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SP-136-2014
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE LO PENAL
I. SENTENCIA
TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS VEINTE DÍAS
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los MAGISTRADOS JOSÉ OLIVIO
RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, quien actúa como coordinador, RAFAEL BUSTILLO
ROMERO y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado,
EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS,
la siguiente SENTENCIA en el recurso de casación SP-136-2014 por quebrantamiento de
forma, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece,
dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia
Penal, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor SANTOS ARNULFO
PADILLA RODRÍGUEZ como autor responsable de los delitos de ASESINATO, en
perjuicio de RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS Y CARLOS
DAVID PINEDA RODRÍGUEZ, a la pena de TREINTA (30) AÑOS de reclusión por
cada uno y por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA a la pena de SEIS (6) AÑOS de reclusión; haciendo un
total de SESENTA Y SEIS (66) años de reclusión; mismas que son impuestas en concurso
real por ser más favorables a los imputados.- SEGUNDO: Condenó al señor JOSÉ
RUBÉN POZO LÓPEZ como autor responsable de los delitos de ASESINATO, en
perjuicio de RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS y CARLOS DAVID
PINEDA RODRÍGUEZ, a la pena de VEINTISÉIS (26) AÑOS de reclusión por cada
uno y por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, a la pena de SEIS (6) AÑOS de reclusión haciendo un
total de CINCUENTA Y OCHO (58) AÑOS de reclusión, mismas que son impuestas en
concurso real por ser más favorables a los imputados.- TERCERO: Condenó al señor
GABRIEL DONATILO MARCIA RODRÍGUEZ, como autor de comisión por omisión
de los delitos de ASESINATO, en perjuicio de RAFAEL ALEJANDRO VARGAS
CASTELLANOS Y CARLOS DAVID PINEDA RODRÍGUEZ, a la pena de
VEINTISÉIS (26) AÑOS de reclusión por cada uno y por el delito de ABUSO DE
AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA a la pena de SEIS
(6) años de reclusión; haciendo un total de CINCUENTA Y OCHO (58) años de
reclusión; mismas que son impuestas en concurso real por ser más favorables a los
imputados.- CUARTO: Condenó al señor WILSON ROBERTO CÓRDOVA
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RODRÍGUEZ como autor de comisión por omisión responsable de los delitos de
ASESINATO, en perjuicio de RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS Y
CARLOS DAVID PINEDA RODRÍGUEZ, a la pena de VEINTISÉIS (26) AÑOS de
reclusión por cada uno y por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA a la pena de SEIS (6) AÑOS de reclusión; haciendo un
total de CINCUENTA Y OCHO (58) AÑOS de reclusión; mismas que son impuestas en
concurso real por ser más favorables a los imputados.- QUINTO: Condenó a los señores
SANTOS ARNULFO PADILLA RODRÍGUEZ, JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ,
GABRIEL DONATILO MARCIA RODRÍGUEZ Y WILSON ROBERTO
CÓRDOVA RODRÍGUEZ a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL,
por el tiempo que duren las condenas principales e INHABILITACIÓN ABSOLUTA e
INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que duren las condenas principales, así como
también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del
establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema
penitenciario.- SEXTO: Condenó a los señores SANTOS ARNULFO PADILLA
RODRÍGUEZ, JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ, GABRIEL DONATILO MARCIA
RODRÍGUEZ Y WILSON ROBERTO CÓRDOVA RODRÍGUEZ a la pena de
inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la condena principal, así como
también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del
establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema
penitenciario.- SEPTIMO: Se les declaró a los señores SANTOS ARNULFO PADILLA
RODRÍGUEZ, JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ, GABRIEL DONATILO MARCIA
RODRÍGUEZ Y WILSON ROBERTO CÓRDOVA RODRÍGUEZ la responsabilidad
civil, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. OCTAVO:
No se condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.-
NOVENO: No se declaró el comiso.- Interpusieron los recursos de casación por
quebrantamiento de forma, el abogado JOSÉ OMAR ÁVILA HERNÁNDEZ, actuando
en su condición de defensor público del señor JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ; el abogado
FREDY FUENTES, actuando en su condición de defensor público del señor SANTOS
ARNULFO PADILLA y el abogado HÉCTOR OMAR DURÁN MARTÍNEZ, actuando
en su condición de apoderado defensor de los señores GABRIEL DONATILO MARCIA
HERNÁNDEZ y WILSON ROBERTO CÓRDOVA RODRÍGUEZ.
SON PARTES: el abogado JOSÉ OMAR AVILA HERNÁNDEZ defensor público del
acusado JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ; abogado FREDY FUENTES defensor público
del acusado SANTOS ARNULFO PADILLA y el abogado HÉCTOR OMAR DURÁN
MARTÍNEZ apoderado defensor de los acusados GABRIEL DONATILO MARCIA
HERNÁNDEZ y WILSON ROBERTO CÓRDOVA RODRÍGUEZ, todos ellos como
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partes recurrentes; el abogado FELIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ apoderado de la señora
JULIETA CASTELLANOS RUIZ, acusadora privada de los imputados: JOSÉ RUBÉN
POZO LÓPEZ, SANTOS ARNULFO PADILLA, GABRIEL DONATILO MARCIA
HERNÁNDEZ Y WILSON ROBERTO CÓRDOVA RODRÍGUEZ y la abogada
ROXANA LUCILA CASTRO, fiscal en representación del Ministerio Público, ambos
como partes recurridas.
II. ADMISIÓN
Que el recurso de casación por quebrantamiento de forma reúne los requisitos exigidos por
la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la
procedencia o improcedencia del mismo.
III. HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la
sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados el hecho siguiente:
PRIMERO: En fecha 22 de octubre del año 2011, en horas de la noche, los Jóvenes
Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez, se encontraban en
una reunión de amigos en la Colonia Miraflores de esta Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.,
como a eso de la 1:30 de la madrugada, ambos decidieron marcharse del lugar de reunión,
para lo cual tomaron el vehículo tipo Jeep, Marca: Toyota, Modelo: Rav4, con placa
número PAJ6582, conducido por Rafael Alejandro Vargas Castellanos; ya en el trayecto
del camino decidieron ir a un Karaoke denominado Bohemios, mismo que queda ubicado
en el Centro Comercial Milenium, situado entre las Colonias Tiloarque y La Esperanza de
la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, llegando a dicho lugar a eso de
la 1:45 a 2:00 de la madrugada, los cuales pretendieron ingresar al karaoke, sin embargo
por ser la hora en que el lugar cerraba sus operaciones, los guardias de seguridad les
impidieron el ingreso a Rafael Alejandro Vargas Castellanos, y Carlos David Pineda
Rodríguez, por lo que se dio una pequeña discusión entre los guardias y los jóvenes; en ese
momento pasó la patrulla Policial identificada con el número MI-92, y los guardias de
seguridad privada le silbaron a los policías que iban a bordo de dicha patrulla, y en la cual
se conducían Wilfredo Figueroa (Conductor), Carlos Geovanny Galeas (Jefe), Santos
Arnulfo Padilla Rodríguez (Operador) y José Rubén Pozo López (apoyo); situación
que motivó a Rafael Alejandro y Carlos David a retirarse del sitio por temor a ser
requeridos por la autoridad policial, tomando el boulevard Fuerzas Armadas con dirección
al Aeropuerto Toncontín, los agentes policiales que se conducían a bordo de la patrulla, MI-
92 procedieron a darle persecución al vehículo conducido por Rafael Alejandro, y al no
darle alcance a dicho vehículo, Procedieron a Dispararles con sus armas de reglamento tipo
Fusil Galil armas que son de alta velocidad, impactando en 4 ocasiones en diferentes partes
del vehículo tipo Jeep, Marca: Toyota, Modelo: Rav4, con placa número PAJ6582,
impactando uno de los disparos en la cabina del referido vehículo, introduciéndose por la
parte trasera del asiento del conductor provocando un herida en la región derecha de la
espalda de Rafael Alejandro Vargas Castellanos. SEGUNDO: Como a eso de las dos de la
madrugada de ese mismo día, culminó la persecución Policial, en la calle principal de la
Colonia 15 de Septiembre, en las inmediaciones de la Iglesia Católica Santa Teresa de
Jesús, contiguo a la Farmacia City y Farmacia Vital, en razón que el joven Rafael
Alejandro Vargas Castellanos, estacionó el automotor que el mismo que conducía, ya que
había sido herido por proyectil de arma de fuego, en la región derecha de la espalda, fue en
ese preciso momento que la patrulla M1-92, detuvo la persecución y marcha, misma que se
transportaban los policías: Wilfredo Figueroa (conductor), Carlos Geovany Galeas
(Jefe), Santos Arnulfo Padilla (Operador), y José Rubén Pozo López (apoyo), de la
cual se bajaron tres policías, quedándose el conductor en el interior de la Patrulla, uno de
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los Policías se acercó al vehículo que se conducían los jóvenes, bajando a Rafael Alejandro
Vargas Castellanos, mismo que se encontraba herido, a quien lo introdujo en la parte trasera
de la cabina de la patrulla M1-92, asimismo los otros dos Policías, se introdujeron en el
asiento del conductor del vehículo de las víctimas, para lo cual colocaron a Carlos David
Pineda Rodríguez, en la parte trasera del vehículo Rav4, Marca: Toyota, Modelo: Rav4,
con placa número PAJ6582, Momentos después ambos vehículos salieron con rumbo a la
repostería el Hogar, ubicada en la Colonia América de esta Ciudad, y posteriormente se
dirigieron hacia la carretera del Sur. TERCERO: En la misma fecha en los alrededores del
lugar, los Policías que se conducían en la Patrulla M1-92, se encontraron con la patrulla
Policial MI-30, ya que ésta cubría la zona de Los Robles, América y alrededores, en la cual
se transportaban los Policías Wilson Roberto Córdova (conductor) y Gabriel Donatilo
Marcia Hernández (operador), estos últimos vieron cuando Rafael Alejandro Vargas
Castellanos se encontraba herido y fue trasladado en la patrulla policial MI92, y
posteriormente el joven fue introducido en la parte trasera de la cabina de la patrulla MI30,
en la cual se encontraron elementos pilosos pertenecientes a Rafael Alejandro Vargas
Castellanos. CUARTO: José Rubén Pozo y Santos Arnulfo Padilla, que se conducían a
bordo de la patrulla MI92, realizaron funciones de trasladado y custodia de Rafael
Alejandro Vargas y Carlos David Pineda, hasta el sitio en donde fueron ejecutados por
disparos producidos por sus armas de fuego de reglamento calibre 9mm, recibiendo Rafael
Alejandro Vargas Castellanos, además de la herida de fusil en la espalda, dos heridas, la
primera: en región frontal derecha la segunda: en la región fronto parietal derecha y,
Carlos David Pineda Rodríguez, tenía tres heridas producidas por proyectil de arma de
fuego, dos heridas en el lado izquierdo de la cabeza, y una en el lado izquierdo de la cara.
QUINTO: Los policías Gabriel Donatilo Marcia Hernández y Wilson Roberto
Córdova Rodríguez, de la patrulla MI 30, tuvieron dentro de su patrulla en la parte trasera
a Rafael Alejandro Vargas, sin prestarle auxilio para salvarle la vida ni a Carlos David
Pineda, encontrándose ambos jóvenes sometidos, desarmados e incluso Rafael Alejandro
Vargas, estaba herido, siendo estos policías quienes entregaron a los dos jóvenes, a las
personas que finalmente les dieron muerte. SEXTO: Ese mismo día 22 de octubre del año
2011, en horas de la mañana vecinos de la Aldea Villa Real alertaron a las autoridades
policiales sobre el hallazgo en una hondonada de dos cuerpos sin vida en la calle que
conduce a la Villareal, por tal razón las autoridades Policiales y del Ministerio Público se
desplazaron al lugar, para realizar los respectivos reconocimientos Cadavéricos en la escena
del crimen, cuerpos que fueron identificados por sus familiares y que correspondían a
Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda, asimismo se encontró el
vehículo tipo camioneta Rav4, en el kilómetro 8, desvío a la entrada a la aldea Santa Rosa,
aproximadamente a una cuadra del sitio en donde se encontraban los cuerpos de los
occisos.”.
IV. RECURSO DE CASACIÓN 1) El recurrente, Abogado JOSE OMAR AVILA HERNANDEZ, formalizó su Recurso de
Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “INDICACIÓN DEL
MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción por parte del juzgador de lo
dispuesto en el Artículo 202 del Código Procesal Penal al inobservar, en la valoración de
la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE.- El presente
motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código
Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: En el juicio oral y público
en el que fue Juzgado el señor José Rubén Pozo López se evacuó, entre otras prueba, la
testifical de cargo consistente en las declaraciones de varios testigos entre ellos el testigo
protegido número 2, testigo protegido número 3, el señor Carlos Humberto Pineda
Escoto, testigo protegido “F”, testigo protegido “M”, testigo protegido número 123 y
testigo protegido número 1. SEGUNDO: El Tribunal al valorar la referida prueba
testifical viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, al extraer
conclusiones que no proceden de los datos aportados por los testigos de cargo en sus
respectivas declaraciones. TERCERO: El Juzgador para valorar la prueba testifical
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asoció en varios grupos a testigos que, según él, sus relatos estaban conectados entre sí, en
un primer grupo valora las declaraciones de los testigos protegidos números 1 y 3, de
quienes, en su valoración intelectiva, sostiene que: Es criterio del Tribunal que si bien es
cierto en su relato los testigos solo refirieron características de la patrulla y de la
camioneta Rav4, sin embargo, sus declaraciones son indicios que confirman y que se
enlazan con otros medios de prueba que se valoran más adelante en esta sentencia, que
sindican a José Rubén Pozo López, Santos Arnulfo Padilla Rodríguez, quienes en
compañía de otros imputados no habidos en este proceso, que se conducían a bordo de la
Patrulla Ml-92, salen en tenaz persecución, desde el Centro Comercial Plaza Milenium,
con rumbo hacia el Boulevard Fuerzas Armadas, persecución que le daban al vehículo
tipo jeep, marca Toyota, modelo Rav4, placa PAJ6582, éste conducido por los jóvenes
Rafael Alejandro Castellanos y Carlos David Pineda.- Ambos testimonios no dejan duda
al Tribunal por ser congruentes y creíbles de los hechos que ellos observaron ese día 22
de octubre del 2011, entre 1:45 a 2:00 de la madrugada, por lo que se les otorga pleno
valor probatorio. CUARTO: Es en la transcrita valoración probatoria intelectiva en donde
el Juzgador viola flagrantemente las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la
derivación, pues ni el testigo protegido 1 ni el testigo protegido 3, aportan información que
permita la individualización de los vehículos ni la identificación de sus ocupantes, aparte
de que los referidos testigos son los primeros medios de prueba que valora el Tribunal, por
lo que en ese momento de la valoración no existe sustento de las afirmaciones del
Juzgador, ello evidencia la denunciada violación a las reglas de la sana crítica, al extraer
conclusiones que no están contenidas en la prueba que se examina. QUINTO: En un
segundo grupo de deponentes el Tribunal valora las declaraciones de los testigos Carlos
Humberto Pineda Escoto, testigo protegido E, testigo protegido M y testigo protegido 123,
del relato de dichos testigos el Tribunal refiere que el día 22 de octubre del año 2011,
como a la 1:45 de la madrugada y a la altura de la Colonia América, escucharon una
persecución policial y ráfagas de disparos, por lo que concluye que se trata de la misma
persecución que le daba la patrulla Ml-92 al vehículo Rav4 y que, por lo declarado por el
testigo protegido “1” (que aún no ha sido valorado por el Tribunal pero que ya adelanta
conclusiones de su declaración), el vehículo Rav4 se detiene en la colonia 15 de
Septiembre a inmediaciones de la Iglesia Católica entre Farmacia City y Farmacia Vital,
producto que el joven Rafael Alejandro Vargas Castellanos se encontraba herido por
proyectil de arma de fuego que le infirieron los agentes de policía entre ellos José Rubén
Pozo López, pero esos datos que identifican al imputado y a la patrulla MI-92 no están
contenidos en las declaraciones del segundo grupo de testigos, por lo que el Tribunal al
arribar a tal conclusión lo hace en abierta violación a las reglas de la sana crítica en su
ley lógica de la derivación. En este apartado el Tribunal reitera que la identificación del
imputado José Rubén Pozo López y la individualización de la patrulla M1-92 como la
participante en la persecución del vehículo en el que se conducían las víctimas fueron
acreditados con los testimonios de los testigos protegidos 2 y 3, pero, como antes lo
referimos, en tales declaraciones tampoco se aportan datos que permitan tal
individualización. SEXTO: Continúa el Tribunal valorando la prueba testifical de cargo y
en el literal A, numeral VII del apartado VALORACIÓN DE LA PRUEBA del fallo
recurrido analiza el contenido de la declaración rendida por el testigo protegido número
1, de quien dice que su dicho al ser enlazados con la declaración de los testigos Carlos
Humberto Pineda, “E”, “M”, 123, Dictamen Balístico número 2272- 6976-206 (que no
ha valorado aún), así como con la prueba audiovisual (que tampoco ha valorado), son
indicios que confirman la persecución que era objeto el vehículo tipo jeep, marca Toyota,
modelo Rav4, placa PAJ6582, conducido por los jóvenes Rafael Alejandro Castellanos y
Carlos David Pineda, por parte de la patrulla policial Ml-92, en la que se conducían José
Rubén Pozo López y otros, declaración a la que el Tribunal de Sentencia le concede valor
probatorio, conclusión que carece de sustento porque este testigo, como el resto de los
analizados, no ofrece datos que permitan esa identificación que le atribuye el Tribunal, por
lo que en su valoración el Juzgador viola las reglas de la sana crítica. SÉPTIMO: Según
las reglas de la sana crítica la motivación, como garantía de un proceso justo, debe ser
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derivada y concordante, por lo que, a cada conclusión afirmada o negada, debe
corresponderle, convenientemente, un elemento de convicción del cual se pueda derivar
aquella, forma de interpretación probatoria que en el caso de mérito, y respecto a la
prueba testifical de cargo, no es observada por parte del Juzgador, pues de la información
que proporcionan los testigos referidos no es posible arribar a la conclusión a la que
arribó el Tribunal, por ejemplo, ninguno de los testigos proporciona datos que permitan
identificar los vehículos que participan en la persecución por ellos observada, tampoco
para individualizar a los ocupantes de los mismos, por tanto el Tribunal al llegar a esa
individualización e identificación evidentemente lo hace violando las reglas de la sana
crítica, pues contrario a derivar una conclusión desarrolla una arbitraria inducción al
adelantar resultados de pruebas que, hasta ese momento, no habían sido valoradas, ello
evidencia un convencimiento prematuro del Tribunal que lo lleva a determinar la
culpabilidad del señor José Rubén Pozo López con la primera prueba testifical que valora,
anticipándose al resultado del resto del material probatorio, lo cual es una violación a las
reglas de la sana crítica y al debido proceso, pues no se puede establecer a priori el
resultado de una prueba que aún no ha sido analizada; no desconocemos la presión
mediática que el presente caso ha despertado, sin embargo, ello no habilita al Tribunal
para valorar la prueba de cualquier manera, sino que debe apegarse estrictamente a las
reglas procesales legalmente establecidas, para garantizar que el análisis probatorio sea
objetivo, verificable y controlable según lo dispone el articulo 202 del Código Procesal
Penal. OCTAVO: El vicio en que incurre el Juzgador produce que con la primera prueba
que analiza, prácticamente da por acreditada la participación del señor José Rubén Pozo
López en los hechos ilícitos a él imputados, ello induce a determinar que el análisis del
resto de la prueba estará encaminada a fortalecer esa inducción anticipada de
culpabilidad constituyéndose, evidentemente, en una violación a las reglas de la sana
crítica, que reclama su corrección por parte del Tribunal de casación. RECLAMACIÓN
HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL VICIO DENUNCIADO Siendo que el error
que provoca la interposición del presente recurso se produce en el fallo mismo, por lo que
solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación
previa.”
2) El recurrente, Abogado FREDY FUENTES formalizó su Recurso de Casación por
Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPRESION DEL MOTIVO DE
CASACION MOTIVO UNICO: Por haberse violentado las reglas de la sana crítica
NORMA ADJETIVA INFRINGIDA Se invoca como norma adjetiva inobservada la
contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4ta No.2 del
Código Procesal penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se
encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal.
EXPRESION DEL MOTIVO Previo a explicar nuestro motivo, conviene aclarar en que
consiste la fundamentación y valoración de prueba conforme a las reglas de la sana crítica
así: Conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el Código Procesal
Penal, es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338
del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A-quo.-
Debe de mantener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados,
que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio
valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que
se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva, la
primera implica para el tribunal señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en
el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto
entendimiento humano, describir su contenido, es decir el elemento probatorio. Luego de
esta fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la
aplicación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva.- En
ese apartado el Juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece fe y otro no
y además porque un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada.
PRIMERO: Siendo así resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un
razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, en vista que a
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la conclusión que arribo el tribunal de sentencias para condenar al mismo no proviene de
elementos verdaderos, ni suficientes como tampoco resultan aptos como para producir
razonablemente un conocimiento cierto del suceso que se juzga, por el contrario la acción
imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad por
ASESINATO y ABUSO DE AUTORIDAD por parte de mi defendido Santos Arnulfo
Padilla. En el caso de mérito precisa referirnos a la Regla de la lógica por ser esta la más
inobservada por el tribunal de sentencias y sobre la cual está orientada el ataque al fallo,
en vista que la regla de lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la
derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencias debido que
para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de
razonamiento proveniente de elementos CONGRUENTES, VERDADEROS y
SUFICIENTES por lo que puntualizaremos primeramente sobre la prueba testifical de
cargo evacuada en juicio oral donde cada uno de estos testigos ninguno pudo establecer
quien fue la persona que diera muerte a los ofendidos, o decir yo vi que Santos Arnulfo fue
la persona que disparó el arma contra dichas víctimas, más sin embargo el Tribunal
sentenciador en la valoración de dichos testigos se apresura a adelantar juicio
manifestando que si bien es cierto en su relato los testigos solo refirieron características de
la patrulla y de la camioneta Rav4, mas sin embargo sus declaraciones son indicios que
confirman y que enlazan con otros medios de prueba que se valoran mas adelante en esa
sentencia, que sindican a Santos Arnulfo Padilla Rodríguez quien en compañía de otros
imputados no habidos en este proceso, se conducían a bordo de la Patrulla MI-92;
considerando para esta defensa haber sido lo lógico haberse valorado toda la prueba en su
conjunto y en forma armónica para posteriormente argüir que mi representado junto con
otras personas se conducían en la patrulla MI-92, saliendo en tenaz persecución desde el
centro comercial plaza Milenium, con rumbo al boulevard Fuerzas Armadas, persecución
que le daban al vehículo tipo pick Jeep, marca Toyota, modelo Rav4, placas PAJ6582
conducido por los jóvenes Rafael Alejandro Castellanos y Carlos David Pineda.
SEGUNDO: Asimismo se tuvo la presencia de peritos técnicos y personal autorizado de
los laboratorios y medicina Forense; siendo específicos queremos referirnos a los
supuestos cabellos encontrados en las patrullas M1-92 y M130; consideramos que el
análisis de Serología Genética y Biología Forense no fueron concluyentes al ser
comparados con los elementos pilosos extraídos en las autopsias de Rafael Alejandro
Vargas Castellanos, ésto lo decimos en vista que típicamente un cabello o como
comúnmente se le conoce “pelo” que halla sido cortado o que se ha caído naturalmente de
algunas partes como la cabeza no contiene una suficiente cantidad de DNA, más sin
embargo si es arrancado o sacado con toda la raíz que contiene las células ésto si hubiese
sido lo más apropiado para el análisis del DNA. Por otra parte consta la declaración del
testigo Protegido XX quien manifestó ser el encargado de suministrar combustible a las
radio patrullas, trasladándose el día lunes a la Gasolinera Puma a suministrar
combustible, observando ese día que dos patrullas (MI30 y MI92) se salían fuera del
kilometraje; o fuera de lo normal quienes tenían un aproximado de 900 a 950 kilómetros
pasados, considerando esta defensa ser ésto imposible en virtud que con un recorrido de
900 kilómetros un vehículo desplazándose a una velocidad promedio de 70 kilómetros por
hora se tardaría trece (13) horas en recorrer esa distancia ininterrumpidamente, lo cual
resulta ilógico, porque como bien lo dijo la defensa del imputado en su momento ésto sería
como desplazarse e ir dos veces ida y vuelta a la ciudad de San Pedro Sula.- Ahora bien
refiriéndonos a las llamadas telefónicas de ese día del hecho el Ministerio Público
pretendió incorporar para poder comprobar el hecho material de darle muerte a esas
personas, arguyendo que hubo un recorrido donde se hicieron una serie de llamadas,
donde dicho medio de prueba no desarrolló cronológicamente los hechos y a preguntas de
la fiscal hubo un instante en el momento que el perito cuando se le preguntó teniendo la
panorámica de Data Show donde se estaba llevando acabo ese recorrido de la muerte de
las llamadas telefónicas tal vez nadie lo quiso precisar o se obvio, la fiscal le preguntó
¿donde se encontraba el señor Santos Arnulfo Padilla? y él fue claro y dijo que en la
Burrera, es a raíz de esos hechos o circunstancias el Ministerio Público especula que por
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ese corredor mi representado Santos Arnulfo se encontraba en esa patrulla o que él
colaboró dentro de ese corredor a otras personas para transportar y redireccionar ese
vehículo a otro lugar para ir a dejar los cadáveres de los jóvenes, en el caso subjudice el
punto a enfatizar es la hora donde las mismas no coinciden, en vista que mi representado
no contesta esa llamada a las 2:05 de la madrugada, debieron revisar la torre si la misma
se activó y contestó, al parecer el señor Wilfredo en ese punto hizo una llamada pero mi
representado Santos Padilla no lleva a cabo la contestación de la misma, por lo que
tomando en consideración estos medios de prueba técnicos, podemos pensar que por la
pasión del proceso y las ansias de encontrar la verdad a veces tenemos la tendencia a ser
impulsivos y alejarnos de la realidad para poder ser objetivos. TERCERO: Consta el Acta
de decomiso de la Patrulla MI192 donde se dejó establecido al momento del interrogatorio
que la encargada de custodiarla manifestó yo levante el acta de decomiso de las Patrullas,
haciéndolo como un simple acto administrativo llenando un formulario como requisito
indispensable, consideramos a ciencia cierta que si esta perito era la encargada de la
custodia de esa patrulla estaba en la obligación ineludible de evitar la contaminación de la
misma, en vista que el día 26 de octubre de 2011 fue movida del Barrio la Granja
trasladándola a los laboratorios de medicina Forense sin ninguna posibilidad que la
misma le garantizara a dicha evidencia la no contaminación, esto lo decimos en vista que
la misma Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal dijo desconocer quien
había trasladado la Patrulla MI192, siendo dejada dicha patrulla cuatro días después en
los laboratorios de Medicina Forense, no refiriendo tampoco a quien se la había entregado
dejando al descubierto el mal manejo de la evidencia en la cual recayó el hecho de haberse
encontrado supuesta sangre y elementos pilosos que anteriormente hemos cuestionado,
denotando que el Ministerio Publico siempre comete defectos al momento de practicar la
prueba, dejándonos la duda si realmente existía esa sangre en la patrulla MI192, lo
anterior en virtud que el testigo protegido XX manifestó en juicio oral que dicha patrulla
estaba extremadamente limpia, y si fue así como encontraron sangre y cabellos; sumado a
esto también se cuestiono la Patrulla 103 donde también aparecieron cabellos con
características similares a los cabellos de Carlos David, más sin embargo al final
insólitamente no se le cuestionó nada a la Patrulla 103 porque consideraron que no tenía
nada que ver en el hecho, entonces es cuando nos hacemos la pregunta ¿Porqué?. Por
último constan los análisis balísticos Números 2260-6893-2O11BAL, 2232- 6875-
2O11BAL, donde en ninguno de ellos se logro determinar el tipo de arma y calibre que
disparo la evidencia recolectada de los fragmentos de revestimiento de cobre y fragmento
de núcleo de plomo, concluyendo los peritos que las armas periciadas no dispararon los
indicios recibidos. Por tal razón consideramos que de todo este conjunto de circunstancias
que se dieron al momento de evacuar la prueba de cargo en el juicio oral y público, la
misma no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la forma o
circunstancias reales para conocer la verdad o adquirir más conocimiento sobre ello. Los
autores JOSE MANUEL ARROLLO y ALEXANDER RODRIGUEZ CAMPOS, en su
libro LOGICA JURIDICA y MOTIVACION DE LA SENTENCIA PENAL, unidad VI
página 136 pie de página 121 afirman: “Debe recordarse que en la estructura de la
sentencia, la aplicación de aquellas reglas tiene lugar al momento de analizar las
pruebas y por ello, a los efectos de fundamentar las resoluciones no basta con que el
Tribunal inserte la afirmación genérica de que su decisión se efectuó de exteriorizar en
su discurso razones lógicas y conformes con la experiencia y la psicología. Francisco
Dall’Anese en la Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica de diciembre
de 1992 expresa: “El Tribunal tendrá que sentar en la sentencia, la fundamentación
probatoria intelectiva, que es la apreciación de los medios de prueba. Es ahí donde el
Juez dice por que un medio le merece crédito y como lo vincula a los elementos que
obtiene de otros medios del elenco probatorio. Inclusive el Tribunal a la hora de hacer la
valoración y redactar la fundamentación intelectiva, podrá remitirse a argumentos como
la memoria remota y memoria reciente para creer a un testigo”. Esta fundamentación es
precisamente sobre la que recae el reproche del recurso referido a violación de las Reglas
de la Sana Crítica.” Por tanto Honorables magistrados de la Sala Penal de lo antes
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manifestado podréis analizar que en la Sentencia Recurrida se viola la Regla de la Lógica
estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, ya que el Juzgador incurre
en clara violación a las Reglas de la Sana Crítica al momento de hacer la valoración
intelectiva de la prueba de cargo aportada en juicio por parte del ente acusador, debiendo
para tal efecto anular la sentencia condenatoria proferida contra mi representado el señor
Santos Arnulfo Padilla. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL
VICIO En cumplimiento a lo dispuesto en la norma adjetiva contenida en el artículo 363
párrafo tercero parte última, es del caso manifestar que por proceder el vicio de la
sentencia misma, no es posible subsanar el vicio más que por esta vía impugnativa”.
3) El recurrente, Abogado HECTOR OMAR DURAN MARTINEZ formalizó su Recurso de
Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICION DE
LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO DE CASACION POR
QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: No existir en la sentencia recurrida, claridad en la
declaración en los hechos considerados probados y a la vez esta declaración es totalmente
contradictoria. PRECEPTO AUTORIZANTE DE ESTE PRIMER MOTIVO: El presente
motivo de casación se encuentra establecido en el artículo 362 numeral 1 del Código
Procesal Penal: Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El recurso de
casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida
adolezca de alguno de los siguientes vicios: 1) Que falte la declaración de los hechos que
el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea
contradictoria.... EXPLICACION DEL MOTIVO Honorables magistrados de la Sala
Penal, como vos podéis observar, en el numeral TERCERO del apartado de la sentencia
denominado HECHOS PROBADOS, de manera escueta y sin existir tan solo UN MEDIO
DE PRUEBA, establece como cierto que mis representados “vieron cuando el señor
RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS se encontraba herido y fue
trasladado en la patrulla M1-92, y que posteriormente el joven herido fue introducido en la
parte trasera de la patrulla MI-30, en la cual se encontraron elementos pilosos
pertenecientes a RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS.” En respuesta a lo
anterior, al hacer una revisión minuciosa de todo el proceso de enjuiciamiento, NO
EXISTE UN TAN SOLO MEDIO DE PRUEBA QUE ACREDITE LO ASEGURADO
DE MANERA IRRESPONSABLE Y TENDENCIOSO POR EL HONORABLE
TRIBUNAL DE SENTENCIA, ya que hace una deducción en la que establece de manera
tajante que mis representaron vieron al joven RAFAEL ALEJANDRO VARGAS
CASTELLANOS cuando este se encontraba herido, y peor aun cuando asegura el
Honorable Tribunal, que el herido fue introducido en la parte trasera de la cabina de la
patrulla MI-30. Nos preguntamos Honorables Magistrados ¿Cuál es el medio de prueba
que utiliza el Honorable Tribunal de Sentencia para asegurar que mis representados
vieron al joven RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS cuando este se
encontraba herido y que este herido fue introducido en la parte trasera de la cabina de la
patrulla MI-30. Pero lo más sorprendente es el hecho que el Honorable Tribunal Sentencia
en un hecho HISTORICO Y NEFASTO para la justicia del Estado de Honduras, es
cuando en este mismo numeral TERCERO de los denominados HECHOS PROBADOS,
AFIRMA CATEGORICAMENTE que los elementos pilosos encontrados en la patrulla
MI-30 pertenecen al joven RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS; cuando
el propio dictamen de comparación de elementos pilosos en NINGUN MOMENTO puede
afirmar a un cien por ciento que dichos cabellos le pertenecen a una determinada persona,
ya que siempre y en cualquier parte del mundo el resultado de comparación de elementos
pilosos SOLAMENTE PUEDE ESTABLECER SI ESTOS SON SIMILARES O NO.
Por tal razón, existe una enorme contradicción entre los hechos probados que asegura el
Honorable Tribunal de Sentencia con los medios de prueba evacuados en audiencia de
juicio oral y público, contraviniendo lo establecido en el artículo 362 numeral 1 del
Código Procesal Penal, en el entendido que solo existió un medio de prueba consistente en
un dictamen de comparación de elementos pilosos, prueba esta que es conocida como un
elemento de prueba orientativa-subjetiva y JAMAS CONCLUYENTE y siendo que en
materia penal los elementos de prueba orientativos tendrán forzosamente que enlazarse
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con otros medios de prueba para que esta prueba orientativa se convierta en una prueba
concluyente. Aun y cuando una prueba orientativa como lo es al Análisis de Comparación
de Elementos Pilosos para considerarse como prueba concluyente tendrán que realizarse
otros análisis científicos, y aun así esta tendrá que concatenarse con otros elementos de
prueba relacionados al hecho para poder llegar a una conclusión de autoría, a manera de
ejemplo: una mujer que es asesinada, y al practicarle la autopsia correspondiente, se le
encuentran restos de semen que corresponden al ADN de su novio, esta es una prueba
concluyente en el hecho de establecer que dicho fluido pertenece al novio, así mismo éste
será considerado como primer sospechoso; pero se pudo probar con otros elementos
probatorios que al momento de ocurrir el asesinato, él se encontraba laborando, y se
pudo probar que el asesino forzó una puerta, en la que dejó huellas dactilares, dejó
restos de sangre al momento de quebrar un vidrio y se le encontró objetos de valor que
pertenecían a la víctima; por lo que aun y cuando existan pruebas confirmativas como el
ADN, la comparación microscópica balística, estos por si solos no pueden servir como
base única para quebrantar el principio de inocencia de toda persona sometida a un
proceso. Es importante dejar en evidencia la sentencia recurrida, en virtud, que condenó a
58 AÑOS DE PRISION a mis representados, tomando como base para su sentencia el
DICTAMEN DE COMPARACION DE CABELLOS mismo que establecía que los
elementos pilosos encontrados en la patrulla MI-30 presentaban características similares
al cabello de la víctima RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS, lo que no
menciona el Honorable Tribunal de Sentencia es que este mismo dictamen establece que
EN OTRA PATRULLA TAMBIÉN SE ENCONTRARON ELEMENTOS PILOSOS
SIMILARES AL CABELLO DE LA VICTIMA, por lo que entonces partiendo de la
conclusión del Honorable Tribunal de Sentencia, también se debió CONDENAR A LOS
POLICIAS QUE SE TRANSPORTABAN EN ESA SEGUNDA PATRULLA, que
también sería un atropello al Principio de Inocencia, ya que utilizarían únicamente un
medio de prueba orientativo. Ante tal aberración jurídica, llegamos a la conclusión que
jamás se ha quebrantado el principio de inocencia que le asiste a mis patrocinados.
SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: No
haber observado el juzgador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica.
PRECEPTO AUTORIZANTE DE ESTE SEGUNDO MOTIVO: El presente motivo de
casación se encuentra establecido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal:
Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El recurso de casación por
quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca
de alguno de los siguientes vicios: 1) 2) 3) Que carezca de motivaciones fácticas o
jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la
valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. EXPLICACION
DEL MOTIVO Será de utilidad para mayor comprensión del presente Recurso, establecer
lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según
el artículo 202 del Código Procesal Penal, el sentenciador formara su convicción
valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a ¡a sana
crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del
artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración que implementa la
reforma procesal penal, le permite al juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas
que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la
psicología y la experiencia común. Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por este
vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a
observarse en la valoración de la prueba y que se convierte en consecuencia, en la
violación de los artículos mencionados. El Honorable Tribunal de Sentencia con
Competencia Territorial Nacional en Materia Penal incurrió en graves quebrantos a la
regla de la sana crítica, específicamente a los principios de razón suficiente, derivación y
causalidad. Al observar el recurrente que los jueces condenan por un solo objeto de
prueba como ser: cinco (5) cabellos del cual extrae en exceso conclusiones que por sí
misma la prueba no le permite extraer; tergiversando el sentido interpretativo de la misma,
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cambiando el alcance de los resultados, en virtud de que los resultados de medicina NO
TIENEN GRADO DE CERTEZA, ni individualiza objeto ni persona alguna; veremos a
continuación al desarrollar como ser comete esta grave falta en la aplicación de la lógica.
La sala segunda del Honorable Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial
Nacional en Materia Penal en su sentencia emitida en fecha 09 de diciembre del año 2013,
condenaron a mis representados GABRIEL DONATILO MARCIA HERNANDEZ y
WILSON ROBERTO CORDOVA RODRIGUEZ, por considerarlos responsables al título
de autores de comisión por emisión; por los delitos de Asesinato en perjuicio de RAFAEL
ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS y CARLOS DAVID PINEDA y Abuso de
Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, cometiendo en su sentencia
condenatoria graves infracciones a las reglas de la sana crítica, por infracción directa en
su actividad valorativa de las pruebas, al valorar prueba en perjuicio de los principios de:
CAUSALIDAD, DERIVACION Y RAZON SUFICIENTE que expondremos de la manera
siguiente: El Honorable Tribunal dice haber respetado en su sentencia las reglas de la
sana crítica; sin embargo bajo el principio de demostración de casación expondremos los
defectos cometidos por los jueces de sentencia al construir una sentencia CARENTES DE
ELEMENTOS DE PRUEBA suficiente para arribar a semejantes deducciones,
conclusiones y desvanecer el estado de inocencia de nuestros representados, extrayendo de
la prueba conclusiones que eran imposibles de extraer y conectando elementos de forma
arbitraria para poder construir una base argumentativa falaz para su fallo y que contenga
una apariencia técnica jurídica; pero que a nuestro criterio no cumple los requisitos que la
Ley les impone; sin embargo al darle lectura al apartado de la VALORACION DE LA
PRUEBA, veremos una a una cada defecto en el raciocinio del Tribunal, cuando dice: “El
Tribunal Sentenciador analizando conjuntamente, conforme a las reglas de la sana crítica,
las pruebas practicadas en juicio, ha llegado a la siguiente valoración probatoria: B.-
PRUEBA PERICIAL... “IX Dictamen Sobre Análisis de Laboratorio de Biología
Forense registrado bajo el número 6922 — 2477 —2011 BIO”, mismo que fue ratificado
por la perito en Biología Forense Doctora Alba Gisela Álvarez el cual en lo conducente
dice: ANALISIS SOLICITADO: Determinación de origen y procedencia;
RESULTADOS: Al realizar el análisis microscópico de los elementos pilosos obtenidos,
de los indicios levantados en diferentes partes del vehículo Marca Toyota Hilux, Patrulla
M1 — 30, se observó que trece (13) presentan origen humano y proceden del área de la
cabeza a excepción de uno (1) que presente origen animal; asimismo el dictamen establece
en sus conclusiones en relación a la patrulla M1 — 30 que al realizar la comparación
tricológica entre los trece (13) elemento pilosos y el patrón tricológico (cabellos) del
ofendido RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS observándose de manera
microscópica que ocho (8) presentan características físicas diferentes y cinco (5)
presentan características físicas similares entre sí. Para el Honorable Tribunal con este
medio de prueba ORIENTATIVA Y NO CONFIRMATIVA se puede establecer que el
Señor RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS estuvo algún momento en la
patrulla M1—30 aun sin existir otros medios de prueba indiciarios que de manera
conjunta con el dictamen llevarán al Tribunal a la certeza de este extremo, es importante
mencionar que en este dictamen sobre análisis de laboratorio de biología forense el perito
concluye que estos cabellos presentan “... Características físicas similares entre sí...” al
decir características físicas similares entre sí el perito está expresando características de
clases o sea características que comparten un universo de cabellos en común; en ningún
momento este dictamen dio un arado de certeza; simple y sencillamente porque la única
forma para hacerlo es a través de una prueba de ADN la que no se hizo en ningún
momento. Para poder determinar en un 9999999% y grado de certeza, si eran o no
cabellos de la víctima; porque como es un hecho notorio de la vida cotidiana el color,
largo de cabello, tipo de cabello, anatomía del cabello y demás son características de
SIMILITUD; que gozan millones y millones de personas en el planeta. Y eso es lo que
expresa la semántica del peritaje y no la que el Tribunal tergiversa en perjuicio de los
imputados en su valoración de la prueba al decir en el fallo recurrido lo siguiente: En
relación al dictamen sobre análisis del Laboratorio de Biología Forense, registrado bajo
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el número 6922—2477—2011 BIO: “... Mismo que describe que en la patrulla MI—30
se encontraron cinco (5) elementos pilosos con características físicas — micro y
macroscópicos similares a las de RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS,
conclusión que arriba la perito una vez que se cotejaron con los elemento pilosos
extraídos de la víctima... por lo que el Tribunal al ser una prueba científica irrefutable, y
cumpliendo con todos los estándares para la validez de la misma, el Tribunal le otorgó
valor probatorio ya que no existe otro medio de prueba de igual calidad que la pueda
refutar...”. Por las razones antes expuestas se dice que el Tribunal de Sentencia ha
cometido errores haciendo apreciaciones superficiales al decir que se pudo comprobar que
el cabello recolectado en el vehículo pertenecía a la víctima; pero además comete otro
error al desmentir la versión de los imputados cuestionado que las declaraciones de los
mismos son solo una versión en su descargo y que más bien es un indicio más en su contra,
usando una tergiversación previa; porque sí se puede explicar que un cabello este en un
lugar y otro; en virtud que su poca masa; éstos pueden ser trasladados por el viento y por
transferencia que otra persona al transportarlo en su ropa los mueva de un lugar a otro,
sabemos que los cabellos son volátiles y transferibles; por tanto cualquier afirmación
determinante encaminada a insinuar que la posición espacial de un cabello es inalterable
es una afirmación ARGUMENTATIVA, ESPECULATIVA Y TENDENCIOSA; y no
cumple con el principio de razón suficiente; porque al existir múltiples formas de que un
cabello llegue a un lugar no existe una razón para aceptar una postura lógica humana
rígida como la del Tribunal al decir: “... En caso de WILSON CORDOVA y GRABRIEL
DONATILO MARCIA, si bien es cierto, iban en la patrulla M1—30, estos en un
momento subieron a RAFAEL ALEJANDRO VARGAS, herido a su patrulla, teniendo
en ese momento un total dominio del hecho, y como miembros de la autoridad pudieron
evitar el resultado de muerte al auxiliarlo, la cual esa falta de auxilio concluyo en la
ejecución de los dos jóvenes.”. Para el Tribunal cinco (5) cabellos similares es capaz de
sustentar toda su teoría, hasta el punto de afirmar que mis representados en un momento
subieron a la víctima RAFAEL ALEJANDRO VARGAS a la patrulla en la que se
conducían; para el recurrente este extremo es carente de todo nexo causal no nos
explicamos la relación entre cinco (5) cabellos similares al de una de las víctimas y la
participación de mis representados, el punto de absurdo es tal que no encontramos la
lógica natural, ni humana, de cómo puede inferir el Tribunal, sobre el ánimo de los
imputados como seres humanos y saber su voluntad en un momento dado; al no existir una
derivación lógica en este apartado, nos indica que el Tribunal en su íntima convicción es
capaz de encontrar nexos causales entre cinco (5) cabellos similares al de una de las
víctimas y la suposición de que en algún momento esta fue subida por mis representados a
la patrulla M1—30. Resulta ser que el único objeto de prueba consiste en cinco (5)
cabellos que presentaban características similares con el cabello de una de las víctimas es
para el Tribunal la prueba suficiente y contundente, máxima y absoluta; que a pesar de ser
la única en este juicio del tipo físico y de sus graves deficiencias estima esta parte
recurrente que el Tribunal de Sentencia no se apegó al sistema de valoración de la prueba
bajo las reglas de la sana crítica al irrespetar los principios esenciales de la Lógica
Jurídica y Lógica Formal, ya que no existe un camino serio por medio del cual podamos
arribar a las mismas conclusiones del Tribunal de Sentencia. EL MANUAL DE
TRICOLOGIA FORENSE (ASPECTOS BASICOS PARA LA DESCRIPCION DE
CABELLOS) DEL AUTOR NESSTOR PILCO FERRETO, Bachiller en Ciencias
Biológicas, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Oficina de Criminalística
— Arequipa; establece “el examen microscópico comparativo de cabello humano provee
una evidencia de valor asociativo, ésto es, que permite hacer una asociación entre
individuos o entre individuos y objetos. La comparación de cabellos humanos debe ser
usada para la identificación concluyente de un individuo. Por el mismo motivo, la
ausencia de un resultado positivo en el examen comparativo de cabello humano nunca
debe ser usada para excluir concluyentemente una asociación entre personas y objetos
salvo diferencias raciales, etc. Cuando son aplicados apropiadamente en conjunto con
otro tipo de evidencia asociativa, los resultados de la comparación de cabello humano
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pueden impactar significativamente en el cuerpo de evidencia para avanzar en el
procesamiento criminal.” Se puede establecer en dicho instructivo que en sus partes
concluyentes de los análisis estos detallan por ser esta una prueba subjetiva “QUE ES
IMPOSIBLE QUE SE PUEDA CONCLUIR QUE UN MUESTRA ANALIZADA
PERTENEZACA A UNA DETERMINADA PERSONA” ya que al ser subjetiva esta prueba
lo único que se puede concluir es que las muestras comparadas son similares y si nos
remitimos al Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, este detalla que SIMILAR ES
ALGO PARECIDO O SEMEJANTE, por lo que también concluyen “QUE EXISTEN
VARIEDADES DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ANALISIS
MICROSCOPICO DE ELEMENTOS PILOSOS EN VIRTUD DE LA SUBJETIVIDAD
DE LA PRUEBA QUE NO SE PUEDE DAR UN
PORCENTAJE DE PROBABILIDAD QUE UN PELO PERTENEZCA A
DETERMINADA PERSONA, PERO SI COINCIDEN EN QUE EXISTEN
CUATRO GRUPOS DE RAZAS EN EL MUNDO QUE PRESENTAN
CARACTERISTICAS SIMILARES Y ESTAS SON LA ASIATICA, LA
EUROPEA, LA AFRODESCENDIENTE Y LA MIXTA, Y QUE AL SER
ESTA PRUEBA UNA PRUEBA ASOCIATIVA Y ORIENTATIVA A LA VEZ
TENDRIA QUE ASOCIARSE CON ELEMENTOS DE PRUEBA MAS
CONTUNDENTES PARA QUE PUEDA SER TOMADA EN CUENTA POR
UN TRIBUNAL”. De igual manera este manual de tricología forense establece el
SIGNIFICADO FORENSE DEL PELO: “ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA
QUE LOS PELOS NO SON UN MEDIO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL, Y ESTA
INFORMACIÓN DEBE SER TRANSMITIDA TANTO EN UN INFORME POR
ESCRITO Y DURANTE EL TESTIMONIO. SE CONOCE QUE LAS
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS EXHIBIDAS POR UN PELO EN DUDA
PUEDEN SER ABARCADO POR LA GAMA DE CARACTERÍSTICAS
REPRESENTADAS POR MÁS DE UNA PERSONA. SIN EMBARGO, SI UN
EXAMINADOR ASOCIA UN PELO CON UNA MUESTRA CONOCIDA QUE A SU
VEZ COMPARTE CARACTERÍSTICAS CONOCIDAS A OTRA PERSONA
ESTUDIADA NO IMPLICA UN ERROR O UN ERROR POR PARTE DEL
EXAMINADOR DE PELOS POR EL CONTRARIO, PONE DE RELIEVE LAS
LIMITACIONES DE LA CIENCIA”. BASES DEL ANALISIS COMPARATIVO “Las
características microscópicas permiten que el cabello se pueda clasificar en grupos más
pequeños, como humano o animal, grupo racial, la zona del cuerpo, el color, la fase de
crecimiento, etc.”. “La siguiente fase del proceso del examen es la comparación
microscópica. Se trata de avaluar las características microscópicas presentes en las
muestras de cabellos cuestionados; esto se realiza mediante la evaluación de puntos de
comparación en el patrón tricológico para determinar si un cabello cuestionado puede o
no puede ser excluido de fuentes conocidas”. “En una comparación microscópica de pelos,
el examinador determina si existen similitud entre los patrones de característica
microscópica de las muestras desconocidas con las muestras conocidas mediante el
establecimiento de puntos de comparación a lo largo del eje del cabello”. Este manual de
tricología forense establece de manera relevante que: “El punto de partida en un examen
forense de pelos debe ser un intento de buscar las diferencias, no las semejanzas, entre
un pelo conocido y una muestra conocida (Robertson, 1999). Incluso dentro de un
individuo, la expectativa debe ser que una muestra conocida exhibirá una amplia gama
de características microscópicas. Debido a que los pelos son un producto biológico y hay
influencias tanto genotípica y fenotípica de la disposición de sus características
microscópicas, NO HAY DOS PELOS, INCLUSO DE MISMA PERSONA, QUE SE
PUEDAN VER EXACTAMENTE IGUALES, AUN CUANDO SE HACE UNA
ASOCIACION DE SIMILITUD, ESO NO QUIERE DECIR QUE EL PELO
CUESTIONADO Y EL PELO DE LA MUESTRA CONOCIDA SEAN IDENTICOS EN
TODAS SUS CARACTERISTICAS A LO LARGO DE TODA LA LONGITUD DEL
PELO” continua exponiendo el autor en el manual de referencia: “En cualquier caso, un
examinador de pelo se limita a proporcionar una interpretación de que el cabello
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definitivamente no proviene de una persona en particular (UN EXAMINADOR NO
PUEDE AFIRMAR QUE EL PELO DEFINITIVAMENTE PROVIENE DE UNA
PERSONA EN PARTICULAR, ES UNA CONCLUSION CASI IMPOSIBLE
TENIENDO EN CUENTA LAS LIMITACIONES DE LAS PRUEBAS Y/O
TECNOLOGIA EN EL ANALISIS COMPARATIVO). Sorprendentemente en la
sentencia recurrida el Tribunal de Sentencia de manera arbitraria establece en su numeral
TERCERO: “Viendo el caso concreto podemos AFIRMAR que los indicios unívocos,
dan como consecuencia probado que los señores GABRIEL DONATILO MARCIA
HERNANDEZ y WILSON ROBERTO CORDOVA RODRIGUEZ, estuvieron presentes
en la patrulla M1—30 en las cercanías de la Colonia 15 de Septiembre en una hora de la
madrugada no determinada el día 22 de noviembre del año 2011, donde tuvieron contacto
con las víctimas CARLOS DAVID PINEDA RODRIGUEZ y RAFAEL ALEJANDRO
VARGAS CASTELLANOS, pero más allá de tener contacto tuvieron a una de las
víctimas contacto con las víctimas CARLOS DAVID PINEDA RODRIGUEZ y RAFAEL
ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS en la patrulla M1—30, extremo que quedó
acreditado con los elementos pilosos encontrados en la misma QUE RESULTARON
SER DEL JOVEN RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS” por lo que
resulta más que evidente que el Tribunal tergiversa en perjuicio de los imputados el
alcance de los resultados del examen forense de pelos y establece de manera
argumentativa, especulativa y tendenciosa que los elementos pilosos encontrados en la
patrulla M1—30 pertenecen sin ninguna duda al joven RAFAEL ALEJANDRO VARGAS
CASTELLANOS conclusión subjetiva que contradice lo expresado por los expertos en la
materia en el MANUAL DE TRICOLOGIA FORENSE traído a colación en este recurso.
Queda claramente establecido en el mismo manual que: “el paso final de un examen de
pelos debe ser un procedimiento de CONFIRMACION. Este paso consiste en tener un
segundo examinador calificado que lleve a cabo una comparación microscópica
independiente del pelo que se ha asociado. El segundo examinador debe llevar a cabo un
análisis exhaustivo, completo y debe estar libre de prejuicios y subjetividad para llegar a
su conclusión propia de cada cabello. Este tipo de instructivo establece que la madre de
las pruebas en cabellos para establecer con certeza que un cabello pertenece a una
determinada persona es el ADN MITOCONDRIAL que se le puede realizar a fragmentos
de cabello y el ADN NUCLEAR que solo se practica a cabellos con el bulbo o la raíz y
nos preguntamos ¿si toda esta información que no es el día a día de esta defensa y siendo
el ministerio Público el encargado de buscar la verdad porque no realizo dichos análisis?
Si en otros casos famosos como en el del licenciado Alfredo Villatoro practicó el ADN
MITOCONDRIAL en este caso NO. Por tal razón y en base a lo anterior la perito del
Ministerio Público ALBA GISSELA ALVAREZ contradice lo establecido en los estudios
de comparación de cabellos ya que ante la pregunta de la Fiscalía de que porcentaje de
certeza tenía en base al análisis que ella realizo de que estos cabellos pertenecían al joven
Vargas Castellanos esta contesto que era de un 100% cuando ni siquiera la prueba madre
científica que es el ADN nos da una certeza del 100% ya que sus resultados tienen una
certeza del 99.99999%; por lo que ella comete el delito de falso testimonio ya que el
protocolo del análisis de comparación tricológica de elementos pilosos, establece que
ningún perito en su conclusión final podrá dar porcentajes de certeza ni mucho menos
asegurar que un elemento piloso pertenece a determinada persona; ya que se limitara a
determinar si presenta CARACTERISTICAS SIMILARES O NO, por lo que al asegurar
la perito ALBA GISSELA ALVAREZ que existe un 100% de certeza comete el delito de
FALSO TESTIMONIO establecido en el artículo 385 del Código Penal que establece : El
testigo, perito o interprete que en su deposición, informe, traducción o interpretación,
hecha ante autoridad competente, falsee total o parcialmente la verdad o silencie ésta,
será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5). La sanción será de tres (3) a seis
(6) años, si el falso testimonio se comete en causa criminal en perjuicio del imputado. Es
por todo lo anteriormente expuesto y con la única prueba subjetiva, asociativa, orientativa
y que su conclusión es la palabra SIMILAR no se puede CONDENAR A NINGUNA
PERSONA EN NINGUNA PARTE DEL MUNDO CON ESTE UNICO MEDIO
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PROBATPRIO QUE HA QUEDADO EN EVIDENCIA EN ESTE TRIBUNAL. Existe
un antecedente internacional en el cual se condenó a dos personas tomando como base
análisis de cabello que solo establecían que eran similares entre las muestras comparadas,
pero que posteriormente al practicarles pruebas de ADN a estos mismos cabellos, se
determinó que no pertenecían a las mismas personas por lo que fueron liberados; este caso
se conoce como el caso “DEBRA SUE “DEBBIE” CARTER” cuya sinopsis es la
siguiente: “RONALD “RON” KEITH WILLIAMSON (3 febrero 1953—4 diciembre
2004) fue un ex de la liga menor de béisbol receptor/lanzador que fue uno de los dos
hombres injustamente condenados en 1988 en Oklahoma por la violación y asesinato de
Debra Sue “Debbie” Carter. Su amigo Dennis Fritz fue condenado a cadena perpetua,
mientras que Williamson fue condenado a muerte. Ambos fueron puestos en libertad 11
años más tarde, cuando las pruebas de ADN demostraron su inocencia. Su historia se
convirtió en el tema del reconocido autor John Grisham primera ‘s no-ficciónlibro, El
hombre inocente: Asesinato e injusticia en una ciudad pequeña. PRIMEROS AÑOS
Nacido y criado en Ada, Oklahoma, Williamson fue el menor de tres hermanos y el único
hijo varón. Él era un atleta destacado, incluso cuando muy joven y se destacó en varios
deportes, aunque su interés principal era el béisbol. Jugó béisbol en Asher High School,
mientras sus padres se trasladaron allí para que pudiera jugar bajo el entrenador
legendario de la escuela, Muri Bowen. Después de batear .500 en el campeonato estatal en
su último año, él fue la selección número 41 en 1971 draft amateur de béisbol, una
selección de segunda ronda por el Atléticos de Oakland. Renunciar a una oferta de beca de
la Universidad de Oklahoma, Willlamson firmó y pasó la temporada de 1972,
principalmente con el Coos Bay-North Bend Atléticos, golpeando .265 en 52 juegos. En
1973, bateó .137 para los Key West Conchs con 13 carreras producidas en 59 juegos. Una
lesión en el hombro descarriló su carrera en los próximos años. El padre de Williamson, a
través de una amistad de la infancia con el ex lanzador de Grandes Ligas Harry Brecheen,
él tiene una mirada con los Yanquis de Nueva York, donde se convirtió en un lanzador en
su sistema de ligas menores por parte de 1976 y 1977, pero problemas en el hombro
recurrentes limitado su apariencias y eficacia. En su última temporada, lanzó en 14 juegos,
33 innings de trabajo. A la edad de 24 su carrera en el béisbol alguna vez prometedora
había terminado. Después de regresar a Oklahoma, Wílliamson ocupó varios otros puestos
de trabajo. Se convirtió en un adicto a las drogas y el alcohol y sufrió cada vez más graves
enfermedades mentales, deprimido y que viviendo con su madre Juanita. ARRESTO Y
CONDENA El 8 de diciembre de 1982, Debbie “Debbie Sue” Carter, visitando el
Coachlight, un bar Ada Williamson visitaba con frecuencia, se encontró violada y
asesinada. Williamson y amigo Dennis Fritz fueron arrestados cinco años más tarde. En
ensayos separados, ambos Fritz y Williamson fueron declarados culpables en 1988.
Williamson recibió una sentencia de muerte, mientras que Fritz fue enviado a la cárcel de
por vida. La evidencia incluye testimonios de expertos en análisis de cabello, que ahora
se consideran poco fiables. El experto concluyó que 13 de los 17 cabellos encontrados en
la escena del crimen fueron “microscópícamente coherentes” con los de Fritz y
Williamson, y alegó que uno de ellos era “exacto” La defensa dejó de señalar que a pesar
de que las muestras de cabello podrían haber implicado a la pareja, que igualmente
podrían haber limpiado los dos. A pesar de su salud mental, no se hizo ningún movimiento-
para evaluar la competencia de Williamson. Después de su condena, una confesión de un
hombre llamado Ricky Joe Simmons salió a la luz. Mientras que en espera de ejecución,
Williamson estaba cada vez más convencido de que Simmons había cometido el asesinato y
en repetidas ocasiones pidió su detención. Simmons nunca fue acusado. Hubo un tiempo en
el 22 de septiembre de 1994, Williamson tenía sólo cinco días lejos de ser ejecutado
cuando la ejecución fue suspendida por el tribunal a raíz de la petición un habeas corpus.
En ese momento, Williamson gritó “Soy inocente! Que soy inocente! Que soy inocente!”
desde su celda en protesta por su inminente ejecución. EXONERACIÓN Después de 11
años en el corredor de la muerte, y después de varias apelaciones, Williamson y Fritz
fueron aprobados por las pruebas de ADN, y finalmente fueron puestos en libertad el 15 de
abril de 1999. (Williamson fue el recluso 78a exonerado del corredor de la muerte desde el
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año 1973 a partir del 29 de noviembre de 2010. En 2003, demandaron a la ciudad de Ada
y ganaron un acuerdo de 500.000 dólares, y el Estado de Oklahoma también resuelven
fuera de los tribunales por una cantidad no revelada. Muchos de los residentes de Ada
siguieron creyendo que Willlamson y Fritz eran culpables después de que fueron
exonerados. De hecho, tanto los hombres fueron liberados, sintieron la necesidad de
mantener un ojo sobre su hombro después de su liberación, tal era su creencia de que el
fiscal BilI Petorson y otros funcionarios de la policía de Ada tratarían de llevarlos a juicio
de nuevo. MUERTE Williamson murió en un asilo de ancianos de la cirrosis cinco años
después. A pesar de que tenía un historial de abuso de drogas y alcohol ilícito, Thorazine y
otras drogas recetadas psicotrópicas potentes pueden haber precipitado la cirrosis. El
novelista de best seller de John Grisham leer El obituario de Williamson en The New York
Times y él y Fritz el tema de su primer libro de no ficción, hizo Asesinato e injusticia en
una ciudad pequeña: El hombre inocente, publicado en 2006. El libro se convirtió en un
éxito de ventas. EL VERDADERO ASESINO Cien Gore, un hombre de Ada que había
testificado en contra de ambos Williamson y Frítz, fue condenado en última instancia por
el asesinato de Debbie Carter. Él fue la última persona vista con Carter, y también se
había visto discutiendo con ella en la noche de su muerte. A pesar de que fue entrevistado
por la policía que no tomaron las huellas digitales, ni tampoco dan muestras de saliva y
pelo. Aunque Williamson y Fritz fueron encarcelados, Core también fue encarcelado en
otra condena los crímenes violentos no relacionado. Una vez que Ron Willíamson y Dennis
Fritz habían sido limpiados del asesinato, Glen Core finalmente llegó a juicio, sobre la
base de las mismas pruebas de ADN que habían limpiado a Fritz y Williamson. Esta
evidencia ha demostrado que es el ADN de Cien Core que fue dejado en la escena. El 24
de junio de 2003, Core fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a
muerte, pero su condena fue anulada en agosto de 2005. Finalmente, fue condenado en su
segundo juicio el 21 de junio de 2006 y condenado por el juez Tom Landríth a cadena
perpetua sin libertad condicional, que fue requerido por la ley debido a un estancamiento
del jurado en la y condenado a muerte, pero su condena fue anulada en agosto de 2005.
Finalmente, fue condenado en su segundo juicio el 21 de junio de 2006 y condenado por el
juez Tom Landrith a cadena perpetua sin libertad condicional, que fue requerido por la ley
debido a un estancamiento del jurado en la sentencia.
4) TERCER MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIEÑTO DE FORMA: El
Honorable Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal
en el juicio oral y público que se realizó en contra de lo Señores GABRIEL DONATILO
MARCIA HERNANDEZ y WILSON ROBERTO CORDOVA RODRIGUEZ en la causa
que el Ministerio Público les instruyera por suponerlos responsables del delito de
Asesinato en perjuicio de CARLOS DAVID PINEDA RODRIGUEZ y RAFAEL
ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS, emitió en la sentencia recurrida una
declaración que no contiene en sus hechos probados, una motivación fáctica y jurídica,
tornándose imposible evaluar el razonamiento lógico jurídico de los jueces y
específicamente cual es el suceso fáctico juzgado donde conste plenamente establecido el
objeto del proceso, las personas imputadas y los hechos imputables. PRECEPTO
AUTORIZANTE DE ESTE TERCER MOTIVO: El presente motivo de casación se
encuentra establecido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal: Recurso de
Casación por Quebrantamiento de Forma. El recurso de casación por quebrantamiento
de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los
siguientes vicios: 1)...... 2).... 3) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que
dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la
prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. EXPLICACION DEL MOTIVO El
fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en
Materia Penal fechado el nueve (9) de diciembre del año 2013, contiene la violación a uno
de los principales requisitos del debido proceso, consistente en que toda sentencia o
resolución que emita un Tribunal de Sentencia será motivada: “... la motivación de la
sentencia se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo
legal en sus respectivos casos...” EL PRECEPTO PENAL ADJETIVO QUE SE
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INVOCA COMO INFRINGIDO PRESCRIBE: Artículo 141 en relación con el artículo
338 del Código Procesal Penal. Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán
por escrito, con sujeción a las reglas, REGLA CUARTA: Numeral 1 del Código Procesal
Penal “Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará
declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con
claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que por su exclusivo carácter
jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. EXPLICACION NECESARIA
SOBRE EL RECLAMO SUBSANATORIO PREVIO. Resultando el vicio denunciado de
la propia sentencia impugnada, fue materialmente imposible reclamar contra el mismo,
dentro de las etapas previas a dicho fallo condenatorio. EXPLICACION DEL MOTIVO
DE CASACION: La declaración de los hechos probados constituye la manifestación ideal
del modo de razonar o que es lo mismo motivar de los jueces de sentencia, en cuanto se
efectúa por conducto de un silogismo, que debe tener la capacidad descriptiva en dos vías:
La primera, inductiva (determinación del hecho) que constituye el soporte racional de la
valoración de la prueba y la correlación de dicha valoración con el hecho probado. La
segunda, deductiva (subsunción jurídica) cuando la norma sustantiva que se trae a la
sentencia, ha sido interpretada y aplicada en forma correcta al hecho probado. Pero si no
tiene esa destreza o habilidad descriptiva por parte de los operadores de justicia, puede
acontecer que el sujeto procesal afectado denuncie que la sentencia definitiva contiene el
vicio o cargo de que carezca de motivaciones fácticas y jurídicas en su declaración de
hechos probados; este vicio a nuestro criterio puede acontecer, por ejemplo, en un primer
caso, cuando no está consignado ni descrito ningún hecho fáctico, es decir, no se
describen sucesos como tales en la declaración de hechos probados, en este caso
estaríamos hablando de una carencia pura o absoluta de la motivación fáctica y en un
segundo caso, que existiendo un bosquejo titulado declaración de hechos probados, su
contenido no describa la subsunción jurídico penal de los sucesos acontecidos, y esto se
produce cuando los jueces de sentencia simplemente se limitan a realizar una
descripción de hechos sin respuesta o explicación por ejemplo, que solamente describan
medios y elementos de prueba, solicitudes de las partes, antecedentes procesales etc.,
dejando por fuera no solo el objeto del proceso, que para el tipo de delito de asesinato,
debió dejar terminantemente claro, sino la motivación judicial que se derivan de ello, por
eso establecemos que el vicio denunciado afecta dos elementos: 1) Si es un hecho probado
que los imputados fueron los autores en comisión por omisión de un delito de asesinato por
qué no se distingue claramente de qué forma siquiera sucedieron las circunstancias de
tiempo, lugar, modo del caso es más ni siquiera de ubicarlos en la escena del crimen ya
que en los numerales de los hechos que dicen ser probados y específicamente en el
numeral quinto los mismos no son terminantes, ni claros, ni precisos sobre ese aspecto,
siendo especulativo y sospechoso, además el elemento clave que es que no se demostró la
acción de los imputados dentro de los hechos sometidos a juzgamiento, por el motivo de
carecer de una motivación fáctica que pueda hacerlos subsumir jurídicamente en una
conclusión de condena de mis representados. 2) Si es un hecho probado que los imputados
tenían alguna razón o circunstancia, hecho humano, acción u omisión que los condujera o
motivara a tener dentro de la patrulla en la parte trasera a RAFAEL ALEJANDRO
VARGAS CASTELLANOS, sin prestarle auxilio para salvarle la vida ni a CARLOS
DAVID PINEDA RODRIGUEZ encontrándose ambos jóvenes sometidos, desarmados e
incluso RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS estaba herido, siendo estos
policías quienes entregaron a los dos jóvenes a las personas que finalmente les dieron
muerte, los aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal por el cual se presentó la
imputación contra las personas llamadas a juicio, pero al no definir terminantemente los
jueces de sentencia ese aspecto de la correlación de acusación con sentencia, LA
DECLARACION DE HECHOS PROBADOS SUFRE DEL VICIO DE CARECER DE
MOTIVACION FACTICA Y POR ENDE JURIDICA. En este caso que nos ocupa, a
nuestro criterio como recurrentes, esta labor realizada por el Tribunal de Sentencia NO
representa bajo ningún aspecto procesal, las reglas establecidas en el artículo 338,
específicamente la señalada en la REGLA CUARTA, numeral 1 del Código Procesal
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Penal, en consecuencia, la sentencia impugnada carece de motivación fáctica y jurídica,
porque no existe la descripción de la consecuencia del suceso humano que dio origen al
proceso penal, tampoco existe una conclusión jurídica, ni mucho menos justificación
racional por parte de los juzgadores, ya que nunca arribaron a la conformación de ambos
presupuestos de la sentencia penal, es por ello que aportamos a nuestro motivo de
casación las palabras del jurista JULIO B. J. MAIER, que dice: “La motivación es la
exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada
conclusión jurídica. Se identifica pues, con la exposición del razonamiento”. Vista la
definición anterior, se deduce que no existen esta exteriorización y justificación racional.
Contraviniendo su deber como jueces de motivar los Hechos Probados en sus sentencias
definitivas condenatorias o absolutorias, circunscribe una incidencia de índole sustantiva,
adjetiva y constitucional, en vista de que la motivación, desempeña un doble propósito
para la administración de justicia en cuanto a la tutela judicial efectiva, como lo afirma la
doctrina: Primero: Le otorga a la sociedad, como a los sujetos procesales que hayan
intervenido en un juicio oral y público, la posibilidad de percibir la trascendencia y
circunstancias legales del porqué a determinada persona se le absuelve o condena, es
decir, que esa motivación debe contener el atributo argumentativo de permitir “Que otra
persona pueda reconstruir mentalmente la constatación del hecho probado” Segundo: Proporciona exclusivamente a los sujetos procesales, la facultad de poder interponer
Recurso de Casación contra el fallo judicial, siempre y cuando cumplan con los
presupuestos sistematizados en los artículos 362 y 363 del Código Procesal Penal. En
consecuencia, la motivación de los Hechos Probados constituye el mecanismo de legalidad
racional que el Estado confiere a los sujetos procesales, para que en caso de ser
quebrantado puedan estos denunciarlo por intermedio del Recurso de Casación,
solicitando la Corte Suprema de Justicia su intervención a la actividad jurisdiccional,
para que este alto Tribunal de Justicia, explique si las razones de la decisión que tomaron
los Jueces de Sentencia para proferir un determinado veredicto (culpable o inocente) es
posible controlarlo “dentro de los parámetros de lógica — racional y la legalidad, o si
por el contrario dicha decisión es consecuencia de una pura arbitrariedad”. Como lo
colige el artículo 338 en relación indiscutible con el artículo 141 de Código Procesal
Penal, en la estructura de toda sentencia definitiva debe comprenderse la motivación de
los hechos probados, cuya argumentación debe concertarse por los jueces en las tres
formas siguientes según la diversa doctrina más calificada: 1) La motivación debe
efectuarse de forma descriptiva, concebida como el iter lógico jurídico por razón del cual
los jueces lograron separar y fijar los hechos verdaderos de los hechos fácticos
contendidos en un juicio oral y público, narrativa y fijación que solo alcanzaran tras una
actividad cognoscitiva reglada (sana crítica), “con el objeto de proceder a la aplicación
del derecho a esos hechos comprobados”. Por ejemplo y sin el ánimo de realizar alegatos
de instancia, los hechos probados no contienen ninguna descripción de una digámoslo así
“historia” que al lector lo lleve a pensar en grado de certeza que mis representados son
responsables de conductas asesinas, a lo sumo deja un sabor a sospecha (DUDA
RAZONABLE); aspecto que nos tocante a los hechos probados, ya que la sospecha es a
nivel de la etapa de investigación. 2) La motivación debe efectuarse de forma racional,
dedúzcase como la demostración coherente del orden racional de las ideas posesionadas
en la mente de los jueces de sentencia con el fin de comprobar el hecho, la aplicación del
derecho y la corrección del juicio natural emitido en el fallo judicial, al cual solo se arriba
por dos inferencias humanas: Inductiva y deductiva. En este caso el Tribunal Sentenciador
ni siquiera nos permite conocer los hechos reales, en tal virtud encubre las acciones
humanas realizadas por otras personas por las cuales después supuestamente condena a
mis representados. Al no poder distinguir el lector que sucedió, se defrauda a la sociedad
que nunca sabrá que paso en un hecho criminoso supuestamente probado y quienes fueron
sus autores. 3) La motivación debe respetar el principio de legalidad, no puede concebirse
que los jueces emitan una sentencia definitiva, separándose del sistema de garantías
tripartitas (penal, procesal y constitucional) denominado como principio de legalidad. En
el caso que nos ocupa, respetando la integridad de los hechos probados, demostraré como
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acontece el vicio denunciado y como su concurrencia en la sentencia definitiva, afecta la
declaración de hechos probados, provocando que dicha declaración no solamente sea
vaga, imprecisa e incoherente, sino también carente de motivaciones fácticas y jurídicas,
veamos: La sentencia recurrida en su declaración de hechos probados establece CINCO
numerales de los cuales solamente en dos hace mención a la supuesta intervención de mis
representados: “TERCERO: En la misma fecha y en los alrededores del lugar, los policías
que se conducían en la patrulla M1—92, se encontraron con la patrulla policial M1—30
ya que ésta cubría la zona de Los Robles, América y alrededores, en la cual se
trasportaban los policías WILSON ROBERTO CORDOVA (conductor) y GABRIEL
DONATILO MARCIA HERNANDEZ (operador), estos últimos vieron cuando RAFAEL
ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS se encontraba herido y fue trasladado en la
patrulla policial M1—92 y posteriormente el joven fue introducido en la parte trasera de la
cabina de la patrulla M1—30 en la cual se encontraron elementos pilosos pertenecientes a
RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS.” Este hecho probado no precisan
de qué forma sucedieron los hechos en razón de tiempo, lugar y modo. Estos aspectos los
maneja a manera de inferencias que el lector debe ejecutar y el Tribunal no se atreve a
expresar. Hechos sospechosos para el Tribunal no deberían ser formalmente hechos
probados. “QUINTO: Los policías GABRIEL DONATILO MARCIA HERNANDEZ y
WILSON ROBERTO CORDOVA de la patrulla M1—30, tuvieron dentro de su patrulla
en la parte trasera a RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS, sin prestarle
auxilio para salvarle la vida ni a CARLOS DAVID PINEDA encontrándose ambos
jóvenes sometidos, desarmados e incluso RAFAEL ALEJANDRO VARGAS
CASTELLANOS estaba herido, siendo estos policías quienes entregaron a los dos
jóvenes, a las personas que finalmente les dieron muerte”. Entre el numeral tercero y el
quinto de los hechos estimados como probados y siendo en los únicos que se relaciona a
mis representados existe un universo de incertidumbre, posibilidades y circunstancias
que pudieron haber sucedido; a mis representados no se les ha fijado dentro de ninguna
conducta reprochable, tornando el Tribunal los hechos probados en HECHOS
PROBABLES los demás numerales se refieren exclusivamente a otras personas imputadas
en el presente proceso. En el presente caso denunciamos que el Tribunal de Sentencia con
la carencia de su motivación fáctica y jurídica, hace desaparecer su razón y función de ser
de rango constitucional que le da vida jurídica, que no es otra, que la establecida en el
artículo 304 de la Constitución de la República que literalmente dice: (corresponde a los
Órganos Jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo
juzgado...” ya que la carencia de motivación en la actividad judicial, provoco la ausencia
de un juzgamiento claro y terminante que pudiera ser percibido en la declaración de
hechos probados de la sentencia recurrida, y al no saberse cuales fueron los aspectos
esenciales del objeto del proceso que fueron determinantes para dictar un fallo
condenatorio, se convierte esa narrativa titulada como Declaración de Hechos Probados,
en una SIMPLE RELACION DE ANTECEDENTES DEL PROCESO, que no conducen
a ningún lado; por el contrario crean un limbo jurídico que hace imposible controlar el
razonamiento lógico-jurídico de los jueces y específicamente cuales es el suceso fáctico
juzgado, para evaluar si ese pensamiento judicial como dice la doctrina puede ser
observado “... dentro de los parámetros de la lógica—racional y la legalidad o si por el
contrario dicha decisión es consecuencia de una pura arbitrariedad. Por lo anteriormente
puntualizado, concluimos que la carencia de la motivación fáctica y jurídica en la
declaración de los hechos probados de esta sentencia, afecta el núcleo de discusión del
objeto del proceso, en lo referente a aspectos que no pueden ser evitados por un Tribunal
de Sentencia. En nuestro respaldo citamos el criterio en anteriores sentencias de esta Sala
de lo Penal que ha establecido que: El impetrante tiene razón, ya que el juicio de
culpabilidad o de inocencia que emite el juez de mérito, debe de tener una estructura de
pensamiento que controle a través de las leyes de la lógica, es decir, la sentencia como un
silogismo está compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es
el hecho, la premisa menor es el derecho que se aplica a ese hecho y una conclusión a
que se llega, como tal debe tener una estructura de pensamiento;...” SENTENCIA DE
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CASACION No. 04—129—07, de fecha doce de febrero del año dos mil ocho
(12.02.2008). De igual manera citamos también otra sentencia de esta Sala de lo Penal en
relación a UN CASO SIMILAR AL QUE NOS OCUPA EN EL PRESENTE RECURSO
en que se plasma lo siguiente: “… Con respecto a la fundamentación del fallo, el jurista
español FERNANDEZ ENTRALGO, reflexiona que esta fundamentación comprende
tres (3) partes: a) La declaración (o fijación) de los hechos probados; b) La valoración de
la prueba (o fundamentación fáctica); y c) La fundamentación jurídica. La motivación
en sentido estricto se des glosa de la motivación fáctica, esto es argumentación de las
razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido, expresando
las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica,
esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico
del caso o si se prefiere, de las subsunción típica del hecho enjuiciado. Lo anterior, no es
sino la concreción prevista en el párrafo cuarto del artículo 141 CPP, de lo establecido
por el segundo y tercero para todas las resoluciones judiciales. Se establece en esta
misma sentencia que: “A criterio de esa Sala, en el relato fáctico antes expuesto el
juzgador no es claro, ni terminante al describir como cabría esperar, con un mínimo de
precisión y más allá de toda duda razonable, cuáles fueron las acciones y omisiones
desplegadas por los imputados... “Asimismo deja establecido la Sala de lo Penal: “En una
sentencia condenatoria, como en el presente caso es imprescindible que en el fáctum de
la sentencia el juzgador sea claro y terminante, es decir suficientemente explícito,
concluyente y categórico al describir los hechos relevantes atribuidos a los encausados,
lo que por otra parte debe tener correspondencia y por lo tanto ser coherente con la
motivación fáctica y jurídica. Lo que normalmente llamados plena prueba, no es más
que el CONVENCIMIENTO PLENO, mismo que se alcanza cuando juzgador tiene la
sentencia de que los hechos ocurrieron de una forma determinada y no de otra. El
convencimiento pleno puede ser alcanzado mediante prueba directa o prueba indiciaria.
A) LA PRUEBA DIRECTA es aquella que por sí misma y sin necesidad de inferencia,
nos muestra un hecho que debe ser valorado (positiva o negativamente); B) PRUEBA
INDIRECTA O INDICIARIA es un hecho, el cual permanecería desconocido sino es
porque se arriba a la conclusión necesaria después de ser deducida lógicamente de uno o
varios hechos acreditados plenamente. La prueba indiciaria es un hecho antes o en
principio desconocido (conclusión), pero que se alcanza a conocer tras la inferencia
(premisa menor) de un hecho conocido (premisa mayor). De este modo, para que la
prueba indiciaria será eficaz requiere atravesar un procedimiento de cierta complejidad,
cuyos pasos fundamentales son la alegación del hecho básico por la parte interesada
sobre la cual habrá de realizar la correspondiente actividad probatoria directa y también
la alegación del hecho presunto que habrá de quedar fijado como probado en la
sentencia como parte integrante del supuesto de hecho típico de la norma aplicable; la
práctica de la prueba referida al hecho básico, que se realizara valiéndose de cualquiera
de los medios probatorios directos (confesión, testifical, documental, inspección ocular,
etc.) y por último el resultado de las pruebas así practicadas habrá de ser objeto de
valoración judicial a fin de comprobar SI EXISTE UN ENLACE RACIONAL ENTRE
EL HECHO O LOS HECHOS BASICOS Y EL HECHO PRESUNTO. De esta manera,
si existiere prueba indiciaria, el Tribunal de Instancia deberá precisar, en primer lugar,
cuales son los indicios probados y en segundo término, como se deduce de ellos la
participación del o los acusados en el tipo penal, de ahí que la sentencia debe explicar la
conexión existente entre los indicios y el delito que se considera demostrado, es decir, el
razonamiento o inferencia que los une, de tal modo que cualquier otro Tribunal que
intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de tales
indicios. Doctrinariamente se ha hecho una clasificación de los indicios partiendo entre
otros parámetros de su relación temporal con el delito y de la intensidad de su conexión.
Por su relación temporal con el delito se habla entonces de: a) Anteriores al delito: son
generalmente los hechos que sirven de preparación al delito, adquisición del arma,
veneno, manifestación de amenazas, previas a la ejecución del contenido de las
amenazas, etc. b) Concomitantes al delito: Son los hechos que solo pueden producirse en
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el mismo lapso temporal de la ejecución material del delito: presencia en el lugar de los
hechos en la hora de la comisión, rastros de manchas de sangre, semen, etc., del agresor
en el cuerpo de la víctima o a la inversa. c) Posteriores: Son los actos o hechos que
ocurren tras el delito. Pueden ser por ejemplo: darse a la fuga, destrucción de las ropas,
ocultación de los instrumentos delictivos o el botín, amenazas a los testigos, etc. por la
intensidad de su conexión tenemos: a) Próximos: Los indicios que guardan una relación
clara y directa con el delito; b) Remotos: Son meras posibilidades, alejadas del hecho
base, que indican hechos falsamente engañosos. La existencia de indicios puede no ser
suficiente para destruir la presunción de inocencia, a pesar de que se parte de una
actividad probatoria lícita, tanto cuando el hecho base excluye el hecho consecuencia,
como cuando del hecho base acreditado no se infiere de modo inequívoco la conclusión a
la que se llega, es decir, cuando se trata de una inferencia irrazonable o de inferencias
no concluyentes por excesivamente abiertas, débiles o indeterminadas, lo que equivale a
rechazar la conclusión cuando la inferencia sea tan inconcluyente que en su seno quepa
tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por
probada. En el presente caso, la motivación fáctica y jurídica del juzgador para arribar a
un veredicto de condena en contra de los dos (2) imputados en virtud de prueba
indiciaria, es insuficiente y además contradictoria con lo consignado en el relato fáctico,
vicio insubsanable que trae como resultado LA NULIDAD DE LA SENTENCIA Y CON
ELLO LA ESTIMACION DEL MOTIVO FORMULADO POR LA DEFENSA.
SENTENCIA DE CASACION No. 65-2010. de fecha dieciocho de octubre del año dos
mil doce (18.10.2012) Por todo lo anteriormente expuesto de manera amplia y clara, se
puede establecer por parte de los honorables Magistrados de esta Sala de lo Penal que en
ningún momento en base al desarrollo de la audiencia de juicio oral y público se pudo
quebrantar la presunción de inocencia que protege a mis representados ante la
participación que se les pretende atribuir en los hechos que son el génesis de este proceso
y cuya sentencia definitiva que emitió el Honorable Tribunal de Sentencia dista mucho de
una sentencia apegada a derecho, lesionando gravemente las garantías y derechos que les
asisten a mis representados los señores WILSON ROBERTO CORDOVA y GABRIEL
DONATILO MARCIA HERNANDEZ.”
V. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
1) Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del
correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las
reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las
máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre
alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común
que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos
especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las
reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo
del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación
(necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La
coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer
excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente
(las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre
ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los
elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir
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razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La derivación requiere
que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el
razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y
de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser
concordante, es decir, que a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder
convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma
que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el
razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables
originadas de las pruebas. Por el principio de razón suficiente se entiende “que no se
produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro
modo”1.
Al respecto de la prueba indirecta o indiciaria el jurista colombiano Yesid Reyes Alvarado,
citando a Dellepiane, señala que es necesario que los indicios: “1) Se hallen igualmente
probados por pruebas directas; 2) Sean graves, precisos y varios, cuando no puedan dar
lugar a deducciones concluyentes, como fundadas en leyes naturales que sufran excepción;
3) Sean independientes entre sí, esto es, que no constituyan momentos sucesivos, de un solo
proceso o hecho accesorio y que no tengan el mismo origen en cuanto a la prueba; y, 4)
Sean concordantes, esto es, que se acuerden o coordinen entre si, de modo que produzcan
un todo natural, lógico y coherente2”. Por su parte, el jurista español Antonio Pablo Rives
Seva, sobre los indicios admisibles como prueba, y la presencia del “Animus Necandi”, en
los delitos de homicidio, sus tipos cualificados y el delito consumado de lesiones, explica
que: “ …se suele a atender: a) La naturaleza de las relaciones existentes con anterioridad
entre el autor y la víctima: enemistad, resentimiento, amistad, indiferencia o
desconocimiento….; b) La causal para delinquir, razón o motivo que provocó de manera
inmediata la agresión…..; c) Las circunstancias en que se produce la acción, valorando no
solamente las condiciones objetivas de espacio, tiempo y lugar, sino el comportamiento de
todos los intervinientes, en el conjunto de incidencias que desembocaron en la agresión,
particularmente de la concurrencia –y en su caso seriedad, gravedad y reiteración- de actos
provocativos, palabras insultantes o amenazas….; d) Las manifestaciones del agresor, y de
manera muy especial las palabras que acompañan a la agresión, que…. “constituyen a
veces la confesión espontánea del alcance de la intención lesiva”; así como su actividad
anterior, coetánea y posterior a la comisión del delito….; e) La personalidad del agresor y
1 LOS PRINCIPIOS LÓGICOS. CAPÍTULO II DE LA LÓGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFÍA, REVISTA SCIENCE
SACRÉE NÚMERO 7, 2005
2 La prueba Indiciaria. Yesid Reyes Alvarado. Profesor de la Universidad
Externado de Colombia y Fundación Autónoma de Colombia. Ediciones
Librería del Profesional. Página 64.
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del agredido, esto es, la llamada por los clásicos “índole del culpable”…; f) Como datos de
especial relevancia, el tipo de arma utilizada o lo que es igual, la idoneidad del medio
empleado; la parte del cuerpo a que se dirija la agresión; la distancia entre el ofensor y el
ofendido; la gravedad de la lesión ocasionada….; la repetición de los golpes, los que
evidencian la reiteración de la voluntad homicida manifestada en la repetición de los actos
agresivos,….; en fin, a cuantos datos externos rodean el hecho, sin que esos elementos
constituyan un numerus clausus, sino que todos los actos anteriores, coetáneos y posteriores
han de conjugarse para fijar los propósitos o intencionalidades,…. debiendo, en el supuesto
de existir dudas razonables, prevalecer la tesis más favorable al acusado.3”
2) El jurista español José María Luzón Cuesta, respecto a la falta de claridad en los hechos
probados, considera que: “conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina
exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o
imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma
conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a
subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato.
Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones
ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en
omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la
narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala
redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos
o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con
lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no
constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de
circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles.
Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o
ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga
difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión
con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos
probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que
determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no
puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el
pronunciamiento condenatorio o absolutorio”.
3) Esta Sala de lo Penal, considera que el Código Procesal Penal, en la parte conducente del
artículo 362.3, autoriza el recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando la
3 La Prueba en el Proceso penal. Doctrina de la sala Segunda del Tribunal
Supremo. Antonio Pablo Rives Seva. Editorial Aranzadi. Segunda Edición.
Páginas 110 y 111.
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sentencia impugnada carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, o que dichas
motivaciones sean insuficientes o contradictorias. Al respecto de la motivación de fallo:
“Debe distinguirse la falta de motivación de la simple “insuficiencia de motivación”, que
no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea
motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con la nulidad, únicamente cuando falta la
motivación, no cuando ella es solo imperfecta o defectuosa, tampoco la anula un error no
esencial.4”
VI. RESUMEN
1) Motivo de casación por quebrantamiento de forma por violación, en la valoración de la
prueba, de las reglas de la sana crítica, interpuesto por el abogado JOSÉ OMAR ÁVILA
HERNÁNDEZ, defensor público del acusado JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ. Reprocha
que al valorar el A Quo la prueba testifical de cargo, consistente en las declaraciones de: a)
Testigo protegido número 2; b) Testigo protegido número 3; c) Carlos Humberto Pineda
Escoto; testigo protegido “F”; d) Testigo protegido “M”; e) Testigo protegido número 123;
y, f) Testigo protegido número 1, el A Quo viola las reglas de la sana crítica, en su ley
lógica de la derivación, al extraer conclusiones que no proceden de los datos aportados por
dichos testigos. Señala que para valorar la prueba testifical el A Quo asoció los testigos en
varios grupos, en un primer grupo valora las declaraciones de los testigos protegidos
números 1 y 3, que en su valoración intelectiva, el juzgador sostiene que son congruentes y
creíbles, en cuanto a los hechos que ellos observaron ese día 22 de octubre del 2011, entre
1:45 a 2:00 de la madrugada, por lo que se les otorga pleno valor probatorio, sin embargo,
el censor el fallo cuestiona que ni el testigo protegido 1, ni el testigo protegido 3, aportan
información que permite individualizar los vehículos, ni identificar a sus ocupantes.
Reprocha que la valoración de los testigos protegidos 1 y 3, no tiene sustentación pues las
conclusiones del A Quo no están contenidas en la prueba que se examina.
En el segundo grupo el A Quo valora las declaraciones de los testigos Carlos Humberto
Pineda Escoto, testigo protegido E, testigo protegido M y testigo protegido 123, de los
cuales se deriva que el día 22 de octubre del año 2011, como a la 1:45 de la madrugada y a
la altura de la Colonia América, escucharon una persecución policial y ráfagas de disparos,
y de los que el A Quo concluye que se trata de la misma persecución que le daba la patrulla
Ml-92 al vehículo Rav4 y que, por lo declarado por el testigo protegido “1”. En este
apartado el A Quo reitera la identificación del imputado JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ y
la individualización de la patrulla M1-92 como la participante en la persecución del
vehículo en el que se conducían las víctimas, porque fueron acreditados con los testimonios
de los testigos protegidos 2 y 3, pero, como antes refiere el recurrente, en tales
4 “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rua. Edición 1968. Página 156
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declaraciones tampoco se aportan datos que permitan tal individualización, sino hasta ser
enlazados con la declaración de los testigos Carlos Humberto Pineda, “E”, “M”, 123,
dictamen balístico número 2272- 6976-206, no valorada aún, así como con la prueba
audiovisual, tampoco valorada, indicios que confirman la persecución que era objeto el
vehículo tipo Jeep, marca Toyota, modelo Rav4, placa PAJ6582, conducido por los jóvenes
Rafael Alejandro Castellanos y Carlos David Pineda, por parte de la patrulla policial Ml-92,
en la que se conducían JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ y otros, declaración a la que el
tribunal de sentencia le concede valor probatorio, conclusión que carece de sustento porque
este testigo, en la persecución por ellos observada, tampoco para individualizar a los
ocupantes de los mismos, por tanto el tribunal al llegar a esa individualización e
identificación evidentemente lo hace violando las reglas de la sana crítica, pues desarrolla
una inducción arbitraria al adelantar resultados de pruebas que, hasta ese momento, no
habían sido valoradas, y evidencia un convencimiento prematuro del A- Quo que lo lleva a
determinar la culpabilidad del señor JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ.
2) Motivo de casación por quebrantamiento de forma por violación, en la valoración de la
prueba, de las reglas de la sana crítica, interpuesto por el abogado FREDY FUENTES,
defensor público del acusado SANTOS ARNULFO PADILLA. Considera el recurrente
que el A Quo incurre en violación de las reglas de la sana crítica al condenar a su
representado por ASESINATO y ABUSO DE AUTORIDAD. Concretamente refiere que
el A Quo al valorar la prueba agregada al juicio, viola la regla de la lógica, constituida por
la ley de la coherencia y de derivación, que exigen que la sentencia resulte provista de
razonamientos provenientes de elementos congruentes, verdaderos y suficientes. Cuestiona
la prueba testifical de cargo evacuada en juicio, pues afirma que ningún testigo identifica al
acusado SANTOS ARNULFO PADILLA como la persona que disparó su arma contra los
ofendidos. Reprocha que en la valoración de dichos testigos el A Quo se apresura a
adelantar juicio contra su representado, porque en su relato los testigos solo refieren
características de la patrulla y de la camioneta Rav4, y no obstante, el juzgador considera
que el acusado SANTOS ARNULFO PADILLA RODRÍGUEZ en compañía de otros
imputados, se conducían a bordo de la Patrulla MI-92, saliendo en tenaz persecución desde
el centro comercial plaza Milenium, con rumbo al Boulevard Fuerzas Armadas,
persecución que le daban al vehículo tipo pick Jeep, marca Toyota, modelo Rav4, placas
PAJ6582 conducido por los jóvenes RAFAEL ALEJANDRO CASTELLANOS Y
CARLOS DAVID PINEDA. Reprocha asimismo, la valoración del juzgador al análisis de
SEROLOGÍA GENÉTICA Y BIOLOGÍA FORENSE, por considerar que no fueron
concluyentes al ser comparados con los elementos pilosos extraídos en las autopsias de los
ofendidos; el ACTA DE DECOMISO de la Patrulla MI192 elaborado por la encargada de
la custodia de esa patrulla estaba en la obligación ineludible de evitar la contaminación de
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la misma, y los ANÁLISIS BALÍSTICOS números 2260-6893-2O11BAL, 2232- 6875-
2O11BAL, donde asegura que ninguno de ellos se logra determinar el tipo de arma y
calibre que disparó la evidencia recolectada de los fragmentos de revestimiento de cobre y
fragmento de núcleo de plomo, concluyendo los peritos que las armas periciadas no
dispararon los indicios recibidos. Por lo que concluye que después de evacuar la prueba de
cargo en el juicio oral y público, la misma no permite una certeza válida sobre la forma o
circunstancias reales en que ocurrieron los hechos, para conocer la verdad.
3) Motivos de casación por quebrantamiento de forma, interpuestos por el abogado HÉCTOR
OMAR DURÁN MARTÍNEZ, apoderado defensor de los acusados GABRIEL
DONATILO MARCIA HERNÁNDEZ y WILSON ROBERTO CÓRDOVA
RODRÍGUEZ.
PRIMER MOTIVO: Considera que en los hechos declarados probados de la sentencia
recurrida no existe claridad y a la vez esta declaración es contradictoria. Reprocha que el
numeral tercero de los hechos probados de manera escueta y sin existir ningún medio de
prueba el A Quo establece por cierto que los acusados GABRIEL DONATILO MARCIA
HERNÁNDEZ y WILSON ROBERTO CÓRDOVA RODRÍGUEZ “vieron cuando el
señor RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS se encontraba herido y fue
trasladado en la patrulla M1-92, y que posteriormente el joven herido fue introducido en la
parte trasera de la patrulla MI-30, en la cual se encontraron elementos pilosos
pertenecientes a RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS”. Estima que en
ningún momento el dictamen de comparación de elementos pilosos afirma a un cien por
ciento que dichos cabellos le pertenecen a una determinada persona, ya que el resultado de
la comparación de los elementos pilosos solamente puede establecer si estos son similares o
no. Asimismo, explica que existe contradicción entre los hechos declarados probados con el
medio de prueba de dictamen de comparación de elementos pilosos, prueba que solo es
orientativa-subjetiva pero no concluyente. Reprocha que el A Quo condena a sus
defendidos a 58 años de prisión, tomando como base el dictamen de comparación de
cabellos encontrados en la patrulla M1-30, solo por presentar características similares al
cabello de la víctima RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS.
SEGUNDO MOTIVO: Violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la
prueba, en los principios de razón suficiente, derivación y causalidad. Reprocha que el A
Quo condena a sus defendidos con un solo objeto de prueba, como es: cinco (5) cabellos,
de los que extrae conclusiones que dicha prueba no le permite extraer; tergiversa el sentido
interpretativo de la misma, cambia el alcance de los resultados, en virtud de que los
resultados no tienen grado de certeza, no individualiza objeto, ni persona alguna. Estima
que el A Quo valora dicha prueba en contra de los principios de: causalidad, derivación y
razón suficiente al construir una sentencia sin contar con elementos de prueba suficiente
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para llegar a semejantes deducciones, conclusiones y desvanecer el estado de inocencia,
extrayendo de la prueba conclusiones que eran imposibles de extraer y conectando
elementos de forma arbitraria para poder construir una base argumentativa falaz por tratarse
de un medio de prueba orientativa y no confirmativo para establecer que los elementos
pilosos pertenecen al señor RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS
porque la única forma para hacerlo es a través de una prueba de ADN la que no se hizo en
ningún momento.
TERCER MOTIVO: Que el fallo carezca de motivaciones fácticas y jurídicas en el
numeral tercero y quinto. Estos hechos probados del fallo que se impugna, literalmente
dicen: “TERCERO: En la misma fecha y en los alrededores del lugar, los policías que se
conducían en la patrulla M1—92, se encontraron con la patrulla policial M1—30 ya que
ésta cubría la zona de Los Robles, América y alrededores, en la cual se trasportaban los
policías WILSON ROBERTO CÓRDOVA (conductor) y GABRIEL DONATILO
MARCIA HERNÁNDEZ (operador), estos últimos vieron cuando RAFAEL
ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS se encontraba herido y fue trasladado en la
patrulla policial M1—92 y posteriormente el joven fue introducido en la parte trasera de la
cabina de la patrulla M1—30 en la cual se encontraron elementos pilosos pertenecientes a
RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS” , y el numeral “QUINTO: Los
policías GABRIEL DONATILO MARCIA HERNÁNDEZ y WILSON ROBERTO
CÓRDOVA de la patrulla M1—30, tuvieron dentro de su patrulla en la parte trasera a
RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS, sin prestarle auxilio para salvarle
la vida ni a CARLOS DAVID PINEDA encontrándose ambos jóvenes sometidos,
desarmados e incluso RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS estaba
herido, siendo estos policías quienes entregaron a los dos jóvenes, a las personas que
finalmente les dieron muerte”. Reprocha el recurrente que en los hechos declarados
probados precitados carecen de motivación fáctica y jurídica, lo que afecta el núcleo u
objeto del proceso.
VII. DECISIÓN
1) Motivo de casación por quebrantamiento de forma por violación, en la valoración de la
prueba, de las reglas de la sana crítica, interpuesto por el abogado JOSÉ OMAR ÁVILA
HERNÁNDEZ, defensor público del acusado JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ. Esta Sala
de lo Penal, observa que el recurrente reprocha que de los testigos de cargo ya
referenciados el A Quo no puede llegar al convencimiento de establecer la culpabilidad del
señor JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ, en los hechos que se le imputan, por lo que viola las
reglas de la sana crítica, en su ley lógica de la derivación, al extraer conclusiones que no
proceden de los datos aportados por dichos testigos. Esta Sala considera que las razones
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vertidas por el juzgador para dotar de credibilidad a los testigos de cargo: a) Testigo
protegido número 2; b) Testigo protegido número 3; c) Carlos Humberto Pineda Escoto;
testigo protegido “F”; d) Testigo protegido “M”; e) Testigo protegido número 123; y, f)
Testigo protegido número 1, valorados armoniosa y conjuntamente con el resto de la prueba
agregada al juicio, consistente en: 1) Inspección realizada al libro de novedades de la
Dirección General de Policía Preventiva de la Jefatura Metropolitana número uno, del
Distrito Policial 1-6 del Barrio La Granja, que acredita que las fecha 21 y 22 de Octubre el
imputado JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ, junto a otros imputados, se encontraban de
servicio, a bordo de la patrulla MI92, los dictámenes serológicos y de biología forense,
dictamen de intervención telefónica, son indicios suficientes para derivar la participación
culpable del acusado JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ, en los hechos que se le imputan.
Ello es posible como resultado de la prueba de presunciones o prueba indiciaria, que
consiste en: conclusiones o inferencias lógicas a la que llega el juzgador, como resultado de
su actividad intelectiva o razonamientos, al enlazar los hechos conocidos, debidamente
comprobados con los desconocidos que se tratan de revelar, con fundamento en el nexo
causal y lógico existente entre ellos. En el presente caso, a través de inferencias lógicas el A
Quo logra derivar que el día 22 de octubre del año 2011, como a la 1:45 de la madrugada y
a la altura de la Colonia América, escucharon una persecución policial y ráfagas de
disparos, y que se trata de la persecución que daba la patrulla Ml-92, ocupada entre otros
por el imputado JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ, al vehículo Rav4, Placa PAJ6582,
conducido por los jóvenes RAFAEL ALEJANDRO CASTELLANOS Y CARLOS
DAVID PINEDA. Por lo expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación por
quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente.
2) Motivo de casación por quebrantamiento de forma por violación, en la valoración de la
prueba, de las reglas de la sana crítica, interpuesto por el abogado FREDY FUENTES,
defensor público del acusado SANTOS ARNULFO PADILLA. Esta Sala de lo Penal,
observa que el recurrente reprocha que el A Quo al valorar la prueba de cargo viola la regla
de la lógica, de derivación: señala con la prueba testifical de cargo evacuada en juicio, no es
posible que el A Quo pueda concluir que el acusado SANTOS ARNULFO PADILLA
RODRÍGUEZ en compañía de otros imputados, se conducían a bordo de la Patrulla MI-
92, salieron en tenaz persecución desde el centro comercial Plaza Milenium, con rumbo al
Boulevard Fuerzas Armadas, persecución que le daban al vehículo tipo pick Jeep, marca
Toyota, modelo Rav4, placas PAJ6582 ocupado por los jóvenes RAFAEL ALEJANDRO
CASTELLANOS Y CARLOS DAVID PINEDA y que disparó su arma provocándoles la
muerte. Esta Sala considera que las razones vertidas por el juzgador para dotar de
credibilidad a los testigos de cargo, valorados armoniosa y conjuntamente con el resto de la
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prueba agregada al juicio, consistente en el dictamen de serología genética de los cabellos
encontrados tanto en patrulla M1-92 y M1-30 de los que resulta que en ambas patrullas de
la policía fueron identificados indicios humanos perteneciente a ambos ofendidos; la que
analizada de forma armoniosa y conjunta con el resto de prueba agregada al juicio,
consistente en las ACTAS DE INSPECCIÓN practicada a los libros de novedades de la
Jefatura Metropolitana del Distrito Central, 1-6 del Barrio La granja, que acredita que el día
de los hechos, se transportaba en la Patrulla M1-92 el acusado SANTOS ARNULFO
PADILLA RODRÍGUEZ, acompañado por otros de los acusados, los VIDEOS DE LAS
CÁMARAS DE SEGURIDAD de la empresa El Cortijo y de la Gasolinera Puma, en la
cuales se aprecia la persecución de que fueron objeto los ofendidos los que se conducían en
el vehículo RAV4 por las patrullas M1-92 y M1-30 y con independencia que los
dictámenes balísticos números 2260-6893-2O11BAL, 2232- 6875-2O11BAL hayan
resultado negativos, son indicios suficientes para derivar la participación culpable del
acusado SANTOS ARNULFO PADILLA RODRÍGUEZ en los hechos que se le
imputan, como resultado de la utilización por parte del juzgador de la prueba de
presunciones o prueba indiciaria, con la que concluye a través de inferencias lógicas que el
imputado SANTOS ARNULFO PADILLA RODRÍGUEZ, también ha tenido plena
participación en los hechos sometidos a juzgamiento. Por lo expuesto, esta Sala declara sin
lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente.
3) Motivos de casación por quebrantamiento de forma, interpuestos por el abogado HÉCTOR
OMAR DURÁN MARTÍNEZ, apoderado defensor de los acusados GABRIEL
DONATILO MARCIA HERNÁNDEZ y WILSON ROBERTO CÓRDOVA
RODRÍGUEZ. PRIMER MOTIVO: Considera que en los hechos declarados probados
de la sentencia recurrida no existe claridad y a la vez esta declaración es contradictoria.
Esta Sala reitera que el cuadro fáctico de la sentencia es intangible e inalterable en
casación. El recurrente centra su reproche recursivo en que los hechos declarados probados
carecen de claridad y son contradictorios. Sobre la falta de claridad, esta sala considera que
esta puede venir determinada por el empleo de expresiones ininteligibles u oscuras que hacen
difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y
dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; cuando lo narrado es
incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también
cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la
verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para
determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta
de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los
correspondientes pronunciamientos civiles. En el presente caso esta Sala considera que los
hechos declarados probados no adolecen de ninguno de los defectos aludidos, que hacen poco
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comprensible el relato, sino que por el contrario, son suficientemente claros y precisos y
terminantes, para constituir la base fáctica de la sentencia que en su parte dispositiva condena
a los acusados por los hechos sometidos a juzgamiento. Con respecto al defecto de
contradicción, este ha de tratarse de un defecto intrínseco a los hechos probados, y no de estos
con respecto a algún medio de prueba del juicio. Se trata pues, de un hecho probado que
afirme algo y otro que lo niegue. En el presente caso, el recurrente alega que los hechos
probados son contradictorios con los resultados de la prueba pericial consistente en el
dictamen de comparación de elementos pilosos por considerar que estos solamente puede
establecer si son similares a la víctima o no, son es decir solamente orientativos y no
concluyentes. Esta Sala considera que no se trata pues de una contradicción entre hechos
declarados probados, sino de un ataque recursivo a la valoración de un medio de prueba
pericial, que a entender del censor del fallo no debió producir en el juzgador el grado de
certeza o convencimiento acerca de pertenencia de los elementos pilosos de una de las
víctimas del hecho. Por todo lo expuesto, esta sala declara sin lugar el motivo de casación
invocado por el recurrente. SEGUNDO MOTIVO: El recurrente centra su reproche
recursivo en la violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, en los
principios de razón suficiente, derivación y causalidad, en la valoración del medio de
prueba pericial consistente en el dictamen de comparación de cinco (5) cabellos, de los que
deriva conclusiones que dicha prueba no le permite extraer, por lo que estima que la
sentencia no cuenta con elementos de prueba suficiente para llegar a semejantes
deducciones, conclusiones y desvanecer el estado de inocencia, de los acusados, extrayendo
de la prueba conclusiones que eran imposibles de extraer y conectando elementos de forma
arbitraria para establecer que los elementos pilosos pertenecen al señor RAFAEL
ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS. Esta Sala considera que las razones vertidas
por el A Quo para dotar de credibilidad al medio de prueba pericial consistente en el
dictamen de comparación de cinco (5) cabellos, encontrados en las patrulla M1-30,
valorados armoniosa y conjuntamente con el resto de la prueba agregada al juicio,
consistente en las declaraciones de los testigos de cargo, las actas de inspección practicadas
al libro de novedades de la Jefatura Metropolitana del Distrito Central, 1-6 del Barrio La
Granja, en donde consta que ambos encausados se encontraban en servicio, los videos de
las cámaras de seguridad de la empresa el Cortijo y de la Gasolinera Puma, constituyen
indicios suficientes para derivar la participación culpable de los acusados GABRIEL
DONATILO MARCIA HERNÁNDEZ y WILSON ROBERTO CÓRDOVA
RODRÍGUEZ, en los hechos que se le imputan, como resultado de la utilización por parte
del juzgador de la prueba de presunciones o prueba indiciaria, con la que concluye a través
de inferencias lógicas los acusados también han tenido participación en los hechos
sometidos a juzgamiento. Por lo expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación
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por quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. TERCER MOTIVO: Que el
fallo carezca de motivaciones fácticas y jurídicas en el numeral tercero y quinto. Esta Sala
estima que en el presente caso, los hechos declarados probados tercero y quinto del fallo
que se impugna, que constituyen parte de la base fáctica de la sentencia no dejan a esta
carente de motivación fáctica, ni jurídica. La falta de motivación debe distinguirse de la
simple insuficiencia de motivación, que no deja a la resolución privada de fundamentos
eficaces. El pronunciamiento es fulminado con la nulidad, únicamente cuando falta la
motivación, no cuando ella es solo imperfecta o defectuosa, tampoco la anula un error no
esencial. En el presente caso, se ha puesto de manifiesto que no se trata de la falta la
motivación fáctica, ni jurídica del fallo, sino de una motivación fáctico y jurídica no
compartida por el impetrante al considerar que con la prueba agregada al proceso, el
juzgador no podía haber alcanzado el grado de convencimiento positivo acerca de la
participación culpable de los acusados GABRIEL DONATILO MARCIA
HERNÁNDEZ y WILSON ROBERTO CÓRDOVA RODRÍGUEZ, en los hechos por
los que se les ha sometido a juzgamiento. En la motivación jurídica del fallo impugnado el
juzgador considera que los actos desplegados por los encausados se subsumen
perfectamente en los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de asesinato y de
abuso de autoridad, en perjuicio de RAFAEL ALEJANDRO CASTELLANOS Y
CARLOS DAVID PINEDA y de la Administración Pública, por los que han sido
condenados.
VIII. RESOLUCIÓN
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los
artículos 303, 304, 313 atribución 5, de la Constitución de la República; 1 de la Ley de
Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362.3 del Código Procesal Penal,
FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma,
en su único motivo, interpuesto por el abogado JOSÉ OMAR ÁVILA HERNÁNDEZ, en
su condición de defensor público del acusado JOSÉ RUBÉN POZO LÓPEZ; 2) Declarar
SIN LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo,
interpuesto por el abogado FREDY FUENTES, defensor público del acusado SANTOS
ARNULFO PADILLA y 3) Declarar SIN LUGAR el recurso de casación por
quebrantamiento de forma, en sus tres motivos, interpuesto por el abogado HÉCTOR
OMAR DURÁN MARTÍNEZ, apoderado defensor de los acusados GABRIEL
DONATILO MARCIA HERNÁNDEZ y WILSON ROBERTO CÓRDOVA
RODRÍGUEZ, todos los recursos interpuestos contra la sentencia de fecha nueve de
diciembre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia
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Territorial Nacional en Materia Penal.- Y MANDA: Que con certificación del presente
fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para que proceda conforme a
derecho.- NOTIFÍQUESE.-
JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ
MAGISTRADO COORDINADOR
RAFAEL BUSTILLO ROMERO
MAGISTRADO
ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA
MAGISTRADA