, Palmas del Curvaradó y Palmas

S.A.) alcanzaba una extensión total de 3.636 has, mientras que en

el Consejo Comunitario del Jiguamiandó la empresa Palmas del

Curvaradó, tenía un área sembrada de 198 has. Asimismo, el

establecimiento de los cultivos de palma en esa región,

principalmente en el territorio colectivo de Curvaradó, había

generado grandes impactos ambientales, culturales y sociales

derivados de las obras de infraestructura que se han construido: red

vial de carreteras, canales de drenaje, puentes y cables (garruchas).

Igualmente, se habían efectuado cambios en el uso del suelo, tala

de árboles, secado y desviación de fuentes de agua. La comisión de

verificación llamaba la atención sobre el tremendo impacto que esta

situación ha generado en estas comunidades, no sólo por el

desplazamiento forzado de que habían sido victimas, sino además,

por la perdida y destrucción de sus poblados, sus viviendas, sus

sitios de trabajo tradicionales, las áreas de cultivos familiares y la

desarticulación de su tejido social. Finalmente, el Incoder, en este

primer informe, aseguraba que la estrategia utilizada por las

empresas para acceder a la tierra había sido la compraventa de

mejoras a personas particulares, pertenecientes a territorios

colectivos o a miembros individuales de los consejos comunitarios;

así mismo se habían adquirido tierras o mejoras a personas con

títulos individuales excluidos de territorios colectivos (…) a pesar de

carecer de toda validez jurídica de acuerdo con los artículos 7 y 15

de la Ley 70 de 1993, donde se determina que personas ajenas a la


Abogado

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58

comunidad que ocupen las tierras colectivas no tienen derecho a la

titulación o reconocimiento de mejoras82

.

Sin embargo, siete meses después de este informe, se conoció a

través del Servicio de Noticias del Estado (SNE) que el Incoder

realizó otro informe en el que se impugnaba parte de lo afirmado en

el anterior. Según lo publicado por el SNE ―un total de 131 de los

732 títulos que las comunidades afrocolombianas asentadas en

Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) reclaman como propiedad

colectiva, son propiedad privada. (…) y están debidamente

registrados. De ellos, un total de 39 ya tienen levantamiento

topográfico en terreno. El informe aclara además que esos 39

predios ya visitados, se encuentran dentro de la propiedad colectiva

de Jiguamiandó y Curvaradó. Esto significa que dicha propiedad

privada debe respetarse y descontarse de los títulos colectivos

adjudicados a las comunidades negras de Jiguamiandó y

Curvaradó, tal y como lo había previsto el Incora en el año 2000 (…)

El Incoder tiene plazo hasta marzo de 2006 para concluir el estudio

de los títulos que faltan para clarificar el derecho a la propiedad

entre los propietarios privados individuales y los propietarios

colectivos‖83

Este informe acababa con las posibilidades de declarar

ilegal la ocupación con cultivos de palma, de los territorios

colectivos del Jiguamiandó y el Curvaradó. Al parecer, el Incoder

82 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 2005. Informe: Los Cultivos de Palma de Aceite en los Territorios Colectivos de las Comunidades Negras de los Ríos Curvaradó y

Jiguamiandó, en el Departamento de Chocó. Bogotá. En: http://www.semillas.org.co/articulos.htm?x=868366 83 Servicio de Noticias del Estado (SNE). Dirimen Conflicto sobre Títulos de Propiedad de Tierras en Chocó. Bogota. 20 de octubre de 2005 En:

http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/octubre/20/09202005.htm

http://www.semillas.org.co/articulos.htm?x=868366

http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/octubre/20/09202005.htm


Abogado

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preparó una serie de resoluciones con las que buscaba que los

Consejos Comunitarios de las comunidades afrochocoanas crearan

alianzas económicas con empresas privadas, lo cual resultaba

empatar a la perfección con los proyectos que la Oficina del Alto

Comisionado de Paz había diseñado para la llamada ―reinserción

económica‖ de los desmovilizados84

.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo en la resolución No. 39

afirmaba que las ventas referidas (contratos de compra venta y

mejoras) se hicieron en la etapa inicial del desplazamiento y, en

muchos casos, sin consentimiento de los beneficiarios. En enero de

2003, las comunidades desplazadas e internas en la selva

denunciaron la incursión de grupos de autodefensa, quienes

amenazaron con su presencia constante en la zona y anunciaron

que ―el territorio les pertenecía y que allí establecerían cultivos de

palma aceitera‖85

. Este, al igual que la ilegalidad de los cultivos,

había sido el factor controversial frente a las grandes extensiones

de palma en esta región. De acuerdo con la Comisión Justicia y

Paz86

, las acciones paramilitares en el Jiguamiandó desde 2003

hasta 2006 (como sucedió desde 2001 en el Curvaradó) habían

precedido la ampliación de la frontera agrícola para la siembra de

palma aceitera y la extensión ganadera (…) este era el desarrollo de

una nueva etapa de la estrategia paramilitar que explícitamente,

según Vicente Castaño, se encontraba vinculada con la siembra de

84 Serna, Daniel. La palma de aceite y la usurpación de territorio a las comunidades negras. 6 – 20 de marzo de 2006.En: http://www.actualidadcolombiana.org/, 85 Defensoría del Pueblo, 2005. Resolución Defensorial No. 39 op. cit. 86 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2005. Palma – paramilitarismo en el Bajo Atrato.

En: http://colombia.indymedia.org/news/2005/08/30076.php

http://www.actualidadcolombiana.org/

http://colombia.indymedia.org/news/2005/08/30076.php


Abogado

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palma en la región y al mismo tiempo desarrollaba una estrategia de

control, que sólo era posible por la complicidad de agentes estatales

de la Brigada XVII y la Policía de Urabá (…) Evidentemente la

rentabilidad comercial de la siembra y después, del procesamiento

de la Palma y el desarrollo de mecanismos abiertamente ilegales

para la apropiación de tierras, la violencia y la adquisición falsa de

escrituras, se justificaban como mecanismos que legitiman el

progreso y los intereses privados estratégicos en el Bajo Atrato,

incluyendo, además del Curvaradó, el Jiguamiandó, al Salaquí y el

Cacarica87

.

En este mismo sentido, se encontraba el condicionamiento del

Bloque Élmer Cárdenas de las AUC de adelantar un proceso de

desmovilización de sus hombres, sobre la base de un apoyo

irrestricto por parte del gobierno Uribe a su Proyecto de

Alternatividad Social (PASO), fundamentado, precisamente, en la

consolidación del cultivo de palma africana como alternativa

agroindustrial para toda la región88

. Igualmente el primer informe ya

citado del Incoder llamaba la atención sobre la empresa Palmas del

Atrato que a noviembre de 2004 no había iniciado actividades

productivas (…) pero que venía adelantando negociaciones con la

sociedad ASIBICON para comprarle 5.800 Has de las que esta

87 De acuerdo con las denuncias de las diferentes comunidades, los cultivos de palma se están extendiendo y se extenderán a otros territorios colectivos. Por ejemplo, se denuncia el

establecimiento de semilleros de palma en las zonas contiguas al sitio conocido como La

Balsa, en la cuenca del río Cacarica, territorio colectivo de esta cuenca. Sumado a la situación expuesta, se están sembrando cultivos de coca en el territorio colectivo de Cacarica

impulsados por los grupos paramilitares que operan en la región20, lo cual magnifica los grandes impactos generados por la palma. En: Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial

No. 39. op cit. p 14. 88 Etnias de Colombia, 2004. Palma Africana en el Chocó: una nueva plaga para indios y

negros. En: http://www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=2280

http://www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=2280


Abogado

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sociedad ha comprado a los campesinos y colonos propietarios

privados adjudicatarios del INCORA. En estas hectáreas la empresa

tenía proyectada la puesta en marcha de un gran proyecto de

siembra de palma de aceite, que se desarrollaría principalmente con

población reinsertada de la región y con el apoyo del proyecto

EMPRESARIOS EXITOSOS POR LA PAZ89

.El Bloque Elmer

Cárdenas que no participaba en la mesa de negociación con el

gobierno, había mantenido conversaciones paralelas con el Alto

Comisionado para el Paz con el fin de desmovilizarse. Además del

condicionamiento del proyecto PASO para su desmovilización, el

Bloque propuso como zona de encuentro uno de los municipios del

bajo Atrato. Ante esta propuesta el Foro Interétnico Solidaridad

Chocó expresó ―que en aras de nuestra autonomía exigimos que

este proceso de concentración y desmovilización no se haga en

nuestros territorios ni, mucho menos, que la reinserción se convierta

en un mecanismo de expropiación de nuestras tierras ancestrales.

Así mismo, expresamos la preocupación porque detrás de esta

reinserción surjan nuevas formas de estructuras paramilitares en la

región‖90

.

4.2. Resguardos Indígenas

En el Bajo Atrato ha habido igualmente una afectación en los

resguardos indígenas, entre ellos, los más sobresalientes,

Domingodó, Chintadó-Chimirindó, Quiparado, Peñas Blancas,

89 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 2005. op. cit. 90 Comunicado Foro Interétnico Solidaridad Chocó, reunido en su VII Asamblea los días 10-

14 de noviembre de 2005 en Quibdó, Chocó.


Abogado

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Barranco-Yarumal, Alto Salaquí-Pavarandó, Perancho, Peranchito,

La Raya, Arquía, Tanela, Cuti y Emberá Katío (Pescadito y

Chidima)91

.

Los resguardos indígenas referidos, se encuentran localizados en la

zona del Bajo Atrato, y en los afluentes del río Atrato, en los ríos

Truandó, Domingodó, Cacarica, Perancho, Peranchito, Tanela y

Salaquí, en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Acandí

y Unguía, en el departamento del Chocó. Pertenecen a las etnias

Emberá Katío, Waunana y Kuna Tule y conservan valores culturales

y autóctonos que los destacan como una de las culturas raizales

destacadas en esta zona del país.

Los indígenas del Bajo Atrato habían acudido a su capacidad de

resistencia para preservar sus comunidades, no obstante en 2003,

cuando los efectos del conflicto habían comenzado a socavar y

poner en riesgo su supervivencia cultural y étnica, se habían visto

impelidos a dar a conocer su situación de riesgo, caracterizada por

constantes bloqueos económicos de alimentos y medicamentos,

que habían provocado desabastecimiento y aislamiento de las

comunidades en sus actividades cotidianas de caza, pesca y

agricultura de subsistencia, agravadas por las retenciones de que

eran objeto en retenes ilegales de los grupos armados en los que

los que permanecían hasta por 5 días.92

91 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 034-03 del 25

de abril de 2003, Ríosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí, p.2) 92 Ibidem


Abogado

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A las FARC se las señala de sembrar indiscriminadamente minas

antipersonales en algunos resguardos y de sostener combates con

las AUC dentro de los territorios indígenas, con grave riesgo para

las comunidades. Los líderes y gobernadores de las comunidades

eran buscados con lista en mano por miembros de las AUC y

FARC, acusados de auxiliar al grupo contrario. Los grupos armados

interfieren en la autonomía y en la justicia indígena por la imposición

de sus decisiones en la solución de conflictos y por la implantación

de normas de conducta ajenas a las costumbres y tradiciones

indígenas, e incluso de realizar reclutamiento forzado de jóvenes93

.

Durante el período que va desde el 2000 y hasta la abril de 2003

habían sido asesinados 17 indígenas de las diferentes comunidades

asentadas en la zona. Los dirigentes de la organización indígena

que agrupa a estas comunidades (CAMIZBA- Cabildo Mayor

Indígena de la zona del Bajo Atrato), se encontraban amenazados

de muerte, considerados como objetivos en las listas de los grupos

armados94

.

A la vulnerabilidad socioeconómica que históricamente ha

caracterizado a estas comunidades se sumaban nuevos elementos

que aumentaban su grado de desprotección, como la perdida de

parte de sus territorios tradicionales por la invasión o intromisión de

comunidades negras desplazadas de sus territorios que buscaron

93 Ibidem 94 Ibidem


Abogado

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refugio dentro de los resguardos indígenas y desde 1997, cuando la

agudización del conflicto armado los llevó a desplazarse

paulatinamente dentro de sus territorios y comunidades, imponiendo

restricción a la circulación de personas y de productos básicos. Por

último, la ocurrencia de homicidios selectivos y amenazas de sus

integrantes por parte de los grupos armados.95

El bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas, en

diciembre de 2004, anunció la desmovilización de sus combatientes

y a la par emprendió un movimiento estratégico de sus tropas en

los principales sitios de acceso al Urabá y el Bajo Atrato,

estableciendo un cordón de contención que les permitirá ejercer el

control territorial sobre el Urabá antioqueño, el Bajo Atrato, la parte

occidental de Antioquia y los municipios de Tierralta, Puerto

Libertador y Montelibano en Córdoba.96

El 12 y 30 de abril de 2006, tres frentes del BEC –AC conformados

por 793 hombres, se desmovilizaron en sitios neurálgicos por su

importancia geoestratégica ((la ultima fase de la desmovilización de

aproximadamente 700 combatientes, incluido su comandante el

―Alemán‖ que actuaban sobre las márgenes del río Atrato y las

cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Cacarica -Balsa, Quiparadò,

Curvaradò y Domingodò, se realizaría en el municipio de Unguía).

Territorialmente, la concentración de desmovilizados en Necoclí y

Turbo les posibilitará controlar el Norte de Urabá y el acceso a

95 Ibidem 96 Ibidem


Abogado

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Córdoba, igualmente la agrupación de hombres en Turbo les

permitirá ejercer el dominio sobre la carretera Panamericana, el

Tapón del Darièn, y los municipio de Unguía y Acandí; asimismo la

permanencia de sus tropas en las cuencas de los ríos Truando,

Salaqui, Cacarica –sitio Balsa, Quiparadò, , Curvaradò, y

Domingodò, complementaría el anillo de contención sobre los

municipios del Carmen del Darièn, Ríosucio, Belén de Bajirá, y

Mutatà, y les facilitara además la conformación de cooperativas de

seguridad (los desmovilizados estaban tratando de involucrar a las

comunidades negras), la implementación de proyectos

agroindustriales y la constitución de organizaciones productivas y

sociales (desconociendo o sustituyendo las establecidas por

afrodescendientes e indígenas) mediante el Plan de Alternatividad

Social -PASO97

.

Por su parte la guerrilla de las FARC acantonadas en las cabeceras

de los afluentes del Atrato, estaban realizando acciones relámpagos

en las partes media y baja de los ríos, con la finalidad de fisurar el

cordón de contención establecidos por el BEC –AC, ajusticiar a los

aserradores que aparentemente trabajan y entregan información al

grupo rival y a la población civil que presuntamente bajo coerción o

autónomamente le brindan lealtad a las autodefensas.98

Frente a la cruenta arremetida de la guerrilla, los combatientes del

Élmer Cárdenas presentes en el Bajo Atrato, recrudecieron sus

97 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 7 98 Ibidem


Abogado

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acciones de coerción sobre la población civil asentadas en los

poblados de las zonas media y baja de los ríos, lo cual viene

generando confinamientos, desplazamientos gota a gota,

desabastecimiento alimentario y pecuario, la zozobra de las

actividades diarias y la perdida de la autonomía comunitaria.99

4.3. Perspectiva por municipios

A continuación se organiza la información según una perspectiva

municipal. Comenzamos por Acandí y Unguía, y seguimos con

Riosucio,

Por ser fronterizos y ubicarse sobre la cuenca del golfo de Urabá,

Acandí y Unguía son estratégicos para los grupos armados ilegales

para el tráfico de droga y armas. Estos municipios estaban

controlados por las Farc hasta 1997 cuando los paramilitares

incursionaron con mayor fuerza logrando el repliegue de la guerrilla

hacia la parte alta de Acandí, en la Serranía del Darién, en límites

con Panamá. En estos dos municipios se registró un alto número de

desplazamientos individuales y colectivos100

como consecuencia de

las amenazas, homicidios selectivos y múltiples realizados por las

ACCU y la confrontación armada librada entre estos y las Farc. En

el caso de Acandí, la tasa de homicidio empezó a subir en 1993 y

en 1995 registró el pico más alto. En este año grupos paramilitares,

quienes ya habían decidido tomar el control del Urabá Chocoano,

99 Ibidem 100 De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de las 88 veredas de Unguía, en 2003 sólo 22 se

encontraban habitas.


Abogado

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67

incursionaron en este municipio cometiendo homicidios selectivos y

múltiples como la del 3 de noviembre cuando un grupo de 70

paramilitares llegó a la zona y asesinó a 6 campesinos utilizando

métodos de extrema sevicia. Ante esto 289 familias de la zona rural

huyeron de la zona101

. En el caso de Unguía, la situación más difícil

la han tenido que enfrentar los indígenas Embera. Su tasa de

homicidio creció desde 1993 y su punto más alto fue en 1997.102

Unguía

Desde finales de 1997, el municipio de Unguía sufrió los rigores del

conflicto armado y el desplazamiento forzado de personas hacia la

cabecera municipal y hacia otras localidades vecinas como Turbo.

Este municipio contaba con 88 veredas, encontrándose en 2003

habitadas solamente 22. Frente a este fenómeno de presión de los

grupos armados irregulares, las comunidades indígenas se habían

manifestado por medio de la resistencia pacífica dentro de sus

territorios ancestrales trasladándose hacia los resguardos de Paya y

Púcuru, en Panamá103

.

Caso particular es el del resguardo de Arquía. La comunidad

indígena Kuna-Tule está distribuida en los resguardos de Arquía en

el municipio de Unguía, Chocó en territorio colombiano, y en los

101 Javier Giraldo, 2004. Dialogar consigo mismo ...Negociar consigo mismo ...En:

http://www.javiergiraldo.org/article.php3?id_article=19 102 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el

Chocó. Bogotá, 2006. p. 26 103 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 020 del 21

de marzo de 2003, Unguía, p. 2

http://www.javiergiraldo.org/article.php3?id_article=19


Abogado

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resguardos de Paya y Púcuru en el vecino país de Panamá, estas

comunidades sobreviven de la agricultura, la ganadería, la caza y

de la elaboración y comercialización de artesanías104

.

Contra estas comunidades se habían ejercido distintos tipos de

violencia por los actores armados ilegales, especialmente las AUC,

dentro de los que destacaban los homicidios selectivos y múltiples,

como el perpetrado contra varios jóvenes en el camino que desde el

resguardo conduce a Ungía. Igualmente, los secuestros, amenazas

y desplazamientos de algunos miembros de la comunidad hacia las

Islas de San Blas y las acusaciones constantes contra las

comunidades y sus líderes por parte de miembros de las AUC que

hacían presencia en el municipio, de ser auxiliadores de la

guerrilla.105

También debe destacarse el bloqueo económico que estas

comunidades sufrían desde hacía aproximadamente tres años por

parte de las autodefensas, mediante el cual se les impedía comprar

mercados por valor superior a $20.000 semanales por familia,

control que era efectuado directamente por los paramilitares en las

tiendas del casco urbano de Unguía donde los indígenas compran

sus provisiones, a lo cual se sumaban las restricciones para su

movilización, a través de las cuales les impedía transportarse hacia

el resguardo de Paya106

.



Abogado

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Cabe destacar además los atentados contra bienes civiles como el

perpetrado en 2002 por las AUC en el cual quemaron una bodega y

un bote de la comunidad indígena ubicados a orillas del río Arquía,

afluente de la ciénaga de Unguía, con el fin de impedir su

movilización por dicho río; en este mismo robaron una panga o bote

de la comunidad y amenazaron con asesinar a quienes se

desplazaran por el río y salieran en la noche.107

Dentro de los más graves hechos de violencia provocados por los

grupos paramilitares contra las comunidades indígenas se

destacaba el secuestro durante varios días de 8 jóvenes de la

comunidad, quienes fueron finalmente liberados el 23 de enero de

2003. Igualmente, el homicidio múltiple perpetrado el 17 de enero

de 2003 contra varios indígenas, entre ellos el cacique mayor

Ernesto Ayala, el segundo cacique San Pascual Ayala, el alguacil

Luis Enrique Martínez y el cacique de Púcuru, Gilberto Vásquez, en

el marco del secuestro de varios periodistas norteamericanos, así

como la destrucción, en el resguardo de Paya, de 5 viviendas y la

muerte de animales domésticos rutas utilizadas por los indígenas.

Por su parte, la guerrilla de las FARC hacía presencia en la

cabecera de los ríos Tuira y Paya y en el cerro Tacarcuna, lugar que

igualmente se configuraba para este grupo armado ilegal en un

corredor estratégico hacia Panamá108

.

107 Ibidem 108 Ibidem


Abogado

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Se puede apreciar que, especialmente para las AUC, el territorio

Cuna – Tule tenía valor estratégico no solo por ser corredor de

tránsito ilegal sino por sus posibilidades en el mediano plazo, de

apropiación y explotación económica para proyectos

agroindustriales y viales, razón por la cual su objetivo último era la

expulsión de la comunidad de sus territorios ancestrales y la

usurpación y posesión de los resguardos a través de la figura del

abandono. A esta estrategia de las autodefensas se sumaba la

potencial disputa del territorio por las FARC, que consideran a esta

zona como fundamental en su acceso a rutas de alcaloides y

armamento, lo que podía llevar a confrontaciones con ataques

indiscriminados contra poblados, aumento en los homicidios

selectivos, masacres y desplazamiento de población.109

Luego de estos hechos el grupo armado ilegal ordenó a los

pobladores que desalojaran la comunidad pues instalarían minas y

bombas en las viviendas. En esta fecha, la población indígena de

Paya y Púcuru (ceca de 500 personas) se desplazaron hacia la

localidad de Boca de Cupe, en territorio panameño, donde estaban

siendo atendidos por el Gobierno de ese país. Se señalaba que

personal de la guardia panameña y soldados del ejército

norteamericano llegaron a la zona y desactivaron bombas dejadas

por las AUC en las viviendas indígenas. Bajo amenazas de muerte,

las AUC habían restringido el paso entre los resguardos de Paya,

Arquía y Púcuru, situación dificulta el retorno de los desplazados a

sus comunidades ancestrales. Al parecer, en el sitio denominado La

109 Ibidem.


Abogado

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Torre en el municipio de Unguía se encontraba ubicado un

campamento de las AUC, desde donde controlaban este territorio y

al parecer tenían origen las amenazas y hechos de violencia

perpetrados contra la comunidad indígena, tales como la

advertencia de que antes de dos meses incrementarían su pie de

fuerza para controlar las montañas desde Unguía hasta Acandí en

la zona limítrofe con Panamá110

.

En 2003 se encontraban amenazados por el 57 frente de las FARC

y por las AUC, acusados de ser colaboradores de uno u otro grupo.

Había temor por parte de los indígenas Kuna Tule de Colombia,

pues al parecer los indígenas localizados en los resguardos de

Panamá se estarían armando para enfrentar a los grupos armados.

Entre 1997 y hasta principios de 2003 se contaban 12 homicidios de

indígenas Tule. La presión y amenaza de los grupos armados

irregulares era tan fuerte que la comunidad estaba contemplando la

posibilidad de desplazarse masivamente hacia el vecino país de

Panamá111

.

Por lo anterior se emitió, en marzo de 2003, el Informe de Riesgo Nº

020 en el que se consideraba Factible ocurrencia de incursión

armada en el resguardo indígena con posible ocurrencia de

homicidios selectivos de configuración múltiple, ataques

indiscriminados con afectación a población y bienes civiles y lugares

110 Ibidem 111 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 034-03 del 25 de abril de 2003, Ríosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí, p. 5


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de culto y desplazamientos forzados, por parte de las AUC, grupo

armado que anunció que durante los próximos dos meses

aumentaría su pié de fuerza en la zona para vigilar la frontera desde

los cerros más altos del municipio de Unguía hasta el municipio de

Acandí en el Chocó112

.

No sobra anotar, por otro lado, que en 2006, el 15 de julio, las

FARC decapitaron a cuatro agricultores (Cristóbal, Montoya, Albert

López, José Bedoya y Manuel Martínez) en la vereda Arquía –

Limón del municipio de Unguía (localidad elegida para la ultima

desmovilización del BEC –AC). Acontecimientos violentos que

provocaron el desplazamiento de 70 familias, -cerca de 70

personas, de las veredas Arquía -Limón, Raicero, Peye y el Naranjo

hacia la cabecera municipal113

.

Acandí

Ahora, en lo que respecta el municipio de Acandí, este se

caracterizó hasta mediados de los noventa por haber sido un

municipio controlado por las FARC. Este grupo armado ilegal tenía

una fuerte presencia en las zonas rurales aledañas al casco urbano,

por donde ingresaban grandes cantidades de armas. El control y

sometimiento de la población lo ejercían sin emplear el recurso de la

112 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 020 del 21

de marzo de 2003, Unguía, p. 3 113 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031-06 de

julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 8


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violencia masiva e indiscriminada e, incluso hasta finales de 1997,

fue considerada como una zona de reserva y retaguardia114

.

Sin embargo, en 1997 las ACCU iniciaron un proceso de incursión y

copamiento que estuvo marcado por masacres, desapariciones,

desplazamientos forzados de población del área rural al casco

urbano, continuos enfrentamientos con las FARC, hasta tener

control de la zona y lograr su repliegue hacia la parte alta del

municipio, en la serranía del Darién, en límites con la república ce

Panamá.115

Como consecuencia de esta ofensiva se generó en ese año el

desplazamiento forzado de centenares de campesinos, entre

negros, colonos chilapos y pequeños aparceros, hacia el casco

urbano de Acandí, el municipio de Turbo y la zona de frontera en la

república de Panamá. Literalmente las veredas se quedaron vacías.

Así mismo, las comunidades indígenas fueron obligadas a

desplazarse y sólo unas pocas familias resistieron en el territorio,

que en el año 2001 se convirtió en resguardo. En definitiva las

ACCU tomaron control del casco urbano del municipio, patrullaban

uniformados por las calles y carreteras, restringiendo el paso de

bienes y personas. En este mismo año el Batallón Vélez comenzó a

patrullar la zona, situación que disuadió a los grupos de

114 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo Informe de Riesgo Nº 084-03 de diciembre 31 de 2003, Acandí, p. 3 115 Ibidem


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autodefensa y logró que se retiraran del casco urbano del

municipio.116

Por su condición de municipio fronterizo y su ubicación geográfica,

sobre la cuenca del golfo de Urabá, el municipio del Acandí se

convirtió en una zona estratégica para los grupos armados ilegales,

que, sumado al abandono en el que se encuentran las veredas,

favorecía el tráfico de armas y drogas ilícitas, otorgándoles, de esa

manera, una posición preponderante en la región al actor armado

ilegal que lograra controlar o dominar esta parte del país. (Informe

de Riesgo Nº 084-03 de diciembre 31 de 2003.117

Caso especial es el de los corregimientos de Capurganá y Sapsurro

del municipio de Acandí en donde hay resguardos indígenas. Uno

de ellos, el Resguardo Emberá Katío, está conformado por las

comunidades indígenas de Chirima y Pescadito. Estuvo afectado

por homicidios selectivos, pillaje, bloqueo, aislamiento y

desabastecimiento alimentario y de medicamentos, a lo que se

adicionaba la siembra indiscriminada en su territorio de minas

antipersonales por parte de las FARC y la influencia permanente de

las AUC quienes ejercían control sobre la comunidad y habían

proferido amenazas contra sus dirigentes, obligándolos a

desplazarse hacia el municipio de Riosucio. La comunidad también

había sido objeto de amenazas118

.

116 Ibidem 117 Ibidem 118 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 034-03 del

25 de abril de 2003, Ríosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí, p. 5


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Las comunidades campesinas afrodescendientes y los colonos, que

en su mayoría se encontraban desplazadas en el casco urbano de

Acandí y las comunidades Embera Katíos de los resguardos de

Pescadito y Chidima, respecto de los cuales muchas de las familias

se habían desplazado hacia los resguardos de Saiza y Tierralta,

estaban organizando un retorno masivo a sus lugares de origen

ubicados en las partes altas del municipio, en límites con la

república de Panamá, los dos primeros, y hacia sus resguardos, los

terceros. Sin embargo, tanto las veredas El Perdido, El Guatín,

Capitán, Acandí Seco, El Brillante, Tibirri, Ñeca, la Poza, Pinorroa,

El Tigre, El Muerto, Brazo Seco, Acandí Seco Medio, Chugandí,

Batatilla –en ese momento abandonadas- como el territorio de los

resguardos de Pescadito y Chidima –parcialmente ocupadas- se

habían constituido en zonas estratégicas para los grupos armados

ilegales, toda vez que su permanente presencia les permitía

dominar la frontera colombo-panameña y controlar el comercio

ilegal de armas, el contrabando y el tráfico de narcóticos.119

El accionar de los actores armados ilegales y la disputa territorial

que los enfrentaba hace prever que el plan de retorno voluntario y

masivo que habían programado pudiera ser obstaculizado y la

población retornada objeto de nuevas intimidaciones, amenazas y

ataques. Adicionalmente, era previsible que una vez en sus

territorios se presentaran incursiones y ataques indiscriminados de

los grupos armados contra los centros poblados, homicidios

119 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 084-03 de diciembre 31 de 2003, Acandí, pp. 1-2


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selectivos o una masacre, en una crisis humanitaria que generaría

nuevos desplazamientos forzados de población afrodescendiente e

indígena120

.

Igualmente, una vez que retornaran las comunidades

afrodescendientes y los colonos, era probable que los territorios de

los resguardos indígenas se convirtieran nuevamente en zonas de

tránsito permanente por parte de los grupos armados ilegales y que

sus líderes y autoridades tradicionales fueran nuevamente

amenazados y perseguidos -como sucedió en el mes de febrero de

2003 cuando las ACCU ingresaron al resguardo de Chidima en

busca de un líder acusándolo de ser auxiliador de la guerrilla- en

una situación que provocaría el desplazamientos de las pocas

familias que aúan vivían en estos resguardos. Adicionalmente, era

probable que se presentarn enfrentamientos armados con

interposición de población indígena, en tanto que la guerrilla de las

FARC estaba ubicada en los límites del resguardo, en

inmediaciones del territorio panameño.121

Otra situación de riesgo estaba dada por la inminente repatriación

de colombianos desde Panamá hacia el casco urbano del municipio

de Acandí, prevista para el mes de enero de 2004, pues los cientos

de campesinos que desde 1997 huyeron hacia el vecino país,

acosados por las amenazas y señalamientos de las AUCC, tendrían

eventualmente que retornar a las zonas rurales, lugares donde no



Abogado

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77

existían las garantías suficientes para la protección de sus vidas.

Por otra parte, las condiciones de esta repatriación agravaría la

vulnerabilidad, pues el municipio no cuenta con recursos para

atender una emergencia humanitaria de esta magnitud.122

Bajo estas circunstancias la iniciativa de retorno a sus tierras

abandonadas desde 1997 que tenían las 130 familias, sus

proyectos de reconstruir sus vidas, viviendas y sus cultivos, se veía

seriamente amenazado si se tiene en cuenta en que varias de las

veredas de origen están sobre la zona fronteriza, en ese momento

copada por los grupos armados ilegales, y se generaba el riesgo de

tales grupos volvieran a intentar refugiarse en los caseríos. Esta

misma situación se repetía con mayores impactos para las

comunidades indígenas del pueblo Embera Katío, en especial las

que habitan en el resguardo de Chidima cuya jurisdicción llega

hasta la frontera.123

Adicionalmente, era muy probable que los actores armados ilegales

en su disputa y confrontación por el control de la zona fronteriza

intenten utilizar a la población civil como escudos humanos,

situación que podría terminar con las iniciativas comunitarias de

retorno y generar, incluso, nuevos desplazamientos forzados y un

nuevo bloqueo económico y de alimentos del casco urbano del

municipio124

.



Abogado

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78

Por lo anterior en diciembre de 2003 se emitió el Informe de Riesgo

Nº 084-03 en el cual se consideraba que estaban en riesgo 130

familias desplazadas, alrededor de 700 personas, que deseaban

retornar a sus territorios de origen los cuales tuvieron que

abandonar desde 1997 a raíz de la disputa territorial por parte de los

actores armados ilegales. En su totalidad eran campesinos

chocoanos y colonos chilapos que habían llegado al municipio hacía

mas de 20 años y que se dedican a trabajar la tierra, al cultivo de

plátano, yuca, ñame, maíz y a la cría de especies menores como

gallinas y cerdos. Además, alrededor de 130 familias indígenas, del

pueblo Embera Katío, ubicados en los resguardos de Pescadito y

Chidima.125

Riosucio

Ubicado al norte del Chocó, el municipio de Ríosucio con un área de

10.243 Km2

es básicamente rural, y su población es

fundamentalmente afro descendiente y en menor proporción

indígenas de las étnias Emberá y Wounaan. Su sistema hidrográfico

está compuesto por cinco afluentes del río Atrato el principal de

ellos es el río Truandó, que tiene extensión aproximada de 60 Km.,

le siguen en importancia los ríos Salaquí y Domingodó126

.

125 Ibidem 126 Sistema de Aletas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo 044-05 del 13 de

septiembre de 2005, Ríosucio, p. 3


Abogado

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El Municipio de Ríosucio contaba con una población al 2005 de

26.555 habitantes, de los cuales 7.200 se emplazaban en la

cabecera y 19.555 en la zona rural (DANE). Limita por el norte con

el municipio de Unguía, por el sur con el municipio del Carmen del

Darién, por el oriente con el municipio de Belén de Bajirá y por el

occidente con el municipio de Juradó. Dicho municipio se erige en el

núcleo de grandes industrias extractivas de madera, ganadería

extensiva, banano, estanques de camarón y palma aceitera.

Asimismo en territorio con grandes recursos genéticos y

ambientales y futuras obras de infraestructura física que articularan

las nuevas rutas de intercambio comercial entre el océano Atlántico

y el Pacífico.127

Riosucio es un caso particular, pues históricamente ha registrado

índices de violencia muy altos, sin embargo, se debe tener en

cuenta que hasta 2000 Carmen del Darién pertenecía a este

municipio. Riosucio es estratégico para los actores armados pues a

través de sus ríos, entre ellos los más importantes el Truandó,

Domingodó y Salaquí, se comunica el interior del país con el litoral

pacifico y la frontera con Panamá. Este municipio es básicamente

rural y su población es en su mayoría afrodescendiente y en menor

proporción indígena de las etnias Emberá y Wounaan.

Las Farc controlaron este municipio desde los años ochenta hasta

1996, cuando los paramilitares incursionaron desde el Golfo de

Urabá. A partir de este año la tasa de homicidios empezó a subir,

127 Ibidem


Abogado

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registrando el pico más alto en 1997. En estos años los

paramilitares asesinaron y desaparecieron campesinos señalados

como guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. De acuerdo con el

Banco de Datos del Cinep durante este año se cometieron cerca de

41 homicidios y desapariciones por parte de grupos paramilitares,

algunos de ellos fueron los cometidos los días 17, 18 y 31 de

diciembre cuando ―paramilitares ejecutaron a 16 campesinos y

desaparecieron a doce más, luego de incursionar en las veredas

Remacho, Uradá, Santa Fe, Apartadocito, Arrastradero, Zapayal,

Nueva Esperanza y Andalucía; en la inspección de Puerto Lleras y

en el caserío Llano Rico. En los mismos hechos quemaron varias

viviendas de las veredas Zapayal y Bijao Medio, destruyeron y

robaron bienes; realizaron ametrallamientos indiscriminados en

Puerto Lleras. Estas acciones provocaron el desplazamiento de

1.200 campesinos, hacia la inspección de policía de Pavarandó, del

municipio de Mutatá (Antioquia), donde se hallan asentados más de

4.000 campesinos de la región del Bajo Atrato‖128

En este año,

128 El 17 de diciembre en la mañana, uno de los grupos paramilitares hizo presencia en Apartadocito y ejecutó a Rubiel Sanpedro Tuberquia y a Able Guisao, cuyos cadáveres fueron

arrojados a una fosa común. El mismo día, en Arrastradero, ejecutaron a al matrimonio Víctor Soto y Estebana berrío. El 18 de diciembre en horas de la mañana, en el camino que

conduce a la vereda Uradá, interceptaron a dos campesinos, que iban a caballo, y los ejecutaron. Después, en el camino entre las veredas Remacho y Buenavista, ejecutaron de

varios impactos y degollaron, a Andrés Castaño y a Argemiro Correa, y se llevaron a tres

menores. En el camino entre las veredas El Remacho y Llano Rico, interceptaron en su trabajo a Gerardo Carvajal, miembro de la Comunidad de Paz San Francisco de Asís, se lo

llevaron, lo ejecutaron y arrojaron su cadáver en un sitio cercano al camino veredal. En su recorrido posterior ejecutaron a José Teófenes Gómez, Luís Correa, Gerardo Vargas y Libardo

N. El 31 de diciembre hacia las 9 A.M. interceptaron, en el sitio Caño Claro, a un grupo de

campesinos, entre ellos dos menores y un anciano. Se tuvieron que identificar y contestar un interrogatorio, tendidos en el piso. Fueron ejecutados Luís Emerson Martínez, Miguel Enrique

Cardozo y Wilfrido Pimiento. La totalidad de las víctimas hacían parte de los desplazados del bajo Atrato que, desde marzo pasado, se hallaban en los campamentos de Pavarandó.

Durante la misma acción llegaron a la vereda Santa Fe e interceptaron a José, Edison Manuel y Berta Hernández, de una misma familia, a quienes desaparecieron. Otras víctimas de la

incursión fueron: Pablito López, Mario N., Manuel Cuesta, Alcides Dominico, Julián Arturo


Abogado

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como ya se ha mencionado anteriormente, además de la incursión

paramilitar, se llevó a cabo la operación ―Génesis‖ por parte de la

Fuerza Aérea junto con tropas de la Decimoséptima Brigada del

Ejército. Durante esta operación fueron bombardeados varios

caseríos de las comunidades ubicadas en la cuenca del río Salaquí.

Estos dos, la incursión paramilitar y la operación militar, ocasionaron

el desplazamiento masivo de cerca de 15.000 personas129

.

En 2006, las Farc hacían presencia en la zona de la frontera con

Panamá, la costa en el Pacífico y la cabecera del río Truandó,

desplazándose por la región a través de la Serranía de los Saltos

que atraviesa los municipios de Bahía Solano y Juradó130

. Los

paramilitares lo hacían en la cabecera municipal y en algunas partes

de las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, y Domingodó. Allí

controlaban la extracción ilegal de madera y los cultivos de coca de

la región. Un entrevistado afirmó que los paramilitares ofrecían

motosierras, especialmente a la población joven, para que

cortataran los árboles que ellos indicaban, si la población no lo

hacía debía desplazarse o de lo contrario era asesinada131

.

En cuanto a los enfrentamientos entre grupos irregulares en este

municipio, se registró un ascenso desde 1998, año en el que se

produjo un ataque de las Farc a una base de las autodefensas en la

Garcés y seis personas más cuyos nombres no fueron registrados. Bando de datos del Cinep. op. cit. 129 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p. 24 130 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No. 044-05 131 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el

Chocó. Bogotá, 2006. p. 26


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finca denominada La Secreta, en límites entre Riosucio y Mutatá,

hecho en el que murieron 19 integrantes de las autodefensas y

resultaron heridos algunos guerrilleros132

. En 2001 continuaron

aumentando y en 2002 se registró el pico más alto, cuando se

registraron 10 enfrentamientos. Desde 2003 habían venido

disminuyendo aunque en 2006 se continuaban registrando estas

acciones. Esto demuestra que a pesar que el Bloque Elmer

Cárdenas dominaba casi toda la región, era evidente la presencia

de las Farc en algunas cuencas y los limites con el litoral133

.

Resulta importante hacer precisiones sobre la afectación de los

resguardos indígenas que hay en Riosucio. Está primero que todo el

Resguardo de Chintadó –Chimirindó. En 2003 lo componían 780

personas de las comunidades de Jagual Marcial y Pichindé, allí los

FARC y las AUC hacían presencia permanente dentro del

resguardo, impidiendo a los indígenas movilizarse y desarrollar sus

actividades de supervivencia, se habían suspendido las actividades

educativas debido a las amenazas y el riesgo que representaban los

continuos enfrentamientos de los grupos armados para niños,

jóvenes y maestros, especialmente por el bloqueo permanente de

transporte de alimentos hacia las comunidades, ya que solo se

permitía el paso de mercados por valor de $50.000 mensuales. Las

FARC habían impuesto una exacción forzosa del 5% sobre la

madera que extraían las comunidades e intervenían

constantemente en las decisiones de las autoridades indígenas,

132 Chocó. Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003. p 9. 133 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el

Chocó. Bogotá, 2006. p. 25


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además de realizar homicidios selectivos134

. En la comunidad de

Jagual, las FARC asesinaron entre 1997 y el 2002 a cuatro

indígenas acusados de auxiliar a las autodefensas (Urbino Sanapí,

Carlos Rubiano, John Rubiano y Fernando Pubiano); asimismo el

BEC -AC desplazó en el 2002 a dos familias integradas por 12

personas; igualmente mediante intimidaciones y la aplicación de

torturas con la ―bolsa de la verdad‖ obligaban a los indígenas a

señalar y suministrar información sobre los posibles colaboradores

de la guerrilla135

. En Marcial, las FARC desplazaron en 1998 a

nueve familias, compuestas por 51 personas, señaladas de auxiliar

a las autodefensas. Las FARC durante el 2001 y 2002, asesinaron

a dos personas (Marceliano Carpio y Rito Sobrecama) y le

exigieron una de las viudas a abandonar la comunidad.136

Producto del ingreso de los actores armados al resguardo y los

mecanismos de violencia física y psicológica implementados

(torturas ejemplarizantes, exposición de cadáveres, impidiendo el

rito funeral, ocupación de equipamientos colectivos, usurpación de

bienes comunitarios, demostración de poder y fuerza, destierro

individual, y augurio de un no futuro comunitario), los jóvenes

indígenas recurrieron al suicidio como única alternativa de vida. En

el 2003 se quito la vida un adolescente (Lisandro Puchicama) y seis

intentaron hacer lo mismo. De la comunidad de Pichindé en julio de

1998, las autodefensas asesinaron en la cabecera municipal de

134 Sistema de Alertas. Defensoría del Peueblo. Informe de Riesgo Nº 034-03 del 25 de abril de 2003, Ríosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí, pp.3-4 135 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 5 136 Ibidem


Abogado

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Ríosucio a Ernesto Warahona y Nacianceno Gindrama, por su parte

las FARC asesinaron el 7 de mayo del 2001 al señor Reinaldo

Casama delante de la comunidad.137

Otro es el caso del Resguardo de Quiparado. Los combates

presentados en cercanías de la comunidad, obligaron a numerosos

pobladores a desplazarse, el 26 de marzo de 2002, hacia la

comunidad de Marcial. Se conoció que las AUC les hurtaron gran

parte de sus bienes de subsistencia y movilización, a lo que se

adicionaba la prohibición para el ingreso de medicamentos,

alimentos y la realización de actividades de subsistencia. Existían

retenes ilegales constantes en el río, así como amenazas contra sus

líderes. Las FARC por su parte transitan permanentemente por el

resguardo y roban los cultivos de la comunidad138

.

Así mismo está el caso del Resguardo de Perancho. A raíz de los

combates entre Ejército y FARC, se presentaron desplazamientos

en territorio de las comunidades negras que huyeron hacia Panamá

y Riosucio, las comunidades indígenas proporcionaron un espacio

para las comunidades afrodescendientes desplazadas,

compartiendo el territorio con negros y chilapos. Tanto guerrilla

como AUC habían perseguido y amenazado a sus dirigentes.

Habían muerto 5 niños por falta de medicamentos para su atención,

ocasionado por las restricciones a la movilización y al transporte de

alimentos y medicamentos, pues desde Turbo solo se les permitía

137 Ibidem 138 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 034-03 del

25 de abril de 2003, Ríosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí, p.4


Abogado

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llevar un valor máximo de $25.000. En abril de 2003 las AUC le

dieron a la comunidad 24 horas para desalojar el territorio, ante este

hecho representantes de la comunidad hablaron con el comandante

de las AUC para que se les permitiera quedarse, sin embargo, la

amenaza persistía Otro es el caso del Resguardo de Peranchito:

En 2003 habitada solo por 28 familias, 120 personas, debido a los

desplazamientos con ocasión de los combates entre la Fuerza

Pública y la insurgencia. Al igual que las demás comunidades,

habían sido víctimas de secuestros y maltratos por parte de las

AUC, padeciendo un continuo bloqueo económico y amenazas

contra sus líderes. 139

.

Por otro lado, el Resguardo de Alto Salaquí- Pavarandó,

compuesto las comunidades de Unión Emberá Katío, Isleta y

Pueblo Antioquia, están ubicados sobre el río Salaquí. Al igual que

los demás resguardos, eran victimas de bloqueos de alimentos,

combustible y medicamentos, eran amenazados constantemente

por ambos grupos armados, sufrían constantes retenciones en el

río, los líderes de la comunidad estaban amenazados; al parecer las

FARC y las AUC tenían listas con los nombres de los indígenas que

eran señalados de ser auxiliadores. Algunas de las personas

amenazadas eran: Julio Cesar Salazar, Marino Salazar, Oscar

Salazar en ese entonces concejal en Ríosucio, Herberto Salazar,

Mery Lino y esposo y algunos estudiantes140

.



Abogado

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Casos particulares en Riosucio es el de las Comunidades de

Autodeterminación Vida y Dignidad del Cacarica CAVIDA,

Esperanza en Dios y Nueva vida.

En la cuenca del río Cacarica se localizan dos comunidades

llamadas de Autodeterminación, Esperanza en Dios, sobre la

margen izquierda del río Peranchito y la comunidad de Nueva vida

sobre la margen derecha del río Perancho. Estas Comunidades

cuentan con una población aproximada de 1.300 habitantes

aproximadamente141

.

El origen de estas comunidades data de los años 1996 y 1997,

cuando se iniciaron una serie de enfrentamientos entre guerrilleros y

paramilitares por el control del Bajo y Medio Atrato, con un

escalamiento del conflicto que provocó el desplazamiento de

aproximadamente 15.000 personas dentro de las que se encontraba

la población hoy asentada en la cuenca del río Cacarica142

.

La comunidad que habitaba esta cuenca se desplazó en 1997 y

retornó en 2000 proclamándose como Comunidad de Paz.

La principal vía de acceso a estas comunidades es la fluvial, a

través de los ríos Atrato, Cacarica, Perancho, Truandó, Curbaradó,

Jiguamiandó y de los distintos caños, a los cuales se accede con

dificultad por la sedimentación. La economía de la zona depende de

141 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 017-03 del 14 de marzo de 2003, Ríosucio, p. 2 142 Ibidem


Abogado

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los cultivos de pancoger, la pesca artesanal, la caza y la explotación

de especies maderables143

.

La actividad agrícola se caracteriza por los cultivos de maíz, arroz,

yuca y plátano. Estos en su gran mayoría son de subsistencia y su

comercialización ofrece enormes dificultades relacionadas con el

aislamiento e incomunicación y con las circunstancias de bloqueo

derivadas del conflicto armado que afecta a esta región. La

presencia estatal en la región es débil, pues si bien hacen presencia

una serie de instituciones, su actividad no es continua ni se denota

a través de la inversión social, productiva y la seguridad. Como lo

señaló la Resolución Defensorial No 025 de octubre de 2002: ―…La

decisión autónoma de las Comunidades de Paz del bajo Atrato de

asumir una alternativa pacífica e independiente frente al conflicto, y

exigir a los actores armados involucrados respeto a su opción de

vida, ha sido tomada como una provocación y un desafío a tales

actores, razón por la cual estos últimos han convertido a los

miembros de las Comunidades de Paz en víctimas de sus acciones.

Los actos de barbarie y persecución se han hecho evidentes a

través de la permanente vulneración a los derechos fundamentales

de quienes optaron por constituirse en Comunidades de Paz144

.

Desde 2002 las comunidades de Autodeterminación del Cacarica

habían sido victimas de bloqueo económico, restricciones al transito

por el río, continuos retenes ilegales, detenciones arbitrarias y



Abogado

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desapariciones de habitantes de estas comunidades por parte de

miembros de las AUC. De acuerdo con la información acopiada, en

el mes de noviembre de 2002, las AUC convocaron a una reunión a

varios líderes de comunidades cercanas, para prohibirles que

visitaran los asentamientos de Nueva Vida y Esperanza en Dios,

pues según les informaron, tenían prevista una incursión armada.

Esta reunión se llevó a cabo en la base paramilitar instalada en la

localidad de La Balsa, en el punto denominado Cirilo, sitio donde al

parecer han llegado cerca de 600 hombres para reforzar esta base,

cercana apenas a dos horas por vía terrestre de las comunidades

de refugiados145

.

El 24 de Noviembre, la lancha de la comunidad fue sometida a un

retén ilegal en Tumaradó en esta oportunidad preguntaron

insistentemente por los nombres de los coordinadores de los

asentamientos, y aunque iban acompañados por la Defensora

Comunitaria, por miembros extranjeros pertenecientes a la ONG

Brigadas Internacionales de Paz y por otras organizaciones

internacionales, les advirtieron que estaban desconociendo la orden

de no llevar mercados por más de 60.000 pesos y así mismo

amenazaron a los acompañantes internacionales.

A lo anterior se sumaban denuncias de los pobladores por

presuntos abusos y atropellos de autoridades civiles y miembros de

la Fuerza Pública, situación que les había generado zozobra y

145 Ibidem


Abogado

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desconfianza, al parecer ocasionando el desplazamiento de algunas

familias hacia la vecina república de Panamá146

.

La estrategia de los actores armados irregulares estaría orientada a

tomar el control sobre las cuencas y riberas de los ríos Truandó y

Salaquí, presionando la salida o desalojo de la insurgencia de las

FARC – EP por medio del bloqueo al paso de alimentos y personal,

las exacciones forzosas y las amenazas contra los pobladores. A

ello se suman los frecuentes choques armados con dicho grupo,

situación que ha ocasionado recientes desplazamientos de

población. Una vez logrado este propósito, las AUC pretenderían

tomar el control económico de la zona por medio de la apropiación

de las tierras de carácter colectivo y de sus distintos recursos

maderables y pesqueros, para fomentar el cultivo de coca y palma

africana. Se ha obtenido información, según la cual,

simultáneamente con la expansión militar, los actores armados

están amparando la explotación maderera ilegal (obligando a las

comunidades a entregar este recurso) y presionándola para que se

dedique al cultivo de Palma Africana y sembrados de coca, lo que

se configura en nuevo factor de desprotección y vulnerabilidad147

.

Todas estas situaciones habían generado un clima de tensión entre

los pobladores de los asentamientos, pues temían que las

amenazas se cumplieran, teniendo en cuenta que la base

paramilitar de la Balsa estaba a solo dos horas de camino a pié del



Abogado

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asentamiento Nueva Vida, a lo cual se sumaba que ya se había

iniciado la época de verano en que los caminos están secos y

facilita el transito de personas. Hechos que hacían pensar en la

factible concreción de las amenazas proferidas, como ya había

ocurrido en ocasiones anteriores, cuando, aprovechándose la

desprotección de la comunidad y la facilidad de acceso desde la

base paramilitar se facilitan incursiones o actos violentos contra sus

habitantes. Debe destacarse que sobre esta zona se había emitido

alerta temprana en febrero de 2002 y previamente en mayo de

2001, a la que las autoridades respondieron acerca de la

determinación de coordinar con las unidades militares a fin de

garantizar la seguridad y protección de los habitantes de estas

comunidades tales como reconocimientos helicoportados,

operativos a través del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.

50 sobre el río Atrato desde el municipio de Turbo hacia Bocas del

Cacarica, La Balsa y La Raya, con el fin de brindar seguridad a la

comunidad y combatir a los grupos armados irregulares.148

No obstante las acciones desarrolladas por las autoridades, la

información verificada daba cuenta de que continuabael riesgo para

estas comunidades, caracterizado por la factibilidad de ocurrencia

de homicidios selectivos de configuración múltiple, ataques

indiscriminados con afectación a población y bienes civiles y

desplazamientos forzados, como consecuencia de una posible

incursión armada de las AUC.149



Abogado

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La última información constatada sobre esta región daba cuenta que

el día martes 11 de marzo de 2003 en horas de la noche arribó un

grupo paramilitar compuesto aproximadamente por 500 hombres al

resguardo indígena de La Raya, quienes al parecer habían pasado

previamente por otro resguardo denominado Pequerá. El grupo de

Autodefensas pernoctó en La Raya y salió al día siguiente hacia las

siete de la mañana, arribando al sitio denominado Quebrada Bonita

en el resguardo indígena de Perancho; manifestaron que estaban

reconociendo el área y que se dirigían a las comunidades de la

Asociación Cavida. Efectivamente se confirmó que parte de este

grupo armado, conformado por aproximadamente 250 hombres,

arribó el día 13 de marzo de 2003 a la comunidad de Nueva Vida

hacia las 10 y 15 de la mañana donde permanecieron por espacio

de una hora, donde manifestaron que eran del ―Bloque Elmer

Cárdenas‖, al mando de alias ―Pecherón‖ o ―Siete Siete‖ y señalaron

que debían de acostumbrarse a su presencia ya que iban a realizar

patrullajes en esa área y que portaban una lista de auxiliadores de

la guerrilla. Se sabe que permanecen en el área distribuidos entre el

río Cacarica y sus márgenes.150

Por tal razón era factible la ocurrencia de homicidios selectivos de

configuración múltiple, ataques indiscriminados con afectación a

población y bienes civiles y desplazamientos forzados y se emitió,

en marzo, el Informe de Riesgo Nº 017-03.

150 Ibidem


Abogado

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Veamos ahora la situación de Riosucio en 2005, un año antes de la

desmovilización del Elmer Cárdenas151

. Los actores armados

ilegales realizaban constantemente retenes sobre el cauce del río

Taparal, restringiendo el paso de alimentos, abarrotes, gasolina

para los motores de las embarcaciones y medicamentos, generando

el desabastecimiento de productos y alimentos y la propagación de

infecciones respiratorias, y estomacales. Igualmente los animales

de corral (cerdos, pavos, gallinas y patos) eran consumidos por los

combatientes. Situación de precariedad que se agudiza debido a

que la explotación de madera es realizada por colonos adeptos a

los grupos armados ilegales (estos les suministran motosierras y

gasolina.

Las FARC hacían presencia en la cabecera del río Truandó y se

desplazan por la región a través de la Serranía de los Saltos

Curiche que atraviesa los municipios de Bahía Solano y Juradó,

amenazan continuamente a las comunidades en donde se habían

ubicado las autodefensas152

.

El 29 de julio de 2005, las FARC retuvieron a 12 aserradores en la

cuenca del río Truando, quebrada San Juan, y los obligaron a

caminar hasta el municipio de Juradó, en su recorrido ajusticiaron a

tres aserradores en la finca Indio Cabeza del Resguardo Peñas

Blancas, municipio de Ríosucio, presuntamente por trabajar y

151 Según la Defensoría del Pueblo se vieron afectados: Resguardo Chintadó-Marcial etnias Emberà Katio y Waunaan de las comunidades de Jagual, Marcial y Pichindé, Peñas Blancas y

Quiparadó. Territorio ColectivoTruandó Medio Comunidades: Quiparadó Platanillo, Villa Hermosa, El Grito, El Limón, La Nueva, Tortuga.Territorio Colectivo Pavas: Comunidades:

Pavas, Clavellino, Teresistas, Dos Bocas, Taparal. 152 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo 044-05 del 13

de septiembre de 2005, Ríosucio, p. 4


Abogado

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entregar información a las autodefensas. El interés de los grupos

armados se había centrado en acaparar la explotación ilegal de

madera y controlar los cultivos de coca, lo que constituía la principal

amenaza para aproximadamente 15 comunidades ubicadas en las

cuencas del Truandó. Como se sabe la expectativa alrededor de

macro proyectos como la Carretera Panamericana, en el trayecto

del Tapón del Darién, el Puerto seco entre Bahía Solano y Nuquí y

el mencionado canal interoceánico Atrato - Truandó, llamaban la

atención de los actores armados que como en otros lugares del país

buscan influenciar esos espacios para lograr beneficios con

extorsiones y amenazas153

.

Con respecto a los cultivos de uso ilícito se había conocido que los

grupos ilegales estarían obligando a la población a sembrar coca y

aún cuando los cultivos no eran de gran extensión en el Urabá

chocoano, tal como lo muestra el monitoreo realizado por la Oficina

contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (junio 10 de 2005), si

había comenzado a crecer en ésta región con respecto a las

imágenes satelitales del año anterior, contenidas en el informe de

julio de 2004. El desplazamiento sigue siendo una amenaza latente

para las comunidades del Urabá chocoano; los combates entre

FARC y AUC han dejado sin hogar cerca de 150 familias. 80 de

ellas que llegaron hasta Ríosucio desde Taparal en Chintadó, no

habían podido regresar a sus sitios de origen, la misma amenaza

existía para la comunidad indígena ubicada en Peñas Blancas. El

escenario del conflicto afectaba los procesos de retorno de la

153 Ibidem


Abogado

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población desplazada ubicada en Ríosucio, puesto que las

condiciones de seguridad y la falta de proyectos productivos

impedían un restablecimiento de largo plazo en las cuencas154

.

Ante este escenario de confrontación armada, el SAT emitió el

Informe de Riesgo 044-05 del 13 de septiembre de 2005, en el cual

manifestaba el riesgo en que se encontraban cerca de 218 familias

indígenas de las etnias Embera y Wounaan, ubicadas en la cuenca

del río Truando y los afluentes Taparal y Chintadó (Pichindé, Jagual,

Marcial, Peñas Blancas y Quiparadò) producto de la presencia y de

la actividad armada, en zona rural del municipio de Ríosucio, de

grupos armados ilegales que se manifiesta en retenciones de

civiles, saqueo de víveres, madera y gasolina de las comunidades,

destrucción de cultivos, señalamientos y amenazas contra la

población por colaborar supuestamente con el bando contrario y

realizan bloqueo alimentario en la región155

.

En el mismo informe se consideraba que eran vulnerables 123

familias de las comunidades afro descendientes ubicadas en los

territorios colectivos del Truandó Medio: Quiparadó, Platanillo, Vista

Hermosa, el Grito, El Limón, La Nueva y Tortuga y del Territorio

colectivo de Pavas: Pavas Clavellino, Teresitas, Dos Bocas, y

Taparal y 48 familias campesinas de las cuencas afluentes del Río

154 Ibidem 155 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031-06 de

julio 28 de 2006, Ríosucio, pp. 6-7)


Abogado

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95

Truandó, para un total de 389 familia con cerca de 1556

personas156

.

El Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas -CIAT, en oficio

OFI05- 16840-ATO-0700, del 18 de octubre de 2005, acordó

conjuntamente la emisión de una Alerta Temprana para este

municipio y recomendó a las autoridades civiles y fuerza pública el

diseño y adopción de acciones de prevención y protección para la

población en riesgo descrita en el informe157

.

La explotación de la madera se había ido transformando de un largo

pleito ante diferentes autoridades a una situación de riesgo para las

comunidades; desde diferentes instancias se había hecho un

llamado a la autoridad ambiental del departamento para evitar el

deterioro ambiental producido por la explotación ilegal de recursos

naturales aprovechada principalmente por los grupos de

autodefensa. La Procuraduría General de la Nación en la Directiva

008 de abril de 2005 se pronunció, entre otros asuntos, en relación

con la explotación ilegal de madera, la siembra extensiva de palma

aceitera en territorios colectivos y las que se hacían en territorios

protegidos con títulos individuales en las regiones señaladas. De

manera especial dirige su directiva al INCODER, CODECHOCO y

CORPOURABA para que presentaran al organismo de control, en el

término de quince días, un informe sobre las acciones desarrolladas

hasta ese momento para garantizar, de manera efectiva, la

156 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo 044-05 del 13

de septiembre de 2005, Ríosucio, p. 1 157 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031-06 de



Abogado

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96

protección de los derechos patrimoniales de dichas comunidades y

personas y el plan de acción a ejecutar158

.

En la misma directiva se solicitaba a la Fuerza Pública adoptar un

plan de seguridad y le exigía la protección efectiva de los territorios

que ya habían sido ubicados como de explotación ilegal de madera

y siembra extensiva de palma aceitera. 159

Al respecto CODECHOCO acogiendo la directiva de la Procuraduría

General de la Nación emitió la Resolución 0583 del 27 de abril de

2005 que en el artículo primero de su parte resolutiva imponía una

medida preventiva consistente en suspender todo tipo de

aprovechamiento forestal, excepto el realizado por el ministerio de

ley, que se realizara en la jurisdicción del departamento del Chocó

sin contar con el respectivo permiso, concesión o autorización

expedida por la Autoridad Ambiental Regional –CODECHOCO160

.

En 2006, año de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas,

siguió complicada. En la comunidad del Cacarica, además de la

extracción y comercialización ilegal de la madera controlada por los

paramilitares, de acuerdo con las denuncias de las diferentes

comunidades, los cultivos de palma se estaban extendiendo y se

extenderían a otros territorios colectivos (…) se denunciaba el

establecimiento de semilleros de palma en las zonas contiguas al


de septiembre de 2005, Ríosucio, p. 5 159 Ibidem 160 Ibidem


Abogado

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97

sitio conocido como La Balsa, en la cuenca del río Cacarica,

territorio colectivo de esta cuenca (…) Sumado a esto, se están

sembrando coca en el territorio colectivo de Cacarica impulsados

por los grupos paramilitares que operaban en la región, lo cual

magnifica los grandes impactos generados por la palma161

.

Situación complicada se vivió en el Resguardo Chintadó-Marcial, y

particularmente las etnias Emberà Katio y Waunaan de las

comunidades de Jagual, Marcial y Pichindé y caserío Taparal,

comunidad afrodescendiente

El Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, mediante oficio

OFI06-5080-ATO-0700 del 3 de marzo de 2006, consideró Alerta

Temprana el Informe de Riesgo y recomendó la adopción de las

medidas necesarias para mantener y reforzar los dispositivos de

seguridad y protección de la zona y adelantar acciones de

prevención dirigidas a mantener el orden público, salvaguardar los

derechos de la población civil y contrarrestar la capacidad de daño e

intimidación del citado bloque de autodefensas que hace presencia

en la zona162

.

El 10 de mayo de 2006, mediante Oficio No. 402501/CO-SAT- 0297

/06, emitió la primera Nota de Seguimiento al Informe de Riesgo

010-06, en donde se enunciaba la reconfiguración de un nuevo

escenario de riesgo a partir del proceso de desmovilización de las

161 Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 39. op.cit. p. 14. 162 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031-06 de



Abogado

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autodefensas, producto de la realización de movimientos de sus

tropas con la finalidad de establecer un corredor de contención que

impida la expansión de las FARC en el medio y bajo Atrato

chocoano y en la zona norte y sur del Urabá Antioqueño , y la

avanzada de la guerrilla de las FARC desde las cabeceras hacia las

partes medias y bajas de los ríos163

. (Informe de Riesgo Nº 031-06

de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 9)

El CIAT, el 6 de junio de 2006, a través del oficio OFI06-12912-

ATO-0700, informó que luego de valorar la información acerca de la

constante presencia y accionar del bloque Élmer Cárdenas y de las

FARC, determinó la formulación de recomendaciones para que las

autoridades tomen las medidas necesarias para mantener y reforzar

los dispositivos de seguridad y protección en la zona. (Informe de

Riesgo Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 9)

La ultima fase de la desmovilización del bloque Élmer Cárdenas de

las autodefensas – BEC -AC, había intensificado la confrontación

armada en el Bajo Atrato; producto de la movilización estratégica de

combatientes de esta facción de las autodefensas por las cuencas

de los ríos Truando, Salaquí, Quiparadò, Curvaradò, y Domingodó,

los cuales estaban ocupando caseríos indígenas y

afrosdescendientes con la finalidad de incrementar el control

poblacional, proteger el dominio sobre los suelos productivos,

163 Ibidem


Abogado

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99

bosques y recursos minerales y contener la arremetida emprendida

por las FARC.

Por su parte el Frente 57 de las FARC fortalecidos en las partes

altas de los ríos estaban incursionando en las zonas medias y bajas

de los ríos controladas por el BEC –AC, intimidando, reteniendo y

asesinando especialmente a labriegos y aserradores acusados de

trabajar para el grupo rival. El bloque Élmer Cárdenas, frente a los

ataques de la guerrilla, había acentuado sus controles en las

bocanas de los ríos que confluyen al Atrato, realizando registros a

las embarcaciones, controlando el ingreso de víveres, abarrotes,

medicamentos y gasolina, igualmente están ocupando los poblados,

amenazando, intimidando y restringiendo la movilización de sus

moradores, so pena de ser ajusticiados.164

El escenario de riesgo descrito se extendía en el Bajo Atrato,

reproduciéndose en la cuenca del río Truando, mas concretamente

sobre las comunidades indígenas de Jagual, Marcial y Pichindé del

Resguardo Chintadó-Marcial. El 14 de julio de 2006, integrantes del

BEC –AC, ingresaron violentamente a los caseríos de las

comunidades mencionadas y tras proferir amenazas contra sus

pobladores les advirtieron que nadie se podía mover sin su

consentimiento y que su permanencia seria por largo tiempo. Es

significativo recordar, que las autodefensas en reiteradas ocasiones,

le han manifestado a los moradores de las cuencas de los ríos que

su presencia en la zona se mantendrá debido a las dificultades de la

164 Ibidem


Abogado

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100

Fuerza Pública para ejercer un control efectivo sobre el territorio, y

las intenciones de la guerrilla de arrebatarles sus espacios de

control. Las acciones armadas se habían agravado el día 12 de julio

de 2006, cuando un grupo de aproximadamente 20 hombres

armados pertenecientes al Frente 57 de las FARC, incursionaron de

manera violenta a un campamento de aserradores ubicado sobre el

río Truando, vereda Jagual, Resguardo Pichindé, decomisando

aproximadamente siete motosierras y otros elementos de trabajo

utilizados por los labriegos; adicionalmente se llevaron de manera

obligada, río arriba, a todo el personal que se encontraba en el

campamento (las autoridades departamentales hablaban de

aproximadamente 170 personas retenidas entre las que se

encontraban dos indígenas del Resguardo Pichindé ubicado en el

mismo río; el Ejercito Nacional desestimó la cifra), asesinando en el

camino a por lo menos 11 personas. Hechos que generaron el

desplazamiento masivo de 180 familias de las veredas Pava, Dos

Bocas, la Nueva, Truando Medio y Taparal hacia el casco urbano de

Ríosucio165

.

En la comunidad de Jagual, asentada sobre la rivera del río

Chintadó, las autodefensas ingresaron por la fuerza a la escuela, en

el momento en que se impartía clase a los niños; destruyeron la

puerta y luego hicieron uso del teléfono Compartel. Así mismo se

conoce que las autodefensas poseen un campamento, desde hace

cerca de tres años, en la orilla opuesta del poblado, donde planean

las incursiones, realizan retenes, interrogan a los supuestos

165 Ibidem


Abogado

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101

enemigos y determinan su destino. Para julio de 2006 siete familias

se encontraban amenazadas por las FARC. Del mismo modo el

BEC –AC profirió amenazas contra una familia por su supuesta

relación con las FARC166

.

El hurto de los cultivos y los productos agrícolas de la comunidad

(plátano, arroz, banano, maíz y caña) por parte de los combatientes

de uno u otro grupo al margen de la ley había producido una

disminución en la producción alimenticia y en consecuencia

condiciones de desnutrición. A esto se le suma el monopolio

ejercido sobre la explotación de madera por los grupos armados,

quienes estaban contratando a trabajadores mestizos y

afrosdescendientes para la tala de bosques con motosierras.

El BEC –AC contaba con la presencia permanente de combatientes

sobre el río Taparal, allí realizan retenes ilegales en los sitios el

Chochero, los Manguitos, el Nuevo y a la entrada del caserío

Taparal, comunidad afrodescendiente. La incursión violenta

realizada por las FARC el 20 de julio a territorios de dominio

exclusivo de las autodefensas sobre el río Truando y sus afluentes,

se podía interpretar como un desafío al poder detentado por sus

contrarios y una retaliación contra la supuesta base social del

bloque Èlmer Cárdenas. Situación que hacía presagiar el

incremento de las violaciones e infracciones al DIH contra los

pobladores de la cuenca.

166 Ibidem


Abogado

______________________________________________________________________

102

En situación de riesgo se encontraban aproximadamente 148

familias Emberá Katío y Waunaan integradas por 726 indígenas del

Resguardo Chintadó–Marcial, conformadas por las comunidades de

Jagual: 78 familias, que reunían 361 personas; Marcial: 48 familias,

compuestas por 227 indígenas; yPichindé: 27 familias, constituidas

por 138 personas167

El Carmen del Darién

El municipio fue creado mediante ordenanza Nº 018 de sepiembre

22 de 2000; es un territorio segregado del municipio de Riosucio, la

cabecera municipal es Curvaradó. (Informe de Riesgo Nº 058-05 del

30 de noviembre de 2005, Carmen del Darién, p. 2) Es un territorio

que se ubica entre los municipios de Belén de Bajirá, Riosucio,

Juradó, Bahía Solano y Bojayá –Chocó- y Dabeiba, Murindó y Vigía

del Fuerte, Antioquia. (Informe de Riesgo Nº 040-04 del 21 de mayo

de 2004, Carmen del Darién, p. 3)De acuerdo con proyecciones del

DANE su población en 2005 era de 9.685 habitantes, de los cuales

1.127 (11.6%) se asentaban en la cabecera municipal y 8.558

(88.4%), en la zona rural. Su población, afrodescendientes,

indígenas y chilapos, se ha dedicado tradicionalmente a la pesca

artesanal, al cultivo de arroz, maíz y plátano y a la extracción de

madera, cuyos excedentes comercializaban, aprovechando distintas

rutas fluviales y terrestres, en Belén de Bajirá y el corregimiento de

Pavarandó168

. ()


21 de mayo de 2004, Carmen del Darién, p. 3


Abogado

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103

El territorio de la cuenca del río Domingodó es, además, un corredor

estratégico que permite, por el municipio de Juradó, el acceso al

mar Pacífico y facilita, por las distintas bahías y ensenadas, el

tráfico de armas y estupefacientes y la entrada de remesas para el

avituallamiento de los grupos armados ilegales. Además, es una

zona que facilita el acceso a la cuenca del río Opogadó y al

perímetro urbano de Bojayá, región del medio Atrato.

En el municipio se ha presentado una situación crítica en los

territorios colectivos. En su jurisdicción existen las titulaciones

colectivas de Vigía del Curbaradó, La Grande, La Madre-Chicao

(Domingodó), Apartadó-Buenavista, Rió Montaño, Turriquitadó y

Jiguamiandó-Curbaradó. La ubicación geográfica de las cuencas del

Curbaradó y Jiguamiandó hace de este territorio una zona

estratégica de los corredores que comunican Antioquia con el

Chocó y la vía más corta que usan los grupos armados ilegales para

acceder al río Atrato y salir hacia al Golfo de Urabá y, por el río

Salaquí, a la frontera con Panamá.

La ubicación geográfica de las cuencas del Curbaradó y

Jiguamiandó hace de este territorio una zona estratégica de los

corredores que comunican Antioquia con el Chocó y la vía más

corta que usan los grupos armados ilegales para acceder al río


Abogado

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104

Atrato y salir hacia al Golfo de Urabá y, por el río Salaquí, a la

frontera con Panamá169

.

Hasta 2003, se presentaron problemas en el Corregimiento de

Puerto Lleras, en la Cuenca del río Jiguamiandó. Las comunidades

asentadas en la cuenca del río Jiguamiandó, habían soportado la

presencia y el accionar de los grupos armados ilegales en cercanías

a sus asentamientos, afectando su autonomía y su decisión de no

involucrarse en el conflicto, ni tener contacto con grupos armados.

Estas comunidades habían sido desplazadas en varias ocasiones y

en 2002 estaban sufriendo el bloqueo de alimentos, medicinas,

combustible y restricciones para su movilidad por el territorio. En

estos retenes ilegales, frecuentemente son secuestradas personas,

que posteriormente figuran como desaparecidos y en otros casos

asesinados. Dentro de estos hubo secuestros, desapariciones y

homicidios, y se contaban, desde marzo de 2002 diciembre 23 del

mismo año, varios miembros de la comunidad indígena de Uradá en

la vía Uradá – Pavarandó Grande, entre ellos: Kilo Sicuani de 33

años, Anibal Domicó de 22 años, Enrrique Domicó de 23 años, Jairo

Sinaquí, Carlos Antonio Bailarín y otra persona no identificada. Se

informaba que de estas personas secuestradas, dos habían

aparecido asesinadas. También se hacía referencia a la

desaparición del señor Cristóbal Romaña el día 26 de Noviembre,

cuyos restos fueron encontrados el 4 de diciembre de 2002170

.


23 de Diciembre de 2002, Carmen del Darién, p. 2


Abogado

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105

Los pobladores estaban siendo amenazados por parte de las AUC

para que vendieran sus tierras o sembraran palma africana o coca y

en caso contrario eran obligados a salir del territorio o asesinados.

En estas tierras, tituladas colectivamente por el Estado a nombre de

los habitantes de la cuenca del río Curbaradó, ya se encontraban

cultivos de aproximadamente 150 hectáreas de Palma Africana.

También se habían registrado dentro de estas comunidades la

perpetración de homicidios por parte de las FARC. Los grupos de

autodefensa que operaban en la zona, tenían una base en la vereda

la Secreta del municipio de Mutatá, distante aproximadamente 40km

de dichos asentamientos. La presencia de los grupos armados,

dejaba a la comunidad en situación de vulnerabilidad permanente.

Se temía la factible ocurrencia de homicidios selectivos de

configuración múltiple, ataques indiscriminados con afectación a

población y bienes civiles y desplazamientos forzados, como

consecuencia de los posibles enfrentamientos entre AUC y

FARC171

.

Además se les limitaba el transporte para salir a Murindó

(Antioquia), municipio más cercano para abastecerse.

Por lo anterior se emitió el Informe de Riesgo Nº 092-02 del 23 de

Diciembre de 2002 en el que se consideraban vulnerables más de

dos mil (2000) pobladores de comunidades afrodescendientes.

Veredas Bella Flor-Remacho, Zapayal, Nueva Esperanza, Santa Fe

171 Ibidem


Abogado

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106

de Chirima, Buenavista, Cetino, Brisitas y Pueblo Nuevo, en las que

estaban asentadas veintiocho (28) comunidades172

.

Otro es el caso del Resguardo Emberá Dóbida Mamey – Dipurdú.

Está ubicado a cuatro horas, por vía fluvial, de Curvaradó. (Informe

de Riesgo Nº 058-05 del 30 de noviembre de 2005, Carmen del

Darién, p. 2) Desde 1997 cuando las ACCU-AUC incursionaron y se

implantaron en la zona del río Atrato y las cuencas de sus afluentes,

se hicieron frecuentes los desplazamientos forzados, las masacres,

los homicidios selectivos y otras acciones que generan terror en la

población y propiciaron condiciones para el sometimiento de la

población indígena y afrodescendiente. Las comunidades indígenas

de Unión Chogorodó y Mamey Dipurdú, dada la limitación a su

movilidad y la prohibición de cultivar sus tierras, impuesta por las

autodefensas, se encuentraban confinadas en sus caseríos173

.

Compuesto en 2003 por 13 familias. Con la incursión de los grupos

armados habían sido victimas de permanentes retenciones de

alimentos, homicidios selectivos, señalamientos y amenazas de las

AUC y las FARC. Se señalaba que cuando las AUC llegaban a la

comunidad mataban los animales domésticos generando pánico

entre los pobladores, además de que en el territorio del resguardo

se habían librado combates174

.

172 Ibidem 173 Sistema de Alertas Tempranas. Denfensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 036-04 del 13 de Mayo de 2004, Carmen del Darién, p. 3 174 Ibidem


Abogado

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107

Otro es el caso del Resguardo de Domingodó. Este está

conformado por las comunidades de Unión Chocoroto (habitado por

56 familias y 263 personas) y Mamey Dipurdú, compuesto por 69

familias y 317 personas. En Unión Chocoroto, el 19 de marzo 2003

se presentaron choques armados entre las AUC y las FARC, sobre

las desembocaduras de los ríos e impidiendo la movilización de la

población. Esta situación los tenía encerrados en sus caseríos sin

poder salir a buscar alimentos y ocasionando desabastecimiento, lo

que afecta a la población en general y principalmente a los niños,

quienes presentaban síntomas de desnutrición. Las AUC señalaron

a los indígenas de ser auxiliadores de la guerrilla y hacían

permanentemente invitaciones a vincularse a su organización. En

una de sus incursiones la AUC abusaron sexualmente de dos

mujeres indígenas de esta comunidad. Además asesinaron a los

indígenas Carlos Pipicay y a Eduardo de la Cruz Roja. 175

Están también los Resguardos Urada y Alto Guayabal y Territorio

Colectivo de la Cuenca del río Jiguamiandó y Curbaradó. La

titulación de Jiguamiandó-Curbaradó fue legalizada el 21 de mayo

de 2001 y asignada a 2.125 personas, de 30 comunidades de

afrodescendientes y Chilapos, organizados en cinco asentamientos,

y aproximadamente 60 familias indígenas ubicadas en los

resguardos Embera Katío de Urada y Alto Guayabal. Conforme a la

Ley 70 de 1993 el Estado garantiza los derechos a la propiedad

colectiva, a la identidad cultural de las comunidades, al uso

175 Ibidem


Abogado

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108

colectivo, y la ―inalienabilidad, imprescriptibilidad e

inembargababidad‖ del territorio176

.

A comienzos de 1997, después de la incursión e implantación de las

ACCU en los territorios del municipio de Riosucio y de la operación

militar contrainsurgente Génesis, los enfrentamientos con los

distintos grupos de las FARC, presentes y posicionados en la zona

desde comienzos de los años ochentas, se hicieron frecuentes, lo

que generó el desplazamiento de las comunidades

afrodescendientes, aproximadamente 10.000 personas

provenientes de todas la cuencas, hacia el corregimiento de

Pavarandó, Mutatá y las cabeceras de Riosucio y Turbo. En 1999,

casi dos años después, las comunidades del Jiguamiandó-

Curbaradó lograron, con el acompañamiento de varias

organizaciones civiles nacionales y otras organizaciones

internacionales, retornar, bajo una propuesta de neutralidad, a sus

territorios de origen, aunque en septiembre de 2001 más de 600

familias, tras el asesinato de cinco personas, decidieron internarse

en la selva chocoana. Este desplazamiento interno dio lugar a la

conformación de una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por

el Ministerio del Interior, Red de Solidaridad, Procuraduría,

Defensoría, ONU, Acnur, Diócesis de Quibdó y Apartadó, Cinep,

Comisión de Justicia y Paz, Brigadas Internacionales de Paz y la

176 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 040-04 del



Abogado

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109

ONG española Paz y Tercer Mundo, la cual no ha logrado cumplir

con el cronograma acordado con el Consejo Mayor de la Cuenca177

.

Hasta 2004 las dinámicas de confrontación entre los grupos

armados ilegales y de disputa por el control del territorio y la

población se mantenían y se manifestaban en homicidios de líderes

de las distintas comunidades, desplazamientos forzados de

población, bloqueos de alimentos, medicamentos y combustible,

restricciones a la movilidad, desapariciones forzadas, torturas,

enfrentamientos con interposición de población civil, hostigamientos

a los caseríos y bloqueo de las vías fluviales y terrestres de acceso

y salida por parte de las ACCU y el Frente 57 de las FARC, que

actúa en la zona con el apoyo de los frentes 58 y 34. Las FARC

tenían una fuerte presencia en los caseríos de Bella Flor Remacho,

Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza y habían obligado a la población

afrodescendiente a mantenerse dentro del territorio y, cuando eran

atacados por la Fuerza Pública, los usaban como escudos

humanos. Su presencia en las comunidades se había hecho más

visible desde la llegada del ejército, por Murindó, a la cuenca del

Jiguamiandó. Adicionalmente, las ACCU habían hecho de la zona

rural del corregimiento de Pavarandó un sector desde el cual se

coordinaban sus acciones e incursiones hacia los territorios de las

cuencas del Curbaradó y Jiguamiandó y se controlaban las

entradas y salidas de la población, de los alimentos, el combustible

y los medicamentos y habían ordenado a los habitantes de los




Abogado

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110

caseríos no salir después de las cuatro de la tarde, a riesgo de ser

atacados178

.

Además de las dinámicas propias del conflicto armado, es necesario

advertir que los territorios colectivos de la zona de la cuenca del

Curbaradó, cuyas comunidades se encuentran desplazadas en la

cuenca del Jiguamiandó, son objeto de una fuerte intervención por

parte de las empresas de palma de aceite Urapalma, Palmas S.A,

Palmadó, Palmas de Curbaradó y Palmura. En la zona de Brisas y

Cetino, Urapalma inició directamente la adecuación del terreno y

sembró 1.500 hectáreas de palma de aceite; en la zona de

Camelias, Caño Claro y Andalucía las otras empresas

supuestamente han hecho convenios de usufructo con algunas

familias. En la visita que realizó a la zona en el pasado mes de

febrero, la Comisión Mixta de Seguimiento constató que los cultivos

de palma alcanzan ya las 7.000 Ha sembradas, de un total de

35.000 que las empresas tienen proyectadas sembrar. Según

denuncias de la comunidad las ACCU han exigido a los pobladores

de los caseríos de Jiguamiandó y Curbaradó que abandonen el

territorio, pues esas tierras ya pertenecen a las empresas

palmicultoras, o que acepten la siembra en el territorio colectivo.

Este proyecto agroindustrial se ha convertido en un factor adicional

de riesgo para las comunidades afrodescendientes toda vez que,

por un lado, las ACCU al defenderlo y las FARC al atacarlo, los

amenazan y hostigan y, por otro, vulnera la propiedad colectiva, la

178 Ibidem


Abogado

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111

inalienabilidad, e imprescriptibilidad del dominio que la Ley 70 de

1993 les garantiza179

.

Hasta mayo de 2004 y como producto de enfrentamientos con la

Fuerza Pública, se habían desplazado 16 familias de las

comunidades de Santa Fe de Churima y Nueva Esperanza; 11

familias de Bartolo se desplazaron hacia el casco urbano del

municipio de Murindó, 12 familias, 63 personas, hacia el

corregimiento de Brisas, en el municipio de Belén de Bajirá.

Adicionalmente, 4 personas fueron asesinadas por miembros de las

FARC, y un menor de 3 años murió en el cruce de disparos entre un

grupo de las FARC y del Ejército Nacional. Así mismo, continuaban

los abusos y violaciones contra las comunidades indígenas Emberá

Katío de los resguardos de Urada y Alto Guayabal por parte de los

grupos armados ilegales, quienes utilizaban sus territorios como

campamento. La ubicación de estos resguardos en los límites entre

Antioquia y Chocó, los convertía en lugares estratégicos para el

abastecimiento de víveres y pertrechos. Varios indígenas habían

sido torturados y obligados a participar en las hostilidades, situación

que los ponía en alto riego al quedar como colaboradores de uno u

otro grupo180

.

En este contexto de disputa territorial y enfrentamientos entre los

grupos armados ilegales, en el cual las comunidades se encuentran

confinadas, era factible la ocurrencia de homicidios selectivos y de



Abogado

______________________________________________________________________

112

configuración múltiple, desapariciones forzadas, desplazamiento

forzado de población, enfrentamientos armados con interposición de

población civil, afectación de bienes indispensables para la

supervivencia de la población civil.

El Informe de Riesgo Nº 040-04 que eran vulnerables a lo anterior

aproximadamente 2.300 pobladores que componían 512 familias de

las comunidades afrodescendientes del territorio colectivo de

Curbaradó y Jiguamiandó. Las comunidades que conforman estas

cuencas son: Santa Fé de Chirima, Caño Seco, Bella Flor

Remacho, Perro Viejo, Pueblo Nuevo, Puerto Lleras, Nueva

Esperanza, Murindó Viejo, Buenavista, El Lobo, Camelias, La

Laguna, El Bracito, Apartadocito, Tamboral, Gengadó Medio, El

Cacao, Pital, Villa Luz, Santa Rosa de Limón, Vergel, No Hay Como

Dios, Bartolo, Tesoro, Canal, Guamal, Jarapetó, Caracolí, San José,

El firme y 60 familias de las comunidades Emberá Katío de Alto

Guayabal y Urada181

.

Caso especial es el del corregimiento de Domingodó, que era una

zona desde la cual las ACCU desarrollaban acciones militares sobre

el río Atrato y sus afluentes. En el casco urbano, ubicado sobre la

rivera derecha del río Atrato, habían impuesto la obligación de

detenerse e informar a las autodefensas el destino y el motivo del

viaje; allí se había instalado un puesto de control sobre las

embarcaciones, personas y mercancías que transitaban por el río

Atrato y autorizaban si se podía o no entrar a la cuenca del río

181 Ibidem


Abogado

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113

Domingodó. Adicionalmente sobre la margen izquierda del este río,

a la altura de los caseríos abandonados de comunidad

afrodescendiente de La Madre, controlaban un cultivo ilícito de coca

de aproximadamente 600 hectáreas182

.

Los pobladores del corregimiento de Domingodó, especialmente los

jóvenes, eran objeto de reclutamiento forzado y obligados a trabajar

en los cultivos ilícitos de coca, transportar municiones, atender y

cuidar heridos o recoger los muertos en combates que se

presentaban en zona. En abril de 2003 varios miembros de las

ACCU llegaron hasta el caserío de Domingodó y se llevaron a un

grupo de jóvenes de la comunidad hacia la cuenca del río Opogadó,

en el vecino municipio de Bojayá, presuntamente para realizar

estas tareas. Adicionalmente, las comunidades afrodescendientes

de Chicao y La Madre, desplazadas desde hacía casi dos años, no

habían podido retornar a sus territorios de origen, por cuanto las

autodefensas mantienen en la zona de la cuenca del rió Domingodó

un severo control a la movilidad, restricciones al acceso a bienes

indispensables para la supervivencia y un régimen de reclutamiento

forzoso183

.

En Domingodó están el Territorio colectivo de las comunidades

afrodescendientes de Chicao y La Madre y los resguardos Embera

Dóbido de Mamey Dipurdú y Unión Chorogodó. La cuenca del río

Domingodó se había convertido en una zona en disputa entre el 57

frente de las FARC y las ACCU, por el control sobre una franja de


13 de Mayo de 2004, Carmen del Darién, p. 3


Abogado

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114

cultivos ilícitos de coca localizada sobre la rivera derecha del río

(Brazo Viejo) en el territorio colectivo de las comunidades

afrodescendientes de Chicao y La Madre. Adicionalmente en los

territorios de los resguardos Embera Dóbido de Mamey Dipurdú y

Unión Chorogodó, las comunidades y los tambos son objeto de

constantes incursiones armadas.

Tanto las comunidades indígenas, que permanecían en sus

territorios y caseríos, como las afrodescendientes, en ese momento

desplazadas de sus territorios y ubicadas en el casco urbano del

municipio del municipio de Riosucio, en los caseríos de Montaño,

Carmen del Darién, y Opogadó, Bojayá, eran objeto de amenazas,

retenciones y señalamientos por parte de ambos grupos ilegales.

Adicionalmente, las ACCU mantenían confinadas en los caseríos a

las comunidades indígenas de Unión Chogorodó y Mamey Dipurdú

y sólo les permitía cultivar en un radio máximo de 150 metros

alrededor, bajo la amenaza de retenerlos o asesinarlos184

.

Sobre la cuenca del río Domingodó, se encontraban varios puntos

de control de las autodefensas, en los que realizaban requisas,

decomisaban mercancías, retenían a las personas, que en muchas

ocasiones eran sometidas a torturas con ―la bolsa‖ , preguntando por

el paradero de la guerrilla; igualmente, controlaban el paso de

alimentos, medicamentos y combustible. Por otra parte, el Frente 57

de las FARC, con más de 20 años de presencia en la zona,

realizaba acciones militares en todo el territorio, incluso en los

resguardos indígenas y en los territorios de las comunidades

184 Ibidem


Abogado

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115

afrodescendientes. De la misma manera, interceptaban, maltrataban

a la población e indagaban sobre la presencia de las ACCU185

.

Ambos grupos armados ilegales incursionaban en los territorios y

caseríos de las comunidades indígenas, única población civil que

quedaba en la zona, saqueaban sus viviendas y robaban sus

animales y comida. Así mismo, las comunidades indígenas se

habían visto obligadas a reducir sus zonas de cultivo, pesca y caza

a no mas de 150 metros a la redonda de sus caseríos y tambos, en

una situación de crítico desabastecimiento alimentario186

.

Las comunidades afrodescendientes de los caseríos de Chicao y La

Madre, desplazadas en Domingodó, Montaño y Opogadó, habían

tomado la decisión de retornar y, para tal propósito, constituido la

Junta Pro-retorno, y reclamaban el apoyo de las instituciones

estatales, de las ONG y de los organismos internacionales,

exigiendo un retorno con garantías y en condiciones dignas de vida

y con seguridad efectiva para la población. La situación para el

retorno de la población afrodescendiente era compleja y difícil, toda

vez que había evidencias de la existencia de campos minados en la

zona y de cultivos ilícitos controlados los grupos armados ilegales.

Además, no existía presencia de la Fuerza Pública que patrullara

por esta cuenca, ni se conocía de acciones que permitieran

garantizar a las comunidades un retorno voluntario, digno y seguro.



Abogado

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116

Una visita realizada a la cuenca del Domingodó por una comisión de

la Defensoría del Pueblo, ACNUR, ASCOBA y la comunidad,

constató la presencia de las ACCU en 12 puntos distintos sobre río

Domingodó con grandes facilidades de movilidad -en

embarcaciones hombres armados que a su vez realizan retenes- y

verificó también grandes dificultades para el retorno de población y

concluyó que eran pocas las condiciones y garantías para el

regreso a sus tierras. Un retorno en estas condiciones sólo podría

generar riesgos y expondría a las comunidades a un régimen de

sometimiento en la que era previsible la imposición trabajar en los

cultivos de coca para el grupo armado que los controla. De la misma

manera, la población quedaría confinada en su territorio y sería

forzada a participar en acciones de los grupos armados ilegales.

La constante incursión y el transito permanente de grupos de las

ACCU y del 57 frente de las FARC por el territorio de las

comunidades afrodescendientes de Chicao y La Madre y de los

resguardos Embera Dóbido de Unión Chogorodó y Mamey Dipurdú,

el constante señalamiento y las permanentes amenazas contra la

población civil hace prever la factible ocurrencia de homicidios

selectivos, desapariciones forzadas, enfrentamientos con

interposición de población civil, bloqueos y restricciones al acceso a

bienes indispensables para la supervivencia y el reclutamiento

forzado, en el marco de un nivel de riesgo que hemos calificado

como medio187

.

187 Ibidem


Abogado

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117

El Informe de Riesgo Nº 036-04 consideraba en situación de riesgo

aaproximadamente 900 personas ubicadas en la cuenca del río

Domingodó, de las cuales 350 (70 familias) habitaban en el casco

urbano del corregimiento de Domingodó; 263 (51familias) en el

resguardo Embera Dóbida Unión Chogorodó; 65 (13 familias) en el

resguardo Embera Dóbida Mamey Dipurdú y 200 (40 familias

afrodescendientes) desplazadas de las comunidades La Madre y

Chicao y ubicadas en el casco urbano de Riosucio, en el caserío de

Montaño, municipio de Carmen del Darién y en Opogadó, municipio

de Bojayá.

La situación en 2005 cambió y en especial es importante hacer

precisiones sobre los Resguardos Unión Chogorodó, y Mamey

Dipurdú y Comunidades de Chicao y La Madre. En diciembre de

2004 el Bloque Élmer Cárdenas declaró que, en enero de 2005,

desmovilizaría a sus combatientes. A pesar de que en noviembre de

2005 esto no se había materializado, la confrontación armada había

comenzado a evolucionar. Las autodefensas estaban movilizando

sus tropas para establecer unos corredores de contención que les

garantizara su permanencia en la zona una vez efectuada la

desmovilización. Con esta finalidad, el día 8 de noviembre habían

ingresado alrededor de 2000 combatientes al Resguardo Mamey –

Dipurdú, para cerrarle el paso a la guerrilla proveniente del

departamento de Anmtioquia y el Medio Atrato chocoano188

.


30 de noviembre de 2005, Carmen del Darién, p. 3


Abogado

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118

Se emplazaron en el caserío, apropiándose de productos pecuarios

y alimenticios, lo que podía producir el desplazamiento masivo de

toda la comunidad. Producto de la ocupación se generó

desabastecimiento alimenticio, restricciones a la movilización de los

indígenas para realizar sus faenas de caza y pesca, corte de

madera y limitaciones para trasladarse por las cuencas del río

Domingodó, situación que ya había determinado el desplazamiento

de 4 familias integradas por 17 personas189

.

Pos su parte la guerrilla, estaba reforzando su estructura militar y

avanzaba desde las partes altas de las cuencas de los ríos hacia las

desembocaduras, presentándose enfrentamientos con las

autodefensas, también estaban avanzando por el corredor que

comunica Mutatá con Belén de Bajirá(Pavarandó), con la finalidad

de romperle a sus rivales la circulación con Riosucio. Por lo anterior

se preveía enfrentamientos con interposición de la población civil y

desplazamiento forzado190

.

La reconfiguración de la disputa armada y los riesgos contra la

población civil fueron consignados en los informes para la cuenca

del río Domingodó: el SAT, el 30 de noviembre de 2005, emitió el

Informe de Riesgo No. 058 –05 de Inminencia para el Resguardo

Emberá Dobidá de Mamey Dipurdù, Municipio Carmen del Darièn,

Chocó, debido al ingreso de integrantes del BEC –AC al caserío de

Mamey Dipurdù, en donde profirieron amenazas contra los lideres y



Abogado

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119

representantes del resguardo, acusándolos de ser supuestos

colaboradores de la guerrilla, del mismo modo ocuparon espacios

de uso comunitario, sustrajeron animales y productos agrícolas para

el consumo humano (cerdos, gallinas, plátano y maíz), se

apropiaron de los medios de movilización y transporte de los

residentes (canoas y chalupas) y restringieron su movilidad191

.

En 2006 adquiere realce la situación en el Resguardo Emberá

Dobidá de Mamey Dipurdú. Ante la permanencia del riesgo se

elaboró el 24 de febrero de 2006, el Informe de Riesgo 010-06 para

el resguardo, advirtiendo sobre la permanencia de

aproximadamente 100 combatientes de las autodefensas armados,

quienes han instalado sus dormitorios debajo de los bohíos, y se

están apropiando, para su manutención, de los alimentos, animales

de corral e insumos agropecuarios, lo cual coloca en grave riesgo la

vida e integridad personal de los indígenas y afecta los bienes

indispensables para la supervivencia de este grupo étnico192

.

En situación de riesgo se encontraban 17 familias, para un total de

61 personas. La prolongación de la estancia en el resguardo por

parte de los combatientes de las Autodefensas, estaba propiciando

el establecimiento de relaciones, especialmente con las mujeres

jóvenes, colocándolas en una situación de vulnerabilidad y riesgo.

Estos, aprovechando su condición de hombres armados estaban

seduciendo a las mujeres, creando un ambiente de confrontación

191 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 8 192 Ibidem


Abogado

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120

entre los hombres indígenas. El caso más significativo se presentó

cuando uno de los combatientes ingreso al cuarto de una menor de

13 años, la cual alarmó al grupo frustrando un hecho de violencia

contra la menor. Este episodio significó que la joven fuera

reprendida por las autoridades del resguardo, por haber propiciado

el acoso y generó fisuras al interior de la familia de la joven y

conflictos internos en la familia y en la comunidad atentando contra

de la unidad del pueblo indígena193

.

Belén de Bajirá

Sobre este municipio vale la pena destacar la situación en 2006.

Aunque no se poseen cifras sobre Belén de Bajirá, este municipio

se había convertido en la capital palmera de la región y por lo tanto,

en el centro de operaciones de los paramilitares al servicio de las

grandes empresas palmicultoras. De acuerdo con el Secretario de

Gobierno del Chocó, la población de este municipio pasó de 3000 a

8000 habitantes en cuatro años, por la demanda de mano de obra

que generan las empresas palmicultoras. Citando nuevamente a la

Comisión Justicia y Paz después de conocido el informe del 14 de

marzo de 2005 del Incoder ―en la región se han dado una serie

amenazas sobre familias desplazadas del Curvaradó por parte de

los paramilitares, se han recibido informaciones que se encuentran

20 sicarios listos en Belén de Bajirá para atentar contra quienes

vienen realizando reclamaciones en torno a la propiedades


de febrero de 2006, Carmen del Darién, pp. 6-7)


Abogado

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121

individuales y las del territorio Colectivo‖194.

Uno de los hechos más

relevantes ocurridos últimamente en Belén de Bajirá es la

desaparición y posterior homicidio del integrante del Consejo

Comunitario del Curvaradó, Orlando Valencia, cobijado con medidas

provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el

15 de octubre de 2005. Orlando fue capturado por la Policía de

Bajirá junto a un acompañante nacional de la Comisión Justicia y

Paz y otro internacional de PASC/Canadá cuando se dirigían hacia

la Comunidad de la Despensa Media en el Curvaradó, donde se

encontraba reunida la asamblea del Consejo Comunitario de

Curvaradó. Después de ser dejados en libertad, Orlando fue

abordado por dos paramilitares, que habían seguido al grupo en una

motocicleta, apuntaron con el arma al miembro de Justicia y Paz

cuando salió a reclamar por Orlando y dijeron al afrodescendiente

―vamos o si no lo pelamos aquí‖. Lo montaron en la motocicleta que

tomó por la vía que conduce al municipio de Chigorodó. El 25 de

octubre su cuerpo fue encontrado en Bocas de Zabalo a unos 30

minutos de Chigorodó195

.

5. DESARROLLO DEL CONFLICTO EN EL MEDIO ATRATO

El afianzamiento del proyecto Paramilitar en el Norte de Urabá y eje

Bananero, 1996, y el avance de estas organizaciones sobre el

194 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Informe No. 52. op. cit. 195 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Asesinado Orlando Valencia y Detenido Arbitrariamente Bernardo Pequi Díaz, Bogotá, 27 de octubre de 2005. En:

http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=230

http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=230


Abogado

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122

Urabá Chocoano, Belén de Bajira (Antioquia), y Ríosucio, (Chocó), y

la posterior expansión hacia el Medio Atrato, 1997, tuvo como

finalidad el desalojo de la guerrilla de estos territorios (empleados

para repliegue y refugio), para así fragmentar las franjas de

movilización hacia los departamentos de Antioquia (rica en

minerales energéticos y ferrosos), Córdoba y la frontera con

Panamá; el avance y la implantación de este grupo armado ilegal en

la región se manifestó también en un proceso de expropiación de

los suelos colectivos de las comunidades indígenas y

afrocolombianas, situación que a futuro resultaría perversamente

funcional a la implantación de cultivos ilícitos como de cultivos

agroindustriales (palma aceitera). Acciones representaron un

recorrido de muertes, desapariciones y desplazamientos en las

diferentes cuencas de los ríos afluentes del Atrato: Quiparadó,

Truandó, Salaqui, Domingodó, Curvaradó, Jiguamiandó, entre otras,

y en las cabeceras municipales de San Bartolomé de Murindó y

Vigía del Fuerte.196

Conviene apreciar la situación por municipios.

Bojayá

El municipio ha estado relacionado en toda la dinámica con Vigía

del Fuerte Antioquia. El municipio de Bojayá, en el departamento del

Chocó, poseía una población al 2005 –DANE, de 11.395 habitantes,

de los cuales 1.393 se emplazaban en la cabecera, el 12.2% del

196 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 068-03 de

Octubre 20 de 2003, Bojayá, p. 3


Abogado

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123

total, y 10.002 en la zona rural, el 87.78% de la población. Limita al

norte con el municipio del Carmen del Darién, al sur con los

municipios de Quibdó y Alto Baudó, al oriente con el departamento

de Antioquia y al occidente con el municipio de Bahía Solano. El

municipio de Vigía del Fuerte, pertenece al departamento de

Antioquia, contaba con una población al 2005 –DANE, de 13.237

residentes, de los cuales 4.640 se ubicaban en la cabecera, lo que

representaba el 35.1% del total, y 8.597 en el área rural, que

equivalía al 64.9% de los habitantes. Delimita por el norte con los

municipios del Carmen del Darién y Murindó, en el departamento de

Antioquia; al sur con los municipios de Quibdó y Medio Atrato, al

oriente con los municipios de Dabeibá, Urrao y Frontino en el

departamento de Antioquia, y al occidente con Bahía Solano, en el

pacifico chocoano. De los 24.632 pobladores que conformaban los

municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, aproximadamente el 77%

eran Afrodescendientes y el 23% indígenas. Ambos municipios,

emplean el río Atrato como eje principal de comunicación y

movilización de pasajeros y mercancías, hacia las cabeceras

municipales de Ríosucio, bajo Atrato, Turbo en el Urabá antioqueño

y Quibdó. La mayor parte de sus suelos son aptos para la

agricultura, representada en el cultivo del plátano, banano, arroz y

cacao. Posee algunas zonas ganaderas (sobre los cauces de los

ríos Opogado, y Murrí); y un gran potencial pesquero, mineral y

maderable. 197


abril 27 de 2006, Bojayá y Vigía del Fuerte, p. 4


Abogado

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124

Hasta 2003 la situación se volvió crítica en el corregimiento de

Mesopotamia. El 23 de mayo de 1997, las Autodefensas se

instalaron en los centros municipales de Vigía del Fuerte, y San

Bartolomé de Murindó, departamento de Antioquia, y el municipio de

Bojayá, Chocó, estableciendo un retén sobre el río Atrato. La

guerrilla reforzó en 1998 su presencia en el Medio Atrato, mediante

la realización de bloqueos de alimentos, medicinas y gasolina, y el

asesinato de comerciantes de la zona señalados de ser

colaboradores de las Autodefensas; en marzo del 2000 se toman a

sangre y fuego la cabecera municipal de Vigía del Fuerte198

.

El avance del Bloque Élmer Cárdenas al Medio Atrato, en el marco

de la disputa territorial contra las Fuerzas Revolucionarias de

Colombia –FARC-, Frente 57, por el control territorial de las franjas

de movilización hacia el Urabá, Occidente y Suroeste Antioqueño, la

costa Pacifica y la frontera con Panamá, aunado al interés que

representaba para las AUC la existencia de suelos colectivos,

considerados fundamentales para la expansión de cultivos

agroindustriales (palma aceitera) y el establecimiento de un corredor

de seguridad que contuviera las posibles incursiones de la

insurgencia a los sitios de concentración de sus integrantes en

Urabá y Córdoba, hacían factible la ocurrencia de homicidios

selectivos dada la estigmatización de la población indígena y

afrochocoana como colaboradora de la insurgencia y de eventuales

desplazamientos forzados antecedidos de amenazas y


Octubre 20 de 2003, Bojayá, p. 3


Abogado

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125

desapariciones como parte de la estrategia contrainsurgente de las

AUC. Igualmente era probable la afectación de la vida y bienes de la

población civil, restricción de la libre circulación y desabastecimiento

alimentario, frente a posibles enfrentamientos bélicos con

interposición de población civil entre las FARC y las AUC, a su vez

acciones de retaliación sobre la población por parte de la

insurgencia por la permanencia de sus adversarios en los caseríos y

localidades199

.

El 18 de abril de 2002, las Autodefensas anuncian la toma de Vigía

del Fuerte y Bojayá, ingresan desde el Urabá Antioqueño, por el

municipio de Turbo. El 1 de mayo irrumpe la FARC al casco

municipal de Vigía del Fuerte, asesinando a cuatro jóvenes por su

supuesta colaboración con las AUC, grupo que a su vez se repliega

hacia Bellavista, cabecera municipal de Bojayá. El 2 de mayo se

produce un enfrentamiento entre la guerrilla y Autodefensas con

saldo trágico de 119 personas muertas y múltiples heridos. Los

combates se prolongaron durante cinco (5) días, las Autodefensas

se replegaron hacia el Bajo Atrato, municipios del Carmen de

Daríen, Ríosucio y Belén de Bajira; la insurgencia ingresó a los

cauces de los Ríos Opagadó, Napipi, Quia y Bojayá, entre otros.

Posteriormente el control de la zona es asumido por el Ejército y la

Armada Nacional, en tanto que los grupos en contienda continuaron

realizando acciones armadas contra la población civil: bloqueos

199 Ibidem


Abogado

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126

alimenticios, restricciones a la circulación, homicidios y

desplazamientos de población200

.

Durante el 2003, continúa la avanzada de las Autodefensas hacia el

Medio Atrato por el Urabá Chocoano, el Occidente y Suroeste de

Antioquia, conformando una tenaza sobre los territorios controlados

por la insurgencia; al parecer estos territorios se constituirían en

franjas de protección de los sitios de concentración de sus

integrantes. En el marco de las negociaciones que se adelantaban

con el gobierno Nacional; el Bloque Élmer Cárdenas no se acogió a

las negociaciones con el gobierno nacional, aduciendo de que no

estaban dadas las condiciones para establecer la paz, con este

argumento continuó accionando y avanzando sobre el Medio Atrato,

con el objetivo de expandir el control territorial, y establecer una

franja de protección que le impidiera a la guerrilla realizar cualquier

intento de reconquista del Urabá Antioqueño. Propósito que

pretendía además desalojar a la guerrilla de los corredores que

comunican a San Bartolomé de Murindó con el Valle del Río Murrí,

zona prolífica en yacimientos minerales energéticos (industria de

telecomunicaciones) y ferrosos, y franja de comunicación hacia el

Occidente, Nudo de Paramillo y el Departamento de Córdoba;

estrategia que conllevó a la ruptura de la base social existente en la

zona, considerada como soporte de la subversión, lo que representa

minar la resistencia de las comunidades indígenas y negras que se

oponían a desalojar sus territorios201

.



Abogado

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127

La confrontación armada se exacerbó el 24 de septiembre de 2003,

con el ingreso desde el municipio de Carmen del Daríen, cuenca del

río Domingodó, de una columna móvil del Bloque Élmer Cárdenas,

de las AUC, a la cuenca del río Opagadó, territorio controlado por la

Farc, en esta incursión fueron torturados varios pobladores

indígenas acusados de ser milicianos, luego penetraron a la

comunidad Emberá de Unión Baquiaza, reteniendo a 20 indígenas,

los cuales posteriormente fueron liberados; los contrainsurgentes

permanecieron en el caserío durante los días 26, 27 y 28,

exponiendo a la población civil a posibles incursiones de la guerrilla

quienes se encontraban en la zona rural. La llegada de las AUC a

Unión Baquiaza y el rumor de su avanzada hacia la comunidad

afrochocoana de Carrillo motivaron el desplazamiento de los

integrantes del Consejo Comunitario y sus familias,

aproximadamente 180 personas, hacia Napipí. En octubre de 2003

las comunidades permanecían en sus viviendas por el temor de ser

visualizados y de que se presentasen enfrentamientos, situación

que les impedía realizar labores productivas en sus parcelas,

poniendo en riesgo la seguridad alimentaría de la población202

.

La precariedad de mecanismos jurídicos que garantizaran la

defensa de los territorios colectivos, e impidieran la expropiación por

la vía de hechos por parte de los grupos de Autodefensas, la

utilización de los territorios por parte de la insurgencia como zonas

de repliegue, descanso y abastecimiento; los propósitos de las AUC

202 Ibidem


Abogado

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128

de bloquear las franjas de movilización a la guerrilla y establecer un

corredor de seguridad y contención de la insurgencia hacia el Urabá

Antioqueño , y el proceso de expansión del modelo contrainsurgente

en el Medio Atrato, se constituían en factores de vulnerabilidad para

las comunidades indígenas y afrochocoanas emplazadas en el

territorio de disputa, especialmente a los integrantes de los Cabildos

Indígenas y Consejos Comunitarios, señalados como supuestos

colaboradores de la guerrilla. En este marco las comunidades

indígenas y afrocolombianas se hacían vulnerables a la violencia

contrainsurgente que la considera simpatizante de los grupos

guerrilleros. A su vez el ingreso y permanencia de las AUC en los

poblados, podía generar acciones de retaliación por parte de los

insurgentes.203

Las presiones ejercidas por los actores ilegales armados sobre los

miembros de estas comunidades, los desplazamientos que habían

padecido (especialmente las comunidades afrochocoanas) y las

condiciones de exclusión y marginalidad que impedían mejorar sus

condiciones de vida, estaban fracturando el tejido de las

comunidades, fisuras que se manifiestaron al interior de las etnias

indígenas a través del suicidio colectivo de siete (7) de sus

integrantes, atribuidas por los Jaibanas -guías anímicos- al espíritu

de la guerra que padecían sus comunidades.204



Abogado

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129

El emplazamiento de las Autodefensas en los caseríos, su

avanzada sobre los territorios controlados por las Farc, la

implantación de acciones de contrainsurgencia y la respuesta de la

guerrilla de defender a sangre y fuego el territorio determinaban el

riesgo como alto. Por lo anterior el Informe de Riesgo Nº 068-03 de

Octubre 20 de 2003 consideraba vulnerables los quinientos treinta

(530) indígenas Emberá pertenecientes a las comunidades de

Unión Baquiaza, Egorokera y Playita y trescientos setenta (370)

afrodescendientes de las comunidades de Mesopotamia y Bocas de

Opogadó emplazados en la cuenca del río Opogadó205

.

En 2004 se destacaron como críticos los Corregimientos

Mesopotamia - La Loma de Bojaya- Boca de Napipi en Bojayá, el

Casco Urbano de Vigía del Fuerte y el Corregimiento Puerto

Antioquia.

Entre finales del 2003 y principios de 2004, el BEC reforzaron sus

tropas e incursionaron de manera violenta en la zona; las FARC se

replegaron hacia la parte alta del río Opogadó, y hacia Napipí,

utilizando trochas y senderos entre las comunidades Indígenas de

Playita y Unión Cuití (Bojayá). Los insurgentes en su retirada,

minaron los caminos con el objetivo de contener la avanzada de las

Autodefensas. Así mismo bajo amenazas, ordenaron desocupar el

territorio y más de 2.000 indígenas se desplazaron hacia Boca de

Opogadó (Bojayá), situación que se sumo a los múltiples

señalamientos, torturas, emplazamientos y restricciones

205 Ibidem


Abogado

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130

alimentarías impuestas por la guerrilla. Durante el primer trimestre

del año 2004, se intensificó la presencia de las FARC en la parte

media y alta del río Bojayá, mientras que el Ejército Nacional

desarrollaba operativos en las zonas bajas y desembocadura del río

Bojayá en el Atrato. Confrontación armada que afectó

principalmente a las comunidades de la Loma de Bojayá, Pogue,

Caimanero, Corazón de Jesús y Piedra Candela, materializadas en

asesinatos selectivos, desabastecimiento, confinamientos y

desplazamientos gota a gota: En total 137 familias se desplazaron

hacia Bella Vista, y dos lideres indígenas denunciaron amenazas

de muertes206

.

Una vez retirado el Ejército Nacional de la Loma de Bojayá, se

produjo el desplazamiento masivo del total de la población hacia

Bella Vista y Vigía del Fuerte, ante el constante asedio por parte de

las FARC, particularmente contra los madereros que estaban

desconociendo las reglas impuestas por dicho grupo (dos personas

fueron asesinadas durante este periodo), orientadas a contener la

estrategia de explotación maderera difundida por el BEC, las cuales

había entregado de manera forzada aproximadamente 200

motosierras entre los campesinos del río Opogadó207

.

En 2005, en el mes de febrero, más de 250 familias de las

comunidades del río Bojayá, pertenecientes a la Loma de Bojayá,

Caimanero, Pogue, Cuia, Corazón de Jesús y Piedra Candela, se

206 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 016-06 de abril 27 de 2006, Bojayá y Vigía del Fuerte, p. 4 207 Ibidem


Abogado

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131

desplazaron ante la constante presencia y el incremento de

combatientes de las FARC y los rumores de avanzada del bloque

Élmer Cárdenas hacia la zona. Estos hechos se habían advertido el

29 de noviembre de 2005, en la Séptima Nota de seguimiento al

Informe de Riesgo No 068 -03 de octubre 20 de 2003 emitida para

el municipio de Bojayá, en la cual el CIAT recomendó en enero del

2006 mantener la Alerta Temprana208

.

Fundamentados en el monitoreo del SAT, se constató la instalación

de un campamento del Bloque Élmer Cárdenas en las comunidades

de Caimanero y Corazón de Jesús, desde allí realizaban retenes,

saqueos, señalamientos y retaliaciones contra los pobladores de la

comunidad de Pogue y de las comunidades indígenas de Puerto

Antioquia, Cuia y Charco Gallo, a quienes tildaban de ser

auxiliadores de la guerrilla, debido a la defensa de su autonomía y

la oposición de abandonar los territorios. Desde el mes de

noviembre del 2005, la disputa armada entre las FARC y las ACCU,

giró en torno al control sobre la explotación de madera en el bajo y

medio Atrato; motivo por el cual el SAT advirtió sobre el

desplazamiento de indígenas desde Ríosucio hacia Juradó, los

cuales huían de las amenazas y acusaciones proferidas por la

guerrilla. Igualmente el incremento de combatientes de las FARC en

la cuenca del río Arquía, municipio de Vigía del Fuerte, y la

implementación de mecanismos de coerción contra las

208 Ibidem


Abogado

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132

organizaciones sociales y productivas, imponiendo formas de

asociación y tributación a la explotación de recursos naturales209

.

Los intereses de las FARC sobre las zonas donde se proyectaban

explotaciones de recursos naturales era evidente en toda la región,

teniendo en cuenta que los nacimientos de los ríos Arquia, Murrí y

Murindó hacen parte de la franja montañosa que recorre en forma

longitudinal los limites entre Antioquia y Chocó; formación

montañosa rica en minerales como el cobre, zinc y plomo (en el

Cerro Careperro ubicado entre Carmen del Darién, Vigía del Fuerte

y Murindó, se explotaran yacimientos de minerales de cobre y

uranio), y metales preciosos como oro y plata, donde empresas

extranjeras tenían proyectadas su explotación a mediano y largo

plazo.

En 2006 hay varias situaciones. En la descripción del riego del

Informe Nº 016-06 se consideraba que Las FARC, en su propósito

de recuperación de las zonas altas y medias de las cuencas de los

ríos Bojayá, Napipi y Opogado, en jurisdicción del municipio de

Bojayá, Murrí y Arquía, pertenecientes al municipio de Vigía del

Fuerte, estaban realizando movimientos de avance de sus

combatientes con el fin de copar las zonas que el bloque Élmer

Cárdenas de las Autodefensas –BEC- desalojaran en su proceso de

desmovilización. Esta situación, implicaría la reconfiguración de la

confrontación armada en la subregión nororiental del bajo y medio

Atrato, a partir de la expansión de la guerrilla y la posible

209 Ibidem


Abogado

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133

conformación de nuevos grupos armados ilegales para contener el

avance de la insurgencia.

Las FARC, pretendían reconquistar los corredores naturales de

movilidad y las vías de acceso, que facilitan la comunicación entre

el sur oeste de Antioquia y el Chocó, hacia el océano Pacifico, a

través del bajo Atrato y las cuencas de los ríos Murrí, Arquía,

Napipí y Opagadó; y con la capital Quibdó, ingresando por los ríos

Bebaramá, Babará y Negua. Recuperación que le permitiría a la

subversión, apoderarse de corredores de movilización en el bajo y

medio Atrato en poder del bloque Élmer Cárdenas de las ACCU,

áreas para la implantación de cultivos de uso ilícito, el

procesamiento y comercialización de alcaloides, y territorios con

perspectiva de proyectos productivos (palma aceitera, ganadería

extensiva e intensiva)210

.

El ingreso de la guerrilla a las zonas que fueron de influencia del

grupo rival, implicará presiones, intimidaciones y retaliaciones

contra las organizaciones sociales y productivas establecidas:

líderes comunitarios, autoridades étnicas y, madereros, los cuales

se han opuesto al ingreso de actores armados a sus territorios, la

implantación de cultivos de uso ilícito, la explotación maderera y de

minerales (sobre los ríos Bojayá, Napipí y, Arquía), la

implementación de ganadería extensiva (en la cuenca del río Murrí);

la proliferación de cultivos de palma aceitera en territorios colectivos

y, la posible ejecución de proyectos económicos por parte de

210 Ibidem


Abogado

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134

intereses particulares, que vulneran sus derechos territoriales y

colectivos.

Así mismo, se presagiaba que con la finalidad de instituir el proyecto

de Alternatividad Social –PASO, impulsado por los desmovilizados

del Élmer Cárdenas (medio y bajo Atrato y, en especial en la cuenca

del río Opogado), surgieran intereses particulares que presionaran a

los actores sociales para que guardaran lealtad, se implementaran

mecanismos de coerción contra contradictores y organizaciones

comunitarias autónomas, y retaliaciones contra supuestos

simpatizantes y/o colaboradores de las FARC211

.

Lo anterior tenía fundamento en que:

En ese momento , las FARC mantenían férreos controles sobre la

movilización y circulación de personas, medios de transporte, y

prácticas productivas comunales, en especial sobre la cuenca del

río Arquía, tales como: a finales del mes de enero de 2006,

reunieron a la comunidad de Punta de Ociado y les informaron a las

personas dedicadas a la explotación del bosque, la necesidad de

asociarsen y pagarles un tributo por árboles talados, igualmente las

personas que se opusieran a sus mandatos serán multados. De otra

parte, estaban utilizando las viviendas y equipamientos comunitarios

para descansar y pernoctar; y serias restricciones a quienes se

movilizaban, decretando tiempos para salir y regresar a la zona. De

igual manera impartían justicia para resolver problemas de

211 Ibidem


Abogado

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135

comportamiento y otros que son de competencia de inspectores de

policía; así mismo, durante el mes de marzo de 2006, dos personas

que no acataron sus órdenes, fueron asesinadas (uno en la

comunidad de Isleta y el otro en Punta de Ociado) como medida

intimidatoria y ejemplarizante212

.

Las comunidades Afrocolombianas e indígenas más afectadas por

las amenazas de las FARC eran: de Punta de Ociado, Vegaez,

Isleta, Piedras Gordas y Vidrí en el río Arquía, municipio de Vigía

del Fuerte; Unión Baquiaza, Egorókera, Playita, Mesopotamia y

Bocas de Opogadó, Boca de Napipí, Pogue, Piedra Candela,

Caimanero, Corazón de Jesús, ubicados sobre las cuencas de los

ríos Opogadó, Napipí y Bojayá, en jurisdicción del municipio de

Bojayá. También, las FARC estaban ingresando al cauce del río

Opogadó, especialmente a los resguardos de las comunidades

indígenas de Playita y Egorókera, zona que fue controlada durante

tres años por el bloque Élmer Cárdenas, situación que podría

derivar en acciones de retaliación contra los indígenas que

supuestamente le brindaron colaboración a las autodefensas213

.

Mientras la guerrilla avanzaba con el objetivo de posicionarse en las

zonas altas y medias de las cuencas de los ríos Murrí, Arquía,

Napipí, Bojayá y Opagadó, el bloque Élmer Cárdenas en su proceso

de negociación con el Gobierno Nacional, para la desmovilización

de sus integrantes estaba realizando movimientos de sus tropas con



Abogado

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la finalidad de establecer un corredor de contención que impidiera la

expansión de las FARC en el medio y bajo Atrato chocoano y en la

zona norte y sur del Urabá Antioqueño, corredor de movilización

que comunica Belén de Bajirá con Riosucio, e igualmente con

Turbo.

Con esta finalidad, las Autodefensas se concentraron en las

cuencas de los ríos Salaquí, Truandó y Domingodó y

posteriormente ingresaron a los territorios colectivos y resguardos

indígenas, ocupando las viviendas y equipamientos comunitarios,

destruyendo cultivos, apropiándose de productos de pan coger,

animales y artículos pecuarios (cerdos, gallinas, plátano, banano,

caña, palma de chontaduro, y abarrotes), además despojaron de

los medios de movilización y transporte a los residentes (canoas y

chalupas) y restringieron la movilidad de los pobladores.214

Frente a la situación de riesgo desencadenada por la avanzada de

la guerrilla y las acciones de contención del BEC, el SAT emitió el

30 de noviembre de 2005, el Informe de Inminencia 058 – 05 para el

Carmen del Darién, Resguardo Emberá Dobidá de Mamey Dipurdú,

emplazado en la cuenca del rió Domingodó y, posteriormente ante

la persistencia del riesgo formuló el 23 de febrero de 2006, el

informe de riesgo 009 -06 para dicho municipio. Situación de riesgo

que permanece a la fecha, la cual se ha agudizado en la cuenca del

río Salaquí, jurisdicción de Riosucio, en donde los integrantes del

BEC desde hace dos meses están impidiendo la libre movilización

214 Ibidem


Abogado

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137

de 220 familias emplazadas sobre la ribera del río, restringiendo el

transporte de maderas ordinarias, generando un confinamiento y

una crisis alimentaria y humanitaria.

Ante los movimientos de recuperación de territorios por parte de las

FARC, se vislumbraba el surgimiento de un nuevo grupo armado

ilegal, con la finalidad de impedir el acceso de la insurgencia a

zonas que fueron detentadas por el BEC, igualmente la aparición de

intereses particulares encargados de establecer un orden social y

económico que reprodujera la ejecución de proyectos productivos

de acumulación, contrarios a las economías de reproducción de las

comunidades raizales asentadas en la región, instaurándose

además un nuevo ordenamiento territorial y poblacional en contravía

de los principios constitucionales otorgados a Afrosdescendientes e

indígenas. La introducción de formas de producción para la

acumulación y reproducción de excedentes, en áreas consideradas

de territorios colectivos y resguardos indígenas, se constituían en la

punta de lanza para la extracción de recursos naturales y

biodiversidad, acordes con las nuevas demandas del mercado

nacional e internacional, los cuales necesitaban desarticular las

formas de asociación y reproducción comunitaria existente,

debilitando los lazos de parentesco y consaguinidad establecidos, y

los mecanismos y métodos de trabajo existentes, con el objetivo de

introducir nuevos modelos de explotación y consumo, liberar fuerza

de trabajo barata y generar residuos humanos, los cuales se


Abogado

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138

convertirían en los futuros desplazados y marginados, arrinconados

en los cinturones de miseria de las ciudades215

.

A las condiciones de riesgo por el conflicto armado, se les suma las

condiciones de pobreza de la zona, ya que el 94.7% y el 83.1 % de

las necesidades básicas de los pobladores de Vigía del Fuerte y

Bojayá (DANE, calculado con información del Censo 1993) no eran

satisfechas, del mismo modo las precarias condiciones de

accesibilidad y desarticulación con los principales núcleos de

concentración de población y, las nuevas necesidades de mercado

que hacían atractivas la extracción de sus recursos, tornaban más

vulnerables las formas de organización y articulación del tejido

social de las comunidades Afrodescendientes e indígenas216

.

Por todo lo anterior el Informe de Riesgo Nº 016-06 de abril 27 de

2006 consideraba vulnerables los 805 indígenas Emberá

pertenecientes a las comunidades de Unión Baquiaza (319),

Egorókera (84), Playita (130); y Unión Cuití (272); y 2.862

Afrodescendientes de las comunidades de Mesopotamia (21),

Bocas de Opogadó (186), Boca de Napipí (1.100), Pogue y, Piedra

Candela (390), Caimanero(76), y Corazón de Jesús (68) ubicados

sobre las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá.

Adicionalmente 3.184 habitantes de Vigía del Fuerte emplazados en

la cabecera municipal (2.176), la comunidad de Puerto Antioquia

sobre el río Atrato (116), y los caseríos de Isleta (345), Boca de



Abogado

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139

Luisa (174), Boca de Vidrí (165), y Vegaez (208) en la cuenca del

río Arquía (datos suministrados por la Alcaldía municipal de Bojayá

y la Personería municipal de Vigía del Fuerte).

A partir de la emisión del Informe de Riesgo, el 27 de abril de 2006,

y pese a las acciones contrainsurgentes del Ejercito Nacional

(Batallón Alfonso Manosalva Flores e Infantería de Marina), habían

ocurrido los siguientes hechos violentos: A finales del segundo

semestre de 2006, la presencia de las FARC, particularmente en el

río Arquía, y los operativos de la Fuerza pública, provocaron el

desplazamiento interno de 57 familias - 230 personas,

pertenecientes a la comunidad de Isleta, hacia Belén y Remolinos,

veredas ubicadas sobre el mismo río (el Ejército Nacional, a través

de la Fuerza de Tarea del Atrato, desarrolló durante el mes de

noviembre operativos militares principalmente en la parte alta del río

Arquía -comunidades de Isleta y Punta de Ociado-; además instaló

bases militares en el río Doguadó, afluente del Opogadó). El viernes

3 de noviembre de 2006, hombres pertenecientes al 34 frente de las

FARC, asesinaron en el río Arquía al señor Jesús Elías Perea

Quejada, quien se desempeñaba como docente en la institución

educativa de la vereda de Belén, y Pastor de la Iglesia Evangélica

de la zona. El cuerpo sin vida del profesor Elías permaneció durante

dos días expuesto a la mirada de sus coterráneos, ante la

prohibición que hiciera la guerrilla, de recogerlo para ser sepultado.


Abogado

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140

En la actualidad, las FARC mantienen confinada a la familia del

occiso en la cuenca217

.

Las FARC, a partir de la última semana de noviembre, restringían la

movilización de lugareños desde la cuenca del río Arquía, hacia el

río Atrato, con destino a Quibdó, declarando objetivo de ataque a

las personas que desobedecieran la orden. De otra parte, la Fuerza

Pública en su propósito de debilitar el poder de las FARC, estaba

restringiendo el paso de alimentos y productos pecuarios desde el

río Atrato hacia el río Arquía, generando una situación de

desabastecimiento alimentario en los caseríos y poblados indígenas

y afrocolombianos. Producto de las presiones armadas de las

FARC, las amenazas de siembra de minas antipersonales

alrededor de sus resguardos (Unión Baquiaza, Egoróquera, y

Playita); y las medidas restrictivas adoptadas por la Fuerza Pública,

los pueblos indígenas del río Opogadó se encuentran en riesgo de

desplazamiento218

.

Durante la realización del Congreso Indígena, en Vigía del Fuerte,

los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2006 (Organizado por ACNUR y

los Cabildos Indígenas de Bojayá, con la participación de Codhes,

Diócesis de Quibdó, Orewa, Acción Social y Defensoria del Pueblo),

se indicó que las FARC están empleando sus territorios para el

cultivo de hoja de coca, desconociendo los principios de autonomía

217 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Nota de Seguimiento Nº 01-07 de

enero 19 de 2007 al Informe de Riesgo Nº 016-06 de abril 27 de 2006, Bojayá y Vigía del Fuerte, p. 3) 218 Ibidem


Abogado

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141

otorgados por la Constitución Nacional. Del mismo modo, en el

Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada, realizado

el 05 de diciembre en Bojayá, se denunció que excombatientes de

las ACCU están siendo utilizados por la Fuerza Pública como guías

e informantes, realizando señalamientos contra la población civil por

su supuesta afinidad con los insurgentes219

.

Quibdó

En este municipio se consideraron críticos los Corregimientos

Guarandó, Bellaluz y Altagracia. El Municipio de Quibdó, capital del

departamento del Chocó, está constituido por un centro urbano

donde se concentraba la mayoría de la población del departamento

(75.344 personas aproximadamente en 2005); y una parte rural que

contaba con una población aproximada de 24.312 personas,

asentadas fundamentalmente sobre las cuencas de los ríos

afluentes del Atrato: Tagachí, Quito, Cabí, Ichó, Tutunendo, Negua

y Munguidó220

.

La cuenca del Negua, ubicada al nororiente de la cabecera urbana

de Quibdó (aproximadamente a 20 minutos por vía fluvial) tenía una

población aproximada de 2.895 habitantes que representan el

11.9% de la población del área rural del municipio; dado que posee

grandes yacimientos de oro, la explotación minera se había

constituido en la base principal de la económia de sus pobladores,

219 Ibidem 220 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 037-05 de

12 de agosto de 2005, Quibdó, p. 2


Abogado

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142

de mineros de otras regiones del Departamento ( Medio Atrato,

Lloró y Quibdó) quienes mantenían las formas artesanales de

explotación, y de foráneos (antioqueños principalmente) que

tecnificaron la producción, logrando con ello no solamente generar

más rendimientos sobre esta actividad, sino también, reactivar otros

sectores económicos (básicamente el comercio y el transporte

fluvial). La cuenca del Munguidó por su parte, ubicada al

noroccidente de la cabecera municipal, contaba con una población

aproximada de 2240 personas que representan el 9.2% de la

población del área rural del municipio; de vocación productiva

fundamentalmente agrícola, esta región se convierte en la despensa

de frutales, plátano y arroz para los habitantes del área urbana221

.

Por su posición geoestratégica, los ríos Negua y Munguidó se

constituyen en corredores desde Quibdó hacia el suroeste

antioqueño y la subregión del Baudo (Chocó) respectivamente, esta

situación sumada a la importancia de sus vocaciones productivas

para la economía local, eran elementos explicativos de la presencia

del Frente Manuel Hernández ―El Boche‖ y los Frentes 34 y 57 de

las FARC en este territorio desde finales de la década del noventa

y, a partir de 2003, de las acciones defensivas de las FARC para

sostener su capacidad de influencia sobre los afluentes del río

Atrato a propósito del copamiento que la Fuerza Pública había

hecho sobre éste.

221 Ibidem


Abogado

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143

La histórica presencia de la guerrilla en la región vino a ser

disputada en la década del 90, por los grupos paramilitares

provenientes en su gran mayoría del Urabá antioqueño, donde

llevaron a cabo todo un proceso de ―pacificación‖, que aun es

recordado por el uso del terror, la afectación del tejido social y la

fragmentación de la organización comunitaria.

Estos grupos que pertenecían a las Autodefensas Campesinas de

Córdoba y Urabá —ACCU-, efectuaron en el año 1996 bloqueos

económicos, amenazas, persecuciones, asesinatos y

desapariciones de líderes y lideresas de los movimientos sociales

que reclamaban la autonomía de sus territorios étnicos y su

resistencia frente al accionar de los grupos armados. Las

autodefensas incursionaron en el municipio Carmen de Atrato,

masacrando, amenazando y produciendo el desplazamiento forzado

de los habitantes de la carretera que comunica a esta localidad con

Quibdó. En 1997, las autodefensas llegaron al Medio Atrato

Chocoano y Antioqueño, sembrando el terror al descuartizar

personas, amenazando o arrasando por completo diferentes

poblados. A partir de ese momento, los pueblos del Medio Atrato

comenzaron a sufrir un duro bloqueo económico por medio del retén

permanente en Vigía del Fuerte y retenes temporales en otras

poblaciones a orillas del Atrato.

En el Río Neguá, los paramilitares se dedicaron durante dos años la

explotación ilegal de una mina de oro con financiación de capital

proveniente del Bajo Cauca, hecho que contribuyó a la conversión

de Quibdó en lugar estratégico para el abastecimiento de dichas


Abogado

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144

tropas y espacio de financiación de las mismas a través del cobro

de ―impuestos‖ o ―vacunas‖ a los comerciantes y reclutamiento.

Como reacción al avance paramilitar, desde el año 2000, las FARC

y el ELN reforzaron la presencia en el Medio Atrato. Por medio de

retenes ilegales bloquearon económicamente a los comerciantes

que fueron acusados de ser colaboradores de las autodefensas y

cometieron asesinatos contra la población civil. Las FARC

desarrollaron su contraofensiva con la toma simultánea de Vigía del

Fuerte y Bellavista el 25 y 26 de marzo de ese año, que costó la

vida de 21 policías y 9 civiles, entre ellos el alcalde de Vigía, cuyos

vínculos con los paramilitares eran de conocimiento público.

El ELN incursionó el 28 de abril del 2000 al río Neguá, quemando

las retroexcavadoras para la explotación minera que se desarrollaba

bajo protección de los paramilitares, asesinaron a un combatiente

paramilitar y retuvieron a ocho dueños y administradores de las

maquinarias. En la semana siguiente se produjo el desplazamiento

de las comunidades del río Neguá por temor a enfrentamientos (432

familias de ocho comunidades se desplazaron a Quibdó).

Luego de la retoma del control del territorio por parte de las FARC,

el dominio y presencia de este grupo armado en la región se impone

hasta el 21 de abril del 2002, fecha en la cual se da la nueva

incursión de los paramilitares en el medio Atrato, estableciendo su

puesto de control en la comunidad de Vigía del Fuerte, nuevamente.


Abogado

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145

La presencia del Frente 34 de las FARC en la cuenca del Neguá,

estaba fundamentada por el interés de controlar el corredor que

comunica a la subregión del Atrato Medio Chocoano con el

Antioqueño y el Suroeste de este departamento, y por el interés de

captar recursos para el financiamiento de su estructura armada

proveniente de las exacciones sobre la explotación minera. En este

contexto la guerrilla había impuesto regulaciones para garantizar el

control poblacional, económico y militar del territorio a través de

intimidaciones, amenazas, secuestros, extorsiones, asesinatos,

reclutamientos y trabajos forzados.222

Durante el 2004 se conoció del asesinato de tres personas por parte

de las FARC, una de ellas por negarse a cancelar tributos forzosos

y las otras dos porque fueron señaladas como informantes del

ejército; de igual manera un número indeterminado de personas

aparecieron en listas señaladas como colaboradores del ejército y

de no cumplir con los controles sociales que la agrupación armado

impuso a los habitantes. Además 20 familias se desplazaron

forzadamente ante las presiones de la guerrilla y por los trabajos

forzosos a que sometieron a los campesinos de la cuenca para

habilitar una trocha entre Santa Lucía del Fuerte, San Rafael de

Neguá y Nemota; y el reclutamiento de jóvenes que ante sus

condiciones de marginalidad económica veían en la vinculación a la

guerrilla una alternativa de generación de ingresos económicos. El

martes 2 de agosto de 2005, las FARC asesinaron a tres

campesinos habitantes del corregimiento de Boca de Nauritá,

222 Ibidem


Abogado

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146

hechos que se asocian a las retaliaciones que realizaba este grupo

irregular contra aquellas personas que se negaban a obedecer sus

imposiciones, toda vez que habrían 34 personas más que a través

de una ―lista negra‖ habían recibido amenazas contra sus vidas por

no atender sus requerimientos223

.

De otra parte, aunque los antecedentes de violencia contra los

habitantes de los corregimientos que hacen parte de la cuenca del

Munguidó, entre finales de la década del 90 y el año 2004 se les

atribuye al Frente Manuel Hernández ―El Boche‖ del ELN, cuya

presencia en el territorio se caracterizaba por el uso del mismo

como zona de avituallamiento y captación de recursos para su

financiamiento, a través de secuestros y saqueos realizados a

transportadores y a comerciantes; así como por el uso de la

violencia selectiva (amenazas y asesinatos) en contra de

campesinos y líderes comunitarios que señalaban como informantes

del ejército y/o que se oponían a la vinculación de las comunidades

en la siembra de cultivos ilícitos, situación que se había expresado

en desplazamientos forzados, es la dinámica local del conflicto

desatada a propósito de la presencia de las FARC en el territorio, la

que configuraba el escenario del riesgo para la población civil. Así,

la presencia del Frente 57 de las FARC en la cuenca del Munguidó

estaba asociada a la importancia de este afluente para habilitar

corredores desde Quibdó hacia la subregión del Baudó, al interés, a

propósito de la expansión desde el 2003 de las zonas de cultivos

ilícitos bajo dominio de las FARC, de mantener el control sobre el

223 Ibidem


Abogado

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147

cultivo y el procesamiento de la coca, y, a la importancia táctica de

este territorio en función de la confrontación con la Fuerza Pública.

En 2005 el ELN mantenía influencia fundamentalmente en los

sectores ubicados sobre el trayecto medio del río Munguidó y las

FARC sobre su trayecto alto224

.

El Frente 57 realizaba restricciones a la circulación de personas y al

uso de los medios de comunicación comunitarios, y amenazaban a

los pobladores para que no denuncien su presencia ante las

autoridades civiles y de fuerza pública; ésta situación afectaba en

particular a los pobladores de las comunidades de Guinandó,

Jitradó, Guarando, El Jaguo y Villa Nueva.

Dada la situación descrita en las cuencas del Neguá y el Munguidó,

reiterando la importancia geoestratégica que revestía para las

FARC dichos territorios en la medida en que favorecían su

permanencia, movilidad y reabastecimiento económico y, teniendo

en cuenta las posibles reacciones de la agrupación frente a las

acciones de la fuerza pública, se consideraba factible la ocurrencia

de violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al DIH

representadas en el confinamiento de la población civil por parte de

las FARC como estrategia para interponer a la población civil en su

confrontación con la fuerza pública; y en amenazas, desapariciones

forzadas, masacres, homicidios selectivos y de configuración

múltiple contra los pobladores que no atiendan las imposiciones de

la agrupación y/o que sean señalados como informantes del

224 Ibidem


Abogado

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148

ejército. Bajo estas circunstancias, se consideraba que el nivel de

riesgo de violaciones a los DD.HH e infracciones al DIH puede

catalogarse como alto225

El Informe de Riesgo Nº 037-05 era para aproximadamente 3672

personas de la zona rural de Quibdó: 2240 habitantes de los

corregimientos Guarandó, Bellaluz, Altagracia y las veredas

Guinandó, Jitradó, El Jaguo y Villa Nueva, sobre la cuenca del río

Munguido; y 1432 habitantes de los corregimientos de Boca de

Nauritá, Boca de Nemotá, San Rafael de Neguá, San Antonio de

Ichó, Villa del Rosario, la vereda Santa Lucia del Fuerte y el

Resguardo Indígena de El Guamo, sobre la cuenca del río Negua.

A partir de la desmovilización del BEC –ACCU en junio de 2006, los

insurgentes intensificaron sus mecanismos coercitivos y acciones

violentas contra la población civil, señalada de haberle prestado

colaboración a las autodefensas y de brindarle información a la

Fuerza Pública.

Dado el valor geoestratégico de la zona para los grupos armados, el

interés por contener el proceso de titulación de tierras a favor de

afrocolombianos e indígenas que impide la total garantía de la

inversión de grandes capitales, el éxito del desplazamiento forzado

como estrategia para asegurar la tenencia de la tierra y el acceso a

sus recursos, articulado a proyectos de extracción minera, maderera


12 de agosto de 2005, Quibdó, p. 4


Abogado

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149

y de infraestructura, posterior a la desmovilización del Bloque Elmer

Cárdenas, articulado a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y

Urabá, facilitaron el ―reemplazo‖ de estructuras armadas, incluso

antes de la desmovilización en algunos municipios al parecer,

generados por transacciones económicas entre organizaciones

paramilitares y grupos narcotraficantes. Esta situación contribuyó al

rearme, toda vez que los grupos armados ilegales post

desmovilización de las AUC, conservan en sus mandos reductos no

desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas, activos y de bajo perfil,

pandillas y grupos armados en los barrios, que conservan y

controlan su base social, en tareas de sicariato, amenazas y

extorsión delegadas durante el paramilitarismo en su período más

visible y la migración de desmovilizados provenientes de otros

municipios y departamentos. Estas transacciones anteriores al

proceso de paz con las AUC, son evidentes en la incautación de

armamento y el continuo hallazgo de caletas de armas no

entregadas por algunos bloques, en el Departamento Chocó.

Fredy Rendon Herrera, el alemán, miembro de la Autodefensas

Unidas de Colombia, perteneciente a la casa Castaño, milita desde

1.995 en el grupo paramilitar y desarrolla sus actividades en la zona

del Uraba Antioqueño, con sede en el Municipio de Necocli, e

influencia en el noroccidente de Cordoba y norte del Choco, junto

con Carlos Correa, constituyen el Bloque Elmer Cardenas de las

Autodefensas Unidas de Cordoba y Uraba, con la muerte de este

para el año 1.997-1.998, se convierte en el Comandante del Bloque

EC.


Abogado

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150

Para las mismas fechas y por instrucción de Carlos Castaño, a mas

de las actividades naturales del grupo ilegal, surge una intención de

interferencia social a través de una organizacion, señalada por el

propio Fredy Rendon Herrera en sus declaraciones, las que se

desarrolla especialmente en la zona del norte del departamento de

Antioqueño denominado ―Movimiento Clamor Campesino Caribe‖,

cuyo objetivo es organizar juntas de acción comunal y trabajar por la

comunidad, al igual que buscar apoyos de las comunidades para los

aspirantes electores de la zona.

Esto se desarrollo en la jurisdicción dende acciona en el

Departamento de Antioquia : Municipio de Dabeiba, Mutata,

chigorodo, apartado, turbo, San Pedro de Uraba, Necocli, San Juan

de Apartado y Arboletes, y en el Departamento de Cordoba en los

municipios de Canalete y los Cordobas.

El proyecto político regional de Uraba, del Elmer Cardenas se

denomino ―Por un Uraba Grande Unido y en Paz‖, con énfasis en el

norte de Antioquia, y tenia como finalidad, dicho por el propio Fredy

Rendon, bajarse la responsabilidad y pedidos de la comunidad

sobre obligaciones a cargo del Estado que le estaba

correspondiendo asumir: arreglar puentes y carreteras, desatrancar

ríos, llevar banderas a colegios, transportar maternas a centros

asistenciales entre otras, las cuales si los alcaldes realizaban,

como era su deber, lograba un bienestar para la comunidad y el

cumplimiento sobre una carga social que no tendrían que suplir. Y

el otro objetivo, una vez pensaron en su entrega a las autoridades,


Abogado

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151

era lograr que los municipios se prepararan para recibir en la zona

mas de 5.000 desmovilizados de las AUC - BEC.

Es importante señalar que si bien Fredy Rendon da detalles del

actuar del proyecto en el Departamento de Antioquia, con mayor

claridad, no ocurre lo mismo sobre la información brindada en el

Departamento del Choco; y si bien mantiene mayor claridad sobre

su actuar con los políticos locales, (Alcaldes y concejales), no

ocurre lo mismo con los actores políticos regionales (gobernadores

y representantes), pues sus fines o motivaciones en lo social y

político están dirigidas a los políticos mas próximos que son quienes

podrían solucionar sus quereres. De la misma manera ha señalado

en su declaración del 14 de abril del 2009, minuto 13 de la

grabación que el proceso de contacto político en el Choco era un

tema era un tema independiente al proyecto desarrollado en

Antioquia y en Cordoba.

El área de mayor influencia en el norte del Departamento del Choco

del Aleman eran los Municpios de Acandi, Unguia, Riosucio y

Carmen del Darien, en lo relacionado con cifras político electorales

para el Departamento del Choco representan el 7% del total de

votación territorial, importante determinarlo para efectos de apreciar

el mayor o menor intereses de un aspirante Regional en sus metas

electorales.

De igual manera es importante precisar que si bien la investigación

inicialmente planteo la intervención de Fredy Rendon Herrera, en


Abogado

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152

las elecciones parlamentarias de 1.998, 2.002 y 2.006, finalmente

se contrajo a las elecciones del congreso 2.002, la defensa

interpreta que fue en razón que Fredy Rendon Herrera, comandaba

el Bloque Elmer Cardenas a partir de 1.998-1.999, y su grado de

influencia ni en el área, ni en lo político pudo incidir en dichos

comicios, de igual manera las contiendas electorales del 2.006

estaban excluidas de su actuar, por cuanto desde la expedición de

la ley de Justicia y paz, y la iniciación de actividades de

organización para la desmovilización de las tropas del bloque se

fueron presentando en 3 procesos que requerían su atención, en

consecuencia no había tiempo ni interés de ocuparse sobre temas

políticos. (La primera el 12 de abril del 2006 en el mello,

corregimiento de Villavicencio en el Municipio de Necocli, donde se

desmovilizaron los frentes tanela y costanero, la segunda el 30 de

abril del mismo año en lomas aisladas donde se desmovilizaron los

frentes 40, dabeiba y pavarando y la ultima desmovilización el 16

de agosto del 2006 en el Municipio de Ungia donde se entrega

Fredy Rendon), lo anterior convertían en imposible cualquier

participación del comandante del Elmer Cardenas en la actividad

política, además me lleva a esta afirmación el hecho que el mismo

Fredy Rendon no ha hecho afirmación alguna sobre apoyo durante

ese periodo.

El componente para el trabajo social del Bloque Elmer Cardenas lo

realizaba dentro del departamento del Choco los denominados

Promotores de Desarrollo Social – PDS, componente miliciano que

tenia contactos con la comunidad, no vestían prendas militares ni


Abogado

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153

poseían armamento, conocidas estas personas en estos municipio

asi: En Acandi: Ermes Andres Reboyedo Valeta (a.el escamoso);

Carlos Javier Nieves Perez(a.el medico); En Unguia: Jose Luis

Arrieta Sanchez (a.Mauricio); En Riosucio: Catalino Segura

(a.Nando o Asprilla).

Para las elecciones al congreso 2002, el querer de la comunidad de

lograr una participación o inclusión de un miembro de la zona del

Uraba Chocoano dentro de una de las listas de los candidatos con

opción de lograr alguna de las 2 a que la circunscripción electoral

del Departamento del Choco tenia derecho, fue coincidente con el

querer de Fredy Rendon Herrera, con el fin que dicha población

lograra intervenir a favor de los municipios chocoanos del area para

lograr un bienestar de los municipios del norte (acandi, unguia,

Riosucio). Lo anterior se materializo en ROBER MENDOZA

BALLESTERO (abogado de acandi) quien bajo un mecanismo de

escogencia diseñado por lideres de la comunidad de los municipios

en cita, cada uno con un candidato, realizaron una especie de

convención en la cabecera municipal de unguia durante el mes de

noviembre del 2001. Señalando para representar la región a

Mendoza Ballestero quien quedo incluido como tercer renglón de la

lista del doctor EDGAR EULISES TORRES, logrando incluso entrar

a ejercer el cargo de representante a la cámara por licencia

otorgada al titular.

Fredy Rendon Herrera, el alemán manifiesta, e incluso entrega a la

Corte CD de grabación de charla tenida con Robert Mendoza,


Abogado

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donde afirma que el financio la totalidad de esa campaña de

EDGAR EULISES TORRES en el norte del Departamento del

Choco.

CARGOS Y AFIRMACIONES DELICTUALES PRESENTADAS

POR FREDY RENDON HERRERA.

1.- APOYO ECONOMICO, LOGISTICO Y CON LA COMUNIDAD

El apoyo económico El Aleman los hace

consistir con sus declaraciones en la entrega de $60´000.0000.oo o

$70´000.000.oo al doctor Odin Sanchez Montes de Oca.

El apoyo logístico en el préstamo de lanchas y suministro de

combustibles.

El apoyo de la comunidad con la participación de los promotores de

desarrollo social – PDS

Sobre el primer aspecto de la entrega de dineros existen las

afirmaciones en las declaraciones de Fredy Rendon pero en la

investigación no existe una sola prueba documental que constaten

dicha afirmación. Inicialmente en sus primeras declaraciones

manifestó el alemán que tenia como pruebas ―…inclusos recibos…‖

que demostrarían la entrega de dineros, lo que resulto no ser cierto

No menciono a través de quien había realizado entrega de recursos

al doctor Sanchez Montes de Oca, pero en el devenir procesal


Abogado

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155

aparece Carlos Javier Nieves Perez (a.el medico), desmovilizado

del Bloque Elmer Cardenas con la mención que el fue quien le

entrego $50´000.000.oo al doctor Sanchez Montes de Oca, en el

Municipio de Necocli, en su casa, sin la presencia de nadie como

testigo.

Los motivos de la entrega resultan cuestionados por la defensa en

ejercicio del contradictorio, bajo el argumento que si es cierto que la

campaña de Edgar Eulises Torres Murillo, donde hacia parte Robert

Mendoza Ballestero, quien al decir del Aleman, representaba al

Bloque Elmer Cardenas de las AUC en la contienda electoral del

2.002, para lograr la representación de la región en el Congreso de

la República, la cual estaba siendo financiada en su totalidad con

dineros del Bloque EC, como entonces resultan financiando o

entregando recursos al rival (ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA).

Rompe las reglas de la LOGICA (esencial en la sana critica para la

valoración probatoria), que entre la disputa por ganar las elecciones

a Congreso (que solo tiene 2 curules) con tres candidatos con

opción real, uno de ellos bajo el directo interés que gane por que

tiene un miembro de la organizacion, otro como DARIO CORDOBA

RINCON, el que según afirmación del mismo Fredy Rendon Herrera

en las declaraciones, era quien mayor admiración le producía y

consideraba el mejor, se termine por darle recursos al tercero de

ellos a quien menos respeto y consideración se tiene de los 3(Odin

Sanchez). Es decir se deja a un lado uno de los consentidos DARIO

CORDOBA pero se ayuda, por razones de lastima, por la

necesidad manifestaa por Sanchez Montes de Oca.


Abogado

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Como se entiende que ayudaron a Odin Sanchez Montes de Oca

cuando los resultados electorales no son favorables y logran su

salida del congreso a que estaba elegido durante el periodo 1.998-

2.002, y esta salida se da precisamente por las votaciones de los

muncipios de Acandi, Unguia y Riosucion (De influencia del Aleman

con el Elmer Cardenas).

Las cifras son claras, en escrito entregado el 19 de febrero del 2010

por la defensa a la honorable Corte de la edición Nro. 341 del 15 de

marzo del 2002 del periódico Choco 7 dias, que reportan los

resultados de los escrutinios por municipio se observa que quien

gana las elecciones de la Cámara de Representante por el

Departamento del Choco es Dario Cordoba Rincon con una

votación de 18.994 votos y Edgar Eulises Torres con una votación

de 17.909 votos, perdiendo Odin Sanchez Montes de Oca con

votación de 16.053 votos.

Como puede ser cierto que el Elmer Cardenas ayudo en Acandi,

Unguia y Riosucio cuando los resultados electorales de Unguia

(Lugar donde se desmovilizo el alemán) fueron Edgar Eulises 369

votos, Dario Cordoba Rincon 326 votos y Odin Sanchez Montes de

Oca 159 votos; el doctor Odin Sanchez Montes de Oca no saca ni

siquiera la mitd de lo que sacaron los otros dos (2) candidatos. En

Riosucio Edgar Eulises Torres 267 votos, Dario Cordoba 237 votos

y Odin Sanchez 201; en Acandi Edgar Eulises 752 votos, Dario


Abogado

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Cordoba 290 votos y Odin Sanchez 407 votos, también pierde con

una votación distante. Es cierto que ayudaron pero a perder.

No existe coincidencia en la supuesta suma de dinero entraga a

Odin Sanchez Montes de Oca, el alemán dice que son $60 o 70

millones, ―el medico‖ dice que fueron $50 millones, la regla de la

experiencia indica que una suma de dinero tan alta, mas para la

época de la supuesta ocurrencia de los hechos 2001-2002, no se

desfasa en casi $20 millones de diferencia; si bien se puede afectar

por el tiempo la recordación, la misma no resulta entendible cuando

la diferencia es casi del 40%.

Una supuesta entrega de dinero sin documentos pese haber

anunciado su existencia, sin testigos (distinto a un subalterno en

una actividad criminal), sin coincidencia entre las sumas afecta

circunstancias de PROBABILIDAD.

Por el contrario existe prueba de descargo, supremamente

importante y diciente que demuestran no ser real la afirmación de la

entrega al doctor Sanchez de dinero alguno, basta con escuchar la

declaración de DAYRON MENDOZA CARABALLO. (a.Rogelio),

miembro del secretariado o cúpula del Elmer Cardenas, quien en el

mes de agosto del 2.009, en diligencia practicada en la Cárcel de

Máxima Seguridad de Itagui, y siendo el Financiero de la

agrupación, quien recibía hasta 3 mil millones de pesos mensuales

para la organización, al detallar los gastos del grupo ilegal es

concreto en manifestar que no era política de la organización


Abogado

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entregar dinero a políticos, que el nunca lo hizo, y que no sabe de

reunión del alemán con el doctor Odin Sanchez Montes de Oca,

menos de entrega de dinero de el a este.

No resulta lógico como regla de la sana critica, que un jefe

financiero de la cúpula del grupo Elmer cardenas, quien maneja los

recursos, no sepa de tan importante tema; máxime cuando es el

propio Fredy Rendon Herrera quien dice que a quien le consta sus

afirmaciones es a DAYRON MENDOZA alias Rogelio y por ello lo

llamo la Corte a declarar. La declaración desmiente el hecho y

desmiente la afirmación del aleman.

El segundo aspecto es el apoyo logístico de prestamos de pago y

gasolina. Queda claro dentro del proceso que las visitas a la zona

por parte del doctor Odin Sanchez para la campaña 2002, no

pasaron de una o dos, recuérdese que el propia alias el medico

manifiesta que el que mas se interesaba por la zona era el doctor

Edgar Eulises, que el doctor Odin Sanchez poco iba por allá.

Recibido en declaración por la Corte Suprema en la ciudad de

Medellín el 9 de febrero del 2009 el señor WILLIAN MESA LOPEZ,

motorista de toda la vida en la zona, especialmente en los

municipios de Riosucio y Unguia, donde tiene su vivienda, es claro

en su conteste al afirmar que era él quien transportaba al doctor

Sanchez durante sus correrías políticas en la región, que sabe de la

presencia de los grupos ilegales para la época de los hechos que se

investigan, conoce a los Promotores de Desarrollo Social PDS del


Abogado

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Bloque Elmer Cardena, conoce a Carlos Nieve alias el médico, pero

nunca el doctor Sanchez se movió o desplazo con ellos para ningún

efecto, menos el político, es claro en señalar que nunca en los

tiempos que el doctor Sanchez estuvo haciendo política en los

municipios señalados tuvo contacto alguno con miembros del Elmer

Cardenas, menos que se transporto con otra persona.

De ahí que resulta ser mendaz la afirmación de alias el médico al

decir que recorrió la zona durante 4 días con el doctor Sanchez

Montes de Oca con la intensión de medir el grado de aceptación de

la comunidad sobre el candidato que iban a seleccionar para que el

candidato de la zona hiciera parte de la lista que los llevaría al

congreso de la República. No solo es falsa dicha afirmación por que

resulte ser desmentida por Willian Mesa Lopez y por que nadie los

vio juntos, sino por un documento muy importante que también hace

parte del material probatoria a evaluar dentro de estos

precalificatorios y que fue entregado a la Corte el 9 de febrero del

2010, Edición Nro. 314 del 31 de agosto del 2001, que en primera

pagina del periódico se registra la noticia de la escogencia en

convención de Odin Sanchez Montes de Oca como cabeza de lista

del Movimiento Liberal Popular, con la asistencia en Quibdo de 104

delegados, señalando que: ―Con anterioridad sendas convenciones

realizadas en Istmina y el valle habían elegido a Juan Americo

Lozano y Horacio Rojas como segundo y tercer renglón

respectivamente‖.


Abogado

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Y armonizando este medio de prueba con el testimonio rendido a la

Corte por el señor JHON JAIRO ZULETA, natural de Acandi,

promotor de la escogencia del candidato por la zona, quien

promovía y lidero la reunión de Acandi donde se escogió a Rober

Mendoza Ballestero, persona sin ningún vinculo personal menos

político con el doctor Odin Sanchez, coherente en su declaración,

quien afirma que el doctor Sanchez manifestó que no estaba

interesado en que a el se le tuviera en cuenta para integrar a una

persona de la zona en su lista, y que no tenia interés ninguno en

dichas reuniones por que sencillamente el ya tenia constituida la

lista que lo acompañaría al congreso.

Rompe la regla de la lógica el hecho que no es posible que una

persona que este siendo financiado por el bloque Elmer Cardenas

en este caso y que este siendo apoyado por dicha agrupación ilegal

manifieste su desinterés e incluso su desprendimiento, por que no

desprecio para que alguien que lleve el sello de la representación

de dicho Bloque haga parte de su lista. Como apoyar a una persona

así.

El tercero y ultimo punto tiene que ver con el apoyo de la

comunidad, no resulta confirmada la afirmación de Fredy Rendon

Herrera que a través de los Promotores de Desarrollo –Social se

apoyo al doctor Sanchez Montes de Oca, los propios PDS lo

desmientes JOSE LUIS ARRIETA SANCHEZ, alias MAURICIO

señala que no sabe de reunión de Fredy Rendon Herrera con

políticos ―… directamente no…‖, no vio al doctor Sanchez en

reunión alguna y sobre todo: ―…no indujeron a votar a nadie…‖,


Abogado

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CATALINO SEGURA señala que como PDS tuvo el contacto con la

comunidad pero que muchos políticos no sabían su relación con las

autodefensas, que el doctor Sanchez no podía conocer esta

relación y que nunca trabajo políticamente con el. ERMES ANDRES

REBOYEDO, después de una confusa declaración cuyo grado de

credibilidad queda cuestionado, siendo PDS de acandi, quedo atado

a un hecho declarado bajo juramento por EFRAIN BALLESTEROS

en la ciudad de medellin, quien le dijo a la Corte que fue objeto de

amenazas y presión durante la campaña al congreso del 2002 en

donde trabajaba para el doctor Odin Sanchez Montes de Oca, por

parte de alias el ESCAMOSO, quien le manifestó que siendo que la

región tenia candidato como lo era Robert Mendoza Ballestero,

quien hacia parte de la lista de EDGAR EULISES TORRES, por que

existía el trabajo político a favor de Odin Sanchez Montes de Oca.

En consecuencia la afirmación del alemán sobre el trabajo de apoyo

de la comunidad a través de los PDS no resulta ser veraz, pese a

que el mismo señala quienes pueden dar fe de dicha afirmación son

Catalino Segura a. mello, Jose Luis Arrieta alias Mauricio, Ermes

Andres Reboyedo alias El escamoso, ninguno de ellos confirma la

afirmación. Incluso en declaración del 9 de febrero del 2010 ante la

Corte el exalcalde del municipio de Unguia durante la campaña del

2002, afirma que los grupos ilegales de control de la zona, es decir

el Elmer Cardenas, quitaron los afiches del candidato a la Cámara

doctor Odin Sanchez Montes de Oca, presionando con ello la no

escogencia o por lo menos es prueba de la no aceptación como

candidato y no apoyo, lo que produjo incluso, lo ha dicho el


Abogado

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exalcalde, la realización de un consejo de seguridad para dicha

época.

2.- REALIZACION DE ACUERDOS CON FREDY RENDON ALIAS

EL ALEMAN

Dentro de la investigación se presenta la

presunta realización de dos acuerdos; Uno para la elección como

representante por el departamento del choco a la curul congresional

de la Cámara de Representantes y otro relacionado con la

escogencia del gobernador del departamento del Choco para el

periodo 2003 y para el periodo 2007.

La Sala investiga el delito de concierto para delinquir agravado,

inciso 2°, del art. 340 del Código Penal, por las afirmaciones de los

apoyos de que se hizo referencia en el acápite anterior y por haber

acordado con RENDÓN HERRERA, los apoyos a la candidatura de

JULIO IBARGÜEN a la gobernación del departamento del Chocó,

en las elecciones de 2003 y a PATROCINIO SÁNCHEZ en las

elecciones de 2007. Todo ello quedo materializado en lo que se

denomino el pacto llamado ―de Singapur‖.

Considera la defensa que existe atipicidad de la conducta

endilgada, contemplada supuestamente dentro de las descripciones

del art. 340 del c. penal, por inexistencia de un acuerdo o pacto

entre el doctor ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA y el jefe

paramilitar FREDY RENDÓN HERRERA.

1.- Para que se configure el concierto para delinquir agravado, en la

modalidad de promocionar grupos armados al margen de la ley, la


Abogado

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Sala ha establecido como requisito indispensable, la demostración

del acuerdo y la finalidad de promover grupos armados al margen

de la ley, de todo lo cual este no existe prueba en grado de

probabilidad en lo que al doctor Sanchez respecta.

Ha dicho la Corte, en providencia de única instancia dentro del

radicado Nro. 26942 :

―En primer lugar, el delito de concierto para delinquir, como delito de

peligro que es, se define como una conducta destinada a proteger la

seguridad pública de los riesgos que pueden generar tanto los

acuerdos destinados a cometer delitos, sin especificar cuáles (inciso

1º del artículo 340 del Código Penal), como los que tienen por

finalidad organizar, promover, armar o financiar grupos armados al

margen de la ley (inciso 2º del mismo texto).‖

Y más adelante agrega:

―El artículo 340 del código penal no puede leerse segregando sus

textos, sino integrando las proposiciones que lo conforman. Por lo

tanto, la lectura del tipo penal, en el caso de los congresistas

investigados, ciertamente debe hacerse alrededor del acuerdo como

núcleo rector del tipo y de la finalidad específica de la conducta, que

se traduce en este caso en promover grupos armados al margen de

la ley. Pero eso no significa que, en una suerte de dudoso cuño, el

acuerdo se tenga que probar de una manera y la finalidad de otra,

pues la unidad de la conducta y la sistemática probatoria propician

que la expresión material de la conducta y su finalidad se prueben

del mismo modo.‖


Abogado

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Y, en relación con el acuerdo o pacto mismo, la H. Corte Suprema

de Justicia, al momento de referirse al denominado Pacto de

Santafé de Ralito, del 23 de julio de 2001 y descrito por el propio

RENDÓN HERRERA, estimó que allí había habido, reuniones

antecedentes, documentos escritos que recogieron el convenio,

compromisos para la realización de tareas a futuro y beneficios en

doble vía, tanto para las autodefensas cuanto para el congresista

investigado, cosa bien diferente a lo sucedido en este caso, pues

bien se ha visto a lo largo de este proceso que el doctor Odin

Sanchez no asistió a ninguna reunión con el referido jefe

paramilitar, no recibió dinero alguno, no firmo ningún pacto, que no

se comprometió con la realización de tarea alguna destinada a

legitimar políticamente a los criminales, que no obtubo beneficio

alguno pues, si bien, el caudal electoral entre las elecciones de

1.998 y las del 2.002 aumentó en una suma ínfima (4.000 voto), ello

no fue suficiente para acceder, ni siquiera por arrastre, a la curul

que aspiraba, a mas que los aumentos no se debió a incrementos

de votación de la zona de influencia del alemán (acandi, unguia y

riosucio) que por el contrario se redujeron, toda vez que ya habían

sido escogidos, por los paramilitares, los jefes políticos proclives a

los intereses del firmante del pacto ilegal con relación a las

elecciones congresionales del 2002, tal como lo reconoció la misma

Sala Penal de la Corte, en relación con la inclusión de ROBERT

MENDOZA BALLESTERO, en la lista del candidato TORRES

MURILLO (véase al respecto, en este mismo proceso la providencia

de fecha 8 de septiembre de 2009, por medio de la cual se decretó


Abogado

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detención preventiva, sin derecho a la libertad provisional, por el

delito de Concierto para delinquir agravado, en la modalidad de

promocionar grupos armados al margen de la Ley –paramilitares-,

párrafo segundo del acápite de Hechos).

Aceptar que entre el doctor Sanchez y el llamado ALEMÁN, existió

un acuerdo de los reconocidos por la Sala como tipificadores de la

conducta sub iudice, sería dar por demostrado que firmo con las

autodefensas un pacto para perder las elecciones, sin beneficio

alguno para las partes, desconociendo los claros perfiles fijados por

esa Sala sobre la materia, pacto que ni el político más ingenuo

estaría dispuesto a suscribir.

No estando demostrados los presupuestos anteriormente

esbozados, la conducta deviene en atípica.

2.- Idéntica afirmación se puede hacer en relación con el argumento

esgrimido por la Sala, en el sentido de que RENDÓN HERRERA fue

el inspirador del llamado Pacto de Singapur, en el cual las bases de

los movimientos políticos que representaban EDGAR EULISES

TORRES MURILLO y ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA, se

acordó unir fuerzas políticas para conseguir la gobernación del

departamento del Chocó para las elecciones del año 2003 al igual

que la alcaldía municipal de Quibdó.


Abogado

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Es la misma Corte, en la providencia mencionada de definición de

situación jurídica, quien admite que dicho acuerdo fue imposible en

razón de la desunión existente entre los dirigentes chócanos.

Esto tiene respaldo probatorio en las declaraciones creíbles de las

personas que suscribieron el llamado pacto ―de Singapur‖, como

son DELCIN BEJARANO PINILLA, abogado presidente para la

época del MIR (Edgar Eulises), MARCO TOBÍAS CUESTA

MORENO, abogado y por mas de 10 años Registrador de

Instrumentos Publicos de Quibdo, guardián de la fe publica, quien

además fue quien ideo y creo el acuerdo de singapur, presidente del

MLP, CARLOS RAMÍREZ y JUAN ARISTIDES MENA GARCÍA,

secretario de los movimientos, quienes al momento de ser

interrogados por esa alta Corporación detallan las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que surgió el Pacto de Singapur, y que se

contrapone a lo afirmado por el denunciante FREDY RENDÓN

HERRERA.

Merece también pronunciamiento dentro de estos alegatos las

afirmaciones presentadas por el señor IGINIO MOSQUERA

LOZANO dentro de las ultimas jornadas de prueba practicadas en

la ciudad de Medellín. El señor Iginio dice haber visto que en alguna

visita que hiciera al municipio de necocli, en la carretera que

conducía hacia la sede vivienda de operaciones del señor Aleman,

que el doctor Odin Sanchez Montes de Oca se bajo de un vehículo

en compañía de su hermano Patrocinio Sanchez, Edgar Eulises

Torres y Julio Ibarguen Mosquera, versión que en el mismo


Abogado

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trascurso y desarrollo de la diligencia resulta no ser cierto ni creíble

por todas las inconsistencias que suministra el testimonio, entre

otras la grabación radial que suministro a una emisora en el

departamento del choco donde con toda vehemencia había

afirmado que en ninguna ocasión al hacer la visita o reunirse con el

alemán había visto a político alguno. Mina también su credibilidad el

hecho de la enemistad política desde hace mas de 10 años con la

familia sanchez montes de oca a quien ve como los políticos que

han imposibilitado su posibilidad de triunfo electoral dentro del

choco, incluso llega al absurdo de relacionar al doctor Odin Sanchez

Montes de Oca con un supuesto secuestro de que dice haber sido

victima, realizado por la guerrilla, por ello solicito que rigurosamente

sea analizado esta declaración.

También es importante no dejar de lado las declaraciones de los 3

―escoltas‖ del alemán entre ellos alias chumilo y alias turbo, se

observa el bajo nivel de formación que tienen, lo cual los hace mas

vulnerables por la dependencia de las personas que ejercen

influencia en ellos a quienes observan con admiración y respeto, lo

cual no ocultan como en el caso del alemán, resultan ser imprecisos

poco coherentes en sus dichos, contradictorios entre si, tratando de

acreditar lo dicho de lo que se le pregunta presentan lugares de

reunión que no coinciden unos con otros, características

morfológica que tampoco coinciden. La Corte debe ser rigurosa en

su apreciación.


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No existió ningún tipo de acuerdos ni para este ni para ningún fin,

obsérvese que en la misma providencia de la Corte al definir la

situación jurídica se establece que el propio RENDÓN HERRERA,

en sus aseveraciones no determinó con precisión instantes o

lugares del acontecer fáctico, con lo cual la Corte está reconociendo

las deficiencias testimoniales y probatorias aunque , en forma

inexplicable, manifiesta que no por ello pierden credibilidad sus

afirmaciones, corroboradas además, por otros testigos en esta

investigación, y si observamos que el testigo CATALINO SEGURA,

alias ASPRILLA, DAYRON MENDOZA CARABALLO, alias

ROGELIO, OTONIEL SEGUNDO HOYOS, alias EL OVEJO, JOSÉ

LUIS ARRIETA SANCHEZ, alias MAURICIO, HERMES ANDRÉS

REBOLLEDO, alias EL ESCAMOSO y ROBERT MENDOZA

BALLESTEROS, aseguran que no tuvieron conocimiento de reunión

o ayuda económica o logística que se le hubieran hecho al doctor

Sanchez, y observese también que los propios testigos son dados

por FREDY RENDON HERRERA, alias el ALEMAN diciendo ser

integrantes del Bloque Elmer Cardenas.

Si bien RENDÓN HERRERA afirma haberle entregado al doctor

Sanchez Montes de Oca una suma millonaria de dinero, dicha

afirmación no aparece comprobada con ningún medio de prueba

que le permita a la Sala darle credibilidad y se sale de las reglas de

la experiencia, que indican que quien entrega semejante cantidad

de dinero lo hace siempre en función de la obtención de un

beneficio cierto, y no a título gratuitito, razón por la cual deja

siempre un documento o algún elemento de tipo probatorio que


Abogado

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pueda acreditar la entrega real y efectiva de la cantidad a una

persona real e identificable.

Pero no está acreditada dicha circunstancia, razón por la cual

podemos concluir que la presunción de inocencia, pilar fundamental

del debido proceso y del modelo jurídico político del Estado de

Derecho, no ha sido desvirtuada.

Y el reto fundamental de la acusación, no puede ser otro que el

desvirtuar, con apoyo en las pruebas válidamente practicadas en la

ciudad de Quibdo y en la ciudad de medellin, además con los

documentos aportados, el referido principio, lo cual dicho sea con la

doctrina: ―…es una presunción iuristantium, que exige para ser

desvirtuada, la existencia de una mínima actividad probatoria de

cargo, producida con las debidas garantías procesales. Al operar la

presunción de inocencia a favor del acusado, es claro que la

carga de la prueba, corresponde a la acusación.”226

“La carga de la prueba incumbe al actor, incumbe a quien

afirma, tanto en un proceso como en otro, en lo civil, quien

afirma ha de probar que sus afirmaciones responden a la

verdad y lo mismo ocurre en lo penal; la parte acusadora, habrá

de probar los hechos en que se funda la acusación , sin perjuicio

de que la parte demandada, en el proceso civil, y la parte acusada,

en el proceso penal, puedan sentar afirmaciones que igualmente

les convendrá probar, por interesarles para desvincular las

226

.Vallejo, Jaén. Manual de los principios de prueba en el proceso penal. Universidad Externado de

Colombia. Centro de investigaciones de derecho penal y filosofía del derecho. Bogotá 2000. Pág. 38


Abogado

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afirmaciones contrarias, pero no porque a ellas les incumba una

carga directamente‖ 227

Por otra parte, si analizamos las manifestaciones de RENDÓN

HERRERA sobre este tópico, es indebido considerar que se trate de

un testigo que provoque tranquilidad y sosiego en sus dichos, su

historia social se encuentra vinculada al menosprecio de los valores

de la vida y la seguridad pública, por lo que su compromiso con la

verdad no es un elemento que genere confianza: si nunca ha

respetado estos valores tan apreciados, no vemos cómo ahora se

vaya a sostener su deseo de respetar la verdad. Darle credibilidad

frente a una afirmación no probada es dejar estos tópicos en un

escenario de fe, inmotivada e irracional, ciertamente insufic iente

para los jueces de la república. Nótese que hace parte de un grupo

paramilitar, de asesinos y abusadores, de los que en su actuar, lo

hacen con retaliación y venganza, todo lo cual debe provocar para

los jueces una posición seria de alerta y de prevención frente a sus

afirmaciones.

Para la época de las afirmaciones del Aleman, se asistía en el

Congreso de la República, con participación del doctor Sanchez, a

un debate sobre los desplazamientos forzados de los

afrodescendientes en las tierras agroindustriales que hoy disputan

Antioquia y Chocó del Municipio de Belen de Bajira, desagregado

del municipio de Riosucio (Choco), donde están en juego altos

227

.Ellero, Pietro. De la certidumbre en los juicios criminales, 4° edición española. Instituto Editorial

Reus, Madrid. 1944. paginas 8 y 9.


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intereses económicos del paramilitarismo, fuente de altos ingresos

económicos para esa organización que ―a sangre y fuego‖

despojaban de sus tierras a los campesinos Chocoanos.

Como corolario de estas elucubraciones, tenemos que llegar a

concluir que, en vista de que nunca se probó acuerdo alguno entre

el doctor ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA y el jefe de los grupos

ilegalmente armados; que el aumento de la votación obtenida por el,

fruto de su largo trabajo político en el departamento, resultó inane

como para demostrar la existencia de un supuesto apoyo logístico o

económico en su favor de parte del referido jefe paramilitar; que no

se tipificó la conducta a el endilgada, como quiera que por parte

alguna se aportó documento, registro fílmico, fotográfico o

magnetofónico que acreditara una reunión entre el referido

delincuente de las autodefensa y el doctor Sanchez, en la cual este

hubiese asumido compromiso alguno para promover la legitimación

política o social de esos grupos armados al margen de la ley, y que,

en desarrollo de su labor legislativa jamás presento proyecto,

moción, o proposición alguna que pudiese favorecer, así fuera

mínimamente a esos grupos, la presunción de su inocencia se

encuentra incólume y al no reunirse los presupuestos legales

previstos en los artículos 397 y 398 de la Ley 600 de 2000, deberá

procederse a decretar la preclusión de la investigación seguida en

su contra, al tenor de lo dispuesto por el art. 399 ibídem.


Abogado

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presencia histórica de grupos armados al margen de la ley en el choco

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