tribuna penitenciaria
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Revista mensual de CCOO prisionesTRANSCRIPT
ofertas de empleo público en prisiones seguirán siendo ridículas, y por consiguiente el deterioro de las condicio-nes de trabajo en prisiones
seguirá empeorando.
Por eso, desde CCOO, pedimos al resto de las organiza-ciones sindicales, seriedad y compro-miso con los retos que nos depara el futuro en IIPP. Es el momento de abor-dar los problemas reales que tiene nuestra casa, que no son otros que el défi-cit de empleados públicos en Institu-
ciones Penitenciarias y las consecuencias que generan esa falta de plantillas en nuestra condiciones de tra-bajo.
Sin trabajadores no se pue-den seguir gestionando las prisiones.
La institución está a la deriva y necesita que todos los em-pleados públicos penitencia-rios remen en la misma di-rección. Si nosotros no de-fendemos a nuestro colecti-vo nadie lo hará por noso-tros.
NO SON MOMENTOS DE RUIDO Y DISTRACCIÓN, SON TIEMPOS DE MOVILIZA-CIÓN.
Estatal de IIPP CCOO
En mayo del 2010 y después de la publicación del RD 8/2010, los sueldos de los empleados y empleadas públicas de este país sufrie-ron un duro recorte sin parangón en nuestra historia re-ciente. El Gobierno puso la lupa sobre los empleados públi-cos y ayudó a difun-dir la imagen de pri-vilegiados que cierta parte de la sociedad tiene sobre los traba-jadores públicos.
Por mucho que algu-nos medios de comu-nicación intenten di-bujar unos servicios públicos hipertrofiados, los datos son contundentes: el porcentaje de población que trabaja en los servicios públi-cos es de un 9%,muy por debajo de la media de la UE-15(15) y solo por encima de los portugueses. Estos datos demuestran que nuestro sector publico esta muy po-co desarrollado.
Ante este recorte, extrema-damente grave para los em-pleados públicos de este país, CCOO salió a la calle y convocó la huelga en la fun-ción pública el 8 de Junio, y posteriormente la Huelga General del 29 de Septiem-bre donde también se reivin-dicó la recuperación de las pérdidas salariales.
Otras organizaciones sindica-les ni acudieron, alegando
las excusas más peregrinas o se dedicaron a desmovilizar al personal de IIPP. Nos pre-guntamos cómo piensan estas organizaciones que
recuperemos nuestros dere-chos económicos laminados. Creen que a base de escritos o panfletos nos devolverán lo que nos han quitado, o entienden que el rumor co-mo elemento de distracción va a servir para tapar su acti-tud lamentable frente a los trabajadores públicos.
Son muchas las preguntas que nos hacemos y que deja-mos a vuestra reflexión.
Nuestra posición es clara ante medidas tan traumáti-cas: solo caben respuestas contundentes. No caben las medias tintas, no cabe el rumor ni la distracción. El escenario presupuestario de los próximos años nos traerá nuevos recortes, continuará la congelación del sueldo con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, las
“...ante medidas tan traumá-ticas: solo caben respuestas contundentes”
Editorial Algunos parecen enterarse ahora que nos han bajado el sueldo
S u m a r i o
CCOO ante la
propuesta del
Gobierno sobre la
modificación de
Clases Pasivas
2
La vigilancia de la
salud en II.PP. 4
El Trabajo en Bene-
ficio de la Comuni-
dad en las Prisiones
6
El rumor, un instru-
mento al servicio
de la manipulación
8
La precariedad
laboral en Institu-
ciones Penitencia-
rias
10
¿Resignados? 12
Las dos soluciones
de la Administra-
ción para los pro-
blemas del Régimen
Abierto y los CIS:
revolverse y clavar
el aguijón
14
CCOO participa en
las Conferencias
Europeas de Prisio-
nes en Atenas
16
Tribuna Penitenciaria Estatal de CCOO IIPP
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N ú m e r o 3 - J u l i o 2 0 1 1
P á g i n a 2
”...el Sistema
de Clases
Pasivas
resulta peor
que dicho
Régimen
General…”
Opinión
CCOO ante la propuesta del Gobierno sobre la
modificación de Clases Pasivas
En síntesis, la propuesta del Go-bierno consistía en "confluir" con el Régimen General de la Seguri-dad Social en aquellos aspectos en los que éste endurece las condicio-nes de acceso a las prestaciones (como por ejemplo la jubilación anticipada), manteniendo todos aquellos aspectos en los que el Sis-tema de Clases Pasivas resulta pe-or que dicho Régimen General: haber regulador muy inferior a las retribuciones reales, escala de por-centaje de dicho haber en función de los años cotizados que impone mayores penalizaciones, período de cálculo más perjudicial al con-templar toda la vida laboral y pe-nalizar, con ello, las promociones que hubiera tenido, no acceso a la jubilación parcial, etc.
La decidida oposición de CCOO a dicho planteamiento provocó que el Gobierno retirara su propuesta y se comprometiera a abrir un pro-ceso de negociación global en los términos en los que lo establece el Acuerdo Social y Económico (ASE) firmado por CCOO y UGT el pasado 2 de febrero y que, en síntesis, son:
Negociación conjunta de las tres materias que fija el ASE: sistema de clases pasivas, desarrollo del
Estatuto Básico del Empleado Público y revisión de los acuerdos pendientes, fundamentalmente el Acuerdo de Función Pública de 25 de septiembre, incumplido por el Gobierno con el recorte salarial y de empleo público.
En materia de pensiones y pres-taciones de Seguridad Social, ne-gociación conjunta de todas las materias, tanto las que afectan al sistema de clases pasivas como otras que afectan al conjunto de empleados públicos, como por ejemplo, el acceso a la jubilación parcial, entre otras.
Hay que recordar que en el sistema de clases pasivas están en la actua-lidad algo más de un millón de fun-cionarios y funcionarias de la Ad-ministración General del Estado, docentes, Fuerzas Armadas y Cuer-pos de Seguridad del Estado, Admi-nistración de justicia, Correos, así como los funcionarios que fueron transferidos a las comunidades autónomas y se hayan mantenido en dicho sistema.
Propuestas de CCOO
CCOO ha aprobado en su último Consejo confederal celebrado el 11 y 12 de mayo sus propuestas relati-vas al sistema de clases pasivas,
T r i b u n a P e n i t e n c i a r i a
A mediados del mes de marzo, y al calor de la previsible solicitud de
"rescate" de Portugal —luego confirmada—, y de las consecuencias
que ese hecho pudiera tener sobre la deuda española, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero remitió una propuesta de modificación del sistema
de clases pasivas, que pretendía que fuera negociada en poco más de
48 horas para su inmediata aprobación.
P á g i n a 3 N ú m e r o 3
entre las que destacan las siguientes:
1. Reiterar que la negociación debe abarcar las tres materias que fija el ASE y que sólo habrá acuerdo si éste es equilibrado tanto en su conjunto como en cada uno de los apartados.
2. Insistir en que en lo que hace refe-rencia a las prestaciones de Segu-ridad Social, la negociación no de-be abarcar sólo al sistema de cla-ses pasivas sino también a aque-llas materias comprometidas e incumplidas por el Gobierno como el pleno acceso a la jubilación par-cial del conjunto de empleados públicos, mejora de aquellas pres-taciones en las que el sistema de clases pasivas da menor protec-ción (como en el caso de orfan-dad, entre otras), análisis de la an-ticipación en la edad de jubilación por trabajos tóxicos, penosos o peligrosos, etc.
3. En lo que respecta al sistema de clases pasivas, y dado que desde el 1 de enero de 2011 es un colec-tivo "a extinguir" —todas las nue-vas personas que accedan a la condición de funcionarios de ca-rrera pasarán a estar adscritos al Régimen General de la Seguridad Social (RGSS)—, CCOO tiene pro-puestas tanto para la negociación de la integración en dicho RGSS como para su mantenimiento co-mo sistema a extinguir propio. En cualquiera de los casos, su adapta-ción tiene que reconocer las ex-pectativas de derecho existentes y sus peculiaridades en cada uno de los colectivos.
4. En la actualidad el sistema de cla-ses pasivas se sustenta en un equi-librio consistente en que se puede acceder a la jubilación anticipada
antes (a partir de los 60 años si se tienen al menos 30 años de servi-cio) pero con una menor cuantía de la pensión, derivado de que el haber regulador es muy inferior a la base reguladora que habría re-sultado, en RGSS, de cotizar por todo el salario; de que se conside-re toda la vida laboral en lugar de 15 años; de que la escala de por-centajes a aplicar por años de ser-vicio penalice más que la de Segu-ridad Social, etc. Cualquier modifi-cación tiene que mantener una posición equilibrada.
5. El análisis deberá contemplar to-dos los aspectos, no sólo como hacía el Gobierno aquellos que recortan el gasto y las prestacio-nes (edad de acceso a la jubilación anticipada) sino también aquellos que implican una mejora de pres-taciones (aproximación del haber regulador al salario real, período de cálculo que no abarque toda la vida laboral, mejora en la escala de porcentajes a aplicar al haber regulador por años de servicio, etc.).
Para finalizar, y dada la confusión, a menudo interesada, que en este as-pecto se genera, en todo momento se trata de los criterios relativos al sistema de clases pasivas, no afectan-do por tanto al mutualismo adminis-trativo (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), en el que el Gobierno no ha planteado reforma alguna. Eso no evita que des-de CCOO en este ámbito no sigamos reivindicando determinadas mejoras en sus prestaciones sanitarias o en la financiación de fármacos (para equi-pararla con las del Sistema Nacional de Salud), etc.
Estatal de IIPP CCOO
“la
negocia-
ción no
debe
abarcar
sólo al
sistema de
clases
pasivas”
C C O O a n t e l a p r o p u e s t a d e l G o b i e r n o
s o b r e l a m o d i f i c a c i ó n d e C l a s e s P a s i v a s
P á g i n a 4
“...tratan de
hacernos creer
que los
reconocimient
os médicos son
vigilancia de
la salud...”
Salud Laboral
La vigilancia de la salud en II.PP.
La mayor parte de las dolencias que suelen afectar a las personas en su trabajo rara-mente se deben a una sola causa de origen laboral, por lo que resulta cada vez más difícil catalogarlas como enfermedad profesional en el sen-tido tradicional del término.
La OMS (Organización Mundial de la Sa-lud) viene utilizan-do el concepto de «enfermedades relacionadas con el trabajo» para referirse a aquellos trastornos de la salud que, pese a no ser originados exclusivamente por el trabajo, se ven influidos por las condiciones laborales de una forma impor-tante.
La detección precoz de alteraciones o en-fermedades es el ob-jetivo específico de la vigilancia de la salud. Esto es lo que dispara la señal de alarma.
El mejor indicador de que la prevención funciona es la ausen-cia de daños a la sa-
lud. Si éstos aparecen a pesar de haber to-mado medidas de control del riesgo, es que lo que se ha hecho no es suficien-te.
No siempre se cono-cen todos los efectos de la exposición al riesgo, es más, a veces no se toma conciencia de que una determi-nada situación repre-
senta un riesgo hasta que no se empiezan a detectar daños.
El primer paso para establecer un sistema de vigilancia de la sa-lud es hacer una bue-na evaluación de ries-gos, en la que se inclu-ya un estudio inicial del estado de salud de la población trabaja-dora.
Se debe definir y justi-
ficar qué es lo que se pretende vigilar y con qué objetivos. Los re-sultados de la vigilan-cia de la salud de-berán analizarse y contrastarse con los datos sobre exposi-ción para valorar las eventuales relaciones entre riesgo y daño y actuar en consecuen-cia.
La vigilancia de la sa-
lud, en Instituciones Penitenciarias, no es paradigma de cómo debe de abordarse esta cuestión desde unos criterios norma-tivos estándares.
A pesar de las criticas que desde CCOO veni-mos realizando de co-mo se aborda la vigi-lancia de la salud en prisiones, los respon-sables de salud laboral y el servicio de pre-
T r i b u n a P e n i t e n c i a r i a
P á g i n a 5 N ú m e r o 3
cia de la salud.
La vinculación entre puesto de trabajo y salud del trabajador es esencial dentro de la estrategia preventiva de la vigilancia de la salud. Desgraciada-mente ni por parte del servicio de prevención ni por los responsables de prisiones se ha aceptado que el marco legal de la evaluación de riesgos sea la que determine el tipo de vigilancia de la salud que se aplica a cada em-pleado y ésta sea la for-ma de abordarlo como defiende CCOO.
No existe vigilancia de la salud en prisiones desde el momento que los acci-dentes y enfermedades profesionales no son es-tudiados estadísticamen-te, ni evaluados en los comités de seguridad con los representantes de los trabajadores.
Pero el mayor desprecio que se hace sobre la vigi-lancia de la salud, desde Instituciones penitencia-rias, es como quince años después de que tuvieran la obligación de hacerlo han sido incapaces de tener un Plan de preven-ción integrado en la ges-tión empresarial, donde la vigilancia de la salud sea un elemento sustan-cial.
Este panorama desolador
es el que quieren nues-tros gestores, no quieren que intervengamos en el ejercicio del derecho a la salud y en la defensa del mismo, quieren agotar-nos con su incompeten-cia, desidia y mal hacer, para que la vigilancia de la salud y otras muchas materias que tienen que cumplir, se conviertan en normas huecas que solo existen en los papeles ocultos en algún perdido despacho.
Nosotros decimos que la salud laboral es esencial para el trabajador peni-tenciario, que las leyes protegen nuestro dere-cho a la misma y que los que cobran por gestionar esta Institución tienen que hacer frente a sus responsabilidades.
Por todo ello CCOO conti-nuará defendiendo una vigilancia de la salud al servicio de los empleados y empleadas penitencia-ros y no al servicio de contrataciones o gesto-res. Invitamos también a que todos seamos exi-gentes con las calidades y los derechos que esta vi-gilancia de la salud nos confiere, participando masivamente en las mis-mas, y demandando que se vinculen a nuestra ac-tividad profesional y nuestro puesto de traba-jo.
vención se reiteran en un modelo de vigilancia ob-soleto y que no responde a las premisas básicas que se deben de cumplir en el método, el objeto y la finalidad preventiva de la vigilancia de la salud.
En principio tratan de hacernos creer que los reconocimientos médicos son vigilancia de la salud por sí mismos, algo total-mente erróneo. La vigi-lancia no se dirige a revi-sar la salud general del trabajador sino a conocer cómo la interacción de la actividad profesional y la salud del mismo pueden ser causa de enfermedad.
CCOO insiste en cada campaña en la necesidad de explicar y formar a los empelados penitenciarios sobre la importancia de la vigilancia de la salud, de hecho nuestra propues-tas de que la empresa adjudicataria desarrollé dentro del contrato acti-vidades divulgativas han sido refrendadas, pero sin que luego se ejecuten, dado el escaso interés que en el asunto tienen IIPP y la empresa. La in-mediata consecuencia es que el personal ve más como una amenaza que como un beneficio la vigi-lancia de la salud y cada año participa en menor número, ¾ partes de las plantilla no hace vigilan-
“Nosotros
decimos que
la salud
laboral es
esencial para
el trabajador
penitenciario”
S a l u d l a b o r a l
P á g i n a 6
“...los trabajos a
realizar por los
condenados a
TBC deben ir
relacionadas
con delitos de
similar
naturaleza...”
Opinión
El Trabajo en Beneficio de la Comunidad en las
Prisiones
T r i b u n a P e n i t e n c i a r i a
Los TBC nos es algo novedoso, ya en los años 70 el Consejo de Ministros del Consejo de Europa recogía “Determinadas medidas penales de sustitución de las penas privativas de libertad”, (Resolución (76) 10 de 19 de marzo de 1976) pero no nos retrotraigamos en el tiempo más allá de lo necesario...
Lo primero a señalar es que la postura de CCOO, en modo alguno, es contra-ria a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (TBC), pero matice-mos esta cuestión.
El art. 49. 3ª y 6ª del vigente Código Penal establece que, será la Adminis-tración, sin delimitar Departamento o Ministerio, la que ha de facili-tar el TBC, pudiendo estable-cer convenios a tal fin y co-rrespondiendo a los servicios sociales penitenciarios comu-nicar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria las incidencias más relevantes en relación a la ejecución de esta pena.
La pena de trabajos en bene-ficio de la comunidad se regu-la por el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de eje-cución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de locali-zación permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las pe-nas privativas de libertad. Las actua-ciones necesarias para el efectivo cumplimiento de la pena se enco-mienda expresamente a los Servicios Sociales Penitenciarios (art. 3). El tra-bajo, y la determinación concreta de
los puestos, corresponde a la Admi-nistración penitenciaria que a tal fin podrá establecer los oportunos con-venios con otras Administraciones públicas o entidades públicas o priva-das que desarrollen actividades de utilidad pública (art. 4). La entrevista y selección de trabajo se encomienda asimismo a los servicios sociales peni-tenciarios (art. 5.1), a quienes tam-bién corresponde el seguimiento y control del cumplimiento de la conde-na (art. 7), la comunicación de las in-cidencias más relevantes al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (art. 8) y la elaboración del informe final igual-mente dirigido a tal autoridad judicial (art. 9). Resulta relevante matizar que
en ningún momento se alude a que sean los establecimientos penitencia-rios el lugar para el cumplimiento de los TBC. Es cierto, que podría pensar-se que, al igual que la Administración penitenciaria puede “establecer los oportunos convenios con otras Admi-nistraciones públicas o entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública”, pu-diera auto-otorgarse el carácter de “Administración” suministradora de TBC. Sin embargo, existe un impor-
P á g i n a 7 N ú m e r o 3
Sustracción o utilización de vehículos a motor o ciclomotores sin la debida au-torización.
Destrucción, inutilización o daño de cosa de utilidad social o cultural o sus-tracción al cumplimiento de deberes legales impuestos en interés de la co-munidad.
Conducción de vehículo de motor o ci-clomotor a velocidad cuantitativamen-te superior a los límites prefijados pe-nalmente.
Conducción de vehículo de motor o ci-clomotor en casos de pérdida de vigen-cia del permiso.
Conducción que ocasione grave riesgo para la circulación.
A fin de hacer una correcta selección de condenados a TBC que pudieran cumplir la pena en nuestros establecimientos podría entonces pensarse en que partici-paran en dicho proceso especialistas en áreas de la conducta, extremo este que no se da y consideramos necesario.
En definitiva, compartimos plenamente la filosofía de esta pena privativa de dere-chos, que pretenden restringir a sus jus-tos límites el sobredimensionamiento y generalización de las penas privativas de libertad, a todas luces desmesurado para afrontar determinadas conductas delicti-vas e ineficaz en penas de corta duración, mejorando el actual hacinamiento de los establecimientos penitenciarios. A nadie se le escapa el alto grado de saturación en el que se encuentran los servicios so-ciales penitenciarios, incapaces de sobre-llevar esta enorme carga de trabajo por la insuficiente dotación de medios, tanto materiales como personales. No es sufi-ciente el desarrollo de programas concer-tados con el Servicio de Empleo estatal donde se recogen programas de implan-tación y desarrollo de penas y medidas alternativas a la prisión, parcheando las necesidades reales de nuestros servicios sociales penitenciarios.
Estatal de IIPP CCOO
tante obstáculo para ello; el art. 1º de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitencia-ria establece que “Las Instituciones peni-tenciarias reguladas en la presente ley tienen como fin primordial la reeduca-ción y la reinserción social de los senten-ciados a penas y medidas penales priva-tivas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y pena-dos”.
No es, por tanto, cometido de la institu-ción penitenciaria el cumplimiento de toda pena, sino solamente de las penas y medidas penales privativas de libertad y, recuérdese, el TBC es una pena privativa de derechos (art. 39 CP). En ningún mo-mento se hace referencia a los estableci-mientos penitenciarios como lugares de cumplimiento de penas privativas de de-rechos, para ello debería acometerse una reforma de la LOGP que hasta la fecha, no ha tenido lugar.
En otro orden de cosas, los trabajos a realizar por los condenados a TBC deben ir relacionadas con delitos de similar na-turaleza al cometido por el penado y en labores de reparación de los daños causa-dos o de apoyo o asistencia a las víctimas. Dudamos (siendo generosos en nuestra duda) que el perfil de los penados TBC para nuestros centros penitenciarios, cumplan esa exigencia que marca el códi-go penal en su art.49. No nos deben con-tentar cuando los Directores de nuestros centros penitenciarios nos dicen que los TBC son personas condenadas por delitos de tráfico en su inmensa mayoría. El códi-go penal es explícito al respecto, pueden ser condenados a TBC los sujetos respon-sables den diferentes delitos o faltas , entre ellos por ejemplo tenemos:
Amenazas leves en el ámbito conyugal o situación análoga.
Amenazas leves con armas u otros ins-trumentos peligrosos a las personas relacionadas en el art.173.2
Coacciones leves en el ámbito conyugal o situación análoga.
“No es
suficiente el
desarrollo de
programas
concertados
con el
Servicio de
Empleo
estatal…”
E l T r a b a j o e n B e n e f i c i o d e l a
C o m u n i d a d e n l a s P r i s i o n e s
P á g i n a 8
“El rumor
responde a las
técnicas
básicas de la
manipulación
social…”
Opinión
El rumor, un instrumento al servicio de la
manipulación
Provengan de donde provengan,
cualesquiera sean sus orígenes o
procedencia, cultural e histórica-
mente, etc., los rumores generan
fascinación entre los seres huma-
nos. Nos plantean si lo que "otros"
dicen es la verdad, lo cierto, sin
importar la factura de ese decir, de
dónde proviene: si del centro o de
la periferia o de la persona a la
que están referidos. Históricamen-
te han sido los causantes de páni-
co, del temor a la guerra o a cala-
midades, presagios y vaticinios o
del éxtasis del triunfo. Pueden pre-
ceder o anticipar noticias causan-
tes de expectativas, felicidad o
alegría.
El rumor, en la actividad sindical
penitenciaria, arrincona a la infor-
mación y se convierte en un vehí-
culo que puede definir la naturale-
za de las relaciones laborales en el
medio penitenciario. El rumor res-
ponde a las técnicas básicas de la
manipulación social, con carac-
terísticas bien determinadas y que
se concretarían en las siguientes:
1. La estrategia de la distracción:
Se pretende con ello desviar la
atención del grupo o colectivo
de los problemas de fondo,
manteniendo su entretenimien-
to con cuestiones formales y
menores.
2. Crear problemas para poder
ofrecer las soluciones: Por
ejemplo, creando una crisis
económica para hacer aceptar
como un mal necesario el retro-
ceso de los derechos sociales,
privatizaciones y el desmantela-
miento de los servicios públi-
cos. O intoxicando sobre una
situación irreal en un centro,
para que sin que haya pasado
nada, atribuirse el cambio.
3. Utilización del personal como
si fuese menor de edad: es de-
cir, creando la necesidad del
intermediario “cualificado” que
solo él puede entender de la
situación y al que se le debe
una fe ciega.
4. Primar el aspecto emocional
T r i b u n a P e n i t e n c i a r i a
En el medio penitenciario, nuestro medio laboral, sobre todo en el ámbi-
to de las relaciones laborales, es muy frecuente ver que la formación de
la opinión colectiva se sustenta sobre rumores o dichos nunca contrasta-
dos, que se demuestran falsos en contacto con la realidad y el paso del
tiempo, pero que se olvidan enterrados en una nueva cadena de rumo-
res más cercanos, de fuentes presuntamente anónimas que se dirigen a
crear un clima manifiestamente interesado y de beneficio de parte.
P á g i n a 9 N ú m e r o 3
apartando el reflexivo: Todos
hemos vivido cómo, quienes no
tienen ni razones o argumentos,
nos hablan de lo mucho que
hemos pasado juntos, de la amis-
tad, de ser una piña, de nuestro
grupo, es decir utilizan el chantaje
emocional para cubrir sus propias
carencias y la falta de iniciativa,
en este caso sindical.
5. Mantener el grupo en la medio-
cridad o la ignorancia: Se pro-
mueven los aspectos más instinti-
vos privándoles de la información
importante y dejando una sopa de
desinformación y chismes.
6. Conocer al grupo y sus indivi-
duos: Generalmente quien genera
rumores para manipular al grupo,
dispone de una elevada capacidad
para conocer a los miembros del
grupo, en ocasiones mucho mejor
que ellos mismos, lo que permite
orientar sus propias necesidades.
Los rumores también indican un pre-
juicio o juicio de valor negativo y las
víctimas de los rumores son como
chivos expiatorios. Pero a diferencia
del rumor, el prejuicio no es un azar.
Se trata más bien de un componente
esencial del sistema inconsciente. En
la perspectiva de la comunicación, los
rumores no pueden identificarse con
los prejuicios ya que la superficialidad
es un componente esencial de los
mismos.
El rumor se ha utilizado histórica-
mente en las relaciones laborales pe-
nitenciarias para conseguir mantener
al colectivo con un elevado volumen
de información, de modo que se con-
siga por saturación un nivel mínimo
de conocimiento sobre los proble-
mas. El rumor es un instrumento
esencial para definir una estrategia
de división del colectivo penitenciario
y con ello obtener el elemento esen-
cial que todo gestor ansia, la pasivi-
dad de sus subordinados. Mediante
el rumor se desmoraliza y desmotiva,
orientando su rechazo a la realidad
en la que vive a manifestaciones de
carácter individual por las que se ca-
naliza una indignación que se ahoga
en si misma.
Decididamente deberíamos de ser
más exigentes con la información sin-
dical que consumimos; no es saluda-
ble que se nos presenten informacio-
nes sindicales que se corroboran co-
mo meros rumores, falsedades o
abiertas manipulaciones, y no sea-
mos capaces de exigir una retribución
personal por esa manipulación de la
que somos objeto.
En definitiva si prima el rumor sobre
la información, siempre estaremos a
merced de los gestores y de los que
defienden sus políticas en el mundo
sindical, es decir, del estado de cosas
que hace que nuestras condiciones
laborales empeoren.
Estatal de IIPP CCOO
“debería-
mos de ser
más
exigentes
con la
informa-
ción
sindical
que consu-
mimos…”
E l r u m o r , u n i n s t r u m e n t o a l
s e r v i c i o d e l a m a n i p u l a c i ó n
P á g i n a 1 0
“La
precariedad
laboral esta
institucionali
zada en el
caso del
personal
laboral…”
Opinión
La precariedad laboral en Instituciones
Penitenciarias
La precariedad laboral ha sido definida
en función de cuatro grandes dimen-
siones: la inestabilidad en el empleo, la
vulnerabilidad, los menores ingresos, y
la menor accesibilidad de la población
afectada a prestaciones y beneficios
sociales.
Las Administraciones Públicas, con casi
un 25% de precariedad laboral, son fiel
reflejo de esa cultura económica impe-
rante de utilizar el Estado al servicio de
las empresas y los beneficios privados,
y por ello, en la misma medida que
cada vez convoca menos empleo
público y amortizan más plazas se ex-
ternalizan más servicios, contratando
en la mayor parte de las ocasiones con
mayor coste y peores servicios para el
ciudadano. Dentro del personal de las
AA.PP. las figuras de contratación y
acceso al empleo público han ido sofis-
ticándose tanto como se deterioran las
condiciones laborales de muchos em-
pleados públicos, personal becario,
contratos de inserción, contratos de
obra y servicio, bolsas de empleo, in-
terinos. Las figuras son múltiples pero
diseñan una Administración cada vez
más atrofiada y con peor calidad de
empleo, se crea la puerta para que el
criterio de mercado pueda suplir al de
servicio público.
Instituciones Penitenciarias no es aje-
na a esta tendencia ideológica de inun-
dar todo de mercado y decapitar servi-
cios sociales. Todavía nos duelen los
contratos basura que se hacían para
cubrir las carencias del personal sanita-
rio.
Las eufemísticamente llamadas exter-
nalizaciones privatizan, cada vez más,
las esferas de actuación de la Adminis-
tración Penitenciaria donde por su-
puesto los servicios son de peor cali-
dad –los contratos se hacen a la baja y
hay que mantener el margen de bene-
ficio- y además en numerosas ocasio-
nes se utilizan recursos humanos y ma-
teriales de la propia Administración
Penitenciaria para prestar el servi-
cio .Es un fenómeno que parece no
encontrar especial atención dentro del
colectivo y sus reivindicaciones, por-
que momentáneamente afecta a un
sector minoritario y preferentemente
dentro del ámbito logístico, infraes-
tructura o mantenimiento, pero que
nadie tenga la menor duda que estas
políticas son técnicamente aplicables
a cualquier esfera de la gestión peni-
tenciaria.
La precariedad laboral esta institucio-
nalizada en el caso del personal labo-
ral, donde se ha instaurado un sistema
de provisión de puestos estructurales
mediante la contratación temporal de
servicio o de obra, así como contrata-
ciones fuera de convenio, producién-
T r i b u n a P e n i t e n c i a r i a
España es el segundo país de la Unión Europea con mayor porcentaje de
trabajadores con contrato temporal, un 25,4%, superada tan sólo por
Polonia, con un 26,5%, y seguida de Portugal, con un 22%, y Holanda,
donde este tipo de contratos suponen el 18% del total, según los datos
publicados por la Oficina estadística europea, Eurostat.
P á g i n a 1 1 N ú m e r o 3
dose la paradoja de que se abren centros
donde el personal laboral de plantilla es
ínfimo o meramente simbólico. Parece que
la nueva política de la Administración pasa
por ir dejando las plantillas sin personal
laboral y cubrir sus necesidades mediante
la contratación externa, como demuestran
las miles de plazas amortizadas en el marco
del Convenio Único.
La precariedad, en nuestro medio, también
se intensifica con la actual política de
“reinos de taifas o cortijos”, donde los di-
rectores y las directoras, reinterpretan la
norma, amparándose en la nocturnidad y
alevosía del contencioso, modificando
horarios, servicios a su antojo, o fijando
etiquetas de funcionarios válidos o no váli-
dos, con criterios y baremaciones que guar-
dan en lo más oculto de su “yo” interior y
que por lo general responden a criterios
totalmente subjetivos y argumentaciones
absolutamente peregrinas y caprichosas.
Otra grave expresión de precariedad labo-
ral en nuestro medio se produce con el per-
sonal interino. El personal interino es selec-
cionado de entre el personal que oposita
mediante una puntuación objetiva y no co-
mo una contratación de carácter aleatorio.
Es un personal que cubre parte del déficit
estructural de falta de personal que tene-
mos y no tiene como finalidad cubrir situa-
ciones de urgencia en materia de personal.
Este personal está sometido a la carencia
de plazas y puede ser desplazado a cual-
quier centro de II.PP.,. Su protección jurídi-
ca es menor, están abocados al cese y a un
sistema de renovación que dificulta el man-
tener los contratos, la conciliación familiar
y un largo etc. que hace a este personal
especialmente vulnerable.
La conclusión de estas diversas manifesta-
ciones de precariedad es común a todas las
Administraciones Públicas. La Administra-
ción Penitenciaria no es ajena al modelo
general y rebaja los niveles de prestación
de sus servicios mediante la disminución
de la calidad de las condiciones laborales,
dejando que los servicios se deterioren no
cubriéndolos con el personal necesario
para una normal prestación de los mis-
mos y mediante contratación laboral y
servicios externos como primer paso en el
camino a la privatización de servicios en
las prisiones españolas.
El primer damnificado de esta situación es
el personal que debe de trabajar en estas
condiciones de inseguridad jurídica, falta
de derechos y expectativas en un mundo
laboral tan complejo como el penitencia-
rio, estableciéndose trabajadores de pri-
mera y de segunda en función no del tra-
bajo que se hace sino de quien ha contra-
tado.
CCOO tiene una posición clara contra la
precariedad laboral y lleva proponiendo
medidas y alternativas en IIPP para redu-
cir su impacto: como es minorar las con-
trataciones externas de tal modo que solo
puedan utilizarse para cubrir actividades
no estructurales, la creación de bolsas de
empleo para soportar los déficit tempora-
les del mismo en diferentes categorías
profesionales y la equiparación de dere-
chos y obligaciones para el personal de
una misma categoría independientemen-
te de su tipo de contratación.
Tenemos un objetivo definido para aca-
bar con la precariedad laboral, y no es
otro que conseguir Ofertas de Empleo
Público adecuadas para mantener los Ser-
vicios Públicos en condiciones de cumplir
con sus objetivos de un modo ágil y efi-
ciente. La precariedad laboral es incom-
patible con unos servicios públicos de ca-
lidad.
Estatal de IIPP CCOO
“...tam-
bién se
intensifica
con la
actual
política de
“reinos de
taifas o
cortijos...”
L a p r e c a r i e d a d l a b o r a l
e n I n s t i t u c i o n e s P e n i t e n c i a r i a s
P á g i n a 1 2
“Es necesario
mantener las
inversiones y
ayudas
públicas…”
Opinión
¿Resignados?
CCOO lleva tiempo reclamando que se
complete el proceso de reestructuración
del sistema financiero español a fin de
lograr un mayor control sobre activida-
des de riesgo, un mayor nivel de exigen-
cia de responsabilidades sobre las políti-
cas, los gestores causantes de las crisis
y, sobre todo, para garantizar la canali-
zación de las ayudas públicas y del aho-
rro privado a la economía real mediante
el flujo urgente del crédito a las empre-
sas y a las familias. Es necesario mante-
ner las inversiones y ayudas públicas a la
reactivación económica a fin de recupe-
rar el crecimiento económico y el em-
pleo. Igualmente es urgente adoptar
medidas destinadas a incrementar los
recursos públicos, recuperar los impues-
tos sobre patrimonio, sucesiones y do-
naciones, establecer un nuevo tramo en
el IRPF con un tipo de gravamen del
50% para los ingresos superiores a los
120.000 euros, recuperar el tipo de gra-
vamen del 35% para las sociedades con
una facturación superior a 500 millones
de euros y activar un plan intensivo de
lucha contra el fraude fiscal y la eco-
nomía sumergida.
CCOO reclama un diálogo social y políti-
co en cuyo marco todas las partes estén
dispuestas a poner las necesidades del
país y de la sociedad por delante de in-
tereses partidistas y cortoplacistas.
El origen más inmediato de la crisis y su
desarrollo es bien sabido. Aprovechan-
do la burbuja inmobiliaria y para obte-
ner cada vez más recursos para seguir
creando deuda, que es el negocio de los
bancos, éstos vendían los contratos
hipotecarios. Pero lo que se inició como
un negocio bueno y seguro, que daba
rendimientos extraordinarios a inverso-
res de todo el mundo, comenzó a cam-
biar cuando los bancos empezaron a
colocar en los mercados millones de
hipotecas muy arriesgadas de personas
que dejarían de poder pagarlas si cam-
biaba a peor su situación. Cuando esto
ocurrió, las iniciales hipotecas y los su-
cesivos productos que se iban creando a
partir de ellas se convirtieron en basura
financiera que arruinaba a quien hubie-
ra invertido en ellas como les pasó a
miles de bancos e inversores.
En lugar de dejar que los bancos que
habían actuado irresponsablemente
quebrasen, como le suele ocurrir a cual-
quier empresa, las autoridades cedieron
a su poder y los salvaron (les proporcio-
naron cientos de miles de millones de
euros para que resolvieran lo que de-
cían que era un problema pasajero de
liquidez y pudieran volver a ofrecer
crédito a las empresas y consumidores .
Las autoridades y los financieros mintie-
ron antes de la crisis cuando afirmaban
que los mercados serían capaces, por sí
solos, de hacer frente a cualquier riesgo
financiero. Mintieron las agencias de
calificación al calificar como buenas las
hipotecas basura que difundían sus
clientes. Mienten los líderes políticos y
T r i b u n a P e n i t e n c i a r i a
Ante el giro político del Gobierno, en Mayo del 2010, CCOO lanzó una fuerte res-
puesta, que comenzó con la convocatoria de los empleados públicos para hacer
frente a los recortes de sus salarios y derechos y, continuó con la Huelga General
del 29-S para enfrentarnos a la extensión de esas medidas de recortes y pérdidas
sociales al resto de trabajadores y confrontar nuestra propuesta de una salida a
la crisis en favor de los sectores más débiles, económica y socialmente, contra la
adopción de las medidas más ultras y regresivas del neoliberalismo económico del
Gobierno Zapatero que favorecen a la banca y a las grandes finanzas internacio-
nales, es decir, favorece a los que originaron la crisis y se benefician de ella.
P á g i n a 1 3 N ú m e r o 3
los economistas que trabajan financiados por
la banca y las grandes empresas cuando dicen
que hay que privatizar las cajas de ahorros
para salvarlas, cuando han sido los bancos
privados los causantes de la crisis. Lo que hay
que hacer, por el contrario, es disponer de
una banca pública que no reproduzca sus
irresponsabilidades. Mienten los que no han
acertado nunca, haciendo previsiones, ni ade-
lantarse a la crisis, ahora nos dicen que saben
qué pasará con las pensiones dentro de cin-
cuenta años o lo que hay que hacer para salir
de ella. Mienten sin parar.
No han sido sólo los poderosos los que nos
han engañado. Se han engañado también a sí
mismas todas las personas que permanecen
impasibles frente a tanta mentira creyendo
que sólo se trata de un incidente, de una mala
noche en una mala posada, del que nos sa-
carán los gobiernos como lo han hecho en
otras ocasiones porque, al fin y al cabo, nunca
pasa nada y siempre se termina volviendo a
vivir como antes. Pero más les vale ser realis-
tas y darse cuenta de que tienen que reaccio-
nar porque lo que ocurre es que se nos está
viniendo encima el edificio que ingenuamente
creímos que era confortable y seguro. Vienen
a por todos nosotros y no van a parar hasta
que lo tengan todo si no les hacemos frente.
CCOO tiene un compromiso activo por la reac-
ción social, lo ha constatado siendo el sindica-
to que gana recursos contra la rebaja salarial
de los empleados públicos, con movilizacio-
nes, con huelgas y negociando; lo hacemos
con independencia del Gobierno de turno,
contra el gobierno de Zapatero, o los ajustes
salvajes contra los empleados públicos en
Murcia, o el desmantelamiento de servicios
públicos en Cataluña.
En los últimos tiempos un movimiento ciuda-
dano como el 15M ha irrumpido con fuerza
contra el actual estado de cosas, gritando en
voz alta, ¡basta¡, de que la crisis la paguen las
víctimas, de que se desmantelen servicios
públicos, de que los bancos se enriquezcan
con nuestros impuestos, y las condiciones de
vida y empleo empeoren, todo ello en un país
de casi cinco millones de parados.
Mientras todo esto pasa, en prisiones nos re-
bajan sueldos, nos dejan sin plantillas, impe-
ra la desorganización y el descontrol y se in-
cumplen los acuerdos que firman sus máxi-
mos representantes, sin que exista una reac-
ción seria y sostenida frente a estas políticas.
Desde CCOO hemos venido intentando dina-
mizar esta situación, con la judicialización de
la recuperación salarial, así como con el im-
pulso de nuestra propuesta (apoyada por
7.000 firmas de penitenciarios) para llevar al
grupo B el Cuerpo de Ayudantes, nuestra fir-
me posición por una Oferta de Empleo ade-
cuada, ( fuimos los únicos que defendimos
que la oferta de empleo de este año fuera
por oposición), o cuando nos interpusimos
contra la eliminación de plazas de personal
laboral, o cuando propusimos la traslación de
la productividad a un concepto salaria fijo.
No queremos ocultar que apoyamos la plata-
forma unitaria y le dimos un valor específico
a la unidad sindical, pero tampoco queremos
dejar de mostrar que creemos que hay que ir
más lejos y ser más contundentes si realmen-
te queremos tener objetivos ambiciosos y no
meramente estéticos. Lo decimos desde el
convencimiento de que es necesario, porque
las condiciones laborales empeoran y que
hay que dar una respuesta si no queremos
que continúen empeorando. Si desde la pla-
taforma no lo hacemos, lo harán otros, el
ejemplo más cercano es Cataluña donde se
están organizando movilizaciones al margen
de lo sindicatos. Este tipo de movilizaciones,
al margen de las organizaciones representati-
vas, pueden resultar estimulantes emocional-
mente pero con difícil gestión y salida por
carecer de un marco de interlocución ade-
cuado que dé respuesta a la movilización. Por
esa razón es necesario retornar las moviliza-
ciones en prisiones, con objetivos claros, la
oferta de empleo necesaria, el grupo “B”, ó el
2,5 x 2,5 para el servicio diario.
Desde CCOO decimos, muy alto y claro, que
en prisiones debemos de reaccionar y lo de-
bemos de hacer ya, pero no debe de ser solo
una respuesta nuestra, debería de ser una
respuesta unitaria de toda la plataforma sin-
dical. Nosotros no nos resignamos.
Estatal de IIPP CCOO
O p i n i ó n
“No han
sido sólo los
poderosos
los que nos
han enga-
ñado…”
P á g i n a 1 4
“...la mayoría
de la
información so-
bre la que tra-
baja CCOO la
hemos recibido
de técnicos de
IIPP…”
Opinión
Las dos soluciones de la Administración para los problemas del
Régimen Abierto y los CIS: revolverse y clavar el aguijón
T r i b u n a P e n i t e n c i a r i a
gumentarlo:
Primero. Ante la crítica de CCOO sobre el perfil actual de muchos internos que no cumplen los requisitos del tercer gra-do, ya sea por clasificación de la propia administración Penitenciaria o por recur-so ante órganos judiciales superiores, es evidente que se produce una “mala” clasificación en estos departamentos de régimen abierto. Curiosamente, en vez de citar este último extremo, la Adminis-tración se revuelve y lanza otro aguijo-nazo al tratar de enfrentarnos con los técnicos que los proponen y aprueban, afirmando que “los profesionales encar-gados de su valoración y aplicación no deben ser cuestionados en su trabajo de forma gratuita”, y ocultando, en cam-bio, que hacemos directos responsables de esta situación a los dirigentes de la Secretaría General. De todos modos ya hemos dejado claro, innumerables ve-ces, que consideramos a los técnicos víctimas de los planes, órdenes y crite-rios de la Administración.
De hecho, la mayoría de la información sobre la que trabaja CCOO la hemos reci-bido de técnicos de IIPP, irritados por las directrices de la Secretaria General. Ellos son los que nos han denunciado la exis-tencia de cupos para progresión en las que se consigna qué internos deben ser progresados a tercer grado; ellos son los que nos informan de las presiones que reciben a través de los directores de los centros para aumentar sin fin el número de terceros grados y de liberados condi-cionales; ellos son los que nos hablaron de la existencia del plan oculto “Estrategias de potenciación del régi-men abierto”; ellos son los que nos des-velaron la trampa estadística que supo-ne asignar a los centros ordinarios de destino las regresiones a segundo grado de los internos de CIS que delinquen o quebrantan y son detenidos en el exte-rior, falseando así el índice de fracasos del régimen abierto.
En el numero dos de la revista de CCOO “Tribuna Penitenciaria”, distribuida por todos los centros de trabajo del Estado, se publicó un artículo llamado “La crisis del régimen abierto y el deterioro de los CIS: propuestas de solución de CCOO”.
En una iniciativa inédita, la Administra-ción Penitenciaria contesta a ese artículo mediante un documento público (membrete oficial, paso por registro admi-nistrativo y firma de cargo público) redac-tado por el Director General de Coordina-ción Territorial y Medio Abierto, D. Virgilio Valero García, y dirigido al delegado sindi-cal de CCOO del CIS Victoria Kent .
La primera reflexión es clara; ¿Es el escri-to una velada amenaza al delegado sin-dical de CCOO en el CIS Victoria Kent?, al que parece ser que consideran “responsable” del artículo publicado en la revista de CCOO. Resulta evidente que se trata de un aviso, y no de un error, el hecho de que el documento se lo dirijan a él personalmente para, a continuación, añadir que es contestación a un escrito “firmado por la Estatal de IIPP”. Si lo sa-ben, ¿por qué no lo dirigen a la Sección Estatal de CCOO?
CCOO se congratula de que la SGIP se diri-ja a sus trabajadores y trabajadoras y que trate de exponer públicamente su acción de gobierno. En CCOO somos devotos de la libertad de expresión, opinión y prensa, por todo eso, por el derecho a réplica y porque se trata de un documento publico, analizaremos su contenido en esta Tribu-na Penitenciaria. Lamentablemente, el contenido del escrito del Director General no responde a las expectativas desperta-das, y no solo no es una crítica constructi-va al articulo de CCOO ni trata de abrir una vía de dialogo para solucionar los pro-blemas expuestos, sino que además con-tiene argumentos inexactos, que demues-tran una baja tolerancia de esta Adminis-tración Penitenciaria a la critica.
Veámoslo detenidamente para poder ar-
P á g i n a 1 5 N ú m e r o 3
“CCOO vuelve
a reiterar su
defensa del
medio
Abierto como
parte esencial
de las
Instituciones
Penitenciaria
R é g i m e n A b i e r t o
Por tanto, es a ellos y al resto de trabajado-res penitenciarios de régimen abierto a quien defendemos, y es a la Administración a quien cuestionamos, y pedimos responsa-bilidades y soluciones.
Segundo. Contra toda evidencia, la Admi-nistración niega el empeoramiento de la convivencia en los CIS y el aumento de incidentes. Para ello utiliza exclusivamente la información de las Comisiones Disciplina-rias y las anotaciones en el SIP.
Sobre las evasiones, comisiones de delito en el exterior y no reingresos en general, ya hemos informado que usan una técnica estadística para que no consten como fra-casos del régimen abierto. Respecto a inci-dentes como robos, peleas y extorsiones entre internos, hemos constatado dos fenómenos: por una parte, los internos op-tan por no denunciar y, por otra que, aun-que se denuncien, no existen cauces de reclamación adecuados. Los robos de per-tenencias, abundantísimos, no se hacen constar ni se eleva informe dada la ausen-cia de autor, se considera algo que ocurre en los CIS y que no tiene remedio. Los li-bros de incidencias de las Jefaturas de Ser-vicios de los CIS, a pesar de la cantidad de datos e incidentes que contienen, son siempre ignorados como fuentes de infor-mación.
En referencia al consumo de drogas en régimen abierto, se da una paradoja curio-sa: cuanto mejores son los instrumentos de detección del consumo, más se reduce su uso. Parece ser, según datos de algunos servicios médicos, que últimamente viene disminuyendo la ejecución de analíticas en los CIS. Esto encajaría perfectamente con el criterio de la Administración Penitencia-ria de que el consumo de drogas no es mo-tivo de expulsión del régimen abierto y de regreso a un régimen ordinario. Sólo hay que correlacionar el número de analíticas positivas y las requisas de drogas efectua-das, con las regresiones a segundo grado por consumo o posesión que han ocasiona-do. Los internos han tomado nota, y la rela-jación en el interior de los CIS respecto a este asunto es evidente, con toda la pro-blemática que supone para los trabajado-
res penitenciarios.
Tercero. En cuanto al programa experi-mental de inserción de internados judicia-les con enfermedad psiquiátrica grave, la Administración en su escrito de respuesta miente sin ningún matiz. En un folleto in-formativo redactado por la Administración Penitenciaria sobre las que denominaba “Unidades Puente”, que distribuyó en el otoño de 2009, indicaba claramente la creación de tales unidades así como que implicaba el ingreso de internados judicia-les en los CIS.
Por otra parte, en noviembre de 2009, el anterior equipo de dirección del CIS Victo-ria Kent de Madrid informó a los delegados sindicales de la puesta en marcha “en fe-chas próximas” de tal programa y unidad, llegando a mostrarles las dependencias que habían preparado. Los delegados sindicales se manifestaron en contra y mostraron su disgusto por no haberse consultado previa-mente tal medida.
CCOO, en concreto, optó por elaborar una denuncia para el Consejo General del Poder Judicial, por ser el órgano superior de los jueces de quienes dependen los internados judiciales, y anunció a la dirección del CIS de Madrid que se presentaría en cuanto se produjera la primera incorporación de un internado judicial. A día de hoy, y probable-mente por la existencia de esa denuncia, no nos consta que haya ingresado ninguno.
Conclusión. CCOO vuelve a reiterar su de-fensa del medio Abierto como parte esen-cial de las Instituciones Penitenciarias y su disposición a abordar en las mesas de ne-gociación toda su problemática. Esa defen-sa a ultranza del modelo de Centros Abier-tos nos conduce inevitablemente a una crítica constructiva del modelo actual. Sola-mente si somos capaces de abordar conjun-tamente las enormes carencias y dificulta-des del modelo abierto podremos evitar su deterioro y su futuro fracaso.
En definitiva, CCOO apuesta claramente por el sistema abierto, y defenderá en las Mesas de Negociación una adecuación de las Relaciones de Puesto de Trabajo a la carga real de trabajo en los CIS.
Estatal de IIPP CCOO
dad para 10 internos por motivos de seguridad, tal
como nos explicaron) y la enfermería (con un área
administrativa mayor que el espacio para atención
médica). El Hospital Penitenciario está unido me-
diante un túnel subterráneo a la prisión, y así se tras-
lada directamente a los enfermos.
Las condiciones laborales allí son peores que las
nuestras, ya que hay menos personal (un solo funcio-
nario se encarga del módulo, pero no entra más que
para abrir y cerrar las celdas) y el lugar era bastante
viejo y deteriorado (sus garitas eran terribles, con
botoneras que hace que las nuestras parezcan de
“última generación”, y sin aire
acondicionado, pequeñas…). En
cuanto al uniforme, de aspecto
más militarizado o policial: botas
militares, porra consigo y color
azul marino. No había mujeres
trabajando, porque hay separa-
ción (ellas trabajan sólo con in-
ternas).
Aunque nosotros tenemos mu-
cho que trabajar en la mejora de
nuestras condiciones y las de
nuestros internos, nuestro siste-
ma penitenciario es de los más
avanzados, al menos en relación
a otros países mediterráneos.
El gran slogan que se ha defendi-
do durante todo el congreso ha sido el de: “Menos
detenidos, mejores prisiones”, en clara referencia a
la problemática común a casi todos los países euro-
peos: la sobreocupación de nuestras prisiones, de la
que la Prisión de Korydallos ha sido un buen ejem-
plo.
Estatal de IIPP CCOO
Los días 11, 12 y 13 de Mayo han tenido lugar en
Atenas varias Conferencias, organizadas por la EP-
SU (Federación Europea de Servicios Públicos), a las
que CCOO ha acudido presentando la ponencia ti-
tulada: “La Formación como contribución a un mo-
delo sostenible en prisiones” (disponible en nuestra
página web).
Las diferentes conferencias presentadas han tratado
temas importantes (Salud, Drogadicción, Derechos
Humanos, Privatización…) insistiéndose en la necesi-
dad de negociación sindical en todos los ámbitos. De
dicho Congreso saldrán publicadas una serie de Con-
clusiones que servirán para
orientar la acción sindical de
todos los países europeos con-
juntamente en una misma direc-
ción, para así cobrar fuerza en
nuestras reivindicaciones.
Muy interesante ha sido la visita
a la Prisión de Korydallos
(Atenas) que es la mayor del
país. Está plenamente integrada
dentro del casco urbano, lo que
acarrea problemas de seguri-
dad, pues es fácilmente aborda-
ble desde el exterior. Además,
en la actualidad alberga 4.000
internos (es decir, 4 internos por
celda, estando prevista para
ocupación individual). Los inter-
nos pasan un total de 12 horas al día fuera de las
celdas, en unas galerías de 4 pisos, que forman pa-
tios interiores, muy parecidos en aspecto a las pri-
siones antiguas españolas. Visitamos el módulo de
jóvenes, la cocina (donde se hace el pan para la pri-
sión y para el Hospital penitenciario, que está cerca-
no a la prisión), las aulas de actividades (con capaci-
Los sindicatos europeos trabajan para mejorar los servicios de prisiones
CCOO participa en las Conferencias Europeas de Prisiones en Atenas
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