protocolo de investigaciÓn proyecto

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Programa de apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento

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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Proyecto: Modelo de educación financiera crítica basada en TIC

para la inclusión y desarrollo económico de habitantes y

microempresarios de la zona Altiplano Oeste.

Autor: Dr. Armando Sánchez Macías

Nombramiento: Profesor Investigador de Tiempo Completo Nivel VI con

orientación en Finanzas.

Adscripción: Licenciatura en Administración

Coordinación Académica Región Altiplano Oeste

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Descripción del problema

A pesar de que la Asociación Mexicana de Bancos (ABM, 2013) informa que el

Sistema Financiero Mexicano (SFM) es sólido y está muy bien capitalizado, también

es cierto que México ocupa en el índice de inclusión y desarrollo económico el lugar

45 entre las 78 economías de la muestra estudiada en el Reporte de Crecimiento y

Desarrollo Inclusivo (WEF, 2017). La baja penetración bancaria y la gran

concentración de los servicios financieros en las zonas urbanas son parte de las

causas (Loungani, 2017). Para hablar de desigualdad basta decir que el sistema

bancario en México creció sus utilidades en el periodo de enero a julio de 2014 a

2015 cinco veces más que la economía del país en ese mismo periodo (CNBV,

2016). A su vez el negocio de los servicios financieros en México está concentrado

en siete grupos financieros que controlan el 70% del mercado (COFECE, 2014). La

falta de competencia crea obstáculos para que nuevos actores ofrezcan sus

servicios extendiendo su alcance en lugares más allá de donde es altamente

rentable pero a su vez benéfico para el desarrollo social.

La persistencia de la desigualdad, inequidad y pobreza, aunado a un lento

crecimiento de zonas rurales en México tienen como una de sus causas a la

exclusión financiera (Álvarez, Páramo, & Carpio, 2011). El uso de servicios y

productos financieros impulsa el crecimiento económico en las economías

emergentes y avanzadas; mediante una contribución a reducir la pobreza, el

desarrollo sostenible y el progreso de la sociedad (García, Grifoni, López, & Mejía,

2013, págs. 22-23).



2

La inclusión financiera es definida como: “El proceso de promoción de un acceso

asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de productos y servicios

financieros regulados y la ampliación de su uso por todos los segmentos de la

sociedad, a través de la aplicación de enfoques innovadores o existentes hechos a

la medida, incluyendo actividades de sensibilización y de educación financiera, con

el fin de promover el bienestar económico y la inclusión económica y social” (G20 y

OCDE, 2013, pág. 17).

La inclusión financiera es una necesidad imperante para México. Tiene la capacidad

de generar un efecto positivo sobre la pobreza y la desigualdad, así como propiciar

el desarrollo económico. Honohan (2007) mostró que un incremento del 10% en la

disponibilidad y acceso a servicios financieros reduce en 0.6 puntos el coeficiente

de Gini que mide la desigualdad en ingreso. Asimismo según Clarke, Xu & Zou

(2003) y Honohan (2007) un crecimiento del 10% en el crédito hacia los particulares

disminuye la pobreza en casi el 3%.

Diversas experiencias nacionales e internacionales (Álvarez, Páramo, & Carpio,

2011; Marshall, 2011; G20 y OECD, 2013; Garay, 2016; EIU, 2016; Martínez-

Carrasco, Muñoz, Eid, & Colino, 2016; Loungani, 2017; OXFAM, 2017; WEF, 2017)

dan cuenta del hecho de que para lograr incluir a los excluidos se requiere una ruta

basada en la educación; entre uno de sus ejes está el de desarrollar en las personas

competencias financieras. La competencia financiera se refiere a las habilidades

para entender el contexto económico, para que la persona sea partícipe de este y

tome decisiones responsables y razonadas para su beneficio. A su vez desarrollen

pensamiento crítico e informado para analizar las ofertas financieras, realizar una

adecuada planeación y gestión de sus deudas, gastos e inversiones para lograr vivir

de manera independiente (INEE, 2013). La competencia financiera se considera

actualmente como una pieza clave para lograr el desarrollo económico y financiero

sostenido y estable en el mundo. En este sentido la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han establecido los Principios para

las Estrategias Nacionales en Educación Financiera (OCDE, 2005a), es decir la

reducción de la inclusión financiera se ha convertido en un punto central en la

búsqueda del bienestar de los países. Estudios sugieren que el nivel de

competencias financieras está relacionado con su contexto familiar y educativo, es

decir, las personas con mayores competencias provienen de familias con alto nivel

educativo y que poseen diversidad de productos (Raccanello & Herrera, 2014). Es

por ello que no extraña que las personas de más bajos ingresos tengan menos

competencias financieras, perpetuando con ello un ciclo de pobreza.

El camino hacia la inclusión financiera se compone de varios ejes fundamentales:



3

El desarrollo de las competencias financieras en la población. Se refiere a los

esfuerzos en el sentido de apoyar en la construcción de conocimientos,

habilidades y actitudes hacia el entorno económico, las decisiones de

financiamiento y de inversión. En este apartado se encuentra como principal

elemento la Educación Financiera (OCDE, 2013).

El desarrollo de infraestructura financiera en las zonas que están

actualmente desatendidas. A través de los actores actuales pero también

propiciando la aparición de nuevos oferentes de servicios financieros. En

este eje el uso de las innovaciones tecnológicas juega un papel muy

importante, dado que las Tecnologías de la Información y Comunicación

(TIC) permiten de manera menos costosa ampliar la infraestructura

disponible a través del uso de instrumentos basados en internet y redes

inalámbricas. En este eje también se apunta hacia el incremento de la

competencia y las opciones para los consumidores.

Poner a disposición de la población productos financieros que estén acordes

a sus posibilidades y necesidades. Tradicionalmente las personas de bajos

ingresos quedan excluidas porque las instituciones no las ven como clientes

rentables. Sin embargo más allá de si pueden ser un buen negocio, el

enfoque de la política pública debe promover y estimular la creación de

productos financieros, orientados a los segmentos de menores ingresos a

través de esquemas novedosos.

Promover mecanismos de protección al consumidor de servicios financieros.

Esto para desarrollar la confianza de los usuarios en el Sistema Financiero.

Asimismo generar un marco regulatorio que proteja realmente los intereses

de los consumidores y no la de los oferentes como tradicionalmente sucede.

En este sentido esfuerzos como la Comisión Nacional para la Defensa de los

Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) son loables pero

incompletos dado que se limitan a comunicar, informar y sugerir, es decir no

tienen facultades para penalizar a quienes abusan de la ignorancia o

necesidad de sus clientes.

La presente investigación centra sus esfuerzos en el primer eje para lograr la

inclusión financiera, la llamada educación financiera. Es definida por la OCDE

(2005a, pág. 13) como “…el proceso mediante el cual los individuos adquieren una

mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las

habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y

oportunidades financieras, y mejorar su bienestar”. En este sentido la educación

financiera debe estar apegada a las mejores prácticas entre ellas (OCDE, 2005a):

Debe promocionarse desde la escuela y formar parte de un plan de

educación continua para toda la vida.



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Los programas que se impartan deben satisfacer las necesidades de los

habitantes de las regiones a los que estén destinados. Para lograrlo es

indispensable realizar investigaciones diagnósticas para identificar el

nivel actual de cultura financiera e identificar los problemas que en

particular deben ser tratados.

La educación financiera de parte de los prestadores de servicios financieros

debe ser equitativa y beneficiar a los consumidores, no a los intereses de las

empresas.

Los formadores en educación financiera deben contar con recursos y

preparación adecuados para desarrollar aprendizajes significativos y de

utilidad utilizando métodos andragógicos.

El desarrollo social y económico es una ruta sostenible para el logro de la autonomía

y bienestar de las comunidades. Las capacidades financieras aportan al

empoderamiento y libertad de las personas. Les permiten tomar decisiones

informadas y beneficiosas para sí mismos. Se asume a las comunidades como el

fin principal de los objetivos económicos. El ser humano no es un medio ni debe ser

considerado como un instrumento al servicio de los intereses de algunas empresas

(Canapale, 2012).

Este protocolo de investigación se aleja de la concepción instrumentalista de la

educación financiera de Cole et. al. (2009); Servon & Kaestner (2008) y CGAP

(2005) en Birochi & Pozzebon (2016, pág. 268) como “…promotora de eficiencia y

eficacia del sistema financiero a través de la corresponsabilidad de los

consumidores (derechos y obligaciones)”. Se asume luego la concepción

transformativa o crítica con un enfoque humanitario y social en el que los individuos

(personas y microempresarios de bajos ingresos) con grandes limitaciones

socioeconómicas logran desarrollarse al fortalecer sus capacidades individuales,

empoderamiento y autonomía (Johnston & Maguire, 2005; Landvogt, 2006;

Fernando, 2006; Burkett & Sheehan, 2009; Sempere, 2009; Mayoux, 2010;

Augsburg & Fouillet, 2010 y Cabraal, 2011 en Birochi & Pozzebon 2016). Ver figura

1.



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Figura 1. Enfoques de la educación financiera.

Fuente: adaptado de Birochi y Pozzebon, 2016.

Se ha documentado suficientemente que el uso de las TIC para la implementación

de la educación financiera es uno de los medios más importantes para empoderar

a las comunidades de bajos ingresos. Las TIC promueven la distribución de

conocimientos y de información, así mismo sirven como medio para obtener

capacidades y habilidades para el trabajo y para la vida. El uso de las TIC además

es el inicio del proceso de inclusión digital que conduce a la autonomía y

empoderamiento de los individuos (Abate, 2012; Alarcón, 2012; Canalda de Beras,

2012, Arango, 2012, Sánchez y Rodríguez, 2015).

Motivación para atenderlo

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) es una investigación de tipo

cuantitativo realizada entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Este instrumento “…busca

generar información estadística sobre el acceso y uso de servicios financieros de la

población, con la finalidad de identificar las principales barreras, con base en ello,

diseñar políticas públicas basadas en evidencia que promuevan la inclusión

financiera” (INEGI y CNBV, 2015, pág. en línea). Del informe se desprende que el

24.1% de los adultos en México no cuenta con acceso al sistema financiero formal.

En las zonas rurales hay más mujeres (38%) que hombres (32%) que poseen una

cuenta bancaria, derivado básicamente del pago de subsidios de parte del Gobierno

Federal por medios bancarios. El 41% de los mexicanos sin cuenta bancaria habita

en localidades rurales, mientras que el 28% habita en zonas urbanas. La

escolaridad promedio de los habitantes sin cuenta bancaria en zonas rurales es de

secundaria inconclusa mientras que en las ciudades es de bachillerato inconcluso.

De los 31.6 millones de adultos que nunca han tenido una cuenta el 50%



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manifestaron que es porque tiene ingresos insuficientes o variables. Aunque el 66%

de los adultos recibió educación para el ahorro en algún momento de su vida se

observa un amplio desconocimiento de las características y servicios financieros

entre la población.

Para hablar de la penetración de la inclusión financiera se puede decir que en

México solo el 29% de la población más pobre tiene una cuenta crediticia,

comparada con el 50% que la tiene en América Latina (EIU, 2016). Si bien la

economía mexicana es mayor a la de la mayoría de los países que conforman este

bloque geográfico, la orientación de las empresas del SFM está básicamente hacia

la generación de rentabilidad y no de desarrollo social, competitividad y no

cooperación. Esto en parte se debe a la falta de políticas públicas efectivas. En este

sentido en octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF).

En enero de 2014 se promulgó la Reforma Financiera que incluyó entre sus ejes

fundamentales la promoción de la inclusión financiera. Entre otras acciones se

modificó el marco regulatorio para que los prestadores de servicios financieros

ofrezcan mayor crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas. En junio de

2016 se expidió la Política Nacional para la Inclusión Financiera la cual orienta las

acciones para mejorar las prácticas en inclusión y educación financiera para permitir

acceso y el uso de servicios y productos financieros formales a la población

(CONAIF, 2016).

La ENIF 2015 concluye que hace falta información para analizar el impacto de

políticas y programas de inclusión social, es decir, la encuesta por sí sola no tuvo el

alcance para analizar este fenómeno de forma integral y detallada. Además que en

México “…no se cuenta con evaluaciones que muestren el impacto de la

inclusión financiera en el nivel de ingreso o bienestar de los hogares. A su

vez, es necesario ahondar los esfuerzos para realizar estudios de corte

cualitativo (…) para observar la administración financiera de las personas con

bajos recursos. Otro aspecto fundamental es la inexistencia de datos sobre el

acceso y uso del sistema financiero en sectores objetivo” (CONAIF, 2016,

págs. 26-27); es decir, cuántas mujeres y hombres, de qué edades y qué tipo de

localidad. Reconoce a su vez el informe que las autoridades regulatorias (CNBV,

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Condusef, entre otros) no entregan

información con el grado de desglose que se requiere para un análisis cualitativo

que permita identificar actitudes y percepciones.

Se puede decir entonces que México y la Región Altiplano Oeste en la que se

desempeña este investigador presenta necesidades de inclusión financiera que

deben ser atendidas desde la academia con un enfoque humanista considerando

las recomendaciones de los organismos internacionales.



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Necesidad que se pretende resolver

La misión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí establece contribuir al

desarrollo social del país y en particular del estado de San Luis Potosí en los ámbitos

locales, regionales y nacionales. En su visión 2023 (UASLP, 2013) busca ser

reconocida entre otras características como una institución vinculada sólidamente a

su entorno y con importantes aportes a la mejora del desarrollo humano de la

sociedad potosina y del país.

Entre sus políticas se encuentran la consolidación del liderazgo entre las entidades

del sector empresarial para la atención de problemáticas de desarrollo social y

económico del estado y del país. En cuanto a la investigación se fijó el rumbo -entre

otros objetivos- de contribuir “…a la atención de problemáticas del crecimiento

económico de la entidad, así como a mejorar el nivel de desarrollo humano de la

sociedad, en particular de San Luis Potosí.” (UASLP, 2013, pág. 208).

En el eje de vinculación se propone el fortalecimiento de las relaciones de la

Universidad con el sector público y el privado. Según el Plan de la Coordinación

Académica Región Altiplano Oeste (CARAO) la vinculación con el sector privado y

el público están en sus etapas iniciales, no existe aún un programa de educación

continua. Se busca que la CARAO genere habilidades para la creación y gestión de

empresas que tengan un impacto en el desarrollo económico de la región. Se

pretenden identificar de manera puntual los niveles de inclusión financiera y las

necesidades en materia de educación financiera para empoderar a la población y a

los microempresarios para que sean capaces de obtener y gestionar apoyos

financieros, técnicos y administrativos (UASLP, 2014).

La Política Nacional de Inclusión Financiera en su eje 6 “Generación de datos y

mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión financiera” se propone “(…)

generar datos y mediciones para evaluar esfuerzos e identificar áreas de

oportunidad que contribuyan al diseño de programas de inclusión financiera”. Se fija

luego como acciones (CONAIF, 2016, pág. 31):

6.4. Establecimiento de grupos de trabajo con los gremios para mejorar la

calidad y profundidad de los datos que se reportan, y del posible intercambio

de información para un mejor conocimiento y aprovechamiento, a efecto de

fortalecer las acciones que cada uno tiene encomendando realizar.

6.5. Apoyo para el desarrollo de proyectos de investigación académica

independientes sobre la problemática y oportunidades orientadas a generar una

mayor inclusión financiera en el país.

En este sentido y alineado a la política pública que deriva del El Plan Nacional de

Desarrollo 2013-2018 del Gobierno Federal (Presidencia de la República, 2013) se



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pretende atender el llamado a colaborar con la generación de investigación

académica que apoye a contextualizar y entender la dinámica de la inclusión

financiera en el medio rural, en específico en la región Altiplano Oeste del estado

de San Luis Potosí.

Objetivo general

Generación de un modelo para la implementación de programas de educación

financiera crítica mediante el uso de las TIC en la Región Altiplano Oeste del Estado

de San Luis Potosí para apoyar en la inclusión financiera y con ello al desarrollo

económico de sus habitantes.

Objetivos específicos

Obtención de un diagnóstico cualitativo del impacto de la inclusión financiera

en la población rural de la Región Altiplano Oeste del estado de San Luis

Potosí.

Habilitación de un espacio con equipo basado en TIC para la implementación

de programas de educación financiera hacia las poblaciones objetivo: a)

población en general de bajos ingresos y vulnerable a la toma de malas

decisiones que no les permiten mejorar sus condiciones económicas. b)

microempresarios que requieren desarrollar sus capacidades financieras

para mejorar sus habilidades administrativas y; c) alumnos de la UASLP de

la CARAO. Dicho espacio será utilizado durante el proceso de investigación

pero también como un recurso que siga prestando servicio a la comunidad

como centro de desarrollo de capacidades financieras.

Una red de vinculación con organismos empresariales, con instituciones

académicas, científicas y de investigación de la Región Altiplano Oeste que

permita propiciar el impulso a la economía a través del conocimiento

científico y el trabajo coordinado.

Metas

Derivado de este proyecto se espera contar con un informe científico que

presente un diagnóstico de las capacidades financieras actuales y las

percepciones que tiene la población acerca de los servicios financieros con

los que cuenta.

Desarrollo de un aporte teórico- práctico traducido en un modelo para la

implementación de la educación financiera para el desarrollo económico para

las necesidades y características específicas de la Región Altiplano Oeste.

Publicación de un artículo arbitrado que permita difundir el conocimiento que

será desarrollado para que pueda ser utilizado para otras investigaciones que

se orienten hacia el mismo objeto de estudio.



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Participación en un evento científico internacional en el cual se puedan

compartir las experiencias y resultados del trabajo investigativo para

enriquecerlo y buscar la creación de nexos con otros investigadores que

trabajen en la misma línea de generación del conocimiento.

Habilitación permanente de un espacio equipado con TIC que permita un

desarrollo continuo del programa de educación financiera en la población al

a que se dirige.

Metodología (¿Que rutas piensa seguir en su investigación?)

La inclusión financiera se mide a través de indicadores de la oferta y de los servicios

financieros, tales como: número de tarjetas de crédito y débito, contratos de crédito,

terminales punto de venta, corresponsales, cajeros automáticos, sucursales

bancarias, entre. La CNBV tiene a su cargo la regulación de los entes financieros y

por lo tanto dispone de esta información.

Por otro lado la medición debe realizarse a través de la demanda, es decir a través

de los usuarios de dichos servicios. Nótese como ambos enfoques son muy

diferentes y el punto de vista de las instituciones financieras difícilmente se traduce

en la percepción, necesidades y experiencias de los usuarios de los servicios que

ofrecen. Para este propósito se requiere de la aplicación de instrumentos de

investigación.

Este estudio será descriptivo de caso múltiple (Yin, 2004), de tipo mixto con el uso

de las TIC. Se utilizarán instrumentos de tipo cuantitativo para caracterizar y

describir las variables socioeconómicas y demográficas más relevantes de la

muestra y que permitan generar información más precisa y a detalle (Stake, 1999).

Contrastando con los informes existentes a nivel nacional que presentan

generalizaciones. Se realizarán también pruebas para medir las competencias

financieras mediante el uso de las TIC. Asimismo se utilizarán métodos cualitativos

para la investigación como las entrevistas a profundidad a la muestra relevante y el

método de grupos de enfoque (focus group).

Este estudio es novedoso porque identificará los niveles de inclusión financiera con

un enfoque crítico-humanista, es decir considerará las percepciones y opiniones de

las personas como actores activos del fenómeno social y no como clientes o

consumidores; asumiendo el investigador el papel de instrumento para la

recolección de datos (Shaw, 1999). La muestra será teórica y no estadística con el

uso de casos múltiples los cuales permiten generar teoría a través de la replicación

y extensión de casos individuales (Martínez, 2006; Urra, Núñez, Retamal, & Jure,

2014). Antes que generalizaciones se realizarán transferencias de los casos

estudiados hacia el aparato conceptual que fundamenta la investigación para el

análisis de la información recabada (Yin, 2004).



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También se utilizará la plataforma educativa Moodle en el laboratorio que se

pretende acondicionar para desarrollar, poner a prueba y documentar el modelo de

educación financiera a desarrollar. Dicho proceso se realizará durante la

investigación para detectar las competencias financieras actuales y necesidades

que deben atenderse. Para este propósito se recurrirá a una muestra de habitantes,

empresarios y alumnos. Cabe resaltar que la habilitación de este espacio servirá

propósitos de investigación durante y después del período que se considera para el

presente proyecto. Ver figura 2.

Figura 2. Diseño metodológico.

Técnicas o herramientas que piensa utilizar

Para la consecución de los objetivos se utilizará la aplicación de cuestionarios

estructurados para recoger información cuantitativa y cualitativa, entrevistas

semiestructuradas a profundidad y la técnica de grupos de enfoque (focus group)

para recoger información cualitativa referida a la percepción de la población

estudiada acerca del nivel y efectos de la inclusión financiera. También se realizarán

pruebas (test) de competencias financieras mediante el uso de las TIC para

caracterizar el nivel actual y las necesidades que debiera tener un modelo de

intervención a aplicarse en la región.

Los datos serán registrados, grabados, capturados y transcritos para ser

procesados de acuerdo a su naturaleza cuantitativa o cualitativa con el uso de



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software especializado (SPSS y Atlas Ti) para lo cual se solicitará apoyo a otras

instancias de la Universidad en donde se cuenta con licencias. Ver figura 3.

Figura 3. Técnicas de investigación.

Infraestructura necesaria

Se requieren 30 equipos de escritorio ($8,000.00 cada uno) que puedan ejecutar

MSOffice 2013 o superior y un navegador web de última generación. Se utilizarán

para:

generar el desarrollo de un nivel mínimo de competencias digitales en la

muestra para que puedan ser aplicados los test de competencias financieras

mediante el uso de las TIC;

la aplicación de instrumentos de medición de las competencias financieras

(test) mediante el uso de las TIC;

captura y procesamiento de la información y datos obtenida para lo cual se

contará con el apoyo de estudiantes de la UASLP;

aplicación y ejecución del modelo de educación financiera bajo la plataforma

Moodle y con apoyo de MsOffice que se va a implementar como resultado

del diagnóstico y parte de esta investigación considerando que se utilizará el

modo taller.

Las actividades descritas implican el uso exclusivo de los equipos durante el

proyecto de investigación dado que la programación del tiempo para la ejecución

de los mismos estará en función de las características de las muestras a estudiar

(trabajadores, amas de casa, estudiantes, microempresarios, entre otros).

Además que la característica b-learning (presencial y a distancia) de los talleres



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que conforman la investigación requieren la disponibilidad permanente de los

equipos para que puedan ser utilizados en las tareas diseñadas a distancia. Se

considera que buena parte de la muestra estudiada no cuenta con acceso a las

TIC en su casa o trabajo.

Los test se ejecutarán en diversas muestras ya mencionadas: microempresarios,

habitantes de la comunidad, estudiantes de preparatoria y universidad. Se requiere

que los equipos ya incluyan sistema operativo al menos Windows 8. En la

Universidad ya se cuenta con la licencia educativa del programa MSOffice y se

cuenta con la infraestructura ya implementada para utilizar la plataforma educativa

Moddle para esta investigación. Así mismo ya existe el aula con la infraestructura

en el cual se puedan instalar y operar durante y después del proyecto como un

espacio de implementación del modelo teórico-práctico de educación financiera

crítica para la inclusión y desarrollo económico.

Beneficiarios (¿A quién beneficiará los resultados del proyecto?)

Los beneficiarios en primera instancia será la comunidad sujeta del estudio en el

Municipio de Salinas de Hidalgo en San Luis Potosí dado que se construirá un

modelo de educación que aporte a la inclusión financiera y con ello al potencial

desarrollo personal y económico de los habitantes y microempresarios de bajos

ingresos.

También serán beneficiarias de la investigación los organismos públicos que tienen

mandatado propiciar los procesos de inclusión financiera en el país al entregar un

diagnóstico y modelo de intervención que sirva como experiencia y pueda ser

replicado en otras comunidades.

Las autoridades que diseñan y ejecutan políticas públicas al recibir información

cualitativa más detallada acerca del fenómeno de la inclusión financiera y su

impacto en comunidades rurales de bajos ingresos.

La comunidad científica local, nacional e internacional que pueda ver con interés

este trabajo que contribuirá al conocimiento actual en el área de las finanzas

sociales.

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