recurso extraordinario de vladimiro huaroc

8/19/2019 Recurso extraordinario de Vladimiro Huaroc

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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

SERVICIOS AL CIUDADANO

N 2

E s o '

N

2

Doc....e

SC /9 S

A n e x o '

N 2 F o l io s —

FA B IOLA P ON C E

EXPEDIENTE N° J 2016 00353

PRINCIPAL

CRITO N°

MILLA: RECURSO EXTRAORDINARIO

R AFECTAC1ON AL DEBIDO PROCESO

A L A TUTELA PROCESAL EFECTIVA

SEÑOR PRESIDENTE DEL JUR DO NACIONAL DE ELECCIONES

VLADIMIRO HUAROC PORTOCARRERO en los

seguidos sobre Exclusión como candidato al Co ngreso de la República con el N °01

por Departame nto de Junín a Usted digo:

I PETITORIO

Que al amparo de lo establecido en la Resolución N ° 306-2005-JN E que crea

el Recu rso Extraordinario por afectación al deb ido proceso ya la tutela procesal

efectiva y dentro del término de ley vengo a interponer este Recurso contra la

Resolución N ° 0293-2016-JNE de fecha 22 de marzo de 2016 not if icada a mi

parte con fecha 23 d e m arzo de 201 6; la cual resuelve en su artículo único:

Artículo único.- Declarar INFUNDADO el

recurso de apelación interpuesto por la

organización política Fuerza Popular y en


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En la resolución recurrida se ha trasgredido el Debido Proceso y la Tutela

Procesal Efectiva al establecer que en m i condición de candidato con fecha 21

de febrero ofrecí y entregue bienes económ icos a una persona que no es

militante de la Organización Política de la cual formo parte.

III

NATURALEZA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

1

El R ecurso Extraordinario por afectación atas garantías del debido proceso ya

la tutela procesal efectiva fue establecido med iante R esolución N° 306 -200 5-

JNE para su interposición contra las resoluciones que ex pide el Pleno del

Jurado Nacional de Elecciones, con el f in que sean reexam inadas en las

causas q ue resuelve en instancia final en m ateria electoral, cuando estas

afecten u om itan un derecho fundam ental de procedim iento.

2.

Todo E stado de derecho tiene com o finalidades es enciales la lim itación y

control del ejercicio del poder la supremacía y vigencia de la norma

fundamen tal y la tutela de los derechos fundam entales.

3.

Se entiende p or tutela procesa l efectiva aq uella situación jurídica de un a

persona en la que se respetan de m odo enu nciativo, sus derechos de libre

acceso a la Jus t ic ia , a prob ar , de defensa , a l con trad ic tor io e

igualdad sustancia l en el proceso , a no ser desviado de la jur isd icció n

predeterm inada ni som et ido a procedím ientos dis t intos de los previs tos

por ley .

4.

El num eral 3 del artículo 13 9

de la Constitución Política del Perú señala q ue, el

debido proceso es un derecho fundamental que se compone de dos

dimensiones, una procesal y otra sustantiva; siendo el debido proceso procesal,

aquel derecho fundamental de toda persona de acudir a una autoridad

com petente para que resuelva un co nflicto de intereses o una situación de


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rápido o a cualquier otro recurso efectivo contra actos que violen sus derechos

fundam entales reconoc idos por la Const i tución, la ley o la Conv ención, aun

cuando tal violación sea cometida por personas qu e actúen en ejercicio de sus

funciones .

IV ANTECEDENTES

1

Con fecha 20 de febrero de 2016 el señor Juan G onzalo Cabrera Baut is ta,

hace entrega de d oce bidones de ag ua de siete l itros cada uno y 107 latas de

conse rvas de pes cado (bienes de consu mo), por el valor total de S/ 405.83

Soles al señor Angelo Alberto Oca mpo G ut iérrez coordinador del equipo de

Jóvenes Vo luntar ios qu e ap oyan la cand idatura de nues t ro cand idato a l

Congreso d e la Republica, con el

N° 1

Vladimiro Huaroc Portocarrero.

2

Con fecha 21 de febrero del 2016 en horas

e

la noche, nuestro candidato

real izó la inau gurac ión del local Pa rt idar io de la P rov inc ia de Sa t ipo co n

asistencia de los mil i tantes y simpat izantes, no para cap tar adeptos, era un

acto de inauguración del Pa rtido.

3

Los jóvenes voluntarios que apoyan su candidatura, le manifestaron a nuestro

candidato su de seo de d ar parte de los víveres que h abían recibido para su

consum o durante la gira de inauguración de locales, por parte del señor Juan

Gonzales Ca brero.

4

Pio lo que los jóvenes so l ic i tan a nu es t ro cand idato que a su a locuc ión,

traslade dicha decisión a las integrantes del Comité de Damas que se

aproximaron al lugar, a ver lo que su cedía.

5

Los jóvenes voluntarios decidieron desprenderse de doce bidones de agua y

dos cajas de atún grated, bienes de consu mo, a favor de la recolección de


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Picho, quien fuera co misionado , por el Alcalde distrital, señor Grudy V íctor

Galindo Pariona.

7.

El Funcionario de De fensa Civil, de la Municipalidad Distr ital de Pam pa

Herm osa entregó toda la ayuda recabada por el Comité de Dama s a los

Albergues de su localidad, sin mencionar a las personas e instituciones que

apoyaron dicha iniciativa; con lo que se prueba fehacientemente que nuestro

candidato no infringió el artículo 42° de la Ley N° 28094 Ley de

Organizaciones Políticos.

8.

El hecho que nuestro candidato aparezca en las fotografías y en la filmación al

costado d e lo víveres no significa que los haya e ntregado u ofrecido.

V EL DE IDO PROCESO

La exigencia del debido proceso, importa que uno de los m om entos de la

relación constante en que se encuentran el hom bre y el Estado. Esto autoriza a

decir que es una e structura, una forma cons titutiva del Estado, como realidad

política y com o hecho social

en

cuanto el Estado, según la a guda observación

de K elsen, es la consecuencia inmed iata del m onopolio de la fuerza, instituida

en pod er legitimo de la vida colectiva

Para que exista proceso y que cúm ulo de elementos de deben reunir para que

éste sea debido supone la responsabil idad de indagar sobre el significado

comp atible con el debido proceso de n ociones tales com o:

u n p r o c e s o ,

p lena igua ldad , s e r o ído púb l i c am en t e un r ec u r s o , una va lo r ac ión

d e l a s p r u e b a s p r e s e n t a d a s p o r l a s p a r t es y q u e e s t a s e a d e b i d a .

La

teoría de la tutela constitucional del proceso fija los fundamentos y las

soluciones que perm itan establecer, frente a cada caso particular, pero a través

de un criterio de validez general, si un proceso proyectado o regulado por la ley,


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Esta insti tución generada en el derecho inglés ha evolucionado de una g arant ía

proces al de la l iber tad o proce dura l l imi tat ion ha sta terminar s iendo e n la

actual idad una garant ía de fondo o ge neral l imi tac ión

s .

De es ta manera el proceso se con vier te en el mecanismo concreto que permite

a los just ic iables el acceso a la just ic ia a t ravés de un procedimiento ordena do

racionalmen te hacia dicha finalidad el proceso en si mismo es un instrumento

de tute la del derecho.

n

el proceso como e l medio que permi te a los indiv iduos cau te lar que todos

sus de rechos recog idos por la Cons t i tuc ión y las leyes sean observados y

tengan vigen cia efect iva. De esta mane ra el proceso se con vierte en la tutela

más efect iva y ef icaz de l individuo. Dif íc i lmente se puede conc ebir un amparo

de la cond ición individual más ef icaz que éste. 7

El debido proceso es el derecho a la justicia mediante un procedimiento que no

se a gota e n e l cumpl imiento fo rmal de los t rámi tes prev is tos en las leyes

adjet ivas s ino que se ext iende a la necesidad de obtener una rápida y ef icaz

decis ión que ponga f in a los conf l ic tos y s i tuaciones de incertidumbre evi tando

dentro de los l ími tes de lo razonable y conforme a las c i rcunstancias de ca da

caso una dispendiosa y eventualmente inúti l act ividad jurisdiccional. Así lo exige

nue stro pr inc ip io const i tuc ional de af ianzar la just ic ia

El principio del Debido Proceso Adjet ivo supone qu e es indispensable para que

los efectos que el proceso ofrezca las debidas garantías se cumplan

determinados requis i tos procesales formales como son el derecho de defensa

e l emplazamien to producc ión de pruebas pos ibi li dad de con t radec i r l as

pruebas la publicidad en los procesos etapas mínimas del proceso la

pluralidad de instancia que na die puede ser juzga do sin juicio previo.

El Debido Proceso S ustant ivo exige que en cuanto a su contenido la resolución


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m otivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que com o prestación

o sanción establece dicho acto.

Debem os precisar que el debido proceso significa que ninguna perS

i

na puede

ser privado de un derecho sin que se c ump la un procedimiento f ijado pór la Ley;

este procedimiento no puede ser cualquiera, s ino que t iene que ser e l debido.

Para qu e sea debido, se t iene qu e dar suficiente Op ortunidad a la persoba paré

par t ic ipar con ut il idad en e l proceso.

Esta opo r tun id ad requiere " tener

not ic ia fehac iente de l proceso y de cada un o de los ac tos y e tapas" , y

"p oder of recer" , " produ ci r pruebas dentro de los plazos", "a ser oído" , "a

ser asesorado por un A bo gado" , "e l derecho de defensa" y " las garant ías

suficientes p r ejercerl s dentro del procedimiento respet ndo l

admin is t rado y no im poniendo e l capr icho

del administrador , sin haber

estudiado el expediente y compulsado as pruebas de cargo y de

descargo.

„

La esencia del debido proceso consiste en la oportunidad suficiente de

part ic ipar o formar parte del proceso com o sujeto procesal . El debido proceso

nos deja la idea de un proceso

" regu lar " , " razonable" , " razonado" , " c la ro" ,

" jus to ' , " equ i tat ivo" y " con v a lo rac ión de las pruebas de descargo" .

El Tr ibuna l Const i tucional en rei terada jur isprudenda ha

.

señalado que: Todo

órgano que pose a na tura leza jur isd icc ional Mea ord inar io, const i tuc ional ,

e lectora l , adm inis trat ivo) debe resp etar , m ínim am ente, las ga rant ías que

com ponen los derechos a la tutela jur isdiccional efectiva y al de bido proceso,

entre las que destacan los derecho al l ibre acceso a la jurisdicción, de defensa,

a la prueba a la motivación de las resoluciones a la obtención de una

resolución fundada e n De recho, a la plural idad d e instancias, al plazo razonable

del proceso, entre otros derechos fund am entales.

°

Finalmente la vulneración del derecho de de fensa qued aría fehacientemente


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VI

L TUTEL PROCES L EFECTIV

El Tribunal Constitucional ha señalado el artículo 40 del Código Procesal

Constitucional recogiendo lo enunciado en os instrumen tos internacionales

define el derecho a la

tutel proce s l efectiv

como aquella situación jurídica de

una persona en la que se respetan sus derechos de libre acceso al órgano

jurisdiccional de probar de defensa al contradictorio ya la igualdad sustancial

en el proceso a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido

a procedimientos distintos de los previstos por ley a la obtención de una

resolución fundada en derecho de acceder a los medios impugnatorios

regulados a la imposibilidad de remover procesos fenecidos a la observancia

del principio de legalidad procesal entre otros.

2

Sostiene el máximo intérprete de la constitucionalidad en aplicación del

principio de igualdad sustancial en el proceso recogido en el artículo 139

°

inciso 3 de la Constitución Política que consagra las garantías del debido

proceso y que tiene su formulación expresa en el artículo 40 del Código

Procesal Constitucional lo cual supone que todas las partes intervinientes

tienen la posibilidad de debatir los hechos y presentar sus alegatos los cuales

son valorados de igual manera por el juez constitucional a fin de asegurar la

estabilidad y confiabilidad del sistema de control constitucional y de tutela

extraordinaria de derechos fundamentales en aplicación del principio de

igualdad sustancial en el proceso recogido en el artículo 139° inciso 3 de la

Constitución Política que consagra las garantía del debido proceso y que tiene

su formulación expresa en el artículo 40 del Código P rocesal Constitucional lo

cual supone que todas las partes intervinientes tienen la posibilidad de debatir

los hechos y presentar sus alegatos los cuales son valorados de igual manera

por el juez constitucional a fin de asegurar la estabilidad y co nfiabilidad del

sistema de control constitucional y de tutela extraordinaria de derechos

fundamentales.

3

Al establecer el control difuso precisa no se trata naturalmen te de que el juez


8/25

de acción frente al poder deber de la jurisdicción el derecho al debido proceso

en cambio, significa la observancia de los principios y reglas esenciales

exigibles dentro del proceso co mo instrumento del derecho dentro del que se

produjo la cr isis de c oope ración que da nacimiento al conf l icto que el órgano

jur isdiccional asum e pa ra su solución a quienes intervienen en él. El debido

proceso tiene a su vez dos expresiones. Una formal y otra sustantiva. En la de

carácter formal los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las

formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el

procedimiento preestablecido el derecho de defensa la motivación se relaciona

con los estándares

e

la razonabilidad y el proporcionalidad que toda la

decisión judicial debe suponer.

VII

AFECTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y A LA TUTELA PROCESAL

EFECTIVA EN LA RESOLUCION RECURRIDA

1.-En cuanto a este punto la sala distorsiona la realidad porque en dichos videos

no se establece que el cand idato haya ofrecido o entregado bien alguno toda

vez que no se aprecia una correspondencia del supuesto receptor esto es no

hay un traslado fáctico del quien entrega ni recepción o aceptación por pa rte del

que recibe de lo que sup uestamen te se le proporciona. De esta forma se t iene

que las pruebas acompañadas no demuestran ello. El solo hecho que el

candidato apa rezca al costado de los bienes y mencione que h abría traído los

mismos no prueba entrega de ellos.


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forma el colegiado om ite establecer porque un acto de inauguración de un local

partidario es un acto de proselitismo y no un acto político interno partidario.

En ese sen tido es sorprendente que el colegiado señale que e l hecho de estar

una sola persona en dicho acto de inauguración del local part idar io lo hace un

acto prose l it is ta cont rad ic iendo sus p rop ias reso luciones anter iores cua ndo

señaló en el fundamento 18 de la Resolución 196-2016 -JN E que se debe valorar

el contexto donde se realiza este t ipo de propa ganda — eventos proselit istas o de

am plia difusión. En el presente caso com o la propia resolución lo señala se trata

de un acto no masivo no hay ampl ia d i fus ión así como tampoco e l an imus de

captar nuevos adeptos o s impat izantes a la candidatura.

3.

Del mismo modo e l co legiado señala que por e l v ideo se establece que e l

candidato Hua roc Portocarrero ofreció y entregó víveres a una persona que no

es m i li tante de la organizac ión po l ít ica de la que form a parte. Dado qu e de

acuerdo con la a locución Sandy N ancy Vicente Huam án recibe los b ienes a

nombre de la esposa del alcalde de Satipo. Hecho que no se encuentra

debidamente corroborado más aún si el colegiado ha omit ido en revisar anal izar

y colegir que en el informe de fiscalización la mism a la esposa del alcalde Ma ría

del Carmen Fem andez de Santos ha señalado: que en n ingún mom ento n i de

forma personal n i como presidenta del comité recib ió alguna donación de parte

del candidato Huaroc Portocarrero. En esa mism a l ínea se t iene la declaración

de Sandy Vicente Huam án persona que aparece en el v ideo la misma que en

d icha ac ta de f isca l izac ión seña la que no rec ib ió b ien a lguno por par te de l


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En ese sentido se debe de señalar que las otras declaraciones juradas ante

notario público son de pe rsonas sin ninguna relación o interés en el candidato

dado que son personas ajenas al partido o a la candidatura más aun cuando

pertenecen a entidades diversas y distintas como son Defen sa Civil y el Com ité

de Dam as de Satipo.

5.-

El Jurado Nacional de Elecciones ha convalidado indebidamente, y lo ha

tomado como u n hecho cierto y objetivo las conclusiones que arribo el colegiado

del Jurado Especial Electoral de Huancayo toda vez que este úl timo obvió el

análisis de las pruebas para afirmar o descartar nuestra posición, lo que

constituye una transgresión al debido proceso. Esta misma situación de

transgresión al debido proceso ocurre con ustedes puesto que no han analizado

las pruebas de cargo y de descargo conjuntame nte.

6.-

Com o se ha señalado anteriormente el colegiado ha l legado a la conclusión

de exclusión del candidato sin haber efectuado un debido análisis y una correcta

valoración de las pruebas en conjunto, desdeñando las de descargo y no

fundamentando por qué las hace, recortando de esta forma el derecho a

conocer las razones de hecho y de derecho de una resolución impidiendo al

candidato saber y conocer cuáles eran las razones de su exclusión más aún

cuando algunas con sideraciones resultan contradictorias e i legales.


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Con esto quiere decirse, que el principio reconoce un derecho funda men tal y

prescribe, a la vez, su optimización, tanto fáctica como jurídica. Estos dos

puntos de partida llevan a la conclusión de que el principio de razonabilidad en

u conjunto, incluido el principio de necesidad, es una exigencia de l carácter de

principios q ue t ienen las norm as fundam entales. De la opt imización de las

posibil idades fácticas se siguen tanto las máximas de adecuación com o la de

nece sidad , sin emba rgo el criterio que se ado pte no debe desn aturalizar el

espíritu de la norm a, meno s en el derecho sancionador.

El punto de pa rtida del razonam iento lo constituye la definición

d e

principios:

ma ndatos de o ptimizadón con respe cto a las posibilidades tácticas y jurídicas .

Del carácter de optimización con respec to a las posibilidades jurídicas se sigue

la m áxima de razonabil idad en sentido estricto . En efecto, si una norm a de

derecho funda men tal con carácter de principio entra en colisiód con u n principio

opue sto, entonces la posibi lidad jurídica de la real ización de la norm a de

derecho funda men tal depende del principio opuesto. Para llegar a una decisión,

es necesaria una ponde ración

»

es decir, un juicio de proporcionalidad stricto

sensu pero que no desnaturalice la norma ni crea núevas sanciones no

previstas en la Ley.

Desde la perspectiva del derecho con stitucional, norma jurídica

.se

coimplica

siempre con la necesidad de la determinación

a d c a s u m

de cada derecho

fundamental y algunas veces también con la razonabil idad — que pue de ser

comprendida en este grupo de casos como la plasmación del proceso

interpretativo y determinativo en ese ámbito concreto del derecho-.

De los principios'de adecuación y necesidad sigue el prindpioCle razonabilidad

en sentido estricto

. Por tanto, la justificación del principio de pro porciona lidad

s t r i c to s e n s u

permite brindar una justificación integral del principio. Existe

una relación estrecha entre la razonabilidad como principio constitucional y el

concepto m ismo de derecho fundam ental. La aplicación del principio no debe


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los jueces evalúen el principio a la vez, en uno o en otro orden, o qu e al avaluar

influya en la determinación de si se ha o no res petad o los principios. Se trata,

de todos m odos, de un orden. Es decir, hay una finalidad que articula y vertebra

la secuencia. Esta f inal idad no es o tra que el resul tado d el caso tal como fue

intuido por el ope rador jurídico en el pr imer m omen to del procedimiento. Este

modo de comprender el principio —que parece ajustado a lo que de hecho

ocurre en los casos- cone cta la razona bil idad con la herme néutica jurídica y con

una m etodología de resul tados

.

Que tanto los derechos fundam entales como los bienes púb licos tienen objetos

fines determ inados sólo puede a firmarse por referencia a una con cepción del

homb re v del derecho, en la que e ste úl timo aparece co mo u n producto de la

coexistencia de unos y otros, como una consecuencia, en suma, de la

sociabilidad humana. Por eso, los distintos derechos no pueden ser

contradictor ios entre sí , ni con los bienes públ icos . No ha brá autént ico bien

público que altere los derechos fundam entales, ni existirá derecho fundamental

cuyo alcance p ueda significar la violación de otros derechos fundame ntales o la

frustración de un bien pú blico, que es bien precisam ente porque v iene exigido

por las necesidades de toda la sociedad, lo que equivale a decir, de cada

individuo. Derechos, bienes individuales y bien común aparecen así

indisolublemente ligados , por lo que no se pueden violentar principios

fundame ntales de la persona , haciendo u na interpretación al margen de todo

dispos itivo lega l.

IX JURISPRUDENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

SOBRE LA PROCEDENCIA DE RECURSO EXTRAORDINARIO POR

AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA PROCESAL

EFECTIVA

1.

ediante Res olución N° 0803-2011-JNE de fecha 06 de Se tiemb re del 2011, en


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1.

El recurso extraordinario por afectación

del derecho al debido proceso y a la tutela

procesal efectiva consti tuye el instrumento

excepcional para la revisión de las

resoluc iones de instancia que emi te el

Jurado Nac iona l de Elecc iones. Aún c uando

no se trata de un mecanismo de

impugnación previsto en la legislación

electoral constituye una creación

jurisprudencia' de este órgano electoral

atend iendo a l hecho de que com o toda obra

humana, sus resoluciones pueden haber

sido emit idas como consecuencia de algún

v ic io en la t rami tac ión d e l p roced imiento o e l

razonamiento jurídico.

2.

En ese sentido, a pesar de que el artículo

181 de nuestra Ley Fundamental señala que

las resoluciones en materia electoral del

Jurado Nac iona l de Elecc iones son d ic tadas

en instancia final y definitiva, y no son de

carácter revisable o impugnable, este

órgano colegiado, mediante la Resolución

N.° 308-2005-JNE, inst ituyó el recurso

extraordinario por afectación al debido

proc eso y a la tutela proc esal efect iva con el

objeto de cautelar que las decision es de este

Supremo Tr ibunal Electoral sean emit idas con

pleno respeto a los principios, derechos y

garantías que se agrupan dentro del debido

proceso y de la tutela procesal efectiva, a

efectos de que dicha decisión pueda ser

tenida porjusta.


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Con re lac ión a lo p r imero, se ent iende que e l

derecho al debido proceso desborda la

órb i ta est r ic tamente jud ic ia l p ara ex tenderse

en otros campos, como el administrativo, el

corporativo particular, el laboral, el

parlamentario, entre otros más. Sobre lo

segund o, considera que las d im ensiones de l

debido proceso no solo responden a

ingredientes formales o procedimentales,

sino que se manifiestan en elementos de

connotación sustantiva o material, lo que

supon e que su eva luac ión no so lo repara en

las reglas esenciales con las que se tramita

un proceso procedimiento preestablecido,

derecho d e defensa, p lura l idad de ins tanc ia ,

cosa juzgada , s ino qu e también se or ienta a

la preservac ión d e los estándares o cr i ter ios

de justicia en que se sustenta toda decisión

Juicio de razonabilidad, proporcionalidad).

El debido proceso es un derecho de

estructura muy compleja, por lo que sus

alcances deben ser precisados conforme a

los ámbitos o dimensiones en cada caso

comprometidos Exp. N.° 3075-2006-PA/TC).

4. Asimismo, dicho tribunal, con relación a

la tutela procesal efectiva reconoce que es

un derecho-principio en virtud del cual toda

persona o su je to just ic iab le puede acceder a

los órganos jurisdiccionales,

independientemente del t ipo de pretensión

que form ula y de la eventua l leg i t imidad qu e


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9. Atendiendo a ello, este órgano colegiado

estima necesario cubrir este aparente vacío

norm at ivo y es tab lecer qué requis i tos d eben

ser cump lidos para acreditar la causal de

vacanc ia prev is ta en e l ar t ícu lo 2 num eral 3

de la Ley Orgánica de Municipalidades.

RESUELVE

Artícu lo primero.- Declarar FUNDADO el

recurso extraordinario por afectación del

derecho al debido proceso y a la tutela

procesal efectiva, interpuesto por Oswaldo

Linares Gallo cont ra la Resolución N.° 765-

2011-JNE de fecha 11 de no viem bre de 2011.

2.

ediante Resolución N ° 0489-2011-Jurado Nacional de Elecciones de fecha 08

de Jun io de l 2011 en su primer segundo te rcer cuar to qu in to y oc tavo

Fundamento de Decisión; y Artículos primero y segundo de su parte resolutiva

señala:

1.

La Constitución Política de 1993, en su

artículo 139, numeral 3, reconoce que son

princip ios y derechos de la funció n

jurisdiccional: La observancia del debido

proceso y la tutela jurisdiccional . Al


16/25

carácter irrevisable e inimpugnable, este

órgano colegiado, mediante la Resolución

N.° 306-2005-JNE, insti tuyó el recurso

extraordinario por afectación del debido

proceso y de la tutela procesal efectiva, con

el objeto de cautelar que las decisiones de

este Supremo Tribunal Electoral sean

emitidas con pleno respeto de los

principios, derechos y garantías que se

agrupan dentro del debido proceso y de la

tutela procesal efectiva, a efectos de que

dicha decisión pueda ser tenida por justa.

3.

El recurso extraordinario constituye un

instrumento excepcional para la revisión de

las resoluciones de Instancia que emite el

Jurado Nac iona l de Elecc iones. Aun c uando

no se trata de un mecanismo de

impugnación previsto en la legislación

electoral constituye una creación

j u r isprudenc ia / de es te órgano e lec tora l que

atiende al hecho de que, como toda obra

humana, sus resoluciones pueden haber

sido emitidas como consecuencia de algún

vicio en la tramitación del procedimiento o

en el razonamiento jurídico.

4.

El derecho al debido proceso no solo

responde a ingredientes formales o

procedimentales, sino que también se

manifiesta en elementos de connotación

sustantiva o material, lo que supone que su

evaluación no solo repara en las reglas


17/25

interpretación unitaria y de concordancia

práctica de la Consti tución Política del Perú

exigen que el ejercicio de las competencias

del Jurado Nacional de Elecciones debe

atender entre otros al principio de verdad

material. Es decir la actuación de este

Supremo Tribunal Electoral así como del

concejo municipal correspondiente sea a

pedido de parte o de of ic io debe ver i f icar a l

momento de ejercer sus competencias los

hechos q ue sirven de mot ivo a sus

decisiones para lo cual debe adoptar todas

las medidas probatorias necesarias

autor izadas por la ley aun cuando no hayan

sido propuestas por los administrados o

hayan acordado eximirse de ellas.

— )

3.

ediante Resolución N° 151-2008-JNE de fecha 17 de julio de 2008, en su

segun do, tercero, cuarto, quinto y sexto considerando y a rtículo primero de su

parte resolutiva, señala:

Que el recurrente cuestiona la Resolución

N° 105-2008-JNE argumentando que se ha

vulnerado su derecho al debido proceso en

tanto no ha ejercido su derecho de defensa

al no habérsele notificado por escrito de la

sol icitud de vacancia ni del recurso de

apelación presentados no habiéndose

acompañado a la primera además ningún


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RESUELVE:

Artículo Primero: Declarar FUNDADO el

Recurso Extraordinario por afectación al

debido proceso y a la tutela procesal

efec t iva in terpuesto por An ton io Rosp ig l ios i

Arcos; en consecuencia, dejar sin efecto la

Resolución N° 105-2008-JNE del 22 de abril

de 2008, así como las credenciales

otorgadas en virtud de ella.

4. ediante Resolución N° 155-2007-JNE de fecha 10 de julio de 2007 en su

primer l décimo tercer y vigésimo quinto consider ndo y p rte resolutiv

señala:

—)

Que, el Recurso Extraordinario por

afectación a las garantías del debido

proceso y a la tutela procesal efectiva fue

establecido p or Resolu ción N° 306-2005-JNE

para su excepc iona l in te rpos ic ión c ontra las

reso luc iones que exp ide e l P leno de l Jurado

Nacional de Elecciones, para que sean

reexaminadas en las causas q ue resuelve en

instancia final en materia electoral;

Que todo Estado Const i tuc iona l t iene com o

f ina l idades esenc ia les la l imi tac ión y c ontro l

del ejercicio del poder, la supremacía y

v igenc ia de la norm a fundam enta l y la tu te la


19/25

los d i fe ren tes derechos fundamenta les de la

persona;

Que los derechos fundamentales en

términos generales pueden entenderse

como las capacidades o potencialidades de

exigir hacer o no hacer algo inherentes a

las personas por su condición de tales y

sumamente impo r tan tes para su desarro l lo y

realización; y que además los derechos

fundamentales son también la expresión de

un conjunto de valores de una sociedad

específica y en un momento histórico

determinado; p or lo que deben ser

deb idamente tu te lados po r e l Estado en tod o

escenario y ámbito;

Que juntamente con la dimensión subjetiva

clásica descrita es importante destacar la

dimens ión o función o bjetiva de los

derechos fundamentales en vir tud de la cual

estos últimos son igualmente una pauta

obligatoria para la comprens ión de todo

e

ordenamiento jurídico de un Estado por lo

que no sería permisible aquellas posibles

interpretaciones que atenten o restrinjan de

modo ir razonable los diferentes derechos

fundamentales;

Que a su vez e l e jerc ic io de n ingú n derecho

fundamental es abso luto por lo que todo

derecho fundamental admite límites en su

ejercicio los cuales pueden ser internos o

externos según es tos es tén v incu lados con


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el debido proc eso, entendiénd ola com o (.. .)

aque l la s i tuac ión ju r íd ica de un a persona en

la que se respetan, de modo enunciativo,

sus derechos de libre acceso al órgano

jurisdiccional, a probar, de defensa, al

contradictorio e igualdad sustancial en el

proceso, a no ser desviado de la jur isd ic c ión

predetermin d ni sometido

procedimientos distintos de los previstos

por la ley, a la obtención de una resolución

fundada en derecho,

acceder a los medios

impugnatorios regulados, a la imposibilidad

de reviv ir proc esos fenecidos , a la actuación

adecuada y temporalmente oportuna de las

resoluciones judiciales y a la observancia

del principio de legalidad procesal penal ;

Que, el derecho

la tutela jurisdiccional

efectiva, previsto en el inciso 3 del artículo

139° de la Const itución Política del Perú,

consiste básicamente, como lo ha se/talado

la jurisprudencia constitucional sobre la

materia, en los derechos de acceso a la

justicia y de efectividad de las decisiones

judiciales;

Que, el derecho al debido p roceso,

contemplado también

en

el inciso 3 del

artículo 139° de la Constitución Política del

Perú, es un derecho fundamental que se

com pone de dos d im ens iones, una procesa l

y otra sustantiva; siendo el debido proceso

proc esal aquel derecho fund amental de toda


21/25

garant ías ent re las cua les só lo con carácter

meramente enunciativo y recogiendo lo

desarrollado

jurisprudencial

y

doctrinariamente, se puede mencionara los

siguientes: a el derecho de acceso a la

autoridad destinada a acoger o denegar las

pretensiones planteadas; b el derecho de

contradicción o defensa de las alegaciones

o pretensiones propuestas, lo que implica

conocer a su vez las imputaciones y los

cargos introducidos; c el derecho

a un

juzgador imparcial, que, como señala la

doctrina, exige la ausencia de perjuicio en

tanto tiene que ver con el desinterés, la

neutralidad o la posibi lidad de resolver

conforme a Derecho y no según las

convicciones personales del juzgador; d el

derecho a un juzgador predeterminado por

ley, que es el atribuido de acuerdo con la

distribución

de

competencias

jurisdiccionales observadas en atención del

principio de legalidad; e la obligación de

respetar las form al idades qu e preservan una

buena no t i f i cac ión y aud ienc ia pa ra qu ienes

son parte de la controversia; e el derecho a

probar, que consis te a sus vez en los

derechos a ofrecer medios probatorios

pertinentes para acreditar las diferentes

posiciones o pretensiones de las partes, a

que se admitan los medios probatorios

ofrecidos, a que se actúen adecuadamente

los medios de prueba admitidos, a que se

asegure la producción o conservación de la

prueba, y a que se valoren en forma


22/25

que no solamente prohibe la ausencia de

motivación sino también aquellas

motivaciones defectuosas o aparentes; O la

existencia de una pluralidad de grados o

instancias, siempre que la situación

concreta lo permita y el ordenamiento

jurídico lo establezca; j) el derecho a la

pub l i c idad de l p roceso o p roced im ien to con

las limitaciones o excepciones legalmente

previstas; k) la obligatoriedad, exigibi lidad,

eficacia, ejecución e inmutabil idad de la

cosa juzgada, que implica a su v ez la

prohibición del ne bis In idem ante la

Identidad de los mismos sujeto, hecho y

fundamento; y I) el derecho a ser asistido

por un abogado técnicamente capacitado;

Que por otro lado el criterio de

razonabi l idad expres ión de l debido proceso

sustant ivo t iene que ver con la cons ecución

de una finalidad lícita o no prohibida por el

ordenamiento jurídico, llevada a cabo a

través de medios proporcionales, es decir,

útiles, idóneos y equilibrados, aquellos

medios que obtengan el fin buscado, de

modo eficaz y que signifiquen, asimismo, la

menor gravos idad para los derechos

fundamentales;

Que, como lo ha reconocido la Corte

Interamericana de Derechos Humanos en

reiterada y reciente jurisprudencia, el

derecho fundamental a un debido proceso,

t an to en su m an i fes tac ión p rocesa l com o en


23/25

protección interamericana de Derechos

Humanos prec ise que cualqu ier órgano del

Estado que ejerza funciones de carácter

materialmente jurisdiccional, tiene la

obligación de adoptar resoluciones

apegadas alas garantías del debido proceso

legal en los términos del artículo 8° de la

Convención Americana ;

Que, por todo lo anteriormente señalado, el

Recurso Extraordinario por afectación a las

garantías del debido proceso y a la tutela

procesal efectiva establecido por

Resolución N° 308-2005-JNE, al establecer

un procedimiento expeditivo y lograr el

objetivo de reponer las cosas al estado

anterior al de la eventual vulneración del

debido proceso, satisface debidamente la

exigencia planteada en el artículo 25° de la

Convención Americana sobre Derechos

Humanos, que señala que Toda persona

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido

o

cualquier otro recurso efectivo ante los

jueces o tribunales competentes, que la

ampare contra actos que violen sus

derechos fundamentales reconocidos por la

Constitución la ley o la presente

Convención, aun cuando tal violación sea

cometida por personas que actúen en

ejercicio de sus funciones oficiales ;

-)

Que, respecto al punto h), el recurso


24/25

SÍRVASE SEÑOR PRESIDENTE,

tener por Adm itido

el prese nte Re curso Extraordinario po r afectación al Debido Proce so y la Tutela

Procesal Efectiva tramitarlo conform e a su naturaleza y declararlo FU NDA DO e n su

op ortunidad y nula y sin efecto la resolución recurrida.

PRIMER O TROSI D IGO:

Designo com o m is abogados defensores a los le t rados

Percy Huaroc Llaja con CA L 28891 y Cesar Chumbe s palomare s con CA L 29522;

quiene s en forma conjunta o indist intame nte ejercerán m i derecho de d efensa.

SEGUNDO OT ROSÍ DIGO:

Solicito se conceda el uso de la palabra a mis abogados

defensores por un t iem po no me nor de 15 m inutos para cada uno a fin de que pueda

inform ar lo conv enien te en m i defensa.

TERCER OTROS DIGO:

Acom paño tasa por conce pto de Re curso Extraordinario

conforme al TUPA del Jurado Nacional de Elecciones.

Lima 25 de marzo d 2016

VLA DIMIRD HUAROC PORTOCA RRERO


25/25

9 Banco de la Nación

BANCO DE LA NACION

COMPROBANTE DE PAGO

SISTEMA ELECTORAL J N E

CODIGO : 01325

OTROS MEDIOS IMPUBNATORIO

DOCUMENTO: 1 D N I

NRO: 10052379

CANT DOC : 0001

MONTO SI.: 2,982.50

018604-8 26KAR201 9650 2958 0076 10:46:24

9F0E77

CLIENTE

1805964 4 U.5

Banco de

lo Nación Banco de la Nación

295800061 2018604

recurso extraordinario de vladimiro huaroc

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