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Red Socialista de Colombia

Por:Ricardo Sanchez Ángel

Durode DESBANCAR

Por: José Arnulfo Bayona / Miembro de la RED SOCIALISTA de Colombia

El Procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez, fanático religioso lefevrista, una vez más hizo uso y abuso del inmenso poder que le otorga la Constitución de 1991 para destituir y decretar la pérdida de sus derechos políticos por 15 años al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Resulta paradójico que la concentración de poderes en la figura del Procurador, propuesta por el M19 en la Constituyente de 1991 y el apoyo que el propio Gustavo Petro, con apología incluida, como Senador de la república diera a la elección de su verdugo, fuesen utilizados para asestar este contundente golpe a uno de los más connotados representantes del extinguido movimiento. El pope decretó la sanción, no aceptó la recusación que le hicieron los abogados del alcalde, negó los recursos de reposición y apelación y en menos de un mes ratificó y dejó en firme el fallo que ordena la destitución y declara la pérdida de los derechos políticos del burgomaestre.

Es verdad sabida que el Doctor Alejandro Ordoñez revestido del inmenso poder que ostenta y ejerce en combinación con su fanatismo religioso y sus convicciones políticas de ultraderecha, no se para en pelos para anteponer su sesgo ideológico y político a la constitución y a la ley, a la hora de “disciplinar” funcionarios públicos contrarios a sus creencias y doctrinas. Así ha quedado demostrado con las numerosas destituciones y declaratorias de muerte política a funcionarios públicos, siendo las más emblemáticas la de la Senadora Piedad Córdoba, el ex Alcalde de Medellín, Alonso Salazar y el proceso que adelanta contra el Representante a la Cámara Iván Cepeda.

La sanción contra Petro fue la gota que rebosó la copa y sacó a flote un debate jurídico y político cada vez más polarizado, pero que venía ocurriendo de manera soterrada. Debate que ha involucrado instituciones de la rama judicial, como la fiscalía General, el tribunal administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado y seguramente la Corte Constitucional; también la Presidencia de la república, la organización electoral, partidos políticos, parlamentarios, el Consejo de Bogotá, la Contraloría General de la Nación; por supuesto la Alcaldía y la Procuraduría; así como, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH que le ha dado alcances internacionales a una crisis política que aún no se sabe, ni cuando, ni cómo terminará.

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Tienen razón quienes advierten que el Procurador asegura invocar el cumplimiento de las normas a la hora de aplicar sanciones, pero para torcerles el cuello y de esta manera escamotear la administración de justicia con criterio democrático. Por ejemplo, no se puede negar que el Alcalde Petro cometió faltas en el tratamiento dado a las cuatro empresas que monopolizaban el jugoso negocio de recolección de basuras desde la alcaldía de Andrés Pastrana, ni que la aplicación del fallo de la Corte Constitucional, que obliga a incluir los recolectores informales en la estructuración de un nuevo sistema de recolección de las basuras, fue completamente improvisado, errático e irresponsable. Porque la crisis de recolección de basuras, si no generó un impacto ambiental considerable, si causó un “riesgo de daño potencial”, “un impacto visual y olores ofensivos” según se consigna en el informe de monitoreo y control ambiental de la Secretaría de Ambiente Distrital. Pero calificarlas de “faltas gravísimas”, para las cuales se contemplan sanciones de 10 a 20 años en Código Disciplinario Único, para sancionarlo con la destitución y la muerte política, resulta demasiado exagerado.

En este caso, el procurador Ordoñez aprovechó el papayazo que le dió Petro con su errático tratamiento a la crisis de las basuras, para salvaguardar los intereses políticos de sus congéneres de la extrema derecha, y los intereses de los empresarios privados. Porque no hay que llamarse a engaños, el principal cargo del Procurador contra el Alcalde, para aplicarle la severa sanción es haber puesto en cuestión el “sagrado derecho” de los negocios privados a intervenir en la prestación de los servicios públicos.

No en vano fueron las denuncias sobre el supuesto saboteo a la recolección de gran parte de las seis mil o nueve mil toneladas de basuras dejadas de recolectar por los operadores privados, según testimonios de empleados de dichas empresas y del “zar de la intermediación” implicado en el carrusel de la contratación y su abogado; así como, las acusaciones del otrora dirigente de la ADM19, Otti Patiño, sobre el supuesto complot contra el Alcalde, organizado por el propio procurador, el expresidente Álvaro Uribe, Fernando Londoño y francisco Santos a quien le habrían ofrecido la alcaldía capitalina, como premio de consolación por la traición que le hizo su jefe. En todo caso, serán los resultados de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General, los que digan la última palabra sobre estos graves cargos.

Resulten o no ciertas dichas denuncias, la realidad es que la ofensiva para desbancar a Petro había sido planeada para atacar por todos los flancos: el proceso disciplinario ante la procuraduría general, las denuncias penales que cursan en la Fiscalía contra el Alcalde por “detrimento patrimonial” causado al Distrito, la recolección de las firmas requeridas para solicitar la Revocatoria del mandato, orientada por el Representante a la Cámara, el conservador Miguel Gómez y la ofensiva política que consistió en la campaña de desprestigio, sistemática, persistente, incisiva, que como en fuente ovejuna desataron los medios de comunicación, orquestada por empresarios, intermediarios de la contratación y políticos uribistas, conservadores y liberales. Al tiempo que exalcaldes, aspirantes a la alcaldía, columnistas oficiosos de la extrema derecha, connotados juristas de derecha y académicos; salieron al debate “en defensa de las instituciones” y de la “facultad legítima” del Procurador para investigar y sancionar funcionarios públicos, sean estos o no de elección popular.

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Al alcalde, a sus asesores y a sus seguidores, les asiste la razón y tienen todo el derecho a hacer uso de la lucha política democrática y de todos los recursos contemplados en la Constitución Política, los pactos internacionales y las leyes vigentes, para defender su legítimo derecho a continuar al frente de la Alcaldía por el período constitucional para el cual fue elegido. Esa es una reivindicación democrática que cuenta con irrestricto apoyo de los socialistas y de todos los sectores de pensamiento crítico. También se justifican las numerosas concentraciones de los funcionarios públicos, los recicladores, las comunidades LGBTI y de los sectores populares en la Plaza de Bolívar para respaldar a Petro y defender su derecho democrático de elegir y ser elegidos. Este respaldo en la plaza pública causó disgusto en las filas del establecimiento, al punto que llamaron a Petro no salir más al balcón del Palacio Liévano, ni a seguir promoviendo la ocupación de la emblemática Plaza.

Son justificados aunque vanos, los recursos interpuestos ante el propio Procurador que tiene la majestad de sancionar en primera instancia y oficiar de segunda instancia para ratificar la sanción. Ni tonto que fuera para revocar sus propios actos. En el mismo sentido, es válida la recusación al Procurador en razón de que el fallo sancionatorio tiene un protuberante sesgo ideológico. La misma validez democrática tiene la denuncia contra el procurador ante la CIDH, además de la solicitud de medidas cautelares para proteger sus derechos y los de sus electores.

La convocatoria a la lucha contra su destitución pudo ser más amplia, si el llamamiento a defender el derecho del Alcalde a permanecer al frente de la administración Distrital no hubiese sido condicionado al apoyo irrestricto de su programa y su gestión. En nuestra opinión, se puede y se debe rechazar la destitución del alcalde, como un acto antidemocrático y de persecución política. Pero no se puede, ni se deben silenciar las críticas a su gestión. Es verdad que su programa no corresponde con un modelo de ciudad alternativo al que se ha venido construyendo al servicio de los grandes negocios y de los intereses del gran capital extranjero y nacional. El caudillismo tropical no es un modelo democrático de gestión de la ciudad, que vive un déficit de democracia enorme y una anacrónica normativa a espaldas de una ciudad con pretensiones de modernidad.

La improvisación, la ineficiencia administrativa, su talante autoritario y caudillista, el ánimo pendenciero, son falencias que han caracterizado su administración, y que sirvieron de argumento a sus detractores para adelantar, a través de los medios masivos, campañas de desprestigio que lograron el propósito de situarlo en los más bajos niveles de opinión en las encuestas. El incumplimiento de sus promesas de campaña en temas tan sensibles como la construcción de 100 colegios y 1000 jardines infantiles, o como el de la formalización laboral de los miles de trabajadores tercerizados y sin derechos de seguridad social en salud, para solo nombrar algunos, son aspectos sobre los cuales no se puede, ni se debe renunciar a la crítica, para simplemente adherir a la figura del caudillo.

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Mención especial merece el capítulo de la llamada “TUTELATON” promovida por los asesores del Alcalde, que llevó a la presentación de 800 tutelas o más ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta iniciativa ha generado un debate político y jurídico entre amigos y enemigos de la Tutela. Desde al bando de los amigos señalan que Petro y sus asesores desgastan y desfiguran innecesariamente ese recurso judicial tan útil para defender derechos de la gente y de paso le hacen el juego al Procurador, jurado enemigo de la acción de tutela. Razón tiene el editorialista de “El Espectador” al señalar que 800 tutelas ni le quitan ni le ponen a las 35000 tutelas que se presentan cada año. Por el contrario, ampliaron las posibilidades para invocar este recurso de amparo de los derechos democráticos y políticos de la ciudadanía, cuando funcionarios traídos del medioevo, como el Procurador, pretendan escamotearlos.

Tres fallos de tutela distintos, con argumentos diferentes unos y coincidentes otros diferentes, proferidos por nueve magistrados del Tribunal de Cundinamarca, detuvieron provisionalmente el ímpetu sancionatorio del Procurador Ordoñez, los tres favorables a Gustavo Petro, decidieron que la sanción disciplinaria contra el alcalde queda suspendida transitoriamente y ordenaron informar al Presidente de la República abstenerse de ejecutar la sanción, pese a la insistencia del supremo jefe del ministerio público. Además, hubo un fallo en contra de la tutela del propio Petro, por no ser procedente, ya que existen, según el fallo, las vías administrativas ordinarias, con debido proceso incluido.

“TUTELATON”

El fallo de una de las salas de la sección tercera del Tribunal , lejos de la interpretación dogmática de la constitución, se fundamenta en que el Procurador lo que desarrolló fue un proceso de control político, que solo le corresponde a los electores y no un proceso disciplinario, que él amañó la interpretación de la ejecución una política pública prometida por Petro, para convertirla en una falta gravísima que tiene como castigo inevitable la destitución y la inhabilidad y decide proteger el derecho de la ciudadanía al control político para darle prelación a la realización del proceso de revocatoria que debe realizarse el próximo 2 de marzo, tal como ha sido definido por el Registrador Nacional. El segundo fallo de otra sala del Tribunal llega a conclusión similar y señala que el Alcalde cumplía con un programa de implementación de un nuevo esquema de prestación del servicio público de aseo “que rompía con el esquema anterior del servicio de recolección de basuras” situación que no fue tenida en cuenta por la Procuraduría, como tampoco el hecho de que el alcalde estaba dando cumplimiento a “reiteradas sentencias de la Corte Constitucional” que exigían darle participación a los recicladores en la recolección de basuras. Además critica al Procurador por no permitir la “práctica de las pruebas sobrevinientes relacionadas con un supuesto complot con el que aparentemente se victimizó al disciplinado”. El tercer fallo proferido por otra sala del Tribunal protegió el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, ratificando la suspensión que provisionalmente había decretado el amenazado Magistrado Armenta. Según reciente información de El Tiempo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia 36 tutelas, de las cuales 32 fueron resueltas, falló 11 a favor de Petro y 21 fueron negadas. De las 11 que se concedieron, 7 ya están apeladas ante el Consejo de Estado. Además se informó que el Consejo Superior de la Judicatura inició estudio de más de 300 tutelas que le fueron radicadas. Se ha armado una verdadera maraña jurídica que la Corte Constitucional tendrá que desenredar.

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Como van las cosas, será la ciudadanía capitalina la que decida democráticamente en las urnas, el próximo 2 de marzo fecha fijada por el Registrador Nacional, si mantiene en su puesto al alcalde o le revoca el mandato. Además, el Tribunal ordena que tiene primacía el proceso de revocatoria, como ejercicio de control político, sobre el fallo del Procurador. Salvo que el Consejo de estado decida lo contrario. Pero en caso de que el Consejo de Estado revoque los fallos de tutela la suerte del alcalde dependerá de los que decida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También puede suceder que la Contraloría Distrital lo sancione por detrimento patrimonial por el orden de 50.000 millones de pesos o más, caso en el cual quedaría automáticamente cesante de su cargo de Alcalde.

El balance político deja saldo favorable al alcalde Gustavo Petro por ahora. Los supuestos promotores de las acciones de saboteo a la implementación del nuevo modelo de recolección de basuras son objeto de investigación penal por la Fiscalía, lo propio le sucede a la Procuraduría general allanada por la fiscalía para determinar si en el proceso se infringió la ley penal, los socios conspiradores del Procurador en el supuesto complot para tumbar a Petro, también son objeto de investigación, y los fallos de tutela impidieron que el Presidente Santos expidiera el decreto de destitución.

Los promotores de la revocatoria están desconcertados porque a menos de un mes de su realización, el Procurador y sus aliados del plan conspirador, quisieron abarcar mucho y se están quedando con el pecado y sin el género, calcularon mal o no se percataron que la sanción a Petro se produjo en medio de la coyuntura electoral y les produjo el efecto bumerang, pues le facilitaron una campaña de agitación política cuyo resultado inmediato ha sido el repunte de Petro en las encuestas. Por ejemplo, en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría registra un salto del 30% al 67% de favorabilidad y el 67% manifiesta estar en contra de la revocatoria de su mandato. En este contexto favorable, el Alcalde y sus colaboradores han arreciado la campaña para que el 2 de marzo próximo la ciudadanía salga a votar NO a la revocatoria. Esta no deja de ser una estrategia riesgosa porque la sumatoria del SI y el NO puede alcanzar el umbral de 1.200.000 y el resultado es incierto.

A manera de Colofón. Bogotá requiere un debate que rectifique su curso de los últimos 20 años: Neoliberalismo, populismo, corrupción, caudillismo. Una ciudad con presupuestos adecuados vive la encrucijada de la desigualdad, la desarticulación, la militarización y los abusos de la burocracia. Colombia necesita una Procuraduría democrática que genuinamente represente los intereses públicos y los derechos. Esta entidad debe ser reformada radicalmente.

Se le ha visto con frecuencia en plan de suplir o corregir decisiones importantes del Ejecutivo y del Legislativo, así como de los magistrados y los jueces, con pronunciamientos contrarios o abiertamente desa�antes de la ley, la Constitución y la jurisprudencia, pronunciamientos que él disfraza con un discurso jurídico tan ampuloso como enclenque, pero fuertemente matizados por una ideología conservadora, religiosa y confesional. Su propósito ha sido el de uni�car y alinderar bajo su programa las decisiones fundamentales de las instituciones del Estado en todos sus niveles, echando mano del poder sancionatorio que en materia disciplinaria le con�ere la Constitución Política y que él usa de manera discrecional. Sus actuaciones aparecen formalmente legitimadas en tanto se originan en su condición de Jefe del Ministerio Público como órgano del control, lo que le permit e poner a buena parte de la institucionalidad estatal en estado de sitio. Hoy, la mayoría de los funci onarios públicos del país le teme al Procurador. Incluso el Presidente de la República. Tal situación ha dado lugar a una profunda crisis institucional en las altas esferas del Estado, particularmente en todo cuanto corresponde al sistema de participación democrática y la vigencia de los derechos y las garantías.

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Por: Eduardo Nieto.

La destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y la declaratoria de su inhabilidad para ocupar cargos públicos por quinces años, constituye la decisión de mayor impacto político tomada por el Procurador General de la Nación en su ya largo mandato al frente del Ministerio Público. Es una decisión intrépida y temeraria, que así como ha generado una crisis política de proporciones en el Distrito Capital, ha dado lugar igualmente a un gran debate alrededor del sistema político colombiano, sobre sus instituciones y las garantías de participación que la Constitución Política de Colombia consagra para los diferentes partidos y movimientos, especialmente para aquellos que proceden de procesos de paz negociados con antiguas organizaciones armadas.

El sancionado Alcalde de Bogotá es, precisamente, un gobernante de izquierda nacido del proceso de paz del M19 y el gobierno de Barco. Con una destacada trayectoria política como parlamentario y ex candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, su electorado está constituido en buena parte por sectores de clase media, sindicalistas y población marginal de los estratos uno y dos de la capital de la República. Tiene igualmente mucha acogida entre la comunidad LGTBI y las trabajadoras sexuales. Como parlamentario del PDA adelantó sonados debates y formuló denuncias contra la clase política y sectores empresariales vinculados a las mafias del narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción, incluyendo a copartidarios suyos como los hermanos Moreno Rojas. Evidencia suficiente de que, al dejar las armas, Petro se incorporó al sistema político establecido constitucionalmente, respetando sus instituciones y las reglas que lo regulan.

Su destitución y muerte política aparecen formalmente ligadas al hecho de haber cambiado la política pública de recolección de basuras que había regido en Bogotá por más de veinte años, al pretender recuperar para el Distrito Capital la prestación de ese servicio público bajo un esquema mixto de capital privado y recursos del Estado, luego de haber estado en manos de particulares. Una decisión cuyo tenor jurídico encaja en lo dispuesto por la Constitución y la ley, aparte de que es semejante a lo que actualmente rige en otras ciudades del país. Recuperar para el Estado, bajo la figura de capital mixto, empresas de servicios públicos que antaño fueron privatizadas hace parte además del ideario político de los movimientos y partidos de la centroizquierda. En buena medida, constituye su santo y seña.

El régimen político del Procurador

REGIMEN DEL PROCURADOR

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8REGIMEN DEL PROCURADOR

El ataque contra Petro viene precedido de un controvertido itinerario de actuaciones del Procurador sobre diferentes asuntos del acontecer nacional. El alcance y contenido de muchas de esas actuaciones hacen pensar que el Jefe del Ministerio Público pretende imponerle al país un régimen político acorde con su manera de pensar.

El Procurador ha dado muestras de ser un jurista formado en la más rancia tradición formalista y escolástica del derecho, tradición ésta superada hace rato por un pensamiento jurídico moderno de carácter garantista, realista y crítico, que permea el ordenamiento jurídico de los Estados modernos en casi todo el mundo. Su ideología política es abiertamente de derecha, y su moral responde a los cánones de la religión católica y lefevrista, que él asume en forma militante. Practica la intolerancia y la persecución contra el que piensa diferente a él. Ha convertido la Procuraduría General de la Nación en una fortaleza casi monolítica, y prevalido del poder que la Constitución le confiere como jefe del Ministerio Público, ha emprendido una cruzada por la restauración del orden moral y político de la república señorial de la Constitución Política de 1886. Su blanco fundamental de ataque es la Constitución del 91 en todo lo que ella consagra y representa en materia de libertades y derechos. Para él, el pecado original del nuevo Estatuto constitucional es haber consagrado la libertad de cultos, lo que diera lugar a la terminación del Concordato con la Santa Sede y el riesgo de que desataran prácticas seculares en la moral y la cultura de los colombianos.

Se le ha visto con frecuencia en plan de suplir o corregir decisiones importantes del Ejecutivo y del Legislativo, así como de los magistrados y los jueces, con pronunciamientos contrarios o abiertamente desafiantes de la ley, la Constitución y la jurisprudencia, pronunciamientos que él disfraza con un discurso jurídico tan ampuloso como enclenque, pero fuertemente matizados por una ideología conservadora, religiosa y confesional. Su propósito ha sido el de unificar y alinderar bajo su programa las decisiones fundamentales de las instituciones del Estado en todos sus niveles, echando mano del poder sancionatorio que en materia disciplinaria le confiere la Constitución Política y que él usa de manera discrecional. Sus actuaciones aparecen formalmente legitimadas en tanto se originan en su condición de Jefe del Ministerio Público como órgano del control, lo que le permite poner a buena parte de la institucionalidad estatal en estado de sitio. Hoy, la mayoría de los funcionarios públicos del país le teme al Procurador. Incluso el Presidente de la República. Tal situación ha dado lugar a una profunda crisis institucional en las altas esferas del Estado, particularmente en todo cuanto corresponde al sistema de participación democrática y la vigencia de los derechos y las garantías.

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El Procurador no tolera y ataca en forma vehemente los fallos de la Corte Constitucional que autorizan la práctica del aborto en determinadas circunstancias y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Basado en los preceptos morales de la religión católica sobre la concepción de la vida y la institución de la familia pretende impedir el ejercicio de libertades y derechos a las mujeres y a los homosexuales. Públicamente amenaza e intimida a jueces, notarios y funcionarios que controviertan o desacaten sus pronunciamientos. De igual manera ha enjuiciado y sancionado a destacadas figuras políticos de la oposición de izquierda, como la senadora Piedad Córdoba, a quien destituyó de su cargo e inhabilitó por doce años. Pretendió hacer lo mismo con el senador Jorge Robledo del PDA, y hoy tiene en la mira a Iván Cepeda, representante a la Cámara por ese mismo partido. Todo esto contrasta con la largueza e impunidad con la que ha resuelto la situación disciplinaria de un buen número de parlamentarios adeptos al ex presidente Uribe, condenados por paramilitarismo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Su posición frente al proceso de paz con las guerrillas le ha permitido ganarse el respaldo de los sectores políticos y sociales de la extrema derecha, para quienes se ha convertido en un puntal de apoyo institucional. Hoy aparece, junto con el ex presidente Uribe, como el más acérrimo contradictor del proceso de paz con las guerrillas. Pretextando que el modelo de justicia transicional con que se tramitaría la situación jurídica de los alzados en armas conllevaría impunidad, se atrevió incluso a denunciar al Gobierno ante la Corte Penal Internacional. El Fiscal General de la Nación se mofa de él calificándolo como un jurista del medioevo actuando en escenarios del siglo 21.

Algunos medios de comunicación y columnistas de prensa, alarmados por las decisiones del Procurador, lo presentan como un funcionario con un enorme poder jurídico y político que ha enloquecido y anda por el mundo sin control alguno. Le achacan la situación al Constituyente del 91, que omitió detalles al diseñar la institución. En realidad, lo del Procurador podría responder a algo más serio y profundo. El régimen político que ha pretendido imponer a los colombianos no hace sino revelar la presencia de un viejo conflicto no resuelto plenamente por la sociedad colombiana, entre un pasado premoderno que se resiste a desparecer y una modernidad débil e incompleta que no termina de llegar y afianzarse. Un conflicto que se nutre de factores estructurales que corresponden a un pasado histórico no liquidado, como la propiedad agraria latifundista, una tradición de violencia, exclusión y autoritarismo en lo político, unas costumbres sociales mediadas todavía por la superstición y los valores confesionales, así como la ausencia de condiciones materiales que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía entre amplios sectores de la sociedad. Paisaje de un atraso que pervive aún en el contexto de una sociedad que se ha hecho moderna desde el punto de vista económico y de sus procesos productivos, ligada cada vez más a los circuitos del capital internacional, la ciencia y la tecnología.La ley del desarrollo desigual y combinado que traza los perfiles de esta sociedad donde lo moderno se nos presenta entrelazado con el atraso por la incapacidad histórica de la burguesía para liquidar la herencia del pasado premoderno tanto en lo económico y lo social, como en lo político y cultural. Mientras esta contradicción no se resuelva en forma definitiva, cada cierto tiempo tendremos personajes como el actual Procu-rador General de la Nación dando coletazos cada vez que sien-tan amenazado los cimientos del antiguo orden moral y político.

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Y como quiera que ninguna de las fracciones de la burguesía se interesa en acometer esta tarea histórica, corresponderá hacerlo a los trabajadores en los marcos de una estrategia de transformaciones socialista de la sociedad.

El ataque del Procurador fue enfrentado por el Alcalde Petro a través de una oportuna y permanente movilización de la ciudadanía tanto en Bogotá como en otras partes del país, combinado ello con una habilidosa estrategia jurídica que busca la protección judicial de los derechos políticos ante los tribunales de justicia del país así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La estrategia ha dado como resultado positivo la neutralización transitoria del ataque. Sin embargo, Petro tendrá que enfrentar el referendo revocatorio de su mandato que la misma extrema derecha ha impulsado para sacarlo de la Alcaldía. Pero la mayoría de los analistas coincide en afirmar que este pulso político lo ganaría el Alcalde, por cuenta del capital político que logró amasar en este corto tiempo de enfrentamientos con el Procurador. Siendo esto positivo, no deja de ser lamentable que por cuenta del caudillismo que afecta el liderazgo del Alcalde, así como por el sectarismo de la izquierda, se haya perdido la oportunidad de que esta última resultara catapultada como actor político en esta coyuntura. Ni Petro ni el resto de la izquierda pudieron entender que la crisis de la alcaldía de Bogotá debía enfrentarse en forma conjunta y de manera unitaria. Porque el ataque del Procurador contra Petro es en realidad un ataque contra la izquierda democrática y sus posibilidades de gobernar. A pesar de sus déspotas maneras y gestos bonapartistas, Petro se ha fortalecido como figura política, pero la izquierda continúa siendo un actor débil e insignificante en el escenario de la coyuntura política. Victorias pírricas, que llaman.

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11LA PAZ SITIADA

La paz sitiadaPor: José Darío Castrillón Orozco.

“La paz no tiene paz, nació cansada,Creció enfermiza y navegó en la sombra,Dios que la quiso tanto no la nombraY en sus milagros la dejó olvidada.……………………………………………………….¿Qué ha sido nuestra paz?… ¡Puerto sitiado,Barandal de impresión, fragmento raro,Trapecio de crueldad, costa sin faroY efímero capricho desvirtuado!”“

Nuestra paz, la macondiana, tiene los tintes dolidos de los versos de Flórez: enfermiza, cansada, sitiada. Contra todos los augurios, el proceso electoral colombiano se yuxtapuso al proceso de paz, como en el último medio siglo la guerra se ha superpuesto a los procesos electorales. La diferencia está en que antes se jugaba a ignorar que se estaba en guerra, así los indicadores del horror desbordaran los titulares noticiosos, las campañas políticas eran negación de la guerra. Esta vez la paz en ciernes pone a todos a hablar de ello.

Por: Luis Flórez Berrio

Así, la campaña quedó dividida entre amigos y enemigos de la paz. Incluso, ha llevado a que promotores de todas las formas de guerra, legales e ilegales, como son las huestes uribistas, se camuflen como amigos de la paz, aclarando con letra menuda que la de ellos es la paz de los sepulcros.

Desde hace cuatro cuatrienios Colombia se ha acostumbrado a que la guerrilla de las FARC incidan en las elecciones: en las de alcaldes, gobernadores y cuerpos colegiados, lo hace matando candidatos; mientras que en las presidenciales han contribuido a elegir presidente. Sin los hombres de Marulanda no figurarían ni Pastrana hijo, ni Uribe en el libro de expresidentes. Aunque, es necesario aclarar, ellos nunca le han hecho campaña a candidato alguno. Ahora, el lenguaje de las FARC ha cambiado, ya no llaman a la abstención como lo hacía hasta hace un año, ahora instan a votar, algo que ni cuando la Unión Patriótica participaba en elecciones se daba. Se espera entonces que, en esta contienda de 2014, no carbonicen urnas, ni material electoral, tampoco funcionarios electorales, ni candidatos.

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12LA PAZ SITIADA

Pese a que no se vislumbra una tregua para las elecciones de este año, se espera que los atentados referidos al proceso electoral, por parte de la insurgencia tiendan a cero. Lo que no queda muy claro es si la extrema derecha, que aún no renuncia a todas las formas de lucha, también se abstenga de hacerlo. Que sus candidatos vayan de capa caída, y que su estandarte Uribe provoque el repudio por donde pasa, más allá de recibir la despedida de la vida pública que se merece, puede más bien llevarlos al desespero. Curiosamente, ellos que mostraron como un sinónimo de democracia, no el bienestar general, ni la justicia, ni la igualdad, sino la realización de elecciones, andan deslegitimando el sistema electoral, y preparando el terreno para desconocer un resultado que se avizora adverso para la extrema derecha.

Es decir, las amenazas al proceso electoral, así como al proceso de paz, se dan por parte de la extrema derecha, y este sector social, que ha logrado hacer a la guerra funcional a sus intereses, nunca se ha puesto a reparar en costos sociales o políticos a la hora de actuar. Incluso si necesitan sacrificar a sus hombres claves lo hacen sin titubear. Ya lo hicieron con Álvaro Gómez, con el general (R) Fernando Landazabal, y hasta pudieron estar tras el atentado a su ideólogo Fernando Londoño, por eso el anuncio del presidente Santos diciendo que un magnicidio podría acabar con el proceso de La Habana, no es sino un desafío a la derecha recalcitrante a que lo haga, como es su costumbre, con bandera ajena. O está preparando el terreno para que ese sector social colombiano se deshaga de algún personaje incómodo. Vaya un ciudadano pedestre a saber que esconde esa afirmación presidencial.

Pero esas afirmaciones invitando al magnicidio como precio para detener la paz, no es la única amenaza. La revelación de la revista Semana del centro espurio de inteligencia “Andrómeda”, destinado, entre otros a espiar a los negociadores de la mesa de La Habana, y a pasar esas informaciones a los enemigos de la paz, dice del grado de penetración de los ilegales de derecha en el aparataje estatal, al extremo de disputarle parte del control de las Fuerzas Armadas al presidente de la República, y el de sustraer la información reservada del Estado para obstaculizar los propósitos estatales, o para ser empleada en política menuda para conseguir votos. Eso reitera algo que ya se sabía: que son capaces de cualquier cosa. Pero también dice que están infiltrados en la entraña de Fuerza Pública, haciéndola con ello privada, y que tal infiltración es del más alto rango.

Manda un mensaje claro a la ciudadanía el señor presidente cuando cierra el centro de inteligencia al servicio de los enemigos de la paz, separa del cargo a dos generales desleales, pide investigaciones, y señala a la fuerzas oscuras detrás del espionaje político. Pero cuando, antes de pasar 24 horas de este anuncio, sale a decir lo contrario, y a balbucir una coartada militarista, da la impresión de un presidente rehén de militares retardatarios, o intimidado por estos. Algo pasó en ese lapso de tiempo, algo grave.

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13LA PAZ SITIADA

Peor cuando, tras el escándalo Andrómeda se vino una ola de amenazas de los neo paramilitares “Rastrojos” y “Águilas negras”, contra la izquierda, y contra partidarios de la paz. Lo que indica que las pretensiones criminales siguen al orden del día. Que la perdida de las próximas elecciones, más el desmantelamiento de su central de inteligencia, los tiene en el desespero. Queda esperar que el gobierno nacional cumpla su deber, tome el control de las Fuerzas Armadas, y depure a este organismo de malandros al servicio de la mano negra, y del corazón sangre.

Así como en el siglo XIX procesos electorales fraudulentos dieron origen a guerras como la de los mil días, es deseable que de las elecciones de este 2014 salga una solución a las guerras del siglo XX. Eso si el gobierno toma el control del ejército y si la ciudadanía se apropia de esta paz enfermiza, sitiada.

La paz sitiada

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14PROCESO DE PAZ

Proceso de Paz: avances, guerreros, salteadores y más avances.

El proceso de paz entre las Farc y el Gobierno nacional es lento pero progresivo. Los acuerdos logrados alrededor de los dos puntos iniciales de la agenda, el tema agrario y la participación política, abrieron el portón principal y han enviado señales de optimismo acerca de las posibilidades reales de un acuerdo definitivo entre las partes. Optimismo que se refleja en la amplia favorabilidad del proceso entre la opinión según lo revelado por las últimas encuestas. La legitimidad y resonancia del proceso de negociación ha convertido la paz en tema fundamental de debate en la actual coyuntura electoral para la elección de Congreso de la República, y seguramente será el eje principal de la contienda electoral presidencial de mayo próximo. El tema de la paz es hoy inevitablemente un debate público, y se convierte en parte aguas entre quienes quieren mantener la ya fracasada política de guerra a toda costa, como Uribe, y quienes le apuestan a una salida política a la guerra, promoviendo y apoyando el proceso.

A medida que el proceso avanza y se consolida, el uribismo pierde cada vez más terreno y credibilidad ante la opinión. Nadie que quiera hoy sintonizarse con la opinión puede darse el lujo de prescindir de la referencia a la paz. El mismo Uribe lo ha olfateado y anda a la defensiva. Tramposo como es su talante político, ahora quiere engatusar a la opinión con un discurso retorcido pero perverso en el que aparentemente se muestra partidario de la paz pero exactamente en los mismo términos en que declara su imposibilidad, esto es, a favor de la guerra. Su imagen pública sobre el tema es cada vez más parecida a la de la señora regañada, que a la del autoritario carismático que fue. Ahora se declara por la paz y al mismo tiempo aparece como un cruzado contra la impunidad y contra otros “males” que en sus ocho años de guerra no pudo vencer.

Por: Jaime Rafael Nieto.

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15PROCESO DE PAZ

Mientras tanto, fiel a su estrategia politiquera y guerrerista consistente en desprestigiar a todo trance el proceso de paz para legitimar su fracasada guerra, no deja de menoscabar o de auspiciar criminales ataques contra el proceso, tal como lo revelan, por ejemplo, sus anuncios anticipados de conversaciones secretas en la Habana entre las Farc y Enrique Santos, el anuncio de las coordenadas donde debían embarcarse Pablo Catatumbo con destino a la Habana para fortalecer el equipo negociador del grupo armado, o la revelación pública de la foto “festiva” del equipo negociador de ese grupo armado en un yate en Cuba, o la explotación mediática, en complicidad con el Ministro de defensa, de una trasnochada directriz del grupo armado de atentar contra Uribe. El más reciente y peligroso de estos ataques se registró a comienzos de febrero con las “chuzadas” efectuadas por inteligencia militar contra miembros del equipo negociador del gobierno a través de la llamada “operación Andrómeda”, que aunque no compromete directamente al expresidente, está inscrita en la misma dirección y propósitos de socavar el proceso de paz. En tiempos de Belisario Betancurt y Otto Morales Benítez todavía era incierto reconocer a los “enemigos soterrados de la paz”, hoy ya no lo es. El único enemigo de la paz en Colombia es la extrema derecha de la cual el expresidente Uribe es su más prístino representante político. Esa es la médula real de su falaz Centro Democrático.

Pese a los escollos, lo cierto es que el proceso avanza. Ahora los negociadores de las Farc y del Gobierno se abocan a abordar al tercer punto de la agenda: drogas ilícitas. Aunque, como hemos dicho, los dos puntos acordados de la agenda son centrales en el proceso de negociaciones, el del narcotráfico y las drogas ilícitas no deja de ser crucial. Además de crucial, se trata de un tema complejo, que va mucho más allá de su dimensión internacional (ya de por sí complejo) y de una política de regulación o de control del consumo de drogas internamente. El punto tres del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de un paz estable y duradera”, establece entre sus temas: programas de sustitución de cultivos ilícitos, planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades, programas de prevención de la producción, del consumo y de salud pública. El punto tal como está planteado es bastante restringido y requiere que se le examine de una manera más amplia. Es bueno recordar que si el conflicto armado interno escaló y se expandió territorialmente con sus secuelas de víctimas sobre la población civil, hasta alcanzar dimensiones nunca antes vistas desde que estalló a comienzos de los años sesenta del siglo pasado, se debió al narcotráfico. De hecho el narcotráfico se convirtió en el combustible principal de la guerra en Colombia, especialmente a partir de los años ochenta. Desde estos tiempos la relación perversa entre guerra y narcotráfico se ha hecho cada vez más estrecha e inescindible.

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16PROCESO DE PAZ

Las máquinas de guerra de los actores armados sólo pudieron desplegarse y sostenerse en el tiempo gracias al inmenso caudal de recursos económicos capturados por las mismas, el cual posibilitó en el caso de las guerrillas incrementar su capacidad logística en número de combatientes y dotación moderna de armas, expandirse territorialmente e incrementar su ofensiva militar. Otro tanto puede decirse en el caso de los paramilitares que les posibilitó fortalecerse militarmente y expandir su exitoso modelo contrainsurgente de Urabá hacia otros territorios de la geografía nacional, implantando sólidos poderes locales de carácter mafioso en alianza con élites de poder económico y político regional y con sectores de las fuerzas armadas. La repotenciación del poder de combate de los actores armados irregulares tuvo como correlato igualmente la repotenciación del poder logístico y financiero de las FFAA a través del Plan Colombia, que conjugaba la estrategia antinarcóticos con la estrategia contrainsurgente.

Máquinas de guerra que actuaban y todavía actúan como fuerzas de ocupación sobre el territorio, ejerciendo poderes de facto y control absoluto sobre la vida y las libertades de la población, a las que sometieron al despojo, la criminalización y la extorsión, según sus estrategias de guerra y su codicia. Tal poder paramilitar y mafioso en las regiones impactó profundamente el ejercicio de la política, las relaciones de poder y la cultura en vastos territorios de la geografía nacional, para no hablar de las instancias de representación política de la nación y de sectores estratégicos de la economía nacional y de las propias FFAA. Con la implantación de tales poderes locales, no sólo se efectuó una verdadera contrarreforma agraria a través de la vasta operación de despojo y coacción contra pequeños y medianos campesinos, sino además un trastocamiento radical de la vida social y política a favor del control y el poder de las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo en alianza con las viejas estructuras de poder hacendatario y clientelista de los partidos tradicionales. La violencia, el soborno, la extorsión, la intimidación, el atajo, el imperio de la ilegalidad y nuevas formas de clientelismo armado, se convirtieron en los mecanismos expeditos para instituir el “nuevo orden territorial” y definir la trama de las relaciones interpersonales y sociales.

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17PROCESO DE PAZ

Sobre estas dimensiones del fenómeno del narcotráfico,

especialmente de su relación con el conflicto armado y sus

actores, la agenda de negociación no dice nada. El problema serio

es que si la mesa de la Habana no las aborda, probablemente

podría estar cavando por anticipado la fosa del post-conflicto. Sin

la destrucción de tales poderes locales de carácter mafioso, fuente

nutricia de la actual fase del paramilitarismo, difícilmente el

proceso de paz podrá culminar exitosamente. Qué estrategias

encaminadas a la destrucción de estos poderes locales mafiosos

y a la desarticulación de sus aparatos armados, son temas

ineludibles que la agenda de negociaciones tendrá que abocar.

Ahora que el Presidente Santos se apresta a la campaña

reeleccionista tomando las banderas de la paz, valdría la pena

saber hasta qué punto está dispuesto a encarar los desafíos de los

poderes armados de la extrema derecha uribista o si prefiere

pasar de agáchate como hasta ahora lo ha hecho frente a sus

ataques aleves contra el proceso de paz.

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18DE LAS MOVILIZACIONES

De las movilizaciones sociales a las elecciones al Congreso y PresidentePor: Camilo César Ruiz Alonso

Las elecciones al Congreso y a la Presidencia es uno de los ejes que está cruzando el escenario y la coyuntura nacional. Las diferentes expresiones políticas y sociales se jugarán sus intereses para consolidar su poder o la cuota de poder que tienen, pero también la de aquellos que están en grupos marginales o minoritarios. ¿Qué fracciones de clase serán las que se consolidarán en el bloque hegemónico? ¿Cuáles serán las posibilidades de las opciones del centro reformista y las de la izquierda para redefinir el rumbo histórico del país?

La crisis del bloque hegemónico

Después de los dos periodos de gobierno de Uribe Vélez, donde el consenso de las diferentes fracciones de clase capitalista fue el soporte del régimen, hoy asistimos a una erosión de las élites gobernantes. En el escenario se configuran dos fracciones en el poder:

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por el Presidente Santos, quien es heredero de la dinastía dueña del periódico EL TIEMPO. El proyecto político que hoy representa este sector se encuentra agrupado en la Unidad Nacional (Partido de la U, Cambio Radical, Partido Conservador), defiende la globalización neoliberal, el statu quo y la explotación a gran escala de la minería por las trasnacionales, como uno de los ejes del programa de gobierno.

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que desde los intereses patrimonialistas, mafiosos y paramilitares son la representación del guerrerismo y el autoritarismo neoconservador; articulados a la industria de la palma, el biodiesel, los ganaderos y los terratenientes.

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Las opciones del centro y la

izquierda

Ante el panorama anterior de las derechas, se está configurando un espectro político y social que intenta aparecer como opción alternativa y de gobernabilidad, con tres expresiones:�/D�$OLDQ]D�YHUGH�SURJUHVLVWD��H[SUHVLyQ�GH�XQD�FRUULHQWH�

de opinión liberal, del discurso de la ciudadanía y repre-sentativa de sectores de la clase media urbana. Es un proyecto político encabezado por dos personajes Peñalo-za y Petro, con tradiciones ideológicas diferentes (neoli-beralismo y nacionalismo armado respectivamente) e igualmente con los apoyos sociales en tanto el primero lo recibe de estratos medios y altos, el segundo de sectores más populares, trabajadores y sindicalistas.

�(O�32/2��XQD�H[SUHVLyQ�SROtWLFD�HQ�OD�FRQIOX\HQ�VHFWRUHV�

ligados a la socialdemocracia, al estalinismo maoísta, demócratas liberales, militantes de izquierda, y cuya base social está ligada a sectores urbanos, trabajadores y cam-pesinos. Es el proyecto de sobrevivencia del antiguo MOIR, hoy en condición de fuerza mayoritaria, después de la expulsión del Partido Comunista y del retiro de otros sectores minoritarios, en el contexto de la crisis antes de su Tercer Congreso.

�/D�8QLyQ�3DWULyWLFD��TXH�UHDSDUHFH�HQ�HO�SDQRUDPD�SROtWL-co después del genocidio paramilitar y ultraderechista. El reconocimiento reciente del Consejo Electoral, de la personería jurídica, es el producto de una acción legal nacional e internacional. Era la expresión política del Par-tido Comunista y de las FARC (esto en el contexto de los Acuerdos del Caguan durante el gobierno de Andrés Pas-trana).

En esta franja de opinión política, de centro y la izquierda, existen otros agrupamientos minoritarios como la ASI y País Común, que dependen de las dinámicas y alianzas con los partidos de mayor presencia nacional.

La proyección política de la

protesta y la movilización social

Desde el 2011 asistimos al resurgimiento de la movilización y la protesta social por diferentes sectores agrarios y urbanos, enfrentando las políticas neoliberales de los dos últimos gobiernos. Ésta tendencia social contestataria y activa contra el régimen, es potencialmente favorable para que una opción de izquierda se configure como la más legiti-ma representación parlamentaria y de gobernabilidad, ante los fracasos de las políticas del actual gobierno y del Congreso que mayoritariamente le sirve de apoyo político al Presidente.

La anterior proyección de la movilización social, no es auto-mática ni lineal, pues requiere de la toma de decisiones, con relación a sus apuestas políticas tanto de sus líderes como de las bases sociales. En este contexto, las nuevas organi-zaciones políticas como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, y los movimientos sociales como la Mesa Intersec-torial Agraria, la Mane, el Movimiento por la defensa de la salud pública, entre otros, son los canales para que la protesta social contra el gobierno se transforme en una apuesta estratégica de poder alterno.

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Las experiencias políticas de los movimientos sociales en América Latina, que hoy son las nuevas representaciones políticas y de gobierno en diferentes países, han hecho retroceder las hegemonías tradicionales neoliberales de las últimas décadas, y son un ejemplo a seguir en nuestro país, por su organización e ideario. Todo esto ha reconfigurado el mapa político de las izquierdas de masas y las legales, después de la crisis y fracasos de los movimientos armados.

El voto en blanco

El acontecimiento político más significativo de la actual coyuntura electoral en Colombia, es el repunte del voto en blanco como expresión democrática que ha pasado de ser una expresión insignificante a ser actualmente un hecho que refleja la inconformidad y el desencanto de quienes no se sienten representados dentro de los partidos políticos. Según encuestas y publicaciones recientes, el voto en blanco supera a la intención de voto favorable por el candidato-presidente Santos.

Esta tendencia espontánea, debe ser un reto para la izquierda, en tanto coincidimos que las políticas del gobierno han afectado drásticamente a la población pobre y mayoritaria de la nación. Paradójicamente esta tendencia no coincide con las apuestas de la izquierda: la idea no es apostarle, ni promover el voto en blanco; el camino es buscar una opción de gobierno y congreso nacional alternativo, antineoliberal y socialista, que enfrente política y socialmente a quienes han ejercido el poder históricamente en Colombia como defensores del sistema capitalista y excluyente. Aquí la credibilidad y legitimidad de la izquierda está en juego.

No se trata de hacer una campaña en contra de esa opción ciudadana, legitima y constitucional, sino de dialogar, concertar y abrir alternativas que superen la incredulidad hacia la izquierda. En tal sentido es necesario polemizar con la apuesta del voto en blanco ya que sus impulsores tienen unos supuestos: ellos van a derrotar a los elites políticas tradicionales, lo que no es automático, porque solo es posible esto cuando hayan partidos de izquierda fuertes social y políticamente; de otra parte es infantilismo de izquierda, porque aún no se han cerrado las instituciones de la democracia representativa y hay algunas posibilidades de la izquierda para tener vocería política; y tampoco es lineal y derivada de una mayoría simple del voto en blanco, que sea convocada una Asamblea Constituyente, ya que la legislación actual no lo tiene contemplada, sino es la realización de nuevas elecciones con los partidos que pasen el umbral.

Oportunidad de la izquierda

Ante la división política del poder hegemónico, la tendencia ascendente de la protesta social y los impactos negativos de las locomotoras en la gran mayoría de los sectores sociales de la nación, es imprescindible la unidad de la izquierda en un Frente Social y político por la paz y la justicia social que integre y ponga a dialogar diferentes expresiones como: Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Mane, MIA, Minga Indígena, CUT, Dignidades agrarias, Movimientos ambientalistas, Alianza Nacional por un nuevo modelo de salud, Movimientos Afro, raizales y pueblo Room, LGBTI, campesinos pobres, y los diferentes partidos o movimientos políticos de izquierda.

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Solo con la unidad de izquierda, conquistaremos

la paz con justicia social, la defensa de la

soberanía alimentaria, nacional, el empleo digno,

la restitución de tierras y la reforma agraria, la

vivienda digna. Es decir, realizar un programa de transición de reivindicaciones democráticas y socialistas que redefina el rumbo neoliberal y capitalista del país en beneficio de los trabajadores y los pobres de las ciudades y el campo, las mujeres, las minorías de raza y sexo, las regiones periféricas, y en defensa de los territorios y los ecosistemas.

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23TODOS SOMOS TRABAJADORES

¿Por qué la alianza con Iván Cepeda y cuál es el

contenido del acuerdo programático para el Senado?

La alianza con Iván Cepeda expresa varias cosas: a nivel histórico, conecta la demanda legítima de vastos sectores de víctimas del conflicto armado, más específicamente del terrorismo de Estado, por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, además de la recuperación de las tierras arrebatadas a los campesinos en el marco de una contrarreforma agraria impuesta por el Estados, los grupos paramilitares y narcotraficantes durante más de medio siglo; en ese sentido, e históricamente considerada, la alianza es la expresión de la continuidad entre la lucha por la reconstrucción de la memoria, la verdad y los derechos del tiempo pasado, con la movilización reivindicativa de los derechos de los trabajadores y el conjunto del movimiento popular colombiano. A nivel ético, representa el compromiso que los trabajadores y los movimientos sociales tenemos con la paz como entendida como plena garantía de derechos, en función de la cual resulta perentoria la consecución y llegada a buen puerto de los diálogos de paz de la Habana entre el gobierno y las FARC, así como la exigencia de diálogos similares con el ELN y, a nivel más general, el desescalamiento del conflicto armado, que no así del conflicto político (pues este se haya jalonado por las contradicciones generadas por el modelo económico capitalista y, por lo tanto, trasciende la negociación de la Habana, al tiempo que la involucra); por último, a nivel estratégico y

programático, expresa una apuesta decidida por la unidad de las organizaciones sociales y políticas de izquierda en el país, como condición necesaria y urgente para avanzar en la conquista de un orden social alternativo y comprometido con los derechos de los trabajadores y del pueblo colombiano en general

¿Cuál sería el papel del Congreso que salga electo en el

proceso de paz?

Es un papel trascendental, porque el próximo congreso será el que allane las condiciones legislativas que harán viable o imposible la consecución de una paz estable y duradera. Entre otras cosas, al próximo congreso le compete legislar sobre temas tan sensibles como: la reforma agraria, de educación y salud, los TLC en trámite con Corea del Sur y Japón, además de los ya aprobados (y enormemente lesivos) con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros; la reforma del código minero, la política y, posiblemente, una (¡una más!) tributaria, pero que sea progresiva y equitativa, en fin: el próximo congreso será el que, o bien le dé un marco de garantías a la paz, o bien nos condene a un estado permanente de guerra, de ahí su relevancia, así como la necesidad para las fuerzas de izquierda y opositoras, de llegar a él fortalecidas.

!

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26TODOS SOMOS TRABAJADORES

¿Qué balance hace de tu campaña desarrollada hasta la fecha?

El balance es más que satisfactorio, es sumamente regocijante, al punto que consideramos que, dado el apoyo, la alegría y entusiasmo que hemos recibido de la gente en este pequeño lapso de tiempo, ya hemos ganado, porque hemos logrado establecer fuertes vínculos de afecto dentro del movimiento obrero y social, y eso es ya para nosotros una espléndida victoria

¿Cuáles consideras serían las posibilidades, expectativas y resultados

de la izquierda en las elecciones al Congreso y las de presidente?

Es difícil predecir e incluso proyectar los resultados de las elecciones que se avecinan, pero esperamos que la izquierda salga fortalecida de ellas, porque la agenda legislativa del próximo periodo es demasiado trascendental para el curso de desarrollo de la economía, la política, la vida y la cultura del pueblo colombiano, y por eso resulta vital que la izquierda tenga una muy buena representación en el parlamento, que pueda funcionar como altoparlantes del movimiento social de masas, que es en definitiva como concebimos que debe actuar una auténtica representación parlamentaria.

EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por Ramiro Gálvez Aldana.

El cambio climático extremo que agobia al mundo es resultado exclusivo del paradigma productivista agenciado por el capitalismo desde la época de la revolución industrial. Incapaz de replantear su lógica fundamental de acumulación, se ha lanzado, desde sus inicios, en una carrera tecnológica desenfrenada y peligrosa, amenazando a la humanidad con una catástrofe social y ambiental sin precedentes, e irreversible.

Poseído por una insaciable sed de ganancias y de sobreexplotación a corto plazo y, espoleado por la competencia, ha arraigado su crecimiento no sólo en la explotación de la fuerza de trabajo, sino también en la expoliación de los recursos naturales, especialmente las reservas finitas y no renovables de combustibles fósiles de bajo precio.

La búsqueda de la estabilización del clima a un estado compatible con la preservación de la especie humana, según recomendación de los estudiosos del problema, requiere sin duda una disminución drástica del consumo de energía, y en consecuencia de la producción material. Ello exige poner en acción un plan de transición mundial hacia un sistema energético ahorrativo y eficiente, independientemente de los costos, basado exclusivamente en fuentes renovables con capacidad de satisfacer las necesidades fundamentales de la humanidad.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático de la ONU (GIEC), el logro de dicha estabilización requiere que las emisiones de gases con efecto invernadero disminuyan de 50 a 85% de aquí al año 2050, en relación con el 2000. En nombre del principio de precaución, se impone adoptar al menos los más drásticos de estos objetivos. A estas medidas deben agregarse otras de tipo social, político y técnico.

La causa de este sombrío panorama ha sido una sola: el uso incontrolado de petróleo, gas y carbón. Las tragedias que nos asedian se reflejarán muy pronto, según analistas autorizados, en calamidades por enfermedades relacionadas con la contaminación y por vivir en infraestructuras continuamente vulnerables y tardíamente adaptadas a nuevas inundaciones o sequías prolongadas, a lo cual habría que sumar la pérdida de un tercio de la población de animales y de más de la mitad de las plantas en la tierra.

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A7Como afirman los analistas críticos del cambio climático, “las causas del calentamiento están plenamente documentadas, el peligro es conocido y se reconoce por todos los gobiernos; las soluciones técnicas existen y la gravedad de la situación aumenta con cada nuevo informe. Los expertos consensuan que el alza de la temperatura media podría superar 6 grados de aquí a 2100, en relación con el siglo 18. Y solo con un alza de + 3, 25 grados C (en relación con el periodo pre industrial), situada más o menos al medio de las proyecciones del GIEC, las inundaciones costeras, provocarían entre 100 y 150 millones de víctimas de ahora a 2050, las hambrunas hasta 600 millones y la malaria 300 millones, mientras que la escasez de agua podría afectar hasta a 3,5 miles de millones de personas suplementarias”1

El capital se muestra incapaz de resolver el problema central, pues por su propia naturaleza, se encuentra impedido de reducir la producción material global. “Combinar el legítimo derecho al desarrollo humano y la puesta en marcha de un programa de transición mundial planificado, democrático y racional hacia un sistema energético ahorrativo y eficiente, basado exclusivamente en fuentes renovables, independientemente de los costos, sólo es posible si se recurre a medidas anticapitalistas”2.

“Estas medidas incluyen la expropiación de los sectores de la energía y las finanzas; la reducción masiva del tiempo de trabajo (hacia la media jornada) con reducción de sus ritmos, sin pérdida de salario y con contratación compensatoria de más trabajadores; tributación creciente sobre las ganancias; la más amplia reubicación posible de la producción, especialmente agrícola, mediante un apoyo a la agricultura campesina; iniciativas públicas en el terreno de la vivienda y del transporte, indispensables para cambiar los patrones de consumo; la constitución de un fondo mundial de adaptación financiado con los beneficios de los monopolios; financiamiento público de la investigación, eliminando su subordinación a la industria y la transferencia gratuita de tecnologías limpias hacia los países del Sur; así como la conformación de dispositivos de participación democrática y de control por parte de las poblaciones y comunidades locales”3.

También implica tomar en cuenta las responsabilidades históricas diferenciadas de los países según su naturaleza, el GIEC estima que los países desarrollados deben reducir sus emisiones de 25 a 40% de aquí al 2020 y de 80 a 95% de aquí al 2050, tomando como referencia base las emisiones de 1990, en tanto que la curva de emisiones de los países pobres debe bajar de 15 a 30% en relación con las proyecciones, en todas las regiones en 2050 y en la mayoría de las regiones (salvo África) desde el 2020.

1Cuarta Internacional. Resolución XVI Congreso mundial: el cambio climàticocapitalista y nuestras tareas. Febrero 20/ 20102Ibid3Ibid

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A7Los problemas asociados al cambio climático resaltan a la vez la urgencia de una alternativa socialista mundial y de una ruptura radical del proyecto socialista con el productivismo. La saturación del ciclo del carbón y el agotamiento de los recursos no renovables significan en efecto que, a diferencia del pasado, la emancipación de los trabajadores ya no es concebible sin tomar en consideración las principales contingencias naturales.“Herencia envenenada de 200 años de desarrollo capitalista basado en los combustibles fósiles, el cambio climático concentra la crisis de civilización debida al hecho de que el potencial de destrucción social y ecológica de este sistema está por encima de su capacidad de identificar las necesidades humanas y de atenderlas. La combinación de crisis económicas, climática y alimentaria en el marco de la ley de población capitalista lleva en sí la amenaza de una catástrofe humanitaria mayor, incluso de una caída en la barbarie”4.

Las “soluciones” ofrecidas por el capital a través de la historia a la catástrofe que se avecina ha sido siempre la misma: una “fuga hacia adelante”, amenazando con agravar cada vez más la crisis medioambiental. En tal sentido, no obstante las declaraciones de gobiernos de países desarrollados, como el de EEUU, en favor de un compromiso con la disminución de gases de efecto invernadero, asistimos a una verdadera profusión mundial de proyectos para intensificar la producción de combustibles fósiles por medio de las llamadas “tecnologías no convencionales”, verdadero eufemismo para ocultar la mayor escala de depredación y contaminación aso-ciada a estos procedimientos. Con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, en cuestión de una década, los EEUU han logrado el autoabastecimiento en materia de combustibles fósiles.

De otra parte, el salto a la producción de energía nuclear a finales de los años 40, trajo aparejado el gravísimo problema del manejo de sus desechos y los riesgos de un apocalipsis nuclear nos son recordados por los accidentes simbolizados en las catástrofes en las centrales nucleares de “Three Miles Island” en USA, “Chernovil” en Ucrania y más recientemente por “Fukushima” en Japón.

Un proyecto de resolución sobre el asunto, titulado “El futuro que queremos” fue redactado por la cumbre Rio+20 de Naciones Unidas. El texto consagra la idea de relanzar el crecimiento y de satisfacer las necesidades sociales salvando, al mismo tiempo, la biodiversidad, los océanos, los bosques, los suelos y el clima de la Tierra. 4Cuarta Internacional. Resolución XVI Congreso mundial:

el cambio climático capitalista y nuestras tareas. Febrero 20/ 2010

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sobre el río

30EL CAMBIO CLIMÁTICO

A7Sin embargo como afirman los ambientalistas críticos, el pronunciamiento no es más que un engaño. Leyendo atentamente el pronunciamiento, nos enteramos que se trata en realidad de un ambicioso proyecto que intenta privatizar todavía más sistemáticamente los recursos naturales a fin de que todos los “servicios de la naturaleza”, sin excepción, sean transformados en mercancías. Como dicen claramente quienes cuestionan esta declaración, “la preocupación por los límites ecológicos del desarrollo es barrida bajo la alfombra”5.

El compromiso indisoluble de los gobiernos de las principales potencias y de algunos países “emergentes” con los intereses económicos del capital trasnacional, permite entender el fracaso de las cumbres convocadas supuestamente para conjurar la amenaza del “cambio climático” extremo. Permite comprender, a su vez, tanto el lánguido resultado derivado del acuerdo de Kioto, no obstante sus limitados objetivos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como el estruendoso fracaso de las recientes cumbres de Copenhague, Cancún, Doha y Rìo+20. La única manera de evitar el despeñadero hacia la hecatombe global radica en la adopción de medidas anticapitalistas que despojen del dominio del poder al gran capital.

5 Tanuro, Daniel. La crisis ecológica capitalista. Sin Permiso. 2013. página 4.

sobre el río

CORRIENTES Y CONTRACORRIENTES

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Por Julián Granda

El río engendra. En el más hermoso sentido de la palabra podría definirse así. El río concibe, crea posibilidades y alimenta esperanzas. Cualquier imagen vista por el ser está tañida por el río; y esa composición tan enredada y estruendosa, fecundó cadalsos y permitió virtudes. El río deberíamos mirarlo con más atención. Porque los andinos, occidentalizados, perdidos en la bruma de los vencedores, nos ha costado trabajo volver a nadar de nuevo allí.

Olvidamos que del rió han tomado el agua para lavar el niño recién nacido; incluso han tomado el agua los muchachos para juguetear con el entorno, pretendiendo tirarla de bruces sobre el pasto, el padre o, quizá, aunque realmente sucede con mucha frecuencia, la muchacha de calzones cortos y blusa ceñida al pecho. Esa jovialidad del río engendra juego, ilusión, comunidad y uno que otro poema de amor.

En él incluso está contenida y expresada la posibilidad de la revolución, la opresión y la derrota; se pueden dar en él y a través de él, en mismo espacio tiempo. Bolívar, uno de esos grandes deslucidos históricos producidos por América, la Nuestra, desaforado e incólume, fue uno de los que sintió la importancia del Magdalena, porque lo vivió, lo sufrió, lo gozó. A través de él conquistó el interior, a través de él sufrió la amarga derrota, que siempre llega días previos de la muerte. No antes.

Además de engendrar otro adjetivo para el río, también, es aquel que tiene su relación con la reproducción. Expresada a través de esa capacidad de continuar persistiendo y resistiendo a pesar de… Pero el uno conduce al otro. Para que haya el segundo, necesariamente tuvo que haber corrido agua por el río. Y esta reproduce no solamente la especie humana y natural, sino también la poesía, e incluso las más hermosas creaciones del ser viviente: la música y la pintura. Agua y río, reproducción y engendramiento, formas catalizadoras. Tanto así que el Guadalquivir fue importante para Cervantes; el Apaporis para Wave Davis y las comunidades indígenas del suroccidente, y el Danubio, bueno, creo que también lo fue para los europeos del centro.

Los negros cimarrones del norte de Colombia y los del Atrato o el San Juan tienen grandes historias que contar sobre él. Los imagino describiendo escenarios trágicos, atroces, románticos, amorosos, pasionales, fatigantes. Arnoldo Palacios nos intentó mostrar la relación hombre-río; su novela, empero, no fue brillante porque quiso sobreponer el humano sobre el río; y es imposible hacerlo. Más aún en Chocó, donde la música y el ritmo dependen del caudal-contracorriente que los lleve a la salvación.

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DIALÉCTICA DE LA DEMOCRACIA36

sobre el río


A8Sin embargo él junto con Roberto Burgos Cantor, nos contaron, en diferentes épocas, la importancia histórica del río. El primero nos mostró en sus “Estrellas Negras” la redención, en el Atrato el personaje puede resarcir el desasosiego para volver a empezar; el otro en “La Ceiba de la Memoria” el camino hacia la opresión. A través de él, fueron arrebatados aquellos dioses inmateriales del paraíso africano. Por el Níger les fue arrebatada la posibilidad. Llegaron los europeos ambiciosos, se aliaron con los codiciosos, y permitieron la expoliación. Pero al salir ellos de allí, el río siguió, aunque con dejos de melancolía, porque se iba parte de su vida.

El río al nacer brota de las entrañas del inframundo. Gota a gota va recreando su cauce hasta terminar en la desembocadura, de onerosos olores y pescadores expectantes. Ojala hallan visto el acontecimiento. Porque al llegar al mar es temeroso; siente que será parte de un todo, salado e inverosímil. Al río le gusta su individualidad con el medio que lo rodea. No su unión con un todo que permitió guerras y muertes negligentes.

Sí, mientras el río es amistoso, el mar es parco y vanidoso. En las Bocas de Ceniza cuando el Magdalena se encuentra con el Caribe, baila tímidamente, aunque mirándolo desde el frente. Le presenta sus nalgas apretadas y socarronas, esperando verlo mover. No obstante aquel ni se inmuta, y al ver la impertinencia le imprime desazón. Lo apabulla con una ola gigante que yuxtapone el sabor. El agua del río se toma, sobre todo el de la quebrada, el del mar, se repele. Queda en el cabello, ensortijándolo más.

Cuando nosotros descubrimos los entresijos del hoyuelo por donde emergía el agua, corrimos a instalar eficaces instrumentos para proveernos de agua y así continuar reproduciéndonos. Sembramos en la comisura un estanque. Luego, por ejemplo enclavamos dos mangueras y así llevamos la posibilidad de hacer. No solamente maíz sino también arroz. Cuando el agua cayó en el estomagó, como bocado para el hambriento, exhalamos un suspiro, desafortunadamente malqueriente; la necesidad de continuar trayéndole hacía la casa, nos prodigó la ambición.

De lo anterior sobresalen dos elementos. El primero: río engendró imaginación. Bajo esta lógica aceptamos la importancia para Cervantes; y también para Julio Cortázar. Este último nunca hubiese escrito Rayuela sin verse frente a frente con el Río de la Plata o el Sena de París. En las últimas fotografías de él en la Buenos Aires de 1983 se le ve pescando, ya en un caudal intervenido, con cierta nostalgia irreverente. El segundo elemento subyacente es la Ambición. Aunque esta no debe partir del nacimiento, porque es diáfano e impoluto, más bien proviene de la desembocadura. Los indígenas Kankuamos en el norte de Colombia, consideran que su Teyuna surgió justo cuando el Buriticá comenzó a bajar. Y es sabido que los españoles llegaron por las Antillas, atravesando el mar.

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A8Exactamente a través del río se reproduce también la mezquindad, el genocidio y la incapacidad de comprender al otro. Sí, Colón se admiró de las quebradas de Cuba, pero sus queridos rastacueros a través de él descubrieron el exotismo y la impiedad. Al llegar a tierra firme, venían extasiados de maldad, y el bacanal fue terrible.

Aun así el encanto es perenne. Porque con él vemos renacer la esperanza en medio de tanta desazón. Selnich Vivas Hurtado nos ha contado de la poesía indígena. En medio de la narración ha sobresalido el río y la importancia para los minika. Ese río, tan de ellos y tan de nadie, tan huidizo y edulcorante, se nos ha mostrado como serpiente; como fundadora del humano, como diosa encantada que determina nuestro andar; pero así como prodigó el inició, en el porvenir nos prodigará la continuidad. A pesar de tanto estorbo químico y sustancias obsoletas, programas para dañarse con velocidad, a través del río y nuestra conexión con él, de este mundo turbio encontraremos la tranquilidad. Y la fundaremos llamándola Utopía, Teyuna o de múltiples formas. Aunque esté contracorriente.

Necesitamos esta simbología. Se ha venido considerando en el último tiempo el problema ambiental. Y es importante tratarlo como se merece. Los documentos leídos o vistos han hecho hincapié en buena hora de la situación. Tanto así que la producción de películas, libros, poemas, marchas, arengas y una cantidad impresionante de cristalizaciones humanas son evidencias tangibles de la situación favorable para la cuestión. Sin embargo ha faltado, en algunas de esas producciones, ese aspecto capaz de vivificar, capaz de soportar el devenir.

Y esto podemos volverlo a considerarlo revitalizando el nacimiento el río. Viéndolo como ese conjunto de elementos que permitirán configurar, desde el discurso y la práctica, relaciones y sociabilidades alternas. Espacios de esperanza desde donde miremos el cielo, sin perder de vista el bosque frondoso; desde donde nos extasiemos por el cauce, nos amistemos por el correr y nos prevengamos con la crítica constante, porque también lo podemos entorpecer.

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LA RELAIDAD SOBRE EL ACUERDO

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El presidente de Colombia Juan Manuel Santos anuncia con orgullo, a finales del 2013, el “acuerdo” al que empresarios y trabajadores habían llegado para establecer el salario mínimo del año 2014, que supuestamente se incrementa un 4,5% con respecto al año anterior. En realidad el porcentaje sería menor, puesto que, al redondear la cifra se pasa de un incremento de 25.527 pesos a 25.500 pesos, es decir, el salario mínimo alcanzara la cifra de 616.000 lo cual demuestra que los trabajadores ni redondeando la cifra salen favorecidos, muchos dirán que son solo 50 o 100 pesos, pero si contamos los millones de trabajadores asalariados en el país, es un enorme ahorro para los empresarios.

Ahora bien, ¿Por qué el Presidente Santos estaba tan contento? En primer lugar porque pudo defender los intereses de los empresarios mostrando al gobierno como un ente neutral que concilia con las clases opuestas, puesto que bien lo planteó el secretario de la CGT en entrevista concedida al El Tiempo el 26 de diciembre de 2013 : “A lo mejor si el nuevo salario mínimo se hubiera fijado por decreto el alza habría sido de 3,8 % y no de 4,5%.” Lo que en otras palabras revela que es consciente que el gobierno jala para los interés de los dueños del poder económico. Y en segundo lugar, esta contento porque muestra a la comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, como un escenario útil y viable, donde los empresarios, trabajadores y gobierno pueden discutir y llegar acuerdos mutuamente beneficiosos, lo que estaba en entredicho, puesto que, generalmente al gobiernos le había correspondido fijar por decreto el aumento.

En relación con lo anterior es válido cuestionar si en verdad se presentó un acuerdo entre trabajadores y empresarios. Lo primero que hay que decir, es que, de los tres sindicatos reunidos junto con la confederación de pensionados, solo la CUT se opuso al acuerdo, mientras que la CGT, CTC y la Confederación aceptaron dicho aumento. En este sentido, parece a simple vista que en realidad si hubo acuerdo, pues dos de los tres sindicatos aceptaron, por lo que hay que detallar cual es la importancia de cada uno de estos, para ver si es tan cierto como parece.

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1 Economista, Integrante Red Socialista sección Tolima y Miembro de la Escuela Colombiana de Economía Crítica. 2 Estudiante de Economía, Integrante Red Socialista sección Tolima y Miembro de la Escuela Colombiana de Economía Crítica.

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El estudio de Vidal Castaño (2012), tomando los datos de la escuela nacional sindical basado en el censo sindical de 2009, muestra que la CUT aglutina el 64% de los afiliados, lo que representa en valor absoluto 527.542 sindicalistas, en segundo lugar se encuentran los afiliados no confederados con un 15,66% equivalente a 128.759, en tercer lugar, se encuentra la CGT con un 14,64% que representa 120.349 y en ultimo lugar esta la CTC con 45.307 sindicalistas equivalente a 5.51%; con estos datos, se puede observar que tan solo el 20,15% de los sindicalistas estuvieron de acuerdo con el aumento, es decir, que por lo menos sin incluir los no confederados el 64% de los sindicalistas no aceptaron el acuerdo quedando en entredicho el famoso consenso entre trabajadores y empresarios.

Ahora bien, ¿Qué papel desempeñan los sindicatos que aprobaron el acuerdo en especifico la CGT y su representante Julio Roberto Gómez quien aparece en los medios reseñado con uno de los protagonistas del acuerdo?. No hay que recurrir a fuentes críticas a Julio Roberto para conocer su posición conciliadora de clases y pro-patronal, pues en una entrevista se delata. Por una parte manifiesta que para negociar hay que hacerlo con los pies en la tierra y no sobre ideales, es decir, que la negociación con el empresariado y el gobierno debe ser por encima de las ideologías.

Esta frase de Julio parecería estar a tono con sus posturas pro-patrón en las que no solo ha llegado al punto de estar a favor de excluir a Colombia de la lista de los 25 países investigados por violaciones de las normas internacionales del trabajo y la protección de los derechos humanos en el periodo de Juan Manuel Santos, cuando las cifras de homicidios y persecuciones sindicales que se reportan para el año 2013 del SINDERH (Sistema de Información de Derechos Humanos de Sindicalistas de la ENS) dejan mucho que desear sobre el ejercicio de la libertad en la actividad sindical del país. Por el contrario, incluso se le ha acusado a Gómez al interior de los mismos sectores sindicales por haber asesorado al gobierno en el periodo de Álvaro Uribe en contra de los intereses de los trabajadores. Negociar con los pies en la tierra y la cabeza agachada es realmente el mensaje de Julio Roberto.

Por otra parte, en la misma entrevista el Dirigente relata cómo se presentó la negociación, manifestando que los trabajadores habían llegado con una propuesta de alrededor del 8% y los empresarios con una del 3,3%, es decir, los “expertos” y “hábiles” representantes de los trabajadores cedieron en la negociación 3,5 % y los empresarios tan solo cedieron 1,3% (que como se menciona al comienzo es inferior debido a la redondeada de la cifra). Si así son de “avispados” para negociar no hay que estrujarse mucho el cerebro para entender el banquete que se darán los vendedores de San Andresito y mercados de las pulgas cuando estos avezados dirigentes se dirigen a comprar los regalos de navidad.

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A9En este orden de ideas vale la pena preguntarse ¿Fue acertada la posición de la CUT? A pesar de que Santos menosprecia a la CUT y la hace ver como un sindicato minoritario y caprichoso al no aceptar el chantaje de la negociación, pues el gobierno iba a fijar un salario mas bajo, la CUT es coherente con el papel de defender a los trabajadores y no sucumbir a los cantos de sirena del Gobier-no, pues entiende, que este gobierno no se caracteriza por su talante pro-operario, sino que por el contrario, de diversas formas ha tratado de golpear a los trabajadores; no obstante, por fortuna no lo hace de la misma manera que Uribe cuando deliberadamente y con sevicia los tachaba de terroristas, sin embargo, si lo hace a través del método de cooptación y un ejemplo claro es la vicepresidencia de Angelino Garzón y la consejería de Lucho Garzón otrora connotados dirigentes sindicales .

La CUT es consciente que la mayoría de los sindicatos filiales han sido los más golpeados por las multinacionales extractivas de recursos naturales, y que el gobierno ha entrado a defender los intereses del gran capital sobre los trabajadores. En consecuencia, este argumento nos permite hacer una reflexión ¿Es valida la asistencia de la CUT como sindicato clasista a este tipo de comisiones? Desde nuestra perspectiva lo es y más en escenarios políticos como el actual donde no existe una importante movilización trabajadora, es decir, en estos momentos el papel del sindicato debe ser buscar mejorar las condiciones de vida de los trabajadores (en otra etapa tendrá que ser la abolición del sistema de salarios), pero la búsqueda de reivindicaciones no debe llevarlo a perder sus principios, lo que hace entendible no sólo la propuesta de incrementar el salario en un 8% (pudiera haber sido mas alto), sino también la retirada de la mesa.

En relación con este tema, vale la pena resaltar los argumentos de organizaciones y personalidades afines al establecimiento como Fedesarrollo y el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quienes reiteradamente se han manifestado por la disminución del salario mínimo en Colombia. En palabras del exministro éste ha sido considerado “ridículamente” elevado. La existencia de sindicatos clasistas como la CUT les ha obligado ir en contra de sus más caros deseos.

Al comparar el salario mínimo en Colombia con el de los países vecinos y con el promedio de los salarios del mundo, resalta la falsedad de estas afirmaciones. En efecto, el economista Juan Manuel Ramírez del Periódico Portafolio señala que Colombia se encuentra entre los últimos 20 lugares del mundo con los peores salarios, poniéndose a la par con China.

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A9Por otra parte, comparando el salario mínimo de nuestros vecinos tan criticados por nuestros medios de comunicación y compatriotas, encontramos que en Venezuela el salario mínimo llega a 519 dólares (el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en incrementar el salario real a pesar de la alta inflación) , Ecuador (un país sin moneda propia) el salario mínimo asciende a 340 dólares y Colombia alcanza 320 dólares. Nuestro País sólo supera a sus amigos de acera ideológica Perú y México, países que a pesar de haber han sido fieles practicantes de la doctrina del libre comercio, no lo han sido con una idea básica del pensamiento neoclásico, la cual considera que los trabajadores deben remunerarse según su productividad marginal. No obstante, ésta ha ido creciendo de forma exponencial y los salarios se han mantenido estancados, como se muestra para el caso de Chile en el estudio de Feres, Henríquez, Duran y López (2009): “Eficacia del Derecho del Trabajo: cambios en la legislación laboral e impactos en las remuneraciones del sector privado (1993-2005)” El anterior debate, revela que el salario mínimo hace parte de la lucha ideológica y que han sido los países que han decidido transitar caminos opuestos al impuesto por el neoliberalismo los que han promovido los incrementos salariales de los trabajadores. Desafortunadamente el régimen político actual, solo beneficia a la cúpula sindical los corrompe y coopta ofreciéndoles cargos burocráticos para que terminen defendiendo los intereses del gobierno y del capital por encima de los trabajadores.

En este sentido, parafraseando a Marx es momento de levantar la consigna “trabajadores de Colombia uníos”, deshacernos de las cúpulas sindicales que traicionan nuestros intereses, que desdibujan la verdadera y honrosa labor sindical y conformar un solo sindicato clasista que luche tanto por las reivindicaciones salariales como por la abolición del sistema de salarios y el control obrero de los medios de producción.

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DIALÉCTICA DE LA DEMOCRACIA

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RICARDO SÁNCHEZ ÁNGELDOCTOR EN HISTORIAPROFESOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

En 1971 el reconocido investigador e ideólogo del socialismo latinoamericano Antonio García publicó sus reflexiones sobre la Dialéctica de la democracia. En 1987 apareció una nueva edición y ahora (2013) entra de nuevo en circulación. La razón de su vigencia editorial es la lograda exposición del autor de una temática polisémica y compleja. De hecho, toda la teoría política del poder, los partidos, las reformas y la revolución, tienen como columna vertebral la comprensión de la democracia en su doble manifestación: en los terrenos de la filosofía política y de las teorías del poder, y en los escrutinios y balances sobre sus experiencias reales en las distintas etapas del desarrollo histórico social.

Antonio García, cultivador de lecturas y debates como destacado profesor en Nuestra América y en la Universidad Nacional de Colombia, e investigador social de larga trayectoria, decidió con fortuna acometer la tarea de realizar una obra sobre la democracia en la teoría y en la práctica. En la juventud publicó lo que puede considerarse un anticipo: La

democracia en la teoría y en la práctica (Bogotá: Editorial Espiral, 1951. Dos ediciones).

Dialéctica de la democracia está organizada en seis partes: 1. El proceso dialéctico de la democracia. 2. La democracia en América Latina. 3. El proceso democrático en Colombia. 4. La democracia y la crisis del capitalismo. 5. La cultura y la crisis del capitalismo. 6. Democracia orgánica y Estado popular hacia una concepción socialista de la democracia. Y un apéndice: El problema del Estado: del Estado popular al Estado socialista.

En el panorama de la literatura de reflexión política en Nuestra América, Dialéctica de la democracia se constituyó en un referente, clave en la historia del pensamiento latinoamericano. Muchas publicaciones se han hecho en el mundo académico sobre este tema, y sin embargo la obra de Antonio García ofrece unas guías de comprensión que justifican su puesta de nuevo en circulación editorial.

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A10Reseña de libro

El método del libro sigue las pautas de Hegel y Marx, de allí lo preciso de su título: Dialéctica de la democracia. Este párrafo del autor ilustra el sentido de la democracia: “Pero lo verdaderamente útil es llegar a una filosofía de integración, que no descomponga y aísle los problemas económicos de los políticos o los políticos de los culturales, los problemas de forma y de espíritu de la democracia, los problemas de ordenación externa o los de autenticidad de representación popular, los problemas de medios o los de fines, sino que tome unos y otros para integrarlos en un sistema de pensamiento y de acción. Integrar debe tomarse aquí, no en el sentido mecánico de acoplamiento o ajuste de problemas e instituciones, sino en el de incorporación viva de los diversos factores a un cauce común, a un sistema de economía, de ordenación política, de cultura, de ética social. Un sistema de vida no sólo consiste en una suma aritmética de formas, sino en unos hábitos, una psicología, un espíritu, una teoría y una

práctica” (p. 28).

Para Antonio García, además del escrutinio crítico de la cuestión democrática, hay que formular un programa, donde el entramado de los liberalismos, la democracia y el socialismo se resuelve con la formulación de la democracia socialista.

En este plano de análisis, la obra Dialéctica de la

democracia desarrolla las formulaciones del liberalismo económico y absolutismo político, de república señorial y de oligarquía burguesa, como claves para la comprensión de nuestro desarrollo histórico y cómo se construyó la realidad y la ficción de la democracia en Nuestra América. Estos temas los presentó igualmente en otra obra suya, La estructura del atraso, publicada por Editorial Pleamar en 1969 en Buenos Aires.

El marxismo heterodoxo-disidente de Antonio García relieva su brillante escrutinio de la perspectiva global de la economía. Este libro lo presenta de manera afortunada en una compilación de tesis sobre la naturaleza del capitalismo contemporáneo, basado en los marxistas clásicos, como él lo dice: “El análisis objetivo del actual proceso de la economía norteamericana, permite confirmar la teoría marxista acerca de la concentración y monopolización económica (Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, P. Baran, Sweest, Huberman, Mandel, etc.) así como el carácter apologético de formulaciones como la de W. Rostow en

“Etapas del Crecimiento Económico”” (p. 82).

El pensamiento latinoamericano, como la propia realidad en que discurre, se presenta en la perspectiva internacional. Allí está su fortaleza, integrándose a las grandes fuerzas transformadoras de la sociedad: los trabajadores de toda condición. No se presenta como un nacionalismo domésti-co, sino como parte de los pensamientos universales. El capitalismo hoy más que nunca es una estructura compleja, desigual y combinada, a nivel mundial.

Al asumir el estudio de la democracia como praxis social y cultural, económica y política, Antonio García presenta un aporte que es hoy clave para el pensamiento latinoamericano. En momentos en que renace la discusión, formulaciones y luchas por el socialismo del siglo XXI, este libro de Antonio García sigue interpelándonos.

García, Antonio. Dialéctica de la democracia. Bogotá: EdicionesDesde Abajo, 2013, 3era edición.

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PUBLICACIÒN - EL TOPO

EDITOR - GILBERTO OSPINA

DIAGRAMACIÒN- SANDRA NIETO

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