Torres Silva, el fiscal favorito de Pinochet

Investido de superpoderes en la justicia militar, el fiscal militar favorito de Pinochet lleg a tener ms de 250 procesados por atentados y acciones atribuidas al FPMR. Su figura gruesa, anteojosRaybany declaraciones temibles inundaban los diarios y noticieros de TV. Hasta que se meti con la Vicara y encontr la frrea oposicin de la Iglesia. Despojado del poder de antao, hoy se declara admirador de algunos a quienes fustig en sus aos de gloria. En Fernando Torres Silva se inspira uno de los personajes clave del dcimo captulo de Los archivos del cardenal. La periodista Alejandra Matus escribi su perfil enEl libro negro de la justicia chilena, en cuyo texto se basa este nuevo reportaje de la autora sobre el fiscal Torres.

Por Alejandra Matus

Una encuesta CEP publicada en 1988, revelaba que el 75% de los chilenos conoca al fiscal Torres. Era tan famoso como las figuras polticas estelares en aquel entonces: Ricardo Lagos y Andrs Zaldvar, y ms conocido que Jaime Guzmn, Gabriel Valds y Andrs Allamand. Sin embargo, era tambin el ms repudiado de la lista, con una nota de 2,8.El abogado de la justicia militar, que nunca pis las aulas de las academias castrenses, estaba en el lugar correcto en el momento propicio en 1986, cuando asumi la investigacin, como fiscalad hoco fiscal especial, de la causa abierta en los tribunales castrensespor el asalto a la Panadera Lautaro, cometido por el Frente Patritico Manuel Rodrguez (FPMR) y donde muri un carabinero. Entonces tena el grado de mayor. En 1988, cuando se hizo la encuesta, haba sido ascendido a coronel y como fiscalad hocconcentraba las causas por el asalto a la Panadera Lautaro;la internacin de armas en Carrizal bajo;el atentado contra Pinochet;el secuestro del coronel Carlos Carreo; la fuga del frentista Sergio Buschmann y el asesinato del dirigente de la UDI Simn Yvenes, entre otras.

Como fiscal militar, Torres Silva estuvo a cargo del caso por la internacin ilegal de armas a Chile por parte del FPMR.Archivo diario La Nacin. Universidad Diego Portales.

A esas alturas haba procesado a unas 250 personas, a las que acusaba de distintos grados de vinculacin con el FPMR. Sus mtodos heterodoxos eran blanco de estruendosas crticas de los abogados de derechos humanos, los partidos polticos que haban salido de la clandestinidad de los primeros aos de la dictadura, y aun de partidarios del rgimen, que vean que sus actuaciones alimentaban con argumentos a la oposicin. Sin embargo, Torres segua empinado en la cumbre, con el apoyo frreo del general Augusto Pinochet y su esposa Luca Hiriart.

Esta es la crnica del ascenso y cada del fiscal predilecto de la pareja gobernante.

Un abogado esforzadoTorres tuvo un paso modesto por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la que entr a fines de los aos 50. Le cost titularse. El abogado Roberto Garretn, ex director del Departamento Jurdico de la Vicara de la Solidaridad, fue contemporneo suyo y recuerda que cuando l ingres a la carrera, Torres ya estaba en la Facultad. Y que cuando egres, Torres segua all.

Torres egres en 1965, pero vino a titularse recin en 1974 un ao despus del Golpe de Estado-, con una memoria sobre la jerarqua militar, despus de haber ingresado ya al aparato de justicia del Ejrcito y con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile intervenida. Una de sus primeras tareas en esa reparticin fue participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente despus del 11 de septiembre. Luego, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretara de Legislacin en el Edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta de Gobierno.

En 1986, su nombre comenz a sonar en los medios, cuando fue designado, con el grado de mayor, para investigar el asalto a la Panadera Lautaro, ocurrido el 28 de abril de ese ao. Inmediatamente despus, fue ascendido a coronel. En octubre siguiente, tras el atentado a Pinochet, fue nombrado fiscalad hoc para ese caso, las armas de Carrizal cuya internacin ilegal haba sido descubierta dos meses antes- y cualquier otro proceso en que estuviera involucrado el FPMR.

El fiscal Torres en la investigacin del atentado perpetrado por el FPMR contra Pinochet.Archivo diario La Nacin. Universidad Diego Portales.

El Ejrcito lo dot de recursos jams vistos. Torres cre una megaoficina, con abogados que hizo trasladar desde diversas dependencias militares, en comisin de servicio. El mayor Francisco Baguetti lo ayudaba en el caso del atentado; el capitn Ricardo Latorre, en el de la Panadera Lautaro y el de los arsenales; Carlos Troncoso, en el secuestro del coronel de Ejrcito Carlos Carreo. Su accin hipertrofiada la empez a granjear enemigos dentro de la propia justicia militar. Por ejemplo, el personal de Concepcin resinti que se hubiera apropiado del caso por el asalto al retn policial de Los Quees accin realizada en octubre de 1988 por el FPMR Autnomo y que daba inicio a su llamada Guerra Patritica Nacional-, porque estaba en la jurisdiccin penquista y no en la capitalina.

En el Poder Judicial tambin hubo arqueo de cejas, a los que el coronel respondi con prepotencia. Por ejemplo, en una comunicacin con la Corte de San Miguel -que trataba de ponerle cortapisas al abuso de sus atribuciones pidindole informes, por ejemplo, por la justificacin de los largos plazos de incomunicaciones -, Torres reclam para s el trato de Seora. En una de sus respuestas, sealaba Torres: Se hace presente a Usa Ilustrsima que los fiscales militares, al igual que el resto de los magistrados de los tribunales del pas, merecen el tratamiento de seoras.

Pese a ese difcil entorno poltico, el abogado militar se senta cmodo en su papel. Era una especie de sper procurador, beneficiado por las enormes facultades de que fue dotada la justicia militar, en perjuicio de la justicia ordinaria. El fiscal era generoso con las demandas de los periodistas. Alimentaba constantemente los noticiarios con el resultado de sus averiguaciones. Los canales de televisin podan, sin problemas, tener acceso a sus monos: imgenes de operativos, de allanamientos, de reconstituciones de escena, de armamentos. Peda cotidianamente a los chilenos mantenerse alerta frente a la amenaza del terrorismo y anunciaba estar tras los pasos de los instigadores, de los autores intelectuales de las acciones del FPMR.

(Torres) hace frecuentes declaraciones a la prensa declarando la culpabilidad dequienes investiga, acus Anthony Gifford, del comitde DDHH del parlamento britnico.Archivo diario La Nacin. Universidad Diego Portales.

El oficial de Justicia daba amplia publicidad a complots para asesinarlo que aseguraba haber desbaratado a ltimo minuto y se trasladada con un vistoso equipo de seguridad: dos motoristas le abran el paso; otros dos escoltas viajaban con l; dos ms le cubran la retaguardia en un vehculo distinto.Obtuvo tambin granjeras especiales pitutos en nuestra jerga popular- que incrementaron sus ingresos. En 1986, el ministro de Justicia, Hugo Rosende, firm un decreto autorizando su contratacin como asesor jurdico de Gendarmera.

Tena, adems, otros dos cargos: secretario de Legislacin, por lo cual contaba con una oficina en el Edificio Diego Portales, y era el auditor de la Comandancia en Jefe para asuntos administrativos, cargo que le serva de cobertura para visitar a Pinochet con mucha frecuencia. Pinochet sola decir que slo a Torres le preocupaba el caso por el atentado en su contra. En el rgimen todos lo consideraban uno de sus favoritos.

Los detenidos bajo sus rdenes denunciaron haber sufrido las ms aberrantes torturas en cuarteles de la CNI. Uno de los lderes del FPMR, Sergio Buschmann, el encargado de la logstica de la internacin de armas de Carrizal Bajo, asegur haber sido torturado en presencia del propio fiscal. Sin embargo, Torres lo neg. Ante el tribunal asegur que el episodio denunciado por Buschmann habra ocurrido en La Serena, antes de que l asumiera la investigacin del caso Carrizal. El fiscal no aceptaba paquetes, es decir, prisioneros que llegaran a su despacho con evidentes signos de haber sido torturados, aseguran en su entorno, y agregan que lo primero que ordenaba al recibir a los detenidos que dejaban los cuarteles secretos de la CNI para pasar a sus interrogatorios, era enviarlos al Servicio Mdico Legal, para constatar lesiones.

No obstante, son numerosas las denuncias de los prisioneros de aquella poca que sealan que no lograban diferenciar entre los recintos de la polica secreta y la fiscala. Sus penurias se agravaban por las largas incomunicaciones que sufran los presos, de hasta por 40 das, perodo en el cual estaban a completa merced de los agentes del CNI.

El caso ms dramtico fue el de Karin Eitel, procesada por el secuestro del coronel de Ejrcito Carlos Carreo, ocurrido en septiembre de 1987. La joven apareci en las pantallas de Televisin Nacional confesando su participacin en el plagio, con evidentes muestras de haber sido sometida a torturas.

El propio coronel Carreo sufri el rigor del suspicaz Torres. Despus de ser liberado por sus captores en Brasil, en diciembre de ese ao, a su regreso a Chile fue recluido en el Hospital Militar para enfrentar numerosas y prolongadas sesiones de interrogatorio.

Torres rechaz los cargos en su contra, sealando que tales quejas podan deberse a que se acercaba con sus investigaciones a la cpula del FPMR. A lo mejor, estamos ms cerca de lo que pensamos de algunas tesis en que estamos trabajando Eso ha hecho que el Frente reaccione por la forma ms, rpida intentando eliminar el problema La eliminacin fsica es una de las formas, hay otras como desacreditar o inhabilitar, medios todos que han sido probados contra mi persona, dijo aLa Terceraen aquel tiempo.

Con lo de eliminacin fsica el fiscal haca referencia a los intentos del FPMR por asesinarlo. Al menos dos intentos de atentado hubo en su contra. El primero ocurri en mayo de 1987, cuando la organizacin armada envo a la fiscala un paquete con explosivo T-4, que fue descubierto antes de estallar. En mayo de 1988, dos frentistas en moto intentaron adosar una bomba magntica en el techo de su auto. El artefacto resbal y cay al piso sin explotar.

En dos ocasiones, el FPMR intent asesinar al fiscal Torres: el 87 le enviaron un paquete explosivoque fue descubierto y el 88 trataron de adosar una bomba a su auto que se cay. Archivo diario La Nacin. Universidad Diego Portales.

Justicia aberranteEn marzo de 1987, Anthony Gifford, del Comit de Derechos Humanos del Parlamento britnico, investig denuncias en contra del fiscal y relat que se consignaron incomunicaciones de hasta por 40 das y que los ayudantes del oficial se jactaban de que el jefe era todopoderoso. Hace frecuentes declaraciones a la prensa declarando la culpabilidad de quienes investiga. Impone incomunicaciones a quienes no colaboran con l. Da instrucciones a autoridades carcelarias para que restrinjan las visitas, y distribuye a los presos polticos en alas peligrosas donde, se teme, puedan ser atacados, revel. Se sumaban quejas por encargatorias de reo sin presunciones fundadas y allanamientos ilegales.

Las protestas contra las actitudes del fiscalad hocllegaron hasta las Naciones Unidas.

En diciembre de 1987, el relator especial para Chile en materia de derechos humanos, Fernando Volio, afirm que los procesos hipertrofiados que atiende el fiscal Torres son contrarios al debido proceso legal y, por tanto, se apartan o desvan de lo normal en perjuicio de los derechos de los procesados y quienes los defienden. Y agreg: Torres se ha convertido en un fiscalizador con potestades que exceden toda norma civilizada para investigar casos que se someten a su conocimiento () Es una justicia aberrante la que l hace.

Pero Torres no slo contaba con Pinochet para defenderlo: el ministro Rosende y el procurador general del gobierno (un cargo hecho a la medida de quien lo ocupaba, pues no estaba previsto en la institucionalidad previa), Ambrosio Rodrguez, lo hacan a brazo partido. Tras las declaraciones de Volio, Rosende y Rodrguez se reunieron con Volio para tratar la conducta de Torres. En la ocasin, el ministro increp duramente al funcionario de Naciones Unidas. Le dijo que en Chile exista un orden jurdico vigente que autorizaba las conductas del fiscal y que dicha normativa se seguira aplicando mientras estuviera vigente. El relator, indignado, se puso de pie diciendo: No ped esta reunin para ser sermoneado! y se retir del encuentro. Rosende, consultado por los periodistas, dijo al finalizar la cita que se vio obligado a poner las cosas en su lugar. Torres, empoderado, asegur que los comentarios hechos por el funcionario de Naciones Unidas sobre sus actuaciones lo inhabilitan moral, tica y profesionalmente para hablar de la justicia chilena.

La crisis tuvo que resolverla la Cancillera.

Los tribunales de justicia, sin embargo, ms all de algunas suaves reprimendas, no obstaculizaron su gestin y rechazaron unos 350 recursos de amparo, proteccin e inconstitucionalidad presentados en su contra.

Hasta que el fiscal se meti con la Iglesia.

El caso FichasEl fiscal, como Rosende y otras altas autoridades del gobierno militar, pensaba que la Iglesia era usaba como escudo protector por la oposicin al gobierno y por el FPMR, y la posibilidad de probarlo se le present con el caso de la Panadera Lautaro.Esta fue asaltada el 28 de abril de 1986 por un grupo de frentistas que en su huida se enfrent con Carabineros y mat al polica Miguel Vsquez Tobar. En la refriega muri tambin uno de los asaltantes.

Mdicos de la Vicara de la Solidaridad atendieron el da del asalto a Hugo Gmez Pea, quien dijo haber sido baleado en la pierna durante una protesta. Despus, result ser uno de los asaltantes de la panadera. Torres crey haber encontrado el nexo entre el grupo armado y la Vicara, y proces al mdico y al abogado que asistieron a Gmez Pea.

Al interrogar a funcionarios de la Vicara, Torres pona su arma de fuego sobre la mesa y deca: Usted sabe que yo tengo el poder de meterlo preso o dejarlo libre. Archivo diario La Nacin. Universidad Diego Portales.

Durante la existencia de la Vicara de la Solidaridad sta sostuvo, es efectivo, relaciones con los partidos y organizaciones de ultra izquierda. Se estableci un dilogo en que las reglas del juego estuvieron perfectamente delimitadas. La Vicara defenda a las vctimas de atropellos a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, crmenes, desapariciones), sin importar su creencia poltica; pero no aceptaba actuar como pantalla en la defensa de delitos de sangre o de otro orden que pudieran cometer los militantes de esas colectividades, aun cuando argumentaran legitimidad poltica. Para eso existan otros organismos, como la Corporacin de Defensa y Promocin de los Derechos del Pueblo (Codepu). Tanto el MIR como el FPMR estaban perfectamente al tanto de estos cdigos de conducta.

Torres sostena, empero, que los terroristas tenan en la Vicara su retaguardia de proteccin. El argumento no era slido desde el punto de vista legal, pero su instinto le deca que en ese organismo, colaborador o no de los grupos izquierdistas, las caras que l quera atrapar eran conocidas. Con astucia de sabueso, buscaba hacer caer en trampas a la institucin.

En los interrogatorios a funcionarios menores de ese organismo, Torres usaba todo su poder de persuasin para intentar delaciones. Pona su arma de fuego sobre la mesa y les deca: Usted sabe que yo tengo el poder de meterlo preso o dejarlo libre.

El fiscal estaba obsesionado con el organismo eclesistico. Quera saber todo sobre l: su estructura, organizacin, financiamiento, personal, procedimientos, vnculos, situacin tributaria y el rol del vicario general. Tambin quera conocer la identidad de las personas atendidas por la Vicara, especialmente los heridos a bala. Pretendi apoderarse de todas las fichas mdicas con la esperanza de reconstruir la estructura del FPMR.

La paciencia del vicario general, el obispo auxiliar de Santiago Sergio Valech, se colm cuando Torres allan la sede de la AFP Magister para incautar antecedentes sobre las imposiciones de los empleados de la Vicara de la Solidaridad desde 1981 a 1988.

Valech present dos recursos de queja ante la Corte Marcial, argumentando que el fiscal se haba extralimitado en el mbito de la investigacin del asalto a la panadera Lautaro y estaba entrometindose en la organizacin y funcionamiento de la Vicara de la Solidaridad. De hecho, los medios llamaban ahora a la investigacin el caso Vicara.

Torres Silva utiliz la investigacin del asalto del FPMR a la Panadera Lautarocomo una excusa para investigar a la Vicara de la Solidaridad.Fundacin Documentacin y Archivo de la Vicara de la Solidaridad.

El obispo defendi el secreto profesional. No estaba protegiendo a nadie en particular, sino que la sacrosanta institucin eclesistica del secreto de confesin, base de la confianza que millones de personas han depositado en la Iglesia por siglos. No se trataba tanto de una defensa en un momento puntual en la historia de Chile, como de la proteccin de los fundamentos de la creencia catlica. Ningn poder poltico poda pretender avasallarlos.

La Corte Marcial haba rechazado todas las anteriores quejas en contra del fiscal, aunque en ms de una ocasin le haba advertido, en forma privada, que morigerara su comportamiento. El presidente del tribunal, Enrique Paills, le haba dejado caer consejos y observaciones en las hojas de los expedientes. Hasta que se produjo la resolucin del 7 de diciembre de 1988, en que la Corte Marcial, por cuatro votos a uno, acogi inesperadamente el recurso de la Vicara de la Solidaridad.

Votaron a favor los ministros civiles, Paills y Luis Correa Bulo. Eso era predecible. Lo inesperado fue el voto favorable del representante del Ejrcito, brigadier general Joaqun Erlbaum y el de la Fuerza Area, Adolfo Celedn. Solo la representante de Carabineros, Ximena Mrquez, respald al fiscalad hoc.

El fallo orden a Torres devolver las fichas incautadas en Magister, sin usar sus datos, y circunscribir su investigacin a los hechos estrictamente vinculados con el asalto, abandonando su pretensin de entrometerse con la Vicara.

Terremoto en la justicia militarEl hecho produjo un terremoto en el Ejrcito. El fiscal general de la institucin (superior a Torres, pero inferior a Erlbaum) el comandante Enrique Ibarra, coment que el fallo haba sido poltico, influenciado por el resultado del plebiscito de octubre de ese ao, en que triunf la opcin No, lo que obligaba a Pinochet a entregar el poder en 1990. Sus palabras, que acusaban a su superior de haberse puesto en el bando opositor, desataron una crisis an mayor.

Como favorito de Pinochet, Torres Silva cont con recursos humanos y financieros jams visto por otro fiscal militar. Archivo diario La Nacin. Universidad Diego Portales.

El martes 13, enLas Ultimas Noticiasapareci el primer indicio de la catstrofe. El Ejrcito haba pedido la renuncia a toda la plana mayor de la justicia militar: al general Eduardo Avello, que ocupaba el cargo de Auditor General del Ejrcito; al brigadier general Erlbaum, y a los auditores, coroneles Rolando Melo y Alberto Mrquez, por sus discrepancias con Torres. El propio fiscalad hocse apresur en anunciar que l ocupara el ms alto cargo en la justicia militar, reemplazando al general Avello, pese a la distancia en grado y antigedad entre ambos. Es una decisin del Mando que, en este caso en particular, me enorgullece, dijo al diarioLa Segunda.

Sus palabras desataron una ola de crticas de envergadura no slo en la oposicin. Uno de los principales dirigentes de la derecha, Miguel Otero, en ese entonces vicepresidente de Renovacin Nacional, dijo: En mis treinta y tres aos de ejercicio profesional, nunca antes he tenido conocimiento de que luego de un fallo adverso a un fiscal militar, se llamara de inmediato a retiro al auditor general y al miembro de la Corte Marcial. Le molestaba la oportunidad de la medida, pues era el argumento perfecto para quienes criticaban la falta de independencia de la justicia militar. La mujer del Csar no slo tiene que ser honrada, sino que tambin debe parecerlo, dijo Otero, recurriendo a la conocida sentencia.

El MercurioyLa Segundaeditorializaron en contra de las destituciones. El vespertino dijo que resulta difcil de comprender por lo inoportuna la sola eventualidad de que quien ha sido cuestionado por stas (las instancias judiciales competentes) pudiera venir a sustituir a sus superiores jerrquicos.

En medio de la avalancha de ataques, el Ejrcito aparent retractarse nombrando interinamente al general Rolando Melo Silva, quien, al asumir como auditor general, admiti que la justicia militar estaba en crisis. Torres qued como Fiscal General Militar, en reemplazo del comandante Enrique Ibarra, quien descendi abruptamente tras sus imprudentes comentarios.

Pinochet quera darle el mximo cargo, como auditor general, pero sus asesores le advertan que, como coronel, no le daba el rango. El general incluso habra estado dispuesto a dictar una ley especial para ascender a Torres a general en tiempo rcord, si tal era el requisito para ponerlo en ese puesto, pero no fue necesario. Alguien argument que el cargo era una funcin y no requera legalmente tener un rango jerrquico determinado para ejercerla.

Torres Silva acumul todos los casos en que se investigaba al FPMR, incluido el asalto a Los Quees.Archivo diario La Nacin. Universidad Diego Portales.

Las especulaciones corrieron en los medios de comunicacin. Se dijo que la propia Corte Suprema y la oposicin en el generalato haban influido en el fracaso del nombramiento de Torres. Sin embargo, el 28 de diciembre, da de los Inocentes, la junta de generales, despus de una jornada completa de deliberaciones en el Edificio Diego Portales, demostr que el fiscalad hocera mucho ms poderoso de lo que se pensaba. Con la anuencia del comandante en jefe, representando en este caso por el vicecomandante de la institucin, teniente general Jorge Zincke, Torres fue ascendido al puesto de auditor general en una audiencia extraordinaria.

Sin complejos, ese mismo da la nueva autoridad declar: Yo creo que la crisis, a la cual se habra referido el coronel Melo, no existe. El subsecretario de Justicia y fiel asesor de Rosende, Luis Manrquez Reyes, entreg la opinin de esa cartera: El fiscal Torres es un hroe de la democracia en Chile.

No opin igualEl Mercurio, que en un cido editorial, fustig la falta de prolijidad en el nombramiento: El dao ya est hecho. En momentos en que el combate contra el terrorismo exiga alejar toda posibilidad de desprestigio de los instrumentos con que esa lucha debe llevarse a cabo, se dio prioridad a otras consideraciones, lo cual no har sino dificultar su defensa cuando sea necesario. El dolido desconcierto de los partidarios del rgimen es explicable. Y no puede sorprender el regocijo con que ciertos sectores opositores han seguido el episodio, que es, a no dudarlo, un obsequio para su propaganda.

La Corte Suprema le dio a Torres un ltimo y final espaldarazo al revocar, el mismo da de su nombramiento, las sentencias de la Corte Marcial que lo haban castigado por su actuacin en el caso Vicara. Torres sera, como auditor general del Ejrcito, integrante del mximo tribunal cuando hubiera causas que interesaran a los militares y no luca bien que un magistrado de esa categora llegara con una queja disciplinaria a sus espaldas.

Aunque el ascenso podra haber significado un alivio para la Vicara, porque Torres, en su nueva funcin tendra que dejar los casos, la verdad es que por un tiempo continu prestndoles atencin. l mismo se encarg de avisar que perseverara: Los procesos son como los hijos. No se les puede dejar solos.

Ese verano de 1989, el fiscal militar Sergio Cea se present finalmente en la Vicara a cumplir las rdenes de su superior. Lleg acompaado con los integrantes de su escolta vestidos de civil. Ese da slo estaban en el edificio de la entidad el Vicario y un par de asistentes. No se atendi pblico y todo el personal fue autorizado a ausentarse. No queran ser vistos ni identificados por personal militar. Por lo dems, las fichas que buscaba Cea tampoco estaban all. Precaucin elemental.

El Vicario de la Solidaridad, Sergio Valech, se enfrent pblicamente con el rgimeny se neg a entregar las fichas mdicas que obsesionaban a Torres Silva.Fundacin Documentacin y Archivo de la Vicara de la Solidaridad.

Los asesores de Valech le haban sugerido que vistiera para la ocasin sus prendas de obispo, con bculo y todo. Pero el vicario no quiso. Se limit al simple traje negro con el clsico cuelloclergyman.

Hizo pasar a Cea y le dijo en tono amable:

-Como sacerdote estoy obligado a respetar el secreto profesional y, adems, soy custodio de la confianza que la gente ha puesto en la Vicara; no acepto, por lo tanto, que se registre nuestra sede. Yo no puedo romper mis compromisos. Si usted quiere ver las fichas, tiene que pasar por sobre este obispo.

La sola presencia fsica de Valech, grueso y de elevada estatura, era lo bastante imponente como para intimidar al menudo y delgado Cea. Aunque estaba claro que no se trataba de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el prelado.

Fue una medicin de fuerzas que no dur ms de quince minutos. Amabilidad y tensin se reflejaban al mismo tiempo en las caras del vicario, el fiscal y los escasos testigos de la escena. Cea opt finalmente por retirarse, ordenando el repliegue del contingente de carabineros que haba estado esperando afuera para proceder al allanamiento.

Segn el entorno de Torres, la puesta en escena de esta diligencia como de otras actuaciones en el caso Vicara fueron acordadas previamente en reuniones secretas entre Valech y Torres. El vicario invitaba al oficial a reunirse en conventos, sin prensa, donde conversaban por horas. Valech fumaba cigarrillos Cabaa y desarrollaba para el fiscal su tesis de la inviolabilidad de la confesin. Torres, en tanto, intentaba persuadirlo, seala una fuente, de que su actuar lo tena en cuenta, pues si l hubiera querido, podra haber aplicado la tesis de la lnea del mando y procesar hasta al cardenal por su responsabilidad en el caso de la Panadera Lautaro. No quera enfrentarse con la Iglesia, afirmaba, sino slo perseguir a aquellos dentro de la Vicara que estaban colaborando con los frentistas. Para persuadir al obispo, incluso le entreg copias de declaraciones de algunos procesados, bajo secreto de confesin.

Pese a sus discrepancias, dice la fuente, Torres entenda el papel del Vicario. Nunca hubo golpes bajos.

Roberto Garretn afirma que, en el entendido que Torres los consideraba enemigos, los abogados de la Vicara mantenan un trato cordial con l, aunque l en lo particular se daba el gusto de llamarlo coronel y no fiscal, para remarcar su condicin de militar y ofuscarlo. Relata, adems, que el vicario lo consideraba torpe polticamente, pues acusaba sin base de ser frentista a cualquiera, hasta a familiares, amigos y conocidos casuales de los imputados.

El ocasoEl fin de la dictadura y el inicio del primer gobierno democrtico, encabezo por Patricio Aylwin, fue el primer golpe para el poder de Torres Silva. El ministro de Justicia de Aylwin, Francisco Cumplido, promovi un conjunto de leyes conocidas como leyes Cumplido que permitieron cerrar las causas contra un gran nmero de los procesados por Torres, especialmente las de aquellos que haban sido acusados de ayudistas por actos como facilitar el telfono desde el cual uno de los frentistas hizo un llamado el da del atentado a Pinochet, an sin saber de quin o qu se trataba. Otros fueron indultados o tantos vieron rebajadas sus penas y pudieron salir prontamente en libertad. Un grupo ms reducido, aquellos involucrados en los llamados hechos de sangre, condenados, por ejemplo, a prisin perpetua, pudieron conmutar sus penas por extraamiento.

El Mercurio, 17 de octubre de 1998.

Como auditor general y con rango de ministro de Corte Suprema, en democracia Torres empezara a ocuparse de obstaculizar las investigaciones por violaciones a los derechos humanos. l mismo se haca llamar el Villano invitado cuando deba integrar una sala o el pleno, pues la ley le permita hacerlo cuando se vieran materias que incidieran en el Ejrcito.

En el futuro se le reprochara haber desestimado el peso del juicio contra Pinochet en Espaa y haberle aconsejado viajar sin temor a Inglaterra, en 1998. Tambin sera criticado por viajar personalmente, en 1997, para intentar persuadir al juez espaol Manuel Garca Castelln (predecesor del juez Baltasar Garzn) de que las acusaciones contra el general estaban motivadas por revanchismo poltico y eran una conspiracin del Partido Comunista, con lo que no slo no convenci, sino que, sin haberlo buscado, valid la jurisdiccin espaola para juzgar al militar.

Se lleg a decir que por sus torpes acciones y consejos, habra perdido el favor de la familia Pinochet. No obstante, en el entorno del militar retirado, se asegura que esa amistad nunca se quebr y que incluso an visita a Luca Hiriart, pese a que su relacin con la viuda no era tan cercana como la que tena con su marido.

En abril de 1999, tras el arresto de Pinochet en Londres, renunci al Ejrcito y a su cargo como auditor general, en medio de crecientes presiones para que abandonara el puesto.

Tras la detencin de Pinochet, en 1988, Torres Silva renunci al Ejrcito.Archivo diario La Nacin. Universidad Diego Portales.

Tras la muerte de Pinochet en 2007, Torres fue procesado como integrante de la asociacin ilcita que, segn el magistrado Alejandro Madrid, se cre para sacar de Chile al qumico de la DINA Eugenio Berrio a fines de 1991, y as evitar su comparecencia ante la justicia para que declarara en el caso por homicidio de Orlando Letelier, que haba sido reabierto y entregado al ministro Adolfo Baados. Un ao despus, Berros fue asesinado en Uruguay cuando intent escapar de sus protectores. Torres estuvo recluido ms de un mes en un recinto militar, antes de que se le concediera la libertad bajo fianza.

En 2013, la Corte de Apelaciones aument las condenas en este caso, subiendo la de Torres a 10 aos y un da. Sin embargo, la pena no se ha hecho efectiva pues hay un recurso de casacin en la forma y en el fondo pendiente en la Corte Suprema. Tambin tendr que pronunciarse el Tribunal Constitucional, donde Torres Silva present un recurso por inconstitucionalidad contra las resoluciones judiciales.

A sus 75 aos de edad, hoy, el abogado, a quien Pinochet consigui ascender a general antes del ocaso de su poder, expresa en privado admiracin y respeto por aquellos que en el pasado fustig. Valora, por ejemplo, la labor de los periodistas que han investigado las causas por violaciones a los derechos humanos, como a Mnica Gonzlez, y en su ranking de preferencias ocupa el primer lugar el obispo Sergio Valech.

Torres, de hecho, escribi en 2009 una carta que fue publicada enEl Mercurio, valorando la labor del vicario, cuando ste anunci su retiro como obispo. Valech es un hombre superior, dijo. Una fuente relata que, temprano en la maana de ese da, apenas publicada esa nota, Valech llam al abogado y lo invit a tomar onces. Se hizo una rutina entre ambos reunirse peridicamente, una vez al mes, para conversar, afirma. En algunas ocasiones, Torres le pidi, sin mayores resultados, que intercediera por algunos uniformados procesados, como Odlanier Mena, el ex director de la CNI y enemigo acrrimo de Manuel Contreras. El vicario, dice la fuente, tambin hizo peticiones que se cumplieron discretamente. Ambos siguieron vindose hasta el fallecimiento del obispo, en noviembre de 2010.