revista proceso méxico

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semanario de información y análisis
ELECCIONES 2016 /VERACRUZ
30 Entre los Yunes, la sombra de Morena /Noé Zavaleta
32 La herida sigue abierta /Noé Zavaleta
INTERNACIONAL
60 ECUADOR: Un sismo con remezones económicos... y políticos /Rafael Croda
63 BRASIL: Rousseff, las cartas que le quedan /Andrés Carvas
66 CHILE: Libertades cercenadas /Francisco Marín
ANÁLISIS
69 Golpe /Naranjo
DESASTRE
CASO AYOTZINAPA
12 El GIEI se va, las dudas aumentan, los normalistas no aparecen /Gloria Leticia Díaz
17 Con nombres y detalles, la acción de la Policía Federal en Iguala /Anabel Hernández
20 La infamia contada a muchas voces /John Gibler
VIOLENCIA
24 Historia de la tortura videograbada /Juan Veledíaz
27 Michoacán: la multiplicación de los cárteles /Francisco Castellanos y José Gil Olmos
Índice No. 2060 • 24 de abril de 2016
Fo to por tada:
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12
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AÑO 39, No. 2060, 24 DE ABRIL DE 2016
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agencia proceso de información
71 Dilma y nuestro abismo /Marta Lamas
72 La rebelión de las masas bajo el capitalismo /Sabina Berman
73 integridadpública.mx /Ernesto Villanueva
LIBROS
76 Un niño a bordo de La Bestia /Paulina Rocío del Moral González
CULTURA
78 Volveré a escribir: Del Paso, Premio Cervantes /Alejandro Gutiérrez
82 Leyendo a Cervantes en cautiverio /Ariel Dorfman
7860
REPORTE ESPECIAL
35 A 30 años: Los secretos de Chernobyl Textos: Anne Marie Mergier
36 En medio del apocalipsis 38 Cronología de la tragedia
42 Más allá de la imaginación
46 Crimen nuclear
53 El precio de la verdad
56 Un asunto de héroes
58 La “zona” le cambió
la vida
86 La armoniosa andadura cervantina (II de III) /Samuel Máynez Champion
89 Versiones de sonetos de Shakespeare /Alfredo Michel Modenessi
DEPORTES
92 Tlalnepantla: combate por dos canchas de futbol /Raúl Ochoa
96 Palabra de Lector
tortura le ocasiona /Helguera y Hernández
8/17/2019 Revista Proceso México
C
OATZACOALCOS/XALAPA,VER.– “¿Qué esperan? ¿Qué se des- baraten los cuerpos para no reconocerlos?”, grita una mu- jer. A su lado una treintena de trabajadores de Pemex y
familiares de desaparecidos durante la explosión del miércoles 20 en el complejo petroquímico Pajaritos la escuchan, im- potentes. Tienen la mirada vidriosa.
Frente a las instalaciones, con el rostro cubierto, efectivos del Ejército y la Marina forman una valla humana para impedir- les el paso y atestiguan los lamentos y pa-
taleos de los inconformes que llegaron de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Las Choapas, Minatitlán y el Uxpanapa.
Un sobrecalentamiento en el área de hornos y la falta de mantenimiento en un complejo cuyas válvulas e infraestructura no lo recibieron de manera adecuada provocaron dos explosiones en una de las
“Coatzacoalcos,
Hace tres años Pemex entregó en comodato parte de la administración del Complejo Petroquímico de Pajaritos a la empresa Mexichem, con la promesa de que pronto lle- garía el dinero a Coatzacoalcos. Pero no llegó. Lo que sí se presentó la semana pasada fue la tragedia, la más devas- tadora que se haya registrado en el sur de Veracruz. Fami- liares de los trabajadores subrogados de la paraestatal se lanzaron contra el presidente Peña Nieto –quien sólo estuvo tres horas en la planta siniestrada–, el gobernador Duarte y la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo. Y en un video que se hizo viral apareció la leyenda: “Ni tres, ni 13, ni 24. Son cientos (los muertos). Coatzacoalcos, no te calles”.
no te calles”
tres áreas del complejo, la de Clorados III. Al cierre de edición se reportaban 27
muertos y más de 160 heridos –una veinte- na de ellos de gravedad– y 18 desaparecidos, según las autoridades de la paraestatal y del gobierno estatal. La nube tóxica se expan- día, mientras los rescatistas sacaban los ca- dáveres en camionetas de redilas.
Adentro, en el área siniestrada –que desde hace tres años fue cedida a la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) y es administrada en comodato por la firma Mexichem, de Juan Pablo del Valle, y por Pe- mex–, el presidente Enrique Peña Nieto re- corrío el lugar del desastre, el peor que se ha registrado en Coatzacoalcos.
Lo acompañaban el director de la paraestatal, José Antonio González Anaya, el gobernador Javier Duarte, el titular de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y la procuradora Areli Gómez.
“Relajaron la seguridad”
En Villa Allende, la congregación que con- centra la actividad petrolera, todos hablan de la tragedia: jefes de manzana, lanche- ros, tenderos, taxistas y comerciantes; todos, dicen, tienen familiares, vecinos, amigos entre los afectados.
La tragedia pudo evitarse. La planta sólo necesitaba mantenimiento, comen- tan en coro los obreros de Pemex, los pro- veedores y los contratistas. Quieren que los reporteros locales, nacionales y extran- jeros oigan sus historias y las difundan.
Desde que Mexichem tomó las riendas de Pajaritos, los protocolos de seguridad se relajaron; incluso se utilizaban sople- tes muy cerca de donde había fugas, se- gún advirtieron los empleados del área de seguridad, comenta vía telefónica Didier Murguira Cadena, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que agrupa a 320 empleados de Pemex disidentes del corporativo Sindicato de Trabajado- res Petroleros de la República Mexicana.
Pero sus superiores y el encargado del complejo los ignoraron. “Hubo una negli- gencia criminal –dice–. Estamos hablando de delitos industriales”.
Murguira Cadena detalla que una vez que entraron en operación Mexichem y PMV, a los disidentes se les complicó ob- tener información sobre los procesos de seguridad. “Una compañera jubilada del área de seguridad –cuenta– recién nos confió que las normativas y la seguridad se empezaron a relajar con Mexichem. Eso le causó conflictos con su superior”.
En Pajaritos, agrega, casi nadie traba- jaba con la ropa de seguridad, lo que con- traviene las normas; además, ingresaba mucho personal de compañía sin la capa- citación adecuada.
En Facebook una imagen que captó el momento de la explosión se hizo viral. La acompaña una leyenda en la que se recri- mina a los gobiernos federal, estatal, a los directivos de Pemex y la empresa Mexi- chem. Y añade: “Ni tres, ni 13, ni 24; son cientos (los muertos). Coatzacoalcos, no te calles”.
Algunos medios de Coatzacoalcos, a 417 kilómetros de la capital del estado, tuvieron acceso a un video de una empresa privada ubicada dentro de Pajaritos. Se observa cómo la primera explosión cortó de tajo torres de hornos y la estructura del complejo petroquímico. En menos de
A F P
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DESASTRE
ROSALÍA VERGARA
L a planta Clorados III, de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), donde se produjo la explo- sión del miércoles 20, fue “desincor-
porada” el 30 de julio de 2013, días antes de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara su iniciativa de reforma energéti-
ca para aceptar la participación de capital privado en Pemex.
Forma parte de los tres polígonos del predio que administra en comodato en el Complejo Petroquímico Pajaritos. Uno tiene 342 mil 675 metros cuadrados, otro 42 mil 240 y el tercero 91mil 471.
Hace tres años la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación “la desincorpora- ción del régimen de dominio público de la federación de 476 mil 386 de los 990 mil 528 metros cuadrados del complejo ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, a efecto de que el organismo público descentralizado Pemex Petroquí- mica lleve a cabo su enajenación a títu- lo oneroso”.
El acuerdo lo firmó el entonces subse- cretario de Responsabilidades Adminis- trativas y Contrataciones Públicas, Julián
Alfonso Olivas, en ausencia del titular de la SFP.
“La venta de la mitad de la planta de Pajaritos, la más importante y rentable de Pemex –genera 4 mil 500 millones de pesos anuales–, es el último paso para con- cretar uno de los primeros compromisos
asumidos por el actual Consejo de Admi- nistración de Pemex, encabezado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cold- well” ( Proceso 1923).
Según el reportaje publicado en este semanario el 8 de septiembre de 2013, ambas partes se comprometieron a aportar 556 millones de dólares para la moderniza- ción de la planta. La empresa Mexichem,
a la que pertenece PVM, contribuiría con 325 millones y Pemex Petroquímica otros 231 millones, además de ceder casi la mitad del complejo Pajaritos en un supuesto arrendamiento.
Meses antes, el 16 de enero de 2013, se constituyó la empresa PVM, en sociedad de coinversión entre Pemex Petro- química y el consorcio privado Mexichem, antes Camesa.
El artífice
Mexichem se creó el 30 de junio de 1978 y el 18 de septiembre de ese año se inscribió en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Mexichem se dedica a la elaboración de productos químicos, petroquímicos, ácido fluorhídrico y a la extracción de fluorita. Los productos que maneja la empresa, presidida por Juan Pablo del Valle Pero- chena, son cloro, sosa cáustica, hipoclori- to de sodio y tubos de policloruro de vinilo (PVC).
Del Valle Perochena es el menor de los seis hijos del fundador del grupo de ne- gocios familiares, Antonio del Valle Ruiz, quien nació en 1938, poco antes de la ex-
propiación petrolera; asimismo, es asesor de los 10 mexicanos más acaudalados se- gún la lista que cada año publica la revista Forbes.
Del Valle Ruiz fue expulsado del gremio de los banqueros cuando su institución, Bancrecer, pasó al gobierno en 1982. Pero no se retiró, sólo se cambió al mercado de la petroquímica.
El 20 de marzo de 2013 Forbes publi- có una entrevista con Del Valle Ruiz, quien declaró que las decisiones estratégicas de sus empresas estaban en manos de sus descendientes y el equipo ejecutivo:
“Ni me considero el empresario del sexenio ni el empresario de nada. Yo ya cum- plí con mi labor, que los jóvenes continúen y sanseacabó”, dijo el fundador de Mexi- chem, principal fabricante de tubos de PVC en el mundo. La empresa tenía un valor de 70 mil millones de pesos en el mercado. De 2006 a 2013 aumentó 15 veces sus ventas.
También relató que en noviembre de 2011 Mexichem informó al mercado que postergaba su alianza con Pemex para operar en el complejo Pajaritos una planta conjunta de etileno, la materia prima para producir cloruro de vinilo o fabricar tubos de PVC. Le había costado ocho años de negociación –desde el inicio del sexenio de Calderón y los tres primeros del de Peña Nieto– y 5 millones de dólares.
Del Valle Ruiz comenzó trabajando en El Asturiano, un negocio textil fundado por su familia cuando llegó a México proce- dente de España. En 1953 fundó junto con inversionistas mexicanos e ingleses la em-
Mexichem, una empresa voraz
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presa Cables Mexicanos para fabricar cables de acero de alto carbono.
En 1960 Cables Mexicanos cambió el nombre por Aceros Camesa. En 1978 se creó Grupo Industrial Camesa y la compa- ñía comenzó a cotizar en la BMV.
En 1997, Grupo Empresarial Privado Mexicano (GEPM), también creado por la familia Del Valle, adquirió Grupo Industrial Camesa. El 50.4% de participación era de Mexichem, mientras que la empresa quí- mica y Elf Arochem, de Francia, tenía el 49.6% restante.
En 1999 GEPM se fusionó totalmente en Camesa, la cual aumentó su participa- ción a 100% en Mexichem durante 2013 y entró en el negocio químico. Un año des- pués obtuvo Química Flúor, una productora de ácido fluorhídrico, con lo que se convirtió en líder en el ramo de Latinoamé- rica. A la par, compró Grupo Primex, una
empresa mexicana puntera en producción de resinas de PVC que se posicionó en el primer sitio en México y en tercer lugar en
América Latina.
Reposicionamientos
En 2005 Del Valle Ruiz vendió Aceros Ca- mesa y Grupo Industrial Camesa cam- bió su nombre a Mexichem, que ya existía.
Al siguiente año se expandió a nivel internacional al comprar Bayshore Group, una empresa de composición que operaba en Estados Unidos.
En 2007 consiguió Amanco y sus filia-
les, productores de los sistemas y acceso- rios de tubería de PVC para la conducción de fluidos, principalmente agua. Captó también a Petroquímica Colombiana, empresa dedicada a producir resinas de PVC.
Ese mismo año Mexichem se quedó con 50% de las acciones de CI Geon Po- límeros Andinos, también dedicada a los compuestos de PVC; adquirió DVG, Indus- tria y Comercio de Plásticos, productora de tubos de PVC rígidos para transportar agua potable y residual.
Adquirió también la firma Fluorita de Río Verde, incluyendo sus plantas de pro- ducción, así como dos concesiones mi- neras de fluorita grado ácido; Quimir, una empresa de fosfatos de sodio; Geotexti- les del Perú; la brasileña Fiberweb Bidim Industria y Comercio de Nao-Tecidos y Colpozos, líder en sistemas de riego y per- foración en Colombia.
En 2009 se apoderó de tubos Flexi- bles, una empresa mexicana con cuatro plantas que producen tubos y conexiones de PVC. También se hizo del 50% de las acciones restantes de CI Geon Polímenos
Andinos y compra Platisur, una empresa de PVC peruana.
Para 2010 obtuvo INEOS Group, un negocio de químicos fluorados con presencia en Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Taiwán, convirtiéndose en líder mundial en la producción de refrigerante y gases medicinales. Otra compra fue Poli-
cyd, fabricante de resinas y Plásticos Rex, dedicada a la producción de tuberías y ac- cesorios de PVC.
En 2011 se quedó con AlphaGary Group, productor de compuestos de PVC, TPE y TPO con instalaciones en Estados Unidos y Reino Unido. Al año siguiente compró Fluorita de Méxi- co y Wavin, una firma europea líder en la producción de sistemas de tuberías plásticas.
Para 2013, Mexichem consiguió el negocio de resinas especiales de PVC de PolyOne, con dos plantas en Estados Uni- dos, así como un Centro de Investigación
y Desarrollo. De acuerdo con la propia página de la
empresa –www.mexichem.com– ese año Mexichem y Pemex Petroquímica forma- lizaron una empresa conjunta: PMV, para producir monómero de cloruro de vinilo. Como resultado de esta alianza estraté- gica, se espera que la cadena de valor de etileno de Mexichem (a partir de sal-etileno para resinas de PVC y sistemas de conducción de fluidos) consolide “su estrategia de integración vertical”.
De manera paralela, compró Occi- dental Chemical Corporation (OxyChem), una subsidiaria de Occidental Petroleum
Corporation; con Mexichem formaron In- gleside etileno para construir cracker de etileno.
En 2014 Mexichem, Enesa Energía, e Invenergy Clean Power formaron un consorcio que fue seleccionado por Pemex como ganador para el proyecto de coge- neración Cactus para la generación de electricidad y vapor. Conquistó Dura-Li- ne, líder mundial en soluciones de conduc- to HDPE, conductos y tuberías de presión para las industrias de las comunicaciones de datos y telecomunicaciones, energía e infraestructura.
Además, adquirió Vestolit, el sexto mayor productor de resinas de PVC en Euro- pa, único productor europeo de SU-PVC y el segundo mayor productor europeo de pasta de PVC.
Para 2015 Mexichem compró la licencia de distribución y venta para el HFC- 227ea /P grado farmacéutico de DuPont Fluoroquímicos.
Pero el exitoso ascenso de Mexichem se detuvo el miércoles 20 con la explosión del complejo Clorados III en la planta de Pajaritos. Y sus acciones en bolsa se vinie- ron abajo.
10 segundos el fuego envolvió un radio de 500 metros del área de Clorados III.
Un colaborador eventual de la compa- ñía Lexer Industrial de México, Siemens, API, JC Instrumentación o Emerson –encar- gadas de dar mantenimiento a PMV– salió
20 minutos antes de la explosión. Cuenta vía telefónica que los directivos sabían del sobrecalentamiento en el área de Clorados III. Incluso el miércoles 20 hubo un cierre paulatino de válvulas y disminuyó la actividad industrial.
“Mi jefe me dijo que nos iríamos a las 3. Yo me fui antes, en semanas anteriores ya se habían registrado diversos incidentes, sin que la empresa hiciera algo al respec- to… todo pasaba por la falta de mantenimiento”, relata.
El trabajador subrogado de Pemex ase- gura que el Complejo Pajaritos carecía de mantenimiento lo cual se reflejaba en es-
tructuras dañadas por el óxido; otras es- tán en condición deplorable.
“Todos sabían que le faltaba mantenimiento a esa área. El riesgo de explosión era elevado; pero la gente es valemadrista. A veces no se fija, no mide el riesgo”. E insiste: “Si me quedo media hora más, ahori- ta no estaría vivo.”
La diputada federal de Movimiento Re- generación Nacional (Morena), Rocío Nahle,
E s p e c i a l
La explosión en vivo
DESASTRE
se trasladó de la Ciudad de México a su ciudad natal, Coatzacoalcos, para observar el daño causado por la explosión.
La planta está destrozada. Aun no se puede ingresar al área cercana al reactor y los hornos; le están dando tiempo para que se enfríe. No sabemos si hay más víc- timas, escribió la legisladora en su cuenta de Facebook.
Nahle comenta a los reporteros que desde la tribuna de San Lázaro va a exigir la cancelación de la concesión de Pajaritos a Mexichem.
En las inmediaciones del complejo todo es confusión; todos buscan a sus familiares. La madre de Víctor Hugo Corde- ro, un chiapaneco de 20 años que llegó a trabajar a Coatzacoalcos hace dos meses, lo busca afanosamente. Como no habla
español sólo muestra una fotografía de “su muchacho” y una hoja con sus datos generales.
Julián Rodríguez, de 27 años, quien dejó a su esposa embarazada y con dos hijos pequeños tampoco aparece. Lo buscan con desesperación su abuela de crianza, su abuela sanguínea, su madre, sus hermanos, sus tíos y su esposa, a quien sus hijos atosi- gan con la pregunta: “¿a qué hora saldrá de trabajar papá?”
Los hermanos Óscar y Abigaíl Sánchez, de 25 y 30 años, respectivamente, se en- contraban en el área de Clorados III cuando vino la explosión. Su familia no sabe dónde están. El primero es andamiero de Peri Pan- tex, una proveedora de PMV; la segunda es ingeniera en la misma empresa.
Familiares de Óscar y Abigaíl llevaban
días esperando noticias. El viernes 22 por la noche fue localizado el cuerpo del andamiero. Estaba totalmente calcinado en el área de Clorados. Los forenses lo recono- cieron por su dentadura. De Abigaíl nada se sabía al cierre de edición.
En la Fiscalía General del Estado, en el Servicio Médico Forense (Semefo) y en la propia PMV los problemas se multiplican. Familiares de Éric Caamaño Ramos, de 23 años, oriundo de Chinameca, aseguran que en dos ocasiones el Semefo intentó darles un cuerpo que no es el de su hijo, obrero de la empresa Prometálica, sub- contratista de Ingenieros Civiles Asocia- dos (ICA). En ambas lo rechazaron.
…Y Peña Nieto no dio la cara
El jueves 21 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto, en medio de un im- presionante cinturón de seguridad policia- co-militar en torno al Complejo Pajaritos, recorrió la zona siniestrada, acompañado por el director de Pemex y el gobernador Duarte. Sólo se permitió el acceso a medios previamente seleccionados.
Afuera del complejo petroquímico unos 150 policías de la SSP estatal y una treintena de militares fueron movilizados para formar varios cinturones de seguridad y evitar que grupos de familiares de obreros muertos, heridos o desaparecidos increpa- ran a Peña Nieto.
Al terminar su recorrido se subió a un helecóptero de la Marina para trasladarse al hospital de Pemex de Minatitlán. Sólo entonces los efectivos de la SSP y de la Se- dena levantaron el cerco de seguridad y dejaron entrar a mujeres a la planta de Pa- jaritos para que buscaran a sus familiares.
En las inmediaciones de la planta Clorados III varias camionetas Suburban
Y a h i r C e b a l l o s
Y a h i r C e b a l l o s
La indignación
F o t o : T r a b a j a d o r e s d e P e m e x
Presidencia
y vehículos de lujo se confundieron con el convoy de Peña Nieto y Duarte. Los familiares de los afectados comenzaron a mentarles la madre.
“Que baje caminando, que dé la cara, queremos a nuestros familiares”, decían
algunos. Pero no. Peña Nieto descendió del helicóptero en un predio despejado dentro del complejo petroquímico, y en esa misma aeronave se retiró al hospital de Pemex en Minatitlán.
De ahí partió hacia el aeropuerto de Minatitlán, donde abordó su avión y voló hacía la Ciudad de México, su estadía en el lugar de la tragedia duró unas tres horas.
En la aeronave, Peña Nieto declaró a una reportera de Radio Fórmula que Pemex, la empresa Mexichem y el gobierno federal asumirán su responsabilidad en las indem- nizaciones a los afectados.
“Pemex y la empresa con la que está asociada tienen que asumir su responsabilidad, sobre todo en términos de hacer la investigación correspondiente –dijo–; pero lo más importante, que las personas que resultaron lesionadas tengan la atención
médica debida, especializada y correspondiente. Por eso estoy aquí.”
Didier Murguira recuerda que hace tres años Pemex decidió entregarle el complejo petroquímico a Mexichem “por una cues- tión presupuestal”, según adujeron las autoridades.
“Nos dijeron que Mexichem, de Juan Antonio del Valle, iba a inyectar dinero fres- co, que iban a tener una inversión multi- millonaria. Todos nos dábamos cuenta, al pasar de los meses, que seguían trabajando con el mismo equipo, que el dinero no lle- gó… pero sí la tragedia”. (Con información de Ignacio Carvajal.)Retiro de cadáveres
General Cienfuegos, Osorio Chong, Peña Nieto, González Anaya y la procuradora Gómez. Visita apresurada
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DESASTRE
A una semana de que concluya la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la in- vestigación del caso Ayotzina- pa –y ante la serie de obstácu-
los gubernamentales que enfrentó– no hay evidencias concluyentes acerca del para- dero de los 43 normalistas desaparecidos.
GLORIA LETICIA DÍAZ
“Es el gobierno de (Enrique) Peña Nie- to el que está poniendo las trabas y así no se llega a la verdad; por eso no ha atendi- do las recomendaciones que hizo el grupo de expertos”, acusa Emiliano Navarre- te, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete.
En entrevista –y en vísperas de conocer de voz de los integrantes del GIEI sus con-
clusiones, que serán públicas el domingo 24– Navarrete dice que durante las reuniones que sostuvieron los expertos, familiares y sus representantes con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, era evidente que “las búsque- das que se hicieron de nuestros hijos ocu- rrieron por el trabajo de los expertos, los de la PGR no hacían casi nada”.
El GIEI nació el 12 de noviembre de 2014 como parte de las medidas caute- lares (MC/409/14) otorgadas por la Comi- sión Interamericana de Derechos Huma- nos (CIDH) tras la desaparición forzada de los 43 normalistas en septiembre de ese año. Inició formalmente su labor en marzo de 2015, con atribuciones para elaborar planes de búsqueda de los estudiantes, analizar el expediente para de-
X i n h u a / A l e j a n d r o A y a l a
El GIEI se va, los normalistas
no aparecen
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha sido central en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos: mediante un riguroso trabajo científico desmintió la apresurada “verdad histórica” del gobierno... y eso lo condenó. Mediante una campa- ña de desprestigio, presiones, madruguetes y mentiras las autoridades lograron que los expertos abandonaran las investigaciones. Pero las críticas planteadas por el GIEI siguen vigentes: no hay pruebas de que los estudiantes hayan sido incinerados en Cocula, la acción de la PGR huele a consigna, no hay certeza de que los restos identificados provengan del basurero y se menosprecian
otras versiones que parecen más sólidas.
terminar responsabilidades penales, presentar un plan de atención integral a las víctimas y familiares, y formular recomendaciones generales para atender el problema de la desaparición de personas en México.
Durante sus primeros seis meses de gestión, el GIEI derrumbó la “verdad histó- rica” proclamada por el exprocurador Je- sús Murillo Karam, que sostenía que los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros del cártel Guerreros Unidos.
La “verdad histórica” fue descartada mediante peritaje realizado por un exper- to en dinámica de fuego, José Torero, con- clusión en la que coincidió, meses más tarde, el Equipo Argentino de Antropolo- gía Forense (EAAF).
Ante el golpe a la versión oficial, en octubre de 2015 y en la sede de la CIDH en Washington, el gobierno de Peña Nieto prácticamente condicionó la segunda fa- se de colaboración del GIEI a la realización de un nuevo peritaje, para determinar “si un incendio o fuego controlado ocurrió en el vertedero de Cocula, Guerrero, suficien- te para generar la incineración de cuerpos humanos el 26 y 27 de septiembre de 2014”.
El 31 de marzo pasado, violando todos los protocolos establecidos entre el GIEI y la PGR y contra las recomendaciones de los expertos, el subprocurador de Dere- chos Humanos, Éber Betanzos, y el espe- cialista en fuego Ricardo Damián Torres ofrecieron una conferencia de prensa de cuatro minutos, sin admitir preguntas, en la que dieron por definitivos los resulta- dos preliminares del peritaje.
La decisión crispó la relación –de por sí tensa– entre la PGR y el GIEI: los expertos intentaban avanzar en el esclarecimiento del caso mientras sorteaban paralelamente una campaña de desprestigio visibilizada por la presidenta de Alto al Secuestro, Isa- bel Miranda de Wallace, y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Jus- ticia Penal, José Antonio Ortega, quien de hecho interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el secretario ejecutivo de la CI- DH, Emilio Álvarez Icaza, desechada a los 15 días de haber sido admitida.
Bajo ese escenario, el viernes 15, el presidente de la CIDH, el estadunidense James Cavallaro, responsable de la Re- latoría para México, admitió que “no hay condiciones” para alargar la presencia del GIEI, por lo que el organismo regional di-
señará un nuevo mecanismo de supervi- sión de las recomendaciones que los expertos independientes hagan.
En la primera etapa de su mandato, de marzo a septiembre del año pasado, el GIEI propuso 20 recomendaciones para corregir la investigación, determinar responsabilidades y diseñar planes de búsqueda.
En espera de que se conozca el nuevo mecanismo de supervisión de la CI- DH, Emiliano Navarrete insiste en la falta de voluntad política para resolver el caso Ayotzinapa.
Apunta: “Yo le dije claro a esa señora (Gómez) que si no tenía la convicción, si no estaba comprometida a esclarecer los hechos, que mejor nos lo dijera, para qué nos están engañando; por el GIEI acudi- mos a reuniones pero nomás hacíamos corajes, porque nos decían que habían comprado tecnología de punta, pero en Guerrero no vimos quién traía ese equipo para buscar a nuestros hijos”.
El eje criticado
Navarrete sostiene que para el GIEI “hubo muchos obstáculos, y el gobierno está necio en hacernos creer que nuestros hijos quedaron en el basurero de Cocula. Si hubieran trabajado en equipo no estarían perdiendo el tiempo trabajando ahí”.
Ciertamente, a lo largo de estos 17 meses, la discusión sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas se focalizó en el basurero de Cocula. Sin embargo, hasta ahora no está demostrado que ése haya sido el destino final de los estudiantes, no só- lo porque los peritajes del GIEI y del EAAF
CASO AYOTZINAPA
W ASHINGTON.- Por la crisis de derechos humanos y la falta de clari- dad en la investigación del caso
Ayotzinapa, el Capitolio podría castigar al gobierno de Enrique Peña Nieto con la retención de fondos para financiar la lucha contra el narcotráfico, según adelantan asesores de alto nivel del Poder Legisla- tivo estadunidense.
“Es inaudito lo que hizo el gobierno de
México con el GIEI al presionar a la CIDH para que diera por terminado el mandato de participación de los expertos en la in- vestigación de Ayotzinapa”, dice a Pro- ceso uno de los asesores de un poderoso Comité de la Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos.
Durante una reunión en una sala del Capitolio, tres asesores de dos influyentes comités senatoriales –quienes pidieron el anonimato– explican que entre los legis-
El Capitolio se enoja J. JESÚS ESQUIVEL
ladores estadunidenses hay una creciente preocupación por el deterioro de los derechos humanos en México.
“Secuestros, torturas, desapariciones, ejecuciones (extrajudiciales), tráfico de personas y de menores de edad, son sólo algunas de las violaciones de los derechos humanos que cometen las policías federales y las Fuerzas Armadas de Mé- xico”, comenta uno de los tres asesores
legislativos. “Lo más grave”, apunta el asesor en la
plática a la que fue convocado este semanario, “es que el gobierno del presidente Peña Nieto rechaza cualquier señalamiento en este sentido, pese a las evidencias”.
Armados de los más recientes infor- mes sobre la situación de los derechos humanos en México, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el del Departamento de Estado,
los tres machacan el tema del desco- nocimiento y rechazo total por parte del gobierno de Peña Nieto a las acusaciones que se hacen contra las fuerzas de seguridad del Estado.
“Son desconcertantes las acciones del gobierno mexicano, justo cuando la
investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ganaba un poco de credibilidad con la participación del GIEI, echan a andar una estrategia política para hacerlo a un lado y lo logran. Eso es reprochable”, matiza otro de los asesores.
Contra la Iniciativa Mérida
Como el caso de Ayotzinapa, los consejeros legislativos también mencionan como evidencia de la crisis de derechos humanos y la participación de las Fuerzas Armadas en estas violaciones a las garantías indivi- duales las matanzas de Tlatlaya, Estado de
México, y Tanhuato, Michoacán. Uno de los tres asesores no tiene em-
pacho en adelantar lo que le recomendarán en los próximos meses al gobierno de Barack Obama.
“Se le pedirá al Departamento de Es- tado que retenga nuevamente 15% de los fondos que se autoricen este año para la Iniciativa Mérida. Nuevamente el gobierno mexicano será descertificado en materia de derechos humanos”, asienta.
La descertificación en derechos humanos al gobierno de Peña Nieto implicaría la retención de unos 19.9 de los 133.5 millones de dólares que este año solicitó al
Capitolio el presidente Obama como parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida para la lucha bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Los consejeros enfatizan que en la Cámara de Senadores del Congreso estadunidense, varios legisladores incluso ya han hablado con John Kerry, el Secre- tario de Estado, para hacerle saber lo que le exigirán en septiembre de este año con respecto a la retención de ese 15%.
lo han descartado, sino por la forma en que aparece por primera vez en el expediente.
De acuerdo con la averiguación pre- via, la primera mención no surge de declaraciones de los inculpados (Patricio Re- yes Landa, El Pato; Jonathan Osorio,El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje, señala- dos por Jesús Murillo Karam en la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, cuando proclamó la “verdad históri- ca”), sino de una llamada anónima recibida el 26 de octubre, un mes después de la desaparición de los jóvenes.
Según el expediente sin censurar –al que tuvo acceso Proceso–, la agente del
J a s o n
R e e
d / R e u
t e r s
Ministerio Público de la Federación Diana Elizabeth Guerrero Ruiz dio fe de una llamada anónima recibida a las 23:15 horas del 26 de octubre en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delin- cuencia Organizada (SEIDO).
En la constancia ministerial de la agente adscrita a la Unidad Especializada en Inves- tigación de Delitos en Materia de Secuestro, en el telefonema “se escuchó la voz de una persona del sexo masculino de aproxima- damente 45 años de edad, quien manifestó que por seguridad no proporcionaría datos sobre su identidad”, y que quería proporcionar información sobre los normalistas.
Según el acta integrada en el tomo 14, el informante anónimo dijo que los 43 normalistas “ya estaban muertos y que sus restos los habían tirado en el lugar conoci- do como ‘El Basurero de Cocula estado de Guerrero’ (sic), el cual se encuentra ubicado a diez kilómetros al suroeste de la cabe- cera municipal”.
El documento lo firman, en calidad de testigos de asistencia, Aurelia Urzúa Do- mínguez y Luis Manuel López Mendieta. Ahí se consigna que quien llamó a la SEI- DO colgó “de manera inmediata el auricu- lar sin que esta autoridad ministerial pu- diera hacer preguntas al respecto”.
Washington. Reacción
“El gobierno de México está perdiendo credibilidad internacional en términos de derechos humanos. La forma tan categóri- ca como rechaza las conclusiones de infor- mes tan importantes como el de la CIDH y de las Naciones Unidas no tiene cabida en una sociedad democrática como la mexica-
na”, matiza uno de los tres expertos. Aunque menos vociferante que durante
el sexenio de Felipe Calderón, el Congreso estadunidense toma nota de lo que ocurre en México en materia de derechos humanos, con el pretexto del gobierno mexicano de que las violaciones que cometen las fuerzas de seguridad del Estado se hacen en nombre de la lucha contra el crimen organizado.
Durante el sexenio de Calderón, comi- tés del Congreso estadunidense –como el de Relaciones Exteriores del Senado– llegaron a calificar de “Estado fallido” a gran parte de la zona norte de México, porque
estaba prácticamente dominada por los cárteles del narcotráfico que se peleaban las rutas de trasiego.
“No han cambiado mucho las cosas en México respecto a lo que ocurrió en el gobierno del presidente Calderón con el del presidente Peña Nieto. Pero por lo menos el presidente Calderón no era tan intoleran- te con los señalamientos u observaciones que se le hacían en relación a los derechos humanos”, apunta otro de los asesores del Capitolio.
Creada en 2007, la Iniciativa Méri- da fue definida como una herramienta bilateral de cooperación para combatir
al narcotráfico y al crimen organizado. Para financiarla, la Casa Blanca propuso al Congreso un presupuesto de unos mil 400 millones de dólares, los cuales se han venido aprobando y entregando por partes cada año.
La primera retención de fondos de la Iniciativa Mérida se hizo precisamente en agosto de 2013. Ese año el senador demó- crata por Vermont, Patrick Leahy, retuvo varias semanas 95 millones de dólares de
un paquete de 229 para financiar a la Inicia- tiva Mérida.
Leahy argumentó que la retención se debía a que los gobiernos de Obama y Peña Nieto no habían informado al Con- greso estadunidense cómo se gastarían los 95 millones de dólares, ni cuáles serían
los objetivos que se alcanzarían con el financiamiento.
En la presidencia de Calderón, 90% de los fondos que se le entregaron de la Inicia- tiva Mérida se utilizaron para la adquisición de equipo militar, de tecnología de punta y para proporcionar entrenamiento espe- cializado a grupos de élite del Ejército, la Marina y la Policía Federal de México.
En el sexenio de Peña Nieto, los poco más de 400 millones de dólares desem- bolsados por Washington para combatir al narcotráfico se han destinado a financiar entrenamiento a ministerios públicos, asistencia técnica y para echar a andar progra-
mas de modernización del sistema judicial mexicano y de combate a la corrupción.
El pasado 19 de octubre el Departa- mento de Estado, después de recibir la recomendación del Congreso, anunció la primera descertificación del gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos bajo la Iniciativa Mérida.
“El Departamento de Estado no pudo confirmar que México cumplió con las expectativas sobre garantías básicas de derechos humanos”, informó en ese entonces Mark Toner, portavoz de la Secretaría de Estado.
El incumplimiento del gobierno de Peña
Nieto en protección de los derechos humanos implicó la retención de unos 5 millones de dólares de un presupuesto de 195.
Aunque simbólica, la retención de fondos de la Iniciativa Mérida representa mayor desprestigio internacional para México.
En el mismo tomo se asienta que a las 00:20 horas del 27 de octubre, a través de una nueva acta ministerial, Guerrero Ruiz instruyó a su colega Francisco Cuauhtémoc Mauriño Cubas, en ese momento comisio- nado en Iguala, a “descartar o verificar los hechos manifestados en la denuncia anó- nima”, para lo cual debía trasladarse “en compañía de peritos a dicho lugar”.
De acuerdo con el expediente, El Pato, El Chereje y El Jona declararon el 28 de octubre ante la SEIDO haber ejecutado, calcinado y tirado las cenizas al río.
La forma en que la SEIDO dio trámi- te a esta denuncia anónima es de llamar
B e n
j a m
El GIEI
Lo que adelantan los tres asesores es una segunda descertificación consecutiva por el tema de derechos humanos al gobierno de Peña Nieto, justo cuando el desprestigio del país y de su administración se acrecentó por
el caso Ayotzinapa y la exclusión del GIEI en las investigaciones, amén de los casos de corrupción en el gobierno federal, como el de la “Casa Blanca” del primer mandatario, o la de Malinalco, del secretario de Hacienda.
“Lo que no se entiende es por qué el gobierno mexicano se adelantó a informar que daba por concluida la participación del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la CIDH, cuando éste todavía ni siquiera entregaba su informe final”, destaca uno de los asesores.
“Cuando Juan Méndez (relator de la ONU para la tortura) denunció que la tortura en México era generalizada, el gobierno
del presidente Peña Nieto lo descalificó y ahora ni siquiera lo deja regresar al país”, resalta uno de los asesores. “Lo mismo está haciendo con el GIEI, el cual ha des- mentido la versión original del gobierno de la supuesta quema de los 43 normalistas en un basurero (Cocula)”, agrega.
Los tres asesores legislativos que con- vocaron a Proceso para hablar de la crisis de derechos humanos en México tienen una teoría de lo que ocurre en el gobierno de Peña Nieto cuando se le hacen críticas por las violaciones a las garantías indivi- duales que cometen los militares y en general las fuerzas de seguridad del Estado.
“Pareciera que vive en un estado de negación. Pareciera que no le importa la realidad ni las evidencias; niega todo lo malo que pasa en México y con ello aprue- ba la impunidad a los que comenten las violaciones a los derechos humanos”, dice uno de ellos.
Exigencias. Oidos sordos
ANABEL HERNÁNDEZ
P or documentos internos de la base igualteca de la Policía Fe- deral (PF) se conocen los nombres de los siete agentes de esa corporación que entraron en acción la noche del 26 al 27 de
septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Bur- gos, de Ayotzinapa, desaparecieron.
Son Luis Antonio Dorantes Macías, suboficial jefe de la base de la PF en Iguala; el subinspector José Carlos Hernández Ro- mero; los oficiales Víctor Manuel Colme- nares Campos y Arturo Gómez Gómez; y los suboficiales Emmanuel de la Cruz Pé- rez Arizpe, Marco Antonio Pérez Guzmán y Alfonso Ugalde Cámara.
Colmenares y Pérez Arizpe son dos de los policías reconocidos por un testigo de la Comisión Nacional de los Derechos Hu- manos, cómplices de la desaparición de
la atención, pues en el expediente están integradas decenas de llamadas anóni- mas y fotografías de narcomantas que no fueron investigadas.
Emiliano Navarrete recuerda que cuando se reportó la llamada anónima y se dieron las declaraciones de los inculpados, “estábamos integrados cinco
padres en la búsqueda de información, acompañados de la Policía Federal, íba- mos de aquí para allá, viendo cómo no se hacían las búsquedas como debería de ser, y de repente sale Murillo Karam.
“Si ellos tenían la certeza de que los muchachos habían sido quemados, nos habrían dicho de inmediato, no habrían jugado con nuestros sentimientos, por eso es claro que la ‘verdad histórica’ es una mentira planeada por Murillo”, considera.
La inconsistencia de la versión oficial y la insistencia en sostenerla pese a las pruebas científicas en contra llama-
ron poderosamente la atención de los integrantes del GIEI, contó la exfiscal colombiana Ángela Buitrago en un acto organizado por el Colegio de México (Col- mex) el jueves 21.
En la sesión de preguntas y respuestas al término de su conferencia “Ayotzinapa y el GIEI. Balance y lecciones”, la colombiana resaltó que la versión del basurero de Cocula se sostiene en “cinco declaraciones contradictorias” con “grandes in- congruencias”, mientras que antes que éstas se tomaron declaraciones a otros siete inculpados que señalan como destino final de algunos de los estudiantes el cerro de Pueblo Viejo, en las inmediaciones de la colonia Guadalupe (Iguala).
“Si fuera por fuerza numérica debía
tener más fuerza la primera versión de los siete inculpados que la de los cinco que hablaban del basurero de Cocu- la; si es en contexto y en contenido de la versión, habría mayor congruencia en las siete que en las cinco”, reflexionó la abogada ante los académicos.
Abundó: en relación con el resto óseo
encontrado en el río San Juan e identifi- cado como de Alexander Mora Venancio, no tiene que ver con el basurero, aunque “se ha vendido de esa manera”. De hecho, ambos puntos están separados por más de seis kilómetros.
Limitada a dar detalles de lo que sería el informe final del GIEI, Buitrago resal- tó que durante el segundo periodo de su gestión, las búsquedas se enfocaron en los cerros de Pueblo Viejo y El Zapatero.
Blanco de la campaña de desprestigio desatada en los últimos meses, Bui- trago advirtió en el Colmex que el trabajo de encontrar la verdad en el caso Ayotzi-
napa “apenas empieza”, y que no será ni en tres ni en seis meses cuando se cono- cerá el destino final de los jóvenes.
Para los padres de los desaparecidos, como don Emiliano Navarrete, el tiempo no importa. Está convencido de que la verdad se conocerá a fuerza de no ce- jar en su lucha.
“Aunque se vaya el grupo de expertos y todavía no sepamos qué va a pasar, es el gobierno quien tiene una deuda pendiente con los mexicanos; sabemos que el gobierno está acostumbrado a callar a la gente, pero nosotros tenemos muchas personas que nos apoyan para encontrar la verdad. No vamos a parar, van a tener que matarnos si nos quiere callar”, sen- tencia don Emiliano.
O c
Encuentro. Lista de pendientes
La participación activa de la Policía Federal en la desa- parición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya no se puede disimular. Dos polícías federales fueron seña- lados por un testigo de la CNDH como activos partici-
pantes en el secuestro de más de 15 normalistas que viajaban en un autobús el 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con documentos oficiales, ambos pertene- cen al grupo de siete integrantes de la PF que tuvieron alguna intervención en la trágica Noche de Iguala. Este reportaje se realizó con el apoyo del Programa de Perio- dismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
los 15 o 20 normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 el 26 de septiembre, revelaron fuentes vinculadas a la investigación de la CNDH.
Según ese testigo, entre las 22:00 y las 22:30 horas –cuando los policías municipales agredieron a los estudiantes en la autopista federal 95 y los obligaron a bajar
del autobús para subirlos a vehículos de la Policía Municipal de Huitzuco–, Colmena- res y Pérez Arizpe atestiguaron y permi- tieron que ocurriera la agresión en un tramo carretero que, según información de la propia PF y de la Secretaría de Comunica- ciones y Transportes (SCT), está bajo juris- dicción federal.
Según testimonios publicados desde septiembre de 2015 por esta reportera (Pro- ceso 2029), a la altura del Palacio de Justi- cia los policías federales también apunta- ron sus armas contra los normalistas, a la vista de decenas de automovilistas que ha- bían quedado varados por el bloqueo insta-
lado para atacar a los estudiantes. En lo que parece una acción de encu-
brimiento, en vez de someterlos a inves- tigación, después de los hechos Colme- nares y Pérez Arizpe fueron trasferidos a otras bases de la PF. El primero a Tlaxca- la y el segundo a Tlalnepantla, Estado de México, ambos en funciones de vigilancia.
De acuerdo con documentos obtenidos de la Secretaría de la Función Públi- ca y de la PF mediante la Ley Federal de Transparencia, Dorantes y Colmenares tienen historiales de indisciplina e irregu- laridades en la corporación. Súbitamente, menos de un mes después de la desapari- ción de los normalistas, el primero renun- ció a la Policía Federal y nunca ha sido in- terrogado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo algunos de los siete federales mencionados detuvieron el camión donde viajaban los jugadores de futbol del equipo Avispones, a la altura del Pa- lacio de Justicia, mientras ocurría el ataque contra los normalistas; tras dejarlos ir, metros adelante fueron baleados con armas de grueso calibre según la denuncia hecha por padres de los futbolistas a principios de marzo pasado.
Según la tarjeta informativa No. 1364/2014, Colmenares, Hernández, Gó- mez, Pérez Arizpe y Ugalde fueron los primeros en llegar tras el ataque contra los jugadores, en el cual murieron tres personas. Los efectivos de la PF negaron apoyo a los heridos y no llamaron a la ambulancia, de acuerdo con el testimonio de sobrevivientes, de sus familiares y de un funcionario del gobierno de Guerrero.
En la investigación periodística reali- zada se cuenta con pruebas documenta- les que demuestran que la base de la PF de Iguala vigiló a los normalistas de Ayo- tzinapa desde el 25 de septiembre, cuando
Con nombres y detalles,
Ex pedient e. Señalamient os dir ect os CASO AYOTZINAPA
2060 / 24 DE ABRIL DE 2016 17
llegaron a las inmediaciones de Iguala para hacer un primer boteo.
Y el 26 de septiembre, junto con el Ejército y la policía estatal, Colmenares y otros federales vigilaron el camión Es- trella de Oro 1531 desde las 20:00 horas, cuando los estudiantes llegaron a la caseta número 3 en la entrada de Iguala. Cua- tro horas después, en el Palacio de Justicia de ese autobús desaparecieron todos los normalistas.
Desde diciembre de 2014, en el reportaje La historia no oficial (Proceso 1989) se reveló que la PF había participado activa- mente en el ataque a los estudiantes y el Ejército había estado presente.
Vigilados desde el 25
De acuerdo con la documentación reca- bada para este trabajo, la Policía Federal estaba en alerta por la presencia de normalistas desde al menos un día antes. En la tarjeta 1348/ 2014 (hoja 881) fechada el 25 de septiembre, Dorantes informó a sus superiores que la PF vigiló en la autopista Iguala-Mezcala durante tres horas a 50 estudiantes de la normal que viajaban en un autobús Estrella de Oro.
“Por parte de esta estación Iguala se encuentra monitoreando a distancia el movimiento, para prevenir cualquier acto vio- lento, de igual manera se solicita el apoyo y presencia de la policía estatal”, señaló Do- rantes y luego informó que los normalistas se retiraron a las 15:00 horas.
“Acciones inmediatas: Se mantiene personal de esta estación pendiente en el tramo carretero en coordinación con autoridades estatales para llevar a cabo acciones preventivas”, señaló en otra tarjeta informativa.
También policías estatales vigilaron a los normalistas desde hora y media antes de que fueran atacados.
El 26 de septiembre de 2014 José Ada- me Bautista, coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Gue- rrero, en la tarjeta informativa 02370 en- viada al titular de la SSP, Leonardo Váz- quez, informó que a las 20:00 horas él se coordinó con Colmenares y cinco policías federales más para monitorear a los normalistas que habían llegado en el autobús 1531 de Estrella de Oro.
Los normalistas afirman que se fueron de la caseta para dirigirse a la central de autobuses de Iguala a fin de rescatar a 10 compañeros que habían sido encerrados en un camión por un chofer.
De acuerdo con las pruebas documen- tales, a las 21:55 horas el policía estatal Erik Nazario Hernández, desde el C-4 de Iguala, informó a la base de la PF que “los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a bordo de dos autobuses de la empresa Estrella de Oro, ocasiona- ros disturbios en la calle Juan N. Álvarez y sobre la avenida Periférico de esta ciudad contra elementos de la Policía Preventiva Municipal”, señala la tarjeta informativa 1369/2014 rotulada “disturbios por estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad”.
Fue después de que la PF recibió esa información cuando sus efectivos fueron vistos por testigos en el Palacio de Justicia –incluyendo al revelado por la CNDH la semana pasada– y en la calle Juan N. Álvarez.
Asimismo, dos policías municipales de Iguala declararon el 27 de septiembre que vieron a agentes federales en al menos una de las escenas del crimen.
“Atravieso mi unidad sobre el Periféri- co para dar seguridad y fue que permanecí
varios minutos escuchando que solicitaban el apoyo por el Puente del Chipote, donde se encuentra el Palacio de Justicia, enfren- te, por lo que indico a mis compañeros que nos subiéramos a la patrulla para trasladar- nos a brindar el apoyo al Puente del Chipote y al llegar a dicho lugar hice lo mismo, dar seguridad a la retaguardia semiatravesan-
do la unidad y me percaté que había varias patrullas, entre cinco o seis patrullas… y de ahí me percaté que llegaron dos patrullas de la Federal de Caminos, así como una patrulla de la Policía Ministerial”, declaró ante la Fiscalía General de Guerrero Alejandro Andrade de la Cruz, quien aseguró que iba a bordo de la patrulla 28.
“No recuerdo la hora exacta (…) cuando pidieron el auxilio para que nos trasladára- mos frente al Palacio de Justicia ubicado en Carretera Nacional México-Acapulco, me dijo el comandante Alejandro Andrade de la Cruz que le habían reportado una riña, y al llegar a este lugar ya no había casi na-
die; encontramos una patrulla de la Policía Federal, después nos retiramos a hacer recorrido”, afirmó Nicolás Delgado Arellano, quien también iba en la patrulla 28.
“(Los estudiantes) no refieren expresa- mente que hayan visto disparar a policías federales, pero sí estaban ahí, había presencia de policías federales, ¡había!, eso es claro, lo tienen muy presente”, afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y de sus padres, en entrevista el 21 de marzo de 2015.
Según el testigo de la CNDH, en las inmediaciones del Palacio de Justicia hubo un diálogo entre federales y los policías municipales que bajaron a los normalistas del autobús Estrella de Oro 1531.
“Allá atrás chingaron a un compañero, se los van a llevar a Huitzuco, allá que el patrón decida qué va hacer con ellos”, ha- bría dicho un policía municipal igualteco a los dos federales mientras los estudiantes eran subidos a patrullas de la policía de Huitzuco, según el testigo de la CNDH.
“¡Ah! Ok, ok, está bien”, respondie- ron, mientras veían cómo se llevaban a los normalistas.
El pasado viernes 15 la CNDH dijo que dos agentes federales “habrían consenti- do que de manera indiscriminada dos cor- poraciones policiales municipales operen en dicha zona de jurisdicción federal; ade- más asienten que los normalistas deteni- dos por la policía de Iguala sean llevados al territorio de un municipio diferente, contando con el auxilio de una policía que actúa fuera de su demarcación, como es el caso de la de Huitzuco”.
La información confirmada por fuentes directamente relacionadas con el caso señala que Colmenares y Pérez Arizpe son esos dos policías.
También se descubrió que a las 22:55 horas del 26 de septiembre la PGR ya esta-
O c
Agentes federales. Ocultamiento
ba enterada de los ataques, aunque durante meses lo ha negado y ha dicho que no podían hacer nada al respecto. César Iván Pilares, agente del Ministerio Público de la Federación, en un oficio ordenó a Dorantes “investigar la veracidad” de la información sobre que “alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos
con elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses...”.
Declaraciones falsas
Pese a las tarjetas informativas, oficios y los señalamientos contra la PF, seis de los siete agentes no fueron llamados a decla- rar por la PGR, sino hasta el 11 de mayo de 2015. Dorantes no declaró porque supues- tamente no fue localizado. Colmenares mintió ante la PGR, de acuerdo con la co-
pia íntegra que se tiene de su declaración. Dijo que el 26 de septiembre, cubrien-
do su turno de las 15:00 a las 23:00 horas, junto con Pérez Arizpe estuvo en la patrulla 09908. Dijo que le tocó el tramo carretero Puente de Ixtla-Iguala.
En su declaración admitió que el 26 de septiembre participó en un operativo con la policía estatal en las inmediaciones de la caseta 3 junto con Pérez Arizpe y otros elementos, pero mintió sobre la hora en que estuvieron ahí y omitió decir que vigilaron a los normalistas, como lo afirma Adame Bautista en la ficha informativa referida.
Colmenares dijo que entre las 22:15 y las 22:30 les llamó Dorantes para orde- narles ir a la base de la PF ubicada sobre la carretera 95, a la entrada de Iguala. De acuerdo con el mapa carretero, pudo pasar el Palacio Judicial en el tiempo en que el testigo de la CNDH ubica su diálogo con policías municipales mientras ocurría la desaparición.
Colmenares no mencionó en su decla- ración el incidente. Dijo que, ya en la esta- ción, Dorantes les ordenó ir al Palacio Mu- nicipal a entrevistarse con Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal de Iguala, para investigar la balacera alertada por la PGR.
Afirmó que habló con el jefe policia- co quien, según él, le dijo que hubo deto- naciones de arma de fuego en el centro de Iguala y que cuando los municipales acu- dieron al lugar, fueron agredidos por los normalistas, “viajando éstos a bordo de un autobús Estrella de Oro, iniciando una persecución que terminó frente al Palacio Judicial, el cual se encuentra ubicado en carretera nacional Cuernavaca-Chilpan- cingo (tramo municipal), dejando abando- nado dicho autobús en el lugar”, escribió Colmenares en una tarjeta informativa de la cual se tiene copia.
Pero también mintió en eso. El Palacio
de Justicia ya está dentro del perímetro de jurisdicción federal.
En las declaraciones de militares (Pro- ceso 2027 ) uno de ellos afirmó que vieron cómo la empresa Grúas Nava remolcó después de la medianoche el autobús Es- trella de Oro 1531, que se encontraba cerca del Palacio de Justicia.
Según documentos de la SCT obtenidos para este reporte, Grúas Nava opera en el tramo bajo la jurisdicción de la PF y esta corporación es la que debe ordenar a dicha empresa mover los vehículos incidentados.
En Iguala se acudió directamente a Grúas Nava, ubicada muy cerca del Palacio de Justicia, para preguntar sobre el camión Estrella de Oro 1531. El señor Nava, encargado de la empresa, visiblemente asustado, mintió y dijo que ellos no habían labo- rado esa noche y que había que preguntar a la PF cómo y a dónde se llevaron el auto- bús. Pero según el rol de grúas entregado
por la SCT, del cual se tiene copia, esa noche sí trabajó Grúas Nava.
Colmenares declaró que después de hablar con Flores regresaron a la coman- dancia y pasadas las 24:00 horas salieron seis agentes al sitio del ataque contra los Avispones en las patrullas 9908, 11744, 11740 y 9910. Al lugar también llegó Do- rantes en la patrulla 11742 y después arri- bó el subprocurador de Guerrero, Ricardo Martínez, con dos asistentes.
Declaró que en el lugar él dio seguridad perimetral y mintió de nuevo al afir- mar que el Ministerio Público del fuero común, luego del levantamiento de cadá- veres, ordenó a la grúa retirar los vehícu-
los incidentados, entre ellos un taxi, para llevarlos al corralón. Pero, de acuerdo con documentos firmados por el propio Do- rantes, fue la PF la responsable de ordenar el levantamiento de tales vehículos.
Pérez Arizpe en su declaración, de la cual también se tiene copia, igualmen- te mintió en los horarios en que estuvie-
ron en el operativo con la policía estatal y omitió decir que vigilaron a los normalistas. También faltó a la verdad al decir que prestaron auxilio a los futbolistas.
Dijo que al llegar al lugar del incidente, cerca del cruce con Santa Teresa, “se les brindó seguridad y se solicitaron los servicios de emergencia”. De acuerdo con la in- formación de la Cruz Roja, fue un taxista quien llamó a la ambulancia.
“Estaba lloviendo y ni los elementos del Ejército ni de la Policía Federal les ha- bían brindado apoyo (a las víctimas)”, afir- mó en declaración rendida el 29 de octubre de 2014 un funcionario del gobierno de
Guerrero que esa noche acompañaba al subprocurador Ricardo Martínez Chávez.
En las declaraciones rendidas por Col- menares Campos y Pérez Arizpe, la PGR no les formuló ni una sola pregunta.
Negro historial y sanciones
Desde hace meses esta reportera investi- ga los antecedentes de Colmenares y Do- rantes. Por medio de la Ley de Transpa- rencia se obtuvo el historial de arrestos y sanciones de ambos policías, obtenidos tanto de la Secretaría de la Función Públi- ca como de la propia PF, la cual en un principio se negó a entregarlos.
G e r m
Los camiones. Claves despreciadas
contada a muchas voces
Son flashazos en primera persona, destellos testimo- niales de los sobrevivientes de la Noche de Iguala. Son relatos del terror que sintieron quienes se supieron víctimas de un operativo de exterminio. Normalistas, profesores, periodistas… John Gibler reunió ese gran coro trágico en el volumen Una historia oral de la infa-
mia (Grijalbo sur+) que acaba de salir de la imprenta. He aquí unos fragmentos.
JOHN GIBLER
J UAN SALGADO, ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO. No llegaba ninguna autoridad para resguardar el lugar de los hechos. No llegaba la Policía Estatal, no llegaba nadie para resguardar el lugar. Estuvimos, pues, por nuestra cuenta, señalando los car- tuchos de bala, ubicando dónde estaban. Les poníamos pie- dras, les poníamos un vaso o algo para que nadie las moviera,
como evidencia. Algunos empezaron a tomar fotografías. Porque al ver que no llegaba nadie, dijimos “pues nosotros resguardamos el lugar aunque sea”. Y al poco rato vimos que empezaron a llegar reporteros, también llegaron compañeros de apoyo de la Normal. Llegaron dos Ur- van. Desconozco bien cuántos compañeros eran, pero sí llegaron.
–¿Qué les pasó, cómo están? –Estamos bien. –¿Y los demás? –A algunos se los llevaron –¿A cuántos se los llevaron? –Entre 15 o 17 se llevaron en las patrullas. –¿Pero ustedes están bien? –Sí, pero hay dos heridos. –¿Y los demás heridos? –Se los llevaron al hospital. Y, bueno, ya estuvimos ahí, con reporte de 100 preguntas, las entre-
vistas, y en ese momento un compañero de tercer año nos dio un cigarro y dijo: “fúmense un cigarro aunque sea para calmar los nervios, porque sí están espantados”. Y nos sentamos en una banqueta.
GERMÁN, 19, ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO. Tardamos un rato ahí. Em- pezaron a tomar fotos, creo que llegó la prensa o algo así, no sé. Empeza-
Colmenares fue dado de alta en la Po- licía Federal de Caminos en 1987 por ór- denes del comandante Enrique Hara- ri Garduño, detenido en 2000 acusado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Desde el principio, Colmena- res acumuló decenas de arrestos de horas y días e incluso fue sujeto de investigacio-
nes ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras su paso por Ba- ja California Norte, Texcoco e Iguala.
Entre las muchas faltas cometidas en su trabajo como policía está el no pre- sentarse a sus servicios, fallas operativas, no elaborar partes informativos, abando- no de su puesto de trabajo, desobedien- cia, falta de supervisión del personal a su cargo, no entregar sus armas al terminar sus servicios, utilizar su vehículo particu- lar sin placas, “haber hecho mal uso del radio-transmisor en servicios de seguridad y vigilancia”, “relajar la disciplina en oficinas” y “participar en conato de bron-
ca en centro de vicio, resultando daños al establecimiento”.
En 2003 el Órgano Interno de Control de la PF le inició un procedimiento cuando estaba adscrito a Texcoco. Se le acusó de sustraer de la carpeta de novedades la licencia médica de un policía federal y de alterar el documento “imprimiendo la leyenda VIH (sida) en el rubro de diagnósti- co” de dicho compañero, exigiendo a otros policías testigos “no mencionar nada al respecto a nadie”. Como consecuencia fue suspendido 30 días.
En 2014, ya en Iguala, la ASF revisó el desempeño del “Apoyo en política migra- toria” de la PF y descubrió irregularida- des en la actuación de Colmenares y otros cuatro agentes. Se les acusó de abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones por haber detenido ilegalmente a un ciudadano de Ecuador en las inmediaciones Morelos, sin tener autoridad para hacerlo, para después ponerlo a disposición del Instituto Nacional de Migración.
La PF lo protegió a él y a sus compa- ñeros y el 9 de septiembre de 2014, días antes de la desaparición de los normalistas, fue absuelto por el Órgano Interno de Control de la PF.
Dorantes también acumula irregulari- dades en su carrera policial, como “falta en el desempeño de su servicio de guar- dia”, “no rendir novedades”, “no llenar co- rrectamente el libro de control de vales de gasolina”, faltar a sus servicios, no hacer su trabajo y omitir consultar el banco de datos de vehículos robados, no cumplir con las órdenes de servicio y omitir la re- visión de vehículos que transportan productos y derivados del petróleo, así como “relajar la disciplina dentro de las instalaciones de la comisaría”.
El 23 de octubre de 2014 presentó su renuncia “irrevocable” a la PF.
20 2060 / 24 DE ABRIL DE 2016
ron a tomar fotos de donde estaban los impactos, los casquillos, la sangre que había quedado del compa caído. Yo estaba hablando por teléfono con mi novia. Le decía que ya había pasado todo, que ya estaba más tranquilo, que ya se habían ido los policías. Y
gracias a eso yo me alejé porque como estaban en bola ahí todos, yo dije, “no, pues voy a hablar por teléfono”. Estaban como unos cinco conmigo, seis, estábamos cuidando el otro lado de la ave - nida a ver si veíamos algo. Estaba hablando con mi novia cuando escuché que empezaban a disparar de nuevo. No vi quiénes eran porque yo estaba retirado del lugar, estaba casi en la orilla, lejos de ellos. Yo escuché los disparos. No volteé a ver sino que empecé a correr, a correr. Le colgué a mi novia, porque lo escu- chaba. Con nosotros iba una muchacha, una muchacha de otra organización. Ella conocía Iguala y nos hizo el favor, nos metió en una casa. Ahí estuvimos escondidos. Me marcó mi novia pero no le contestaba yo. Le mandé un mensaje de que no podía hablar porque estábamos escondidos, en silencio, para no hacer mucho ruido. Le escribí: “yo estoy bien, gracias a Dios, yo te marco, no te preocupes”.
JORGE HERNÁNDEZ ESPINOSA, 20, ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO. Estábamos parados en la esquina donde estaban los autobuses. Estaba platicando con mi compañero, ése al que le quita- ron el rostro, y me empezó a platicar cómo había estado el problema, cómo se habían llevado a nuestros compañeros y todo eso. Él estaba muy desesperado, muy nervioso, asustado, la voz se le cortaba, así como que quería llorar pero a la vez, no sé, como que tenía miedo pues. Entonces yo le dije a él, recuerdo que yo le dije “a ti no te pasó nada”, y él me dijo: “no porque para mi fortuna yo era uno de los que venía hasta atrás y me escondí nada más, y cuando tiraron balazos ellos, les tiraron al autobús”, y él se tiró debajo de los asientos.
Entonces ahí de repente pasa una camioneta y nos tomaron unas fotos, sacaron flash. Yo le dije al Chilango “oye, ¿y ése, qué pedo?”. No hicimos caso, seguimos platicando y al rato no sé, yo me asomé hacia el otro lado de la carretera y veo a tres hombres vestidos de negro, cubiertos, y ya cuando empezaron a disparar, yo lo que hice fue correr hacia abajo, hacia la parte de abajo, y recuerdo que El Chilango corrió atrás de mí.
JUAN RAMÍREZ, 28, ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO. Los policías se fueron. Andamos paseando con un primo. Llegaron los periodistas, los reporteros, pues para tomar notas de cuanto car- tucho había, algo así. Después de que pasó eso, los compañeros compraron cigarros. Todos los compañeros estuvimos fumando. Yo estaba platicando con el chavo de México. Pero, cómo pasó ese caso, pues, y él también, uno no esperaba… Me comentaba pues que al siguiente día él se iba a ir a su casa porque no quería arriesgar su vida. Él pensaba en su familia, en su esposa, su hija que es lo que le importaba más. De repente yo vi una camioneta negra. Yo no los vi bien. Empezaron a tirar para arriba. Y luego de repente empezaron a tirarnos a nosotros y yo me olvidé del ca- marada de México. Yo corrí como pude.
PEDRO CRUZ MENDOZA, MAESTRO DE IGUALA, MIEMBRO DE LA COORDINADORA ESTATAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE GUERRERO. Nosotros estábamos en una reu- nión con compañeros de la CETEG. Como a las diez de la noche me llegó un mensaje de una compañera. Me comuniqué po

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