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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Titulo
Análisis de sentencias dentro de causas penales, en donde se otorga valor probatorio a documentos del Archivo Histórico de la Policía
Nacional.
Presentado por:
Licda. Ingris Anaelia Xuc Cu
1
INDICE
i. Introducción
CAPÍTULO I La prueba en el proceso penal
1. Definición de conceptos
1.1 Archivo
1.2 Archivo histórico
1.3 Archivo Histórico de la Policía Nacional
1.4 Que es la prueba
1.4.1 Definición legal en el proceso penal guatemalteco
1.5 Prueba documental
1.6 Valoración
1.6.1 Sistemas de valoración de la prueba
1.6.1.1. Sistema de prueba legal o prueba tasada
1.6.1.2. Sistema de la libre valoración de la prueba:
Sistema de la libre convicción
Sistema de la sana crítica razonada.
CAPÍTULO II
Contexto histórico guatemalteco
2. Aspectos generales
2.1 Persecución a estudiantes y sindicalistas
2.2 Desaparición de Edgar Fernando García
2.3 Desaparición de Edgar Enrique Saenz Calito
2
CAPITULO III Análisis de sentencias penales
3. Derechos humanos
3.1 Tipos penales (desaparición forzada y delitos contra los deberes de
humanidad).
3.2. Análisis de sentencias emitidas por los tribunales en casos
concretos.
3.2.1 Sentencia penal donde figura como ofendido Edgar
Fernando García C-01069-1997-00001. Acusados Héctor
Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gomez.
3.2.2. Sentencia penal donde figura como ofendido Edgar
Enrique Saenz Calito C-01070-2008-05160 Of.3º. Acusado
Pedro García Arredondo.
3.2.3. Sentencia penal donde figura como ofendido Edgar
Fernando García C-01069-1997-00001. Acusado Jorge Alberto
Gómez López y Héctor Rafael Bol de la Cruz.
CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA
3
Introducción
El presente trabajo de investigación se elabora con la finalidad de analizar
las sentencias dentro de causas penales, en donde se otorga valor
probatorio a los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional, los
cuales fueron propuestos dentro de la prueba documental por parte de los
fiscales y/o querellantes adhesivos.
En el primer capítulo se desarrollan algunos conceptos importantes, de los
cuales versa la presente investigación.
En el segundo capítulo se abordan aspectos importantes del contexto
histórico de Guatemala, dando a conocer la conflictividad que se vivió en esa
época, la persecución que realizó el aparato de seguridad del Estado, dirigida
a estudiantes y a sindicalistas.
En el capítulo tres se desarrollan los análisis de las sentencias emitidas por
los honorables Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos
Contra el Ambiente.
Así también en la presente investigación se da a conocer y se resalta la
importancia de los documentos del Archivo de la Policía Nacional, como
fuentes de información, ya que esto contribuye al fortalecimiento del Estado
de derecho; y derribar la impunidad al propiciar que la justicia este llegando
a las víctimas y a sus familias.
4
CAPÍTULO I
La prueba en el proceso penal
Aspectos generales.
Antes de iniciar con el desarrollo del tema que presento, es indispensable
hacer algunas acotaciones relacionadas a conceptos que se vinculan
directamente con el desenvolvimiento del mismo, en el sentido de aclarar los
temas que se abordaran en el curso de la presente investigación y que
permita tener una clara idea de cada una de ellos.
1. Definición de conceptos
1.1. Archivo. Archivo, definición de Antonia Heredia. “Es uno o más conjuntos de
documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados
en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el
transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden (original),
para servir como testimonio e información para la persona o institución que
los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia”.1
1.2. Archivo histórico. Archivo Histórico: “Unidad archivística responsable de la organización,
conservación, administración, descripción y divulgación de archivos con
valor permanente que previamente han sido valorados y transferidos por el
1 Heredia Herrera, Antonia. Archivística General, Teoría y Práctica. Actualizada y aumentada. 5ª. Edición. Sevilla, 1991. Pág. 88.
5
Archivo de Concentración o recibidos por donación, depósitos o adquiridos
por compra”2.
Consiste en una recopilación de documentos que reflejan la historia y que
relatan los pasajes de los acontecimientos importantes dentro de una
sociedad.
“Medios de prueba históricos: Porque sirven para reconstruir y reproducir
hechos pasados o que todavía subsisten pero cuya existencia data desde
antes de producir el testimonio y representa una experiencia del sujeto que
declara.”3
Ciclo vital de los documentos. Etapas en las que se divide al documento de archivo conforme a su uso, valor
y ubicación:
• “Documentos en etapa activa: uso constante por el área generadora, con
valores primarios, ubicados en el Archivo de Trámite;
• Documentos en etapa semiactiva: uso esporádico por el área generadora,
con valores primarios, ubicados en el Archivo de Concentración;
• Documentos en etapa histórica: valores secundarios permanentes, de uso
público, ubicados en el Archivo Histórico”.4
1.3 Archivo Histórico de la Policía Nacional
En el año 2005, en el mes de julio, personal de la Procuraduría de los
Derechos Humanos (PDH) en diligencia realizada localizó un voluminoso
archivo que correspondía a la documentación histórico-administrativa de la
extinta Policía Nacional. La diligencia consistió en la búsqueda de explosivos
2 Manual para la Operación de Archivos Administrativos. Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Materiales. Dirección de Almacenes y Activos Fijos. Pág. 11. 3 Villalta Ramírez, Ludwin Guillermo Magno. La prueba de testigos en el juicio penal. Pág. 57. 4 Martín Calero, Carlos Alcalde. Diputación de Valladolid. Servicio de Archivo Provincial. Pág. 14.
6
lo cual significaba un peligro para la población, sin embargo lo que
encontraron fue lo que ahora es el Archivo Histórico de la Policía Nacional
(AHPN).
Sobre la base de los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional,
deviene la investigación con enfoque de derechos humanos, en virtud que la
información que obra, relaciona el período que corresponde al conflicto
armado interno, en el cual la Policía Nacional y sus dependencias fueron en
reiteradas ocasiones señaladas por familiares de víctimas y organizaciones
humanitaria nacionales e internacionales de ser entes ejecutores de graves
y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que aún no han sido
esclarecidas y por ende juzgados.
Los documentos que obran en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, en
la actualidad son de vital importancia y utilidad en virtud que los mismos
constituyen medios de convicción dentro del proceso penal, y están siendo
utilizados por los Fiscales dentro de los procesos penales, pues están sirviendo
para esclarecer delitos cometidos en contra de la integridad física de
personas, que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos,
durante el conflicto armado interno de Guatemala.
La documentación que obra en el Archivo Histórico de la Policía Nacional,
representa una significativa fuente de información, de mucha utilidad para
poder establecer por lo menos los registros de víctimas, y si fuera posible el
nombre de las personas que se encontraban en ese entonces al frente de las
fuerzas públicas. Dichos documentos servirían de prueba ante los órganos
jurisdiccionales, con lo cual se pondría fin a la espera de los familiares de las
víctimas del conflicto armado interno y que puedan contar con la esperanza
de obtener justicia aunque sea tardía.
7
1.4 Que es la prueba.
La prueba es lo que sirve de sustento para determinar y establecer la verdad
de un hecho y que deberá diligenciarse de conformidad con lo que establece
el procedimiento penal guatemalteco.
“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa
o de la realidad de un hecho”.5
“Es el único medio eficaz para el descubrimiento de la verdad, y también la
mejor garantía en contra de todas aquellas arbitrariedades existentes de las
decisiones judiciales existentes en el país”.6
Es el medio de averiguar la verdad o falsedad de los hechos sobre que versa
el debate judicial. “El conjunto de reglas que regulan la admisión, producción,
asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para
llevar al Juez la convicción sobre los hechos que interesan al proceso”.7
1.4.1 Definición legal de proceso penal guatemalteco
El Artículo 181. Código Procesal Penal. Decreto 15-92 del Congreso de la
República de Guatemala Objetividad: “Salvo que la ley penal disponga lo
contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar,
por si la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos
y de cumplir estrictamente con los procesos de este Código.
Artículo 182. Código Procesal Penal. Decreto 15-92 del Congreso de la
República de Guatemala. Libertad de la prueba: “…Se podrán probar todos
5 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Pág. 317. 6 TESIS. Grado de licenciatura. Importancia de la prueba en el proceso penal guatemalteco.
Septiembre 2008. 7 Fierro, Heliodoro. La prueba en el Derecho Penal. Pág. 51.
8
los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por
cualquier medio de prueba permitido…”
Es importante señalar que se puede asumir que la prueba es lo que se
desarrolla en el propio debate oral y público, y que tiene su base en todo lo
que se pudo reunir durante la etapa preparatoria, con lo cual se convencerá
al Juez para que lo mismo pueda ser valorado, y tomado en cuenta en el
momento de emitir una sentencia condenatoria.
Medio de prueba: Son las múltiples fases de obtención de la propia prueba y
que posteriormente son incorporados al ordenamiento jurídico para que los
mismos sean tomados en cuenta, atendiendo a lo que establece la ley
procesal correspondiente.
El objeto de la prueba es la búsqueda de la verdad mediante los indicios que
se consideran puedan esclarecer el hecho señalado, y lo que efectivamente
se puede probar, es sobre lo que la prueba debe o puede recaer. Las
evidencias materiales recabadas, los hechos y las circunstancias se
incorporan dentro de los objetos de prueba.
1.5 Prueba documental: “De una forma genérica se puede definir un documento como información
fijada en un soporte. Esta definición, aunque muy general, incluye los dos
elementos constitutivos de cualquier documento: uno interno; la información,
el contenido del documento, y el otro; el soporte, el medio por el que se
transmite y fija ese contenido”.8
“Prueba puede recibirse cualquier documento, siempre que el mismo llene
todos los requisitos indispensables de la prueba admisible”.9
8 Martín-Calero, Carlos Alcalde. Diputación de Valladolid. Manual de Gestión de Archivos Administrativos. Pág.14. 9 TESIS. Grado de Licenciatura. Importancia de la prueba en el proceso penal guatemalteco
como medio idóneo de garantía contra la arbitrariedad de las decisiones Judiciales en Guatemala. Luis Antonio Hernández García. Septiembre 2008. Pág. 55.
9
“Todos los procesos judiciales usan documentos. En el año 2006, El Alto
Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un
ensayo acerca de las iniciativas en acciones judiciales. Califica a la evidencia
documental como vital e indica:
La evidencia documental puede tener ventajas en comparación con el
testimonio personal, ya que puede ayudar a probar el asunto más rápido y
sucintamente. No es víctima de las dificultades presentadas por la
intimidación y cambio en la disposición de los testigos. Aunque siempre está
sujeta a interpretación, a menudo provee evidencia más concluyente de
eventos específicos que los recuerdos o conjeturas de las personas.
En otras palabras, los documentos pueden usarse como ayuda para verificar,
apoyar o desafiar evidencia testimonial”.10
“Los documentos tienen características específicas que los hacen
particularmente útiles como evidencia. Incluyen circunstancias bajo las
cuales el documento fue creado, la fecha en la cual se hizo, el uso que hizo
del documento la entidad que lo creó o recibió y la ubicación donde el
documento está almacenado. Veremos cada una de estas características en
su momento. Finalmente, nos enfocaremos en algunos problemas
especiales que surgen al decidir acerca del valor testimonial: la distinción
entre un original y un duplicado, y la exactitud de las transcripciones o
traducciones.”11
Definición de prueba documental: “Consiste en la utilización de documentos
públicos o privados para la prueba del delito. Se considera documento todo
soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con
eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia Jurídica. Pueden
10 Trudy H. Peterson. El Valor Probatorio del Documento de Archivo en Procesos Judiciales. 19 de noviembre de 2008. Pág. 1. 11 Trudy H. Peterson. El Valor Probatorio del Documento de Archivo en Procesos Judiciales. 19 de noviembre de 2008. Pág. 2.
10
considerarse incluidas las grabaciones, videos y filmaciones de imagen y
sonido, en general someterlas a inmediación y contradicción en el juicio oral,
más el testimonio de quienes las realizaron y, en su caso, una pericial ad
hoc”.12
1.6. Valoración
La valoración de la prueba es una función principal de los órganos
jurisdiccionales, en virtud de su utilidad dentro de la reconstrucción histórica,
que origino el proceso.
Al finalizar el diligenciamiento de los medios probatorios y que los mismos
formen parte del proceso penal, el tribunal de sentencia entra a analizarlos a
efecto de emitir una sentencia en la que se indica la participación o no del
acusado en el delito que se le imputó.
Un conocido adagio forense expresa que "tanto vale no tener un derecho,
como tenerlo y no poder probarlo", por ello es que Bentham indica que: "El
arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las
pruebas. Así pues el tema de la prueba es de suma relevancia para las partes
en el proceso, ya que del valor o fuerza que tengan las pruebas que aporten
en el proceso, dependerá si resultan victoriosas en el mismo. Igualmente este
tema constituye el insumo fundamental para que el Juez pueda emitir la
sentencia a su cargo.”13
Devis Echeandía citado por Juan Linares San Ramón, indica que: "por
valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental
que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse
de su contenido".14
12 Ostos. José Martin. La prueba en el proceso penal Acusatorio. Pág. 61. 13 Linares San Román, Juan. Derecho y Cambio Social. La Valoración de la Prueba. 14 Linares San Román, Juan. Derecho y Cambio Social. La Valoración de la Prueba.
11
Artículo 186. Código Procesal Penal. Decreto 15-92 del Congreso de la
República de Guatemala, atendiendo al sistema libre de la valoración de la
prueba que establece nuestra ley adjetiva penal, se puede señalar al respecto
que: “Todo elemento de prueba, para ser valorado, debe haber sido obtenido
por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las
disposiciones de este Código”
El valor de la prueba es, el acto más importante del proceso, de este acto
dependerá una correcta y cumplida aplicación de la justicia.
El juez y el fiscal deben ser personas dotadas de alta idoneidad y verticalidad
en la sujeción del derecho, lo que implica un vasto conocimiento de la ley
penal, jurisprudencia y de su doctrina pero sin dejar de considerarlo como un
estudio minucioso y a profundidad.
1.6.1. Sistemas de valoración de la prueba. Para la valoración de la prueba existen los sistemas o reglas de valoración
siguientes: a) Sistema de la prueba legal o prueba tasada, y b) Sistema de la
libre valoración de la prueba, este a su vez se subdivide en: b.1) sistema de
la libre convicción, y b.2) sistema de la sana crítica razonada.
1.6.1.1 Sistema de la prueba legal o prueba tasada.
El Código Procesal Penal anterior, se basaba en este sistema y quedó en
desuso con la vigencia del Código Procesal Penal Decreto 51-92 del
Congreso de la República.
12
Es un sistema rígido donde la ley le indica al juez el valor que debe darle a
los medios de prueba. En este sistema la ley procesal explica las condiciones
bajo cuales el juez debe condenar y bajo cuales absolver, sin tomar en
cuenta el criterio del juzgador.
Este sistema pretende limitar el criterio interpretativo del juzgador.
Algunas críticas al sistema de la prueba tasada o tarifa legal:
a) Es el juez el que recibe la prueba, quien debe valorarla directamente.
b) Se produce una escisión entre el derecho material y la sentencia, la
cual con frecuencia se fundamenta en juicios a priori.
c) No se fundamenta en la experiencia.
1.6.1.2 Sistema de la libre valoración de la prueba
Como se indicó anteriormente este sistema se subdivide en: Libre
convicción y sana crítica razonada.
Sistema de la libre convicción Este sistema proporciona al juez la facultad de fallar como su conciencia se
lo indique, concediendo la plena libertad en la estimación de las pruebas.
Otorga al juez amplia facultad de apreciar las pruebas sin restricción legal,
y sin necesidad de motivación, por la lealtad a la verdad le permite al juez la
consideración de indicios como forma de alcanzar la convicción judicial, con
lo cual se aumenta la responsabilidad del juez en la realización de la justicia.
La convicción la adquiere el Juez, a través del mérito de los autos, aún a falta
de prueba inexistente en la causa, el juez puede declarar probados los
hechos con la mera convicción propia. En este sistema no actúan las
presunciones judiciales, el Juez se apoya en circunstancias que a él le
constan, aún de manera privada; no es necesario que la lógica empleada por
el juzgador sea perfecta y que pueda ser comprobada con posterioridad.
13
En este sistema el juzgador decide sin tener que fundamentarse en reglas
abstractas y generales de valoración probatoria, sino con base a la prueba
que le fue presentada debe decidir cuál es la hipótesis que estima como
verdadera o cierta. Este sistema no se exige la motivación de la decisión. Sistema de la sana crítica razonada.
“La sana crítica en el ordenamiento jurídico ha pasado de ser un sistema
residual de valoración de la prueba a uno que se ha abierto paso en muchas
e importantes materias, sus elementos esenciales son los principios de la
lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente
afianzados y la fundamentación de las decisiones.”15
Para valorar la prueba de conformidad con este sistema, los jueces deben
tomar en consideración los conocimientos aportados por peritos, las leyes de
la lógica, los principios de la psicología, el sentido común, así como las
experiencias que la vida ha aportado a cada uno; con la elaboración de una
resolución se trata de solucionar el conflicto planteado, los jueces de
sentencia están investidos para tomar la decisión, debiendo dar respuesta a
la controversia planteada por la acusación y fundamentándose únicamente
en la prueba incorporada.
El sistema de la sana crítica razonada exige fundamentación o motivación de
la decisión, es decir, el análisis que realizan los juzgadores en la estimación
de los medios prueba incorporados al debate; indicando por qué a un medio
de prueba se le otorga valor o se le resta, con el objetivo de comprender los
motivos que permitan atacar posteriormente la resolución.
15 Rev. chil. derecho v.33 n.1 Santiago abr. 2006. La fundamentación de las sentencias y la
sana crítica.
14
Exige también que la valoración crítica sea racional, respetando las leyes del
pensamiento (lógica) y de la experiencia (de la ciencia) y que sea completa,
y no omitir el análisis de los elementos de prueba incorporados, exigencias
con las cuales se pretende que la decisión se baste a sí misma como
explicación de la conclusión del tribunal.
Artículo 385. Código Procesal Penal. Decreto 15-92 del Congreso de la
República de Guatemala. “Para la deliberación y votación, el tribunal
apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá
por mayoría de votos. La decisión versará sobre la absolución o la condena.
Si se hubiere ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la
demanda, en la forma que corresponda”.
En virtud de lo anterior las pruebas serán valoradas por los jueces,
observando las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología ya que son
los elementos doctrinarios de la sana crítica razonada.
“Las reglas de la sana crítica son las que corresponden al correcto
entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia
del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en lo que respecta a los
principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia. Como consecuencia,
la apreciación que corresponde al juez hacer de la prueba no debe ser
empírica, fragmentaria, aislada sino con elenco, comprendiendo todos los
elementos de prueba, la urdimbre probatoria que surge de la investigación y
la que aportan las partes en el escrito de individualización previo al debate, a
los nuevos medios de prueba que de oficio mande el juez”16.
El artículo 186 del Decreto Número 51-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Código Procesal Penal, señala que: “…Los elementos de prueba
16 Arango Escobar, Julio Eduardo. Valoración de la prueba en el proceso penal. Pág. 116.
15
así incorporados se valorarán, conforme el sistema de la sana crítica
razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean
las expresamente previstas en este Código…”
Con base a lo anterior, se advierte que el sistema de valoración que el
tribunal debe aplicar al momento de la deliberación y producción de la
sentencia, es el de la sana crítica razonada, la cual se caracteriza porque
deja al juez en libertad para aceptar toda prueba que estime útil para el
esclarecimiento de la verdad, y para apreciarla conforme a las reglas de la
lógica, de la psicología y de la experiencia común, como ya se dijo. Estas
reglas de crítica, del correcto entendimiento humano, son las únicas que
deben prevalecer en el juicio del tribunal.
16
CAPÍTULO II
Contexto histórico guatemalteco.
2. Aspectos generales
El conflicto armado interno afectó al país entre 1960 y 1996, y las víctimas
fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Muchos de estos crímenes fueron cometidos en contra de la población
indígena, dirigentes estudiantes y sindicalistas.
La falta de información oficial, se debió a estrategias que tenían como
objetivo ocultar las acciones del gobierno, que iban dirigidas hacia la
eliminación del movimiento social que se estaba produciendo dentro del seno
de la población explotada.
Luego de ocho años de negociaciones entre el gobierno y las organizaciones
guerrilleras, se suscribió el Acuerdo de Derechos Humanos de 1994, que
abrió camino a la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala
(MINUGUA) cuyos trabajos de verificación se ampliaron hasta diciembre de
2004; el Acuerdo de Paz Firme y Duradera se firmó en el año de 1996, y se
estableció la Comisión de Esclarecimiento Histórico y once acuerdos
complementarios.
2.1. Persecución a estudiantes y sindicalistas.
El Diccionario de la Lengua Española establece la persecución como: “Acción
de perseguir o insistencia en hacer o procurar daño”.17
17 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; tomo II. pág. 327.
17
Es un tema que afectó a la población guatemalteca, en que se vieron
involucrados grupos sociales, por la labor que desempeñaban frente a la
sociedad a la que pertenecían, quienes fueron objeto de represión por parte
de las distintas fuerzas de seguridad del Estado.
“…Durante el enfrentamiento armado interno, el sector estudiantil, tanto de
educación media como universitario, sufrió la desaparición forzada de
estudiantes y de sus líderes. El de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC) fue uno de los más afectadas y reprimidos. Esa represión
se extendió a todos los niveles de la USAC y se materializó a través de la
crisis económica, las capturas, las ejecuciones arbitrarias y las
desapariciones forzadas de gran cantidad de sus estudiantes, catedráticos y
trabajadores. Difundir listas que incluían los nombres de futuras víctimas fue
una práctica común. Así sucedió en 1978 con Oliverio Castañeda de León y
Antonio Estuardo Ciani García.
La violencia política dirigida contra la USAC se incrementó después de los
golpes de Estado del 23 de marzo de 1982 y del 8 de agosto de 1983.
Durante los primeros ocho meses de Gobierno del general Oscar Humberto
Mejía Víctores hubo un aumento de la represión selectiva en la ciudad de
Guatemala, cada mes desaparecía un promedio de ochenta personas.
Entre marzo y mayo de 1984, siete miembros del comité ejecutivo de la
Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) fueron capturados y más
tarde desaparecidos. La misma suerte corrieron Edgar Fernando García…”18
La persecución a estudiantes: En la época del conflicto armado interno fue
un tema muy difícil de abordar, ya que dada la convulsión social, generó el
choque de ideologías entre los altos mandos de las fuerzas de seguridad y
la insurgencia constituida para la toma del poder y la transformación del
Estado, ante lo cual se hace la presente reseña.
18 Caso ilustrativo No. 48. Desapariciones forzadas de Edgar Fernando García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amílcar Farfán. Fundación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). FIGUEROA SARTI
18
“En 1981 se dio un repliegue de las fuerzas de izquierda en la Universidad.
Muchos elementos activos habían perecido en tanto que otros ya se
encontraban fuera del país. Entre los que se quedaron había desconfianza
hacia las posibilidades de lucha. Los estudiantes y docentes organizados
siguieron sus labores clandestinamente, adoptando medidas de seguridad
más severas, propias del momento. Muchos de ellos entraban y salían del
campus por los barrancos adyacentes y no por los accesos principales. Nadie
permanecía en el campus en altas horas de la noche como se solía hacer en
los años de lucha social”.19
La persecución a sindicalistas: “Los golpes que recibió el movimiento
social y en particular el movimiento sindical, al producirse la contrarrevolución
del 54, hubieran sido mortales sino hubiera sido por la sagacidad de la vieja
y joven dirigencia que sacaron fuerzas de flaqueza y, desde la clandestinidad,
reinició un proceso lento pero seguro de recomposición del movimiento.
A ello contribuyó la imagen que el nuevo gobierno quería dar a la opinión
pública internacional. Sin mayores contratiempos declaró ilegales a las
organizaciones sindicales, pero por otro lado, pedía clemencia a la
Federación Americana del Trabajo (AFL-CÍO) y a la Central de Trabajadores
de Cuba, para -según los funcionarios de turno- reiniciar un movimiento
sindical mediatizado.”20
El sindicalismo en Guatemala: “Las denominadas asociaciones mutualistas (1821-1918), quienes haciendo
uso del derecho general de asociación, conformaron agrupaciones de
19 TESIS, Procesos psicosociales, respecto de la desaparición forzada de profesores y estudiantes producto del conflicto armado interno en Guatemala. Juan Carlos Rodríguez Mancilla. Nancy Lorena Alemán Aquino. Septiembre 2011. Pag.17. 20 EL MOVIMIENTO SINDICAL LUCHA, REPRESION Y REACTIVACIÓN 1974-1983
RECUPERANDO LA MEMORIA HISTÓRICA Guatemala de la Asunción, diciembre de 2011, Dirección de los Archivos de Paz, Secretaria de la Paz.
19
trabajadores artesanales, quienes laboraban por cuenta propia, que
perseguían fines que se limitaban al socorro y auxilio mutuo o al estudio.
Estas agrupaciones no perseguían fines, reivindicativos, ni se planteaban la
lucha de clases. Sin embargo, fueron la génesis del movimiento que en el
período de 1919 a1 1920 conformaron el primer movimiento sindical que
perseguía causas reivindicativas de los trabajadores y que jugó un papel
importante en las gestas políticas que en ese período derivaron en la caída
de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera”.21
“La década comprendida entre 1920 y 1930 constituye una etapa en la
historia del movimiento obrero guatemalteco, en que se supera el modelo
mutualista y se trasciende a una estructura organizativa que permite la
formación, dentro de un marco jurídico precario, para los movimientos
sindicales”. 22
La Era Revolucionaria. “Tras el derrocamiento de la “dictadura Ubiquista”,
se inicia una década (1944-1954) en la que se consolidan los mayores
avances en política social, particularmente en lo laboral. El proceso
evolucionario estuvo marcado por una actividad política fuerte por parte del
movimiento sindical; en el cual se intenta la consolidación de un movimiento
sindical unificado. La instauración de una nueva Constitución de la República
la cual contiene una sección específica para el tema laboral, y que ordena la
reglamentación del mismo a través de un Código de Trabajo, en el cual se
contenían los beneficios y obligaciones de los trabajadores y se abre el
espacio para el reconocimiento de las organizaciones sindicales, la
generación de garantías jurídicas y políticas para la conformación de los
mismos con fines reivindicativos.”23
21 UDEFEGUA, Guatemala 2010. Nadie debe perder la Vida o la Libertad por el Derecho Social. Pág. 8. 22 UDEFEGUA, Guatemala 2010. Nadie debe perder la Vida o la Libertad por el Derecho Social. Pág. 8. 23 UDEFEGUA, Guatemala 2010. Nadie debe perder la Vida o la Libertad por el Derecho Social. Pág. 8.
20
2.2 Desaparición de Edgar Fernando García. “..Edgar Fernando García tenía 27 años de edad, era estudiante de la
facultad de Ingeniería de la USAC y trabajador administrativo en
Centroamericana de Vidrios, S.A. (CAVISA) donde se integró en el sindicato
como secretario de actas y acuerdos. Estaba vinculado también a la Juventud
Patriótica del Trabajo del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)...”24
El señor Edgar Fernando García único apellido, fue detenido de forma ilegal
el día dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en la séptima
calle y tercera avenida de la zona once, de la ciudad capital Guatemala, a
eso de las diez horas. La desaparición de Edgar Fernando García único
apellido, fue realizada por agentes del Estado (Ejercito) y agentes de la
Policía Nacional que ejecutaron la orden.
“La desaparición forzada es la captura ilegal de una persona por agentes de
las fuerzas de seguridad legales o clandestinas del Estado o de particulares,
que actúan con su conocimiento, apoyo o aquiescencia, contando con la
seguridad de que no se realizará ningún tipo de investigación y aunque se
interpongan recursos legales, los mismos no serán tomados en cuenta”.25
2.3 Desaparición de Edgar Enrique Saenz Calito. El señor Edgar Enrique Saenz Calito, fue aprehendido el día cuatro de marzo
de mil novecientos ochenta y uno, en la tercera calle y segunda avenida de
la zona nueve de esa ciudad, por el delito de Actividad Contra la Seguridad
Interior de la Nación (tenencia de propaganda subversiva), y luego de ser
procesado y juzgado se ordenó su libertad el día nueve de junio de mil
novecientos ochenta y uno.
24 Caso Ilustrativo No. 48. Desapariciones forzadas de Edgar Fernando García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amílcar Farfán. Fundación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). FIGUEROA SARTI. 25 Polanco, Mario. La desaparición forzada en Guatemala. Pág. 9 y 10.
21
Que desde el día cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, fecha
en que el señor Edgar Enrique Saenz Calito, fue detenido por elementos de
las fuerzas de seguridad del Estado, específicamente del Comando Seis de
la Policía Nacional, por el delito de Actividad Contra la Seguridad Interior de
la Nación (tenencia de Propaganda Subversiva), cuando se le sorprendió
portando un documento de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA),
con lo cual se catalogó a la víctima como parte del enemigo interno.
“El día martes 21 de Agosto de 2012 fue un día histórico. Pedro García
Arredondo fue sentenciado a 70 años de prisión por haber participado
intelectualmente en la desaparición forzada del estudiante universitario Edgar
Enrique Sáenz Calito.
El proceso legal se prolongó durante 13 meses y la investigación penal duró
al menos tres años. Con documentación proveniente del Archivo Histórico de
la Policía Nacional se logró comprobar la participación del ex jefe de policía.
Durante 31 años la familia de Edgar Sáenz batalló en favor de que se hiciera
justicia, sin embargo la única respuesta que se recibió fue la amenaza e
intimidación. Su esposa y su pequeña hija de solo cuatro años de edad se
vieron en la necesidad de salir del país.” 26
26 Área jurídica Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Agosto de 2012.
22
CAPÍTULO III Análisis de sentencias penales.
3. Derechos humanos. En atención a lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas: “Los
derechos humanos son garantías esenciales para que podamos vivir como
seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras
cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. El 10 de diciembre
de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó y proclamó la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. “CONSIDERANDO que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de todos los miembros de la
familia humana”.
Es importante señalar que los derechos humanos, tienen garantías
establecidas en la carta magna, así como en otras leyes y tratados
internacionales en las que se establecen cuáles son nuestros derechos, y
que para garantizar la protección de los derechos en Guatemala, existe la
figura del Procurador de los Derechos Humanos (OMBUDSMAN, termino
sueco), en su calidad de garante o defensor del pueblo ante abusos que
puedan generar los poderes políticos y que actúa por medio de la
Procuraduría de los Derechos Humanos, mediante sus distintos
departamentos.
Fundamento constitucional de la Comisión y Procurador de Derechos
Humanos:
El artículo 274 constitucional, establece que: “…El procurador de los
Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la
defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza. Tendrá
facultades de supervisar la administración…”
23
3.1 Tipos penales. Se desarrollan los siguientes tipos penales, en virtud que fueron los delitos
por los cuales se dictó sentencia dentro de las causas penales, objeto del
presente estudio.
Desaparición forzada.
El Artículo 201 TER. Del decreto número 17-73 del Congreso de la República
de Guatemala, “Código Penal”, indica que: “Comete el delito de desaparición
forzada quien, por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del
Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por
motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o
reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público,
pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice,
apoye o dé la aquiescencia para tales acciones.
Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o
más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por
elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de
su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza.
Igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los miembros o
integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas,
insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan
plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos
grupos o bandas.
El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima.
El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a
cuarenta años. Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de
prisión, cuando con motivo u ocasión de la desaparición forzada, la víctima
resultare con lesione s graves o gravísimas, trauma psíquico o psicológico
permanente o falleciere”.
24
Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la
detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización
política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa
a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o
el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo
de la ley por un período prolongado.
Delitos contra los deberes de humanidad. El Código penal de Guatemala, decreto No. 17-73, regula en el artículo 378.
“Quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con
respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas,
o que cometiere cualquier acto inhumano contra población civil, o contra
hospitales o lugares destinados a heridos, será sancionado con prisión de
veinte a treinta años”.
3.2. Análisis de sentencias emitidas por los tribunales en casos concretos.
A continuación se presentan de forma resumida algunas sentencias en las
que se otorgó valor probatorio a distintos documentos provenientes del
Archivo Histórico de la Policía Nacional.
3.2.1 Sentencia penal donde figura como ofendido Edgar Fernando García, causa penal C-01069-1997-00001. Acusados Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez.
25
Ilustración 1
Extracto de sentencia sobre análisis de medios documentales
El subrayado es propio de la autora.
Ilustración 2 Fragmentos tomados de la sentencia `
26
El subrayado es propio de la autora.
El honorable Tribunal al emitir la presente sentencia advierte que el
expediente de Edgar Fernando García, del Archivo Histórico de la Policía
Nacional, (seiscientos sesenta y siete documentos) poseen información que
hace referencia de la desaparición continuada, el ocultamiento de
información por parte de la autoridades, así como que los sindicados
pertenecían a la Policía Nacional; así también que dichos Archivos hacían
referencia de la vigilancia y seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad
del Estado antes y durante su desaparición, la existencia y funcionamiento
de las operaciones de limpieza, patrullaje, y registro en la época de la
desaparición forzada de Edgar Fernando García.
Los miembros del Tribunal le otorgan valor probatorio a los documentos
contenidos en el expediente del Archivo de la Policía Nacional, en virtud que
no duda de su veracidad y existencia.
Al ser emitida la presente sentencia en este sentido se le hace justicia a la
víctima y a su familia, siendo los documentos del Archivo Histórico de la
27
Policía Nacional, un medio de prueba que contribuyó a la aplicación de la
justicia.
3.2.2 Sentencia penal donde figura como ofendido Edgar Enrique Saenz Calito C-01070-2008-05160 Of.3º. Acusado Pedro García Arredondo.
Ilustración 4
Encabezado de la sentencia
Ilustración 5
Se presentan fragmentos de algunas pruebas documentales que les fue otorgada valor probatorio dentro de la sentencia.
28
29
30
El subrayado es propio de la autora.
Ilustración 6 Fragmento de la parte resolutiva
El subrayado es propio de la autora.
31
En la presente sentencia en el numeral IV se indican los RAZONAMIENTOS
QUE INDUCEN AL TRIBUNAL A CONDENAR O ABSOLVER y se advierte
como los miembros del honorable Tribunal, después de deliberar y realizar
el análisis de la prueba producida, y con base a las reglas de la sana critica
razonada, fueron otorgando valor probatorio a documentos del Archivo
Histórico de la Policía Nacional, realizando en cada una de ellas la
motivación, ello implicó dar una explicación y razonamiento lógico al por qué
se le fue otorgando valor probatorio a cada uno de los documentos del
Archivo Histórico de la Policía Nacional, siendo uno de los medios
probatorios que sirvió para que el Tribunal resolviera por Unanimidad
declarar responsable como autor del delito de desaparición forzada y delitos
contra los deberes de humanidad al acusado Pedro García Arredondo. Uno
de los aspectos que considero relevantes en la presente sentencia fue que
los miembros del honorable tribunal, por medio de los documentos del archivo
de la Policía Nacional confirmaron extremos declarados por testigos.
32
3.2.3 Sentencia C-01069-1997-00001 Ofendido Edgar Fernando García. Acusados Jorge Alberto Gómez López y Héctor Rafael Bol de la Cruz.
Fragmentos de la sentencia
Ilustración 7
33
34
Ilustración 8 Fragmento de la parte resolutiva
35
En el numeral IV romano se establecen los razonamientos que inducen al
Tribunal a condenar o absolver, con base a las reglas de la sana crítica
razonada…
Que con los documentos que existen en el Archivo Histórico de la Policía
Nacional, comprueban la captura de Edgar Fernando García y su traslado a
un cuerpo policiaco, así como las gestiones que realizaron sus parientes
(esposa y madre) además como los resultados negativos que les dieron a
sus peticiones y a diversos recursos de exhibición personal presentadas las
cuales fueron fallidas. No encontrando pruebas escritas del cautiverio ni de
su muerte.
Con base a imágenes digitales de los documentos del Archivo Histórico de la
Policía Nacional, el honorable Tribunal otorga valor probatorio,
argumentando las razones, que fueron los documentos que sirvieron de base
para la realización de varios peritajes siendo ellos archivístico, histórico de la
estructura policial, estadístico y psicosocial, así también que Edgar Fernando
García fue objeto de vigilancia y seguimiento antes, durante y después de su
detención. Además de la organización interna de la policía así como la
coordinación de la policía con el Ejército de Guatemala, también el
funcionamiento de las operaciones de limpieza, registro y patrullajes
realizadas en esa época.
En la presente sentencia se advierte como los diversos documentos del
Archivo de la Policía Nacional, poseen una riqueza de información, lo que
permitió a los honorables Juzgadores, conocer los acontecimientos de esa
época, el seguimiento y fichaje de las personas consideradas enemigos
internos; es importante indicar que con estos medios probatorios se
contribuyó a la aplicación de justicia, dando como resultado que el honorable
Tribunal declarara responsables como autores del delito de desaparición
forzada cometido en contra de la libertad y seguridad de Edgar Fernando
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García, imponiendo la pena de cuarenta años de prisión inconmutables a los
sindicados Héctor Rafael Bol de la Cruz y Jorge Alberto Gómez López.
Es importante resaltar el aporte, valor y utilidad de los documentos del
Archivo Histórico de la Policía Nacional, como elemento de investigación y
posteriormente como elementos probatorios en los procesos judiciales, y el
reconocimiento de Valor Probatorio otorgado por los Tribunales, y que al
realizarlo se indican las razones que la motivaron.
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CONCLUSIONES
1. Los documentos que obran en el Archivo Histórico de la Policía
Nacional, representan parte del legado histórico de nuestro país, en
los cuales se documentan las graves violaciones a los derechos
humanos, ocurridos en el conflicto armado interno en Guatemala; ya
que los mismos contienen información vital que contribuyen y facilitan
el conocimiento de la verdad. 2. Se sientan precedentes con las sentencias emitidas por los
Tribunales correspondientes en donde los Archivos Históricos de la
Policía Nacional, fueron valorados como medios probatorios, en virtud
que son fuente de información que indican el modo, forma, y tiempo
en que se cometieron las graves violaciones a los derechos humanos
y que fue a través de la sana crítica razonada que permitió el
esclarecimiento de la verdad, ya que fue apreciada conforme a las
reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. 3. Al emitir los Tribunales de justicia las sentencias condenatorias se
proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos,
fomentando la confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de
derecho. 4. Con los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional, se
hizo pública la verdad de lo ocurrido en las causas penales objeto del
presente estudio, y por medio de las sentencias emitidas por los
honorables miembros de los tribunales, se reconoció el derecho de
las víctimas y de sus familias al acceso de justicia; promoviendo con
ello la paz, la reconciliación, la democracia, reparación y medidas de
no repetición.
5. El resultado de las sentencias permite la construcción de una
memoria histórica compartida, el establecimiento de
responsabilidades individuales y del estado; siendo esto un aporte
valioso de los medios probatorios como lo son los documentos del
Archivo Histórico de la Policía Nacional.
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BIBLIOGRAFÍA
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Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Edición
actualizada la 22. a., publicada en 2001.
FIERRO MENDEZ, Heliodoro. La prueba en el derecho procesal penal. En
Colombia 2002. ed: Editorial Leyer (Bogotá). MARTÍN CALERO, Carlos Alcalde. Manual de Gestión de Archivos Administrativos. Diputación de Valladolid, Servicio de Archivo Provisional.
OSTOS, José Martin. La prueba en el proceso penal acusatorio. Universidad de Sevilla (España).
POLANCO, Mario. La desaparición forzada en Guatemala. (Necesidad de
esclarecimiento e investigación). Grupo de Apoyo Mutuo. Oxfam Novib.
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v.33 n.1 Santiago abr. 2006.
LINARES SAN ROMÁN, Juan. Valoración de la Prueba. Derecho y Cambio
Social. VILLALTA RAMIREZ, Ludwin Guillermo Magno. La prueba de testigos en el juicio penal. 2ª. Edición. Agosto 2010.
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LEGISLACIÓN
Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional
Constituyente, 1986.
Código Procesal Penal, Decreto número 15-92 del Congreso de la
República de Guatemala. 1974.
Código Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la República de
Guatemala. 1973.