revista uep-ei 1

Revista nº 1 - Diciembre 2012

Revista de la UEP-ei 2

¿Cuál es nuestro objetivo?

El objetivo principal de esta revis-ta es tratar temas de actualidad relacionados con el derecho des-

de una perspectiva crítica; así mismo intentaremos informar tanto sobre los acontecimientos de importancia que se den en nuestra facultad como sobre cuestiones que afecten al estudianta-do, o, en un plano más general, cues-tiones referentes a la Universidad y la socidad, como las que se tratan en este primer número.

¿Por qué?

Porque estamos cansados de estu-diar los códigos y las leyes de for-ma mecánica para conseguir un

aprobado en el examen. No queremos limitarnos a estudiar el Derecho como un montón de libros a memorizar, sin dar pie a reflexionar sobre el conteni-do de los mismos. Nosotros queremos analizar sus fundamentos y las conse-cuencias que provoca, tanto en el plano colectivo como en el personal.

Desde UEP-ei entendemos el De-recho como una herramienta para garantizar nuestros derechos, ya sea mediante la exigencia de estos para hacerlos efectivos, ya sea como arma de defensa ante la vulneración de los mismos, o mediante la conquista co-lectiva de otros nuevos. En definitiva, apostamos por un Derecho que debiera estar al servicio de los intereses de la ciudadanía.

¿Quiénes somos?

Somos una asociación de la facul-tad, abierta, asamblearia, inde-pendiente de cualquier partido

político y compuesta únicamente por estudiantes de Derecho, Relaciones La-borales y ADE. Uno de nuestros objeti-vos prioritarios es crear en la Univer-sidad espacios de reflexión y análisis crítico, por ello hemos organizado –y seguiremos organizando– conferencias y otros actos de diferentes temáticas, como por ejemplo, conferencias sobre la Reforma Laboral, la Ley de Extran-jería, sobre la evolución histórica y la situación actual de la relación entre derecho y dominación de la mujer, así como sobre la última Reforma Consti-tucional.

También nos presentamos a las elec-ciones de Junta y Claustro universita-rio, intentando aprovechar los pocos espacios de participación que nuestras instituciones académicas nos brindan. Convencidos de que la participación es la única manera de cambiar las cosas, nos organizamos en esta asociación, para evitar que nuestra visión crítica se quede dispersa en charlas de café. Todos los martes a las 14:30 nos reunimos en asamblea en nuestro local (el 018 del edificio de departa-mentos) donde decidimos entre todos qué actividades vamos a desarrollar.

Al profesorado:

Ante la evidencia de que en esta facultad profesores y alumnos nos encontramos

casi totalmente desconectados. Ne-cesitamos que conozcáis nuestro proyecto, que sepáis qué es lo que defendemos. Porque creemos que éste puede ser un proyecto común. Porque pensamos que no queremos nada distinto a muchos de voso-tros. Porque nos parece que, cada uno por nuestro lado, muchas veces luchamos por cosas muy parecidas, y que, aunque la forma en que lo hacemos es diferente, porque en ocasiones así tiene que ser, es im-portante que nos conozcamos, que sepamos colaborar en la medida de lo posible para hacer de esta fa-cultad un lugar en el que aprender a pensar el Derecho, reflexionando sobre su contenido, sus fundamen-tos y sus consecuencias, tratando de conseguir una universidad com-prometida que recupere su función de ser ``la casa del pensamiento y el conocimiento.

Sumario:>Precariedad en el Plan Bolonia. p.4

>Titulaciones de 1953 a extinguir. p.5

>Especial Universidad Pública. p.6 y 7

Actualidad jurídica:>Reforma laboral y

Huelga General. Anto-nio Baylos. p.9

Opinión jurídica:>Democracia y siste-ma electoral. Pablo

Iglesias. p.8 >”No hay Derecho”. Enrique Olivas. p.10,

11 y 12

La nueva revista de la UEP-eiEditorial

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Muchos son los motivos para im-plicarte: ¡actúa!

Con tu Universidad y facultad:

Este curso comienza marcado por la brutal subida de tasas que ha doblado el precio de

nuestras matrículas y por el endureci-meinto de los requisitos para acceder a una beca, así como el recorte de las mismas; especialmente sangrante en el caso de las becas Erasmus. A todo esto se suma la situación crítica de la Universidad Complutense debido al recorte de financiación realizado por parte de la Comunidad de Madrid: una reducción de 48 millones de euros solo para este 2012 más 18 mi-llones que la CAM adeuda a nuestra universidad.

Con tu Sociedad:

Siempre creímos que viviríamos mejor que nuestros padres. Pero, ahora, somos la generación de la

crisis.Nos encontramos en un país con más de 5 millones de desempleados. La tasa de paro, en continúo crecimiento, alcanza hasta el 22,85%. Esta situación se hace especialmente grave desde el punto de vista juvenil, pues la tasa de desempleo entre menores de 25 años se dispara hasta el 49,6%.La crisis económica es consecuencia del negocio del “boom inmobiliario” que derivó a través del capital especu-lativo global en una “burbuja financie-ra”. Sin embargo, observamos como la élite política pretende saldar la crisis económica a través de una constante socialización de las pérdidas obligando

a la ciudadanía a pagar los costes de una crisis de la que no es responsable. Tomando medidas como la reducción del gasto público, lo que supone la degradación de los servicios públicos más básicos o exponerlos a una espiral de privatizaciones.Ante esta situación es necesario que tomemos consciencia y no permita-mos semejantes atropellos pues quie-nes se benefician de estas medidas son ese mismo 1% que nos condujo a esta crisis: una minoría privilegiada com-puesta por banqueros, multinaciona-les, fondos de inversión etc. Mientras que para el 99%, para la mayoría de la ciudadanía solo hay planes de auste-ridad y recortes de derechos conquis-tados tras largas luchas de nuestros antepasados. ¡No permitamos que nos roben el futuro!.

Editorial

1. Las últimas reformas laborales de PP y PSOE aba-ratan el __________.2. Nos suben las _______ en la universidad y la justicia.3. El_________ juvenil supera el 50%.4. En los CIE están encerrados los inmigrantes “___ _______”.5. En muchos hospitales de la Comunidad de Ma-drid los profesionales sanitarios están encerrados en defensa de la _______ pública6. La reforma del artículo 135.2 de Constitución Española prioriza el pago de la ______ antes que la financiación para servicios públicos.7. Los estudiantes de grado van a tener que realizar un _________ obligatorio para el acceso a la pro-fesión de abogado/a o procurador/a.8. La UEP-ei es una __________ de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UCM.9. La noche del 24 de enero de 1977 un grupo de extrema derecha asesinó a cinco abogados laboralis-tas de CCOO. Son conocidos como los abogados de __________.10. La Comunidad de Madrid lleva meses sin pagar a los abogados del ______ de oficio.11. 300.000 jóvenes cualificados han emigrado del país desde que empezó la crisis. Es la conocida como ____ __ ______.12. Israel incumple el derecho internacional cuando asesina ciudadanos y ocupa territorios del Estado de ____________.13. Han sido los principales culpables de la crisis y sin embargo se rescata a los ________ mientras se recorta y desahucia al pueblo.14. El pasado 25-S se rodeó el ________ para reclamar un nuevo Proceso Constituyente verdade-ramente democrático.

Crucigrama

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Y se agravaron los problemas en nuestras facultades con la im-plantación del Plan Bolonia. El

Espacio Europeo de Educación Supe-rior (más conocido como ‘Bolonia’) cambia la duración de las carreras uni-versitarias (ahora llamadas grados) de 5 a 4 años y para el segundo ciclo esta-blece posgrados o máster de 1 o 2 años. En este sentido, la primera consecuen-cia negativa que hemos podido consta-tar en nuestra facultad, desde su pues-ta en marcha hace ya 3 años, ha sido la reducción de asignaturas - antes anua-les - a cuatrimestrales en detrimento de la calidad de enseñanza y compren-sión por parte del alumnado. Además, como efectos derivados de las nuevas titulaciones, se siguen produciendo trabas administra-tivas en cuanto al profesorado, los horarios y las asignaturas, produciéndose así muchos casos de estudiantes con solapamiento de asignaturas (no pudiendo ha-cer nada por cambiarlo) y grupos enteros con continuos cambios de profesores.

Con la llegada de Bolonia pro-metieron movilidad europea y una supuesta mejora pedagógica con grupos reducidos: tres años después comprobamos que ni una cosa ni la otra. La equivalen-cia de estudios en la Unión Eu-ropea ha quedado en nada con la adopción de distintas estruc-turas de grado+posgrado por los países de la UE: desde el 3+2 de Italia hasta nuestro 4+1/2 pa-sando por otras tantas fórmulas. No solo eso, sino que además asistimos a la reducción directa de la movilidad europea con el recorte en las Becas Erasmus. Nuestra carrera de Derecho tiene la problemática añadida de la proyección laboral internacional, ya que sin una cualificación específica in-ternacional (que trascienda el estudio de la legislación de un país concreto) no hay mucha salida laboral en la UE.

Tras el grado de 4 años nos enfren-tamos, como comentábamos al princi-pio, a la obligación de cursar un máster o posgrado: en nuestro caso, un más-

ter de año y medio para poder ejercer la abogacía y la procura. Si anterior-mente una vez terminada la licencia-tura era posible colegiarse, ahora será necesario pagar una cuantiosa suma de dinero: como ejemplo en otras uni-versidades este máster ya se está ofer-tando desde los 5.850€ (Universidad Autónoma de Madrid) hasta 24.000€ (Centro de Estudios Garrigues).

Se agravaron los problemas en nuestras facultades con la implantación del Plan Bolonia.

Tras el grado de 4 años nos enfrentamos a la obligación de cursar un máster : quien pueda permitírselo podrá ser abogado.

Es en este punto donde es más evi-dente el verdadero objetivo del Plan Bolonia que el movimiento estudiantil lleva denunciando desde hace años: elitizar el acceso a las profesiones ju-

rídicas en base a la capacidad econó-mica de partida de cada estudiante. Es decir, quien pueda permitírselo podrá ser abogado, quien no se enfrenta al calvario de unas oposiciones inexis-tentes en estos tiempos de austeridad o a trabajar con contratos basura en empleos precarios que nada tienen que ver con la materia estudiada du-rante 4 años o más.

Por último, nos faltaba comentar uno de los aspectos más sangrantes de la nueva concepción académico-peda-gógica que Bolonia lleva aparejada: la obligatoriedad de la asistencia a clase y de las numerosas prácticas sema-

nales para poder optar a buena parte de la nota final; todo ello encuadrado en el modelo de eva-luación continua. La adopción de este único sistema de evalua-ción en las carreras universita-rias imposibilita, por una parte, compaginar estudio y trabajo y, por otra, nos devuelve a la “mi-noría de edad” del colegio. Para-fraseando al filósofo alemán Im-manuel Kant que, en el ensayo “¿Qué es la Ilustración?”, definía este periodo –que se enfrentaba al oscurantismo de la etapa feu-dal- como “la salida del hombre de la minoría de edad”. Pode-mos afirmar que Bolonia sería esa minoría de edad donde lo que importa es cumplir con las tareas y no, como debiera ser, formarse como individuos inde-pendientes, con un pensamiento crítico y propio.

En definitiva, la puesta en marcha del Plan Bolonia ha puesto de manifies-to todas las carencias y problemáticas que, con acierto, se denunciaron hace algunos cursos por buena parte del es-tudiantado universitario. Errores que se hallan en el fundamento mismo de Bolonia y que se han transformado en la precariedad que soportamos en las aulas en el día a día. Hoy nuestro reto es, mutatis mutandis, plantear una al-ternativa ilustrada y proclamar alto y claro con Kant: “¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!”.

Precariedad en el Plan BoloniaFacultad


Por nuestra parte, los alumnos de licenciatura hemos comen-zado este nuevo curso atóni-

tos, observando como se descuida la organización y la calidad de nuestra enseñanza por parte del Decanato. Sabemos que cursamos un plan de es-tudios a extinguir, sabemos que es un plan residual, pero también sabemos que esta situación no es culpa de los estudiantes, que, por otro lado, he-mos pagado unos precios de matrícu-la completamente desorbitados.

La reducción del abanico de profesores a elegir, aulas muy masificadas y horarios con solapamientos forman parte de nuestro día a día.

Hablamos de la reducción del aba-nico de profesores a elegir, dejando únicamente 2 o 3 por asignatura y por turno; hablamos de aulas muy masifi-cadas; hablamos de la gran cantidad de compañeros que tienen un horario completamente dispar, teniendo cla-se mañana y tarde con muchas horas muertas entre medias. Hablamos, también, de la incertidumbre a la que están sometidos los alumnos que cur-san asignaturas sin docencia, pues suele ser poca la información sobre cómo se les va a evaluar, qué profesor va hacerlo y que manuales deben es-tudiar. En años anteriores podíamos ver como en el programa de la asig-natura “Historia del Derecho” el pro-fesor asignado al alumno era: “todos y ninguno”. Hablamos de la incerti-dumbre de los licenciados respecto del famoso Master de acceso a la Abo-gacía y la Procura ante tanto cambio normativo. Finalmente, sabemos que

quedan excluidos todos los licen-ciados de la obligatoriedad de dicho Master, siempre que en el plazo de 2 años tras terminar la carrera se hayan colegiado. No ha habido un sólo acto informativo al respecto de cara a in-formar a los alumnos en la facultad, en este sentido, la única información que podrás encontrar será en la pagi-na web, información que a día de hoy sigue desactualizada.

Respecto de la administración, le-jos de ayudarnos a resolver algún problema, pareciera que nos ponga más trabas: nos referimos a realizar la matrícula antes de saber las notas en septiembre, de los cambios ines-perados de profesores tras realizar la matrícula, de los cambios inesperados de horario de asignaturas provocando el solapamiento de clases, las dificul-tades para conseguir cambios de gru-po…

En este nuevo curso observamos cómo se descuida la organización y la calidad de nuestra enseñanza.

Situación de la licenciaturaFacultad


Especial Universidad Pública

Nos enfrentamos a un curso clave para la supervivencia misma de la educación y en especial de la

universidad pública: este es el curso del tasazo, de los recortes en becas, de los despidos de trabajadores en la univer-sidad y de la asfixia presupuestaria de las mismas. Recortes y austeridad en lo educativo que se enmarcan en la “sali-da” antisocial de la crisis que el Gobier-no y los principales partidos políticos están poniendo en práctica: en realidad un callejón sin salida para nuestro presente y futuro. Esta contra-dicción la resumía una reciente pancarta de la coordinadora de estu-diantes Tomalafacul-tad (http://tomalafa-cultad.net) que rezaba: “rescatan Bankia, des-truyen la educación”.

La subida de tasas

Para el estudiantado universitario el cur-so comienza marcado por la brutal subida de tasas que se aprobó con el RD 14/2012 en abril de este año y que ahora se hace efectiva de forma desigual en las distintas CCAA. En Madrid, en la tónica general del Gobierno autonómico, la subida ha sido de las más al-tas: unos 400€ más de media por curso (supo-niendo que no se haya suspendido ninguna asignatura) y una subida mucho mayor en segundas y terceras matrículas, afectando espe-cialmente a quien compagina estudio y empleo. Especialmente sangrante ha sido la subida en los precios de los más-teres públicos que se han duplicado hasta llegar a costar mayoritariamente más de 6000€: una titulación “de lujo” que para ejercer determinadas profe-siones resulta, sin embargo, obligatoria como en el caso del máster de abogacía

y procura que se impartirá en nuestra facultad.

¿Endeudarse para estudiar?

Las principales consecuencias del “tasazo” ya se han podido constatar en el notable descenso de matriculaciones universitarias: las primeras estimacio-nes a nivel estatal situaban la cifra en 150.000 estudiantes (y familias) que no han podido pagar las tasas y se han

visto obligados a abandonar la univer-sidad. Muchos estudiantes, además, han alargado sus carreras varios años al poder permitirse sufragar el coste de todas las asignaturas que componen un curso. Aunque puede que el efecto más pernicioso en términos sociales aún esté por llegar: en recientes declaracio-nes Wert ha señalado que está en con-versaciones con el Instituto de Crédito Oficial para establecer líneas de crédi-to estudiantil. Endeudarse para poder

estudiar: ese es el futuro a corto plazo que le espera a la mayoría de estudian-tes, convertidos ahora en clientes. Una financiarización de la educación que ya se aplica en EEUU, donde a día de hoy la deuda estudiantil supera la deuda hipotecaria, o en Chile, donde una de las grandes victorias del movimiento estudiantil ha sido rebajar el interés bancario de los citados créditos. En de-finitiva, el más que probable estableci-miento de los préstamos estudiantiles

supone el ejemplo más evi-dente del ataque global del neoliberalismo al derecho humano y universal a la edu-cación, transformándolo en un privilegio para las élites ricas.

No se trata solo de la su-bida de las tasas: el desman-telamiento de la universidad pública se puede palpar en medidas como el endureci-miento de las condiciones para acceder a las becas y su recorte (en especial las becas de movilidad Erasmus) con-tenido en los Presupuestos Generales del Estado; como los recortes en investiga-ción científica que suponen un drama para el futuro del país y de una generación muy cualificada que se ve obligada a emigrar (la “fuga de cerebros”); como los des-pidos de trabajadores en la universidad y la precariedad de investigadores y becarios, y más en general la asfixia presupuestaria que la CAM

ejerce sobre las universidades públicas madrileñas y la deuda millonaria que aún tiene con las mismas.

La situación de la UCM

Especialmente sangrante es el caso de la Universidad Complutense, que es además la más grande del Estado en número de alumnos. Solo para este 2012 la Comunidad de Madrid tiene previsto recortar a la UCM 48 millones

Ni ‘tasazo’ ni recortes: defendamos la universidad pública


de euros en las ‘nominativas’, es de-cir en las transferencias regulares que realizan las CCAA a las universidades para sufragar sus gastos corrientes tanto de profesorado y personal como de mantenimiento de las instalaciones. Aún más grave si cabe es el argumento que defiende el Gobierno de la Comu-nidad para aplicar esta brutal rebaja de financiación: el recorte se debe a la su-bida de tasas al estudiantado cuando, como ya comentamos anteriormente, dada la reducción de matrículas y el alargamiento de las carreras, la UCM seguirá ingresando prácticamente lo mismo que en cursos pasados. Estos 48 millo-nes de euros se suman a la deu-da pendiente de la CAM que as-ciende a 18 mi-llones de euros y que esta deberá ingresar tras el fallo judicial que ha dado la razón a nuestra univer-sidad. La pregun-ta a corto plazo es si la UCM podrá pagar los salarios pero la ‘tarea’ de fondo es que el movimiento en defensa de la univer-sidad pública que debemos construir sea capaz de presionar a la Comunidad de Madrid y detener los recortes. En ello nos va en gran parte la posibilidad de continuar nuestros estudios de una forma digna.

Las reformas no son nuevas

Es importante señalar que esta serie de medidas no son “nuevas” sino que forman parte del proceso de mercanti-lización y elitización de la universidad que han ido poniendo en práctica los sucesivos Gobiernos del PPSOE. Mer-cantilización (y no privatización) de la universidad porque, manteniendo –por el momento– su gestión pública, ésta se adapta a las necesidades de un mercado laboral basura y precario que no requiere de una alta cualificación de los jóvenes. De esta forma las sucesi-vas reformas mencantilizadoras de la

universidad (LOU, Bolonia, EU2015, tasazo,...) han implementado diver-sas formas de elitización en el acceso mismo a la universidad y en el acceso a la formación más avanzada de más-teres o posgrados. El Plan Bolonia, por ejemplo, cambió la estructura de las carreras, pasando estas a estas forma-das por un grado generalista de 4 años con contenidos académicos rebajados respecto a las licenciaturas para des-pués tener que cursar un máster con un precio elevado y habilitante para ejercer determinadas profesiones. La subida de tasas junto con la reducción

en becas han expulsado de la universi-dad, como comentábamos antes, a un gran número de estudiantes condena-dos a “elegir”, como único horizonte existencial, entre el paro y la precarie-dad.

La movilización es necesaria

Además es necesario coordinar el movimiento en defensa de la univer-sidad pública con el conjunto de la “Marea Verde” y en especial con los estudiantes de institutos, el colectivo que más está sufriendo los recortes en sus centros y el aumento de la ratio profesor/alumno en sus aulas. El an-teproyecto de la LOMCE o Ley Wert es un claro ejemplo de que los recortes en otras etapas educativas van en una misma dirección elitizadora: en este proyecto legislativo se recoge el bachi-llerato de tres años que ya desde 4º de la ESO pretende diversificar entre los

futuros trabajadores descualificados que pasarán por una FP y quienes po-drán continuar su formación en la uni-versidad de élites.

Creemos que la movilización social por la educación en este curso no ha hecho más que empezar, con primeras jornadas como el 18 de octubre. Tam-bién hemos participado en el “Encuen-tro Social por la Educación” (http://encuentroeducacion.net) que el fin de semana del 23, 24 y 25 de noviembre reunió en Barcelona al todo el movi-miento por la educación a nivel esta-

tal para unificar reivindicaciones y calendarios de lu-cha. Más reciente-mente, la inicativa conocida como “La Complu en la Ca-lle” ha conseguido llevar más de 100 clases de universi-dad a la calle para mostrar el descon-tento del conjunto de la comunidad universitaria con los recortes y los despidos de profe-sorado.

Hacia el 13D

La próxima fecha de movilización marcada en nuestra agenda es la del 13 de diciembre cuando todo el sector educativo se manifestará contra el an-teproyecto de Ley Wert y la subida de tasas. Pero no solo: tal y como expresa el lema de la manifestación - “Nuestra educación no pagará vuestra deuda”- esta reivindica el cese de las políticas de austeridad que solo están agravan-do la precaria situación del conjunto de la ciudadanía.

Contamos con múltiples ejemplos de que “sí se puede” lograr conquis-tas, como han hecho los movimien-tos de Quebec o Chile. Este curso toca movilizarse y empezar a construir la alternativa: “otra educación para otra sociedad” es posible.

Tomalafacultadhttp://tomalafacultad.net@tomalafacultad

Especial Universidad Pública


La Democracia, tras la derrota de los fascismos y el éxito de las lu-chas de liberación nacional, se

convirtió en el fundamento indiscutido de la legitimidad en política. Cualquier régimen, partido o movimiento social trata siempre de identificarse con la Democracia y no sólo en las áreas de cultura política euro atlánticas sino en el conjunto del planeta, como demos-traron las luchas de los pueblos coloni-zados, las protestas de los estudiantes chinos o, en la pasada primavera, los movimientos sociales en buena parte de los países árabes.

La Democracia como concepto, como forma de gobierno o como cultura polí-tica no ha dejado ni un momento de ser una de las áreas más importantes para la reflexión de politólogos, filósofos, sociólogos e historiadores. Es también una cuestión aceptada que la represen-tación de la voluntad o las voluntades del pueblo, a través de mecanismos de elección de representantes, es con-dición necesaria para poder hablar de Democracia. Condición necesaria pero ni mucho menos suficiente: no hemos de perder de vista que los sistemas electorales son solo subsistemas de los sistemas políticos. La Democracia, an-tes que una característica del sistema electoral de que se trate, habrá de ser una característica de la organización del poder político que, para ser real-mente democrático, no podrá renun-ciar a organizar la voluntad y el interés general en todos los ámbitos, incluido por supuesto el económico.

El 15M ha situado en el centro del debate político la necesidad de una democra-cia real

Salvo que aceptemos los argumentos liberales de que la Democracia es bási-camente un mecanismo de selección de élites políticas cada cierto tiempo y que sus caracteres fundamentales son la división de poderes, la salvaguarda del derecho de propiedad, ciertas li-bertades civiles y, sólo últimamente, el sufragio universal y la existencia de varios partidos políticos (lo que cono-cemos como democracias representa-

tivas liberales tras la Segunda Guerra Mundial), tendremos que asumir que lo que comparten todos los regímenes políticos que la humanidad ha conoci-do, es un gran déficit democrático. La transferencia de poder por parte de los Estados nacionales a agencias suprana-cionales no han hecho más que aumen-tar las dificultades para la democratiza-ción de nuestras sociedades.

Hay que tener todo esto presente a la hora de afrontar un análisis sobre el sistema electoral español en un mo-mento tan especial como el presente, en el que el movimiento 15M ha situa-do en el centro del debate político en el Estado español la necesidad de una de-mocracia real y ha planteado entre sus reivindicaciones la exigencia de una reforma del sistema de elección de re-presentantes parlamentarios que vaya en la dirección de una mayor propor-cionalidad que limite el bipartidismo asfixiante de nuestro sistema político.

Pero no detengamos la vista en el dedo y miremos hacia donde señala. Desde que los atenienses en el siglo V a.C. unieron los términos demos (pue-blo; referido a los artesanos y a los campesinos) y krátos (poder o gobier-no) para construir un régimen de poder diferente de la monarquía (gobierno de uno) y de la aristocracia (gobierno de unos pocos), ha habido diferentes ex-periencias que han avanzado en el re-parto de poder entre los más. Éste es el sentido político de la Democracia como movimiento que reparte el poder qui-tándoselo a los que lo acaparan para repartirlo entre los que carecían de él.

Desde esta perspectiva es como se puede entender el significado demo-crático en la Historia de las revolu-ciones y de la extensión del sufragio, desde la Revolución Francesa pasando por la lucha del movimiento obrero por la extensión del derecho al voto en el siglo XIX, hasta las revoluciones anti-coloniales que desafiaron el racismo constituyente de los sistemas políticos creados por los europeos.

La equívoca noción de dictadura del proletariado, que tanto ha despresti-

giado al marxismo por su aberrante deformación en las dictaduras buro-cráticas de los regímenes del llamado socialismo realmente existente, aludía al carácter intrínseco de dictadura de la propia forma Estado. Sólo el ejerci-cio del poder por parte de los más (el proletariado) podía destruir la existen-cia de clases sociales y la estructura de poder desigual (antidemocrática) que generaba. Tenían razón los marxistas y los anarquistas al afirmar que la De-mocracia llevada a sus últimas conse-cuencias, implica la desaparición del Estado.

Se preguntaba Marat de qué podía servir la libertad polí-tica a los que no tenían pan

Si decíamos que el debate sobre la Democracia va mucho más allá del de-bate sobre los sistemas electorales, lo mismo cabe decir de la participación democrática y el voto. Limitar la pri-mera al ejercicio periódico del segundo es el mayor secuestro que puede hacer-se de la Democracia, si la entendemos como derecho a la participación en los asuntos públicos. Por ello la Democra-cia sólo puede ser participativa; de otro modo estaríamos regalando, mediante un gesto no despreciable pero extrema-damente limitado, nada menos que el ejercicio del poder a una élite, a los me-nos. Limitar la participación política de los ciudadanos al ejercicio del derecho al voto cada cierto tiempo es una per-versión de la Democracia. La Democra-cia va mucho más allá de la manera en que se vota.

Se preguntaba Jean-Paul Marat, uno de los más demócratas de los revolu-cionarios franceses, de qué podía servir la libertad política a los que no tenían pan. Si algo hay detrás de la extensión de los derechos de participación política en la Historia, es la indignación de los que no tenían pan, pues sin indignados nunca habría habido Democracia.

Pablo Iglesias Turrión Ex miembro UEP-ei. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas UCM. Presentador de ‘La Tuerka’

Democracia y sistema electoralOpinión Jurídica

Revista de la UEP-ei

Es evidente la continua degrada-ción del marco de derechos en el que se desenvuelven las re-

laciones laborales en España. La Ley 3/2012 ha acentuado los perfiles más negativos y autoritarios de su predece-sor, el RDL 3/2012. La reforma laboral está acompañando a un verdadero ca-taclismo en nuestras relaciones de em-pleo. El trabajo se desploma y cada vez hay más personas que lo pierden y que no lo obtienen. Los datos son escalo-friantes. Desde el segundo semestre del 2010, con las primeras medidas de reforma y los cuatro millones y medio de parados, se ha pasado a los cinco millones a finales del 2011, para ace-lerarse cada vez más hasta este tercer trimestre del 2012 con cinco millones setecientos ochenta mil trabajadores y trabajadores sin empleo, un 25% de la población activa. No es necesario pon-derar el efecto alentador de la destruc-ción de empleo que ha ido teniendo el nuevo marco de relaciones laborales. Pese a las grotescas declaraciones de la Ministra de Empleo – qué tremenda contradicción – y las gemelas afirma-ciones de los responsables de economía señalando que se requiere solo pacien-cia o, en su caso, mayor perseverancia, para que la cosa funcione, la aniquila-ción de puestos de trabajo es perma-nente, y la situación afecta asimismo al empleo público. La inexistencia de cualquier oportunidad de empleo, pri-vado o público, se acompaña de una contracción del consumo social y de una reducción generalizada de sala-rios. Se ha reducido de forma drástica el campo de aplicación de la negocia-ción colectiva. La tasa de cobertura de la negociación colectiva era tradicio-nalmente alta – casi doce millones de trabajadores en el 2008, 11, 5 millones en el 2009 y, ya con el despliegue de la crisis, en el 2010, 10,8 millones – y a

partir de las reformas, la tasa de cober-tura ha descendido al 55 % en el 2011, y, aunque todavía no se ha completa-do el año, un 40% en el 2012. Es de-cir, no se ha alterado la estructura de la negociación colectiva ampliando los convenios de empresa, sino que se ha paralizado este proceso en general. Se negocian menos convenios, tanto sec-toriales como de empresa. En el sector público, hay un bloqueo absoluto de la negociación, un ataque generalizado a las condiciones salariales y de trabajo de los empleados públicos acompaña-do de un amplio proceso de reducción de derechos sindicales y colectivos, en un contexto de incumplimiento masi-vo y generalizado de los acuerdos vi-gentes por parte del poder público.

La acción del gobierno no sólo es incorrecta política y económicamente, sino que no es válida jurídicamente y es inaceptable en términos del consti-tucionalismo democrático. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámi-te un recurso de inconstitucionalidad contra algunos preceptos de la Ley. Pero ha sido la huelga general del 14 de noviembre la reacción adecuada ante tal estado de cosas. Se trata ade-más de una jornada de lucha europea, en la que convergen la convocatoria de huelgas generales en varios países del sur de Europa, y en la que parti-cipa, a través de otras movilizaciones menos potentes, el conjunto del sin-dicalismo europeo. La huelga general tiene un decidido carácter político, y se ejerce en un país como España, en el que tanto la autoridad privada como la pública se encasillan en un autorita-rismo cerrado y lesivo de los derechos ciudadanos. Despidos arbitrarios y discriminatorios, amenazas y represa-lias en el trabajo, ataque en toda regla a los sindicatos y sus estructuras de

funcionamiento, vulneración de los derechos de manifestación y de expre-sión, inexistencia de prensa y medios de comunicación independientes, de-tenciones ilegales, todo ello integra la cotidianeidad de este momento histórico. La huelga por consiguiente reacciona frontalmente en el plano de la política democrática contra una po-lítica autoritaria que pretende negar la participación y los derechos de todos y todas dentro y fuera del trabajo.

En la pasada huelga se ha exigido además la convocatoria de un refe-réndum en el que se consulte al pue-blo sobre las medidas adoptadas por el gobierno en el marco de la llamada “austeridad”. Es evidente que en el pe-ríodo electoral en donde se abre el es-pacio público en el que participan los ciudadanos y ciudadanas de un país para elegir el gobierno de una nación sobre la base de un programa y unas medidas concretas, el Partido Popular no ha cumplido con este compromiso democrático. Durante ese tiempo de debate, en el que por cierto tanto el PP como el PSOE han prácticamente monopolizado el espacio de discusión en los medios de comunicación, ni el candidato a Presidente de Gobierno ni ninguno de sus principales figuras públicas precisaron las medidas con-cretas que iban a adoptar en el caso de poder formar gobierno, y las que defendieron han sido completamente ignoradas o negadas una vez obtenida la mayoría absoluta. Todo el complejo normativo elaborado inmediatamente después de las elecciones contradecía el discurso público mantenido duran-te el proceso electoral. En esas condi-ciones, el proceso de formación de la voluntad popular ha resultado viciado, y debe en consecuencia ser reparado mediante una consulta popular.

Antonio Baylos Grau. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UCLM

Reforma laboral y huelga generalActualidad Jurídica

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“ El derecho moderno contribuye activamente al sostenimiento de un particular régimen económi-

co y político liberal (y de las injusti-cias que éste encarna). Las normas jurídicas y las sentencias judiciales –tanto como la supuesta “ciencia jurídica” construida para explicar-la y sistematizarla se cuentan entre los dispositivos simbólicos más im-portantes de la sociedad capitalista para naturalizar como instituciona-lidad inevitable lo que no es sino re-lación de poder contingente”.KENNEDY, Duncan (2010). Izquierda y Derecho. Ensayos de teoría jurídica crítica

¿Qué espacio hay entre nuestro ordena-miento y la legitimidad del orden político? Este espacio sigue la dialéctica accidenta-da que transcurre entre una legalidad que no consigue incorporar la legitimidad de los principios y valores constitucionales, y una le-gitimidad que no consigue constituirse como elemento esencial del ejercicio y funciona-miento las instituciones.[1]

Un derecho cuyos principios inspira-dores se han convertido en mera apariencia: una realidad sin esencia. Un orden jurídico que abandona la idea de libertad real que deben poseer todos sus partícipes y adopta esa extraña forma de servidumbre que se encierra en la necesidad vital de sumisión al orden eco-nómico. Las libertades y los derechos de los ciudadanos, se transforman en simples fun-ciones de un orden de dominación. Más allá de las libertades y derechos que se enuncian formalmente, este orden expresa jurídica-mente su esencial dimensión coactiva al erosionar, disminuir, e incluso anular, las garantías y la efectividad de aquellos derechos y libertades.

Hay una tradición de fuga del derecho respecto de las propias ideas fundamentales, que deberían servir de canon para la inter-pretación y aplicación de la leyes. Los reque-rimiento del orden social pueden tornar muy frágiles las exigencias legales de su ordena-miento que, obviamente, experimenta un rá-pido proceso de deslegitimación. Un ilus-trado contemporáneo se refirió a esta escisión con exactitud y precisión: una determina-ción jurídica puede ser perfectamente

fundada y consecuente respecto de las circunstancias y de las instituciones jurídicas existentes y ser, sin embar-go, en y por sí injusta e irracional. [2] Intentaremos poner de manifiesto este proce-so en algunos terrenos de divergencia crítica entre las realidades “sociales” y la realidades institucionales.

1) Una forma social exenta de instituciones educativas, con un acceso a las mismas ga-rantizado para toda la población, es una for-ma social condenada a la sumisión. Para vivir en una sociedad libre, de ciudadanos iguales ante la ley, la educación es un verdade-ro proceso constituyente: nos muestra la estructura analógica de la especie humana y nos iguala en los derechos y en las libertades. Nos dota de la capacidad crítica para cuestio-nar todos los ingredientes de ignorancia y pre-juicios que se encierran en el imaginario de la forma social. La critica es la herramienta que penetra y disuelve el oscuro imaginario que alimenta las ideologías de la aceptación de la violencia y la exclusión, como formas “natu-rales” que inducen a la sumisión. Educarse e informarse para organizar, como derecho de todos, “la resistencia a la opresión”.[3]

El derecho a la educación es un derecho universal: de todos. Y es un derecho absoluto. No puede estar condicionado a la capacidad económica de los sujetos. Deben existir polí-ticas públicas adecuadas que garanticen el ac-ceso en condiciones de igualdad. Este acceso garantiza la formación de la ciudadanía como expresión del espacio público común.

2) En las publicaciones fundamenta-das, se divulgan los elementos básicos que posibilitan una existencia social libre; en con-secuencia, mediada por las instituciones que deben velar por la eficacia garantista de orden jurídico-político cuyo único y principalísimo destino es la libertad y la dignidad de todos y cada unos de sus miembros. Hubo un perio-dismo clásico que se convirtió en un elemento esencial de las luchas por la igualdad: divulga-ción de la información relevante, e interven-ción critica.

Todo saber es, forzosamente, práctica, al

interactuar con las realidades que se anali-zan. También aquí, en nuestro país, asoma sus negras fauces el “Leviatán” mediático: todos

los grandes grupos de información, desde los conservadores ultraliberales a la extrema de-recha digital, están en manos de significativos grupos económicos. Su función relevante es la desinformación y la difusión de una prensa de ínfima calidad, exenta de análisis; básicamen-te, dedicada a la injuria y a la imprecación. Su práctica, más allá de su mercadotecnia electo-ral: la precarización, los desalojos, los recortes sanitarios, educativos y salariales, el aumento en los precios de los transportes públicos, la asunción pública de la deuda privada de las grandes empresas y entidades financieras. Invocan una técnica para justificar que los privilegios otorgados a los evasores fiscales, no sean vistos como un obsceno ejercicio de violencia pública y privada sobre gran parte de la población, sino como “medidas técni-cas”, como “la única” alternativa para obtener financiación externa y evitar el “rescate” [4]. Su lectura de los hechos recientes alimenta la distorsión y la ceguera que inunda diariamen-te el imaginario de la población.

3) La gestión diaria, cotidiana, de todos los recursos, de las múltiples decisiones que afec-tan a las personas y a sus derechos se hace desde los poderes; La lógica de los poderes está en su ejercicio[5] ; se ejercen dentro de un cuadro esencialmente relacional. Esta “ló-gica” también está en su resultado. El ejercicio de la potestad jurisdiccional nos puede lleva a sentencias formateadas, absurdas o exentas de motivación. En el ámbito del poder ejecuti-vo, véase, por ejemplo, la lógica unilateral, re-ductiva y destructiva de la reforma laboral(DL 3/2012): un poder incapaz de cumplir con las reglas que él mismo se ha dado, comenzando por las que presiden el ordenamiento, arra-sando con la prohibición de regresividad en materia de derechos.

No olvidar, respecto a la diferencia en-tre poder y dominación que, si bien el poder, los poderes, pueden asumir las mil constelaciones posibles hay que diferenciar-los muy bien de la dominación, que no sólo busca imponer un resultado o una voluntad, sino que además busca aceptación razo-nada o razonable; o bien, trata de no en-contrar resistencia; o, tal vez, busca pura y sencillamente, sumisión. La sumisión ex-plícita del estado de excepción contemplado en el ordenamiento(art.55 CE), o la sumisión implícita que se contiene en la situación de ex-

“No hay derecho” Reflexiones sobre legalidad y legitimidad

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cepción encubierta y “normalizada”.

4) El constitucionalismo social como reserva de derechos supuestamente incuestionables es importante,- reserva de mínimos-, y, a la vez, es reserva insegura y oscilante. Reserva que, en consecuencia, hay que defender; en ocasiones hay que defenderla del propio Esta-do, cuando como sucede últimamente adopta políticas en función de parámetros económi-cos predeterminados por la forma financiera del capital, y las tecnologías de ajuste social. En este punto, la velocidad de los aconte-cimientos inciden en la destrucción de una antropología del oficio, y de su saber coopera-tivo, característico del capitalismo industrial. Los “media“ no reflejan la realidad, sino que la construyen a la medida de sus ideolo-gías, hasta el punto de que la saturación de la información produce ese punto en el cual la “realidad” es olvidada y suplantada por la realidad configurada. La información deja su puesto a la conformación.

5) En la época en la que la producción reque-ría migraciones masivas, se vulnera un prin-cipio constitucional esencial al disociar al tra-bajador inmigrante de su cualidad ciudadana, mediante un derecho de excepción que adopta formas normativas de funcionalidad y variabilidad extremas, todas ellas dentro de una expansiva e inquietante “cultura de la excepcionalidad penal”. Estamos en el territorio de los “derechos no garantiza-dos”: el territorio de la exclusión social, polí-tica y jurídica. Estos “infraciudadanos” se convierten en sujetos pasivos de la funciona-lidad de un mercado que demanda fuerza de trabajo, de un orden político que no admite ciudadanos y, en definitiva, de un orden so-cial en el cual los lazos afectivos y comuni-tarios son elementos cada vez más prescin-dibles, ya que, “asistimos al el triunfo de un imaginario, el imaginario capitalista liberal, y a la casi desaparición de la otra significación imaginaria de la modernidad, el proyecto de autonomía individual y colectiva” . [6]

Una “nación difusa” sin derechos, dentro del orden jurídico europeo; en consecuen-cia, una anomalía en el espacio constitucio-nal contemporáneo; una anomalía especí-ficamente instrumentalizada por el orden político. Todo, o casi todo, pasa a tener una consideración administrativa: nos encontra-mos frente a una ruptura de la universalidad de la ciudadanía, favoreciendo la creciente irrupción de lógicas administrativas en el terreno de influencia constitucional y de los

derechos fundamentales[7] ; técnicas y pro-gramas específicos para tratar “el problema”, como un “problema de fronteras”. Una excepción que cubre una situación de hecho, controlada por un derecho que institucionaliza un trato desigual y discriminatorio para personas que se encuentran dentro del mismo ámbito territorial.

¿Se deben exigir los mismos derechos para todas las personas que circulan por la “eco-nomía-mundo”?. ¿Hay legitimidades latentes esenciales que son disfuncionales al “orden del mundo”? Sí, desde luego en lo que se refiere a la cualidad moral de todos los miem-bros de la especie, cualidad moral que apunta al sujeto humano como fin y no como medio u objeto instrumental de funcio-nalidades que imposibiliten su auto-nomía. Su función como ser de razón y, en consecuencia, su dimensión política uni-versal sustentada en la especie. [8]

Hablamos de la dignidad y de la naturaleza finalista que proyecta sobre el sujeto humano. Cualidad esencial que, obviamente, se debe revestir de la máxima protección jurídica, tanto normativa como institucional. Habla-mos de la dignidad de la persona como imperativo de la no subordinación que debe incorporar la ciudadanía, y sus co-rrelativos derechos para circular por el orden político y para influir en su configuración. Si tenemos en cuenta que esta dimensión ciu-dadana trasciende la nacionalidad y hasta el propio Estado, debe, en consecuencia, inser-tarse en lo que constituyen los flujos reales del orden global: En consecuencia, hay que transversalizar la noción de la ciuda-danía y convertirla en cualidad exis-tencial que siempre aspira a su forma política más amplia, la de un orden político global que debe incorporar los mismos derechos para todos aquellos sujetos que transitan en el mercado de la economía mundo.

6) Y la ciudadanía necesita, (digo que ne-cesita porque lo anterior no es suficiente), un derecho garantista fuerte, cautelar, tuitivo y, por encima de estas notas, que pueda produ-cir resultados jurídicos diferentes. La singularidad demanda diversidad cultural, jurídica y política. Requiere un esfuerzo y un cuidado extremos a la hora de interpretar una normativa que, como la legislación de ex-tranjería, pueda resultar de gran utilidad para dotar de tutela a los sujetos mas débiles, así

como disponer de una normativa eficiente y garantista a todos aquellos espacios alejados de la ciudadanía, necesitados de inclusión en la misma. En este punto, es importante pon-derar la importancia que reviste la interpre-tación que realizó el Tribunal Constitucional español,(STC 236/2007), de preceptos fun-damentales como el art.13.CE., en relación con la impugnación planteada por diversos parlamentos autonómicos contra la Ley Or-gánica 8/2000 [9], sobre derechos y liberta-des de los extranjeros en España y su integra-ción social.

A no olvidar que el derecho es un es-pacio de confrontación [10] y que es preciso intervenir en la esfera pública para “apuntalar, garantizar y dotar de eficacia a los derechos de los más débiles en un mundo dividido donde el capital se ha impuesto con paso firme, haciendo tabla rasa de muchas conquistas”.

7) Hay multitud de indicios de nuestro tiempo presente que parecen apuntar a la excepcio-nalidad política revestida de normalidad y equilibrio: por ejemplo utilizar la “peligro-sidad” potencial del sujeto desobediente o insumiso,- evaluada unilateralmente por un juzgador que pasa a ser controlador social-, para aplicarle consecuencias jurídicas como técnica preventiva. ¿Se llegará a prohibir el uso de la específica socialidad de la red como potencialmente peligrosa.?

Embrutecidos por sus privilegios, los detentadores del dominio no ven que una de las consecuencias del discurso político que no se sabe tal, del discurso del podero-so, es la anomia. Este agente del poder, ya no puede invocar una moral que no practica en sus actos, que son rigurosamente funcionales a la forma de dominación. El poder que se ejecuta, como una potencia que se actualiza, y lo hace sin atender a la forma de su ejecución, siempre produce ceguera y ruindad. Hay que observar el poder en su dinámica: el poder es un resultado, con independencia de su moti-vación o sus pretendidos fines. Cuando el po-der, los poderes, se consuman sin la precep-tiva forma jurídica y sin ponderar la dignidad de las personas, de todas y cada una de ellas, producen anomia, y todos sus corolarios de violencia. Es un campo, insisto, productor de apariencias jurídicas:

Una tendencia arraigada del poder económico y político de las clases dominantes es la de actuar saltándose la propia legalidad estatal en unos tiempos que se califican conti-

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nuamente como “periodos de excepción”. Re-párese en el recurso recurrente a las “amnis-tías fiscales”. Los gobiernos constitucionales de la Unión Europea que conocen y consienten la existencia de los paraísos fiscales, fomentan la impunidad de los ocultadores de riqueza so-cial facilitando el blanqueo de capitales proce-dentes de la economía ilícita: lo que el actual gobierno de España desarrolla “no sólo es una oferta de impunidad a bajo coste por la defrau-dación cometida, sino una forma de blanquear el dinero del crimen en general” . [11] Por eso la obsesión de los “leviatanes públicos y priva-dos” de este tiempo, en actuar en un espacio exclusivamente funcional: actuar sin respetar los derechos; actuaciones vehiculadas con brutalidad indisimulada a través de sus po-líticas de excepción. Véase el tema de las ejecuciones hipotecarias: arrancar el derecho básico a la vivienda, mediante un contrato “que no puede ni debe cumplirse”[12] , ya que han cambiado drásticamente las condiciones de contratación originales: se trata de cobrar a toda costa una deuda inmoral.

8) Multitud de segmentos e instituciones públicas forman compartimentos estancos completamente alejados de la legalidad y, por supuesto, sin soportes para acceder a formas de legitimidad, y, en consecuencia, a proce-dimientos públicos de legitimación. Se opera dentro del cuadro de la dominación blanda, inapreciable, invisible, pero que produce re-sultados y mueve, coopta, segrega y margina. La zona invisible donde se hacen y deshacen grandes operaciones de poder, el “making off”.... En el “espacio universitario”, casi nos acostumbramos a observar la continua pre-sencia de esos “compartimentos estancos”: las actuaciones insolentes e irresponsables, dentro de esos “chiringuitos”; actuaciones que bordean de continuo la desfachatez y que, por supuesto, gozan de impunidad. La legalidad contemporánea y el derecho, no pueden dejar de ser ambiguos: tienen que serlo ya que no consuma principios sino en el sentido del te-rritorio de los poderes en los que actúa..De ahí

la importancia de los agentes que trabajan en su seno.

9) Reivindicar la legitimidad del cons-titucionalismo social pasa, hoy por hoy, por una reivindicación intensa de la democracia. Repensar la democra-cia: Hay que repensar completamente lo que significa democracia en el sentido fuerte del término. La democracia no es una forma de Estado. La sociedad actual no es democrática; no puede serlo por sus dimensiones constitu-tivas. Esta falacia, reiterada hasta la saciedad por propagandistas, profesores e ideólogos mediáticos falsea sustancialmente la naturale-za del territorio social y contribuye a la oculta-ción de la inmensa violencia que anida en ella. El derecho puede mitigar, neutralizar y recti-ficar,- y de hecho lo hace cada día,- esa violen-cia. El mal derecho la transforma en rutinaria, haciendo que la violencia explícita acompañe y perturbe el orden civil. El buen derecho debe acerca a la población a las decisiones sobre el espacio común.

Ya se ha dicho: la democracia no es una técni-ca de las élites en la distribución de los recur-sos y las áreas de influencia. Se ha señalado de forma reiterada: la democracia es el poder de cualquiera sobre la existen-cia común en el espacio y en el tiempo [13]. Este poder alternativo de una ciudadanía universal cuestiona, de forma continua y constituyente, toda la gama de pode-res sociales constituida como resulta-do de programas clasistas de la forma de vida. Estamos ante una continua naturali-zación del clasismo y la exclusión. Es, como en toda la modernidad, un reparto “a priori” de las formas de vida. Vivimos una democracia pro forma,- o, como dicen algunos errónea-mente- de “baja intensidad”. Ante nuestros ojos y a una velocidad extrema, tenemos un gigantesco espectáculo con procedimientos funcionales, hiperfuncionales, a una constitu-ción material supuestamente incuestionable. Ha pasado a formar parte de la trascendencia

teológico-política que alimenta la vacuidad de las lecturas convencionales del cuadro políti-co. Estas imposturas subyacen a todo lo que ha producido una atmósfera política tan de-gradada que expulsa cualquier ingrediente sustancialmente político. Todo lo que no re-sulte funcional, es expulsado.

Dice Albert Hirschman que un régimen de-mocrático consigue legitimidad cuando sus decisiones emanan de una completa y abierta deliberación entre sus grupos, órganos y re-presentantes. En consecuencia, no hay ni de lejos un régimen democrático. Sí te-nemos, sin embargo, un configuración norma-tiva de Estado constitucional y el subsiguiente régimen de derechos y libertades, con garan-tías muy desiguales y con un recorrido asimé-trico en un territorio social que no es liso.

Recordar la extraña continuidad construida entre la humana especificidad del “logos”,- razón, lenguaje, sustrato de lo común, pre-tensión de vida buena, expresión política,-y el imperativo de no subordinación que se debe contemplar en todo ser humano: vi-vir de una forma determinada, no sim-plemente vivir; en consecuencia, un fin que a todos concierne.[14] Se trata así de una labor específica de la política y de un derecho subor-dinado a los principios de igualdad y justicia: en suma, la legítima recuperación del hombre ejecutada por el hombre: “Pertenece a la cul-tura, al pensar como conciencia del individuo en la forma de la universalidad, que yo sea aprehendido como persona universal, en lo cual todos somos idénticos: El hombre vale porque es hombre y no porque sea judío, católico, protestante, alemán o italiano. La conciencia de este valor del pensamiento es de una infinita importancia;(...)” [15].

Enrique Olivas Cabanillas. Profesor de Filosofía del Derecho UCM. Miembro del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos.

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1. “Es el destino de los principios ser proclamados por las gentes de bien y ser contrariados o mal aplicados por los villanos”(Robespierre)2. HEGEL, G.W.F.,Principios de la Filosofía del derecho, (trad. de Juan Luis Vermal).Buenos Aires,1975. (Editorial Sudamericana). Op.cit., Pará-grafo 3. Obs. p.31.3. Declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Art.2.4. “Ilegalidad del poder, criminalización de la protesta y resistencia popular” . Gerardo Pisarello&Jaume Asens. “Sin Permiso”-9.04.2012.5. Cardozo, The nature of the judicial process. (1ª ed.,1920),p.11. [Apud, el fragmento inglés en Schulz, Principios del Derecho Romano,23.]6. Castoriadis, 1994; 106.7. Mezzadra, Derecho de fuga, cit. 51.8. Pisarello/Asens, Op. cit.124 y s.. 9. Hay que precisar que, dentro de la característica transitoriedad que afecta a la legislación de extranjería, la LO 8/2000, de 22 de diciembre, refor-ma la LO 4/2000, de 11 de enero. 10. Pisarello/Asens, Op.cit., 15 y ss.. 11. José Manuel Gómez Benítez, ”Blanqueo de capitales para salir de la crisis”. Diario “El País”. 13.04.2012. 12. Carlos Castresana, “Contratos que no pueden cumplirse”. Diario “El País”.13.11.2012.13. “Universalizar las capacidades de cualquiera”. Entrevista con Jacques Rancière. Revista Archipiélago nº 73/74. Realizada por Marina Garcés, Raúl Sánchez Cedillo y Amador Fernández-Savater. 14. Aristóteles, Etica a Nicómaco, I, 1098a Kant, La paz perpetua, cit., 102.15. Hegel, Principios de la Filosofía del Derecho. OBS. al parágrafo 209.;p.247.

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