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CONGRESO DE LOS DIPUTADOSX LEGISLATURA

Serie A: PROYECTOS DE LEY 20 de marzo de 2015 Nm. 139-1 Pg. 1

BOLETN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

PROYECTO DE LEY

121/000139 Proyecto de Ley Orgnica de modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantas procesales y la regulacin de las medidas de investigacin tecnolgica.

La Presidencia de la Cmara, en el ejercicio de la delegacin conferida por la Mesa, en su reunin del da 21 de diciembre de 2011, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(121) Proyecto de Ley.

Autor: Gobierno.

Proyecto de Ley Orgnica de modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantas procesales y la regulacin de las medidas de investigacin tecnolgica.

Acuerdo:

Encomendar Dictamen, conforme el artculo 109 del Reglamento, a la Comisin de Justicia. Asimismo, publicar en el Boletn Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un perodo de quince das hbiles, que finaliza el da 10 de abril de 2015.

En ejecucin de dicho acuerdo se ordena la publicacin de conformidad con el artculo 97 del Reglamento de la Cmara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutirrez Vicn.

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CONGRESO DE LOS DIPUTADOSSerie A Nm. 139-1 20 de marzo de 2015 Pg. 2

PROYECTO DE LEY ORGNICA DE MODIFICACIN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTAS PROCESALES Y LA REGULACIN DE LAS

MEDIDAS DE INVESTIGACIN TECNOLGICA

Exposicin de motivos

I

La propuesta de Cdigo Procesal Penal presentada por la Comisin Institucional para la elaboracin de un texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, actualmente sometido a informacin pblica y debate, plantea un cambio radical del sistema de justicia penal cuya implantacin requiere un amplio consenso. En tanto dicho debate se mantiene, en la confianza de encontrar el mximo concierto posible sobre el nuevo modelo procesal penal, resulta preciso afrontar de inmediato ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ser resueltas con la promulgacin del nuevo texto normativo que sustituya a la ms que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Entre dichas cuestiones se encuentran el fortalecimiento de los derechos procesales de conformidad con las exigencias del Derecho de la Unin Europea y la regulacin de las medidas de investigacin tecnolgica en el mbito de los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a los datos personales garantizados por la Constitucin.

II

Al regular estas materias, esta ley incide directamente en los artculos 18 y 24 de la Constitucin Espaola, ya que introduce cambios jurdicos, sustantivos y procesales, que afectan al mbito propio de la ley orgnica, en cuanto que desarrolla derechos fundamentales y libertades pblicas recogidos en este precepto constitucional.

A lo largo de todos estos aos no ha existido un criterio comn que sirviese de fundamento para determinar qu contenidos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deban estar sujetos a la reserva de ley orgnica, diferencindolos de aquellos otros cuya regulacin deba llevarse a cabo mediante ley ordinaria. En muchas ocasiones, preceptos procedimentales fueron elevados de rango. Unas veces en aplicacin de lo que el Tribunal Constitucional ha denominado materias conexas, es decir, aquellas que en atencin a razones de conexin temtica o de sistematicidad o de buena poltica legislativa considere oportuno incluir junto a las materias reservadas a la ley orgnica (STC 5/1981). Otras, por afectar a leyes que especficamente han de tener naturaleza orgnica, como lo es el caso de la Ley Orgnica del Poder Judicial o el Cdigo Penal.

A mayor abundamiento, no puede desconocerse que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el desarrollo legal de algunos derechos fundamentales y la delimitacin de su contenido esencial ha sufrido variaciones a lo largo de todos estos aos con inevitable incidencia en aquellas regulaciones que, por sus contenidos, deben incluirse en la reserva del artculo 81.1 de la Constitucin.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ahora se impulsa comprende medidas que desarrollan derechos fundamentales y otras de naturaleza estrictamente procesal. Dado que las segundas no constituyen en puridad un complemento necesario de las materias orgnicas, se considera preferible su tramitacin a travs de normas independientes de distinto rango.

Por todo ello, se considera adecuado que la iniciativa legislativa que se centra en previsiones de naturaleza orgnica, como las que ocupan esta ley (reforzamiento de los derechos procesales de los encausados y de los detenidos o presos; y regulacin de las medidas de investigacin limitativas del artculo 18 de la Constitucin) se regulen en una norma ad hoc de rango orgnico, con vistas a la futura elaboracin de un nuevo marco normativo para nuestro proceso penal que exige abordar la cuestin relativa a aquellas materias que inciden directamente sobre el mismo y que, al tiempo, por su naturaleza, estn sujetas a la reserva constitucional de ley orgnica.

III

Resulta necesario transponer en el ordenamiento interno la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los

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procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detencin europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privacin de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privacin de libertad. Para ello se modifican los artculos 118, 509, 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la introduccin de las previsiones que el Derecho de la Unin Europea requiere, entre las que destaca el rgimen de asistencia de abogado al detenido.

El derecho a la asistencia letrada en los procesos penales, el derecho a que se informe de la privacin de libertad a un tercero y el derecho a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privacin de libertad se fundamentan en lo dispuesto en los artculos 3, 5, 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, segn la interpretacin efectuada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal facilitarn la aplicacin de estos derechos, garantizando aspectos fundamentales de la defensa en el proceso penal.

Por esta razn, se modifica el actual artculo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se regula el derecho de defensa, reconocindose de forma clara y precisa que toda persona a la que se atribuya la comisin de un acto punible, podr ejercitar su derecho de defensa, sin ms limitaciones que las previstas en la ley, fijndose como marco temporal para el ejercicio de este derecho, desde la atribucin del hecho punible investigado hasta la misma extincin de la pena. Es contenido esencial del derecho de defensa la asistencia de un abogado de libre designacin o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podr comunicarse y entrevistarse reservadamente en cualquier momento desde que se le atribuya la realizacin de un hecho punible y que estar presente en todas sus declaraciones.

Especial mencin requiere la cuestin relativa al reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado, que podr ser limitada cuando concurran determinadas circunstancias, como la presencia de indicios objetivos de la participacin del abogado en el hecho delictivo investigado.

Cuando se trata de personas que han sido detenidas o privadas de libertad, estos derechos se recogen en el artculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se adapta de forma rigurosa a las exigencias de la normativa europea, haciendo mencin expresa, entre otros, al derecho del detenido a designar abogado con el que podr entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaracin por la polica, el fiscal o la autoridad judicial. En caso de que, debido a la lejana geogrfica no sea posible la inmediata asistencia de letrado, se facilitar al detenido comunicacin telefnica o por videoconferencia con aqul, salvo que dicha comunicacin sea imposible. Tambin se regula el derecho a poner en conocimiento de un familiar su privacin de libertad; el derecho a comunicarse telefnicamente con un tercero de su eleccin y el derecho a comunicarse con las autoridades consultares, en caso de detenidos o presos extranjeros.

El ejercicio de alguno de estos derechos podr ser modulado, motivadamente, en atencin a la presencia de circunstancias excepcionales, que vienen previstas en la normativa europea, como pueden ser, la existencia de un riesgo para la vida, libertad o integridad fsica de un tercero o la necesidad de evitar que los fines de la investigacin resulten frustrados.

En relacin a los menores, se comunicar el hecho y el lugar de custodia lo antes posible a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho de aquellos y ser puesto a disposicin de las Secciones de Menores de la Fiscala. En caso de existir un conflicto de intereses entre los menores y aquellos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda de hecho, se le nombrar un defensor judicial al que le ser suministrada aquella informacin.

En el caso de las personas con la capacidad modificada judicialmente, se informar a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho de aquellas, y se dar cuenta de ello al Ministerio Fiscal.

Por ltimo, se introduce una regla especfica para las detenciones en espacios marinos alejados del territorio espaol, dando respuesta a las situaciones que venan producindose ante la falta de previsin legal para estos supuestos.

IV

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha podido sustraerse al paso del tiempo. Renovadas formas de delincuencia ligadas al uso de las nuevas tecnologas han puesto de manifiesto la insuficiencia de un cuadro normativo concebido para tiempos bien distintos. Los flujos de informacin generados por los sistemas de comunicacin telemtica advierten de las posibilidades que se hallan al alcance del delincuente, pero tambin proporcionan poderosas herramientas de investigacin a los poderes pblicos.

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Surge as la necesidad de encontrar un delicado equilibrio entre la capacidad del Estado para hacer frente a una fenomenologa criminal de nuevo cuo y el espacio de exclusin que nuestro sistema constitucional garantiza a cada ciudadano frente a terceros. Por ms meritorio que haya sido el esfuerzo de jueces y tribunales para definir los lmites del Estado en la investigacin del delito, el abandono a la creacin jurisprudencial de lo que ha de ser objeto de regulacin legislativa ha propiciado un dficit en la calidad democrtica de nuestro sistema procesal, carencia que tanto la dogmtica como instancias supranacionales han recordado. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha apuntado el carcter inaplazable de una regulacin que aborde las intromisiones en la privacidad del investigado en un proceso penal. Hoy por hoy, carecen de cobertura y su subsanacin no puede obtenerse acudiendo a un voluntarista expediente de integracin analgica que desborda los lmites de lo constitucionalmente aceptable. Solo as se podr evitar la incidencia negativa que el actual estado de cosas est proyectando en relacin con algunos de los derechos constitucionales que pueden ser objeto de limitacin en el proceso penal.

La detencin y apertura de la correspondencia escrita y telegrfica se actualiza en un nuevo artculo 579, donde se acota su mbito material de aplicacin, al mismo tiempo que se regulan los plazos mximos de duracin y las excepciones a la necesidad de autorizacin judicial de acuerdo con una consolidada doctrina jurisprudencial. En particular y en cuanto al primero de los aspectos destacados, la reforma opta, frente a otros modelos comparados que acogen una enumeracin casustica de los delitos que autorizan este medio de investigacin, por exigir la concurrencia, no cumulativa, de cualquiera de los tres requisitos que se define en el apartado primero de este artculo y servirn de referencia para fijar el mbito de aplicacin de otras medidas de investigacin. El primero de ellos opera como una limitacin genrica, de carcter cuantitativo, ligada a la gravedad de la pena delitos dolosos castigados con pena con lmite mximo superior a los tres aos de prisin. Junto a este presupuesto se aaden otros dos: a) que se est en presencia de delitos cometidos en el seno de un grupo u organizacin criminal, b) que se trate de delitos de terrorismo. Se introduce un nuevo artculo 579 bis relativo a la utilizacin del resultado de esta diligencia en otro proceso penal distinto, en particular, en cuanto al tratamiento de los denominados hallazgos casuales y a la continuacin de la medida, que servir de pauta para el resto de medidas de investigacin tecnolgica.

La interceptacin de las comunicaciones telefnicas y telemticas es objeto de atencin en un nuevo captulo que se integra en el Ttulo VIII del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se ha reordenado la sistemtica tradicional de ese ttulo con el fin de dar cabida a la inaplazable regulacin de esta materia. Se aprovecha as un esquema formal histrico que, pese a los problemas prcticos derivados de su obsolescencia, cuenta con la ventaja de haber sido objeto de frecuente atencin por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Se ha estimado oportuna la proclamacin normativa de los principios que el Tribunal Constitucional ha definido como determinantes de la validez del acto de injerencia. En la determinacin del mbito material de aplicacin se sigue el mismo criterio ya evidenciado ms arriba por remisin, aunque se suma a la lista de delitos los cometidos por medio de instrumentos informticos o de cualquier otra tecnologa de la informacin o la telecomunicacin.

En la nueva regulacin se confiere sustantividad propia a otras formas de comunicacin telemtica que han carecido de tratamiento normativo en la ley procesal. Las dificultades asociadas a ese vaco se han visto multiplicadas en la prctica por una interpretacin jurisprudencial de la legislacin llamada a reglar la obligacin de las operadoras de conservar los datos generados por las comunicaciones electrnicas, que ha degradado algunos de los extendidsimos instrumentos de comunicacin telemtica por ejemplo, los mensajes de SMS o el correo electrnico a la condicin de aspectos accesorios, de obligado sacrificio siempre que se adopte una decisin jurisdiccional de intervencin telefnica. Frente a esta concepcin, el nuevo texto autoriza la intervencin y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a travs del telfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicacin telemtica, lgica o virtual. Pero somete la interceptacin de todas ellas en su propia y diferenciada instrumentalidad a los principios generales que el texto proclama. Se pretende con ello que sea el propio juez, ponderando la gravedad del hecho que est siendo objeto de investigacin, el que determine el alcance de la injerencia del Estado en las comunicaciones particulares. La resolucin habilitante, por tanto, deber precisar el mbito objetivo y subjetivo de la medida. Es decir, tendr que motivar, a la luz de aquellos principios, si el sacrificio de las comunicaciones telefnicas no es suficiente y si la investigacin exige, adems, la interceptacin de los SMS, MMS o cualquier otra forma de comunicacin telemtica de carcter bidireccional.

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La reforma ha considerado adecuado no abandonar los aspectos formales de la solicitud y del contenido de la resolucin judicial habilitante. La prctica forense no es ajena a casos de solicitudes policiales y de ulteriores resoluciones judiciales, que adolecen de un laconismo argumental susceptible de vulnerar el deber constitucional de motivacin. A evitar ese efecto se orienta la minuciosa regulacin del contenido de esa solicitud, as como de la resolucin judicial que, en su caso, habilite la medida de injerencia.

Se establece un plazo de tres meses como duracin mxima inicial de la intervencin, plazo que es susceptible de ampliacin y prrroga, previa peticin razonada por perodos sucesivos de igual duracin, hasta un mximo temporal de dos aos, siempre que subsistan las causas que motivaron aquella. De esta forma se busca un equilibrio entre la necesidad de valerse de estas diligencias para la investigacin de los delitos ms graves para la sociedad y la importancia de definir unos lmites cronolgicos que no prolonguen de forma innecesaria la interferencia de los poderes pblicos en la privacidad de los ciudadanos afectados por la medida.

Con el fin de asegurar la autenticidad e integridad de los soportes puestos a disposicin del juez, se impone la utilizacin de un sistema de sellado o firma electrnica que garantice la informacin volcada desde el sistema central. Esta medida es paralela a la exigida en otros rdenes jurisdiccionales para la plena validez de los documentos aportados al proceso en formato electrnico y acoge una lnea jurisprudencial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Se completa la regulacin con un precepto destinado a fijar los trminos del borrado y eliminacin de las grabaciones originales, una vez se ponga trmino al procedimiento. Se pretende con ello evitar toda difusin de un material que, por su propio contenido, podra daar de forma irreparable la intimidad del afectado.

En la investigacin de algunos hechos delictivos, la incorporacin al proceso de los datos electrnicos de trfico o asociados, puede resultar de una importancia decisiva. La reforma acoge el criterio fijado por la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservacin de datos relativos a las comunicaciones electrnicas y a las redes pblicas de comunicaciones, e impone la exigencia de autorizacin judicial para su cesin a los agentes facultados. Su incorporacin al proceso solo se autoriza cuando se trate de la investigacin de un delito que, por razones vinculadas al principio de proporcionalidad, sea de los que justifican el sacrificio de la inviolabilidad de las comunicaciones. Se da un tratamiento jurdico individualizado al acceso por agentes de polica al IMSI, IMEI, direccin IP y otros elementos de identificacin de una determinada tarjeta o terminal, en consonancia con una jurisprudencia del Tribunal Supremo ya consolidada sobre esta materia. Tambin se regula el supuesto de la cesin de datos desvinculados de los procesos de comunicacin concernientes a la titularidad o identificacin de un dispositivo electrnico, a los que podr acceder el Ministerio Fiscal o la Polica Judicial en el ejercicio de sus funciones sin necesidad de autorizacin judicial.

La experiencia demuestra que, en la investigacin de determinados delitos, la captacin y grabacin de comunicaciones orales abiertas mediante el empleo de dispositivos electrnicos puede resultar indispensable. Se trata de una materia hasta ahora ausente de la regulacin del proceso penal y cuyo alcance se aborda con sujecin a dos ideas clave. La primera, la exigencia de que sea el juez de instruccin el que legitime el acto de injerencia; la segunda, la necesidad de que los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad acten como elementos de justificacin de la medida.

La reforma aborda tambin la regulacin de la utilizacin de dispositivos tcnicos de seguimiento y localizacin. La incidencia que en la intimidad de cualquier persona puede tener el conocimiento por los poderes pblicos de su ubicacin espacial, hace que la autorizacin para su prctica se atribuya al juez de instruccin.

La ley pretende acabar con otro vaco normativo. Se trata del registro de dispositivos informticos de almacenamiento masivo y el registro remoto de equipos informticos. Respecto del primero de ellos, la reforma descarta cualquier duda acerca de que esos instrumentos de comunicacin y, en su caso, almacenamiento de informacin, son algo ms que simples piezas de conviccin. De ah la exigente regulacin respecto del acceso a su contenido. Por lo que afecta al registro remoto diligencia ya presente en buena parte de las legislaciones europeas el intenso grado de injerencia que implica su adopcin justifica que incluso se refuerce el mbito objetivo de la medida.

Resulta ocioso explicar la importancia del denominado agente encubierto a efectos de la persecucin de determinadas modalidades delictivas. Pues bien, ntimamente relacionado con las anteriores medidas de investigacin tecnolgica, la reforma actualiza el uso de tales recursos por el agente encubierto en las

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tareas que tiene encomendadas, en concreto, respecto a su eventual actuacin bajo identidad supuesta en los canales cerrados de comunicacin telemtica, y para la grabacin de imgenes y conversaciones, cuando fuera preciso. En ambos casos, la necesidad de autorizacin judicial garantiza el pleno respeto del derecho la intimidad y al secreto de las comunicaciones de las personas afectadas.

V

La reforma tambin tiene por objeto adaptar el lenguaje de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los tiempos actuales y, en particular, eliminar determinadas expresiones usadas de modo indiscriminado en la ley, sin ningn tipo de rigor conceptual, tales como imputado o reo, con las que se alude a la persona sobre la que tan slo recaen meras sospechas, y por ello resulta investigado, pero respecto de la cual no existen suficientes indicios para que se le atribuya judicial y formalmente la comisin de un hecho punible. A tal fin se convoc la Comisin para la Claridad del Lenguaje Jurdico, cuyas recomendaciones fueron tenidas en cuenta en la redaccin de los preceptos de esta ley. Entre sus conclusiones se encuentra la necesidad de evitar las connotaciones negativas y estigmatizadoras de esas expresiones, acomodando el lenguaje a la realidad de lo que acontece en cada una de las fases del proceso penal, razones que han de llevarnos a la sustitucin de los vocablos imputado y reo por otros ms adecuados, como son investigado y encausado. La reforma ha hecho suyas esas conclusiones. Y as, el primero de esos trminos servir para identificar a la persona sometida a investigacin por su relacin con un delito; mientras que con encausado se designar, de manera general, a aqul a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instruccin de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisin de un hecho delictivo concreto. Sin perjuicio de que a lo largo de esta ley se ha procedido ya de acuerdo con semejante ajuste conceptual y terminolgico, en la Disposicin Adicional Segunda se efecta la oportuna sustitucin de los trminos mencionados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artculo nico. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882 se modifica en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el artculo 118, que queda redactado como sigue:

Artculo 118.

1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podr ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detencin o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruir, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:

a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan as como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigacin y de los hechos imputados. Esta informacin ser facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelacin para salvaguardar el derecho de defensa.

c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) del artculo 527.

e) Derecho a solicitar asistencia jurdica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

f) Derecho a la traduccin e interpretacin gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artculos 123 y 127.

g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaracin si no desea hacerlo, y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.

h) Derecho a no declarar contra s mismo y a no confesarse culpable.

La informacin a que se refiere este apartado se facilitar en un lenguaje comprensible y que resulte accesible. A estos efectos se adaptar la informacin a la edad del destinatario, su grado de

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madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una modificacin de la capacidad para entender el alcance de la informacin que se le facilita.

2. El derecho de defensa se ejercer sin ms limitaciones que las expresamente previstas en la ley desde la atribucin del hecho punible investigado hasta la extincin de la pena.

El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designacin o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podr comunicarse y entrevistarse reservadamente en cualquier momento desde que se le atribuya la realizacin de un hecho punible y que estar presente en todas sus declaraciones as como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstruccin de hechos.

3. Para actuar en el proceso, las personas investigadas debern ser representadas por procurador y defendidas por abogado, designndoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por s mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para hacerlo.

Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerir para que lo hagan o se les nombre de oficio, si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aqullos o haya de intentar algn recurso que hiciese indispensable su actuacin.

4. Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrn carcter confidencial.

Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecucin de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenar la eliminacin de la grabacin o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias en las actuaciones.

Lo dispuesto en el prrafo primero no ser de aplicacin cuando se constate la existencia de indicios objetivos de la participacin del abogado en el hecho delictivo investigado o de su implicacin junto con el investigado o encausado en la comisin de otra infraccin penal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria.

5. La admisin de denuncia o querella y cualquier actuacin procesal de la que resulte la imputacin de un delito contra persona o personas determinadas, ser puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables.

Dos. Se aaden dos nuevos apartados 6 y 7 al artculo 282 bis con la siguiente redaccin:

6. El juez de instruccin podr autorizar a funcionarios de la Polica Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicacin con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artculo o cualquier delito de los previstos en el artculo 588 ter a.

7. En el curso de una investigacin llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podr autorizar la obtencin de imgenes y la grabacin de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.

El agente encubierto informtico podr intercambiar o enviar por s mismo archivos ilcitos por razn de su contenido y analizar los algoritmos asociados a dichos archivos ilcitos.

Tres. Se modifica el apartado primero del artculo 509, que tendr la siguiente redaccin:

1. El juez de instruccin o tribunal podr acordar excepcionalmente la detencin o prisin incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad fsica de una persona, o

b) necesidad urgente de una actuacin inmediata de los jueces de instruccin para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.

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Cuatro. Se da nueva redaccin a los apartados 2, 3, 4, 5, 6 del artculo 520 y se introducen nuevos apartados 2 bis, 7 y 8 en este mismo precepto, que tendrn el siguiente contenido:

2. Toda persona detenida o presa ser informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privacin de libertad, as como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que slo declarar ante el juez.

b) Derecho a no declarar contra s mismo y a no confesarse culpable.c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) del artculo 527

y a ser asistido por l sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejana geogrfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitar al detenido comunicacin telefnica o por videoconferencia con aqul, salvo que dicha comunicacin sea imposible.

d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detencin o privacin de libertad.

e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privacin de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrn derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su pas.

f) Derecho a comunicarse telefnicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su eleccin. Esta comunicacin se celebrar en presencia de un funcionario de polica o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal.

La autoridad o funcionario responsable de la custodia del detenido podr acordar motivadamente restringir o aplazar el ejercicio de este derecho cuando resulte necesario para evitar un riesgo relevante para la vida, la libertad o integridad fsica de un tercero o para prevenir una situacin que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigacin o del proceso.

g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su pas, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intrprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuacin de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, as como de otras personas con dificultades del lenguaje.

i) Derecho a ser reconocido por el mdico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institucin en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Pblicas.

j) Derecho a solicitar asistencia jurdica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

Asimismo, se le informar del plazo mximo legal de duracin de la detencin hasta la puesta a disposicin de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detencin.

Cuando no se disponga de una declaracin de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informar de sus derechos por medio de un intrprete tan pronto resulte posible. En este caso, deber entregrsele, posteriormente y sin demora indebida, la declaracin escrita de derechos en una lengua que comprenda.

En todos los casos se permitir al detenido conservar en su poder la declaracin escrita de derechos durante todo el tiempo de la detencin.

2 bis. La informacin a que se refiere el apartado anterior se facilitar en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptar la informacin a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitacin de la capacidad para entender el alcance de la informacin que se le facilita.

3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicar al cnsul de su pas el hecho de su detencin y el lugar de custodia y se le permitir la comunicacin con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o ms nacionalidades, podr elegir a qu autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quin desea comunicarse.

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4. Si se tratare de un menor, ser puesto a disposicin de las Secciones de Menores de la Fiscala y se comunicar el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minora de edad.

En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor se le nombrar un defensor judicial a quien se pondr en conocimiento del hecho y del lugar de detencin.

Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la informacin prevista en el apartado 2 de este artculo se comunicar a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la detencin se notificar de oficio al Cnsul de su pas.

5. El detenido designar libremente abogado y si no lo hace ser asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuar recomendacin alguna sobre el abogado a designar ms all de informarle de su derecho.

La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicar inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localizacin y transmisin del encargo profesional o, en su caso, le comunicar la peticin de nombramiento de abogado de oficio.

Si el detenido no hubiere designado abogado, el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de Abogados proceder de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio.

El abogado designado acudir al centro de detencin con la mxima premura, siempre dentro del plazo mximo de tres horas desde la recepcin del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designar un nuevo abogado del turno de oficio que deber comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.

6. La asistencia del abogado consistir en:

a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el nmero 2 de este artculo y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento mdico sealado en su letra i).

b) Intervenir en las diligencias de declaracin del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstruccin de los hechos en que participe el detenido. El abogado podr solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada sta, la declaracin o ampliacin de los extremos que considere convenientes, as como la consignacin en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su prctica.

c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestacin o denegacin de consentimiento a la prctica de diligencias que se le soliciten.

Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley Orgnica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir de ADN, el juez de instruccin, a instancia de la Polica Judicial o del Ministerio Fiscal podr imponer la ejecucin forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mnimas indispensables, que debern ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.

d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaracin por la polica, el fiscal o la autoridad judicial.

Cuando exista una necesidad urgente de evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad fsica de otra persona o de prevenir una situacin que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigacin, la polica tomar declaracin al detenido con anterioridad a que ste se entreviste con un abogado y dejar constancia en las actuaciones de las razones que motivaron la adopcin de esta medida.

7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrn carcter confidencial en los mismos trminos y con las mismas excepciones previstas en el apartado cuarto del artculo 118 de esta ley.

8. No obstante, el detenido o preso podr renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detencin lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra

cve:

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la seguridad del trfico, siempre que se le haya facilitado informacin clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podr revocar su renuncia en cualquier momento.

Cinco. Se introduce un nuevo artculo 520 ter con la siguiente redaccin:

Artculo 520 ter.

A los detenidos en espacios marinos, por la presunta comisin de los delitos contemplados en el artculo 23.4.d) de la Ley Orgnica del Poder Judicial, les sern aplicados los derechos reconocidos en el presente captulo en la medida que resulten compatibles con los medios personales y materiales existentes a bordo del buque o aeronave que practique la detencin, debiendo ser puestos en libertad o a disposicin de la autoridad judicial competente tan pronto como sea posible, sin que pueda exceder del plazo mximo de 72 horas. La puesta a disposicin judicial podr realizarse por los medios telemticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando por razn de la distancia o su situacin de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a presencia fsica de la autoridad judicial dentro del indicado plazo.

Seis. Se modifica el artculo 527, que tendr la siguiente redaccin:

1. El detenido o preso, mientras se halle incomunicado, podr ser privado de los derechos reconocidos en el presente captulo, salvo los establecidos en el artculo 520, con las siguientes excepciones, que se aplicarn en la medida en que est justificado en atencin a las circunstancias del caso:

a) Podr acordarse que su abogado sea designado de oficio.b) Podr acordarse que no tenga derecho a entrevistarse reservadamente con su abogado.c) Podr acordarse que no se comunique con todas o alguna de las personas con las que

tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Mdico Forense.d) Podr acordarse que el detenido no tenga acceso a las actuaciones.e) Podr acordarse que el abogado del detenido no tenga acceso a las actuaciones.

2. La incomunicacin ser acordada por auto. Cuando la incomunicacin sea solicitada por la Polica Judicial o por el Ministerio Fiscal se entendern acordadas las medidas previstas por el apartado 1 que hayan sido instadas por un plazo mximo de 24 horas, dentro del cual el juez habr de pronunciarse sobre la solicitud, as como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones.

Siete. Se modifica el enunciado del Ttulo VIII del Libro II, que queda redactado del siguiente modo:

TTULO VIII

De las medidas de investigacin limitativas de los derechos reconocidos en el artculo 18 de la Constitucin

Ocho. Los artculos 545 a 572 se agrupan en un nuevo Captulo I, cuya rbrica es la siguiente:

CAPTULO I

De la entrada y registro en lugar cerrado

Nueve. Los artculos 573 a 578 se agrupan en un nuevo Captulo II, cuya rbrica es la siguiente:

CAPTULO II

Del registro de libros y papeles

cve:

BO

CG

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Diez. Los artculos 579 a 588 se agrupan en un nuevo Captulo III con el enunciado siguiente:

CAPTULO III

De la detencin y apertura de la correspondencia escrita y telegrfica

Once. Se modifica el artculo 579, que quedar redactado del siguiente modo:

Artculo 579. De la correspondencia escrita y telegrfica.

1. El juez podr acordar la detencin de la correspondencia privada, postal y telegrfica que el investigado remita o reciba, as como su apertura y examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobacin del algn hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigacin tenga por objeto alguno de los siguientes delitos:

1. Delitos dolosos castigados con pena con lmite mximo de, al menos, tres aos de prisin.2. Delitos cometidos en el seno de un grupo u organizacin criminal.3. Delitos de terrorismo.

2. El juez podr acordar, en resolucin motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales o inferiores perodos hasta un mximo de 2 aos, la observacin de las comunicaciones postales y telegrficas del investigado, as como de las comunicaciones de las que se sirva para la realizacin de sus fines delictivos.

3. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguacin de delitos relacionados con la actuacin de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artculo, podr ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Esta medida se comunicar inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo mximo de 24 horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopcin de la medida, la actuacin realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, tambin de forma motivada, revocar o confirmar tal actuacin en un plazo mximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida.

4. No se requerir autorizacin judicial en los siguientes casos:

a) Envos postales que, por sus propias caractersticas externas, no sean usualmente utilizados para contener correspondencia individual sino para servir al transporte y trfico de mercancas o en cuyo exterior se haga constar su contenido

b) Aquellas otras formas de envo de la correspondencia bajo el formato legal de comunicacin abierta, en las que resulte obligatoria una declaracin externa de contenido o que incorporen la indicacin expresa de que se autoriza su inspeccin.

c) Cuando la inspeccin se lleve a cabo de acuerdo con la normativa aduanera o proceda con arreglo a las normas postales que regulan una determinada clase de envo.

Doce. Se crea un nuevo artculo 579 bis, que quedar redactado del siguiente modo:

Artculo 579 bis. Uso de informaciones obtenidas en un procedimiento y descubrimientos casuales.

1. El resultado de la detencin y apertura de la correspondencia escrita y telegrfica podr ser utilizado como medio de investigacin o prueba en otro proceso penal.

2. A tal efecto, se proceder a la deduccin de testimonio de los particulares necesarios para acreditar la legitimidad de la injerencia. Se incluirn entre los antecedentes indispensables, en todo caso, la solicitud inicial para la adopcin, la resolucin judicial que la acuerda y todas las peticiones y resoluciones judiciales de prrroga recadas en el procedimiento de origen.

3. La continuacin de esta medida para la investigacin del delito casualmente descubierto requiere autorizacin del juez competente. Asimismo se informar si las diligencias continan

cve:

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declaradas secretas, a los efectos de que tal declaracin sea respetada en el otro proceso penal, comunicando el momento en el que dicho secreto se alce.

Trece. Se crea en el Ttulo VIII del Libro II un nuevo Captulo IV con el siguiente enunciado y contenido:

CAPTULO IV

Disposiciones comunes a la interceptacin de las comunicaciones telefnicas y telemticas; la captacin y grabacin de comunicaciones orales mediante la utilizacin de dispositivos electrnicos; utilizacin de dispositivos tcnicos de seguimiento, localizacin y captacin de la imagen; registro de dispositivos de almacenamiento masivo de informacin; y registros remotos sobre equipos

informticos

Artculo 588 bis a. Principios rectores.

1. Durante la instruccin de las causas se podr acordar alguna de las medidas de investigacin reguladas en el presente captulo siempre que medie autorizacin judicial dictada con plena sujecin a los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

2. El principio de especialidad exige que la medida est relacionada con la investigacin de un delito concreto. Las medidas de investigacin tecnolgica prospectivas sobre la conducta de una persona o grupo estn prohibidas.

3. El principio de idoneidad servir para definir el mbito objetivo y subjetivo y la duracin de la medida en virtud de su utilidad.

4. En aplicacin de los principios de excepcionalidad y necesidad solo podr acordarse la medida:

a) cuando no estn a disposicin de la investigacin, en atencin a sus caractersticas, otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado o encausado e igualmente tiles para el esclarecimiento del hecho, o

b) cuando el descubrimiento o la comprobacin del hecho investigado, la determinacin de su autor o autores, la averiguacin de su paradero, o la localizacin de los efectos del delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida.

5. Las medidas de investigacin reguladas en este captulo solo se reputarn proporcionadas cuando, tomadas en consideracin todas las circunstancias del caso, el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su adopcin resulte para el inters pblico y de terceros. Para la ponderacin de los intereses en conflicto, la valoracin del inters pblico se basar en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el mbito tecnolgico de produccin, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado perseguido con la restriccin del derecho.

Artculo 588 bis b. Solicitud de autorizacin judicial.

1. El juez podr acordar las medidas reguladas en este captulo de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la Polica Judicial.

2. Cuando el Ministerio Fiscal o la Polica Judicial soliciten del juez de instruccin una medida de investigacin tecnolgica, la peticin habr de contener:

1. La descripcin del hecho objeto de investigacin y la identidad del investigado o de cualquier otro afectado por la medida, siempre que tales datos resulten conocidos.

2. La exposicin detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida, as como los indicios de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto durante la investigacin previa a la solicitud de autorizacin del acto de injerencia.

3. Los datos de identificacin del investigado o encausado y, en su caso, de los medios de comunicacin empleados que permitan la ejecucin de la medida.

4. La extensin de la medida con especificacin de su contenido. cve:

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5. La unidad investigadora de la Polica Judicial que se har cargo de la intervencin.6. La forma de ejecucin de la medida.7. La duracin de la medida que se solicita.8. El sujeto obligado que llevar a cabo la medida, en caso de conocerse.

Artculo 588 bis c. Resolucin judicial.

1. El juez de instruccin autorizar o denegar la medida solicitada mediante auto motivado, odo el Ministerio Fiscal. Esta resolucin se dictar en el plazo mximo de 24 horas desde que se presente la solicitud.

2. Siempre que resulte necesario para resolver sobre el cumplimiento de alguno de los requisitos expresados en los artculos anteriores, el juez podr requerir, con interrupcin del plazo a que se refiere el apartado anterior, una ampliacin o aclaracin de los trminos de la solicitud.

3. La resolucin judicial que autorice la medida concretar al menos los siguientes extremos:

a) El hecho punible objeto de investigacin y su calificacin jurdica, con expresin de los indicios racionales en los que funde la medida.

b) La identidad de los investigados y de cualquier otro afectado por la medida, de ser conocido.c) La extensin de la medida de injerencia, especificando su alcance.d) La unidad investigadora de Polica Judicial que se har cargo de la intervencin.e) La duracin de la medida.f) La forma y la periodicidad con la que el solicitante informar al juez sobre los resultados de

la medida.g) La finalidad perseguida con la medida.

Artculo 588 bis d. Secreto.

La solicitud y las actuaciones posteriores relativas a la medida solicitada se sustanciarn en una pieza separada y secreta, sin necesidad de que se acuerde expresamente el secreto de la causa.

Artculo 588 bis e. Duracin.

1. Las medidas reguladas en el presente captulo tendrn la duracin que se especifique para cada una de ellas y no podrn exceder del tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los hechos.

2. La medida podr ser prorrogada, mediante auto motivado, por el juez competente, de oficio o previa peticin razonada del solicitante, siempre que subsistan las causas que la motivaron.

3. Transcurrido el plazo por el que result concedida la medida, sin haberse acordado su prrroga, o, en su caso, finalizada sta, cesar a todos los efectos.

Artculo 588 bis f. Solicitud de prrroga.

1. La solicitud de prrroga se dirigir por el Ministerio Fiscal o la Polica Judicial al juez competente con la antelacin suficiente a la expiracin del plazo concedido. Deber incluir en todo caso:

a) Un informe detallado del resultado de la medida.b) Las razones que justifiquen la continuacin de la misma.

2. En el plazo de los dos das siguientes a la presentacin de la solicitud, el juez resolver sobre el fin de la medida o su prrroga mediante auto motivado. Antes de dictar la resolucin podr solicitar aclaraciones o mayor informacin.

3. Concedida la prrroga, su cmputo se iniciar desde la fecha de expiracin del plazo de la medida acordada.

cve:

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Artculo 588 bis g. Control de la medida.

La Polica Judicial informar al juez de instruccin del desarrollo y los resultados de la medida, en la forma y con la periodicidad que este determine y, en todo caso, cuando por cualquier causa se ponga fin a la misma.

Artculo 588 bis h. Afectacin de terceras personas.

Podrn acordarse las medidas de investigacin reguladas en los siguientes captulos aun cuando afecten a terceras personas en los casos y con las condiciones que se regulan en las disposiciones especficas de cada una de ellas.

Artculo 588 bis i. Utilizacin de la informacin en otro procedimiento distinto y descubrimientos casuales.

El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y los descubrimientos casuales se regularan con arreglo a lo dispuesto en el artculo 579 bis.

Artculo 588 bis j. Cese de la medida.

El juez acordar el cese de la medida cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron su adopcin o resulte evidente que a travs de la misma no se estn obteniendo los resultados pretendidos, y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo para el que hubiera sido autorizada.

Artculo 588 bis k. Destruccin de los registros.

1. Una vez que se ponga trmino al procedimiento mediante resolucin firme, se ordenar el borrado y eliminacin de los registros originales que puedan constar en los sistemas electrnicos e informticos utilizados en la ejecucin de la medida. Se conservar una copia bajo custodia del secretario judicial.

2. Se acordar la destruccin de las copias conservadas cuando hayan transcurrido cinco aos desde que la pena se haya ejecutado o cuando el delito o la pena hayan prescrito.

3. Los tribunales dictarn las rdenes oportunas a la Polica Judicial para que lleve a efecto la destruccin contemplada en los anteriores apartados.

Catorce. Se crea en el Ttulo VIII del Libro II un nuevo Captulo V con el siguiente enunciado y contenido:

CAPTULO V

La interceptacin de las comunicaciones telefnicas y telemticas

Seccin 1. Disposiciones generales

Artculo 588 ter a. Presupuestos.

La autorizacin para la interceptacin de las comunicaciones telefnicas y telemticas solo podr ser concedida cuando la investigacin tenga por objeto alguno de los delitos a que se refiere el artculo 579.1 de esta ley o delitos cometidos a travs de instrumentos informticos o de cualquier otra tecnologa de la informacin o la comunicacin o servicio de comunicacin.

Artculo 588 ter b. mbito.

1. Los terminales o sistemas de comunicacin objeto de intervencin han de ser aquellos ocasional o habitualmente utilizados por el investigado.

2. La intervencin judicialmente acordada podr autorizar el acceso al contenido de las comunicaciones y a los datos electrnicos de trfico o asociados al proceso de comunicacin, as como a los que se produzcan con independencia del establecimiento o no de una llamada, en los que participe el sujeto investigado, ya sea como emisor o, como receptor, y podr afectar a los terminales de los que el investigado sea titular o usuario. cv

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A los efectos previstos en este artculo, se entender por datos electrnicos de trfico o asociados, todos aquellos que se generan como consecuencia de la conduccin de la comunicacin a travs de una red de comunicaciones electrnicas, de su puesta a disposicin del usuario, as como de la prestacin de un servicio de la sociedad de la informacin o comunicacin telemtica de naturaleza anloga.

Artculo 588 ter c. Afectacin a tercero.

Podr acordarse la intervencin judicial de las comunicaciones emitidas desde terminales o medios de comunicacin telemtica pertenecientes a una tercera persona siempre que:

a) exista constancia de que el sujeto investigado se sirve de aquella para transmitir o recibir informacin, o

b) el titular colabora con la persona investigada en sus fines ilcitos o se beneficia de su actividad.

Tambin podr autorizarse dicha intervencin cuando el dispositivo objeto de investigacin sea utilizado maliciosamente por terceros por va telemtica, sin conocimiento de su titular.

Artculo 588 ter d. Solicitud de autorizacin judicial.

1. La solicitud de autorizacin judicial deber contener, adems de los requisitos mencionados en el artculo 588 bis b, los siguientes:

a) la identificacin del nmero de abonado, del terminal o de la etiqueta tcnica,b) la identificacin de la conexin objeto de la intervencin, oc) los datos necesarios para identificar el medio de telecomunicacin de que se trate.

2. Para determinar la extensin de la medida la solicitud de autorizacin judicial podr tener por objeto alguno de los siguientes extremos:

a) El registro y la grabacin del contenido de la comunicacin, con indicacin de la forma o tipo de comunicaciones a las que afecta.

b) El conocimiento de su origen o destino, en el momento en el que la comunicacin se realiza.c) La localizacin geogrfica del origen o destino de la comunicacin.d) El conocimiento de otros datos de trfico asociados o no asociados pero de valor aadido

a la comunicacin. En este caso, la solicitud especificar los datos concretos que han de ser obtenidos.

3. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguacin de delitos relacionados con la actuacin de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artculo, podr ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Esta medida se comunicar inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo mximo de 24 horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopcin de la medida, la actuacin realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, tambin de forma motivada, revocar o confirmar tal actuacin en un plazo mximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida.

Artculo 588 ter e. Deber de colaboracin.

1. Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la informacin, as como toda persona que de cualquier modo contribuya a facilitar las comunicaciones a travs del telfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicacin telemtica, lgica o virtual estn obligados a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de Polica Judicial designados para la prctica de la medida, la asistencia y colaboracin precisa para facilitar el cumplimiento de los autos de intervencin de las telecomunicaciones.

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2. Los sujetos requeridos para prestar colaboracin tendrn la obligacin de guardar secreto acerca de las actividades requeridas por las autoridades.

3. Los sujetos obligados que incumplieren los anteriores deberes podrn incurrir en delito de desobediencia.

Artculo 588 ter f. Control de la medida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 588 bis g, la Polica Judicial pondr a disposicin del juez, con la periodicidad que este determine y en soportes digitales distintos, la transcripcin de los pasajes que considere de inters y las grabaciones ntegras realizadas. Se indicar el origen y destino de cada una de ellas y se asegurar, mediante un sistema de sellado o firma electrnica avanzado o sistema de adveracin suficientemente fiable, la autenticidad e integridad de la informacin volcada desde el ordenador central a los soportes digitales en que las comunicaciones hubieran sido grabadas.

Artculo 588 ter g. Duracin.

La duracin mxima inicial de la intervencin, que se computar desde la fecha de autorizacin judicial, ser de 3 meses, prorrogables por perodos sucesivos de igual duracin hasta el plazo mximo de 2 aos.

Artculo 588 ter h. Solicitud de prrroga.

Para la fundamentacin de la solicitud de la prrroga, la Polica Judicial aportar, en su caso, la transcripcin de aquellos pasajes de las conversaciones de las que se deduzcan informaciones relevantes para decidir sobre el mantenimiento de la medida.

Antes de dictar la resolucin, el juez podr solicitar aclaraciones o mayor informacin, incluido el contenido ntegro de las conversaciones intervenidas.

Artculo 588 ter i. Acceso de las partes a las grabaciones.

1. Alzado el secreto y expirada la vigencia de la medida de intervencin, se entregar a las partes copia de las grabaciones y de las transcripciones realizadas. Si en la grabacin hubiera datos referidos a aspectos de la vida ntima de las personas, solo se entregar la grabacin y transcripcin de aquellas partes que no se refieran a ellos. La no inclusin de la totalidad de la grabacin en la transcripcin entregada se har constar de modo expreso.

2. Una vez examinadas las grabaciones y en el plazo fijado por el juez, en atencin al volumen de la informacin contenida en los soportes, cualquiera de las partes podr solicitar la inclusin en las copias de aquellas comunicaciones que entienda relevantes y hayan sido excluidas. El juez de instruccin, odas o examinadas por s esas comunicaciones, decidir sobre su exclusin o incorporacin a la causa.

3. Se notificar por el juez de instruccin a las personas intervinientes en las comunicaciones interceptadas el hecho de la prctica de la injerencia y se les informar de las concretas comunicaciones en las que haya participado que resulten afectadas, salvo que sea imposible, exija un esfuerzo desproporcionado o se puedan perjudicar futuras investigaciones. Si la persona notificada lo solicita se le entregar copia de la grabacin o transcripcin de tales comunicaciones, en la medida que esto no afecte al derecho a la intimidad de otras personas o resulte contrario a los fines del proceso en cuyo marco se hubiere adoptado la medida de injerencia.

Seccin 2. Incorporacin al proceso de datos electrnicos de trfico o asociados

Artculo 588 ter j. Datos obrantes en archivos automatizados de los prestadores de servicios.

1. Los datos electrnicos conservados por los prestadores de servicios o personas que faciliten la comunicacin en cumplimiento de la legislacin sobre retencin de datos relativos a las comunicaciones electrnicas o por propia iniciativa por motivos comerciales o de otra ndole, solo podrn ser cedidos para su incorporacin al proceso con autorizacin judicial.

2. Cuando el conocimiento de esos datos resulte indispensable para la investigacin, se solicitar del juez competente autorizacin para recabar la informacin que conste en los archivos cv

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automatizados de los prestadores de servicios, incluida la bsqueda entrecruzada o inteligente de datos, siempre que se precisen la naturaleza de los datos que hayan de ser conocidos y las razones que justifican la cesin.

Seccin 3. Acceso a los datos necesarios para la identificacin de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad

Artculo 588 ter k. Identificacin mediante nmero IP.

Cuando en el ejercicio de las funciones de prevencin y descubrimiento de los delitos cometidos en internet, los agentes de Polica Judicial tuvieran acceso a una direccin IP que estuviera siendo utilizada para la comisin algn delito y no constara la identificacin y localizacin del equipo o del dispositivo de conectividad correspondiente ni los datos de identificacin personal del usuario, solicitarn del juez de instruccin que requiera de los agentes sujetos al deber de colaboracin segn el artculo 588 ter e, la cesin de los datos que permitan la identificacin y localizacin del terminal o del dispositivo de conectividad y la identificacin del sospechoso.

Artculo 588 ter l. Identificacin de los terminales mediante captacin de cdigos de identificacin del aparato o de sus componentes.

1. Siempre que en el marco de una investigacin no hubiera sido posible obtener un determinado nmero de abonado y este resulte indispensable a los fines de la investigacin, los agentes de Polica Judicial podrn valerse de artificios tcnicos que permitan acceder al conocimiento de los cdigos de identificacin o etiquetas tcnicas del aparato de telecomunicacin o de alguno de sus componentes, tales como la numeracin IMSI o IMEI y, en general, de cualquier medio tcnico que, de acuerdo con el estado de la tecnologa, sea apto para identificar el equipo de comunicacin utilizado o la tarjeta utilizada para acceder a la red de telecomunicaciones.

2. Una vez obtenidos los cdigos que permiten la identificacin del aparato o de alguno de sus componentes, podrn solicitar del juez competente la intervencin de las comunicaciones en los trminos establecidos en el artculo 588 ter d. La solicitud habr de poner en conocimiento del rgano jurisdiccional la utilizacin de los artificios a que se refiere el apartado anterior.

El tribunal dictar resolucin motivada concediendo o denegando la solicitud de intervencin en el plazo establecido en el artculo 588 bis c.

Artculo 588 ter m. Identificacin de titulares o terminales o dispositivos de conectividad.

Cuando, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Fiscal o la Polica Judicial necesiten conocer la titularidad de un nmero de telfono o de cualquier otro medio de comunicacin; o, en sentido inverso, precisen el nmero de telfono o los datos identificativos de cualquier medio de comunicacin podrn dirigirse directamente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la informacin, quienes estarn obligados a cumplir el requerimiento, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.

Quince. Se incorpora en el Ttulo VIII del Libro II un nuevo Captulo VI con el siguiente enunciado y contenido:

CAPTULO VI

Captacin y grabacin de comunicaciones orales mediante la utilizacin de dispositivos electrnicos

Artculo 588 quter a. Grabacin de las comunicaciones orales directas.

1. Podr autorizarse la colocacin y utilizacin de dispositivos electrnicos que permitan la captacin y grabacin de las comunicaciones orales directas que se mantengan por el investigado, en la va pblica o en otro espacio abierto, en su domicilio o en cualesquiera otros lugares cerrados.

Los dispositivos de escucha y grabacin podrn ser colocados tanto en el exterior como en el interior del domicilio o lugar cerrado. cv

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2. En el supuesto en que fuera necesaria la entrada en el domicilio o en alguno de los espacios destinados al ejercicio de la privacidad, la resolucin habilitante habr de extender su motivacin a la procedencia del acceso a dichos lugares.

3. La escucha y grabacin de las conversaciones privadas se podr complementar con la obtencin de imgenes cuando expresamente lo autorice la resolucin judicial que la acuerde.

Artculo 588 quter b. Presupuestos.

1. La utilizacin de los dispositivos a que se refiere el artculo anterior ha de estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto por la investigacin.

2. Solo podr autorizarse cuando concurran los requisitos siguientes:

a) Que los hechos que estn siendo investigados sean constitutivos de alguno de los siguientes delitos:

1. Delitos dolosos castigados con pena con lmite mximo de, al menos, tres aos de prisin.2. Delitos cometidos en el seno de un grupo u organizacin criminal.3. Delitos de terrorismo.

b) Que pueda racionalmente preverse que la utilizacin de los dispositivos aportar datos esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de los hechos y la identificacin de su autor.

Artculo 588 quter c. Contenido de la resolucin judicial.

La resolucin judicial que autorice la medida, deber contener, adems de las exigencias reguladas en el artculo 588 bis b, una mencin concreta al lugar o dependencias que van a ser sometidos a vigilancia, y deber vincularse a posibles encuentros que vaya a mantener el investigado.

Artculo 588 quter d. Control de la medida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 588 bis g, la Polica Judicial, pondr a disposicin de la autoridad judicial el soporte original o copia electrnica autntica de las grabaciones e imgenes, que deber ir acompaado de una transcripcin de las conversaciones.

El informe identificar a todos los agentes que hayan participado en la ejecucin y seguimiento de la medida.

Artculo 588 quter e. Cese.

Cesada la medida por alguna de las causas previstas en el artculo 588 bis j, la grabacin de conversaciones que puedan tener lugar en otros encuentros o la captacin de imgenes de tales momentos exigirn una nueva autorizacin judicial.

Diecisis. Se aade en el Ttulo VIII del Libro II un nuevo Captulo VII con el siguiente enunciado y contenido:

CAPTULO VII

Utilizacin de dispositivos tcnicos de seguimiento, localizacin y captacin de la imagen

Artculo 588 quinquies a. Captacin de imgenes en lugares o espacios pblicos.

1. La Polica Judicial podr obtener y grabar por cualquier medio tcnico imgenes de la persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio pblico, si ello fuera necesario para facilitar su identificacin, para localizar los instrumentos o efectos del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

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2. La medida podr ser llevada a cabo aun cuando afecte a personas diferentes del investigado, siempre que de otro modo se reduzca de forma relevante la utilidad de la vigilancia o existan indicios fundados de la relacin de dichas personas con el investigado y los hechos objeto de la investigacin.

Artculo 588 quinquies b. Utilizacin de dispositivos o medios tcnicos de seguimiento y localizacin.

1. Cuando concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte proporcionada, el juez competente podr autorizar la utilizacin de dispositivos o medios tcnicos de seguimiento y localizacin.

2. La autorizacin deber especificar el medio tcnico que va a ser utilizado.3. Los prestadores, agentes y personas a que se refiere el artculo 588 ter e estn obligados

a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de Polica Judicial designados para la prctica de la medida, la asistencia y colaboracin precisa para facilitar el cumplimiento de los autos por los que se ordene el seguimiento, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.

4. Cuando concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio tcnico de seguimiento y localizacin se frustrar la investigacin, la Polica Judicial podr proceder a su colocacin, dando cuenta a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo mximo de 24 horas a la autoridad judicial, quien podr ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en el mismo plazo. En este ltimo supuesto, la informacin obtenida a partir del dispositivo colocado carecer de efectos en el proceso.

Artculo 588 quinquies c. Duracin de la medida.

1. La medida de utilizacin de dispositivos tcnicos de seguimiento y localizacin prevista en el artculo anterior tendr una duracin mxima de tres meses a partir de la fecha de su autorizacin. Excepcionalmente, el juez podr acordar prrroga sucesivas por el mismo o inferior plazo hasta un mximo de 2 aos, si as estuviera justificado a la vista de los resultados obtenidos con la medida.

2. La Polica Judicial entregar al juez los soportes originales o copias electrnicas autnticas que contengan la informacin recogida cuando ste se lo solicite y, en todo caso, cuando terminen las investigaciones.

3. La informacin obtenida a travs de los dispositivos tcnicos de seguimiento y localizacin a los que se refieren los artculos anteriores, deber ser debidamente custodiada para evitar su utilizacin indebida.

Diecisiete. Se crea en el Ttulo III del Libro II un nuevo Captulo VIII con el siguiente enunciado y contenido:

CAPTULO VIII

Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de informacin

Artculo 588 sexies a. Necesidad de motivacin individualizada.

1. Cuando con ocasin de la prctica de un registro domiciliario sea previsible la aprehensin de ordenadores, instrumentos de comunicacin telefnica o telemtica o dispositivos de almacenamiento masivo de informacin digital o el acceso a repositorios telemticos de datos, la resolucin del juez de instruccin habr de extender su razonamiento a la justificacin, en su caso, de las razones que legitiman el acceso de los agentes facultados a la informacin contenida en tales dispositivos.

2. La simple incautacin de cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado anterior, practicada durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el

cve:

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acceso a su contenido, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez competente.

Artculo 588 sexies b. Acceso a la informacin de dispositivos electrnicos incautados fuera del domicilio del investigado.

La exigencia prevista en el apartado 1 del artculo anterior ser tambin aplicable a aquellos casos en los que los ordenadores, instrumentos de comunicacin o dispositivos de almacenamiento masivo de datos o el acceso a repositorios telemticos de datos, sean aprehendidos con independencia de un registro domiciliario. En tales casos, los agentes pondrn en conocimiento del juez la incautacin de tales efectos. Si ste considera indispensable el acceso a la informacin albergada en su contenido, otorgar la correspondiente autorizacin.

Artculo 588 sexies c. Autorizacin judicial.

1. La resolucin del juez de instruccin mediante la que se autorice el acceso a la informacin contenida en los dispositivos a que se refiere la presente seccin, fijar los trminos y el alcance del registro y podr autorizar la realizacin de copias de los datos informticos. Fijar tambin las condiciones necesarias para asegurar la integridad de los datos y las garantas de su preservacin para hacer posible, en su caso, la prctica de un dictamen pericial.

2. Salvo que constituyan el objeto o instrumento del delito o existan otras razones que lo justifiquen, se evitar la incautacin de los soportes fsicos que contengan los datos o archivos informticos, cuando ello pueda causar un grave perjuicio a su titular o propietario y sea posible la obtencin de una copia de ellos en condiciones que garanticen la autenticidad e integridad de los datos.

3. Cuando quienes lleven a cabo el registro o tengan acceso al sistema de informacin o a una parte del mismo conforme a lo dispuesto en este captulo, tengan razones fundadas para considerar que los datos buscados estn almacenados en otro sistema informtico o en una parte de l, podrn ampliar el registro, siempre que los datos sean lcitamente accesibles por medio del sistema inicial o estn disponibles para este. Esta ampliacin del registro deber ser autorizada por el juez, salvo que ya lo hubiera sido en la autorizacin inicial. En caso de urgencia, la Polica Judicial o el fiscal podrn llevarlo a cabo, informando al juez inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo mximo de 24 horas, de la actuacin realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, tambin de forma motivada, revocar o confirmar tal actuacin en un plazo mximo de 72 horas desde que fue ordenada la interceptacin.

4. En los casos de urgencia en que se aprecie un inters constitucional legtimo que haga imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artculo, la Polica Judicial podr llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el dispositivo incautado, comunicndolo inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo mximo de 24 horas, por escrito motivado al juez competente, haciendo constar las razones que justificaron la adopcin de la medida, la actuacin realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, tambin de forma motivada, revocar o confirmar tal actuacin en un plazo mximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida.

5. Las autoridades y agentes encargados de la investigacin podrn ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informtico o las medidas aplicadas para proteger los datos informticos contenidos en el mismo que facilite la informacin que resulte necesaria, siempre que de ello no derive una carga desproporcionada para el afectado, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.

Esta disposicin no ser aplicable al investigado o encausado, a las personas que estn dispensadas de la obligacin de declarar por razn de parentesco, y a aquellas que, de conformidad con el artculo 416.2, no pueden declarar en virtud del secreto profesional.

Dieciocho. Se incorpora en el Ttulo VIII del Libro II un nuevo Captulo IX, con el siguiente enunciado y contenido:

cve:

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CAPTULO IX

Registros remotos sobre equipos informticos

Artculo 588 septies a. Presupuestos.

1. El juez competente podr autorizar la utilizacin de datos de identificacin y cdigos, as como la instalacin de un software, que permitan, de forma remota y telemtica, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrnico, sistema informtico, instrumento de almacenamiento masivo de datos informticos o base de datos, siempre que persiga la investigacin de alguno de los siguientes delitos:

a) Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.b) Delitos de terrorismo.c) Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente.d) Delitos contra la Constitucin, de traicin y relativos a la defensa nacional.e) Delitos cometidos a travs de instrumentos informticos o de cualquier otra tecnologa de

la informacin o la telecomunicacin o servicio de comunicacin.

2. La resolucin judicial que autorice el registro, deber especificar:

a) Los ordenadores, dispositivos electrnicos, sistemas informticos o parte de los mismos, medios informticos de almacenamiento de datos o bases de datos, datos u otros contenidos digitales objeto de la medida.

b) El alcance de la misma, la forma en la que se proceder al acceso y aprehensin de los datos o archivos informticos relevantes para la causa y el software mediante el que se ejecutar el control de la informacin.

c) Los agentes autorizados para la ejecucin de la medida.d) La autorizacin, en su caso, para la realizacin y conservacin de copias de los datos

informticos.e) Las medidas precisas para la preservacin de la integridad de los datos almacenados, as

como para la inaccesibilidad o supresin de dichos datos del sistema informtico al que se ha tenido acceso.

3. Cuando los agentes que lleven a cabo el registro remoto tengan razones para creer que los datos buscados estn almacenados en otro sistema informtico o en una parte del mismo, pondrn este hecho en conocimiento del juez, quien podr autorizar una ampliacin de los trminos del registro.

Artculo 588 septies b. Deber de colaboracin.

1. Los prestadores de servicios y personas sealadas en el artculo 588 ter e y los titulares o responsables del sistema informtico o base de datos objeto del registro estn obligados a facilitar a los agentes investigadores la colaboracin precisa para la prctica de la medida y el acceso al sistema. Asimismo, estn obligados a facilitar la asistencia necesaria para que los datos e informacin recogidos puedan ser objeto de examen y visualizacin.

2. Las autoridades y los agentes encargados de la investigacin podrn ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informtico o las medidas aplicadas para proteger los datos informticos contenidos en el mismo que facilite la informacin que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia.

Esta disposicin no ser aplicable al investigado o encausado, a las personas que estn dispensadas de la obligacin de declarar por razn de parentesco, y a aquellas que, de conformidad con el artculo 416.2, no pueden declarar en virtud del secreto profesional.

3. Los sujetos requeridos para prestar colaboracin tendrn la obligacin de guardar secreto acerca de las actividades requeridas por las autoridades.

4. Los sujetos mencionados en los apartados primero y segundo de este artculo quedarn sujetos a la responsabilidad regulada en el apartado tercero del artculo 588 ter e.

cve:

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Artculo 588 septies c. Duracin.

La medida tendr una duracin mxima de un mes, prorrogable por iguales perodos hasta un mximo de 3 meses.

Diecinueve. Se crea en el Ttulo VIII del Libro II un nuevo Captulo X con el siguiente enunciado y contenido:

CAPTULO X

Medidas de aseguramiento

Artculo 588 octies. Orden de conservacin de datos.

El Ministerio Fiscal o la Polica Judicial podrn requerir a cualquier persona fsica o jurdica la conservacin y proteccin de datos o informaciones concretas que se encuentren a su disposicin hasta que se obtenga la autorizacin judicial correspondiente para su cesin con arreglo a lo dispuesto en los artculos precedentes.

El requerido vendr obligado a prestar su colaboracin y a guardar secreto del desarrollo de esta diligencia, quedando sujeto a la responsabilidad descrita en el apartado tercero del artculo 588 ter e.

Disposicin adicional primera. Previsin de costes.

Las medidas incluidas en esta norma no podrn suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.

Disposicin adicional segunda. Sustitucin de trminos.

1. En los artculos 120, 309 bis, 502, 562, 760, 771, 775, 779, 797, 797, 798 y 967 el sustantivo imputado se sustituir por investigado, en singular o plural segn corresponda.

2. En los artculos 325, 433, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 511, 529, 530, 539, 544 ter, 764, 765, 766 y 773 el sustantivo imputado se sustituir por investigado o encausado, en singular o plural segn corresponda.

3. En el artculo 141 la expresin imputados o procesados se sustituir por investigados o encausados.

4. En el resto de los artculos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los sustantivos reo o imputado se sustituirn por encausado, en singular o plural segn corresponda.

5. No se realizar la sustitucin cuando el trmino se emplee como adjetivo.

Disposicin transitoria nica. Legislacin aplicable.

Las previsiones de esta norma sern aplicables exclusivamente a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin de normas.

Quedan derogados los artculos 387 y 395 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, as como cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se modifican los artculos 65, 73.3, 82.1, 87.1, 89 bis 2 y 89 bis 3 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que quedan redactados como sigue:

Uno. Se aade un nuevo numeral 7. al artculo 65, que sustituye al actual que pasa a ser el numeral 8.:

7. De los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

8. De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.

Dos. Se aade una nueva letra e) al apartado 3 del artculo 73, con la siguiente redaccin:

cve:

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e) De los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Tres. Se aade un nuevo numeral 6. al apartado 1 del artculo 82, con la siguiente redaccin:

6. De los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Cuatro. Se aade una nueva letra h) al apartado 1 del artculo 87 con la siguiente redaccin:

h) De los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artculo 89 bis que queda redactado como sigue:

2. Los Juzgados de lo Penal enjuiciarn las causas por delito que la ley determine.

A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y atendiendo al nmero de asuntos existentes, debern especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artculo 98 de la presente Ley.

Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecucin de las sentencias dictadas en causas por delito por los Juzgados de Instruccin, el reconocimiento y ejecucin de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unin Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio espaol, y los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Seis. Se modifica el apartado 3 del artculo 89 bis que queda redactado como sigue:

3. En la Villa de Madrid, con jurisdiccin en toda Espaa, habr uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal que conocern, en los casos en que as lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artculo 65 y de los dems asuntos que sealen las leyes.

Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecucin de las sentencias dictadas en causas por delito por los Juzgados Centrales de Instruccin, y los procedimientos de decomiso autnomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Disposicin final segunda. Ttulo competencial.

Esta ley se dicta al amparo de la competencia que al Estado atribuye en exclusiva el artculo 149.1.6. de la Constitucin Espaola en materia de legislacin procesal.

La disposicin final primera se dicta al amparo de las competencias exclusivas del artculo 149.1.5. de la Constitucin Espaola en materia de administracin de justicia.

Disposicin final tercera. Incorporacin de Derecho de la Unin Europea.

Mediante esta ley se incorpora al Derecho espaol la Directiva 2013/48/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detencin europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privacin de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privacin de libertad.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor a los dos meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

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http://www.congreso.es Calle Floridablanca, s/n. 28071 MadridD. L.: M-12.580/1961 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Telf.: 91 390 6

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