situaciÓn actual de la legislaciÓn penal ambiental
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA LEGISLACIÓN PENAL AMBIENTAL
COLOMBIANA Y DENTRO DEL CONTEXTO DEL ACUERDO DE PAZ
CURRENT SITUATION OF COLOMBIAN ENVIRONMENTAL CRIMINAL LEGISLATION AND WITHIN THE CONTEXT OF THE PEACE
AGREEMENT Martha Isabel Toro Reina 1
Resumen. El Derecho Penal Ambiental es hoy en día una realidad jurídica mundial de
primer orden, en un país como Colombia, en el tiempo ya se ha recorrido un corto campo
de desenvolvimiento frente a los numerosos retos de este tipo de orden normativo y
penal, esto en un territorio tan rico a nivel de la biodiversidad como de los respectivos
recursos naturales. Y en dicho tramo, ha sido objeto de diversas críticas a su
funcionamiento, siendo que en la actualidad el campo ambiental fue indirectamente parte
de análisis y de manejo político en el marco del acuerdo de paz firmado con la exguerrilla
de las FARC, resultando necesario y pertinente estudiar cómo ello ha influido, e influirá,
en el funcionamiento de la Legislación Penal Ambiental en el presente y en el futuro
inmediato. Para ello, será necesario revisar y sopesar la información secundaria que se
ha venido trabajando sobre el tema, y dando prevalencia a aquella que tenga como
fuente directa a los mismos protagonistas de los acontecimientos relacionados con los
delitos ambientales asociados a la violencia armada (terrorismo). Se espera poder
analizar entonces las condiciones reales y objetivas sobre el funcionamiento de la
Legislación Penal Ambiental en nuestro país, a sabiendas que pese a las dificultades
que se presentan para funcionar debidamente, se suma la violencia armada como una
de las principales fuentes delictivas que han llevado, y que siguen conllevando, a la
depredación ambiental. Desde luego, se asume que el enfoque y desarrollo de la
presente disertación será de la mayor pertinencia y utilidad para los intereses jurídicos,
ambientales, y sociales involucrados a nivel nacional en la misma.
Palabras Clave. Acuerdo de Paz, Colombia, Delitos Ambientales, Guerrilla, Legislación
Penal Ambiental
Abstract: The Environmental Criminal Law is today a world-class legal reality, in a
country like Colombia, in time has already been a short field of development in the face
of the numerous challenges of this type of normative and penal order, in a territory as rich
in biodiversity as in the respective natural resources. And in that stretch, he has been the
subject of various criticisms of its functioning, given that at present the environmental field
was indirectly part of analysis and political management within the framework of the
peace agreement signed with the former FARC guerrillas, It is necessary and pertinent
to study how this has influenced, and will influence, the functioning of the Environmental
1 Magister en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (USC) /Estudiante de Doctorado (USC) / Especialista en Derecho Administrativo (USC) / Abogada (USC) / Especialista en Derecho Penal (USC). [email protected]
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Criminal Law in the present and in the immediate future. To do so, be it will be necessary
to review and weigh the secondary information that has been working on the subject, and
to give priority to that which has as a direct source the same protagonists of events related
to environmental crimes associated with armed violence (terrorism). It is hoped that we
will then be able to analyse the real and objective conditions regarding the functioning of
the Environmental Penal Legislation in our country, knowing that despite the difficulties
that arise to function properly, armed violence is added as one of the main criminal
sources that have led, and continue to lead, to environmental depredation. Of course, it
is assumed that the approach and development of this dissertation will be of the greatest
relevance and usefulness to the legal, environmental, and social interests involved at the
national level in it.
Keywords: Peace Agreement, Colombia, Environmental Crimes, Guerrilla,
Environmental Criminal Legislation.
1. Introducción
En Colombia hace tan solo unas cuantas décadas se procedió a colocar en marcha
una legislación penal contra los delitos ambientales, a pesar que nuestro país viene
sufriendo graves problemáticas de esta condición causados por los más diversos
agentes del crimen organizado y del terrorismo.
Incluso, y al respecto, hoy en día se hacen sentir en el medio fuertes críticas a la
normatividad dispuesta para el efecto, ello en la medida en que pareciera que no ha
funcionado tal como debería ser, y debido que tampoco ha alcanzado los propósitos para
los cuales fue concebida y colocada en marcha.
A favor, se argumenta que una nación tan poderosa en cuanto a riqueza
medioambiental, no podría abrirse camino hacia el futuro ni internacionalmente, sin
contar con la debida penalización de los delitos ambientales que contravengan el
derecho constitucional de todos los ciudadanos colombianos a disfrutarlos libres de
cualquier perjuicio de terceros.
Ahora bien, la situación de opinión a veces ambivalente antes mencionada, ha
acabado de recrudecerse reforzada por argumentaciones en contra por el reciente
acuerdo de paz firmado con las FARC, puesto que no se sabe con certeza cuál es la
situación jurídica de los delitos ambientales que se cometieron a lo largo de tantas
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décadas bajo responsabilidad del actuar guerrillero, - y lo que es peor aún -, la injerencia
de todo ello en el actuar aun violento contra el medioambiente de los grupos llamados
disidentes y de otras guerrillas como el ELN.
Surge entonces el interrogante sobre ¿cuál es la situación actual de la legislación
penal ambiental colombiana y dentro del contexto del acuerdo de paz?, con miras a
intentar abordarlo mediante la determinación del desenvolvimiento de los fundamentos y
normatividad de la legislación penal ambiental colombiana, y en relación con sus
principales controversias, así como mediante el análisis del acuerdo de paz en su
incidencia en la legislación penal ambiental colombiana, así como sobre las condiciones
de inmediato futuro.
De tal manera, el objetivo del presente artículo es estudiar la situación actual de la
legislación penal ambiental colombiana y dentro del contexto del acuerdo de paz, para lo
cual se hará la respectiva exposición a través de los puntos correspondientes a los
métodos utilizados, y la respectiva discusión, y desde luego, las principales conclusiones
a las cuales se llega después del ejercicio estudioso realizado
2. Métodos
La complejidad de la temática tratada indica que quizá son pocos los expertos en el
medio que logren manejarla bajo las perspectivas de tiempo necesarias, a saber, pasado,
presente y futuro, de tal manera que es posible afirmar que al menos preliminarmente,
no resulta fácil acceder ni consultar a fuentes primarias de información.
Sin embargo, y dado el ascendente investigativo de la autora en sus estudios
posgraduales a nivel de medioambiente, se han podido ir acopiando algunos referentes
bibliográficos de importancia para plantear a mediano y largo plazo esta temática, lo cual
permite y facilita la posibilidad de un abordaje preliminar a través del presente artículo de
reflexión.
3. Discusión
3.1 Marcos jurídicos internacionales y nacionales sobre el delito ambiental
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La preocupación por la protección de los recursos naturales se encuentra a la orden
del día a nivel internacional, no solamente por la conciencia incuestionable sobre los
profundos daños antrópicos causados, sino exacerbada por aquellas sospechas sobre
los nefastos acontecimientos recientes en el Amazonas, donde se presume que las
acciones de devastación pudieron tener detrás a manos criminales. Si a ello se suman
acciones contra el medioambiente de carácter terrorista en países como el nuestro, es
posible anotar junto a estudiosos como García Dueñas (2019) que
El sistema de protección internacional en el marco de los conflictos armados tiene
como antecedente que no se respetan los pactos o acuerdos humanitarios, lo que
demanda de la comunidad internacional la revisión de acuerdos, la actualización y
adopción de nuevos mecanismos dirigidos a la protección de la humanidad y
prevención de daños a los recursos naturales. (p. 2)
Vale entonces la pena recapitular brevemente sobre los siguientes instrumentos
internacionales, que, pese al actual acuerdo de paz, resultan del mayor interés para las
actuales condiciones ambientales colombianas (Ver Cuadro 1)
Cuadro 1. Instrumentos Ambientales Internacionales
Instrumento Ambiental Internacional Dimensiones
Convención de la Haya (1907)
Prohíbe el uso de armas letales de graves
afectaciones a la población civil, muertes,
lesiones o mutilaciones de mujeres, niños
o quienes no son parte de las armas.
Complementada con el Protocolo de
Ginebra (1925), que prohíbe del empleo
de gases asfixiantes, tóxicos, o similares y
de medios bacteriológicos.
Convención de Ginebra (1949 y 1977)
Regula la humanización de los conflictos
armados con la protección de quienes
están por fuera, prohibiendo el uso de
armas químicas o de destrucción masiva.
Fortalecida por la Convención sobre la
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Prohibición del Desarrollo, la Producción,
el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas (1993).
Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano (1972)
Con relación a la protección ambiental
tanto en los tiempos de paz y guerra,
garantiza un ambiente cuya calidad
permita vivir a los grupos humanos con
bienestar y dignidad.
Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos, que cuenta con
el Protocolo de San Salvador (1988)
Proclama que toda persona tiene derecho
a vivir en un medio ambiente sano.
Convenio sobre la Diversidad Biológica
(1992)
Entre otros, fija como objetivos la
conservación de la diversidad biológica.
Declaración Universal de los Derechos
Humanos Emergentes (2004)
Resalta el derecho de los seres humanos
y de los pueblos a vivir en un medio
ambiente sano, equilibrado y seguro, a
disfrutar la biodiversidad, y a defender el
sustento y la continuidad de su entorno
para las futuras generaciones.
Fuente: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/documentosbasicos2018.pdf
Desde luego, en Colombia tanto el crimen organizado como las organizaciones
armadas ilegales han cometido y siguen cometiendo delitos contra el medio ambiente,
de tal manera que el Estado debe investigarlos y juzgarlos penalmente con el fin de
garantizar la totalidad de los derechos a gozar de un ambiente sano, y siendo que
El sistema de protección ambiental a partir de los postulados normativos
constitucionales e internacionales, los componentes de derecho penal en el marco
de los conflictos armados, y las conductas penales, permiten la construcción de
estrategias para la investigación y juzgamiento de los responsables de las
organizaciones al margen de la ley. (García, 2019; p. 3)
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La Constitución Política de Colombia plantea, según el artículo 79, que los
ciudadanos tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado
proteger la integridad del medioambiente, lo cual se extiende al artículo 80, donde al
mismo se le confiere prevenir y controlar los agentes de deterioro ambiental, imponer
sanciones legales, y exigir la reparación de los respectivos daños.
Así, en Colombia la protección ambiental se enmarca también en el Código Penal de
1980 (Decreto Ley 1003), donde se consagraron en las conductas que atentaban contra
los recursos naturales (artículos 242 a 247), e incluyéndose algunos tipos penales: daños
en los recursos naturales y contaminación ambiental, ocupación ilícita de parques y
zonas de reserva forestal, propagación de enfermedad en los recursos naturales, ilícito
aprovechamiento de recursos naturales, y explotación ilícita de yacimiento minero. Que
según el autor Galindo (2019), alcanzaban penas entre 6 y 96 meses aproximadamente.
El Código Penal de 1980 fue modificado mediante la Ley 491 de 1999, donde se
adicionó el título VII Bis (“de los delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente”), denominación que se mantiene en el Código Penal vigente (Ley 599 de 2000)
y que entró en vigencia el 25 de julio de 2001 consagrando en los artículos 328 a 339
once (11) tipos penales junto a la modalidad culposa de dos de aquellos: los daños en
los recursos naturales y la contaminación ambiental. Además, estableció el Título XI para
los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. (Galindo, 2019)
La más reciente reforma del Código Penal Colombiano en materia ambiental se
produjo por causa de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, más conocida en el medio
nacional como la Ley de Seguridad Ciudadana, que busca enfrentar la criminalidad
organizada y el terrorismo. (Galindo, 2019). Resulta importante complementar el anterior
recorrido con algunas precisiones del ámbito penal y de su correspondiente articulado
frente a los delitos contra el medioambiente, los cuales se precisan en el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Marco del Código Penal frente a los Delitos Ambientales
Articulado General
Delitos de Terrorismo y Concierto para Delinquir
Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales
Artículo 164 Destrucción del Medio Ambiente: regula la sanción penal para quien en el marco del conflicto armado emplee métodos o medios concebidos para causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.
Artículo 343 regula el delito de terrorismo que se comete en el contexto del crimen organizado, y se explica como la conducta que provoca o mantiene en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que ponen en peligro la vida, la integridad física, o la libertad de las personas. En dicho sentido, regularmente las investigaciones penales por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales cometidas por organizaciones al margen de la ley, concurren con las conductas penales de terrorismo y concierto para delinquir.
Artículo 331 Daños en los recursos naturales: cuando se destruye, se inutiliza, se desaparece o de cualquier otro modo se dañan los recursos naturales, causándoles una grave afectación a los que estén asociados con aquellos, o se afectan áreas especialmente protegidas, ecosistemas naturales, calificados como estratégicos y de las áreas especialmente protegidas.
Artículo 160 Atentados a la subsistencia y devastación: contempla el delito de devastación cuando con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, se ataca, inutiliza, daña, retiene o se apodera de bienes o elementos indispensables para la subsistencia de la población civil.
Artículo 332 Contaminación ambiental: cuando se contamina el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales en tal forma que pone en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos, o hidrobiológicos.
Artículo 144 Actos de Terrorismo: prevé el delito por actos de terrorismo que lo comete quien con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realiza u ordena llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla.
Artículo 333 refiere la contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, se comete cuando se provoca, contamina, o realiza directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos.
Artículo 337 invasión de áreas de especial importancia ecológica, cuando se invade, así sea de manera temporal, o se realice un uso indebido de los recursos naturales protegidos en área de reserva forestal, resguardos indígenas, terrenos de propiedad colectiva, de las comunidades negras, parque regional, área de interés estratégico o protegida.
Fuente: Elaboración Propia, con base en García Dueñas H. A. (2019)
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3.2 Consideraciones generales sobre la situación actual de la Legislación Penal
Ambiental colombiana
Tal como se anotaba, existen en el medio diversas posturas que se pronuncian a
favor o en contra de la normatividad penal frente a delitos ambientales, siendo pertinente
anotar de manera preliminar que en un medio como el nuestro, resulta absolutamente
necesario – y ojalá favorable – acudir a la penalización de los depredadores ambientales,
sobre todo desde un punto de vista que puede resultar tan evidente como incuestionable:
si contando con una legislación jurídica al respecto se han cometido y se cometen daños
irreparables al medioambiente, ¿cuál sería la situación al respecto en caso que no la
hubiese? Desde luego que ello no reivindica una solución meramente basada en vigilar
y castigar, pero si apunta a la presencia jurídica como uno de los componentes
indispensables para frenar la escalada de destrucción y depredación de los recursos
naturales en nuestro país.
Sin embargo, lo anterior no obsta para hacer reconocimiento a los innegables
cuestionamientos que afectan el campo penal ambiental, que van desde las
argumentaciones que reclaman por una máxima eficiencia, hasta aquellas que abogan
incluso por su abolición. Dice recientemente Gómez Vélez (2015) al respecto de la
legislación en mención
La inconveniencia de la intervención penal en asuntos ambientales, que conllevaría
a la necesidad de su abolición, es recalcada por tres aspectos básicos: (1) por ser
ineficaz en la labor de efectiva protección del medio ambiente y los recursos
naturales, (2) por cumplir únicamente funciones simbólicas, lo que le supone
desempeñar un papel ilegítimo y (3) por afectar varias de las garantías más
importantes que son necesarias para que el ius puniendi esté justificado, lo que es
inadmisible desde el punto de vista del Estado Social y Democrático de Derecho.
(P.19)
Dado el interés que despiertan las anteriores argumentaciones y aseveraciones, a
continuación, se recogen de manera breve sus principales puntos de vista:
- En primer lugar, suele anotarse que las ampliaciones realizadas a la normativa
penal para proteger el ambiente tienen relación directa con el funcionamiento del sistema
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procesal, siendo que por motivos ampliamente conocidos tanto de presupuesto como de
organización del sistema acusatorio, se da prelación a otros delitos (ej. secuestro,
homicidio, estupefacientes, otros) respecto de los que atentan contra el medio ambiente.
(Gómez Vélez, 2015) 2
- En segundo lugar, y de acuerdo a otros estudiosos como Ramírez (2007), se estima
que la cantidad de procesos penales abiertos no solamente es reducida, sino que la
cantidad de condenas ejecutoriadas también, proyectándose entonces un carácter más
simbólico que funcional al respecto. Ello reforzado llevar procesos que a veces no tienen
mayor significancia frente a los grandes atentados contra el medioambiente en Colombia.
Y desde luego que lo penal y lo ‘simbólico’ en sí mismos, - y menos como únicas vías -,
no conllevan a la adquisición de conciencia y respeto por el medioambiente.
- Respecto de la afectación de garantías importantes necesarias para que el ius
puniendi esté justificado, se debe traer cita directa de los siguientes términos
Además, no puede aceptarse, como si fuera propio de la intervención penal, y
siempre lo hubiera sido, ejercer funciones simbólicas que implican actuar como
mecanismo de aprendizaje de las normas de protección ambiental o de ayuda para
que los ciudadanos introyecten la importancia del ambiente para la existencia de la
humanidad, ni para proteger la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento
adecuado del sistema social y jurídico, porque esto implica, como ya se analizó,
romper con todas las estructuras tradicionales del ius puniendi, que contribuyen a
2 Es importante destacar aquí al respecto la opinión del autor Corcoy (2007), quien dice: “Atendiendo a la nula o cuasi nula aplicación judicial, no pueden olvidarse dos factores esenciales al respecto. Primero, que para la aplicación judicial de un nuevo delito no es suficiente la creación de un nuevo precepto en el Código penal, sino que son necesarios medios que permitan una investigación correcta de los hechos, […]. Segundo, que es necesario que los jueces conozcan, comprendan y sepan aplicar adecuadamente esos nuevos preceptos, respecto de los que se carece una jurisprudencia consolidada. Al respecto habría que plantearse si sería conveniente la creación de tribunales especializados […] para conocer de determinadas materias complejas, como pueden ser las relativas al medio ambiente […]. En definitiva, en la aplicación judicial o no de determinados delitos confluyen muchos aspectos y la inaplicación no deslegitima por sí misma esos delitos, sino que debería obligar a analizar las causas de esa inaplicación, y sólo en el caso de que se advierta de la ineficacia o imposibilidad absoluta de su aplicación se justificaría su desincriminación (pp. 52 – 53).
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que éste sea menos violento y autoritario, criminalizando conductas que no alcanzan
a ser peligrosas. (Gómez Vélez, 2015; p. 17)
Habría que añadir otra de las graves objeciones que se hacen en tanto que la
normativa ambiental en general, y no solamente penal, ha tenido algunos niveles de
injerencia de parte de grandes organizaciones e instituciones tanto a nivel nacional como
internacional, y siendo aquellas las mismas destinatarias de las leyes, ello crea un manto
nada favorable para la entera fiabilidad del correspondiente marco jurídico.
En la actualidad el poder legislativo en Colombia está trabajando en un proyecto de
ley, que ya fue aprobado por unanimidad por la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes en primer debate, con el que se busca introducir nuevos tipos penales
que crean 17 delitos nuevos ambientales, modifica los 11 ya existentes y aumentan las
penas y sanciones para las personas jurídicas o naturales que los cometan; la
deforestación, el aleteo, el aprovechamiento ilícito de las aguas y de sus recursos
biológicos, la destrucción y el comercio ilícito del coral, y la destrucción del suelo son
algunas de las actividades que se plantean para ser declaradas como nuevos delitos
ambientales en Colombia (revistasemanasostenible.com, 2020)
3.3 Breve mirada de los delitos ambientales asociados al Terrorismo
Desde luego, y en el marco del actual proceso derivado del acuerdo de La Habana,
son muchas las voces que se refieren al medioambiente como la víctima olvidada. Es así
como frente a las más de cinco décadas también de atentados contra los recursos
naturales del país, se plantean en el medio los siguientes interrogantes
¿Es posible calcular ese daño? ¿Cuántos bosques se han talado por cuenta de la
minería y la siembra de cultivos ilícitos? ¿Qué extensión de suelo dejó de ser
productivo? ¿Cuántos ríos se han teñido de negro con el derrame de petróleo, y por
cuántos corren aguas tóxicas debido al mercurio vertido en ellos en la minería de
oro? ¿Cuántos días han tenido que sobrevivir sin agua y sin alimento –sin pescado–
las comunidades afectadas? (revistasemana.com, 2018; p.1)
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Ahora bien, la misma publicación antes citada hace referencia a un punto de vista
incuestionable, en cabeza de un experto conocedor de este tipo de situaciones en
relación con el daño medioambiental hecho al país, lo cual conduce a afirmar que
El exministro de ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, ha asegurado que el país está
en deuda de medir el pasivo ambiental de las FARC. SEMANA quiso hacer el ejercicio
de unir los registros y los datos que existen dispersos, desordenados, al respecto. Y,
además, establecer cuál ha sido la participación de cada grupo armado ilegal en este
desastre ambiental silencioso. Las FARC, por ejemplo, son ambivalentes al respecto
y algunos consideran que, como efecto fortuito de la guerra, han preservado varios
tesoros naturales del país. (revistasemana.com, 2018; p.1)
Así las cosas, retornando al ámbito penal, el autor Galindo (2017) se refiere a los
principales agentes relacionados con los delitos ambientales en Colombia, así
La existencia de distintos grupos armados ilegales en Colombia los cuales
aprovechan las abundantes selvas, el extenso territorio y el difícil acceso a estos
territorios por parte de las autoridades les ha permitido durante años explotar los
recursos naturales con un alto grado de impunidad. Por otro lado, la difícil aplicación
de la legislación ambiental debido a las dificultades que presenta el territorio… (p.5)
Se alude entonces como depredadores ambientales a las FARC como uno de los
principales actores, sumando a los grupos paramilitares, el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), al Ejército Popular del Pueblo (EPL), y las bandas criminales (BACRIM).
Por ejemplo, se calcula que
…entre 1990 a 2013, el 58% de la deforestación en el país ocurrió en áreas afectadas
por el conflicto, con 3 millones de hectáreas perdidas. Los numerosos atentados
contra oleoductos durante los últimos 35 años han resultado en 4.1 millones de
barriles derramados, el equivalente a 16 desastres como el de Exxon Valdez. (p.8)
Y de acuerdo con la organización Dejusticia (2015), citada por The Guardian.com
(2016)
La siembra de cultivos ilícitos en los Parques Nacionales Naturales ha oscilado entre
el 4% y el 8% del área total cultivada en el país en los últimos 10 años (UNPNN, 2015).
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…el conflicto armado ha sido acompañado de bombardeos contra oleoductos,
fumigaciones de cultivos ilegales con glifosato, contaminación química debido a
minería ilegal, la presencia de grupos armados y minas antipersona en áreas
protegidas, y la expansión de la frontera agrícola como resultado del desplazamiento
forzado, entre otros problemas. (p.2)
Sin duda, en este lamentable accionar habría que añadir también como elementos
de juicio de esta problemática, - y como determinantes directos e indirectos de los delitos
ambientales por excelencia -, a flagelos como el narcotráfico, y la explotación ilegal de
minas, entre otros que igual generan costosos y nocivos daños a los ecosistemas
nacionales. Los cuales, a pesar del acuerdo de paz logrado en el anterior gobierno,
siguen siendo una realidad en el territorio nacional en manos de los grupos armados
disidentes o de los nuevos grupos armados.
3.4 Legislación Penal Ambiental dentro del contexto del acuerdo de paz
En el mes de julio del año 2015, el entonces jefe del equipo negociador en La
Habana, Humberto de la Calle, informó en el Congreso de la República sobre los avances
que se llevaban a dicha altura en la mesa del acuerdo. (revistasemana.com, 2018)
Aunque su intervención generó buenos comentarios hasta de la oposición uribista,
llama la atención que De la Calle no haya hecho ni una sola mención al tema del
medio ambiente y a las implicaciones que sobre este tendría un eventual acuerdo de
paz con las FARC. Esta omisión se torna preocupante cuando se piensa que hace
menos de un mes, el país se encontraba consternado por una serie de atentados de
la guerrilla que causaron una verdadera catástrofe ambiental en departamentos como
Putumayo y Nariño. A pesar de su magnitud y de la indignación que generaron,
hechos como los que se han vivido desde junio con la primera voladura en Puerto
Asís, Putumayo, son apenas una muestra de los impactos de la guerra sobre los
recursos naturales. La minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, sumados a la
fumigación aérea con glifosato, también son responsables de la degradación
ambiental de muchas regiones. En todos los casos las consecuencias son muy
parecidas: contaminación de las aguas, deforestación, extinción de especies
animales y vegetales y miles de personas afectadas. (revistasemana.com, 2018;
p.2)
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Pero aun, siendo que para entonces la ONU había presentado un informe donde
daba cuenta “que la mayoría de los municipios con fuerte influencia de las FARC tienen, al
mismo tiempo, alguna figura de protección ambiental y están solicitados para actividades
extractivas”. (revistasemana.com, 2018; p.2)
Ahora bien, según la revista Catorce6 (2017), algunos de los temas ambientales
acordados en las negociaciones de paz de La Habana sobre el medio ambiente fueron:
“La delimitación de la frontera agrícola, la protección de zonas de reserva, caminos para la
resolución de conflictos y la implementación de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, priorizando
los Parques Nacionales Naturales” (p. 1) Dice textualmente la publicación al respecto
La temática ambiental se encuentra en varios apartes a lo largo de las 218 páginas
del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera”, y tiene como premisa contribuir al desarrollo sostenible. Este
principio, resaltado en el punto 1 “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma
Rural Integral”, señala que se “requiere de la protección y promoción del acceso al
agua, dentro de una concepción ordenada del territorio”. (p.1)
De tal modo, y con base en la fuente antes citada, brevemente se consignan a
continuación algunos de los temas acordados en materia ambiental entre el gobierno
nacional y las FARC:
- Lineamientos para definir los beneficiarios de los procesos de adjudicación de
tierras en tanto podrán ser quienes sean reubicados por razones de protección ambiental
(pág. 15);
- Sobre el cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva el
Gobierno se comprometió antes de dos años “un plan de zonificación ambiental que delimite
la frontera agrícola y que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario, y caracterizar
el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial”. (Acuerdo de Paz, 2016:
p. 20)
De acuerdo al interés del presente artículo, - y sobre todo por las nuevas disidencias
guerreristas en cabeza de Márquez y Santrich -, llama la atención el aparte donde las
partes se comprometen a realizar
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…acciones de recuperación y adecuación de suelos para el establecimiento de
cultivos lícitos; acciones para la mitigación de los daños ambientales en zonas de
especial interés ambiental, ecosistemas frágiles e hidrografía vulnerable y para la
recuperación de los bosques; proyectos de protección ambiental y productivos,
ambientalmente sostenibles, en zonas de especial interés ambiental, como por
ejemplo proyectos silvopastoriles. (Acuerdo de Paz, 2016: p. 114).
Desde luego, quienes entonces siendo guerrilleros afirmaron y firmaron lo anterior,
sin duda hoy estarán del lado opuesto cobijándose nuevamente bajo el nefasto manto
de los delitos ambientales.
- Sobre los cultivos ilícitos como agentes causantes de una gran parte de la
deforestación del territorio nacional “se hace un especial énfasis en la sustitución de
cultivos, dando prioridad a los territorios de los Parques Nacionales Naturales”.
(Catorce6, 2017; p.2),
El texto del acuerdo indica que se establecerán mecanismos de interlocución directa con
las comunidades para construir acuerdos para la erradicación de los cultivos que garanticen el
control, restauración, y protección efectiva de estas áreas” (Acuerdo de Paz, 2016: p. 115).
Concretamente, las FARC-EP se comprometieron en materia ambiental a “la participación
en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y la participación en programas de
reparación del daño ambiental, como por ejemplo la reforestación” (Acuerdo de Paz, 2016: p.
179). Sin embargo, el problema del narcotráfico queda planteado y a la orden del día
dentro del interés de la realidad nacional colombiana, ello en detrimento permanente del
medioambiente.
Pero la gran cuestión que hasta aquí puede plantearse es si realmente y bajo el
derecho penal ambiental de nuestro país, puede hablarse de justicia frente a los
crímenes cometidos contra el medioambiente asociados al terrorismo. Reconociendo la
existencia de un ‘vacío’ jurídico, la publicación ambiental citada concreta al respecto lo
siguiente
En el documento no queda claro si los crímenes realizados por las FARC-EP en
contra del medio ambiente, como la voladura de oleoductos que produjeron una grave
contaminación a ríos y flora en general, están contemplados entre los que no serán
15
objeto de indulto y/o amnistía. O si, por el contrario, harán parte del paquete de delitos
conexos amnistiables. (p. 3)
Por su evidente importancia, entonces hay que traer del mismo texto del acuerdo de
paz los apartes que corresponden a la penalización
No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de
lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u
otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la
desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la
sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de
menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. (Acuerdo de Paz,
2016: p. 151)
Y desde luego, confrontarlos con los apartes que corresponden a la no penalización
Serán amnistiables los delitos conexos con el delito político que describan conductas
relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos con
ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar,
financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. (Acuerdo de Paz, 2016: p. 289)
Durante este proceso la Corte Constitucional, como institución que tiene bajo su
custodia la integridad y supremacía de la constitución desempeño un papel
importantísimo para la época, revisando cada una de las normas derivadas para el
proceso de paz ya que las normas transicionales no podían alterar el orden constitucional
y preciso que (i) el Acuerdo Final no es parte de la Constitución y tampoco tiene la fuerza
per se de una norma de rango constitucional, ni se incorpora al derecho interno por medio
de una ley; (ii) no le corresponde a la Corte determinar si el Acuerdo Final puede ser
considerado como un acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra de 1949; y (iii) el Acuerdo Final, si bien es considerado política de
Estado por los próximos doce años, no tiene estatus normativo en sí mismo; requiere de
desarrollos normativos por las ramas legislativa y ejecutiva, órganos estatales que deben
cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. (resumen de las decisiones
de la corte constitucional en la implementación del acuerdo final de paz, 2019; p. 7)
16
De la anterior cita se pueden destacar brevemente algunas leyes, decretos y
pronunciamientos jurisprudenciales para el caso de estudio. (Ver Cuadro 3)
Cuadro 3
LEYES Y DECRETOS DICTADOS PARA LA
PAZ
DIMENSIONES JURISPRUDENCIA
Decreto-ley 902 de 2017, por el cual se adoptan
las medidas para facilitar la
implementación de la reforma
rural integral contemplada en el
acuerdo final en materia de tierras,
específicamente el procedimiento
para el acceso y formalización y la
creación del fondo de tierras .
• Sentencia: C-073
del 12 de julio de
2018 exequible
Decreto 588 de 5 de abril de 2017
Por el cual se organiza la
Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la
no repetición
• Sentencia: C-017
del 21 de marzo
de 2018
Exequible gran
parte
Acto Legislativo 01 de 4 de abril de
2017
Por medio del cual se crea un
título de disposiciones transitorias
de la Constitución, Para la
terminación del conflicto armado y
la construcción de una paz estable
y duradera, y se dictan otras
disposiciones
• Sentencia: C-674
del 14 de
noviembre de
2017 La Corte
consideró que, en
términos
generales, la
reforma
constitucional
revisada se
ajustaba a la
Constitución,
aunque con
algunos incisos
17
declarados
inexequibles
Decreto ley 883 de 2017
por el cual se modifica la Ley 1819
de 2016 para incluir a las
empresas dedicadas a la minería
y a la explotación de
hidrocarburos en la forma de pago
de obras por impuestos
• Sentencia: C-516
del 10 de agosto
de 2017
Decreto ley 884 del 26 de mayo de
2017
por el cual se expiden normas
tendientes a la implementación del
Plan Nacional de Electrificación
Rural en el marco del Acuerdo
Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera
• Sentencia: C-565
de 2017,
exequible
Ley 1876 de 2017 por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones
• Sentencia: C-094 del 10 de octubre de 2018 exequible
Decreto Ley 154 de 3 de febrero de
2017
Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016
• Sentencia: C-224 del 20 de abril de 2017 exequible
Decreto ley 890 de 2017
por el cual se dictan disposiciones
para la formulación del Plan
Nacional de Construcción y
Mejoramiento de Vivienda Social
Rural
• Sentencia C-570
de 2017
exequible
Decreto ley 893 del 28 de mayo de
2017
Por el cual se crean los
Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET)
• Sentencia C-730
de 2017
exequible
Decreto ley 896 del 29 de mayo de
2017
Por el cual se crea el Programa
Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)
• Sentencia: C-493
del 3 de agosto de
2017 exequible
18
Acto Legislativo 01 del 7 de julio 2016
Por medio del cual se establecen
instrumentos jurídicos para
facilitar y asegurar la
implementación y el desarrollo
normativo del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y
duradera, se le asigna a la Corte
Constitucional el procedimiento
legislativo especial para la paz
conocido como Fast Track.
• Sentencia: C-699
del 13 de
diciembre de
2016, excequible
• Sentencia: C-332
del 17 de mayo de
2017
Decreto ley 691 del 27 de abril de 2017
Por el cual se sustituye el Fondo
para la Sostenibilidad Ambiental y
Desarrollo Rural Sostenible en
Zonas Afectadas por el Conflicto
por el Fondo Colombia en Paz
(FCP) y se reglamenta su función
• Sentencia C-438
de 2017
exequible
Decreto ley 870 de 2017
Por el cual se establece el Pago
por Servicios Ambientales y otros
incentivos a la conservación
• Sentencia C-644
de 2017
Decreto ley 2204 de 2016
Por el cual se cambia la
adscripción de la Agencia de
Renovación del Territorio
• Sentencia: C-160
del 9 de marzo de
2017, inexequible
Fuente: Elaboración Propia, con base en https://www.colectivodeabogados.org/?-Legislacion-del-Acuerdo-de-Paz- (2019)
Colombia cuenta con la Justicia Especial para la Paz JEP, de quien se
espera, como lo ha sido hasta ahora, compromiso y trabajo, encaminado a ese
buen propósito de dignificar, visibilizar y administrar justicia restaurativa. A
propósito del caso 002 de 2018 correspondiente a la situación territorial de los
municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Belkis Izquierdo, magistrada de la
19
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mujer del pueblo Arhuaco, habla sobre el
mismo Así
El Espectador (2020) … La JEP reconoce que la naturaleza es víctima del
conflicto; Este caso tiene algo de especial porque entre las conductas que investigan
se incluyeron los daños socio-ambientales y territoriales que sucedieron en los tres
municipios priorizados del Caso 002, en los territorios de consejos comunitarios
afrodescendientes y resguardos indígenas de los pueblos Awá y Eperara
Siapiadaara. Las comunidades tienen derecho a la protección de la naturaleza, al
agua, a la seguridad alimentaria, a los recursos naturales (...) Se reconocen las
profundas interrelaciones de los pueblos indígenas, comunidades negras y locales
con el territorio y los recursos naturales. Concretamente, mediante la protección
especial de ríos, bosques, fuentes de alimento, medio ambiente y biodiversidad.
Después de que los comparecientes den sus versiones, las víctimas pueden ampliar
sus informes y hacer demandas de verdad a los victimarios (o sea, enviar preguntas
sobre qué pasó en sus territorios) y proponer formas de reparación acorde a sus
realidades dado que la JEP no tiene competencia para las reparaciones
administrativas que, para este caso, puede ser reforestación, desminado de los
lugares cercanos a sus sitios sagrados, limpiar los ríos, ubicación de fosas, entre
otras…
Por su parte, las asociaciones que trabajan por la protección del medio
ambiente a través de estrategias de formación y capacitación como la
Asociación Ambiente y Sociedad, que tienen por objetivo proteger el medio
ambiente con enfoque de derechos humanos, protegiendo la vida y la dignidad
humana, presentaron 11 propuestas el 16 de agosto de 2016 en la Habana,
para trabajar colectivamente en la implementación de las acciones
ambientales que el postconflicto demande. (Once Propuestas Desde el
Ambientalismo Colombiano Para los Equipos Negociadores de la Paz en
Colombia, 2016)
Resulta importante resaltar brevemente las propuestas con base a la
fuente anterior citada:
20
- Construir una nueva ética e institucionalidad ambiental, cada vez se
hace más necesario establecer una relación armónica entre el hombre y el
medio ambiente, esta relación se encuentra fuertemente marcada por las
formas de producción y consumo (Once Propuestas Desde el Ambientalismo
Colombiano Para los Equipos Negociadores de la Paz en Colombia, 2016:
Proposición 1)
- Planificar y propiciar una novedosa paz territorial, basada en
aprendizajes derivados de procesos locales participativos, (Once Propuestas
Desde el Ambientalismo Colombiano Para los Equipos Negociadores de la
Paz en Colombia, 2016: Proposición 2)
En Colombia la disputa por los recursos naturales ha estado ligada con
la violencia, según la UNEP en los últimos 25 años, por lo menos 18 conflictos
armados internos se han exacerbado por luchas en torno a los recursos
naturales, y por lo menos el 40% de los conflictos interestatales de los últimos
60 años han estado vinculados de alguna forma con recursos naturales
(Noticias ONU, 2018)
- Incorporar en los criterios de la paz territorial conceptos y prácticas
novedosos como el buen vivir y el bienestar bajo en carbono, con referencia
al buen vivir, Polis revista Latinoamericana (2015), plantea que
definitivamente el buen vivir no le pertenece a alguien en particular, esta es
una garantía que se debe construir entre todos para alcanzar los ideales del
respeto a la diversidad cultural (Once Propuestas Desde el Ambientalismo
Colombiano Para los Equipos Negociadores de la Paz en Colombia, 2016:
Proposición 3)
- Trabajar por la confluencia crítica entre la Agenda 2030 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible con la agenda 2030 del posconflicto, (Once
Propuestas Desde el Ambientalismo Colombiano Para los Equipos
Negociadores de la Paz en Colombia, 2016: Proposición 4)
21
las propuestas planteadas desde las dos agendas ofrecen una
oportunidad para encontrar un desarrollo más próspero y sostenible
- Comprometerse a redefinir las relaciones entre la Colombia Urbana y
la Colombia Rural, con la firma de los acuerdos con las FARC, (Once
Propuestas Desde el Ambientalismo Colombiano Para los Equipos
Negociadores de la Paz en Colombia, 2016: Proposición 5)
Se hace necesario buscar que las diferentes regiones colombianas se
comprometan en fortalecer el Estado para que este pueda de cierta forma
recuperar la legitimidad perdida durante décadas de conflicto armado (García
M. & Revelo J. 2018: p. págs. 69-95)
- Revisar el modelo extractivista minero energético, proponer la
negativa al fracking, Construir un plan nacional de seguridad hídrica y
alimentaria, (Once Propuestas Desde el Ambientalismo Colombiano Para los
Equipos Negociadores de la Paz en Colombia, 2016: Proposición 6)
Sin duda alguna la práctica del fracking trae consecuencias nefastas
para el medio ambiente como la destrucción de ecosistemas, la posible
actividad sísmica, la contaminación del aire y de los acuíferos y los impactos
negativos en la salud que se puedan producir
- Asumir la educación integral y la democratización de la información y
el conocimiento como instrumentos de construcción de la paz (Once
Propuestas Desde el Ambientalismo Colombiano Para los Equipos
Negociadores de la Paz en Colombia, 2016: Proposición 7)
- Fortalecer y reconocer la investigación científica, la innovación y otros
modos de construcción del conocimiento, (Once Propuestas Desde el
Ambientalismo Colombiano Para los Equipos Negociadores de la Paz en
Colombia, 2016: Proposición 8)
- Hacer un balance participativo de las deudas ambientales en las
regiones y localidades, (Once Propuestas Desde el Ambientalismo
22
Colombiano Para los Equipos Negociadores de la Paz en Colombia, 2016:
Proposición 9)
- Construir colectivamente la Agenda ambiental y climática para la paz,
a partir del diálogo desprevenido, constructivo y permanente, (Once
Propuestas Desde el Ambientalismo Colombiano Para los Equipos
Negociadores de la Paz en Colombia, 2016: Proposición 10)
- Reafirmar el compromiso del ambientalismo de votar SÍ al Plebiscito
y estimular el apoyo colectivo a los Acuerdos de La Habana, y al impulso de
los acuerdos con el ELN. (Once Propuestas Desde el Ambientalismo
Colombiano Para los Equipos Negociadores de la Paz en Colombia, 2016:
Proposición 11)
23
Imagen 1: Once Propuestas Desde el Ambientalismo Colombiano Para los Equipos
Negociadores de la Paz en Colombia, 2016
Fuente: Asociación Ambiente y Sociedad 2016
Así las cosas, estas propuestas de los negociadores en la Habana resultan
importantes toda vez que los impactos de los conflictos armados van desde la
pérdida de biodiversidad, la perdida de coberturas vegetales, la destrucción del
suelo y la destrucción de ecosistemas enteros, con efectos que se prolongan más
allá de las generaciones presentes tanto humanas como las que no lo son. Lo
24
anterior, muestra cómo existe una incompatibilidad fundamental entre la guerra y la
naturaleza (Broswimmer, 2007).
La preocupación de protección del medioambiente no vino solo por parte de
asociaciones y grupos ambientalistas, lo hizo también el Consejo de Estado cuando
le pidió al Gobierno que la protección del ambiente sea incluida dentro de los temas que
se discuten en la Habana. No es para menos. Han pasado escasos 15 días desde cuando
miembros de las FARC derramaron 410.000 galones crudo en la cuenca que surte de agua
a los habitantes de Tumaco. Esta arremetida del grupo guerrillero contra la infraestructura
petrolera se convirtió en una de las mayores catástrofes ambientales en la historia del
país. El llamado que esta vez hizo el alto tribunal corre por cuenta de un hecho que ocurrió
hace casi 20 años, pero que tomó relevancia por las fuertes críticas que les han caído a
los grupos guerrilleros por los daños medioambientales que han ocasionado por cuenta de
su ofensiva. De ahí que el Consejo de Estado le haya solicitado al Gobierno que los temas
ambientales no se pasen por alto en la negociación y que, por el contrario, sean centro de
la discusión (revista semana.com, 2015).
25
CONCLUSIONES
Es preciso recordar que la Constitución Política del 1991 es conocida como
la Constitución Verde por contener más de 30 artículos que en su tenor apuntan a
la protección y defensa del medio ambiente, expresándolo como un derecho y deber
colectivo y a su vez dando respuesta a los tratados, convenios y normas del
derecho internacional generadores de instrumentos y mecanismos como insumos
para que las comunidades participen de manera activa en la gestión ambiental,
frente a los impactos negativos producidos por las manos del hombre; es necesario
proyectar desde el contexto internacional una justicia ambiental con el único
objetivo de regresarle a los recursos naturales lo que les ha pertenecido por
siempre, no se puede decidir por ellos, ante esta situación es evidente como la ONU
cada vez más reúne esfuerzos entre los Estados para procurar estilos de vida más
sostenibles.
En Colombia el artículo 80 Constitucional otorga a las autoridades
jurisdiccionales la protección del medio ambiente a través del derecho penal
generando sanciones de tipo administrativo o penal, así las cosas, se podría pensar
en contar con algunos tribunales especializados en medioambiente donde la
aplicación de la sanción no se quede en una reparación simbólica, se está dando
el inicio del pago de esa deuda que se tiene con el medio ambiente otorgándole el
lugar que reclaman los ecosistemas y una buena parte de la sociedad, es claro que
adecuar el derecho penal a las necesidades del medio ambiente no arroja los
resultados esperados y cada vez los impactos negativos al medioambiente son más
elevados.
En la actualidad hay expectativa por el transito que hace el proyecto de ley
en el congreso en el que se propone incorporar 17 delitos nuevos ambientales. El
merecimiento de protección penal del medioambiente viene dado por su carácter
de valor fundamental de la comunidad en condición inexorable para el desarrollo
del individuo en la sociedad humana, no se puede concebir la vida humana sin un
entorno natural adecuado
26
Los daños al medio ambiente se han presentado de manera reiterativa y
cada vez en mayor escala y el conflicto armado vivido en Colombia ha sido uno de
los protagonistas en este impacto negativo, en el pasado gobierno se firmaron los
acuerdos para la paz entre el gobierno del presidente Santos y las FARC-EP, uno
de los acuerdos fue crear la Justicia Especial para la Paz JEP , con el propósito de
administrar justicia transicional, esta justicia transicional realiza todos los propósitos
para cumplir con los acuerdos firmados en materia ambiental y de alguna forma
resarcir el daño causado a los ríos, agricultura, minería, pueblos indígenas,
comunidades afrodescendientes entre otros. Seguramente poniéndole fin al
conflicto de 52 años podríamos reparar en parte el daño al medioambiente.
Este trabajo permitió estudiar la legislación penal ambiental colombiana junto
con las normas avaladas por el legislativo bajo el denominado Fast Track en el
marco de los acuerdos de paz entre el Gobierno y el grupo guerrillero de las Farc.
Con ellas se busca reparar el daño al medioambiente causado por el conflicto
armado.
27
Referencias
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Especies. Baracaldo España.
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Recuperado de http://www.journals.openedition.org/polis/10893
Galindo, M. D. (2017) Derecho Ambiental en Colombia. Incidencia de los grupos
guerrilleros en los daños ambientales. Universidad Católica de Colombia. Bogotá.
Colombia.
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García M. & Revelo J. (2018) “La construcción del estado local en Colombia”. Análisis
político nº 92, Bogotá, enero-abril, 2018: págs. 69-95
Gómez Vélez, M. I. (2015). Aproximación al derecho penal ambiental: ideas para su abolición. Estudios de Derecho. 72(160), 309-329. DOI: 10.17533/udea.esde. v72n160a13.
Ramírez Bastidas, Y. (2007). El delito ecológico. Bogotá. Colombia. Doctrina y Ley.
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Theguardian.com (2016) ¿Qué tiene que ver con el medio ambiente la paz en Colombia? Recuperado de: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/24/medio-ambiente-paz-colombia
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Revista Semana (2015) El tema ambiental no es ajeno a la negociación de la Habana Recuperado de: https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/multimedia/medio-ambiente-conflicto-colombia/33709
Revista Semana (2016) El medio ambiente: la víctima olvidada. Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/multimedia/medio-ambiente-conflicto-colombia/33709
28
Revista Semana (2016) La paz ambiental. Recuperado de https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/postconflicto-medioambiente-paz-ambiental/33706
Revista Semana Sostenible (2020) Proponen incorporar 17 nuevos delitos ambientales en el Código Penal. Recuperado de https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/proponen-incorporar-17-nuevos-delitos-ambientales-en-el-codigo-penal/51941
Revista Semana (2015) La Paz Ambiental. Recuperado de https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/ medioambiente-paz-ambiental/33706
Noticias ONU. (2019). Los Recursos Naturales Causaron más del 40% de las guerras de los últimos 60 años. Recuperado de https://news.un.org/es/story/2018/10/1443762
Documentos
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Ambientalismo Colombiano para los Equipos Negociadores de la Paz de
Colombia. Recuperado de http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-
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Corte Constitucional. (2019) Resumen de las Decisiones Implementación del Acuerdo Final de Paz Recuperado: https://es.slideshare.net/JunDiegoBarreraArias/resumen-de-las-decisiones-implementacin-del-acuerdo-final-de-pazOEA (2018) Documentos Básicos en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. San José. Costa Rica.
Oficina Alto Comisionado para la Paz. (2016) Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
Documentos Legales
Acto Legislativo de 2017 Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias
de la Constitución, Para la terminación del conflicto armado y la construcción de
una paz estable y duradera, y se dictan otras disposiciones 01 de 4 de abril 2017
Acto Legislativo 01 del 2016 Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para
facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final
29
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,
se le asigna a la Corte Constitucional el procedimiento legislativo especial para la
paz conocido como Fast Track 7 de julio 2016
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 80 Julio de 1991 (Colombia).
Corte Constitucional, Sentencia C-073/18 (MP. Cristina Pardo Schlesinger 12 de julio de 2018).
Corte Constitucional, Sentencia C-017/18 (MP. Diana Fajardo Rivera del 21 de marzo de
2018)
Corte Constitucional, Sentencia C-730/17 (MP. Antonio José Lizarazo Ocampo del 12 de diciembre 2017)
Corte Constitucional, Sentencia C-094/18 (M P. Alberto Rojas Ríos del 10 de octubre 2018)
Corte Constitucional, Sentencia C- 674/17 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez del 14 de noviembre de 2017)
Corte Constitucional, Sentencia C-516/17 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez del 10 de agosto de 2017)
Corte Constitucional Sentencia C-565/17 (MP. Diana Fajardo Rivera del 8 de septiembre de 2017)
Corte Constitucional Sentencia C-224/17 (MP. Alberto Rojas Ríos 20 de abril de 2017)
Corte Constitucional Sala plena Sentencia C-570/17 (MP. Alejandro Linares Cantillo 13 de septiembre 2017)
Corte Constitucional Sala pena Sentencia C-493/17 (MP. Alberto Rojas Ríos de agosto 3 de 2017
Corte Constitucional Sala plena Sentencia C- 699/16 (MP. María Victoria Calle Correa de 13 de diciembre de 2016)
Corte Constitucional Sala plena Sentencia C-332/17 (MP. Antonio José Lizarazo Ocampo del 17 de mayo de 2017)
Corte Constitucional Sala plena Sentencia C-438/17 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado del 13 de julio de 2017
Corte Constitucional Sala plena Sentencia C-160/17 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado de 9 de marzo de 2017
Decreto-ley 902 de 2017, Por el cual se adoptan las medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral contemplada en el acuerdo final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y la creación del fondo de tierras. Mayo 29 de 2017
30
Decreto 588 de 2017 Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución, Para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, y se dictan otras disposiciones. Abril 5 de 2017
Decreto ley 893 de 2017 Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Mayo 28 de 2017
Decreto ley 883 de 2017 por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las
empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma
de pago de obras por impuestos 26 de mayo de 2017
Decreto ley 884 de 2017 por el cual se expiden normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de mayo de 2017
Decreto Ley 154 2017 Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de
Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y
las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016
Decreto ley 890 de 2017 Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de
Seguridad
en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP
el 24 de noviembre de 2016
Decreto ley 896 de 2017 Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) 29 de mayo de 2017
Decreto ley 691 de 2017 Por el cual se sustituye el Fondo para la Sostenibilidad
Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto por
el Fondo Colombia en Paz (FCP) y se reglamenta su función 27 de abril de 2017
Decreto ley 2204 de 2016 por el cual se cambia la adscripción de la Agencia de
Renovación del Territorio 30 de diciembre 2016
Ley 1876 de 2017 Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones diciembre 29 de 2017
Ministerio de Justicia y del Derecho. (1980) Código Penal Colombiano. Bogotá. Colombia.
Presidencia de la Republica. (2011) Ley 1453 (Ley de Seguridad Ciudadana). Bogotá. Colombia.