trabajo 1 de doctrina (juicios por delitos de acción privada)

8/9/2019 Trabajo 1 de Doctrina (Juicios por delitos de accin privada)

1/20

I

Juicios por delitos de accin privada

en el proceso penal bonaerense

por Jos Luis Ares*

Sumario

1.- Introduccin.-

2. Divisibilidad.-

3.- Querella.-

a. Capacidad.b. Persona Jurdica como sujeto activo.c. Persona Jurdica como sujeto pasivo.

d. Requisitos.

4. Demanda civil.-

5.- Juicio de admisibilidad.-

6.- Desistimiento.-

a. Expreso.

b. Tcito.c. Consecuencias.

7.- Conciliacin.-

a. Audiencia.b. Retractacin.

8.- Trmite posterior.-

a. Citacin a juicio.b. Debate.c. Publicacin de la sentencia.

Notas

1.- Introduccin.- Junto al comn, los cdigos procesales regulan ciertos

procedimientos que difieren de la matriz ordinaria por determinadas circunstancias o

modalidades del trmite de ndole subjetiva, objetiva o pragmtica, que llevan

modificaciones, que generalmente tienden a una simplificacin de las diligencias y/o

abreviacin de los plazos.

Es as que el Cdigo Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires regula, en

el libro III, a los juicios inicindose con el ttulo I que disciplina el procedimiento

comn, y en el ttulo II se contemplan los procedimientos especiales. En lo que aqu

interesa, el juicio por delito de accin privada (captulo II) difiere del juicio ordinario en

virtud de la naturaleza de la accin que implica una menor intervencin estatal. Se trata,

en definitiva, de razones evaluadas por el legislador para apartarse del diseo bsico del

proceso comn, y en el caso que nos ocupa se trata de un procedimiento especial (y no

slo juicio) pues se carece de etapa preparatoria.

*

Juez del Juzgado en lo Correccional nro. 1 del Departamento Judicial Baha Blanca. Profesor AdjuntoOrdinario de la ctedra de Derecho Procesal Penal (U.N.S.) y Profesor de la Especializacin en DerechoPenal de la Universidad Nacional del Sur.


2/20

Es que en las acciones privadas, en el entendimiento que se trata de ilcitos en los

que no se encuentra comprometido el inters del Estado, el legislador encarga al

particular ofendido la tarea de instar la accin y sostener la pretensin e impulsarla en

todo momento a lo largo del proceso; es decir que le incumbe la carga de mantener la

instancia.

Este mecanismo excepcional consagra el poder discrecional de las personas

privadas que poseen plena disponibilidad de la accin; no hay investigacin del Estado

ni interviene el Ministerio Pblico Fiscal.

Por ello el nico sujeto legitimado como parte acusadora es el querellante

exclusivo, que en consecuencia constituye parte esencial en estos procesos,

reconocindosele el derecho de querellar. Se trata de un proceso de neto corte

acusatorio, lo ms parecido a un proceso de partes del derecho privado que se pueda

concebir en el mbito penal, cuyas peculiaridades -desde luego- relucan mucho ms

dentro de esquemas marcadamente inquisitivos.

La vctima puede promover la accin o no hacerlo, renunciar y hasta perdonar la

pena (arts. 59 inc. 4, 60 y 69 del Cdigo Penal), que no obstante sigue siendo estatal,

pues se encuentra fijada en la ley, la decide un rgano oficial y la ejecuta el Estado.

Slo un puado de delitos tramitan por esta va (art. 73 del Cdigo Penal), y

dadas las penalidades previstas respecto a ellos son competencia del juez en lo

correccional (art. 24 del CPP, segn Ley 13.183). Otras normas contenidas en el cdigo

de fondo regulan ciertas cuestiones de la materia bajo anlisis (1).

Es importante resaltar que la Ley 13.943 (B.O. 10/02/09) establece la posibilidad

de una requisitoria de citacin a juicio por parte del particular damnificado, previendo el

cese de la intervencin del Ministerio Pblico Fiscal y la conversin de la accin penal

pblica en privada a cargo de dicho acusador particular (art. 334 bis del CPP).

2.- Divisibilidad.- Como consecuencia de la disponibilidad de la accin ya aludida,

rige el principio de divisibilidad, tanto real como personal, es decir referida a los hechos

y a la persona de los querellados. Por ello, el querellante puede accionar respecto a

todos los hechos o slo a algunos de ellos y contra todos los sujetos activos, o hacerlo

con unos y no con otros. Esta interpretacin se haba visto reforzada con la previsin

que contena el art. 74 del Cdigo Penal, que fuera derogado por la Ley 24.453, en

cuanto obligaba a acusar a ambos culpables al que pretenda accionar por el delito de


3/20

adulterio, por lo que caba inferir que respecto a las otras figuras de accin privada tal

obligacin no exista.

Segn las pautas sealadas, si se renunciara a continuar con el ejercicio de la

accin respecto a uno de los imputados en un proceso en trmite, ello no se extendera a

los coimputados (2).

Sin embargo, la ley procesal es terminante al disponer el desistimiento de la

querella favorece a todos los que hubieren participado en el delito que la motiv (art.

387, ltimo prrafo del CPP), lo cual constituye una excepcin al principio de

divisibilidad. Desde luego que quienes sostienen que estas cuestiones que hacen al

ejercicio de la accin revisten carcter sustancial, entendern que la norma procesal no

podr aplicarse.

Por nuestra parte, pretendiendo efectuar una interpretacin armnica y

sistemtica, sin considerar invlida norma alguna, pensamos que debe entenderse que el

mentado principio de divisibilidad personal rige plenamente antes de provocar el inicio

del proceso, pero no luego de ello, en cuyo caso s deber darse la comunicabilidad del

desistimiento a todos los coimputados. Creemos que no debe perderse de vista que si

bien la ley de fondo guarda silencio respecto a la ltima cuestin, s prev el

aprovechamiento de los partcipes en el caso de perdn de condenados (art. 69 del

Cdigo Penal), por lo que la lnea argumental debe ser la misma en el supuesto del

desistimiento que favorece a los procesados y culmina con el dictado de un

sobreseimiento a su respecto.

3.- Querella.

a. Capacidad.- El art. 8 CPP establece que la accin privada se ejercer por querella, en

la forma que establece ese cdigo, regulando el procedimiento en los arts. 381 a 394.

Toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito deaccin privada tiene derecho a presentar la querella ante el rgano judicial y a ejercer la

accin civil reparatoria (art. 381 CPP). Se ha entendido que la capacidad exigida es la

procesal (3). Tambin gozar de este derecho el representante legal del incapaz respecto

a los hechos cometidos en su perjuicio.

b. Persona Jurdica como sujeto activo.- No podra accionarse contra una persona

jurdica en estos delitos, puesto que -en principio- slo la persona humana puede sersujeto de una accin penalmente relevante, ya que la capacidad de accin, de


4/20

culpabilidad y de pena exige la presencia de una voluntad entendida como facultad

psquica de la persona individual (4). Es que las personas jurdicas carecen de capacidad

de conducta porque toda la elaboracin de la teora del delito gira en torno a la conducta

de la persona humana individualmente considerada. Si bien se est abriendo camino en

el mbito doctrinario y legislativo el reconocimiento de la responsabilidad penal de las

personas jurdicas, como seala Barbero Santos (5) deberan variar los presupuestos del

derecho penal para admitir dicha responsabilidad que desde hace tiempo es reconocida

en los pases del common law.

El Cdigo Penal, al tratar los delitos contra el honor alude a el que deshonrare o

desacreditare (art. 110); el acusado (art. 111); el reo (art. 112); el que publicare o

reprodujere (art. 113); sus autores (art. 114), todo lo cual indica claramente que se

refiere a personas fsicas. Asimismo, el cdigo adjetivo, al indicar los requisitos de la

querella, establece que debe contener bajo sancin de inadmisibilidad el nombre,

apellido y domicilio del querellado (art. 383 inc. 2 CPP), lo que alude indudablemente a

personas fsicas ya que slo stas poseen apellido.

c. Persona Jurdica como sujeto pasivo.- Se encontraba tambin discutido en el mbito

doctrinario y jurisprudencial, la posibilidad de que una persona jurdica pudiera ser

sujeto pasivo de un delito contra el honor, lo que surgira -en la redaccin anterior del

Cdigo Penal- de la expresin contra un particular o asociacin contenida en el art.

117 de dicho cuerpo legal. Sin embargo siempre sostuvimos que la respuesta al

interrogante deba ser negativa, puesto que slo las personas fsicas tienen honor.

Toda discusin al respecto ha cesado pues la Ley 26.551 (B.O. 27/11/09)

establece que los delitos de calumnias e injurias deben dirigirse a una persona fsica

determinada.

d. Requisitos.- Este juicio especial se inicia con la querella del particular, con la que -

superado el anlisis de admisibilidad- comienza directamente la persecucin en sede

jurisdiccional, desenvolvindose el trmite en su totalidad en plenario. La querella es

equiparable a la requisitoria fiscal en los delitos de accin pblica, es decir significa un

ejercicio de la accin penal; constituye un pedido de que se abra la etapa fundamental y

decisiva del proceso en la que se resolver definitivamente la situacin del imputado, si

fracasare la conciliacin. No est de ms aclarar que si bien se tiene ya la base del juicio, la acusacin por parte del querellante exclusivo se cristalizar y perfeccionar


5/20

definitivamente al finalizar el debate oral, expresndose la concreta pretensin punitiva.

La querella define la materia a decidir, sin que el rgano jurisdiccional pueda suplir las

omisiones; implica la delimitacin del objeto procesal y de la cuestin sometida a la

decisin del juzgador.

Debemos sealar que la acumulacin de causas por delitos de accin privada se

rige por las disposiciones comunes (art. 382 CPP), esto es las que disciplinan los casos

de conexidad objetiva y subjetiva (arts. 32 a 34 CPP). Sin embargo no procede la

acumulacin de una causa referente a estos delitos con las que motivan ilcitos de accin

pblica, y ello resulta lgico atento el distinto rgimen de ambos procesos y la

diferenciacin en el sujeto a cargo de la acusacin. Tambin deben acumularse las

causas por injurias recprocas, segn las previsiones del art. 116 del Cdigo Penal pues

el tribunal puede, en estos casos, declarar exentas de pena a las dos partes o a una de

ellas, lo cual constituye una excusa absolutoria (6).

El art. 383 CPP establece la forma y contenido de la querella. Debe presentarse

por escrito con tantas copias como querellados hubiere, personalmente o por mandatario

con poder especial.

Bajo sancin de inadmisibilidad la pieza debe reunir ciertos requisitos. As, debe

contener el nombre, apellido y domicilio del querellante y del querellado; en este ltimo

caso, si se ignoraren, cualquier descripcin que sirva para identificarlo; una relacin

clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicacin del lugar, fecha y hora en que

se ejecut; las pruebas que se ofrecen, acompandose la nmina de testigos, con sus

domicilios y profesiones; y la firma del querellante si se presentare personalmente.

Tambin debe acompaarse, bajo sancin de inadmisibilidad, la documentacin

pertinente, y si no fuere posible hacerlo, se indicar el lugar donde se encontrare. Cabe

entender como documentos no slo los escritos (diarios, revistas, cartas, actas) sino

tambin las grabaciones de audio y de video.

4.- Demanda civil.- Si se pretendiere ejercer la accin civil, junto con la querella se

deber concretar la demanda por cuanto dicho instrumento debe ser equiparado a la

requisitoria fiscal en los delitos de accin pblica. En consecuencia si no se acompaa

la demanda conforme las previsiones del rito civil, somos de la opinin que corresponde

tener por desistido del carcter de actor civil al querellante, o al menos sino formula la

demanda dentro de los cinco das de haber presentado la querella, pudiendo ser intimado


6/20

a ello (arts. 383 inc. 5, 65, 66, 69, 70, segundo prrafo CPP y 330 del Cdigo Procesal

Civil y Comercial).

El actor civil deduce la pretensin de resarcimiento econmico, ejerciendo la

accin civil como accesoria a la penal y ello debe formularse -en los delitos de accin

pblica- antes de la oportunidad prevista en el art. 334 CPP. Por ello, la demanda debe

acompaarse en el mismo acto que la querella o en el perentorio plazo indicado. Se

presenta en el caso un supuesto de heterointegracin normativa, puesto que en todo lo

no expresamente regulado en el CPP rigen supletoriamente las normas del Cdigo

Procesal Civil y Comercial, adaptadas al trmite del proceso penal, por lo que se debe

cumplir con los requisitos de la demanda contenidos en el art. 330 del cdigo adjetivo

civil (art. 69 CPP). Esta exigencia de presentar la demanda por separado y conforme los

requisitos de la ley de forma civil, lejos de ser un exceso ritual, tiene por objeto

permitir el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio y la posibilidad cierta de

contrarrestar adecuadamente la pretensin resarcitoria, en un marco que garantice el

contradictorio. Debe recordarse que la contestacin de la demanda y la oposicin de

excepciones se rigen tambin por las normas procesales civiles (art. 74 CPP).

No deben confundirse los procesos en los casos de delitos de accin pblica y en

los supuestos de injustos penales de accin privada, tenindose presente que la accin

civil es accesoria respecto a la cuestin penal. El acto de instancia de constitucin en

actor civil es distinto a la demanda en los procesos por delitos de accin pblica. Pero

en el ejercicio de la accin privada, que se trata de un juicio especial sin etapa

preparatoria y en virtud de sus peculiares caractersticas, el acto de instancia y el de

demanda se confunden y deben presentarse juntamente con la querella o

inmediatamente despus, por cuanto esta es la requisitoria de apertura del juicio. Como

enseara Clari Olmedo, las leyes ponen un lmite respecto de la oportunidad para

cumplir eficazmente la instancia de constitucin, fijando un plazo de caducidad. Ello sefunda en una mejor organizacin del proceso y en la garanta de defensa del perseguido

civilmente (7).

5.- Juicio de admisibilidad.- El juicio de admisibilidad que debe formular el juez es

de ndole esencialmente formal, atiende especialmente al cumplimiento de los

presupuestos procesales, las condiciones de forma y verosimilitud del derecho

invocado; se trata de un estudio preliminar que, en principio, slo debe limitarse a laverificacin de que los requisitos formales se encuentren cumplidos, y lo referente a la


7/20

procedencia de la accin y al encuadramiento de los hechos en una figura tpica. Resulta

esencial que el particular, con anterioridad a la presentacin de la querella, efecte su

propia investigacin a fin de encuadrar fctica y jurdicamente el caso.

Excepcionalmente, y con limitado objeto, se prev una investigacin preliminar

en sede judicial a pedido de la parte acusadora tendiente a individualizar al querellado o

conseguir la documentacin que deba agregarse al proceso y no pueda conseguir el

querellante (art. 390 CPP).

Si bien el cdigo adjetivo indica que los requisitos previstos por el art. 383 CPP

son bajo sancin de inadmisibilidad, ello deber ser evaluado con cierta flexibilidad por

el rgano jurisdiccional, en atencin a la entidad de la falencia. As, carecera de

razonabilidad rechazar una querella por faltar la copia para traslado, por lo que

pensamos que en tal caso, resultara conveniente intimar al presentante para que en un

plazo perentorio cumpla con la exigencia. Somos de la opinin que la copia del escrito

de querella y de la documentacin acompaada incluye las grabaciones de audio o

video, por lo que deber presentarse una copia por cada parte querellada.

Sin embargo, la querella debe estar totalmente integrada en sus elementos

porque -como dijramos- en ella se trasunta la imputacin, y es la base del juicio,

concretndose objetiva y subjetivamente. Ello es necesario a fin de cristalizar la

pretensin punitiva y posibilitar el adecuado derecho de defensa del querellado, cuyo

ejercicio se halla garantizado constitucionalmente. Es por ello que la ley procesal exige

que la querella contenga una relacin clara, precisa y circunstanciada del hecho (art.

383 inc. 3 CPP), requisito esencial e imprescindible para posibilitar la defensa del

querellado, por lo que su incumplimiento afecta la inviolabilidad de la defensa en juicio.

Es as que el juzgador, al fallar, no podr apartarse del hecho contenido en la acusacin

salvo los supuestos excepcionales de ampliacin previstos en la normativa vigente. En

consecuencia, si de la querella no surge la relacin clara, precisa y circunstanciada delsuceso, con indicacin del lugar, fecha y hora en que se ejecut, ello llevar

necesariamente a la inadmisibilidad de la querella.

Si el hecho que se describiera circunstanciadamente no encuadrara en una de las

figuras de delitos de accin privada mencionadas en el art. 73 del Cdigo Penal, la

querella deber ser desestimada por falta de tipicidad, siempre que ello resulte palmario,

pues de lo contrario se incurrira en un innecesario derroche de tiempo y recursos para

un caso que tendr inevitablemente su suerte sellada (8). Ello, por lo dems, resultacoherente con la facultad que la ley otorga al Agente Fiscal de Instruccin consistente


8/20

en desestimar la denuncia en los delitos de accin pblica cuando los hechos referidos

en ella no constituyan delito (art. 290, segundo prrafo CPP). Reiteramos que el rechazo

de la presentacin del querellante por la causal de atipicidad deber resultar en forma

difana, pues si existieran dudas al respecto se deber dar curso a la querella.

Debemos advertir que una vez declarada inadmisible la querella, por no reunir

las exigencias previstas por el art. 383 CPP, podr presentarse otra conforme a derecho

sin que se transgreda el principio ne bis in idem.

6.- Desistimiento.- Como se viera, conforme el poder de disposicin que posee el

querellante exclusivo en los delitos de accin privada, la accin penal puede extinguirse

por renuncia del agraviado (art. 59 inc. 4 del Cdigo Penal). Es as que la ley adjetiva

disciplina dos formas de desistimiento, el expreso y el tcito.

a. Expreso.- El desistimiento expreso previsto por el art. 384 CPP supone una expresa

manifestacin de voluntad que lo demuestre inequvocamente (9). Ello podr exponerse

por escrito en cualquier estado del proceso o bien oralmente en alguna de las audiencias

celebradas en su transcurso, con debida constancia en acta. Obviamente que el

mandatario deber contar con autorizacin para ello.

Si bien el desistimiento no puede supeditarse a condiciones, puede hacerse

expresa reserva de la accin civil emergente del delito cuando sta no haya sido

promovida juntamente con la penal (art. 385 CPP).

b. Tcito.- Tambin se prev el desistimiento tcito, que Maier (10) prefiere llamar

renuncia presunta, en el art. 386 CPP en tres supuestos: a) cuando el querellante o su

mandatario no concurrieren a la audiencia de conciliacin o del debate, sin justa causa,

la que debern acreditar antes de su iniciacin, siempre que fuere posible y hasta loscinco das posteriores (inc. 1); b) cuando habiendo muerto o quedado incapacitado el

querellante, no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a

proseguir la accin, a los noventa das de ocurrida la muerte o la incapacidad (inc. 2); y

c) si el querellante o su mandatario no instaren el procedimiento durante noventa das

corridos (inc. 3).

Todos los supuestos se refieren a la inaccin del querellante en estos procesos en

los que resulta esencial la carga del impulso, al no admitirse prcticamente ningunaactividad de oficio por parte del juzgado interviniente. Algunos cdigos procesales en


9/20

lugar de desistimiento, hablan de abandono o renuncia de la accin, en este ltimo caso

en consonancia con la terminologa empleada por el cdigo de fondo.

Respecto al supuesto del inc. 1, la justa causa de la incomparecencia deber

ser apreciada por el rgano jurisdiccional; naturalmente que si considera que el motivo

invocado resulta atendible deber fijarse una nueva audiencia de conciliacin o de

debate. Obviamente que en el transcurso del debate podr tambin el querellante desistir

expresamente de acusar o solicitar la absolucin.

El inc. 2 se refiere slo a los delitos de calumnia e injuria, segn lo previsto por

el art. 75 del Cdigo Penal.

Sin dudas, el tema ms espinoso es el regulado por el inc. 3 que presume el

abandono o renuncia de la accin si no se insta el procedimiento durante noventa das

corridos, y es tambin el que desde hace tiempo se encuentra arduamente debatido en la

doctrina y en la jurisprudencia.

Previo a exponer sucintamente este panorama, creemos necesario formular dos

aclaraciones. La primera es que otros cdigos argentinos establecen plazos mucho ms

exiguos, aunque tambin hay digestos que prevn una intimacin previa ante la inaccin

para tener a la parte por desistida de la accin. La segunda aclaracin que se nos ocurre

atinente es que, a nuestro entender, el no instamiento supone que exista un trmite

pendiente que dependa del impulso del querellante; as, si se ha fijado a pedido de parte

audiencia para el inicio de los debates orales a ms de noventa das vista, ello no har

funcionar la causal (11).

Un sector de la doctrina, en lnea con el pensamiento tradicional de la Corte

Nacional, ha entendido que las disposiciones de los cdigos procesales locales que

prevn el desistimiento tcito por inaccin resultan inconstitucionales pues no puede

prevalecer la norma adjetiva dictada por las Legislaturas locales por sobre el derecho de

fondo dictado por el Congreso Nacional en virtud del principio de la unidad de lalegislacin comn para todo el pas (12).

Quienes aducen que existira una invasin legislativa de las provincias sostienen

que estas no pueden reglamentar una ley nacional y slo podran establecer la caducidad

del derecho, agregando que se afectara la igualdad ante la ley en el ejercicio del ius

puniendi (13). Al respecto, la Corte Nacional en el caso Miranda y otro de 1951

declar inconstitucionales normas del cdigo de Crdoba, similares a las aqu

analizadas (14).


10/20

DAlbora (15), por el contrario, invocando a Soler seala que el sobreseimiento

definitivo resulta en estos casos la nica solucin compatible con las garantas

constitucionales protectoras de la inviolabilidad de la defensa en juicio y del debido

proceso legal. Y agrega que parece inicuo supeditar la prolongacin de la incertidumbre

provocada por la promocin de un proceso penal a la sola voluntad del particular

querellante.

Creemos que no se trata de un caso de invasin legislativa la regulacin del

desistimiento tcito en los ordenamientos adjetivos de las provincias, sino que son

disposiciones complementarias y no antagnicas. El desistimiento por inaccin del

acusador privado precisa y delimita el alcance de la renuncia del agraviado prevista en

la legislacin de fondo; atento las peculiaridades de la accin privada -en la que no

existe un inters pblico comprometido- el desinters de la parte actora supone el

abandono de su ejercicio, y ello tiene ntima relacin con el derecho del imputado a ser

juzgado dentro de un tiempo razonable y sin dilaciones indebidas, por lo que ante el

mencionado desinters resulta razonable desligar al querellado del proceso sin que tenga

que soportar la penuria de aguardar hasta que transcurra el plazo de prescripcin de la

accin penal, sometido al capricho del querellante. Debe tenerse en cuenta lo expuesto

por la Corte Nacional en el caso Mattei, en el sentido que debe reputarse incluido en

la garanta de la defensa en juicio (art. 18 CN) el derecho de todo imputado a obtener un

pronunciamiento que ponga trmino del modo ms rpido posible a la situacin de

incertidumbre y de innegable restriccin de la libertad que comporta el enjuiciamiento

penal. Por lo dems, debe tenerse presente tambin que la ley federal opera como marco

que proporciona un nivel mnimo de garantas, que las provincias pueden ampliar (16).

c. Consecuencias.- El desistimiento, sea expreso o tcito, implica que el rgano

jurisdiccional dicte el sobreseimiento en las actuaciones por extincin de la accinpenal (arts. 323 inc. 1 y 387 CPP) y le imponga las costas al querellante, salvo que las

partes hayan convenido otra cosa. El desistimiento favorece a todos los que hubieren

participado en el delito.

7.- Conciliacin.

a. Audiencia.- Una vez que el juez haya efectuado el anlisis de admisibilidad de la

querella y este haya resultado positivo, se debe fijar la audiencia de conciliacin (art.388 CPP), que constituye un acto rutinario y oficioso que debe realizar el rgano


11/20

jurisdiccional (17). Sin embargo, existen tribunales que sostienen que an el

sealamiento de la referida audiencia debe realizarse a pedido de parte (18). Esta

audiencia -que deber celebrarse ante el juez- tiene por objeto permitir el avenimiento

de las partes, y de lograrse ello, la terminacin del proceso.

Si no compareciere el querellante se lo tendr por desistido con costas; se trata

de uno de los supuestos de desistimiento tcito al que nos refiriramos, aunque existe la

posibilidad de que acredite la justa causa de su incomparecencia. En general existe

consenso en que el querellante puede ser representado en esta audiencia, sin que deba

concurrir en persona.

El querellado debe ser notificado personalmente de esta audiencia conciliatoria,

adjuntndole adems copia de la querella y de la documentacin presentada por el

querellante. Resulta conveniente notificar al defensor oficial, para que en caso de que el

querellado concurra sin la asistencia de un abogado de la matrcula, tome la debida

intervencin. Desde luego que si es acompaado por un profesional de confianza,

deber proponerlo como su defensor en la referida audiencia, siendo designado por el

juez, prestando su aceptacin, de todo lo cual se dejar constancia en el acta, la que ser

suscripta por todos los intervinientes, incluido el actuario. El querellado podra solicitar

hacerse cargo de su defensa tcnica conforme lo previsto por el art. 89 CPP, debiendo el

magistrado resolver al respecto en base a las pautas mencionadas en dicha norma, es

decir siempre que no se perjudique la eficacia de la defensa ni se obstaculice la normal

sustanciacin del proceso.

Respecto a la ausencia del querellado, el art. 388, tercer prrafo dispone: Si el

inasistente fuere el querellado, har su defensa el defensor oficial, quien seguir

interviniendo hasta que se presente el accionado por s o por medio de letrado. En este

caso, el defensor oficial puede ofrecer la prueba hasta cinco das despus.

Queda claro que el acto puede cumplirse aun en ausencia del querellado, que deesta manera manifestar en forma implcita su desinters por llegar a un acuerdo con el

acusador privado. El defensor oficial lo representar, tratndose de una excepcin a la

prohibicin de que el imputado sea representado por apoderado, consagrada en el art. 89

CPP. Entendemos que la expresin har su defensa, se trata de un error, puesto que la

oportunidad para ello ser -si el proceso sigue su curso- el debate oral y pblico. Bastar

con que el defensor oficial rechace los trminos de la querella. Si bien la posibilidad de

ofrecer prueba hasta cinco das despus se justifica para permitir que el defensor oficialtome contacto con su asistido, anticipamos nuestra opinin en el sentido que en algunos


12/20

casos resulta conveniente la realizacin posterior de la audiencia preliminar como en

los juicios comunes y correccionales.

Dada la naturaleza de la accin y de estos procesos resulta fundamental

propiciar, generando las condiciones para ello, que se arribe a un acuerdo que resulte

satisfactorio para ambas partes. Por ello, el juez deber propender especialmente a un

dilogo libre y franco entre querellante y querellado, exponindoles previamente las

consecuencias e implicancias de la continuacin del proceso, sin obviar el punto

referente a las costas y su contenido (19).

Puede suceder que en esta audiencia el querellante desista expresamente de la

accin, implicando ello renuncia de la misma, con el consiguiente dictado de

sobreseimiento. Puede suceder tambin que las partes lleguen a un acuerdo, es decir se

concilien en esa audiencia o bien en una oportunidad posterior, sobreseyndose en la

causa y aplicando las costas en el orden causado (art. 389, primer prrafo CPP). Esta

conciliacin requiere el acuerdo de las partes, sin que el juez deba efectuar anlisis

alguno sobre lo decidido, limitndose a dictar el sobreseimiento y fijar las costas como

lo dispone la ley (20). El querellado puede brindar explicaciones o aclaraciones que

resulten satisfactorias para el querellante, arribndose en consecuencia a un acuerdo y a

la solucin del conflicto. Incluso, pensamos que en miras de la finalidad de este acto, el

juez debera acceder -si lo solicitaran ambas partes- a pasar a un cuarto intermedio para

facilitar las conversaciones entre ellas.

La audiencia de conciliacin constitua tambin el momento oportuno y el

mbito adecuado para brindar explicaciones en los casos de calumnias o injurias

encubiertas previstas en el art. 112 del Cdigo Penal que dispona: El reo de calumnia

o injuria equvoca o encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias

sobre ella sufrir.... Sin embargo esta norma fue derogada por la Ley 26.551.

b. Retractacin.- En la audiencia conciliatoria prevista por el art. 388 CPP, y solo en

relacin a los delitos contra el honor, el querellado puede retractarse de sus dichos, ante

lo cual se dictar el sobreseimiento y las costas sern a su cargo, salvo acuerdo en

contrario (art. 389 CPP). Rige el art. 117 del Cdigo Penal que conforme la redaccin

dada por la Ley 26.551 dispone: El acusado de injuria o calumnia quedar exento de

pena si se retractare pblicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo.

La retractacin no importar para el acusado la aceptacin de su culpabilidad.


13/20

En su redaccin anterior la ley se refera al culpable y no al acusado lo que llev

a la doctrina a considerar que la retractacin constitua una excusa absolutoria, que

presupona que se cometi un delito, por lo que no cancelaba el tipo ni la antijuridicidad

de la conducta ni la culpabilidad del autor; y por esa razn no neutralizaba la eventual

responsabilidad civil (21).

Retractarse es revocar expresamente lo que se ha dicho, desdecirse de ello.

Afirmaba Soler (22) que retractarse quiere decir algo ms que reconocerse autor:

significa desdecirse, arrepentirse. Desde luego que no es necesario que se den las

exigencias del acto de cantar la palinodia del antiguo derecho espaol, de donde sin

duda, procede. No son exigibles solemnidades ni frmulas sacramentales, basta con que

el querellado se desdiga, retire lo dicho, en forma amplia y categrica, lisa y llana,

reconociendo, aunque ms no sea implcitamente, haber pronunciado las expresiones

ofensivas (23).

En atencin a que se la consideraba una excusa absolutoria, era el juez quien

deba determinar si la manifestacin del querellado revesta el carcter de una

retractacin, no quedando dicho extremo sometido a la decisin del ofendido, quien de

todos modos deba ser escuchado previo a resolver la cuestin. Insistimos en que ahora

la ley claramente establece que la retractacin no importa para el acusado la aceptacin

de su culpabilidad.

Respecto a la oportunidad procesal en que puede admitirse la retractacin, sin

dejar de reconocer que su mbito natural y especfico ser la audiencia de conciliacin,

creemos que no existe bice para que se extienda a lo largo del proceso hasta el

momento de contestar la acusacin plena y completa en la discusin final del debate

oral. Recordemos que el art. 117 del Cdigo Penal, en su redaccin anterior y en la

actual, abordando indebidamente una cuestin procesal, establece que el acto puede

tener lugar antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo.Debemos sealar que cuando el mentado art. 117 del cdigo de fondo en

materia penal establece que la retractacin debe ser pblica, se entiende, casi sin

discusin que la publicidad que se exige es la referente a cualquier acto del proceso

(24). Afirma Soler (25) que no es posible entender el adverbio pblicamente como si

significara publicacin impresa de la retractacin, y que la publicidad queda cumplida

por el requisito de ser hecha ante el juez, porque pblicos son los actos del proceso.

En efecto, sabido es que la publicidad de los procesos judiciales se encuentraconsagrada constitucionalmente. Al respecto, seala Catucci (26) que el art. 117 no


14/20

exige una forma especial, ni que la retractacin sea hecha en audiencia ante el juez.

Puede realizarse tambin mediante un escrito no reservado, que se agregue al

expediente. Basta, por consiguiente, que el culpable ejecute su retractacin en el juicio

en una de las formas comprendidas en el mbito de la publicidad propia de ese juicio,

para que se tenga por llenada la formalidad de la publicidad. Sin embargo, creemos que

acorde con el sistema procesal que nos rige -en el que se tiende a que la mayora de los

actos sean orales y se posibilite el contradictorio, la inmediacin y la publicidad-

resultar al menos conveniente que la retractacin se manifieste en una audiencia

pblica, normalmente la prevista por el art 388 CPP, o en una designada ad hoc a

peticin de parte, incluso si se hubiera realizado mediante la presentacin de un escrito.

Naturalmente que la publicacin a que alude el ltimo prrafo del art. 389 CPP

se refiere a otra cosa. Abordaremos el tema ms adelante.

8.- Trmite posterior.

a. Citacin a Juicio.- Habiendo fracasado la audiencia de conciliacin, corresponde que

el juez disponga la citacin a juicio a pedido de parte; existe un trmino de veinte das,

que entendemos demasiado prolongado, para oponer excepciones, de conformidad a las

previsiones de los arts. 328 a 333 CPP (art. 391 CPP). Tambin se establece en la norma

citada en ltimo trmino que el civilmente demandado deber contestar la demanda,

segn las disposiciones del Cdigo Procesal Civil y Comercial. Se nos ocurre que ello

no obsta a que dicha contestacin se produzca en el debate que es el mbito natural

donde deber darse la discusin respecto a la cuestin civil, conforme las previsiones de

los arts. 354 y 368 CPP. Lo contrario lleva a desnaturalizar el proceso oral aun cuando

dicha cuestin sea accesoria respecto a la penal.

Si bien las normas adjetivas que regulan los procesos por delitos de accin

privada no la imponen expresamente, creemos que la experiencia ha enseado laconveniencia de la realizacin de la audiencia preliminar, fundamentalmente a efectos

de sanear y clarificar el material probatorio que las partes utilizarn en el debate.

Naturalmente que la fijacin de esta audiencia ser a peticin de parte una vez vencido

el plazo de veinte das ya aludido. Luego de esta audiencia, el juzgador dictar una

resolucin respecto a las cuestiones que se hayan planteado.

Segn una corriente de opinin el juez podra disponer de oficio, como

excepcin a la regla general, se recabe informacin acerca de los antecedentes penalesque pudiera registrar el querellado, lo que habitualmente no es solicitado por el


15/20

querellante. Dicha informacin no se tratara estrictamente de prueba referente a la

acreditacin del hecho, pero s resulta imprescindible contar con ella para la eventual

correcta graduacin de la pena conforme las pautas establecidas en el Cdigo Penal.

Recordemos que la imposibilidad de actuar de oficio por parte del rgano jurisdiccional

rige aun en las causas por delitos de accin pblica y sin embargo el art. 18 CPP

dispone que en casos de unificacin de penas el juez debe solicitar los testimonios

respectivos, de oficio o a peticin de parte. En este sentido seala Catucci (27) que lo

nico que el juez puede hacer de oficio, es recabar a la Polica Federal y al Registro

Nacional de Reincidencia los antecedentes del querellado, en virtud de lo dispuesto por

los arts. 26 y 41 del Cdigo Penal. Obviamente que la alusin a la polica debe

entenderse la correspondiente a la jurisdiccin del magistrado. No obstante, si el juez no

recabara la informacin en forma oficiosa ni fuera pedida por la parte querellante, al

momento de fallar -obviamente- deber considerar que el querellado no registra

antecedentes.

b. Debate.- La fijacin de la audiencia de debate tambin ser a peticin de parte; el art.

392 CPP remite a lo reglado por el art. 339 CPP, aunque se refiere al presidente, y como

vimos, al menos con el catlogo de delitos actualmente contenido en el art. 73 del

Cdigo Penal, ser competente el juez en lo correccional.

Respecto a las reglas que deben regir el debate, el art. 393 CPP remite a las

disposiciones del juicio comn. El querellante tendr las facultades y obligaciones

correspondientes al Ministerio Pblico Fiscal, por ello le compete la iniciativa

probatoria (art. 367 CPP); trazar la lnea de su acusacin al iniciarse el juicio oral y

acusar en las postrimeras del mismo, pudiendo desistir de hacerlo. Recordemos que si

el querellante no concurriere al debate se lo tendr por desistido de su accin, lo mismo

si se ausentare al momento de la discusin final.El querellante podr ser interrogado pero no se le requerir juramento (art. 393

in fine CPP). Esta disposicin es explicada por Domnguez (28) diciendo que la ley lo

equipara al fiscal, y si se le tomara juramento estara en inferioridad de condiciones en

relacin a ste. Por su parte, Hortel (29) critica la regla afirmando que el fiscal es parte

en sentido solamente formal, mientras que el querellante es parte material, defendiendo

su propio inters. Agrega que el art. 18 CN podra llegar a amparar al demandado en el

juicio civil, pero nunca al que acciona penalmente en contra de otro, ya que elquerellado debe tener la elemental garanta de que el querellante tenga al menos la


16/20

amenaza del falso testimonio. Concluye el autor citado que aunque el querellante

escape al juramento, ello no impide que ese testimonio pueda ser valorado de acuerdo

con la sincera conviccin del rgano de juicio, aunque con mayor rigurosidad atento la

falta de compromiso aludido. Coincidimos con esta afirmacin.

Tambin rigen las disposiciones del juicio comn respecto del veredicto,

sentencia, recursos y ejecucin (art. 394 CPP). Por esa remisin deber tenerse presente

que aunque el juicio se lleve adelante por el juez en lo correccional, las disposiciones

del debate son las del juicio comn, en consecuencia el plazo para dictar el fallo ser de

cinco das y de siete si se hubiera planteado la accin civil.

En cuanto al encuadre jurdico del hecho, si bien tradicionalmente se admiti la

posibilidad de que el juez otorgue una calificacin distinta a la de la acusacin sin

transgredir el principio de congruencia, modernamente se ha ido limitando esta facultad,

lo que aparece ahora previsto expresamente en el art. 375 inc. 1 CPP, segn Ley 13.260.

Esto aparece mucho ms marcado, si cabe, en estos procesos, quedando dentro de las

facultades del damnificado la calificacin del suceso, y fuera de la rbita del juzgador,

quien s en cambio deber determinar si la conducta resulta tpica. As ha sealado

Falcone (30) que en este tipo de juicios se relaja el principio iura novit curia, al

integrarse la cuestin fctica con el nomen iuris de la ofensa. En este orden de ideas

sostiene Catucci (31) que si se entabl accin nicamente por injurias, no puede

condenarse por calumnias, pues en este supuesto se lesionara la defensa en juicio.

c. Publicacin de la sentencia.- Respecto a los delitos de calumnias e injurias podr

ordenarse, a peticin de parte, la publicacin de la sentencia en la forma que se entienda

adecuada, a cargo del vencido (art. 394, segundo prrafo CPP). Ello se relaciona con el

art. 114 del Cdigo Penal que se refiere a los casos en que las ofensas hayan sido

propaladas por medio de la prensa. A nuestro entender se trata de una facultad delrgano jurisdiccional, que slo puede disponer la publicacin a peticin de parte y

siempre y cuando, los dichos ofensivos hayan sido difundidos por la prensa. De igual

forma funciona la publicacin de la retractacin (art. 389 in fine CPP), a la que el art.

114 del Cdigo Penal menciona como satisfaccin. Una interpretacin dinmica y

finalista de las disposiciones citadas lleva a sostener que la publicacin debe

referirse tambin a otros medios de comunicacin como la radio, la televisin e internet.

En general se entiende que la publicacin tiene naturaleza reparatoria por lo quedebe guardar una cierta equivalencia la manera en que la ofensa fue inferida con la


17/20

manera de la reparacin, en cuanto a la forma, al lugar y al nmero de veces en que se

debe hacer la publicacin (32). Su incumplimiento puede configurar el delito de

desobediencia (art. 239 del Cdigo Penal).

Soluciones dismiles ha motivado la cuestin de la desaparicin del peridico

donde se publicara la ofensa; para unos existira imposibilidad de cumplir el mandato

legal, mientras que hay quienes sostienen que se puede publicar en otro medio, aunque

algunos sealan que ello debi pedirse oportunamente, en subsidio, ante la eventualidad

de que pudiera suceder el cierre.

NOTAS

1) As, el art. 59 inc. 4 establece la extincin de la accin por la renuncia del agraviado. Se dispone

asimismo que la renuncia de la persona ofendida slo perjudica al renunciante y a sus herederos (art. 60);

que el perdn de la parte ofendida extingue la pena (art. 69); que la accin por calumnia o injuria, podr

ser ejercitada slo por el ofendido y despus de su muerte por el cnyuge, hijos, nietos o padres

sobrevivientes (art. 75); y que se debe proceder por querella del agraviado o de sus guardadores o

representantes legales (art. 76).

Respecto a la posibilidad de ejercer la accin por parte de los herederos del ofendido fallecido en los

delitos contra el honor, pensamos que ello se refiere a ofensas proferidas en vida de la vctima, pues no

existe accin para proteger el honor de los difuntos, ya que la existencia jurdica de las personas fsicas

termina con la vida natural (art. 103 del Cdigo Civil). Esta parece ser la opinin mayoritaria y fue el

criterio triunfante en el conocido fallo plenario de la Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional, en

el que se sostuvo que carecan de accin las personas mencionadas en el art. 75 del Cdigo Penal para

querellar por las ofensas proferidas a la memoria del pariente o cnyuge despus de su muerte (in re

Romay del 19/12/72, Jurisprudencia Argentina, 18-1973-179).

2) Sebastin SOLER, integrando la Cmara Penal de Apelaciones de Rosario, seal que la renuncia

contra uno de los copartcipes no se extiende de iure a los dems, sino que la cuestin se rige por los

principios generales del desistimiento, ello as por cuanto el legislador respecto al perdn dispuso que si

hubiere varios partcipes el perdn a favor de uno de ellos aprovechar a los dems. Al no establecerlo en

el caso de la renuncia, tratndose de dos supuestos claramente diferenciados, no cabra inferir un olvidodel autor de la norma, sino un tratamiento distinto a dos situaciones tambin diferentes (causa Herrera,

del 30/12/37, cit. por Guillermo J. FIERRO, Cdigo Penal y normas complementarias. Anlisis doctrinal

y jurisprudencial, tomo 2 B, segunda edicin, Hammurabi, 2007, pgs. 401/402).

3) BERTOLINO, Pedro J., Cdigo Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, comentado y

anotado con jurisprudencia provincial, novena edicin actualizada, Abeledo Perrot, 2009, pg. 674;

DLBORA, Francisco J., Cdigo Procesal Penal de la Nacin, anotado, comentado y concordado,

cuarta edicin, Abeledo Perrot, 1999, pg. 742.

4) MUOZ CONDE, Francisco y GARCA ARN, Mercedes, Derecho Penal. Parte General, Tirant

lo blanch, 1996, pg. 236.


18/20

5) BARBERO SANTOS, Marino, Responsabilidad penal de las personas jurdicas?, Doctrina Penal,

ao 9, Depalma, 1986.

6) VZQUEZ ROSSI, Jorge E., La proteccin jurdica del honor, Rubinzal-Culzoni Editores, 1995,

pg. 136.

7) CLARI OLMEDO, Jorge A., Derecho Procesal Penal, tomo II actualizado por Carlos AlbertoCHIARA DAZ, Rubinzal-Culzoni Editores, 1998, pg. 122.

8) Al respecto seala Roberto FALCONE que si bien la ley adjetiva no le impone al querellante la

obligacin de calificar legalmente el hecho, no es menos cierto que si ste no se adecua a los

requerimientos del tipo legal, el juez debe proceder a su desestimacin. Y agrega ms adelante que el

derecho a la jurisdiccin asignada al acusador privado no implica la obligacin de tramitar un proceso con

dispendio de actividad jurisdiccional, si se advierte en el hecho su falta de adecuacin al tipo penal (El

juicio por delitos de accin privada, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, ao VIII, nro. 14,

Ad-Hoc, 2002).

As lo ha resuelto la jueza en lo correccional de Mar del Plata, doctora Jorgelina Camadro al sostener que

en los juicios por delitos de accin privada, el mbito de la decisin jurisdiccional no slo debe ceirse a

los hechos afirmados por el acusador sino tambin a la calificacin asignada por l. As, el juez debe

decidir si la querella tiene mrito para disponer su avocamiento si los hechos descriptos encuadran en

alguna de las figuras descriptas por aquellos delitos atenindose al relato formulado, desestimndola de

no ser as -causa C., M. A., 15/03/99, La Ley 1999-C-310-, con nota aprobatoria de FALCONE, quien

sostiene que la desestimacin resuelta, por no adecuarse los hechos descriptos al tipo legal de calumnias,

se encuentra ajustada a derecho, y en modo alguno ha desconocido el derecho a la jurisdiccin, que como

garanta de raigambre constitucional ampara al querellante. Es que la Cmara de Apelacin y Garantas

revoc aquel pronunciamiento de primera instancia invocando la privacin del derecho de jurisdiccin y

afirmando que se desnaturaliza el procedimiento, debiendo efectuarse slo un examen de admisibilidad

formal y comprobarprima facie el objeto sobre el cual apunta la acusacin particular.

Por el contrario, la CN Crim. y Corr. Fed., Sala 2 ha reconocido la posibilidad de que el juez opere como

filtro o tamiz de las querellas instauradas por delitos de accin privada, pues resulta difcil aceptar que tal

atribucin slo exista para los delitos ms graves, que conmueven con mayor intensidad la pacfica

convivencia de la comunidad, y no para los ms leves, cuya persecucin no interesa al Estado sino

exclusivamente al particular ofendido o damnificado (causa 9497, Mondino, res. del 17/09/93; causa

23.030, Rico, res. del 27/10/05).9) FALCONE, El juicio por.

10) MAIER, Julio B. J., La renuncia a la accin penal privada y el abandono de la querella, Nueva

Doctrina Penal, 1997/B, Editores del Puerto, pg. 745 y ss.

11) En este sentido se ha resuelto que el desistimiento tcito en los trminos del art. 386 inc. 3 CPP opera

siempre que el proceso no estuviere pendiente de una resolucin judicial, cuyo dictado sea consecuencia

procesal de la actividad ya desplegada por la parte, y la demora en pronunciarla no resulta imputable a

aqulla (TCP, Sala III, causa 7940, sent. del 6/07/04, voto del juez Mahiques en mayora).

12) Desde luego que en la base de esta discusin se encuentra la disputa entre la postura que asigna a la

accin penal el carcter sustancial y la que la concibe como procesal, ms all de donde se encuentre


19/20

regulada, y todo el complejo tema de los poderes que las provincias delegaron en la Nacin y los que se

reservaron para s.

13) FALCONE, El juicio por. Ricardo C. NUEZ sostuvo que el efecto de la omisin no puede ir

ms all de un desistimiento o absolucin de la instancia (Cdigo Procesal Penal de la Provincia de

Crdoba anotado, Lerner Editora, 2007, pg. 530), solucin que -como sostiene MAIER- resultainadmisible frente al principio ne bis in idem (La renuncia).

14) CSJN, caso Miranda y otro de 1951, Fallos, 219: 400. El Alto Tribunal, al asimilar el desistimiento

implcito a la renuncia del agraviado establecida en el art. 59 inc. 4 del Cdigo Penal como una de las

causas extintivas de la accin en los delitos de accin privada, y al entender que esa renuncia no

constituye materia en que puedan legislar las provincias, en virtud del actual art. 75 inc. 12 CN, invalid

las disposiciones locales, a las que juzg repugnantes a la previsin de la mencionada norma de fondo.

Ms recientemente la Corte fall en la misma direccin en relacin a ordenamientos procesales penales de

las Provincias de La Rioja, Tucumn y Chaco (Fallos, 267: 468; 276: 376 y 308: 2140). En igual sentido,

e invocando precedentes del tribunal cimero del pas, se pronunci la Cmara Nacional de Casacin

Penal, Sala I, causa 449, Balza, sent. del 14/08/95, El Derecho, 170-193, con nota favorable de

Nemesio GONZLEZ; y Sala III, causa 692, Pazos, sent. del 30/04/96. Sin embargo, respecto a la

aplicacin del CPPN se debe reparar en que es el Congreso Nacional quien dicta tanto el Cdigo Penal

como el digesto procesal y que una nueva norma, en el libro que fuere, puede ampliar los supuestos de

extincin de la accin penal contenidos en el derecho de fondo, debiendo debatirse -en todo caso- si ello

tiene alcance para todo el pas, o -al menos- habilita a las distintas provincias a legislar en tal sentido (cfr.

BERTONI, Eduardo Andrs, La constitucionalidad de los arts. 422 inc. 1 y 423 del Cdigo Procesal

Penal de la Nacin, Nueva Doctrina Penal, 1996/A, Editores del Puerto, pg. 177 y ss.; MAIER, La

renuncia).

15) DLBORA, Cdigo, pg. 750. El TCP, Sala II -por mayora- sostuvo que al regular

procesalmente en la Ley 11.922 el desistimiento tcito, la Provincia de Buenos Aires no violent en modo

alguno la competencia del Congreso Nacional consagrada en el art. 75 inc. 12 CN. El art. 59 del Cdigo

Penal lo nico que establece es que la accin penal se extinguir en los casos de delitos de accin privada

por renuncia del ofendido, pero no puede sostenerse vlidamente que sea la ley sustantiva la que debe

regular la manera que dicha renuncia es incorporada al proceso, en tanto el dictado de normas procesales

es una facultad no delegada por las Provincias en la Nacin. Y agrega el Alto Tribunal: lo nico que exige

la ley de fondo es que sea el querellante (o algunos herederos) quien renuncie al ejercicio de la accinprivada emergente y esa renuncia puede adoptar cualquier forma que en ejercicio de sus competencias

consagren las legislaturas provinciales, como lo hizo la Provincia de Buenos Aires en el art. 386 CPP

(causa 20.946/II, F., D. G., sent. del 2/11/06).

16) ZAFFARONI, Eugenio Ral, ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro, Derecho Penal. Parte

General, Ediar, 2000, pg. 163.

17) DLBORA, Cdigo, pg. 754; FALCONE, El juicio por. BERTOLINO conceptualiza a la

audiencia de conciliacin sealando que es el acto previo al juicio propiamente dicho, que se realiza en

aras de lograr el avenimiento entre querellante y querellado. La conciliacin se produce cuando las partes

se avienen a eliminar sus diferencias en razn de que el querellado brinda explicaciones que el querellante


20/20

considera suficientes. Afirma tambin que la celebracin de esta audiencia es imperativa si nos atenemos

al texto de la norma en cuanto establece se convocar (Cdigo, pg. 681).

18) C. Fed. Crim. y Corr., Sala II, 14/03/00, La Ley 2001-A-426.

19) Al respecto ha sealado con toda justeza VZQUEZ ROSSI: Este acto reviste una importancia

fundamental, que no siempre es correctamente comprendida por los jueces. No se trata de una meraformalidad, sino del momento previsto para un responsable intento de avenimiento en el que, sin forzarse

ni irse ms all de la voluntad de las partes, es necesario extremar los recursos para que el conflicto se

supere (La proteccin, pg. 188). En igual sentido expresa Eduardo C. HORTEL que la

conciliacin comporta un acto procesal complejo, integrado por la voluntad de las partes, que no es

meramente formal, de manera que debe existir una actividad concreta y alentadora del rgano

jurisdiccional, que anime a las partes a arribar a una solucin del litigio (Nuevo Cdigo Procesal Penal

de la Provincia de Buenos Aires, Universidad, 1998, pg. 534).

20) BERTOLINO, Cdigo, pg. 681.

21) FALCONE, El juicio por; SOLER, Sebastin, Derecho Penal Argentino, tomo III, La Ley,

1945, pg. 317.

22) SOLER, Derecho, tomo III, pg. 317.

23) La Corte Suprema Nacional ha caracterizado a la retractacin como acto significativo de revocar

expresamente lo que se dijo; desdecirse de ello aun cuando no sea preciso reconocer que se han falseado

los hechos. Presupone el reconocimiento expreso de haber sido el autor o partcipe en la propalacin de

una ofensa (CSJN, La Ley del 13/10/98, f. 97.956, cit. por DLBORA, Cdigo, pg. 757).

24) CATUCCI, Silvina G., Libertad de prensa. Calumnias e injurias, Ediar, 1995, pg. 305.


26) CATUCCI, Libertad, pg. 305.

27) CATUCCI, Libertad, pg. 114.

28) DOMINGUEZ, Cdigo Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires comentado , seccin

juicios, AAVV, Rubinzal-Culzoni Editores, 1997, pg. 331.

29) HORTEL, Cdigo, pg. 539.

30) FALCONE, El juicio por.

31) CATUCCI, Libertad, pg. 120. En igual sentido se ha resuelto que es nula la sentencia en que,

en una querella por calumnias, al par que se concluye que no se ha configurado en el caso ese delito, se

condena por el de injurias, sin que haya mediado ejercicio de la accin privada al respecto (CN. Crim.,Sala I, causa 21.009, Marc, 25/04/78).


trabajo 1 de doctrina (juicios por delitos de acción privada)

Documents