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    Índice

    CISA / Co mu ni ca ción e Información, SA de CV 

    CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Francisco Álvarez Romero, Estela Franco Arroyo, Salvador CorroOrtiz, Rafael Rodríguez Castañeda, Julio Scherer Ibarra 

    DIRECTOR FUNDADOR: Julio Scherer García †

    SUBDIRECTOR FUNDADOR: Vicente Leñero Otero †

    DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda

    SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro

    SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera

     ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz

     ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández

     ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila

    COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González

    COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda

    EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez,Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega

    REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila,Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, MathieuTourliere, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil

    CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano;Guana juato: Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Felipe Cobián;Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla,María Gabriela Hernández; Tabasco, Armando Guzmán; Veracruz, Noé Zavaleta

    INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez;París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús E squivel

    CULTURA : Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Isabel Leñero, Niza Rivera Medina, Colum-ba Vértiz de la Fuente, reporteras; Colaboradores: Javier Betancourt, Blanca González Rosas, EstelaLeñero Franco, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Pa-redes, Raquel Tibol, Florence Toussaint; [email protected]

    ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. [email protected]

    DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra

    FOTOGRAFÍA : Marco Antonio Cruz, coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga,Ben jamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; asistente, Aurora Tre jo; auxiliar, Violeta Melo

     AU XILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez

     ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, DeniseDresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Héctor Tajonar, Ernesto Villanue-va, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naran jo, Rocha

    CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García,Leoncio Rosales

    CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Daniel González,Patricia Posadas

    semanario de información y análisis

    No. 2047 • 24 de enero de 2016

    CORRUPCIÓN32  Sospechosa, la puesta en libertad de Moreira   /Alejandro Gutiérrez

    INFRAESTRUCTURA36  Empresas del priismo, las favorecidas en

    el Nuevo Aeropuerto /Arturo Rodríguez García

      39  El proyecto, un botín catastrófico /Álvaro Delgado

    ANÁLISIS

    42  Peña Nieto y el PRI protegen a Moreira /Jesús Cantú

      43  Caída /Naranjo  44  El cártel priista /John M. Ackerman  45  CIVILIDAD Y VIOLENCIA: Barbarie,

    burocracia y universidades /Sergio Aguayo

      46  Test de inteligencia moral para mexicanoscorteses /Sabina Berman

     JUSTICIA  6   El Chapo coquetea con Estados Unidos

     /Jorge Carrasco Araizaga

      10  Un “pacto de impunidad” protege a lasempresas del capo /Jesusa Cervantes  15  En Los Mochis, crudas historias de adicción

     y terror /Gloria Leticia Díaz

      18  Las traiciones a Kate del Castillo /Lydia Cacho

    VIOLENCIA22  Más muertos, más fosas, más desaparecidos...

     y Duarte tan tranquilo /Noé Zavaleta

      25  Desaparecidos: el Papa sigue sin responder   /Rodrigo Vera

    CASO AYOTZINAPA28  El video escondido de la noche de Iguala

     /Anabel Hernández

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    DISEÑO:  Ale jandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila,Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro

    COMERCIALIZACIÓN: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Mercadotecnia: Lucero García,

    Norma Velázquez. Tel. 56362059. Karina Valle. Circulación: Mauricio Ramírez. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Barbara López, Gisela Mares, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Publicidad: Ana María Cortés.Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062. Eva Ángeles, Rubén Báez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises de León, Benita González,  Atención a suscriptores (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García, Rosa Morales.

    TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro,Betzabé Estrada, Javier Venegas

     ALMACÉN y PRO VEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia

    MANTENIMIENTO: Miguel Olvera

    CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; Ma. Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel Tre jo

    COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz

    OFICINAS GENERALES:Redacción: Fresas 13; Administración: Fresas 7, Col. del Valle, 03100 México, DF

    CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Susana Arellano, 5636-2000

    FAX: 5636-2055, Palabra de Lector; 5636-2086, Redacción.

     AÑO 39, No. 2047, 24 DE ENERO DE 2016

    IMPRESIÓN: Quad Graphics. Durazno No.1, Col. San José de las Peritas, Xochimilco, México, DF

    EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Sara Pantoja, Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde,María Luisa Vivas; Tels.: 5636-2087

    EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx

    Correo electrónico:[email protected]; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017

    EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: [email protected]; Armando Gutiérrez,Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador, Mussio JairCárdenas. Tel. 5636-2106

    Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la ComisiónCalificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es unaReserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de

     Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2011-072215095900-102.Número ISSN: 1665-9309

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      47  México en los foros multilaterales /Olga Pellicer

      49  TIEMPO FUERA: Walsh: Desde el otro   /Fabrizio Mejía Madrid

    INTERNACIONAL

    50  MEDIO ORIENTE: Irán vuelve al juego   /Témoris Grecko

      55  VENEZUELA: Un botín de 350 mil millonesde dólares /Rafael Croda

    CULTURA

    60  La libertad cinematográfica de Ettore Scola /Anne Marie Mergier

     63  Páginas de crítica

      ARTE: Bajo un mismo sol (II y último)   /Blanca González Rosas

      MÚSICA I: Homenaje a Sergio Berlioz /Mauricio Rábago

      MÚSICA II: Lalo Tex (1963-2016) /Ricardo Jacob

      TEATRO:  Bajo la mirada de las moscas  /Estela Leñero Franco

      CINE:  El profeta  /Javier Betancourt

      TELEVISIÓN: Nicolás Alvarado a TVUNAM /Florence Toussaint

    ESPECTÁCULOS69  Nuevo capítulo Televisa-UNAM   /Columba Vértiz de la Fuente

    DEPORTES

    74  El INAI avala la opacidad de la Conade /Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra  77  Rayados: fiebre violenta  /Luciano Campos Garza

      80  Palabra de Lector  82  Mono Sapiens /  Misión cumplida

     /Helguera y Hernández

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    Joaquín Guzmán Loera se le pue-de adelantar de nueva cuenta algobierno de Enrique Peña Nie-to. La urgencia que el presiden-te ahora ha expresado para en-tregarlo a Estados Unidos puede

    quedar en nada. De acuerdo con su defen-sa, El Chapo está abierto a una negociacióncon las autoridades estadunidenses.

    “Está abierto a ese escenario”, asegurasu abogado José Refugio Rodríguez Núñezen conversación con Proceso. Esa posibi-lidad la consideró desde antes de fugar-se del penal del Altiplano, en julio pasado.

    Incluso, de acuerdo con RodríguezNúñez, desde entonces entró en contacto

    “El Chapo”

    coquetea con Estados Unidos

    En entrevista con este semanario, José Refugio Rodrí-guez Núñez –cabeza del equipo de abogados de JoaquínGuzmán Loera– afirma que el capo ya contrató a un liti-gante californiano para negociar su entrega a la justicia

    estadunidense... entrega condicionada a una reducciónde la pena. De ahí el interés del sinaloense por interpo-ner amparo tras amparo contra su extradición –necesitatiempo y lo está consiguiendo. Y de ahí, también, la prisadel gobierno de Enrique Peña Nieto por mandar cuantoantes al narcotraficante a Estados Unidos.

    JORGE CARRASCO ARAIZAGA

       O  c   t  a  v   i  o   G   ó  m  e  z

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    dos de mantener nexos con la delincuen-cia organizada.

    Se sumó a la defensa de Guzmán Loeraa las pocas semanas de que el jefe del Cár-tel de Sinaloa fue detenido en febrero de2014, en Mazatlán, Sinaloa. Desde enton-ces se ha hecho cargo del grupo de litigan-tes que lo representa en las causas penalesque se siguen en México en su contra, asícomo en el proceso de extradición.

    Desde esa detención, después de 13años de estar prófugo (en los gobiernosdel PAN), Guzmán Loera tramitó diversosamparos contra su extradición, y luego desu recaptura logró la suspensión provisio-nal, para evitar ser enviado de manera in-mediata a Estados Unidos.

    Ante la confusión en torno al equi-po de los actuales abogados de GuzmánLoera, Rodríguez Núñez precisa que, ade-más de él, están acreditados ante las au-toridades penitenciarias como sus repre-sentantes legales Andrés Granados Floresy los hermanos Cynthia y Carlos CastilloCastillo. Aclara que Juan Pablo Badillo So-

    to, quien ha tramitado los amparos contrala extradición, sí trabaja para Guzmán, pe-ro ahora no ha tenido acceso a su cliente.

    En cambio, dijo desconocer a Jorge Ol-mos Fuentes, quien según el responsablede las prisiones federales, Eduardo Gue-rrero Durán, aseguró que se había acre-ditado como defensor del sinaloense. Enentrevistas que dio la semana pasada, elcomisionado del Órgano AdministrativoDesconcentrado de Prevención y Readap-tación Social aseguró que Olmos Fuentesera el quinto abogado acreditado.

    En esas entrevistas a diversos medios,Guerrero Durán aseguró que Guzmán es-taba deprimido y confirmó que un perroprueba su comida como medida de seguri-dad para evitar que sea envenenado. Guz-mán, además, es vigilado por perros entre-nados para seguirlo por su olor cuando sedesplace en el penal.

    Sin que tuviera esas medidas, luego desu detención en febrero de 2014, Guzmánnombró a un equipo de siete abogados:Rodríguez Núñez, Granados Flores, Badi-

    llo Soto, Héctor Manuel Rábago Romero,Teresita de Jesús Contreras Espinosa, Ós-car Manuel Gómez Núñez y Carlos OmarRamón Barajas.

    De todos ellos Guzmán ratificó des-pués de su reaprehensión a Rodríguez ya Granados. De acuerdo con la PGR, el se-gundo fue quien sirvió para la recapturadel Chapo en Los Mochis, Sinaloa.

    Según la PGR, fue el seguimiento a lascomunicaciones de Granados con Kate delCastillo lo que le permitió enterarse de laintención del Chapo de filmar una pelícu-la autobiográfica.

    Rodríguez Núñez afirma que Grana-dos Flores no cometió ningún delito, por loque puede seguir siendo abogado de Guz-mán. Incluso, dice, ha declarado en dosocasiones ante la Subprocuraduría Espe-cializada en Investigación de Delincuen-cia Organizada (SEIDO) en relación con lafuga, en julio pasado, sin que se le hayafincado ninguna responsabilidad.

    La primera vez permaneció más de 24horas en la SEIDO, y la segunda 10 horas,

    Por conducto de su pareja, EmmaCoronel Aispuro, Joaquín El Chapo Guzmán presentó una queja ante laComisión Nacional de los Derechos

    Humanos (CNDH) por recibir en el penal del Altiplano un trato discriminatorio que “afec-ta su dignidad humana”.

    La queja fue recibida por la CNDH el jueves 21. Tiene el folio 5645/2016 y se

    turnó a la Tercera Visitaduría General.

    El Chapo fue detenido el viernes 8 enLos Mochis, Sinaloa, en un operativo enca-bezado por la Secretaría de Marina. Ese díafue recluido en el mismo penal de máximaseguridad del que se había fugado el 11 de

     julio de 2015.El vocero de la Presidencia, Eduardo

    Sánchez, hizo público la semana pasada que,desde su encarcelamiento, Guzmán Loera ha

    sido movido de celda en celda varias veces al

    El capo a la CNDH: me discriminanANABEL HERNÁNDEZ

    día. “Puede pasar horas o puede pasar díasen una misma celda”, afirmó.

     Asimismo se divulgó que ahora no hayningún punto ciego en la celda del Chapo,pues se le graba incluso cuando está enel baño, a diferencia de los otros presos.

     Además le pusieron guardias y hay un perro

    afuera de su celda, medida que tampocose aplica a los demás internos, confirmanfamiliares de diversos detenidos consulta-dos por Proceso.

    En su queja ante la CNDH, GuzmánLoera señala que lo mantienen aislado delresto de la población penitenciaria, no lepermiten salir al patio ni le dan los estímulosque a los demás internos sí se les propor-cionan. También, reportó, se le impide ir alcomedor, le toman pase de lista cada horaidentificándolo con una cámara y no lepermiten dormir.

    En su lista de reclamos también estáque no le han dado ropa apropiada para

    cubrirse del frío y el hecho de estar some-tido a bajas temperaturas “pone en riesgosu vida”.

    “Esto se traduce en un trato desigualfrente a los demás internos, discriminatorioy que afecta su dignidad humana por norespetársele los derechos mínimos parapersonas privadas de su libertad”, se seña-la en la queja.

    También se le reporta a la CNDH que enlas reuniones que Guzmán Loera sostienecon sus abogados están presentes custo-dios, quienes escuchan esas conversacio-nes que deberían ser confidenciales, segúnlos principios básicos de la función de los

    defensores, emitidos por la ONU. Se sabe

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    Coronel Aispuro, de corona

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    que ha habido al menos tres custodiospresentes en las juntas del Chapo con susabogados.

    Guzmán Loera se encuentra en elMódulo Uno junto con internos como JoséJorge Balderas, El JJ , del Cártel de los Bel-trán Leyva, y Miguel Ángel Treviño Morales,

     Z-40, líder de Los Zetas, quien había sidocambiado de penal pero con un amparo lo-gró que lo regresaran al Altiplano, semanasantes de la recaptura del Chapo.

    Gracias a familiares de internos seconfirmó que incluso Treviño Morales tienepermiso de ir al comedor, en el cual seejerce ahora mayor vigilancia.

    En la queja de Guzmán ante la CNDHse argumenta que presuntamente se estánviolando convenciones de la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos.

    Se apunta que en la resolución 1/8, “prin-cipios y buenas prácticas sobre la protecciónde las personas privadas de la libertad”, se

    establece que todas las personas deteni-das sujetas a la jurisdicción de los Estadosmiembros de la Organización de los Estados

     Americanos deben ser tratadas humana-mente con estricto apego a los instrumentosinternacionales sobre derechos humanos.

    Lo que Guzmán Loera exige es, prin-cipalmente, recibir un trato igual al de losotros presos.

    Siempre fiel

    Recién ingresado al Altiplano, cuando Guz-mán Loera pudo hablar con sus abogadoslo primero que pidió es que fuera a visitarlo

    Emma Coronel Aispuro, joven de 26 años,

    exreina de belleza del municipio de Cane-las, Durango, y pareja oficial del narcotrafi-cante, con quien ha procreado dos hijas.

    Coronel intentó visitar al capo los pasa-dos jueves 14 y viernes 15, pero se le nególa entrada al penal con el argumento de queno es la esposa legal. Proceso corroboró

    que El Chapo sigue casado legalmente consu primera esposa, Alejandrina Salazar,madre de sus primeros cuatro hijos: César,Iván, Gissele y Alfredo.

    En su anterior reclusión en El Altiplano(2014-2015), en todo momento la Secre-taría de Gobernación –responsable de lospenales federales– permitió que Emma Co-ronel hiciera las visitas familiares e íntimas.

    Durante el año y medio que estuvo enEl Altiplano, Emma fue el familiar que másvisitó al Chapo. Iba rigurosamente cadanueve días, además de estar anotada comopersona de confianza y verlo en algunasocasiones en juzgados.

    Quienes la conocieron la describencomo una mujer callada y sencilla. Fre-cuentemente iba acompañada de sus doshijas, gemelas.

    También se permitían las visitas de Lu-cero Guadalupe Sánchez López, diputadadel distrito 16 de Cosalá, quien hasta elmiércoles 20 fue integrante de la banca-da del PAN en el Congreso de Sinaloa.Información de inteligencia de la Secretaríade Marina identificó desde 2014 a SánchezLópez como pareja sentimental del Chapo e incluso se le atribuye haber procreadoun hijo con él. Ahora está sujeta a inves-tigación, en calidad de indiciada, por la

    Procuraduría General de la República.

    pero no ha sido acusado de nada, insisteRodríguez Núñez. La primera vez que de-claró fue en cuanto El Chapo se evadió deEl Altiplano, el 11 de julio de 2015.

    En cambio, Óscar Manuel GómezNúñez está bajo proceso penal: la PGR loacusa de haber hecho los pagos para laconstrucción del túnel. Granados no tuvonada que ver con ese hecho y se mantieneen la defensa de Guzmán Loera, contrapo-ne Rodríguez Núñez.

    El litigante, además, lleva la defensa desu colega Gómez Núñez, y del cuñado deGuzmán, Édgar Coronel Aispuro, a quien latitular de la PGR, Arely Gómez, acusa de ha-ber organizado y supervisado la construc-ción del túnel.

    Rodríguez Núñez niega que su clientelo haya designado para coordinar la publi-cación de su autobiografía.

    Información de inteligencia señala quedurante su permanencia en El Altiplano,tras ser detenido en Mazatlán, El Chapo va-loró con sus abogados la publicación de unaautobiografía llamada El ahijado, en la que

    hablaría de su vida personal y de su activi-dad como narcotraficante (Proceso 2038).

    Según esa información, “Benito”, co-mo estuvo identificado Guzmán en su an-terior reclusión en El Altiplano, “mostró in-terés en la publicación del libro, el cual lle-va como título El ahijado, (en el que) narralos sucesos más relevantes de su vida”, in-cluida su anterior detención en Mazatlán,Sinaloa, en febrero de 2014. Además, ten-dría “anécdotas, hechos reales, conflictos,alianzas, rupturas, traiciones, parejas sen-timentales, entre otros temas”.

    “A mí no me dijo nada del  Ahijado. Loque sí hablamos durante ese tiempo fuela idea de hacer una película autobiográ-fica. Por eso se contactó a Kate del Casti-llo”, asegura.

    El abogado también afirmó que, comoen la reclusión anterior, Emma ModestaCoronel Aispuro es quien aparece como laesposa acreditada del Chapo para visitar-lo en El Altiplano, además de sus herma-nas Armida y Bernarda y su madre, MaríaConsuelo Loera López.

    JUSTICIA

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    JESUSA CERVANTES

    do que impide a personas y consorcios ins-critos en dicha lista negra realizar operacio-nes en el sistema financiero de México. “Osea que el pacto de impunidad ya lleva elapellido Videgaray”, sentencia Buscaglia.

    Franquicias intocadas

    El gobierno de Peña Nieto capturó por pri-mera vez a Guzmán Loera el 23 de febre-ro de 2014 y “ninguna autoridad impulsóacusación penal alguna contra cualquie-ra de sus múltiples redes de socios y fran-quicias empresariales, o contra los políti-cos asociados a sus actividades; tampocose le tocó ningún activo”, reclama Busca-glia en su libro Lavado de dinero y corrup-ción política.

    Ello, sostiene en entrevista con Proceso,obedece al pacto de impunidad “cada vezmás descarado” que hay: “México es un paísen que el lavado de dinero es tan alevoso yobsceno que un equipo de preparatoria de-

    tecta las redes patrimoniales. No necesitasser el fiscal Giovanni Falcone (mítico perse-guidor de la mafia italiana). Está a la vista.El pacto de impunidad se respira, se toca”,acusa. Y lo mismo da, asienta, que el presi-dente de la República sea Felipe Calderón oEnrique Peña Nieto.

    Agrega que Estados Unidos, el sema-nario Ríodoce u otro medio pueden enume-rar las empresas de los grupos delincuen-ciales y nada ocurre.

    Entre noviembre de 2008 y julio de 2010,recuerda, convenció al gobierno de Calde-rón para que una unidad de investigaciónpatrimonial de la Unión Europea trabajaraseis meses en algún estado de la República,y ofreció que en ese tiempo se “desman-telarían cientos de millones de dólares enpropiedades”.

    Persuadido Calderón, empezó el inter-cambio de cartas con Bruselas. “Se acep-

    tó la misión en algún momento, pero des-pués se canceló. Hubo resistencia dentrodel gabinete y vaya a saber de dónde vinola cancelación”.

    Él lo tiene claro: No se hurga en el pa-trimonio del Cártel de Sinaloa porque lapropia clase política “le tiene miedo a quete metas, porque eso tiene repercusiones

    políticas a través del financiamiento decampañas. ¡Ahí está el meollo del asunto!Si esto fuera un problema externo al Es-tado, en el que el ámbito político no estáinvolucrado, estos delincuentes con gran-des patrimonios serían desmanteladosinmediatamente”.

    El también presidente en México delInstituto de Acción Ciudadana para la jus-ticia y la democracia, considera incon-gruente que el equipo de Peña Nieto “leponga tanto entusiasmo a perseguir a Ka-te del Castillo y tenga, a la vez, empresas li-gadas a familiares del Chapo y otros capos–mencionadas por el Departamento del Te-

    soro, por Ríodoce, por ustedes– y nunca lashaya auditado. Es incongruencia que fon-dea en lo tragicómico”.

    La red criminal de Sinaloa –lideradapor Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zam-bada y Juan José Esparragoza El Azul– “seha expandido a través de una gran protec-ción patrimonial, por acción u omisión”.

    Buscaglia recuerda algo que ha dichodesde 2008 y que hoy la Europol confir-ma: el también llamado Cártel del Pacíficoopera en 59 países.

    “Estas redes criminales tienen directo-res, y puedes apresarlos, pero si no les pa-ralizas la infraestructura patrimonial novas a poder atacarlas. Ellos reemplazan asus directivos como los puede remplazarun banco.”

    El peligro, añade, es que el margen demaniobra económico que las bandas hanconservado tiene como consecuencia

    E l Chapo fue recapturado y en-carcelado el viernes 8, pero elpatrimonio de su organizacióncriminal continúa intacto:opera y lava dinero en el mer-cado mexicano a través de de-

    cenas de empresas de servicios.Para ello el Cártel de Sinaloa utiliza res-

    taurantes, gasolineras, inmobiliarias, casasde empeño o procesadoras de carne –entreotras– en entidades como Jalisco, Ciudadde México, Baja California o Puebla, segúnha detectado el gobierno de Estados Uni-dos desde el 2000.

    Las decenas de compañías del empo-rio criminal trabajan al amparo de las au-toridades mexicanas, pues pagan impues-tos e incluso algunas han sido subsidiadaspor la administración federal, que las in-cluyó en padrones de beneficio agrope-cuario o de seguridad social. Es el caso delas corporaciones Nueva Industria de Ga-naderos de Culiacán, S.A. de C.V.; la Coo-perativa de Avestruz Cuemir, S.C. de R. L.de C.V., o la estancia infantil Niño Feliz.

    Además, dichas firmas boletinadaspor el Departamento del Tesoro de Esta-dos Unidos no han sido sometidas en Mé-xico a “auditorías tributarias” debido a un“pacto de impunidad”, sostiene EdgardoBuscaglia, investigador en materia de cri-men organizado.

    No se persigue a las corporacionesblanqueadoras aun cuando en abril de 2014Luis Videgaray, titular de la Secretaría deHacienda, firmó con Washington un acuer-

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    Buscaglia. Descomposición sistémica

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    La transcripción de los mensajes pri-vados entre la actriz Kate del Casti-llo, Joaquín El Chapo Guzmán y unode los abogados del capo sinaloense

    generó una nueva oleada de comentarios yacusaciones en periódicos, radiodifusoras,telenoticieros y redes sociales sobre pre-suntos negocios entre ambos personajes.

    La divulgación de los mensajesintercambiados por la protagonista de LaReina del Sur con “el narcotraficante másbuscado del mundo” por el sistema SMS o

    chateo de Blackberry tiene todo el sello deprovenir de las autoridades responsablesde la investigación. No obstante, el domin-go 17 el secretario de Gobernación, Miguel

     Ángel Osorio Chong, negó en entrevistacon La Jornada que las “filtraciones” delos mensajes hayan provenido de algunainstancia del gobierno federal, pero aclaróque “se están investigando”.

    El miércoles 20, durante la reunión dela Comisión de Gobernación del Senado, elpanista Héctor Larios consideró “deleznableque se publiquen las conversaciones priva-das de una persona que forma parte de unaaveriguación previa y que, por su naturaleza,

    es secreta, precisamente por eso”.En el marco del foro de consultas para

    elaborar la Ley General de Protecciónde Datos Personales, el senador Lariosejemplificó con el caso reciente de Katedel Castillo y El Chapo: “Hoy, las averigua-ciones previas son motivo de publicaciónen periódicos, en medios de comunicacióny con ello se lesiona a las personas de lamanera más ruin”.

    En medio de esta discusión, la SegundaSala de la Suprema Corte de Justicia de

    Por “seguridad nacional”, el Estado nos espía a todos

    JENARO VILLAMIL

    la Nación deberá resolver a mediados oen la tercera semana de febrero un ampa-ro interpuesto por la Red de Defensa deDerechos Digitales y decenas de ciudada-nos más contra los artículos 189 y 190 dela Ley Federal de Telecomunicaciones yRadiodifusión. Estas disposiciones orde-nan a los concesionarios “colaborar conlas instancias de seguridad, procuración yadministración de justicia en la localizacióngeográfica, en tiempo real, de los equiposde comunicación móvil, en los tiempos que

    establezcan las leyes”.El amparo en revisión 964/2015 argu-

    menta que la localización geográfica entiempo real, así como la intercepción delas llamadas y mensajes, constituyen unainterferencia con el derecho a la privacidado intimidad y a la protección de los datospersonales, en tanto revelan datos altamen-te sensibles de una persona.

    La Red de Defensa de Derechos Digita-les argumenta que “es importante enfatizarque no basta con que las normas que inva-den el derecho a la privacidad y a la protec-ción de datos personales persigan un finlegítimo, como lo puede ser la investigación

    y sanción de delitos de la seguridad nacio-nal, sino que debe cumplir con la totalidadde los requerimientos constitucionales yconvencionales, lo cual no sucede en elcaso del artículo 190 fracción 1”.

    También subraya que se requiere deuna orden judicial previa o inmediata a lasmedidas de intercepción de las comunica-ciones personales, y que este requisito “noimpide necesariamente la efectividad de lamedida de vigilancia o la celeridad necesa-ria para la consecución de fines legítimos,

    pues perfectamente pueden establecersemecanismos de emergencia en los quela autorización judicial podría ser otorga-da con efectos retroactivos de manerasimultánea o posterior a que la autoridadválidamente lleve a cabo la medida”.

    Los promotores del amparo advierten:

    “La efectividad o celeridad no puedenargumentarse como obstáculos inevitablespara el control judicial, pues claramenteexisten formulaciones legales que concilianlos objetivos de la medida de vigilancia ylas salvaguardas necesarias al derecho a laprivacidad de las personas”.

    Falso, el argumento de la seguridad

    Para el abogado Luis Fernando GarcíaMuñoz, de la Red de Defensa de Dere-chos Digitales, “es falso el argumento dela seguridad por encima de la privacidad,sobre todo en un país como México, donde

    las autoridades son las que frecuentementecometen delitos, donde la línea que separaa las autoridades de la delincuencia organi-zada es casi inexistente.

    “Permitir estas violaciones a la privaci-dad es darle poderes amplios a funciona-rios públicos sin rendición de cuentas, sinningún tipo de control democrático sobreellos. Hacerlo es darles herramientas paravulnerar la seguridad”.

    García Muñoz aclara a Proceso que ellitigio que encabeza la red está pensadopara defender a los cientos de periodis-tas, estudiantes, defensores de derechoshumanos, políticos y ciudadanos a quienes

    cotidianamente se les interceptan sus co-municaciones sin orden judicial previa.

    “No me gusta vincular este tema con ladetención del Chapo porque quizás es elpeor ejemplo a favor de mi argumentación”;sin embargo, aun en este caso, dice, “nosabemos si las intervenciones a su comu-nicación privada tienen una autorización

     judicial”.Y agrega: “Nosotros no estamos

    diciendo que no geolocalicen o vigilen alos capos, sino que existan controles, que

    un “tsunami de violencia”, homicidios ydesapariciones.

    “La otra cara de la moneda de la im-punidad son los 26 mil desaparecidos quehay en México. Esa infraestructura que hoysecuestra y hace desaparecer es la mis-ma maquinaria económica que el gobier-no mexicano no toca porque está a nombrede empresas que financian campañas polí-ticas de todos los partidos.

    “Ningún presidente ha querido tocareso y destapar la cloaca por cobardía, ade-más de no querer pagar ese costo políti-co. Las propias campañas de los presiden-

    tes mexicanos… uno tiene que partir dela premisa de que han sido infiltradas porlos grupos criminales. Tú tienes, así, unpacto de impunidad basado en este círcu-lo vicioso: violencia, impunidad, desapari-ciones forzadas, financiamiento de cam-pañas, impunidad, y así.”

    Del narco a la política

    Buscaglia ha investigado cómo opera elcrimen y lava dinero en más de 100 paí-ses, y ha hallado que en todos los sitioslo hace de modo similar. “Yo le llamo ‘ley

    de gravedad’: cuando caen personajes co-mo Guzmán Loera, normalmente la ‘ley degravedad’ te dice que caen cientos de polí-ticos, de empresarios importantísimos decada país.

    Pero para que eso ocurriera en Méxi-co debería darse un “maxiproceso; y si noexiste ese maxiproceso, no vas a ver elprincipio del fin de esta pesadilla”.

    –¿Sin maxiproceso de nada sirve lacaída del Chapo? –se le pregunta.

    –Sin maxiproceso no hay contenciónde grupos criminales, ni en el planeta Mar-te ni acá. Hoy lo que vemos es un Estado en

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    al mismo tiempo exista una orden judicial.¿Por qué quieren la opacidad?

    “Es más, lo que está filtrándose a laprensa me da a entender que no lo habíanatrapado antes porque no querían. Tambiénes probable que no hayan accedido a estosmensajes hasta después que lo atraparon,pero tampoco sabemos si en estas inter-venciones existe un mandato judicial”.

    Hasta el momento, comenta el abogadode la Red de Defensa de los Derechos Digi-tales, ni el Congreso ni el Ejecutivo federalni los procuradores estatales “nos hanpodido decir por qué rehúsan los controlesen materia de violación a la privacidad delas comunicaciones.

    “Ellos prefieren hacerlo como si es-

    tuviéramos en una dictadura y no en unademocracia y no nos dicen por qué. El úni-co argumento que han dicho es que teneruna autorización judicial es problemáticaporque necesitan hacer la intercepción delas comunicaciones de manera rápida. Lehemos demostrado que hay mecanismospara combinar la eficacia con los controlesdemocráticos y con el respeto al debidoproceso.

    “Es falso que la autorización judicialimpida la intercepción rápida. De hecho, la

    autoridad tampoco ha medido la eficaciade la intercepción de las comunicaciones

    para garantizar la seguridad o combatir eldelito. No hay evidencia empírica de esto.”

    Medidas anticonstitucionales

    La otra parte del debate es la orden deri-vada de los artículos 189 y 190 de la LeyFederal de Telecomunicaciones y Radio-difusión para que las empresas concesio-narias de telecomunicaciones almacenendurante dos años los llamados metadatoso las sábanas de las comunicacionestelefónicas de los usuarios, sin incluir elcontenido de las conversaciones o de losmensajes.

    La mayoría de las empresas de teleco-municaciones, especialmente Telefónica,se han quejado ante el Instituto Federal deTelecomunicaciones porque el almacena-miento de estos metadatos les generarácostos adicionales.

    La Red de Defensa de los DerechosDigitales argumenta que este almacena-miento también constituye una violación alos derechos de privacidad y al artículo 16constitucional, que ordena en uno de suspárrafos:

    “Las comunicaciones privadas soninviolables. La ley sancionará penalmentecualquier acto que atente contra la libertady la privacía de las mismas, excepto cuan-do sean aportadas de forma voluntaria poralguno de los particulares que participen enellas. El juez valorará el alcance de éstas,

    siempre y cuando contengan informaciónrelacionada con la comisión de un delito.En ningún caso se admitirán comunicacio-nes que violen el deber de confidencialidadque establece la ley.”

    Para el abogado García Muñoz, “la solaconservación de estos metadatos por dosaños es anticonstitucional. La SupremaCorte debe asumir el criterio adoptadopor el Tribunal de la Unión Europea quedeterminó que los metadatos son partede las comunicaciones y acceder a elloses igualmente violatorio a acceder a loscontenidos”.

    Edward Snowden, el exagente de la

     Agencia Nacional de Seguridad de EstadosUnidos (NSA, por sus siglas en inglés), “yanos reveló que Estados Unidos tiene acce-so a estos metadatos de forma constante.

     Almacenarlos por dos años es tener unamina de oro sobre la información privadade las personas”.

    descomposición y una violencia atomiza-da, descontrolada, que está basada en mo-tivaciones económicas. Las desaparicionesforzadas están basadas en motivacioneseconómicas de redes criminales.

    El investigador se refiere también a laposible extradición de Guzmán Loera a Es-tados Unidos. Dictamina: no servirá parallegar al fondo del problema.

    “Sería una válvula de escape patéticay triste” porque no estaría sustentada enméritos jurídicos sino en el colapso del Es-tado mexicano, que no puede retener a uncapo en su sistema penitenciario.

    “Si ocurre, en el proceso judicial el fis-cal norteamericano se va a focalizar en losdelitos cometidos en Estados Unidos y nova a abarcar a la clase política mexicana.El Departamento de Estado no permitiríaque el Departamento de Justicia hicieraeso, es diplomacia básica. Abarcaría a algu-nos empresarios mexicanos y norteameri-canos involucrados, pero no a la clase polí-tica en su conjunto.”

    De este modo, aunque el 13 de abril de2014 Los Pinos y la Casa Blanca hayan fir-mado un acuerdo para que México puedautilizar la lista negra que emite el país ve-

    Granados y Del Castillo. Acoso

    JUSTICIA

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    cino –e impedir con ello que esas compa-ñías y personas hagan uso del sistema fi-nanciero nacional–, sólo se trata de merasimulación entre ambos países, insisteBuscaglia.

    La lista

    Desde el año 2000 la Oficina de Con-trol de Activos (OFAC) de Estados Uni-dos compendia los nombres de decenasde empresas y personas ligadas al cri-men organizado. Vinculadas con el Cár-tel de Sinaloa, por ejemplo, existen casi100, que en su mayoría siguen operan-do en México. No sólo eso: llegan a for-mar parte de los programas del gobier-no federal.

    Entre las compañías relacionadascon el grupo del Chapo  están Agrícolay Ganadera Cuemir, S.P.R. de R.I., aliasRancho La Herradura, y la CooperativaAvestruz Cuemir, S.C. de R.L. de C.V.

    En 2010, Financiera Rural –que de-pende de Sagarpa– tuvo en su padrónde beneficiarios a Agrícola y GanaderaCuemir. Sin embargo, le canceló el apo-yo. En cambio, en 2011, el Fideicomiso deRiesgo Compartido, que también depen-de de la Sagarpa, le entregó a Coopera-tiva Avestruz Cuemir 2 millones 579 mil656 pesos como apoyo para “moderniza-ción de instalaciones para obtener certi-ficación TIF”.

    En 2008 la OFAC incluyó en su lis-ta negra a Nueva Industria de Ganade-ros de Culiacán, S.A. de C.V. (que producela marca de leche Santa Mónica), comopropiedad del Mayo Zambada.

    Ya desde 2002 ese consorcio recibíaayudas destinadas a pequeñas y me-dianas empresas (pymes). Y en 2008, el13 de agosto, fue incluida por la Secre-taría del Trabajo y Previsión Social en supadrón de compañías que ofrecían em-pleos. Aún más: en octubre de ese añorecibió otro apoyo de la Secretaría deEconomía, a través del Fondo de Pymes.

    La OFAC también relacionó a la Estan-cia Infantil Niño Feliz, S.C., con el Cártelde Sinaloa. Y todavía en 2009 el InstitutoMexicano del Seguro Social (IMSS) validóa ese centro como una de sus guarderías.

    La oficina estadunidense incluyó ensu catálogo a Establo Puerto Rico; Gaso-linera Rosario; Multiservicios Jeviz; Pis-cilanea, S.A. de C.V. (que vende artícu-los para alberca); Provenza Center; LaTijera Parque Industrial, y Terraza 9140(utilizado como salón de fiestas). Lasúltimas cuatro están en Tlajomulco deZúñiga y Proceso corroboró que siguenoperando.

    Igualmente se hallan Prenda Todo,S.A. de C.V.; Casa de Empeño Guada-lajara, S.A. de C.V.; Prestafácil y Anda-mios Dalmine de México: el semanario

    Zeta la indagó y descubrió que en diver-sos años esta compañía recibió contra-tos del IMSS, INBA, Fonatur y ComisiónFederal de Electricidad mediante adju-dicación directa.

    Además detectó que tiene 13 sucur-sales en el país. Está en Tijuana, Culia-cán, Mazatlán, Ciudad de México y Cuer-

    navaca, por ejemplo.El inventario incluye a Consorcio In-

    mobiliario del Valle de Culiacán, S.A. deC.V.; Comercial Domely, S.A. de C.V.; Co-cinas de Tijuana, R.L. de C.V.; Multiservi-cios AGSA, S.A. de C.V.; comercializadoraToquin, S.A. de C.V.; Operadora Integralde Comercio, S.A. de C.V.; Comercializa-dora Jalsin, S.A. de C.V.; Sepriv, S.A. deC.V.; Sin-Mex Importadora, S.A. de C.V.;Autotransportes Jym, S.A. de C.V.; Artey Diseño de Culiacán, S.A. de C.V.; Zarkade Occidente, S.A. de C.V., y Zarla de Mé-xico, S.A. de C.V.

    En Jalisco están Audioalarmas, S.A.

    de C.V.; Basaltos Tonalá, S.A. de C.V.En 2007, cuando la OFAC hizo refe-

    rencia a los consorcios del Mayo  Zam-bada, Hacienda respondió, según repor-tó el diario El Universal el 6 de junio de2007: “En México no existen evidenciasde operaciones ilícitas en las empresasseñaladas por los estadunidenses”.

    Como sea, en el catálogo está tam-bién el bar Lucrecia o Bocados de Au-tor, ubicado en Jalisco y perteneciente ala familia Sánchez Garza. En septiembrede 2012, Alejandro Sánchez Garza se en-tregó a Estados Unidos y reconoció el de-lito de lavado de dinero. Luego de ello se

    atribuyó a sus hermanos Mauricio y Die-go haberse quedado con los negocios delavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

    Apenas el pasado miércoles 13, la Pro-curaduría General de la República (PGR)capturó a Mauricio, quien fue requeridopor el Juzgado Octavo de Distrito de Pro-cesos Penales Federales en la Ciudad deMéxico por los delitos de extorsión y la-vado de dinero, consignados en la solici-tud de extradición de las autoridades deEstados Unidos, y también es requeridopor la Corte Federal para el Distrito Oes-te de Texas.

    La PGR lo ubica como el encargado definanciar la película autobiográfica queGuzmán Loera quería que se filmara, se-gún reportó el diario Excélsior el viernes 15.

    Y de acuerdo con la OFAC tienenlas siguientes inmobiliarias: Cariati-de Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. (RFC:CGI0501197ST); Constructora Acan-tu, S.A. de C.V. (RFC: CAC931015UC2);Inmobiliaria Novsa, S.A. de C.V. (RFC:GIN050623D21); Grupo Insa, S.A. de C.V.(RFC: GIN050207A76); Grupo inmobiliarioOCSA, S.A. de C.V. (RFC: GIO050907D57), eInmobiliaria ASYSA, S.A. de C.V. (RFC: IA-S050907A14).

    LOS MOCHIS, SIN.- Habitantes debarrios populares de esta cente-naria y próspera ciudad del mu-nicipio de Ahome no ocultan susimpatía por Joaquín GuzmánLoera Guzmán, El Chapo, deteni-

    do aquí el vienes 8.En las calles se escuchan los acordes

    de los corridos inspirados en el encuentrode los actores Sean Penn y Kate del Casti-llo con el capo –El Señor, dicen los lugare-ños cuando se refieren a él.

    En las redes sociales locales se multi-plican los mensajes sobre el jefe del Cártelde Sinaloa. Algunos aluden a la ayuda quele proporcionaron sus paisanos duran-te su huida, sobre todo la gente humilde;otros mencionan la “calma chicha” que sevive hace tres semanas.

    Aquí, las simpatías por El Señor –quiense encuentra de nueva cuenta en el penalfederal del Altiplano, de donde se fugó el11 de julio del año pasado– crecen cadadía. Hoy, Guzmán Loera es el preso núme-ro 3870 y lo vigilan todo el tiempo 35 per-sonas y un perro (Proceso 2046).

     Esta ciudad ha estado inmersa en laviolencia durante los últimos cuatro años,pues los cárteles de los Beltrán Leyvay del Chapo Guzmán se la disputan des-

    GLORIA LETICIA DÍAZ

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    de también vive la madre del mandatario,Eva López.

    Esa zona y las colonias aledañas fue-ron patrulladas por efectivos de la Mari-na en noviembre pasado, días después deque en la colonia Sally –donde está la al-cantarilla por la que Guzmán Loera y su jefe de sicarios Iván Gastélum,El Cholo, sa-lieron a la calle el viernes 8, poco antes deque los capturaran– fue secuestrada la se-ñora Martha Cañedo Senes, cercana a So-fía Carlón, la esposa del gobernador.

    Cañedo Senes tenía su área de acciónen Baridaguato, comenta a la reportera una

    fuente cercana a las investigaciones, y eracustodiada por agentes ministeriales, pueshabía sido amenazada de muerte. La víspe-ra de la detención del Chapo Guzmán, fueejecutada sobre la carretera a Guasave. Suhijo Antonio Zatarin Cañedo fue secues-trado el lunes 4 en Los Mochis.

    En agosto de 2015 el diario Reforma in-formó que El Chapo fue detectado en la ciu-dad natal del gobernador el 30 de julio. Yfuentes allegadas a la Procuraduría de Jus-ticia del estado comentaron a la reporteraque en los últimos tres meses la presenciadel capo fue constante en Los Mochis.

    de entonces. Larga es la estela de muer-tes y desapariciones que ha dejado la gue-rra criminal que El Chapo iba ganando. Enese periodo se presentaron 150 denunciaspor las desapariciones, en 90% de las cua-les presuntamente participaron policíasmunicipales de la zona norte de la enti-dad (Proceso 2042).

    A unas horas de la zona serrana de Si-naloa, productora de mariguana y ama-pola, Los Mochis fue identificada en 2007por el Departamento del Tesoro de Esta-dos Unidos como sede de empresas vin-culadas a la familia de Ismael ZambadaGarcía, El Mayo, entre ellas Leche SantaMónica –de la firma Nueva Industria deGanaderos de Culiacán–, e InmobiliariaNieblas, según informó El Universal el 6 ju-nio de aquel año.

    La ciudad cuenta, asimismo, con agro-industrias de maíz, frijol, sorgo y hortalizas,y con las maquiladoras Calibro y Delphi. Enella residen también miembros connota-dos de la clase gobernante de Sinaloa.

    Ahome es gobernado por el priista Ar-turo Duarte García –hijo del notario públi-co 165 del mismo nombre, cercano al go-bernador Mario Valdez López–, quien viveen San Diego, California. De Los Mochises oriundo el secretario de Gobierno, Ge-rardo Vargas Landeros, cuya residencia seencuentra en la colonia Las Palmas, don-

    A partir de 2009, Los Mochis –la ciudad donde fue recap-turado Joaquín El Chapo  Guzmán el viernes 8– perdió sutranquilidad. Desde entonces, la disputa entre los segui-dores del capo y los sicarios de los hermanos Beltrán por

    el control de la plaza tiñeron de rojo las calles, corrom-pieron a la policía y crearon una población de menoresadictos. Proceso visitó esa centenaria ciudad donde mu-chos mochitenses –hombres y mujeres– ven con respetoa Guzmán Loera, El Señor , como le dicen.

       F

      o   t  o  :   R   i  o   d  o  c  e

      En Los Mochis, 

    crudas historiasde adicción y terror

    Los vehículos de la fuga

    JUSTICIA

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     “Estuvo aquí después de la persecu-ción en Cosalá (en octubre de 2015). Veníacada 15 días. Incluso los policías munici-pales ya tenían una clave para anunciar

    su llegada”, comenta uno de los uniforma-dos que pide omitir su nombre.

    No es la primera vez que narcotrafican-tes eligen Los Mochis para esconderse delas autoridades. En 1991, por ejemplo, fuedetenido aquí Miguel Ángel Beltrán Lugo,El Ceja Güera, recuerda Gregorio Reyes Fi-gueroa, exdirector del diario local El Debate:

    “Beltrán Lugo era señalado de narcotra-ficante, secuestrador, robabancos, pero unbuen día de abril de 1991 bajó a Los Mochisa comprar una carriola para su hija. Sus ga-tilleros lo esperaron en una camioneta esta-cionada fuera del negocio. En ese momentopasaron por ahí unos policías municipales ylos sicarios les mentaron la madre. Se armóel relajo y cuando salió El Ceja Güera, lo de-tuvieron junto con sus secuaces y los remi-tieron al penal de Culiacán.”

    Seis meses después, El Ceja Güera yuna treintena de internos se fugaron. Unaño después él fue recapturado en Jalis-co. En 2004 fue asesinado de cinco balazosen el penal de La Palma, rebautizado comodel Altiplano.

    “Las limpias”

    El 19 de octubre de 2009, iniciada la guerraentre los cárteles de los Beltrán Leyva y ElChapo Guzmán, Miguel Ángel Beltrán Ló-pez, hijo del Ceja Güera, fue levantado porun grupo armado en Los Mochis mientrasestaba de compras. Tres días después fuelocalizado su cuerpo en un canal de An-gostura. Tenía 58 balazos.

    Con esa ejecución se iniciaron “las lim-pias”, como dicen los mochitenses. La pri-mera etapa abarcó de 2010 a 2012 y se atribu-yó a los gatilleros mazatlecos de los BeltránLeyva; la segunda de 2012 a 2014 corrió a car-go de la gente del Chapo Guzmán.

    Las fuentes consultadas por Proceso refieren que la guerra tenía como propó-

    sito apoderarse de la plaza, no tanto paragarantizar el trasiego de droga, sino por laventa de crystal en las calles. Al principio,los mazatlecos impusieron su ley a san-

    gre y fuego. Sembraron el terror en las ca-lles y comenzaron a realizar cobro de piso.Los secuestros y extorsiones se elevaron.

    Durante “las limpias”, la Policía Muni-cipal jugó un papel preponderante. Prime-ro se inclinaron por los mazatlecos; des-pués lo hicieron por El Chapo Guzmán. Laspatrullas solían detener el aforo vehicularpara que pasaran los convoyes de sicariosa reventar  casas de seguridad y las nar-cotienditas. Por algún tiempo los propiosuniformados se encargaron de “la limpia”,según testimonios recabados.

    Entre finales de 2011 y 2013 hubo porlo menos 33 policías municipales entrelas víctimas. Los entrevistados aseguranque los mazatlecos pagaron al menos 10mil pesos por la cabeza de cada uno delos oficiales.

    Como se decía que los policías apoya-ban al Chapo, los mazatlecos ofrecían di-nero por cada policía muerto. Plebes  (jo-vencitos) de 15, 18 o 20 años llegaban enbicicletas o motocicletas y los mataban.Luego llamaban a los mazatlecos para in-formarles y cobrar, cuentan personas cer-canas a familias de los ejecutados.

    Araceli Sepúlveda Sauceda, visitadoraregional de la zona norte de la Comisiónde Derechos Humanos de Sinaloa (CDHS),dice que la violencia entre los cárteles y lacolusión de éstos con autoridades muni-cipales se vio reflejada en el aumento deviolaciones a los derechos humanos:

    “A partir de 2010 hubo cambios que nofueron privativos de Los Mochis, sino detodo el estado y del país. Se incrementa-ron las quejas por abusos en los munici-pios de la zona norte, Ahome, El Fuerte yChoix; las autoridades señaladas eran lospolicías municipales”.

    De 2011 a 2015, la CDHS documentó966 quejas por abusos en los tres muni-cipios del norte; el 72% se registraron en

    los primeros tres años. Asimismo, reca-bó 54 denuncias por desaparición forzada,cifra tres veces menor a los registros quetiene la organización de las Madres de losDesaparecidos de El Fuerte (151), inclui-dos los otros dos municipios norteños.

    La reportera entrevistó a mujeres yhombres que comenzaron a consumir crys-

    tal entre los nueve y los 14 años. Dijeronque los policías municipales se encargaronde “limpiar” la zona para El Chapo.

    “Si quieres ser sicario –comenta uno deellos– debes seguir una regla: no consumirdroga. Tienes que estar limpio. A los adictoslos ponen a cavar tumbas o hacer coladospara echar ahí a la gente, desaparecerla.”

    Cuando llegó El Chapo a pelear la plazacomenzó a distribuirse droga de colores:lila, verde, rosa, para distinguirla de la quevendían sus rivales, cuentan.

    “Si los policías te agarraban con grilloblanco (crystal), te preguntaban dónde lohabías comprado. Si los llevabas al sitio,

    remitían a los puchadores (los distribuido-res de droga) a la cárcel. Ahora ya no es así.Si eres adicto y te agarran con droga blan-ca, te matan y te desaparecen”, puntuali-za uno de los entrevistados.

    “Andaba con una amiga y su esposo ynos agarraron los policías con grillo blan-co –agrega una jovencita–. A él le metie-ron un balazo en la cabeza y a mi amigala agarraron de las greñas y le dijeron: ‘Vea tu marido: le vamos a cortar la cabeza’.A mí me taparon los ojos y me llevaron aotro lado porque era menor de edad”.

    Otro comenta: “A los policías les pa-gan para que no digan nada. Llegan al lugardonde venden la droga, los vatos (los ven-dedores) les pagan y ellos se van; hasta loscuidan. Me ha tocado ver que entregan mer-cancía. Son puro Chapo todo el gobierno”.

    Descomposición social

    Algunas adolescentes también se integra-ron a la cadena del narcotráfico como pu-chadoras, burras y sicarias. Comentan queen ese mundo las mujeres son quienessufren mayores humillaciones y violenciasexual por parte de los distribuidores y delas autoridades que las detienen.

    “Yo estuve con un macizo, y me obliga-ba a ver cómo sus compañeros mataban ala gente. Él me ponía la pistola en la cabe-za para que viera cómo lo hacía; tambiénme obligaba a colocar droga y dinero en micuerpo”, cuenta una de las entrevistadas.

    Hay un niño que ronda un tiradero yhace lo que le pidan a cambio de droga.Tiene siete años y “ya está demasiado lo-co; habla solo. Su familia no lo quiere. Él sela pasa en las calles y hace lo que sea poruna fumada”, dice otra.

    Las “limpias” no sólo rompieron latranquilidad de Los Mochis, sino que evi-denciaron la descomposición social de la

       I  s  m  a  e   l   R  o   d  r   í  g  u  e  z

    El fin de la ruta de escape

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    Definida como una persona cercana a Kate del Castillo,la periodista y activista social Lydia Cacho escribió la

    semana pasada para la página web de Proceso y parala agencia Apro  un artículo en el que relató porme-nores de la situación en la que se encuentra la actrizdespués del escándalo que provocó la publicación delencuentro del actor estadunidense Sean Penn con Joa-quín Guzmán Loera. El viernes 22, la propia periodistaentregó a Proceso esta nueva versión, con elementosadicionales, para su publicación en la revista.

    El caso de Joaquín Guzmán Loera hadesatado la rabia de la Procuraduría Gene-ral de la República y de los medios de co-municación: el resultado es el escarnio, laridiculización de una situación por demásgrave, sumada a la estrategia de la PGR yde la Secretaría de Gobernación para de-nostar a la actriz y productora Kate delCastillo en todas las formas posibles.

    Kate del Castillo, quien ha participadoen más de 23 películas y en algunas teleno-velas y series televisivas estadunidenses,se jugó la suerte mudándose a Los Ánge-les hace 14 años en pos de fortalecer su ca-rrera. Ha trabajado como productora de se-ries y películas y lleva años incursionandoen el mundo del cine desde diferentes ám-bitos, de allí que no sea una casualidad queella, como Oliver Stone, Sean Penn, Leonar-do DiCaprio y otro puñado de gente de ci-ne, hayan pensado en buscar que el líderdel Cártel de Sinaloa contara su versión pa-ra unirla a las muchas otras voces de vícti-mas y autoridades mexicanas.

    Sabemos que Del Castillo escribió en2012 un tuit con su reflexión personal decómo ella ve y siente a su país. Criticó lasformas en que se construyen la injusticiay la desigualdad, aseguró que cree más enEl Chapo Guzmán que en los políticos, por-que al menos él se muestra tal como esy los políticos, en cambio, viven de la im-postura y el engaño. Kate invitó al capo atraficar con amor en lugar de con drogasy personas, le pidió que transporte me-dicamentos y las curas contra el cáncery el VIH-sida, que los gobiernos nos ocul-tan o cuyo acceso se limita a las personascon recursos. Su opinión recibió lo mismoaplausos que críticas y burlas.

    Su lenguaje es directo, simple, transpa-rente; muestra la ingenuidad real de Kate,esa que ha trabajado durante 10 años conorganizaciones contra la trata de personasy como activista contra la violencia hacialas mujeres; que es activamente la Emba- jadora Corazón Azul de la ONU contra esoscrímenes.

    Lydia Cacho

    Las traicionesa Kate del Castillo

    ciudad, coinciden en entrevistas porseparado Viridiana Sánchez y Jesús Zu-biría, directores de centros de rehabili-tación de adicciones, femenil y varonil,respectivamente.

    Sánchez y Zubiría sostienen quelas metanfetaminas y el crystal, consu-midas por menores de entre siete a 12

    años, son una verdadera plaga. Inclu-so la consiguen en establecimientoscomerciales.

    “Es muy fácil conseguirlas. Cuestanlo mismo que la cocaína: 100 pesos ladosis, pero el crystal es más adictivo. Sedice que la primera droga que se con-sume es el cigarro o la mariguana, peroahora se los están saltando, lo cual esmuy peligroso porque el crystal puedecausar daños irreversibles en dos añosde consumo diario”, dice Zubiría.

    Sánchez, cuyo modesto centro nocuenta con apoyo de ningún tipo de au-toridad, resalta que en mujeres el creci-

    miento del consumo está influenciadopor la narcocultura.

    “Hace cuatro años empecé con elcentro. Atendíamos entre siete y 12 pa-cientes; ahora son 30 y he tenido quecanalizar muchas más por falta de es-pacio. La gran mayoría de las jóveneshan sido víctimas de abuso sexual.Usan su cuerpo para conseguir droga,se prostituyen. Su aspiración es ser bu-chonas, mujeres de un macizo (un capo)o al menos de un puchador (vendedor).

    “Muchas se engancharon en sustrabajos, en fábricas, maquilas, empa-ques o en la pizca, para rendir más. Unbuen número de ellas lo hicieron paraestar delgadas, porque en Sinaloa hayuna presión social hacia la mujer. Te-nemos que ser bellas para ser mujeresde un macizo”, cuenta Sánchez.

    Rehabilitada desde hace 16 años, ellaha atestiguado expresiones de niños deseis años que “quieren ser sicarios o pu-chadores” y de niñas que “no saben cómoexpresarlo, pero quieren ser buchonas”.

    Dice que sus pacientes son devotasdel Chapo Guzmán, ante la descomposi-ción social que prevalece en Los Mochis.

    “Cuando detuvieron a ese señor, lesdije a las muchachas: ‘Ya detuvieron a sumarido’. Todas sueñan con ser su mujer,aunque se conforman con ser la noviadel último en la línea de su grupo”.

    Mientras las drogas sigan siendonegocio y alimenten de una manera uotra la economía de ciudades como LosMochis, la detención del Chapo no sig-nifica un cambio, dice Viridiana.

    Y agrega: “La gente nomás está es-perando a ver a qué hora se vuelve asalir. Si alguno le brinca o lo matan, lagente va a querer ser como el que ven-ga. Y las muchachas van a querer sersus novias”.

    JUSTICIA

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    Ha trabajado con PETA por los derechosde los animales y pasó un mes en Bolivia

    infiltrada con activistas en el ambiente dela explotación sexual de adolescentes parahacer una película sobre el tema.

    Kate del Castillo es claramente unagran actriz, pues convenció al mundo deser una despiadada narcotraficante, tal co-mo le sucedió a Michael C. Hall, el actor deDexter –la serie de un asesino–, a quien lagente en el supermercado le huía confun-diendo al actor con su personaje.

    La PGR juega con el imaginario colec-tivo eliminando las fronteras entre el per-sonaje Teresa Mendoza y la ciudadana Ka-te del Castillo.

    Guzmán Loera es afecto a las redes so-

    ciales, leyó el tuit y quiso encontrarla. ElChapo, como han revelado la PGR y el ar-tículo de Sean Penn, buscó a Kate para pe-dirle que fuese ella quien contara su vidaen una película. Sean mintió en su texto,pues el capo nunca le envió flores; los abo-gados le contaron a ella que él tuvo algúndía la intención de hacerlo. Gracias a lasconversaciones reveladas por la autoridadsabemos que el líder del Cártel de Sinaloaera uno entre millones de fans encanta-dos con el personaje de Teresa Mendozade la narconovela La Reina del Sur.

    Kate, ingenua o estúpidamente, cre-yó que el capo tendría un lado humano,leyó el tuit y reflexionó sobre lo que ellale pide: “Sea el héroe, use su poder parael bien”. Ella creyó que él en verdad que-rría contar su historia ya que estaba pre-so, aparentemente retirado de la opera-ción cotidiana del cártel y no tendría mu-cho que perder. No sería el primer caso enque un mafioso encarcelado decide con-tar su historia.

    Sabemos que luego de que sus aboga-dos contactaron a Kate del Castillo pidien-do sus datos en la ANDA, ella tardó sema-nas en responderles, pues estaba filman-do Dueños del paraíso, otra narconovela.

    Luego viajó a ver a los abogados, quie-nes explicaron que desde prisión el jefepedía que fuera ella la que produjera lapelícula que Leonardo DiCaprio queríahacer. Los registros de las intervencionestelefónicas en manos de la SEIDO nos di-cen que seis diferentes productores deHollywood habían contactado al capo enel penal del Altiplano a fin de pedirle losderechos de su vida para un filme. Hayevidencia que demuestra que la actriz sereunió inmediatamente con los produc-tores de Oliver Stone: Fernando Sulichiny José Ibáñez, quienes prontamente secomunicaron con su despacho de aboga-

    dos para consultar las dudas de la actriz:¿era legal pedir los derechos de su histo-

    ria al capo?La PGR tiene en su poder los dos con-

    tratos que Kate y los productores llevarona los abogados del Chapo (recordemos quetodas las reuniones fueron sólo con los le-gistas, excepto la única con el capo para laentrevista). En las comunicaciones inter-venidas es claro que no hay ningún inter-cambio de dinero entre las partes.

    Esos documentos demuestran que loprimero que hizo Del Castillo fue buscarasesoría legal para saber si no incurría enalgún delito y para evitar hacerlo por igno-rancia. Recuerdo cuando Kate, hace casi unaño me contó que harían la película, me rei-

    teró su obsesión por que el capo no invirtie-ra un solo centavo. “Deben ser puros inver-sionistas conocidos”, me dijo. Yo asentí.

    Textos editados

    Sabemos que la PGR filtra la información amedias para inventar su verdad históricasobre este caso, sin que haya sido juzga-do ni hayan interrogado a todos los invo-lucrados. La SEIDO tiene todos los correosy chats intercambiados entre la actriz y losproductores que, mientras tanto, termina-ban la película de Edward Snowden y porello también estaban bajo vigilancia de lasautoridades estadunidenses.

    Sabemos que fueron ellos quienes in-vitaron a Sean Penn a conocer a Del Casti-llo y que fue él quien insistió en que bus-

    caran al capo para entrevistarlo. El planoriginal de Kate era el de cualquier pro-

    ductora: enviar a un escritor a documen-tar la historia del capo y más tarde prepa-rar un guión, complementando esto conlos escritos que el propio Guzmán Loeralleva en sus diarios.

    Mientras esto sucedía, las autoridadesayudaron a Guzmán Loera a darse a la fu-ga. Es importante acotar que afortunada-mente la actriz y sus abogados en ambospaíses guardan evidencia de los chats; portanto, podrá demostrar frente a cualquier juzgado que la PGR editó las comunicacio-nes inventando frases, intercalando men-sajes para hacer creer a la sociedad quehabía una negociación que en realidad

    nunca existió.Para sorpresa de la actriz, según cons-

    ta en la evidencia en manos de la SEIDO,la Segob y el FBI, los abogados de GuzmánLoera la volvieron a contactar cuando ésteya se había fugado. Los coproductores Fer-nando Sulichin y José Ibáñez consultaroncon su despacho de abogados; era acep-table que se reunieran siempre y cuandonadie recibiera ni un centavo del capo osu gente y no supieran la locación a la queirían. Eso era sencillo pues los narcoabo-gados habían advertido que los llevarían adiferentes lugares, porque tenían que cui-dar que el paradero de su jefe no fuera re-velado. Entonces la PGR y las autoridadesfederales de Estados Unidos intervinie-ron todas las cuentas bancarias de la ac-triz (no sabemos si las de los productores

      c  o  n   t  e  x   t  o   d  e   d  u  r  a  n  g  o .  c  o  m .  m  x

    Ingenua... y en peligro

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    también, porque este dato no aparece enel informe de inteligencia).

    Por otro lado, un informe de inteligen-cia de la Marina revela que los abogadosque contactaban a la actriz intermitente-mente se veían también con los dos hijosde Guzmán Loera y que se sabía que la fa-milia entera estaba en Sinaloa (eso lo su-pe yo misma cuando estuve en ese esta-do el pasado diciembre), y que viajabanentre Mazatlán, Los Mochis y la sierra enla que el padre del capo les enseñó a cul-tivar amapola y mariguana a los 15 años.¿Por qué no los detuvieron entonces? Esemismo informe muestra que la autoridadmexicana y la DEA siguieron a los actores ya los productores (les tomaron fotos y gra-

    baron su encuentro para subir a la mon-taña). La procuradora Arely Gómez dijo ala prensa que ellos estaban  prácticamente presentes en la entrevista con Sean y Kate.¿Qué significa eso? Ella se ha negado a res-ponder la pregunta.

    La autoridad sabía que el conductordel vehículo, como nos ha revelado SeanPenn, era Alfredo Guzmán, hijo del capo yuno de los operadores del cártel junto consu hermano Iván Archivaldo, que los es-peraba en la sierra con su padre. ¿Por quélos dejaron ir? La pregunta es pertinenteya que desde hace años se sabe que Guz-mán Loera está dejando las operacionesdel cártel a sus dos hijos; al igual que elpropio Ismael Zambada entregó la empre-sa criminal a su heredero. La aprehensiónde Vicente Zambada Niebla ha permitidoque las agencias de inteligencia de Esta-dos Unidos y México intercambiasen esainformación que corrobora el inminenteretiro de los padres y la llegada de los queel periodista José Luis Montenegro llamanarcojúniors.

    Sabemos que Kate se reencontró conlos abogados dos veces más en Xochimil-co para que le entregaran las fotografíasque Sean Penn necesitaba para la revista.El mismo Penn en su frívola crónica na-rra cómo presionaba a la actriz para con-seguir la información de pertinencia pe-riodística. Kate había pedido a Sean Pennque la incluyera como coautora de la cró-nica; después de todo, la que de verdad sehabía arriesgado como una buena repor-tera era ella. Rolling Stone y Penn se rehu-saron a darle el crédito merecido, la usa-ron como si fuera una fuente cualquiera.

    Ya para entonces la productora y ac-triz había contactado a un despacho deabogados del más alto nivel en México. Eldefensor, ya comprometido con represen-tarla y luego de haber escuchado toda la

    historia, renunció dos días antes de la pu-blicación de la pieza. Sólo entonces le avi-

    só a la actriz que tenía conflicto de inte-reses porque, había olvidado comentar-le, era asesor de la PGR. En cualquier otropaís Aguilar Zinser perdería su licenciapor manipular a una cliente que ha con-tratado defensa legal.

    Cabe mencionar que el despacho delexsecretario de Gobernación Fernando Gó-mez Mont es el que defiende, mientras tan-to, a los implicados en la segunda fuga deGuzmán Loera. A esos abogados que reci-ben pago de quien a su vez sí hizo negocioscon el narco, ¿no los espían? A los servido-res públicos cómplices directos del capo,¿no los evidencian ante la prensa? ¿Toda-

    vía es Gómez Mont parte del entramado deinteligencia del gobierno federal?

    El peor periodismo

    Muchos medios han dado grandes mues-tras del peor periodismo. Han recibido ca-si sin cuestionar las filtraciones de la PGR,siempre parciales; han editado los chats entre la actriz y uno de los grandes em-presarios criminales del mundo para con-vertirlos en una sátira de telenovela y, cla-ro, han inventado historias frívolas sobreun tema tan grave que podría costarle lavida a Kate del Castillo y a Sean Penn.

    Ciertamente ellos tuvieron acceso aestos mafiosos gracias a su fama. Ella enparticular debido a su personaje TeresaMendoza. La actriz sólo aceptó producir lapelícula porque el capo estaba preso. Melo dijo hace meses, cuando comenzaba elproyecto. La forma en que se ha ridiculi-zado a la actriz no es nueva, el sexismo esnotable en todos estos casos. De ella, y node Penn, mencionaron su edad y la retra-taron como si en verdad fuese la Reina delSur. Hasta el excorresponsal de guerra Ar-turo Pérez Reverte, quien conoce el graveriesgo, se burló de la actriz diciendo: “Noesperaba menos de mi Teresa Mendoza”.

    Todos han minimizado el rol que el ac-tor de 21 gramos jugó en esto. Sean y Guz-mán Loera se llamaban “amigos”, pero aél no le endilgan una relación afectiva nihablan de la apariencia de Penn, ni de sucapacidad de seductor. Lo mismo va paralos productores a quienes Sean sí protegecon nombres falsos en la revista. ¿Por quéellos no aparecen en la narrativa si son lossocios legales de Kate y los que le insis-tían, a pesar de que ella ya estaba aterra-da, en mantener el vínculo de comunica-ción con la gente del capo y eventualmen-te con Guzmán Loera directamente?

    Todo parece indicar que para las au-toridades, esos tres hombres mucho más

    poderosos que la actriz –y por cierto, nin-guno mexicano–, acostumbrados a entre-vistar a personajes controversiales comoSnowden, Chávez, Fidel Castro y otros,que han enfrentado espionaje por su tra-bajo, están libres de toda responsabilidad.El cine, como el periodismo, está protegi-do por las leyes de libertad de expresión ylibertad de información, pero de eso na-die habla. Otro dato relevante: la procura-dora ha dicho que la autoridad mexicanano está investigando ni a Penn ni a los so-cios estadunidenses de Kate. Tampoco losinvestiga el FBI. ¿Cuál es la explicación desemejante decisión?

    La SEIDO pretendió inculpar a Kate delCastillo de hacer operaciones financierascon recursos de procedencia ilícita. El pro-blema para la autoridad es que ni en las fo-tografías que le tomaron desde el primerdía que la siguieron, ni en los intercambiosde mensajería, llamadas y correos electró-nicos con los abogados, ni en sus estadosfinancieros aparece una sola transacciónni una sola fotografía en que ella salga conmaletines, bolsas o cualquier otra cosa quehaga creer que le entregaron dinero.

    En ocho días la PGR ha pasado en sulinchamiento mediático de señalarla co-mo socia del criminal en su casa produc-tora, a decir que recibió dinero para su pe-queña empresa tequilera; y ante la faltasiquiera de indicios, finalmente a señalar-la por, supuestamente, haber recibido unteléfono celular de manos de los abogadosdel capo. De cómplice pasó a testigo y has-ta el momento de esta publicación ni DelCastillo ni sus abogados han recibido cita-torio alguno.

    En el despacho de abogados contrata-do por ella en Estados Unidos se discutióreiteradamente que nunca se aceptaría niun centavo de dinero del capo; de hechoSulichin e Ibáñez ya buscaban inversio-nistas en el ámbito cinematográfico. Ka-te y sus empresas estuvieron hipervigila-das durante casi un año por una coopera-ción binacional digna de película… y noencontraron nada.

    Ignoramos si el narcoabogado deteni-do haya declarado algo contra ella. En talcaso, habrán de determinar si el testimo-nio de un solo delincuente tiene mayorvalidez que el de una ciudadana que pe-có de ingenua al querer hacer una pelícu-la como muchos otros antes lo han hecho.No sería la primera vez que un solo testi-monio sin evidencia permite a la PGR per-seguir injustamente a alguien.

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     Actriz en riesgo

    Lo que sabemos está sobre la mesa. Lo queno sabemos es lo más pertinente de inves-tigar. ¿Qué cree la PGR que El Chapo le re-veló a Kate en esas seis horas de entrevis-ta? ¿Creerán que le contó sobre sus víncu-los con Televisa, esos de los que ya habíahablado Carmen Aristegui?

    Acaso temerán que se sepa cómo fun-ciona el sistema de inversión de dinerodel cártel en las elecciones de diversos es-tados, o sobre su relación con los presi-dentes de México durante los últimos 30años; acaso sospechen que el capo dijo co-sas que ningún periodista hubiera sido ca-paz de extraer de un asesino como Guz-

    mán Loera, tales como las estrategias paratrazar sus rutas internacionales o quiénesson los verdaderos cómplices del escapedel siglo.

    Yo dudo que El Chapo hubiese habladodemasiado. Después de todo, habían acor-dado que en ocho días se reencontraríanen otro lugar para que él les diera la en-trevista completa. Pero la autoridad lo im-pidió. Ciertamente hay que celebrar la de-tención del capo –él y todos sus cómpliceshan hecho un daño irreparable al país–;pero enfocarnos pasivamente en una per-secución de Estado contra Kate del Cas-tillo, persecución que a todas luces se veforzada, nos hace sospechar que hay algomás detrás de esta historia, algo que la au-toridad no quiere que preguntemos.

    Mientras el capo seguía preso en el Al-tiplano, Kate del Castillo recibió una ame-naza puntual enviada por el secretarioOsorio Chong por conducto de una actrizamiga de ambos. Osorio Chong le advir-tió a Del Castillo que ellos ya sabían queestaba en comunicación con los abogadosde Guzmán Loera, que se dejara de meteren esos asuntos y terminó con una fraseque la actriz mensajera enfatiza: “No ha-brá película”.

    No podemos ignorar que la lógica decomunicación política institucional nosólo está enfocada en hacer espectacu-lar el caso, sino en quebrantar la ley. En-rique Peña Nieto celebró la implementa-ción del nuevo sistema de justicia penalprocesal; sin embargo, la procuradora ge-neral, Arely Gómez, y el secretario de Go-bernación, Miguel Ángel Osorio Chong,han violentado todos los preceptos cons-titucionales que exigen que a toda perso-na investigada o inculpada se le respete eldebido proceso.

    La autoridad, en el caso de Kate delCastillo, ha vulnerado su derecho a la dig-

    nidad, la intimidad, la propia imagen y laprotección de datos personales, así como

    el derecho a no ser sometida a tratos crue-les, degradantes e inhumanos. Hasta elmomento la PGR no cuenta con un mediode prueba o indicio para procurar justicia,de allí la decisión de llevar a cabo un lin-chamiento moral a través de los mediospara arrebatar toda credibilidad a los tes-timonios que eventualmente la producto-ra haga públicos. En esta trama, sin duda,los medios corporativos son parte del en-granaje que hace posible que la autoridadimplemente las leyes que inmediatamen-te quebranta sin pudor alguno. La pregun-ta, si el caso Del Castillo llega a tribunaleses: ¿los jueces se someterán al poder polí-

    tico o impartirán justicia?El sistema de justicia penal acusatorio

    exige que se respeten todas las reglas quela autoridad ha roto abiertamente con es-te caso. Ciertamente la delincuencia orga-nizada queda fuera del nuevo esquema de justicia penal, decisión tomada por Calde-rón y ratificada por Peña Nieto para seguiractuando de forma discrecional. A la so-ciedad y a la prensa no les toca determi-nar si una persona es culpable o inocen-te, pero sí fiscalizar al sistema de justiciaque se resiste, desde la cúpula, a respetarel debido proceso.

    Mientras el caso salía a la luz, pasé

    unos días con Kate en su hogar a fin dehacer una pieza periodística. Ella está ver-daderamente asustada. No puede enten-der el porqué de estos ataques virulentospor parte del gobierno mexicano. Entien-de bien que haya personas en la sociedadque hagan juicio moral sobre si debía o nohaber buscado la posibilidad de hacer lapelícula una vez que El Chapo la contactó,pero lo que no comprende es el porqué deeste ataque directo del gobierno federal.

    Me parece que ahora la actriz y pro-ductora corre dos peligros:

    Uno, que el cártel se sienta traicionado.Yo no lo creo. Se puede sentir traicionadopor Sean, que fue quien escribió la pieza.

    Otro, que personeros del gobiernomexicano podrían atreverse a hacerle da-ño a la actriz con tal de callarla, debido a lainformación que podría tener o creen quetiene. Ya se ha documentado plenamen-te en nuestro país la cantidad de ataquesa periodistas, comunicadoras y activistaspor parte de agentes del Estado, desde lasdetenciones arbitrarias y la tortura, hastael uso del sistema de justicia como instru-mento de escarmiento ejecutado por ac-tores políticos.

    Un dato importante: Kate del Casti-

    llo estaba a punto de viajar a la Ciudad deMéxico para comenzar a filmar una nueva

    serie de Netflix en la cual ella hace el pa-pel de la actriz que ahora es primera damamexicana; una serie que explora las his-torias de Los Pinos como nunca antes hi-zo la televisión. No me imagino al gobiernodel presidente Obama linchando a los ac-tores de House of Cards oCommander in Chief  por mostrar descarnadamente a persona- jes de ficción más que parecidos a los polí-ticos poderosos.

    El fondo del asunto es claro: el emporiode Joaquín Guzmán Loera no existiría sin laconnivencia de las autoridades federales.La clave de este caso no está en la visita alcapo, ni en unos chats telefónicos, está en

    toda la red gubernamental que operó la fu-ga, esa red protegida ni más ni menos quepor el sistema que lincha a Kate del Casti-llo. Esa red que durante los últimos añosha intentado por diferentes vías acallar lalibertad de expresión e información en to-das sus formas.

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    NOÉ ZAVALETA

    XALAPA, VER.-  Javier Duarte ini-

    cia su último año de gestióninmerso en una ola de vio-lencia expansiva: el lunes 11,policías estatales levantaron acinco jóvenes en Tierra Blanca

    y cuatro días después fueron localiza-das dos fosas –una en Emiliano Zapatay otra en Maltrata– con osamentas de 15personas.

    Desde que llegó a la gubernatura, el 1de diciembre de 2010, el gobernador priis-ta no ha podido dar seguridad a los vera-cruzanos; menos aún frenar a los cártelesde la droga que se disputan el territoriodesde hace años y mantienen a la pobla-ción en la zozobra.

    Una bitácora elaborada por el corres-ponsal con base en estadísticas oficialesda cuenta de 13 cementerios clandestinoslocalizados desde esa fecha. También re-gistra que la Fiscalía General del Estado(FGE) recibió 950 denuncias penales pordesapariciones; la Procuraduría Generalde la República consideró que 155 fueronforzadas.

    Tan sólo en el periodo 2012-2015, 186policías municipales y estatales fueronpuestos a disposición de la Subprocura-duría Especializada en Investigación deDelincuencia Organizada (SEIDO) por pre-suntos vínculos con el crimen organizado

    Al cierre de esta edición, la FGE y la Se-cretaría de Seguridad Pública estatal (SSP)continuaban las indagatorias en torno allevantamiento de los jóvenes José Benítezde la O, de 24 años; Mario Arturo OrozcoSánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de25; Bernardo Benítez Arroniz, de 25, y Su-sana Tapia Garibo, de 16.

    La búsqueda incluye sobrevuelos dehelicópteros de la SSP y de la Secretaríade Marina, así como rastreos terrestresen medio centenar de municipios de lacuenca, la región montañosa y la zona

    costera, en los que participan alrededorde 100 elementos de las policías Estatal yMinisterial de la FGE divididos en 11 gru-pos operativos.

    Ante la falta de resultados, los familia-res de los cinco desaparecidos, oriundos dePlaya Vicente, se entrevistaron con RobertoCampa Cifrián, subsecretario de DerechosHumanos de la Secretaría de Gobernación,

    y le exigieron “resultados inmediatos”;también solicitaron al gobierno federalatraer el caso.

    “Son jóvenes sanos”

    El padre de Benítez Arroniz, BernardoBenítez Herrera, de 54 años, se muestraconsternado y asegura que su hijo no te-

    La semana antepasada Veracruz volvió a cimbrase porel levantamiento de cinco jóvenes en Tierra Blanca y elhallazgo de dos narcofosas con 15 cuerpos. Desde enton-ces, según los padres de los desaparecidos, el goberna-dor Javier Duarte sólo da bandazos, pues ni siquiera hadefinido las líneas de investigación del caso. Éste es muysimilar al de noviembre de 2011, cuando fueron localiza-

    das otras dos fosas con 28 cuerpos; información que laadministración ocultó durante cuatro años.

    Más muertos, más fosas, más desaparecidos...

    y Duartetan tranquilo

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    VIOLENCIA

    nía malas amistades ni problemas connadie de la comunidad.

    “Mi hijo andaba todo el día conmigo.No es un vagabundo. Trabaja y está pegadoa su familia. Es un muchacho trabajador yde familia, al igual que los demás jóvenes.”

    Don Bernardo, tío de Benítez de la O,otro de los desaparecidos, cuenta que el joven atiende una tortillería con su fami-lia; Orozco Sánchez tiene un taller y ven-de refacciones de autos; González Díaz escaporal de un rancho ganadero, y TapiaGaribo acaba de terminar la secundaria.

    “Si ellos hubieran cometido algúnilícito o trajeran dinero que no era suyo,¿por qué los policías que se los llevaron nolos pusieron a disposición del MinisterioPúblico o tras las rejas”, expone. Don Ber-nardo y su esposa, Columba Arroniz, hansido amenazados por teléfono. Les dicenque dejen de buscar a su hijo Bernardo y asu sobrino José.

    “No tenemos miedo”, dice la pareja,que se encuentra fuera de las instalacio-

    nes de la fiscalía estatal, donde inclusomontaron un altar con veladoras, fotogra-fías de los desaparecidos e imágenes reli-giosas para orar por sus familiares.

    Don Bernardo dice que el fin de se-mana previo a su desaparición, los cincoadolescentes fueron al casino Caliente, jugaron Bingo un rato, y en la noche delsábado 9 acudieron a la discoteca La Ca-prichosa. Al otro día desayunaron birria yregresaron al casino. Después decidieronirse al hotel y ya no salieron el resto dela noche. El lunes 11 temprano empren-dieron el regreso en un Volkswagen JettaBlanco. Dos días después el vehículo fuelocalizado en la congregación de Paso delToro, municipio de Medellín de Bravo.

     Don Bernardo cuenta que la violenciaen la entidad data de hace por lo menos10 años y se ha extendido a decenas demunicipios. En 2009, por ejemplo, secues-traron a su padre, Manuel Benítez, quienpor esas fechas era alcalde de Playa Vicen-te. Nunca apareció, pese a que la familia

       Y  e  r  a  n   i  a   R  o   l   ó  n

    pagó el rescate. Sólo fue detenido uno desus presuntos secuestradores.

    Se queja en particular de la adminis-tración de Duarte. En el caso de su hijo, susobrino y los otros tres jóvenes, dice, losagentes de seguridad y procuración de justicia del gobernador sólo “dan banda-zos”. Hasta ahora no tienen siquiera una

    línea específica de investigación:“Yo sí le mandé a preguntar al fiscal

    (Luis Ángel Bravo): ¿Qué crimen organi-zado es más malo: el que nosotros le pa-gamos, al que le damos coches, armas einsumos de nuestros impuestos para quenos cuide o el que anda en la calle sin uni-forme, delinquiendo?”, comenta.

    La FGE detuvo a siete uniformados:Édgar Ramón Reyes Hermida, OtonielCruz Linares, Marcos Conde Hernández–delegado de la SSP en Tierra Blanca–,Luis Rey Landeche o Lendechy Colorado,Omar Cruz Santos, René Pelayo Vidal yÉdgar Omar Ruiz Tecalco.

    El viernes 22, el juez primero de Pri-mera Instancia de Cosamaloapan dictóformal prisión a los cuatro últimos y lafiscalía informó que los inculpados pre-suntamente “entregaron a los jóvenes aun grupo delincuencial”.

    Corrupción policiaca

    Diez días después de la desaparición delos cinco jóvenes el titular de la SSP, Ar-turo Bermúdez Zurita, ofreció una video-conferencia de prensa en la que anuncióel nombramiento de Silvestre Medinacomo director de Asuntos Internos de ladependencia. Él fungirá como “enlace es-pecial” para informar y apoyar a los fami-liares, dijo Bermúdez.

    También expuso que elementos de laFuerza Civil ya están al cargo de su “pro-tección”. La SSP, según él, no “dudará” enejercer todo el peso de la ley contra quie-nes fallen en la misión de proteger a Vera-cruz; habrá “cero tolerancia y mano dura”contra los malos elementos que manchanel nombre de la Policía Estatal.

    El anuncio de Bermúdez llegó des-pués de que el senador Fernando Yunes,del PAN, el líder estatal de este partido, José de Jesús Mancha, y Domingo Bahenay Carlos Fuentes, también panistas, exi-gieron la renuncia del titular de la SSP yque la PGR investigue el organigrama de lacorporación policiaca.

    En San Lázaro, la diputada federal delMovimiento de Regeneración NacionalRocío Nahle pidió a la Secretaría de Go-bernación declarar a Veracruz en estadode emergencia para que la federación sehaga cargo de la seguridad en la entidad.

    La detención de Conde Hernándezcausó reacciones dentro de la SSP. Ellose debe a que en 2013, cuando él fue de-legado en la región de Cardel, hubo más

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    de 20 desapariciones forzadas, incluidaslas del agente del Ministerio Público Pe-dro Huesca Barradas, adscrito al operativoVeracruz Seguro, y la del reportero SergioLanda, de Diario Cardel.

    Integrantes del Grupo Tajín –unidad deélite de la SSP– atribuyen a Conde Hernán-dez nexos con el Cártel de Jalisco NuevaGeneración, cuyos sicarios pelean la plazaa Los Zetas en varias regiones de Veracruz.

    La presunta infiltración de las corpo-raciones policiacas por parte de las or-ganizaciones criminales no es nueva. Lamadrugada del 18 de octubre de 2014, porejemplo, fue detenido Zito Ángel Zanatta,hermano de un diputado local priista dePuebla, fuera del bar Platinum Nigth Club,en Orizaba.

    Meses después, el 10 de junio de 2015,la Comisión Nacional de los DerechosHumanos emitió una recomendación(la 14/2015) en la que pidió indemnizar ala familia de Martiz y recapturar a los poli-cías involucrados, quienes por esas fechasya habían recuperado su libertad tras unaño de reclusión. Este último punto no ha

    sido acatado.

    Minimización de la violencia

    El portal de transparencia e incidenciadelictiva de la SEIDO destaca que en loque va del sexenio de Enrique Peña Nie-to, elementos de las fuerzas federales handetenido a 186 policías estatales y mu-nicipales de Veracruz por sus presuntosvínculos con el crimen organizado.

    De ese total, 121 casos ocurrieron en2103; al año siguiente sólo hubo 55 con-signaciones, según una nota publicadapor Melissa Díaz en Crónica de Xalapa  el

    miércoles 13.El día anterior, mientras las corpora-

    ciones policiacas buscaban a los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca,localizaron una fosa clandestina en unbarranco del municipio de Emiliano Zapa-ta con 12 cuerpos.

    La movilización de peritos forenses ypolicías ministeriales, así como el fuertecerco de seguridad llevaron a la FGE a emi-tir un boletín en el que tuvo que informarsobre el hallazgo, aunque sólo mencionótres cuerpos. Un día después anunció elhallazgo de otros tres. La fiscalía sólo ha-bló de seis osamentas.

    Algunos medios nacionales retoma-ron información de periódicos digitalesveracruzanos y contabilizaron 22 cuer-pos. Proceso  acudió a la delegación deGobernación en Veracruz y al Palacio deGobierno y corroboró que fueron 15 cuer-pos: 12 en una fosa localizada el Emilia-no Zapata y tres en otra del municipio deMaltrata.

    Este caso recuerda el de noviembrede 2011, cuando autoridades estatales yfederales descubrieron dos fosas clandes-tinas en las comunidades de Portezueloy Mata Loma, municipio de Manlio FabioAltamirano, donde agentes de la PGR yagentes locales exhumaro