Reorganización del clero secular novohispano en la segunda mitad

del siglo XVIII

Oscar Mazín Gómez El Colegio de Michoacán

El 7 de marzo de 1811 apareció en Valladolid de Michoacán un edicto impreso firmado por el obispo electo, don Manuel Abad y Queipo. La rebelión que desde septiembre anterior cundiera por las principales comarcas del obispado acaudi­llada por el cura de Los Dolores iba incorporando numero­sos clérigos a sus filas insurgentes. En el impreso, el prelado anunciaba que en lo sucesivo no se darían las órdenes sacer­dotales a ningún aspirante que no estuviera provisto de algún beneficio o fuente segura de ingresos para su sosteni­miento. La principal razón que daba el obispo eran las con­diciones de pobreza extrema y desempleo en que vivía el abundante clero secular de Michoacán. De un total de 1,200 clérigos, sólo la mitad podía dedicarse al ejercicio de su mi­nisterio. Esto quería decir que por lo menos 500 individuos “quedaban siempre sin ocupación ni destino, en estado de indigencia y en ocasión próxima de apartarse de su institu­to”/

De esta interpretación social que diera Abad y Queipo a la participación del clero en la guerra de independencia in­teresa sobre todo destacar que las parroquias de la diócesis resultaban muy escasas para la abundante clerecía y más aún si consideramos que su número no aumentó en todo el me­dio siglo anterior. Para 1811 el cuantioso clero no podía as­

pirar más que a los 117 curatos que ya había en 1765. En un artículo, el doctor David A. Brading ha señalado ya que el predominio del clero secular de los primeros años del siglo XIX se remonta cuando menos al proceso de la seculariza­ción de doctrinas que el monarca ordenara desde 1753, con el afán de separar a los religiosos de la administración pa­rroquial.2

Asimismo, Brading destaca la desigualdad de ingresos entre el obispo, el cabildo catedral, los beneficios pingües y los más precarios que constituían la mayoría en Michoacán. Distingue muy bien este clero beneficiado de aquel ordena­do a título de administración que tuviera en cuenta Abad y Queipo en su edicto. Concluye que en 1810 la iglesia de Mi­choacán se caracterizaba por el reclutamiento excesivo del clero y a éste lo llega a definir como un proletariado caren­te de medios. Por lo demás, Brading aduce testimonios pa­ra explicar que este aumento no se daba en virtud de algún movimiento de renovación religiosa, sino por la expectativa de un medio de vida para muchos ministros eclesiásticos.

El artículo de Brading, como todo trabajo de enverga­dura, nos abre nuevas posibilidades de estudio. Volvamos al dato inicial que daba Abad y Queipo en 1811 sobre los 1,200 clérigos para tan sólo 117 parroquias. ¿Por qué tal dispari­dad, cuando habían dejado ya los frailes sus antiguas doc­trinas y se abriera desde 1770 un seminario, semillero de nuevos curas en Valladolid? Llevado por esta inquietud con­sideré que el caso de Michoacán sólo adquiere mayor rele­vancia cuando se lo compara con otros obispados novohis- panos. ¿Cómo se dio en líneas generales en aquel y en éstos la organización del clero secular a raíz de la secularización de las doctrinas, es decir, durante la segunda mitad del si­glo XVI11 ? Me propongo dar a conocer aquí algunos aspec­tos de este proceso con las debidas reservas que impone la ausencia de investigaciones sobre la historia parroquial mi- choacana y novohispana en general. Sin embargo, ha de to­marse en cuenta para cualquier explicación de la insurgen-

cia el proceso tan peculiar que siguió en Michoacán la orga­nización del clero, a diferencia del de las otras diócesis cen­trales de México y Puebla.

I

La secularización de las doctrinas que atendieran las órde­nes religiosas como medida general para los dominios de la corona española puede resultar ininteligible como fenóme­no aislado. Por ello ha de inscribírsela en el contexto de la política eclesiástica de la monarquía y formando parte de los planes sobre reducción del número de religiosos que conci­bieran ministros como Mayans y Sisear, el conde de Aranda y Pablo de Olavide.3

Su etapa borbónica definitiva entronca sin embargo con la tendencia histórica hacia la acentuación del régimen de patronato eclesiástico, pues ya desde 1574 el rey Felipe II disponía en su Ordenanza de patronazgo la separación de los religiosos del ministerio parroquial. Asimismo, el antece­dente novohispano más notable fue la secularización de las doctrinas franciscanas que llevara a efecto entre 1640 y 1641 el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza.

Las ventajas económicas que para la real hacienda y su mitra contemplara este prelado no se adujeron en las reales cédulas borbónicas sobre secularización.4 Con todo, si se examinan posteriores medidas de la política eclesiástica de Carlos III en relación con los curatos se advierten criterios sobre un control fiscal más ajustado tras el proceso se- cularizador. En la instrucción al virrey marqués de Croix se le ordenaba pedir a todos los obispos de la Nueva España que todos sus párrocos llevasen un libro de matrícula por bautizos y defunciones para remitir anualmente a los oficia­les de la real hacienda.5 Por su parte, algunos obispos de 1765 coincidían en sus argumentos doctrinales con los que un siglo antes defendiera Palafox sobre la vida religiosa y la

secularización, toda vez que impulsaban con mayor o menor apasionamiento la beatificación de aquel prelado del sigloXVII.

En la diócesis michoacana la separación de los religiosos se efectuó con dinamismo y vigor, sobre todo entre 1757 y 1775. La tenaz defensa que de sus bienes emprendieron las órdenes religiosas, sobre todo la de San Agustín, trajo con­sigo acalorados litigios con la mitra de Valladolid en virtud de la ambigüedad a la que se prestaba la real cédula de 1757 que los frailes obtuvieron en Madrid y a la indefinición de la jurisdicción episcopal en el plano de lo contencioso.6 Pa­ra 1772 habían quedado secularizadas más de la mitad de las doctrinas en la diócesis de Michoacán.7 Las parroquias más ricas y codiciadas por los clérigos estaban todas, con ex­cepción de Pátzcuaro y Valladolid, al norte del río Lerma; correspondían a las principales ciudades del obispado y sus ingresos en emolumentos y obvenciones eran mayores a los 10,000 pesos: Guanajuato, San Luis Potosí, Celaya, San Mi­guel el Grande, irapuato y Silao. Les seguían en importancia económica y demográfica las cabeceras de León, Salvatierra, Colima, Salamanca, Zitácuaro, Acámbaro y Tlalpujahua, cu­yos ingresos iban de los 5 a los 10,000 pesos. Luego estaban casi la mitad de las parroquias de Michoacán distribuidas por toda la diócesis y que percibían de 1,000 a 5,000 pesos. Las más pobres, con ingresos de 500 a 1,000 pesos, ocupa­ban los pueblos indígenas de las sierras y las miserables, que constituían el 10% del total, eran asimismo indígenas y se lo­calizaban al sur del río Lerma.8

La otra cara de la separación de los religiosos de las doc­trinas era por supuesto la provisión de clérigos sustitutos. Sin embargo, ésta no fue tan simple como pudiera parecer en principio, pues implicó a nivel jurídico para algunas diócesis otros dos procesos: la división de curatos y la agre­gación de pueblos a otras cabeceras. Estaban basados en la real cédula de 18 de octubre de 1764 sobre provisión de vi­carios o tenientes de cura “para la más pronta y eficaz admi­

nistración de las almas”.9 Se implantarían en cada obispado para agilizar y modernizar la administración y gobierno de las parroquias con la consiguiente innovación de hábitos y costumbres en muchas de éstas, así como una mayor exac­ción de emolumentos en tiempos, según veremos, cada vez más difíciles para la feligresía pobre.

En Michoacán el principal obispo secularizador fue don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle. Entendió sin embargo la provisión de clérigos en las doctrinas secularizadas como mejoramiento de las condiciones económicas, dada la pobre­za generalizada de los beneficios y la desproporción de ingresos entre los estratos del clero. En vez de dividir las pa­rroquias creando otras nuevas, Sánchez de Tagle sólo pro­curó la dotación material de las antiguas doctrinas. Hasta 1775 por lo menos, no se dio en Michoacán un esfuerzo modernizador del clero parroquial paralelo al que sí se die­ra en el arzobispado de México. Durante los años ochenta y noventa del siglo XVIII el clero de Michoacán aumentó el número de sus miembros a la vez que la mayoría iba empo­breciendo. Crecía también el descontento de la clerecía an­te las limitaciones que impusiera el régimen borbónico a los privilegios e inmunidades eclesiásticas.10 Las corrientes ra­cionalistas cobraban nuevo vigor en un afán futurista que afirmaba contundentemente la autoridad política y no se cuestionaba el proceso secularizador desatado. En el dere­cho acabaron por predominar las cuestiones fiscales-admi- nistrativas que encontrarían su codificación en la Real Orde­nanza de Intendentes de 1786. En este documento la política eclesiástica se subordinaba como nunca antes a los proyec­tos de los ministros ilustrados empeñados en encontrar los argumentos de razón y no de fe que apuntalaran sus objeti­vos.

En 1798 el otro gran obispo de la segunda mitad del XVIII michoacano, fray Antonio de San Miguel, vio la con­veniencia de aumentar las tarifas de los derechos parroquia­les que desde 1736 no se modificaban a pesar de los cambios

de valores monetarios y del aumento exorbitante de precios que el propio obispo destacara desde 1784. Las capellanías fundadas con capitales de 2,000 pesos, que fueran suficien­tes en el siglo XVII para mantener un clérigo, debían ser ahora de 4,000 pesos. Asimismo, era ya necesario que un párroco pagara a sus vicarios 700 y 800 pesos y ya no los 300 a 400 de treinta años atrás, “a pesar de estar muy aumenta­da la clerecía de este obispado”.11 Al parecer se descuidaba el reclutamiento y se concedían órdenes indiscriminada­mente a título de administración. Para 1799 tan sólo en Gua­najuato había 62 clérigos y solamente 33 capellanías. Y en 1809 Irapuato contaba con 32 sacerdotes.12 Además, como en ninguna otra diócesis, había por todo Michoacán casas de estudios donde la mayoría de los colegiales eran jóvenes pobres de cada localidad.13 El obispo San Miguel habría da­do el nuevo arancel, “si las opiniones y costumbres del día no hiciesen tan odiosas las contribuciones a la iglesia”.14

En 1805 las limitaciones a los privilegios eclesiásticos lle­garon al colmo. Los ingresos del clero caían en comparación con los de otros grupos y corporaciones al expedirse el año anterior la real cédula de consolidación que urgió la venta de los bienes de la iglesia y el depósito de los capitales ecle­siásticos en las arcas reales. Y, como nunca antes, se vio afec­tada la subsistencia de los curas que dependían de fondos como las capellañías para la obtención de sus ingresos.

II

No obstante que la política general fuese concebida por la corona para todas las diócesis de Indias, la situación de ca­da obispado presentaba condiciones eclesiales, sociales e históricas propias. Consciente de tales disparidades y obe­deciendo a su calidad de arzobispo metropolitano, don Francisco Antonio de Lorenzana y Buitrón se empeñaba sin embargo, desde 1768, en que los obispos sufragáneos de la

Nueva España consolidaran cada uno en su territorio el pre­dominio del clero secular. “Es cierto que en otros obispados menos poblados no concurren las circunstancias que aquí y en la Puebla, más siempre hemos de ir adelantando lo posi­ble para tener uniforme nuestro gobierno eclesiástico y no ejecutoriar el establecimiento de las parroquias de los regu­lares”.15

En las diócesis centrales de México y Michoacán la sepa­ración de los religosos de las doctrinas se dio vertiginosa­mente. En la Puebla, según veremos, la secularización pala- foxiana hizo de aquel obispado caso aparte. Con todo, el proceso estaba concluido para 1780 en estas tres diócesis que, por cierto, eran las de mayor importancia económica en América.16 En cambio, en las diócesis periféricas las cosas fueron distintas. Guadalajara, el obispado más extenso con multitud de territorios aún de misión, era pobre en ingre­sos y ocupaba también en 1780 el doceavo lugar en impor­tancia económica de las Indias. Su cabildo catedral en 1766 había tenido que representar al rey para que le hiciera mer­ced de los novenos reales de los diezmos y no a los curas del obispado, ya que se le habían aumentado seis prebendas. Por ello la secularización debió ser lenta. A los franciscanos de Jalisco, pequeña provincia de 164 religiosos, les fue conce­dida autorización en 1775 para retener 12 parroquias por otros 20 años y no fueron sometidos a la secularización has­ta 1798.17 Por su parte, en 1766 fray Antonio Alcalde, O. P. obispo de Yucatán, agradeció a la corona que se permitiera conservar a los franciscanos las 20 doctrinas que aún admi­nistraban en aquel obispado. De manera similar, en Oaxaca los dominicos eventualmente retendrían 12 de las 21 doctri­nas que alguna vez tuvieron, conservando la provincia de Puebla otras dos que administraban desde el siglo XVII.18

Las diócesis de México y de Puebla en cambio, merecen atención por separado ya que en ellas, a diferencia de Mi­choacán, el proceso secularizador trajo consigo una verda­dera recomposición del clero y de la geografía parroquial

que modificó el panorama en los albores de la indepen­dencia.

Una primera etapa de intensa y rigurosa separación de los frailes de las doctrinas del arzobispado fue llevada a efec­to por el arzobispo Rubio y Salinas, quien poco antes de ve­nir a Nueva España participara en lasjuntas de teólogos con­vocadas por el monarca para implantar la secularización en las Indias de manera gradual, primero en las arquidiócesis y después en el resto de los obispados. Sin embargo, la ter­cera real cédula de 1757, que modificara las originales de 1749 y 1753 suavizando el rigor del proceso, dio a las reli­giones la oportunidad de recuperar sus conventos y algunas rentas. En 1765 la provincia franciscana del Santo Evange­lio de México había perdido ya 22 conventos entre mayores y menores y peleaba para que 15 de ellos, los de mayor im­portancia canónica, le fueran restituidos.19

Al parecer esto no llegó a ser posible. Los memoriales de los procuradores religiosos sólo lograron la devolución de Tlatelolco y que se exceptuaran de la secularización Texco- co y Toluca. Con la llegada a Nueva España del nuevo arzo­bispo y del nuevo virrey en 1766 se intensificó y recrudeció el proceso al encontrar nuevos apoyos en los criterios anti­frailunos de ministros madrileños como Campomanes. Con excepción de la Compañía de Jesús, expulsada en 1767, no se intentaba la supresión, sino el minar las bases económicas y sociales de las órdenes religiosas reduciendo sus contin­gentes y corrigiendo sus abusos con el afán de reducir el cle­ro regular al control del estado.20

El arzobispo Lorenzana y el marqués de Croix caminan de acuerdo e imponen como criterio el no conceder a los re ­ligiosos permanencia alguna en auxilio de los clérigos susti­tutos. Por el contrario, el arzobispo secularizador entendió este proceso como la condición sin igual para emprender la recomposición del clero diocesano. Para Lorenzana la secu­larización no consistía en la mera separación de los frailes y en la dotación material de los beneficios. Llevaba aparejado

un amplio proyecto sociocultural: impulso a la docencia en los seminarios, aumento del número de ministros vicarios, tenientes y vicarios de pie fijo, enseñanza del castellano en las escuelas parroquiales pero, sobre todo, división de cura­tos y agregación de nuevos distritos.21

Con antecedentes en la ya mencionada real cédula de 18 de octubre de 1764 sobre dotación de tenientes de cura pa­ra la mejor administración de las almas, el arzobispo Loren- zana emprendió la acción de más trascendencia en el ámbi­to parroquial a partir de 1767. Obedeciendo en principio al sobrepoblamiento de la parroquia de la catedral metropoli­tana, a la escasez de clero y a la penuria de su dotación, im­plantó un plan de territorios parroquiales y erección de nue­vos curatos. El reordenamiento obedecía, en el fondo, a la extrema desigualdad de los beneficios entre sí. “...por lo que sé del arzobispado de México, está en muchas partes muy desparrancado y es necesario fundirlo de nuevo uniendo al­gunos curatos que están muy inmediatos y son muy pobres y dividiendo otros que tienen los pueblos muy separados”.22 Veintitrés curas de la capital intentaron revocar la división de parroquias, pues ésta mermaba sus ingresos. Apelaron al rey y fracasaron. De hecho ya el ministro Campomanes pre ­tendía la utopía racionalizante de fijar previamente el núme­ro de curatos, es decir, el control.

En 1769 Lorenzana fue apremiado a extender la políti­ca divisoria a todo el arzobispado. A cada cura nuevamente provisto le hizo aceptar la colación canónica del beneficio cuvi onere divisionis, es decir, advirtiéndole sobre el gravamen que la división le representaría.23 Finalmente implantó un nuevo arancel que igualaba las tarifas y obvenciones en to­da la arquidiócesis. El proyecto sólo fue sancionado por la corona al asegurarse como medida del más estricto control político y fiscal, sobre todo en términos de las matrículas que anualmente debían remitir los curas a los oficiales reales pa­ra agilizar la tributación y las exacciones eclesiásticas. Loren­zana llegó incluso a pedir a de Croix que presionara a los al­

caldes mayores para que éstos urgieran a los indios cumplir con la confesión y comunión anuales y así pudieran matri­cularse.24

Para 1780 el número de parroquias del arzobispado había aumentado de 188 a 241.25 Se habían dividido por lo menos los curatos de: Acambay, Yecapixtla, Aculco, Apam, Ayapango, Cadereyta, Xichú, Chalco, Coautzingo, Huexut- la, Ixtapaluca, Mazatepec, Ozumba, Tecozautla, Temama- tla, Tepeapulco, Xochicoatlán, Xochitepec y Zumpahua- cán.26

III

El caso de la diócesis de Puebla es el que presenta desde el siglo XVI las características más diferentes en relación con México y Michoacán. Primero, en vista de que primitivas doctrinas franciscanas como Hueitlalpan, Mixtepec, Mizan- tla, Napalucan, Texmelucan, Tetela, Tlacotepec, Temalaca, Tlapacoyan y Zongolica pasaron al clero diocesano desde 1570 iniciándose con ello la gradual consolidación de éste en el obispado. Ya para 1640 había más de 600 sacerdotes seculares en la diócesis poblana y la mayoría de ellos consi­deraba insuficientes los medios materiales para su manuten­ción.27 El obispo Palafox informó a Madrid que mientras el clero secular siguiera siendo el sector más descontento de los elementos privilegiados de la sociedad novohispana, la estabilidad social se veía gravemente amenazada.

En diciembre de aquel año el prelado informó a los prio­res de 37 casas religiosas que administraban parroquias, que los doctrineros debían someterse a un examen de moral y del idioma indígena. Al negarse a ampliar el término, or­denó la ocupación de las parroquias erigiendo tras ella al­gunos otros curatos. Las autoridades diocesanas se hicieron cargo de la administración y asignaron beneficio a 150 cléri­gos.28 Perdieron respectivamente los franciscanos, domini-

eos y agustinos las siguientes doctrinas: Acatzingo, Amozoc, Sto. Angel Custodio, Calpam, Chautempam, Cholula (San Pedro y San Andrés), Coautinchan, Huamantla, Huaque- chula, Huexotzingo, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Nativitas, Quecholan, Tecali, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca,Te- poyando, Tlaxcala, Atlangatepec, Xalapa, Ilamutlan, Tepa- payeca, Izúcar, Tilapa y Chietla.29

En el siglo XVIII la secular tendencia poblana hacia la secularización se adelantó a la decretada por los borbones. Según comentario del arzobispo Lorenzana -po r cierto a propósito de su rechazo a toda colaboración de los frailes tras su separación de las doctrinas- el proceso de seculariza­ción en Puebla se completó durante la gestión del obispo Do­mingo Pantaleón Alvarez de Abreu.30 Así, a esta seculariza­ción que va de 1742 a 1754 y que incluyó sitios como Ahutelco, Chilapa, Huaxuapan, Quecholtenango, Tequiste- pec, Teziutlán, Texoatlán, Tlapancingo, Tonalá y Zitlala, co­rrespondió asimismo la división de algunos curatos o la crea­ción de otros nuevos.31 Tras una larga sede vacante, el obispo Francisco Fabián y Fuero llegó a su nueva diócesis en 1765 y se encontró con muchos curatos sin titular. Mandó poner edictos para la provisión de treinta y de paso recibió del virrey marqués de Cruillas la real cédula de 18 de octu­bre de 1764 para la provisión de tenientes de cura y buena administración de las almas.32

La escasa y no conflictiva secularización borbónica en Puebla no dejó por ello de contar con el corolario de una nueva y abundante división de curatos. Esta la basó el pre­lado en una doctrina moral en torno a la pobreza y riqueza de los beneficios: como era de la más estrecha obligación de los curas beneficiados el distribuir en usos píos y dar a los pobres los bienes eclesiásticos superfluos, por lo tanto debía serle indiferente a todo verdadero párroco el que su curato fuese rico o pobre, grande o pequeño. En seguida venía el fundamento de derecho que en 1770 diera el obispo Fabián y Fuero para proceder a la división de la parroquia de Ori-

zaba: distancias mayores ameritaban división, pues un cura­to grande y disperso se hacía de difícil manejo y “por mucha vigilancia de los párrocos, siempre surcan mares de escrúpu­los, el alma está en notorio riesgo y las de los feligreses lo mismo .

Entre 1760 y 1790 se procedió a la división y/o creación de los siguientes beneficios, que en 1813 hacían un total de 238 para toda la diócesis poblana: Achiotepec, Actopan, Amatlán de los Reyes, Apetatitlán, Atzoyú, Ayahualtempam, Chapulco, Chepetlan, Chiapa, Coyomeapan, Sta. Cruz Tlax- cala, Huatlatlahuaca, Huehuetlan, Ixcatiopan, Ixtazoqui- tlán, Ixtenco, Acoyucan, Olinalá, Orizaba, Sn. Pablo del Monte, Panotlan, Perote, Resurrección, Santos Reyes, Ta- mazola, Tecomatlán, Tehuipango, Tehuitzingo, Teolochol- co, Teda, Tetlatlauca, Tilapa, Tlapa, Tonayan, Totutla, Tu- tutepec, Tuxpan, Xaltocan, Xicochimalco, Xicotzingo, Xilotepec, Xochioloco, Yauquemetla, Yahualtepec, Zaca- tepec, Zicatlacoyan, Zoltepec, Zompaxtepec y Zoyatlán.34

IV

La secularización de las doctrinas, como proceso histórico de la iglesia novohispana en la segunda mitad del sigloXVIII, difícilmente muestra toda su relevancia y hondura si no se lo aborda desde una doble perspectiva. Una de larga duración según la cual constituye el término histórico de la vieja pugna entre los cleros regular y secular, iniciada en el siglo XVI y desarrollada en concomitancia con el régimen de real patronazgo de la corona sobre la iglesia indiana. La otra se refiere a los años que abarcó la secularización propia­mente borbónica, aproximadamente de 1750 a 1780. Según esta otra perspectiva, es preciso ver más allá de los litigios que provocara la separación de los frailes del ministerio pa­rroquial y referirnos al conjunto de la política eclesiástica di­señado durante los reinados de Fernando VI y de Carlos

III. De no hacerlo podríamos, por ejemplo, atribuir la divi­sión de curatos exclusivamente a los espacios de jurisdicción parroquial que dejara a disposición de los obispos la geo­grafía de las órdenes religiosas y no a la política eclesiástica de la corona, más empeñada para entonces en el control político y en la exacción fiscal que en la propagación de la fe cristiana.

Los años que siguieron al proceso de la secularización de las doctrinas fueron los de un aumento considerable de pa­rroquias tanto en el obispado de Puebla como en la arqui- diócesis de México. De este aumento, que resultó de dividir los antiguos curatos y de agregar nuevos pueblos a sus correspondientes cabeceras eclesiásticas, debió resultar un proceso de intensa recomposición del clero. Si la separación de las doctrinas y la pérdida de muchos bienes luego de los litigios representó para las órdenes religiosas una especie de muerte civil, la proliferación del clero diocesano en el hori­zonte parroquial llevó consigo a cientos de comunidades la presencia del modesto “cura de pueblo”.

La historia parroquial está aún por hacerse; ella nos acla­raría no pocos aspectos sobre la configuración de los pue­blos de México: su geografía, los sistemas agrarios de cada paisaje, las lenguas, los ritos y la toponimia. En la cultura re ­ligiosa del inmenso tejido parroquial predominaron ya des­de el último tercio del siglo XVIII en adelante, diversas for­mas de convivencia del clero diocesano rural con los grupos de aquella sociedad. David Brading ha insinuado para el Mi­choacán de fines del XVIII una mengua en el fervor reli^io- so. La atribuye al secularismo creciente que fue modifican­do las actividades de la feligresía hacia sus sacerdotes, sobre todo en materia de contribuciones fiscales. Me pregunto si el aumento de los curas de pueblo y una mayor exacción en emolumentos y obvenciones tendría que haber repercutido sobre las prácticas religiosas.

Mientras que en los obispados de México y de Puebla el aumento del clero coincidió con una reorganización de la

geografía diocesana que multiplicara las parroquias, en Mi­choacán no se crearon nuvos beneficios para dotar de em­pleo a numerosos clérigos. Así, en México y Puebla se pusie­ron las bases para el desarrollo de un clero mayoritariamente beneficial, mientras que en Michoacán fue el ordenado a título de administración el que constituyó preferentemente una clerecía semi asalariada y sub-emplea- da.

Esperamos todavía al estudioso que nos aclare las razo­nes de esta peculiaridad histórica michoacana. Aquí sola­mente podemos considerar que, a diferencia de otras dióce­sis, en la de Michoacán la secularización de doctrinas no contribuyó a reorganizar el sistema parroquial. Sánchez de Tagle, el principal obispo secularizador, no procuró la crea­ción de nuevos beneficios sino la dotación material de los que apenas dejaran los religiosos; sólo proveyó algunos vi­carios o tenientes, sin dividir los curatos. Quedó intacta, al parecer, una estructura parroquial de tipo tradicional en la cual los más pingües y codiciados beneficios correspondían a toda la mitad norte de la diócesis, desde los altiplanos po- tosinos hasta la cuenca del río Lerma. Era tal vez esta impor­tante zona, junto con ciudades como Valladolid, Pátzcuaro, Tlalpujahua, Zamora y Colima en la mitad sur, la que com­prendiera, como ninguna otra del reino, el mayor número de ricas ciudades y villas dentro de una misma demarcación eclesiástica.

En la mayoría de estos centros urbanos los ingresos por parroquia, más los procedentes de las fundaciones de cape­llanías igualaban y aun superaban los de los prebendados del cabildo catedral de Valladolid. Por lo tanto, pudiera con­templarse la posibilidad de que la jerarquía michoacana op­tara por la no división de estos espléndidos curatos con tal de no afectar el status ni los intereses económicos de su cle­ro beneficial.

NOTAS

1. David A. Brading, “El dero mexicano y el movimiento insurgnete de 1810”. Relaciones, vol. II, no. 5, invierno de 1981, p. 5-26. Apud en Edicto impreso, Manuel Abad y Queipo, obispo electo de Michoacán, Valladolid; 7 de marzo de 1811.

2. Ibid., p .9 .3. Véase Teófanes Egido, “El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el si­

glo XVI11” en Historia de la Iglesia en España. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, vol. IV, p. 122-249.

4. Real Cédula de 4 de octubre de 1749 (Sólo para algunas arquidiócesis de In­dias) y Real Cédula de 1 de febrero de 1753 (para todas las diócesis de Indias) Archivo General de la Nación. (En adelante A.G.N.) Reales cédulas originales, vol. 73, exp. 13.“Por cuanto habiéndose logrado en todas las diócesis de mis dominios de América con el transcurso del tiempo, abundante copia de clérigos seculares de suficiente literatura, regladas costumbres y demás dotes necesarias para el ministerio de la cura de almas...[parece] ser ya conveniente eximir de este gra­ve cargo a las religiones... Dada en Buen Retiro a primero de febrero de 1753”.

5. El marqués de Croix al arzobispo Lorenzana, 27 de enero de 1768. A.G.N., Papeles de Bienes Nacionales, vol. 1158, exp. 2, no. 8.

6. Real cédula modificante de 23 de junio de 1757. A.G.N., Reales cédulas origi­nales, vol. 77, exps. 77 y 78.’’...que no se provea de ninguna manera en clérigo secular curato alguno de los que administran los regulares hasta su efectiva vacante y entonces acuer­den el virrey con el arzobispo u obispo respectivamente si es útil o no la pro­visión en clérigo secular... executándose inviolablemente el dictamen de los dos”.Sin embargo, el provincial del Santo Nombre de Jesús de México (O.SA.) ponía el dedo en la llaga en un alegato de 1768. Según él, la real cédula secu- larizadora de 1757 ordenaba la mutua concurrencia de obispos y virrey pero no les concedía a los primeros “jurisdicción para el caso de llegar las materias a estado contencioso.... porque en llegando los asuntos a contenciosos no hay otro tribunal para ellos... que el superior gobierno”.

7. Doctrinas franciscanas secularizadas.

Almoloyan 1763-1766 Purenchécuaro 1770Apaseo 1762-1766 Salvatierra 1762-1767Apatzingán 1775 San Felipe 1773-1774Celaya 1764-1767 San Juan BautistaCocupao 1762-1766 Tuxpan 1774Chama cuero 1757-1758 San J uan Zitácuaro 1759-1769Erongarícuaro 1761 Santiago Tuxpan 1760León 1767-1769 Santa Ana Amatlán 1772-1773Mezquitic 1770 Santa María del Río 1760Patamban 1760 Tamazula 1761Peribán 1767 Tancítaro 1766Xiquilpan 1789 Tarecuato 1760Zacapu 1782 Taximaroa 1754-1760

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Zapotlán el Grande 1773Tzintzuntzan 1762-1766 Uruapan 1767Ziróndaro 1770 Zinapécuaro 1761

Doctrinas agustinas

Ayó el Chico 1769 Ocotlán 1759Copándaro 1766-1770 Santa Ana Tzirosto 1772Charo 1758 San Felipe de losChucándiro 1785 Herreros 1769Etúcuaro 1755 San JuanJacona 1769 Parangaricutiro 1775La Barca 1769 San Pedro Tzacán 1768Taretan 1802 San Sebastián (S.LP.) 1758Tiripitío 1787 Tacámbaro 1758-1762Tanganzícuaro 1766-1770 Tingambato 1769Uango 1755 Totolá 1759Undameo 1787 Tangamandapio 1768-1770

Ucareo 1758Xamay 1759-1762

Cfr. Oscar Mazín, Entre dos Majestades, el obispo y la iglesia del gran Michoacán ante las reformas borbónicas, 1758-1772. Zamora,El Colegio de Michoacán, 1987, Apéndice II.

8. Ibid., apéndice VII t p. 55-56.9. “Providencias en virtud de real cédula para que se pongan y doten tenientes

en los pueblos de los curatos que distaren más de cuatro leguas de sus cabe­ceras, para la mejor y más pronta administración de las almas”. El gran Mi­choacán, cuatro informes del obispado de Michoacán, 1759-1769. Zamora, El Cole­gio de Michoacán, 1986, 457 p. Véase también Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana y la ilustración. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975, p. 133-146.

10. La mejor investigación al respecto sigue siendo acaso la de Nancy Farriss, Crown and Clergy in Colonial México, 1759-1821, the Crisis of Ecclesiastical Privi- lege. London, The Athlone Press University of London, 1968, 253 p.

11. David A. Brading, op. cit. p. 21-22. Véase también el apéndice VI sobre cape­llanías vacantes en Oscar Mazín, op. cit. p. 263-284.

12. David Brading, op. cit. p. 17.13. Germán Cardozo Galué, Michoacán en el siglo de las luces. México, El Colegio

de México, 1973. Cfr. Apéndice II: Informe sobre la situación de los estudios en el Seminario Tridentino de Valladolid de Michoacán, 1784.

14. David A. Brading, op. cit. p. 20.15. El arzobispo Lorenzana al obispo Sánchez de Tagle, 2 de enero de 1768. Ar­

chivo Histórico Manuel Castañeda Ramírez. (En adelante A.H.M.C.R.-Casa de Morelos) Negocios diversos, legajo 367, 1768.

16. Repartimiento de los 40,000 pesos que se cargan a las mitras y cabildos de las iglesias metropolitanas y catedrales de Indias, a proporción de sus rentas decimales, bajadas car­ga. Aj-cliivo del Cabildo Catedral de Morelia (En adelante A.C.C.M.) Expe­dientes de actas capitulares, 1781.

Prelados Cabildos Totales

México 2,000 3,000 5,000Puebla 1,500 2,500 4,000Michoacán 1,500 2,500 4,000lim a 1,200 1,800 3,000Charcas 1,200 1,800 3,000Cuba 1,000 1,500 2,500Arequipa 900 1,300 2,200Caracas 900 1,200 2,100Cuzco 800 1,200 2,000Quito 800 1,200 2,000La Paz 1,000 800 1,800Guadalajara 700 1,100 1,800Santa Fe 700 1,000 1,700Chile 650 700 1,300Durango 600 700 1,300Oaxaca 450 550 1,000Guamanga 400 300 700Trujillo 200 300 500

17. David A. Brading, “Tridentine Catholicism and Enlightened Despotism in Bourbon México” en Journal of Lalin American Studies. Vol. I, mayo de 1983, p. 1-22.

18. Ibid., p. 8-9.19. Real cédula de 3 de abril de 1765 para que se escucharan las demandas de la

provincia franciscana del Santo Evangelio de México tocante a la restitución de los siguientes conventos:

Asunción de la villa de Cuernavaca Corpus Christi de Tlalnepantla Santiago de Chalco

Santiago de Xiutepec San José de TulaSanta María la Redonda deMéxico

San Cristóbal Ecatepec Todos los Santos de Zempoala La Asunción de O tumba

A.G.N., Clero regular y secular. Vol. 119, exp. 5, f. 117-139.

20. Teófanes Egido en op.cit.21. El arzobispo Lorenzana a Sánchez de Tagle, 2 de enero de 1768 en Loe. cit. y

Luis Sierra Nava-Lasa, op.cit., caps. X y XI.22. Sierra Nava-Lasa, op. cit. p. 133-146.23. Ibidem.

San Juan Bautista Tulandngo San Mateo de Huichapan San Pedro y San Pablo de Calimaya

San Buenaventura de CuauhtitlánSan Francisco de Tepeji Visitación de la villa de Atlixco

24. Carta respuesta del arzobispo Lorenzana al virrey marqués de Croix, enero de 1768. A.G.N., Papeles de bienes Nacionales, vol. 1158, exp. 2, no. 8.

25. David A. Brading, op. cit, “Tridentine Catholidsm and Enlightened Despo- tism in Bourbon México”, p. 7-8.

26. Para integrar la relación de los curatos secularizados y divididos en el arzobis­pado de México consulté: Fernando Navarro y Noriega, Catálogo de los cura­tos y misiones que tiene la Nueva España en cada una de sus diócesis. México, Casa de Arizpe, 1813.Fernando Ocaranza, Capítulos de la historia franciscana, [la. serie] México, 1933, Vol. I,p. 499-501.Peter Gerhard, A guide to the Historical Geography of New Spain. Cambridge at the University Press, 1972. 402 p.

27. Jonathan Israel, Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610- 1670. México, Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 209-121.

28. Ibidem.29. Navarro y Noriega, op. cit. Gerhard Peter, op. cit.30. El arzobispo Lorenzana al obispo Sánchez de Tagle, 2 de enero de 1768 en

Loe. cit.“...hacen fuerte empeño los regulares para impedir la secularización de los curatos, que tuvo en su arbitrio mi dignísimo antecesor y después cuando qui­so no la pudo lograr, viendo que en la Puebla estaba hecha desde el tiempo del venerable señor Palafox y acabada por el Illmo sr. dn. Domingo Panta- león Alvarez de Abreu.

31. Entre 1742 y 1754 se dividieron y/o crearon en el obispado de Puebla: Aca- xete, San Pedro Amadán, Amistlán, Atlequizayan, Atzalan, Camacoautla, Cha- zumba, Chiautzingo, Chichiquila, Chicnahuapan, Santa Isabel Cholula, Co- ronango, Cotaxtla, Cuyoaco, Espinal, Huapanapan, Huaxolotitlán, San Pedro Ixhuatlán, Maltrata, San Marcos, Naranja, San Agustín del Palmar, Qualac, Quetzala, Tepecintla, Tepeyahualco, Tlachichilco, Tlacotalpan, Tuzamapan, Xicotlán, Xochihuehuetlan, Xochitlán y Zacán.

32. El marqués de Cruillas al obispo Fabián y Fuero, 21 de agosto de 1765.A.G.N., Clero regular y secular, vol. 31, exp. 4, f. 216-219.

33. Expediente sobre división del curato de Orizaba, julio de 1770. A.G.N., Clero regular y secular y vol. 51, exp. 3, f. 57-59.

34. Navarro Noriega en op.cit. Gerhard Peter en op. cit.35. David A. Brading en op. cit. “El clero mexicano y el movimiento insurgente

de 1810”.