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Provincia de BuenosAires
TRIBUNALFISCAL DE APELACIÓNCentro Administrativo Gubernamental Torre ll
Piso 10- La Plata
LA PLATA, A de febrero de 2021uuu
AUTOS Y VISTOS: el expediente número 2360-00342241, año 2013,
caratulado “CORIJUNIO SA”--omo----- -
Y RESULTANDO:Quellegan a esta instancia las presentes actuaciones con el
recurso de apelación interpuesto a fs. 1/14 del Alcance N” 5, agregado a fs.
1270, por el Dr. Enrique Luis Condorelli, en su carácter de patrocinante y
apoderado de la firma “CORIJUNIO S.A.”, y el Sr. Antonio López Da Silva, por
derecho propio y conel patrocinio letrado del mencionado profesional; contra la
Disposición Delegada SEFSC N' 1219, dictada con fecha 21 de marzo de 2017,
por el Departamento de Relatoría Area Interior de la Agencia de Recaudación
de la Provincia de BuenosAires.---
--—---Por el acto citado, obrante a fs. 1150/1167, se determinan las obligaciones
fiscales de la firma referenciada (C.U.I.T. 30-70853005-7), en su carácter de
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo el Régimen del
Convenio Multilateral, correspondientes a los períodos fiscales 2011 y 2012, por
el ejercicio de las actividades: “Servicios pecuarios n.c.p” (Código NAIIB/99
14290), “Elaboración de Productos Alimenticios” (Código NAIIB/99 153300) y|
“Cría de Ganado Bovino excepto en Cabaña” (Código NAIIB/99 12110);
estableciendo por. artículo 3”, diferencias adeudadas al Fisco por haber
tributado en defecto, que ascienden a un monto de Pesos ochocientos sesenta
y ocho mil quinientos diecinueve con diez centavos ($ 868.519,10), suma que
debería abonarse con máslos accesorios previstos porel artículo 96 del Código
Fiscal (Ley N* 10.397, t.o. 2011, y sus modificatorias). A través de su artículo 4”,
se establecen saldos a favor de la contribuyente por las posiciones 01, 06 y 12
del período fiscal 2012, que ascienden a la suma de Pesos sesenta y cinco mil
novecientos veintiséis con veinte centavos ($ 65.926,20. Mediante artículo 5”,
se aplica una multa equivalente al quince por ciento (15%) del monto omitido,
por haber constatado en el periodo involucrado la comisión de la infracción
prevista y penada por el artículo 61, primer párrafo, del Código Fiscal.
¡Asimismo, porel artículo 7* se establece que responde de manera solidaria e
ilimitada con el contribuyente de autos, por el pago del gravamen,la multa y los intereses que pudieran corresponder, el Señor Antonio López Da Silva,
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presidente del directorio social, de conformidad a lo normado por los artículos
21, 24 y 63 delcitado plexo legal.----oammiiiniiaan-—_—_——————mm
o-—--,A fs. 1272 son elevadas las actuaciones a este Tribunal (artículo 121 del
Código Fiscal), adjudicándose la causa a fs. 1280, a la Vocalía de 1ra.
Nominación a cargo del Dr. Ángel C. Carballal, interviniendo la Sala |, que se
integra con las Vocalías de 5ta. y Gta. Nominación, a cargo del Dr. Carlos Ariel
Lapine y del Cr. Rodolfo Dámaso Crespi, respectivamente, ambos en carácter
de subrogantes en atención a que las Vocalías de 2da. y 3ra. Nominación se
encuentran vacantes (artículos 8 del Dto.-Ley 7603/70 y 2” del Reglamento de
Procedimiento del TRABA).—————————msnm----
-----Que, a fs. 1286 se corre traslado del recurso interpuesto a la
Representación Fiscal para que conteste agravios y, en su caso, oponga
excepciones (artículo 122 del Código Fiscal). A fs. 1288/1295 obra agregadoel
escrito de réplica.-————__——o —-
----—A fs. 1300 obra nota de la citada Representación, informando sobre la
presentacióndela firma de autos en Concurso Preventivo cemmacnnnnnnnanannansnannsasa
------Finalmente mediante providencia de fs. 1306, de conformidad a lo
establecido mediante Acuerdo Extraordinario Nro 96/2020, se exceptúa a este
procedimiento de la suspensión de términos dispuesta por Acuerdos
Extraordinarios N” 94 y N” 95 reanudandolos plazos a efectos la prosecución
de su trámite y, en atención al estado de las actuaciones, se llama "Autos para
Sentencia" (Arts. 126 y 127 del Código Fiscal t.o. 2011), medida que fuere
notificada mediante cedulas agregadasa fs. 1307/1308.---—m—uuu.unu—m——————————
Y CONSIDERANDO:|.- Queensu libelo recursivo el apelante, luego de realizar
un detalle de los antecedentes de autos, donde describe una serie de
circunstancias que le habrían impedido tomar conocimiento profundo de las
presentes actuaciones, haciendo reserva de ampliar los agravios traídos,
comienza por plantear la prescripción de las acciones fiscales para determinar
el impuesto por el período 2011, sus accesorios y para la aplicación de multa
POr OMISIÓN.UU
enInvocajurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Afirma que la luz de la “doctrina Filcrosa” no hay manera de colegir que es el Código -21/32-
e Corresponde al Expte. N* 2360-0034241/13Provincia de BuenosAires * CORIJUNIO SA *
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quea la luz de la “doctrina Filcrosa” no hay manera de colegir que es el Código
Fiscal el que regula los aspectos de la prescripción de las acciones del Fisco
para determinar de oficio, sino el Código Civil vigente a esa fecha. Añade que
en reiteradas oportunidades se ha dicho que la doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación tiene efectos, tanto en los temas federales como en
aquellos quenolo son, de vinculación hacia los tribunales inferiores.---
puesApunta que el Nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde agosto de
2015 no aplica para el caso de autos. Así, declama la inconstitucionalidad del
artículo 159 del Código Fiscal, exigiendo el comienzo del cómputo del plazo
prescriptivo al vencimiento de cada anticipo mensual (artículo 3956 CC).-----—----|
eoSobre la sanción aplicada, entiende que la prescripción se encuentra
regida porel Código Fiscal y aun así se ha prescripto la ACCIÓN .-oraaaaaiiaaadinanan
----Vinculado a la cuestión de fondo, comienza su queja rechazando el
tratamientoalicuotario aplicado por el Fisco para la actividad de cría de ganado
bovino y elaboración de alimentos preparados para animales (Naiib 12110 y
153300, respectivamente), por el cual se discriminan los ingresos según
provengan de establecimiento ubicado en esta jurisdicción (alícuota del 1%) o
de plantas de extrañajurisdicción (alícuota del 3%). Entiende que lo actuado en
este sentido es inconstitucional, fundando en diversos precedentes de la Corte
nacional que detalla.-
a.Seguidamente, rechazael ajuste sobre los ingresos derivados de subsidios
otorgados por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(O.N.C.C.A.), a la luz de lo dispuesto porel artículo 188 inciso d) del Código
Fiscal y precedentes de la Corte nacionalamoroso
oo---Con relación a la aplicación del artículo 13 del Convenio Multilateral y al
ajuste vinculado al erróneo encuadre de actividad (cuestión relativa al Código
Naiib 14290 — servicios pecuarios n.c.p.), hace reserva de plantear agravios
luego de examinarel contenido de las actuaciones.oommmmnnnaaanno=n=======-
eoSolicita la compensación de cualquier saldo adeudado con los saldos
determinadosa favor del contribuyenteamamos
eoPor su parte, se agravia de la multa impuesta, de manera subsidiaria al
planteo prescriptivo ya efectuado. Considera aplicable en autos la figura del
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error excusable, ante las discrepancias interpretativas sobre normas de distinta
jerarquía y criterios judiciales divergentes. A todo evento, requiere la reducción
de la sanción al míniMO legal.--ooonnn—unoamoreirme
ao.Finalmente impugnala extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Sostiene que resulta ¡legítimo e inconstitucional que la Provincia de Buenos
Aires legisle sobre la responsabilidad de los miembros de una sociedad en
forma distinta o contraria a lo que establezcan las normas dictadas por el
Congreso Nacional, ya que resultan de aplicación las pautas de la Ley 19.550.
Entiende que no se encuentra acreditado una conducta dolosa, abusiva ni
gravemente culpable del presunto responsable solidario. Cita jurisprudencia y
en particular, la doctrina del precedente “Raso”de la Suprema Corte de Justicia
provincial, para avalar su postura.--
eoFormula reserva del Caso Federal, peticiona se revoque el acto.-------—=——===-
eo. 1I.- A su turno, la Representación del Fisco, comienza señalando que la!
prescripción opuesta no puede tener acogida favorable, ello así en tanto las
actuales disposiciones del Código Civil y Comercial en especial el artículo 2532
conforman la postura asumida por la Agencia, en torno a la regulación del
instituto, como una potestad no delegada por las provincias al Congreso
Nacional, que debe ser regulada de manera excluyente por el derecho local.
Cita normativa y jurisprudencia. Realiza el cómputo particular para los|
supuestos de marras y analiza las causales de suspensión, concluyendo que no
se ha producido el Instituto alegado.---moran===>
eoReivindica el ajuste efectuado, solicitando su ratificación, sobre la base de
lo expuesto en los considerandos del acto apelado, que parcialmente
TOPTOUCOooo
eSostiene que la pretensa ampliación de agravios sobre algunas causales
de ajuste ha perdido virtualidad, al haber expirado el plazo legal previsto para la
presentación del TecurSO.ire
aa.Entiende que la compensación requerida debe serdiferida al momento de
la liquidación definitiva de autos.-
eoEn orden al agravio relativo a la multa aplicada, expone quela figura fiscal se encuentra dentro del tipo de transgresiones objetivas, donde resulta
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Corresponde al Expte. N* 2360-0034241/13“* CORIJUNIO SA *
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inoficioso analizar elementos subjetivos del infractor, y que, la sola violación o
incumplimiento de la normativa configura la ilicitud del accionar
independientemente del dolo o la culpa del agente. Cita jurisprudencia.-
Agrega que no resulta de aplicación el eximente del error excusable
esgrimido. Concluye alegando que la sanción fue aplicada y graduada conforme
a derecho,y solicita se desestime la QUEJA.ooo
eoEn ordena los planteos vinculados a la responsabilidad solidaria endilgada,
alega que el máximo tribunal bonaerense no se pronunció por la
inconstitucionalidad del artículo 21 del Código Fiscal, en tanto no se expidió
sobre el tema. Cita jurisprudencia de respaldo. ---aammmanananananannncccnncanncncccnnooo
eAñade que no se puede desconocer quelos caracteres dela solidaridad en
el ámbito provincial distan de los regulados en el ámbito nacional. Expone que
el instituto reconoce su fuente en la ley y se encuentra en cabeza de quienessi
bien no resultan obligados directos del impuesto, como sujetos pasivos directos
del tributo, por la especial calidad que revisten o la posición o situación que
ocupan, la ley los coloca al lado del contribuyente, pudiendo reclamarles la]
totalidad del impuesto adeudado de manera independiente a aquel. r-ommmmooa-
Agrega que queda en cabeza delos responsables desvirtuar la presunción
legal que sobre ellos recae,circunstancia que no aconteció. Añade que se trata
de una obligación a título propio, por deuda ajena, no es subsidiaria ni poseeel
beneficio de excusión.Cita jurisprudencia.------
eo En ordena la queja vinculada a la aplicación de la legislación de fondo
remite a jurisprudencia del CUErpO.nano
aFinalmente solicita se confirme la resolución recurrida, y se tenga presente
la reserva del Caso Federal para la oportunidad procesal que corresponda.--=---
lll.- VOTO DEL DR. ANGEL _CARBALLAL: Que, conforme ha quedado
delimitada la cuestión en debate, procede decidir si se ajusta a derecho la
Disposición Delegada SEFCS N* 1219/2017, supra detallada. Sobre el
particular, debe advertirse que no se verifica en autos posteriores
presentaciones de los apelantes, intentando ampliar los argumentos de agravio,
tal como fuera planteado en su oportunidad, por lo que más allá de toda
valoración de esa eventual presentación no concretada, el análisis será
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circunscripto a los agravios efectivamente expresados.inicien
1) Conrelación a la prescripción invocada, los apelantes alegan que en el
presente se deben aplicar los preceptos del Código Civil (en su anterior
redacción), por resultar una norma de rango superior, deviniendo|
inconstitucionaleslos artículos 159, 160 y 161 del Código Fiscal, todo ello sobre
la base del complejo de antecedentes jurisprudenciales, con particular
referencia a cada uno de los argumentos utilizados por la Corte Suprema de
Justicia a partir del caso "Filcrosa", y su alcance, doctrina reiterada en
decisiones posteriores (Fallos: 327-3187; 332-616 y 2250, entre otras); y
asumida por la Suprema Corte bonaerense, luego de varios años de oponerse,
ya que terminó adhiriendo a esta vertiente -por mayoría de sus miembros- a
partir del pronunciamiento en autos "Fisco de la Provincia de Bs As. Incidente
de revisión en autos: Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta
Alta Lda. Concurso preventivo” (C. 81.253)oooncriirrrrnrnrreanaanaananna
eoDecididamente me resulta refractaria tal doctrina, en tanto intenta imponer
un criterio unitario, uniforme para todas las Provincias en materia de
prescripción, así como de toda cuestión que, vinculada al derecho tributario
sustantivo, se encuentre regulada en los denominados códigos de fondo
(artículo 75 inciso 12 C.N.); uniformidad que sin embargo, no alcanza a la
Nación, quien continúa regulando contotal independencia la Materia.ammaammmoo.-
eoAsí las cosas, se llega a la subordinación pretensa, desdoblando toda la
teoría general del hecho imponible y de la mencionada rama jurídica (cuya
autonomía receptan los Altos Tribunales, aunque de manera muy llamativa), y
desvalorizando las potestades tributarias originarias de los estados provinciales,
aunque reconocidas por la Corte comooriginarias e indefinidas, convertidas sin
embargo en residuales, de segunda categoría al igual que los plexosjurídicos
que las reconocen y regulan.>>
eoParalelamente, se termina aceptando la idea de considerar al Código Civil
y no a la Constitución Nacional, como fuente de facultades locales para legislar
en materias sustantivas tributarias, produciendo la pérdida, no solo de su
autonomía sino más bien de buena parte de su contenido en manos de una rama jurídica con objetivos, fundamentos, principios y normas totalmente
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ajenas. Alcanzamos así un derecho tributario sustantivo nacional, completo,
autónomo, independiente e ilimitado en este campo y un derecho tributario
sustantivo provincial condicionado al extremo, cuasi residual, con pérdida de|
cualquier atisbo de autonomía y con parte fundamental de su contenido
regulado por Códigos nacionales. Tal consecuencia, no solo no se encuentra]
expuesta en el inciso 12 del mencionadoartículo 75, sino que más bien resulta
contraria al reparto de potestades que realiza su inciso 2) y principalmente, al
los artículos 121, SS. Y COScorra
eoEstablece el propio Código Civil en el artículo 3951 de la anterior
redacción: “El Estado general o provincial, y todas las personas jurídicas están
sometidas a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus
bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada; y pueden igualmente
oponerla prescripción...”. Parece poco probable que, no ya la potestad de dictar
normas que establezcan tributos, sino acaso las acciones para determinar de
oficio una obligación tributaria sean susceptibles de privatizarse. Tampoco
puede entenderse que fuese decenal la prescripción para los Impuestos de
Sellos y a la Transmisión Gratuita de Bienes (arts. 4023 y concordantes del
CC), así como para las obligaciones del agente de recaudación conforme lo ha
resuelto la jurisprudencia (Cámara de Apelación en lo Contencioso
Administrativo con asiento en La Plata, en la causa “Fisco de la Provincia de
Buenos Aires c/ Mareque Jesús s/ Apremio Provincial”, sentencia del
LOOLO)o———o
eoEn definitiva, por lo expuesto y los demás fundamentos desarrollados en
diversos pronunciamientos de la Sala | que integro (Registros N% 2117 del
29/12/2017; N* 2142 del 14/08/2018; N* 2145 del 13/09/2018; N* 2171 del
26/03/2019; N* 2175 del 04/04/2019; entre otros) a los que remito en honora la
brevedad, siempre he opinado que ni el Código Civil ni ningún otro de los
mencionadosenel artículo 75 inciso 12) de la C.N., ha sido, es, o será aplicable
a la materia bajo análisis. ----———mesma===--
eAsimismo, entendí que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial
Unificado, que expresamente produjo reformas en esta cuestión como forma
explícita de terminar con la doctrina “Filcrosa”, definía la discusión sobre el
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tema (en igual sentido, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en autos "Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/
otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad
concedido”, sentencia del 23/10/15), declarando de una vez que la regulación
de cuestiones patrimoniales, en el ámbito del derecho público local, integra los
poderes no delegadosa la nación, toda vez que las provincias sólo facultaron al
Congreso para la regulación de las relaciones privadas de los habitantes del
país, teniendo como fin lograr un régimen uniforme de derecho privado (arts
121, 126 y concordantes de la ON).room
eoSin embargo, primero la Suprema Corte de Justicia bonaerense (en autos
“Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL.
Apremio. Recurso de Inaplicabilidad de Ley”, Sentencia del 16 de mayo de
2018, entre otras) y más recientemente la propia Corte nacional (en autos
"Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Volkswagen de Ahorro
para Fines Determinados S.A.c/ Provincia de Misiones - Dirección General de
Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa", Sentencia del 5 de
noviembre de 2019), han opinado de manera muy diferente, advirtiendo con
distintos fundamentos y mayorías, que por cuestiones vinculadas a la vigencia
de las normas, las reformas reseñadas reconocen un límite temporal a su
aplicación (1? de agosto de 2015): "...Que, sin embargo, los hechos del caso no
deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre
la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (doctrina de
Fallos: 297:117 y 317:44) sino de conformidad con la legislación anterior, pues
no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto
del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales
comprendidos entre los años 1987 y 1997, esto es, que fue constituida y se
tornó exigible bajo la vigencia de la ley anterior; que su determinación de oficio
ha sido realizada varios años antes del dictado del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación -resolución 2506/02 de la Dirección General de Rentas
de Misiones del 18 de diciembre de 2002- y, que lo mismo ha ocurrido con la
decisión final adoptada por la administración -resolución 183, del 4 de mayo de
[2005 del Ministerio de Hacienda, Finanzas Obras y Servicios Públicos de la
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Provincia de Misiones-, de manera tal que el plazo de prescripción para
reclamar el ingreso de aquel tributo, se ha iniciado y ha corrido durante la
vigencia del antiguo régimen ...En consecuencia, se está en presencia de una
situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por
el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación
anterior, por lo que la noción de consumojurídico ... conduce a concluir que el
caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha
realizado este Tribunal...” (CS en causa “Volkswagen”ya citada).--——===========--
eAsimismo, fue tajante la posición de la mayoría del Alto Tribunal, en
relación a la obediencia que los tribunales inferiores deben a los criterios de
aquel: “...cabe señalar que carecen de fundamentos las resoluciones de los
tribunales inferiores -inclusive las de los Superiores Tribunales locales- que se
apartan de lo decidido por aquella sin aportar nuevos argumentos que
justifiquen modificar la posición adoptada por el Tribunal, especialmente, en
supuestos en los que dicha posición ha sido expresamente invocada por el
apelante desde el inicio de las actuaciones (doctrina de Fallos: 307:1094;
311:1644; 312:2007; 316:221; 320:1660; 325:1227; 327:3087; 329:2614 y
4931; 330:704; 332:616 y 1503 entre muchos otros). En efecto, la autoridad
institucional de los precedentes de la Corte Suprema, fundada en la condición
del Tribunal de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes
dictadas en su consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos
sustancialmente análogos sus conclusiones deban ser debidamente
consideradas y consecuentemente seguidas tanto por aquella como por los
tribunales inferiores (doctrina de Fallos: 337:47)...?22m
eaRazonesde republicanismo básico me llevan entonces a acatar la doctrina
“Filcrosa”, a pesar de mi absoluta disidencia, y aplicarla a los supuestos que
debo juzgar, al menos dentro del marco temporal exigido por el precedente
MENCIONADO.icoo
uo.Lo expuesto, sin embargo, no me eximede revisardistintas cuestiones que
dogmáticamente se han venido aseverando, siendo necesario que esta nueva
lectura de la situación se acompañe de razonamientos que no han sido objeto de análisis por los Altos Tribunales, o bien sus conclusiones no resultan
9/32 -
enteramente aplicables al caso bajo estudio en los presentes actuados.==aammaam
aConsiderando que el plazo quinquenal no es objeto de debate alguno, lo
primero a definir es a partir de cuándo comienza el cómputo del mismo,
deviniendo inaceptable el previsto por el Código Fiscal (1” de enero del año
siguiente al del vencimiento para la presentación de la declaración jurada
anual). Sobreel particular, suele citarse como remedio absoluto a la cuestión, el
criterio seguido porla Corte en la causa "Ullate” en el cual se habría decidido el
inicio del cómputo al momento del vencimiento de cada uno de los anticipos del
impuesto. Releyendo el pronunciamiento, esto no aparece con tanta claridad:
*...la Cámara en lo Criminal, Correccional, Civil y Comercial de Familia y del
Trabajo de Laboulaye confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto
había hecho lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada y
rechazado la presente ejecución fiscal por la que se perseguía el cobro del
impuesto de infraestructura social correspondiente a los períodos 2, 3 y 4 de
1997, con vencimiento los días 11 de julio, 14 de agosto y 16 de octubre de
dicho año, respectivamente...En tales circunstancias la aplicación de dicha
doctrina a la constancias de la causa, me llevan a tener por prescripta la deuda
ya que con respecto al último de los períodos discutidos la liberación ocurrió el
16 de octubre de 2002, sin que para éste o para los anteriores períodos
reclamados se hubiere alegado ni mucho menos demostrado la ocurrencia de
alguna causal que hubiera suspendido oO interrumpido su transcurso...”
(Dictamen del Procurador del 16/05/2011 que la Corte hace suyo en “Fisco de
la Provincia C/ Ullate Alicia Inés - Ejecutivo- Apelación- Recurso Directo”,
Sentencia del 1? de noviembre de 2011)
eoEn concreto, tenemos la evaluación de otro impuesto de otra jurisdicción
local, la consideración de “períodos” (no se mencionala palabra “anticipos”) y,
procesalmente, el debate de la cuestión en el marco de una ejecución fiscal (no
de una determinación de oficio, es decir, existía en “Ullate” una obligación
ejecutable, extremo que no se verifica en una determinación de oficio, sino
hasta SU fiMEZa).——————————e———
anLo expuesto, me lleva a considerar que la prescripción que aquí se
requiere, refiere particularmente a las acciones y poderes de la Autoridad de
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C. Carballal/ocal
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Aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas
por el Código Fiscal y para aplicar y hacer efectivas las sanciones en él
previstas. Pregunto entonces qué es lo que se ha determinado? Anticipos?
Otros pagos a cuenta? Cuotas? O períodosfiscales ya cerrados? (sea en formal
total o parcial). Sin dudas es esto último. Sería ilícito pretender determinar y
exigir el pago de anticipos una vez cerrado el período fiscal. Asimismo, lal
Agencia de Recaudación se ve impedida de determinar de oficio la obligación
tributaria de un período fiscal, hasta tanto ese período se encuentre “cerrado”,
esto es, vencido el plazo para la presentación de la mentada declaración jurada
anual. Mal podría entonces comenzar el cómputo de la prescripción de una
acción, en forma previa al nacimiento de la misma,a la posibilidad de ejercerla.
Y ello sin perjuicio de distintos mecanismos que le permiten exigir al Fisco los
pagos a cuenta no abonados(artículos 47, 58 y cctes del Código Fiscal).---------
eo. No debe soslayarse, complementandoeste criterio, lo que ha expresadola
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: ”... Enseña Argañarás que
aunqueel derecho creditorio exista, la prescripción no corre si no está abierta y
expedita la vía para demandarlo". Citando a Planiol dice: "La prescripción no
puede comenzar antes porqueel tiempo dado para la prescripción debe ser un
tiempoútil para elejercicio de la acción y no puede reprocharse al acreedor, de
no haber accionado en una época en que su derecho no estaba expedito. Si así
no fuera, podría suceder que el derecho quedara perdido antes de poder ser
reclamado; lo que sería tan injusto como absurdo” (Argañarás, Manuel J. "La
prescripción extintiva", pág. 50)...” (en autos “Vicens, Rafael René contra
Provincia de Buenos Aires (I.PS.). Demanda contencioso administrativa”,
Sentencia del 29 de junio de 2011). “... Según la máxima actioni non natae non
praescribitur (la acción que no ha nacido no prescribe;...), el tiempo computable
para la prescripción debe ser útil para el ejercicio de la acción, por lo que no
puede reprocharse al acreedor no haber actuado en una época en la que
todavía no podía hacerlo (Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A.,
"Derecho de las Obligaciones”, ed. Platense, 1972, t. II-2, p. 451) ... De ello se
desprende que el principio general debe enunciarse expresando que la iniciación del curso de la prescripción se produce desde el momento en que el
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derecho estuvo amparado, con una pretensión demandable, de modo tal que
hubiera permitido al titular hacer valer ese poderjurídico (conf. Spota, Alberto
A., "Tratado de DerechoCivil", Parte General, ed. Depalma, 1959, t. |, v. 3-8, p.
226)...” (en autos "Monsalvo, Juan Carlos y otro contra Campetella, María del
Carmeny otro. Acción revocatoria”, Sentencia del 18 de marzo de 2009).---------
eoPara así concluir, deviene asimismo necesario recordarla clasificación que
distingue a los impuestos según el aspecto temporal de su hecho imponible,
encontrándose aquellos denominados “instantáneos” (Sellos/Transmisión
Gratuita de Bienes, ambos de prescripción decenal bajo la doctrina “Filcrosa”),
los “anuales” (Inmobiliario, Automotores, cuyo hecho imponible nace el 1? de
enero de cada año y su pago es fraccionado en cuotas)y los “periódicos” o “de
ejercicio” (Ingresos Brutos: en este caso coincidiendo con el año calendario, su
hecho imponible comienza a nacer el 1” de enero y termina de hacerlo el 31 de
diciembre. Su pago es fraccionado por la Ley en “anticipos” mensuales,
autodeclarados o liquidados administrativamente, pero siempre con naturaleza|
de pagoa cuenta: no definitivo). --————————oonrnnnnnnnnannnninncniio
eoLa misma Corte ha sostenido que: "...La independencia de los anticipos
con respecto al gravamen no se altera por la circunstancia de que, al
vencimiento general de éste, las sumas ingresadas por aquel concepto durante
el curso del ejercicio fiscal sean deducibles del impuesto y que con dichas
ingresos se cancele parcial o totalmente la deuda ... ni tampoco sufre
modificación por el hecho de que al operarse el vencimiento mencionado se
extinga la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de los
anticipos, en razón de cesar la función que éstos cumplen en el sistema
tributario (Fallos, t. 302, p. 504; t. 303, p. 1496 -Rev. LA LEY, t. 1980-C, p. 493;
t. 1981-D, p. 366-), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a
¡percibir el gravamen y, en el supuesto de haberse abonado anticipos en mayor
medida que la deuda resultante de la declaración jurada del período, se origina
el derecho del contribuyente a repetir el impuesto en exceso conforme el
resultado de su balance impositivo, y no las sumas pagadas en demasía en
concepto de anticipos...” (En Autos “Repartidores de Kerosene de Y. P. F. de
Córdoba c. Gobierno Nacional -D.G.!.”, Sentencia del 13/12/1984, entre otras).--
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A o Corresponde al Expte. N” 2360-0034241/13Provincia de BuenosAires « CORIJUNIO SA*
TRIBUNALFISCAL DE APELACIÓN
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eo--- Por ende, entiendo que no resulta de aplicación la “interpretación” que
suele aseverarse sobre el alcance del fallo “Ullate”, debiéndose realizar un
análisis más específico, mástributario, sobre la casuística aquí valorada. --------
rssSuele citarse asimismo en análogo sentido (y erróneamente) el precedente
CSJ 37/2011 (47-G)/CS1 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Bottoni,
Julio Heriberto s/ ejecución fiscal — radicación de vehículos”, fallado el 6 de
diciembre de 2011, y referido al Impuesto a los Automotores, tributo que nace y
se cuantifica al principio del año fiscal, posibilitando la Ley el pago en cuotas del
mismo(es decir, pago fraccionado de una obligación ya nacida y cuantificada).--
eaLa propia Corte nacional ha atemperado lo que muchos plantean como un
dogma:“...Que, ello es así, pues el recurrente -sin rebatir adecuadamente que,
según disposiciones expresas del Código Fiscal, se trata de un impuesto de
ejercicio y que lo reclamado en el caso es una deuda de exigibilidad anual-
sostiene queel plazo de prescripción debe correr desde el momento en que se
ingresaron cada uno de los anticipos durante los años 2002 y 2003, pues
dichos anticipos constituyen obligaciones de cumplimiento independiente, con
individualidad y fechas de vencimientos propias, y las declaraciones
[presentadas en los meses de diciembre de aquellos años -declaraciones
finales- tenían un mero carácter informativo, esto es, su único objeto era poner
en conocimiento del fisco local la totalidad de los pagos efectuados durante el
período fiscal. Sin embargo, la afirmación del apelante no se compadece con
las modalidades de liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos que
señaló el a quo -arts. 166 y 168 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según el texto ordenado en el año 2002- ni con la propia
actuación cumplida por la actora...” (C.S. Sentencia del 21 de junio de 2018.
Autos: “Banco de la Nación Argentina c/ GCBA -AGIP DGR-resol. 389/09 y
otros s/ proceso de CONOCIMIeNtO”).----onnnnccnnnnnnnnnenes=====--
eEn línea con lo expuesto, recordemos que establecía el Código Civil en su
artículo 3956: “La prescripción de las acciones personales, lleven o no
intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación”.
Consecuentemente, siendo un impuesto de período fiscal anual (Ley de Coparticipación Federal y su consecuente artículo 209 del Código Fiscal), en el
13/32 -
que sin perjuicio del ingreso de anticipos y otros pagos a cuenta, se deberá
presentar una“...declaración jurada en la que se determinará el impuesto...” de
ese año e incluirá el resumen de la totalidad de las operaciones del período
(artículo 210 del Código Fiscal), corresponde considerar el inicio del cómputo
del plazo quinquenal de prescripción, el día de vencimiento de esa declaración
jurada anual, objeto de revisión y que de ser impugnada o no presentarse, dará
lugar al procedimiento de determinación de oficio (artículo 44 y cctes. del
Código Fiscal) cuya prescripción se analiza.mmm->
|___ Sentado lo anterior, debe traerse a análisis que las presentes actuaciones
se relacionan conel período fiscal 2011 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
— Convenio Multilateral, como período más antiguo. La declaración jurada anual
tuvo vencimiento para su presentación el 29 de junio de 2012 (Resolución
Normativa A.R.B.A. N* 62/2011 y Resolución General C.A.C.M. N* 6/2011).
Comenzando así el cómputo prescriptivo, el que hubiese vencido el día 29 de
junio de 2017. Sin embargo, según constancias de fs. 1058/1059 y 1062/1063,
con fecha 27 de febrero de 2014, se notificaron las diferencias liquidadas por la
fiscalización actuante, ocasionando esto un supuesto de “constitución en mora”
en los términos del artículo 3986 del Código Civil por entonces vigente (*“...La
prescripción liberatoría se suspende, por una sola vez, por la constitución en
mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá
efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la
prescripción de la acción.”nooo
unnRecordemos sobre el particular que el criterio expuesto ha sido,
expresamente receptado por la propia Corte Suprema (en Causa “Bancodela|
Nación Argentina”, ya citada): “...Mas aún, en esa hipótesis este se vería
suspendido por un año, ya sea porel acta de requerimiento notificada el 29 de
agosto de 2007 (fs. 748 del expediente administrativo) o debido al inicio del
procedimiento de determinación de oficio (resolución 3500-DGR-2007, dictada
el 23 de octubre de 2007y notificada el 25 del mismo mes y año —fs. 906/908 y
922 del expediente agregado-) ya que la norma de fondo prevé la suspensión
de un año por la constitución en mora del deudor efectuada en forma auténtica (art. 3986 del Código Civil), esto es, mediante un acto que no ofrezca dudas
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Provincia de BuenosAiresCorresponde al Expte. N* 2360-0034241/13
“ CORIJUNIO SA “TRIBUNALFISCAL DE APELACIÓN
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.. Carballalfocal
Tribune] Fiscal deApédlaciónSala |
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acerca de la veracidad del reclamo y la oportunidad de su realización (Fallos:
318:2558; 329:4379, entre OÍTOS)...”.--—anno
emoUna detenida lectura de este reciente antecedente nos permite observar
queel fallo realiza a modo de obiter dictum esta importante consideración, en
cuanto expresa que el acta de requerimiento cursada al contribuyente por el
organismo recaudador informando preliminarmente la existencia de ciertas|
diferenciastributarias (prevista) igualmente provoca la suspensión del curso de
la prescripción, pues ello importaba constituir en mora al deudor en forma
AUÍÉNLICA.
peaVolviendo entonces al análisis de estos actuados, el 27/02/2014 se
suspende hasta el 27/02/2015, retomando el cómputo pertinente, el que
hubiese vencido el 29 de junio de 2018. Sin embargo, previo a ello y en término
útil, bajo la vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial (arts. 7 y 2537 dela
Ley N” 26.994), se produjo la notificación de la Disposición Delegada SEFSC
N9 1219/2017, que contiene la intimación de pago del tributo determinado,
diligencia efectuada el día 29 de marzo de 2017, conforme surge de las|
constancias de fs. 1253/1254 y la posterior presentación del recurso bajo!
tratamiento, opuesto en fecha 24 de abril de 2017 (vide fs. 1 del alcance N* 5
obrante a fs. 1270).ooo.
eoA todo evento entonces, advirtiendo sobre el efecto suspensivo de la
obligación de pago que debe ser asumida por la Agencia de Recaudación por
expresa manda del artículo 117 del Código Fiscal, la interposición del recurso
bajo tratamiento genera, aún bajo la vigencia del nuevo Código Civil y
Comercial Unificado la dispensa prevista en su artículo 2550: “El juez puede
dispensarde la prescripción ya cumplidaaltitular de la acción, si dificultades de
hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la
acción, y eltitular hace valer sus derechos dentro de los seis meses siguientes
a la cesación de loS ODSÍÁCUÍOS...”. aoammannnannnnnnnnnmaannn===>
oConformelo narrado, no ha de visualizarse en autos uno de los elementos
indispensables parala prescripción: la inacción del acreedor, aommmmaaaaanaaaaaaaan-
eoConcluyo en consecuencia, que el planteo prescriptivo de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el cumplimiento de las obligaciones
15/32 -
fiscales sustanciales correspondientes al período fiscal 2011, no puede
prosperar; lo que ASÍVOtO.nn
eoDisímil es la solución a adoptarse con relación a los poderes y acciones de
la Autoridad Fiscal para aplicar y hacer efectiva la multa por omisión de
impuesto constatada en el mismo período fiscal, comenzando a correr el plazo
el 1? de enero de 2012 y feneciendo el 1* de enero de 2017,sin verificarse
causal alguna de suspensión o interrupción, correspondiendo declararla|
prescripta haciendo lugaral planteo sobreel particular; lo que así también Voto.
2) En cuanto a los agravios vinculados a las causales de ajuste, debe
remarcarse que,a diferencia de otros antecedentes de la misma empresa que
generaron sendos Pronunciamientos de este Cuerpo (Sentencia del 5/4/2016,
Registro 1991 de la Sala |; Sentencia del 30/8/2019, Registro 2847 de la Sala
11), aquí la queja solo sedirige a dos cuestiones medulares: a) la discriminación
alicuotaria según el lugar de asentamiento del establecimiento y b) la
gravabilidad de los subsidios otorgados por el O.N.C.C.A. Estas son las únicas
dos cuestiones objeto de agravio ya que el resto de las causales de ajuste, a
pesar incluso de haberse reservado el derecho de ampliar, no han sido objeto
de agravio alguno. En consecuencia, másallá de las facultades que se derivan
de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N” 7603/70, entiendo que este
Cuerpo no podría avanzar sobre el análisis de aquellas cuestiones que no han
merecido queja, sin vulnerar principios fundamentales del procedimiento
administrativo, tales como el de congruencia y la prohibitio reformatio in pejus.--
eoAclarado lo anterior, sabido es que el legislador bonaerense previó un
tratamiento diferenciado, según el lugar de radicación del establecimiento
(campo en este caso) donde el contribuyente realizara la actividad gravada,
toda vez que aquellos ingresos provenientes de “extrañajurisdicción”, estarían
gravados a una alícuota mayor (3%). De ahí la necesidad de discriminar por
parte de la fiscalización actuante, en lo que hace a la actividad de “Cría de
ganado Bovino” (Naiib 12110), ya que de provenir de campos bonaerenses,los
ingresos se gravaron al 1% (artículos 20 inciso c) y 24 de las Leyes 14.200 y
14.333, Impositivas para 2011 y 2012). Se deja afuera del presente análisis la
actividad de “Elaboración de alimentos para animales” (Naiib 153300) ya que el - 16/32 -
o y Corresponde al Expte. N” 2360-0034241/13Provincia de Buenos Aires « CORIJUNIO SA*
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Fisco la considera exenta y no determina impuesto adeudado por ella. Lo
expuesto surge claramente del contenido de los Formularios R-113 y R-222 de
fs. 1171/1175, que formanparte del acto apelado.--
Así las cosas, se recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación!
se expidió en autos “Bayer S.A. C/ Santa Fe, Provincia de S/ Acción Declarativa|
de Certeza”, Sentencia de fecha 31 de octubre de 2017, donde básicamente
sostuvo dos argumentos principales: a) Que el establecimiento de alícuotas
diferenciales afecta el principio constitucional de igualdad del artículo 16 de la
Constitución Nacional, el cual establece que la igualdad es la base del impuesto
y las cargas públicas. En este sentido esbozo que "...el distinto domicilio de una
persona no puede ser un elemento diferenciador dentro de una categoría
obligada al pago o a la recaudación de un tributo, ya que no reviste la
característica determinante para establecer que por ese solo extremo integra
un grupo diverso que debe ser sometido a regulaciones diferentes...”. b) Que
las alícuotas diferenciales afectan la cláusula de comercio de la Constitución
Nacional dado que actúan como barrera aduanera. En este sentido declaró que
“...es indudable que una provincia puede gravar con impuestos las mercaderías
que ha introducido de otra y se encuentran ya incorporadas a su riqueza
general, pero desde el momento en que el gravamen se basa en esa
procedencia o establece diferencias en perjuicio de las mismas y en beneficio
, [de las de origen local, sale de su esfera propia de acción y afecta el comercio
interprovincial cuya reglamentación ha sido atribuida al Congreso de la
Nación...”. En función de lo expuesto, entendió inconstitucional el régimen de
alícuotas diferenciales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia
de Santa Fe. En igual sentido se expidió en la causa "Harriet y Donelly S.A. C/
ChacoProvincia del S/ Acción Declarativa de Certeza”, sentencia de la misma
TOCAnnqqqqqqq
——Yrecientemente, la Corte se volvió a expedir en el tema, sentenciando, en
general: “...Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el sub
lite presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal
en la causa “Bayer SA”(Fallos: 340:1480), a cuyos fundamentos y conclusión corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de
17/32 -
brevedad. 4%) Que, en su mérito, lo cierto es que en el caso concreto la
aplicación de las leyes impositivas 13.613, 13.787 y 13.850 en este punto, al
gravar a la actora las actividades ya referidas con la alícuota “residual” del 2% y
4,5%, respectivamente, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las
[provincias argentinas. 5%) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos
constitucionales examinados y de los criterios fijados por esta Corte a su
respecto, en el sub examine queda en evidencia la discriminación que genera
la legislación provincial en función del lugar de radicación del contribuyente, en
tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, art. 16), y altera la
corriente natural del comercio (arts. 75, inc. 13 y 126), instaurando así una
suerte de “aduana interior” vedada por la Constitución (arts. 9” a 12), para
perjudicar a los “bienes y servicios” foráneos en beneficio de los “producidos”
en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la
pretensión fiscal de la demandada...” (C.S.J.N., Sentencia de fecha 06 de
noviembre de 2018, en autos “Droguería del Sud S.A. c. Provincia de Buenos
Aires s/ acción declarativa de Certeza”).>
ooEn este sentido y sin superar entonceslos límites que a la decisión de este
Cuerpo imponen los artículos 12 del Código Fiscal y 14 del Decreto-Ley
7603/70, puedoaplicar directa y expresamente una decisión jurisprudencial que
alcanza una situación cuasi análoga a la que aquíse ventila. Ello así, toda vez
que las leyes impositivas involucradas en el ajuste de autos, han previsto un
tratamiento alicuotario sustancialmente menor cuando las actividades “...se
desarrollen en establecimiento industrial, agropecuario, minero, de explotación
pesquera o comercial ubicado en la Provincia de BuenosAires... Mermaia--=--
eaAsí, se dispusola aplicación de una alícuota del 1% (arts. 24 de las Leyes
14.200 y 14.333 para los periodos fiscales 2011 y 2012) la que en definitiva
deberá aplicarse al contribuyente de autos, para la actividad de “Cría de
Ganado Bovino excepto en Cabaña” (Código NAIIB/99 12110), sin la distinción
alicuotaria que hiciera el Organismo Fiscal en su ajuste. Así lo voto (en igual
sentido, esta Sala en autos “FRIDECO S.A”, Sentencia del 26/3/2019, Registro
2171; “ALPARGATAS TEXTIL S.A.”, Sentencia del 24/10/2019, Registro 2214;
“ENODS.A.”, Sentencia del 13/2/2020 Registro 2249; entre Otras).----==-=======--- -18/32-
ddY
6 Corresponde al Expte. N” 2360-0034241/13Provincia de BuenosAires “ CORIJUNIO SA *“
TRIBUNALFISCAL DE APELACIÓNCentro Administrativo Gubemamental Torre ll
Dr. Ankel C. Carballal
Piso 10 La Plata
ooPor su parte, también asiste razón a la queja vinculada a la gravabilidad de
los subsidios otorgados a la firma de autos por la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (O.N.C.C.A.), ello a la luz de la clara manda legal del
artículo 188, inciso d) del Código Fiscal: “No integran la base imponible, los
siguientes conceptos:... d) Los subsidios y subvenciones que otorgue el Estado
Nacional, las Provincias y las Municipalidades, incluidas las sumas de dinero
que destinen a evitar o atenuar incrementos en las tarifas de servicios
públicos...”. Siendo tan contundente el legislador, corresponde recordar que el
primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal,
conforme al cual debe atenderse a las palabras dela ley. En efecto, la primera!
fuente de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzos de interpretación
debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que
excedan las circunstancias del caso contempladas por la norma, y ello es así
pues no cabe apartarse del principio primario de sujeción delos juecesa la ley,
ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por ésta,
pues de hacerlo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la]
inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto
(vide Fallos: 313:1007).
e --- En sentido coincidente ha resuelto la Sala Il de este Cuerpo (en autos
"ANDRES LAGOMARSINO E HIJOSS.A.”, Sentencia del 3 de septiembre de
2019, Registro N* 2850). Expresó el Dr. Lapine, Vocal Instructor en aquella
oportunidad: "...considerando al Estado en sentido amplio, la apuntadafinalidad
[perseguida por el Gobierno Federal al implementar el sistema y asignar parte
de sus recursos a dicho objetivo importa un necesario beneficio que repercute
indirectamente en las provincias, de donde sería un contrasentido que alguna
de ellas procurara, a su vez, un provecho fiscal gravando una porción aportada
por aquél. A mayor abundamiento, nótese que idéntico régimen .... lo pudo
haber establecido exclusivamente la Provincia de Buenos Aires... situación
hipotética que —de avalarse la postura de la Dirección Provincial de Rentas-
hubiera significado neutralizar, vía impuesto, una parte del gasto que la propia
comunidad bonaerense estuvo dispuesta a efectuar, circunstancia por demás reñida con elementales principios de las finanzas públicas. Finalmente, quiero
19/32 -
hacer mención al criterio -que no comparto- sustentado por la Dirección
Provincial de Rentas (Informe 165/02) cuando expresa “que los subsidios que
se excluyen de la base imponible son aquellos que se corresponden
directamente con la actividad ejercida, por lo que no pueden computarse como
retribución de ésta al momento de liquidar el impuesto que generael ejercicio
de la misma...” De la interpretación transcripta, se desprende que para la
Administración habría dos clases de subsidios otorgados desde los distintos
niveles de gobierno: los que se corresponden con la actividad del destinatario
(formando parte de su retribución) y otros en que el gasto estatal constituye una
mera liberalidad, es decir sin vinculación con la actividad del beneficiario,
siendo estos últimos los que únicamente no integrarían la base imponible del
gravamen. Insisto en discrepar con tal postura distintiva. En primer lugar, cabe
recordar que la inconsecuencia o la imprevisión, en principio, no pueden
suponerse en el legislador, tal como lo ha reafirmado en muchas ocasiones la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, de donde puede derivarse que sila ley
dispone que ciertos supuestos “no integran la base imponible” (en el caso, los
subsidios) es porque previamente consideró que formaban parte del ingreso
bruto total, en los términos del principio general previsto en el art. 161 del
Código Fiscal(t.o. 2004 y conc. anteriores). En otras palabras, al advertirse que
los subsidios podían representar “la retribución por la “actividad ejercida”
(expresión utilizada en el artículo citado) entendió —no obstante- que los
mismos no debían computarse para liquidar el impuesto, basado obviamente
en alguna motivación o finalidad superior, razón por la cual no puede admitirse
una interpretación que propugne su gravabilidad cuando (el subsidio) constituya
un valor que forma parte dela retribución del contribuyente, ya que en función
de lo expresado, ello importaría contrariar la voluntad legislativa ...”. El voto dell
Dr. Lapine, que cuenta con la adhesión de la Dra. Ceniceros, se amplía con la
remisión que realiza el Cdor. Crespi al adherir también, pero referenciando los
fundamentos por él descriptos en autos "Corijunio S.A.”, sentencia de esa
misma Sala, del 30 de agosto de 2019 (Registro N* 2847), donde se respalda
análoga solución en antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de La
Nación (en autos “Camuzzi Gas del Sur S.A. c/Provincia de Tierra del Fuego” -20/32-
Provincia de BuenosAiresCorresponde al Expte. N” 2360-0034241/13
“* CORIJUNIO SA *TRIBUNALFISCAL DE APELACIÓN
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1 C. Carballal'ocal
Tribufial Fiscal deApelación
Sala |
Piso 10- La Plata
del 16 de noviembre de 2004).-- .
oConsecuentemente, por las mismas razones detalladas precedentemente,
entiendo que debe dejarse sin efecto el ajuste efectuado sobre este punto, lo
QUE ASÍ Declaroooo
3) Respecto de la sanción impuesta enel artículo 5” de la Disposición en crisis,
es dable recordar que la figura del artículo 61 del Código Fiscal, exige un
mínimo de subjetividad, o sea la culpa en sentido estricto, desde que admite
como causal exculpatoria el error excusable. No obstante, corresponde al
obligado probar la ausencia de ese elemento subjetivo. En este último sentido,
se debe resaltar —a su vez— que, si bien es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho
que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de
alguna excusa admitida por la legislación vigente (cfr. Fallos 316:1313;
"Lambruschi, Pedro Jorge s/ley 23.771", del 31/10/1997 -IMPUESTOS,t. 1998-
A, 664-). En orden ello, la Corte sostuvo que“...acreditada la materialidad de
la infracción prevista por el art. 45 de la ley 11.683 (texto citado) con la
determinación de la obligación tributaria que ha quedado firme -de la que
resulta la omisión pago de impuesto y la inexactitud de las declaraciones
juradas presentadas por la actora- la exención de responsabilidad sólo podría
fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias
precedentemente aludidas excusas, admitida por la legislación)...” (Fallos|
322:519, publicado en REVISTA IMPUESTOS, 1999-B-2175, P.E.T. 1999-645).
Y es en ese sentido que comparto lo sostenido por este Cuerpo -Sala |I- en el
antecedente “Destilería Argentina de Petróleo S.A”, Sentencia del 29/12/2016,
reg. 2347, en cuanto ha considerado que el error excusable “... requiere para su
viabilidad la concurrencia de elementos decisivos y esenciales, que —en la
especie- se evidencian cuando se repara que la sustancia de la materia en
debate demuestra que nos encontramos ante un supuesto ubicado enellímite
de interpretación y consecuente aplicación de la ley fiscal...”. En el caso, no es
posible razonar que el contribuyente pudo encontrarse en tal situación, al menosrespecto de los ajustes que subsisten, sobre los que no se ha planteado
21/32 -
agravio alguno. Esta circunstancia no amerita visualizar eximente para la
omisión en que incurriera.--------------.---
eoPor último, en cuanto a la graduación o de la misma, corresponde aclarar
que la multa dispuesta en autos, fue graduada en un 15% del impuesto omitido,
dentro del abanico legal que oscila desde el mínimo del 5% y el máximo de
hasta un 50%, meritando para ello, el juez administrativo, la gravedad de los
hechos y el riesgo fiscal que se desprende de los mismos, en base a los
parámetros previstos en el artículo 7” del Decreto N* 326/97. Las ocurrencias
señaladas me permiten concluir que el monto de la sanción impuesta en el acto
impugnado —a mi entender- resulta absolutamente razonable. Sin perjuicio de
ello, diversas circunstancias concurren a condicionar el alcance y cuantía de la
sanción: en primer término, la prescripción dispuesta para las omisiones
vinculadas al períodofiscal 2011, en segundotérminola reliquidación del ajuste
que se ordena por el presente Pronunciamiento y, por último, la previa y
necesaria compensación de los resultantes saldos deudores y acreedores que
definitivamente se determinen (artículo 102 del Código Fiscal). Por todo lo
expuesto,ratifico solo parcialmente la sanción aplicada, lo que así Voto.----=====-
4) En cuantoal instituto de la responsabilidad solidaria endilgada al presidente
del directorio de la empresa, es importante destacar que resulta evidente
encontrar el fundamento de la misma en lo recaudatorio. Las particularidades
del aspecto subjetivo de la obligación tributaria, de la capacidad jurídica
tributaria, generan la necesidad de contar con responsables por deuda ajena en
orden a asegurar el efectivo ingreso de los tributos a las arcas fiscales. Y sin
dudas habrá, además, un fundamento vinculado a la idea de compromiso
social, a los principios de cooperación con la economía pública y el bienestar
general.---------
oo.Sabida es la importancia que en la vida económica de cualquier nación
tiene la organización empresarial. En ese marco, las sociedades comerciales
alcanzan un protagonismo superlativo. Sin embargo, uno de los límites a los
que, sin duda alguna, deberá someterse esa organización, esel interés público:
dirigir una empresa privada, supone algo más queel objetivo de lucro, en tanto toda empresa se encuentra involucrada con la comunidad donde se desarrolla y
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Correspondeal Expte. N* 2360-0034241/13Provincia de BuenosAires “* CORIJUNIO SA *
TRIBUNALFISCALDE APELACIÓNCentro Administrativo GubernamentalTorre1l
local 56o iscal de Apelació
oa
y E 2 : Ailegislador, amén de las causales eximentes por él dispuestas
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tiene sus responsabilidades y deberes con la MiSMA. -rcooaaniinnniinnncononnooo
eoEste “plus”, endilgable a los objetivos empresarios, no tiene que ver con
actividades filantrópicas, ni con desvíos en el objetivo primordial de cualquier!
explotación comercial, ni con abusos las libertades individuales, sino con el
mero cumplimiento dela ley. Por su parte, el accionar de toda empresa deviene
de las voluntades de sus directores, o a quienes estos hayan delegado
determinadas funciones; y cuando producto de aquellas voluntades, se produce
un incumplimiento a sus obligaciones legales, es de clara justicia que quienes
decidieron ese incumplir, respondan personalmente por sus consecuencias.----
-Es así que, en concordancia con la autonomía del derecho tributario y|
machacón mediante, remarco que las reglas de la responsabilidad solidaria]
tributaria, no deben buscarse en otras fuentes que no sean las propias. La
naturaleza del instituto no debe entenderse desde una visión civilista -que lo
relaciona a la fianza-, ni penalista -que lo interpreta como de naturaleza
represiva-. Mal haríamos en reconocer analogías estructurales inexistentes.
Pero, además, no creo indispensable cambiarla órbita estrictamente tributaria
de la responsabilidad que analizamos, para acceder a aquella finalidad estatal,
en tanto el elemento subjetivo se encuentra ínsito en la solidaridad. Ella, solo
puede explicarse porel vínculo jurídico, legal o convencional, constituido porla
administración de la sociedad, elemento apreciado expresamente por el
oQueesafunción de administración de los bienes del contribuyente durante
los períodos fiscales determinados en autos, no ha sido discutida por el
apelante en ningún caso, quien tampoco intenta alegar ni acreditar alguna
causal exculpatoria, extremo para el cual se ha previsto legalmente un
procedimiento reglado, con diversas instancias de defensa y revisión. Este
Cuerpo ha mantenido un férreo criterio en tal sentido: al Fisco le basta con
probarla existencia de la representación legal o convencional, pues probado el
hecho, se presume en el representante facultades con respecto a la materia
impositiva, en tanto las obligaciones se generen en hechos o situaciones
involucradas con el objeto de la representación. En consecuencia, para que exista eximente de responsabilidad por el hecho imponible del principal, los|
23/32 -
directores deben demostrar que el impuesto se ha generado respecto de
hechoso situaciones para los que no está facultado, que ha sido colocado en la
imposibilidad de cumplir, que no ha existido impuesto a cargo del representado
oO que existiendo procede alguna exención o exculpación. Es decir que se
invierte el “onus probandi” y se pone en cabeza del responsable solidario la)
demostración de que de su parte arbitró los medios necesarios para el posible
cumplimiento de la obligacióntributaria. La presunción de responsabilidad que
la ley fija en cabeza de los directores, solamente podrá ser desvirtuada por
prueba que éstos aporten y que demuestre positivamente que de su parte se
realizaron las diligencias y/o acciones pertinentes al cumplimiento de la
obligación. No debe olvidarse en cuanto a los dirigentes de las sociedades,el
obrar de sus representados se ejerce por ellos mismos, razón por la cual la
recurrente debeacreditar las causales eximentes de la responsabilidad solidaria!
quela ley le endilga, a través de los medios probatorios que el proceso pone a
su disposición. (En igual sentido: Sala |, en autos Aibal Servicios Agropecuarios
SA, Sentencia del 6 de diciembre de 2016.Sala Il, en autos Destilería Argentina
de Petróleo SA.”, Sentencia del 29 de diciembre de 2016. Sala lll, en autos
“Agco Argentina SA.”, Sentencia del 6 de abril de 2017, entre muchosotros).----
-Merece remarcarse que aquella “presunción” surge de un estatuto
societario o un contrato constitutivo que expresamente disponen que la
administración de la empresa estará en cabeza de un directorio compuesto de
X miembros, o de X número de socios gerentes (tomamos los casos más
comunes de S.A. y S.R.L.). Luego, un acta de designación de autoridades o el
mismo contrato social, identifica a aquellos dirigentes, otorgándoles las|
facultades y deberes atinentes al cargo que es aceptado por estos sujetos. Vale
decir que de la propia documentación fundacional y/o de la voluntad expresa
del principal órgano societario, parte aquella “presunción”. Luego, si las
funciones particulares de cada director o gerente se alejan de la administración
general para especificarse en otras de diversa naturaleza -vgr. dirección
técnica, relaciones públicas, etc.-, o bien directamente se mantiene una relación
pasiva respecto a aquella, obviamente deben tomarse las previsiones necesarias para que ello quede debidamente documentado. Entiendo,
-24/32-
3A o Correspondeal Expte. N* 2360-0034241/13Provincia de Buenos Aires “ CORIJUNIO SA *
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
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entonces, que aquella carga probatoria invertida, no debería ser traumática en
principio, para aquellos sujetos que no se vinculan con la administración, al
pesar de estar designados para ello. Debe agregarse que el artículo 24 del
Código Fiscal en su tercer párrafo establece: "....Asimismo, los responsables lo
serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes
O dependientes.ermano
oPor último, merece acentuarse que dichos responsables solidarios no son -
deudores “subsidiarios” del incumplimiento del contribuyente, sino que el Fisco
puede demandarla deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a
todos de manera conjunta. El responsable tributario tiene una relación directa y
a título propio con el sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado
del deudor, pero no en defecto de éste (Sala lll, en autos “Agroindustrias
Quilmes S.A.”, Sentencia del 9 de mayo de 2017).otto
o----Por todo ello, del análisis de los artículos 21, 24 y 63 del Código Fiscal,
cabe concluir que surge correctamente endilgada la responsabilidad solidaria al
Sr. Antonio López DaSilva, a quien se asignó y ejerció la administración social
por los períodos involucrados en autos, tal como se desprende de las
constancias de fojas 128/164, 254/258 y demás documentación societaria
agregada. De esta manera dejo expresado miVoto.--
5) Finalmente, teniendo presente la reserva del caso federal para la etapa
procesal oportuna, resuelvo que el recurso debe ser atendido parcialmente. Así]
OO
POR ELLO, RESUELVO:1%) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto a
fs. 1/14 del Alcance N” 5, agregado a fs. 1270, por el Dr. Enrique Luis
Condorelli, en su carácter de patrocinante y apoderadodela firma "CORIJUNIO
S.A.”, y el Sr. Antonio López Da Silva, por derecho propio y con el patrocinio
letrado del mencionado profesional; contra la Disposición Delegada SEFSC NO
1219, dictada con fecha 21 de marzo de 2017, por el Departamento de
Relatoría Area Interior de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos
Aires. 29 Ordenar a la Autoridad de Aplicación, practique nueva liquidación
dentro de los 30 días, conformelos lineamientos expuestos en el Considerando Ill, punto 2) de la presente. 3%) Dejar sin efecto la sanción dispuesta por el
25/32 -
artículo 5” del acto apelado, con relación a la omisión determinada por el
período fiscal 2011, liquidándose la multa sobre la base de los lineamientos
establecidos en el Considerando lll, punto 3) de este Pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese a las partes y al Señor Fiscal de Estado y devuélvaseal
la citada Agencia, a los fines que estime corresponder.---
ra. María Verónica Romero | C. Carballal
Secretaria de Sala 1 VocalTribunal Fiscal de Apelación TribunalFiscal de Apelación
Sala |
VOTO DEL DR. CARLOS ARIEL LAPINE:A efectos de expedirme enla causa,
anticipo mi adhesión a la solución que propicia el Vocal Instructor preopinante,
excepto enlo relativo a la prescripción de la acción opuesta por los recurrentes,
en tanto considero que corresponde acoger favorablementela petición.-----------
-----Así, cabe tener presente que la situación planteada concierne a unal
determinación de obligaciones, que abarca el período enero 2011 a diciembre
de 2012, efectuada mediante la Disposición apelada (notificada el 29 de marzo,
de 2017), y aquellos coligen que la acción fiscal feneció respecto del período
2011.--
ooo. Eneste orden, es de observar que amparan su postura sosteniendo que su
análisis debe efectuarse de acuerdo a la normativa especifica prevista en el
Código Civil (Ley 340), de conformidad con la doctrina sentada -entre otros- en
el fallo de la CSJN recaído en autos “Filcrosa S.A. s/Quiebra s/Incidente de
verificación de la Municipalidad de Avellaneda”, de fecha 30/09/2003,
posteriormente seguida por la Suprema Corte provincial en los precedentes que
cita, por medio de los cuales, en lo medular, se declaró la inconstitucionalidad e
inaplicabilidad de la legislación local en la materia en tanto se oponga a la
regulación de TONO.-ooococnnnnnnnno-- eoEn ese contexto señalan, básicamente, que el Organismo recaudador
-26/32-
o 6 . Correspondeal Expte. N* 2360-0034241/13
Provincia de Buenos Aires “ CORIJUNIO SA *TRIBUNAL FISCALDE APELACIÓN
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carecía de facultades para determinar el impuesto del período mencionado,
tomando para ello como punto de partida que el cómputo quinquenal debe
iniciarse “desde la fecha del título de la obligación” (art. 3956 del Código Civil),
tal comolo entendió la CSJN inre “Ullate, Alicia Inés”, del 1/11/11.- a.
ao--Al respecto, debo recordar, frente a la temática en cuestión, que ya he
sentado criterio en sentido coincidente al que se propugna (por acatamiento y
aplicación del reciente pronunciamiento del máximo Tribunal de la Nación
recaído en “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia
de Misiones —Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa
administrativa”, del 5/11/2019, hoy ratificado a nivel local con la firmeza
adquirida porel fallo de la Suprema Corte Provincial in re “Fisco de la Provincia
de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. Apremio. Recurso
Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley”, de fecha 16/5/2018, a través de la
decisión adoptada por la CSJN el 22/10/2020) en autos “SIEMENS”, Sala III del
12/12/2019, reiterado en “TTC AUTO ARGENTINA”, Sala 1! del 4/3/2020, entre
otros, a cuyos conceptos vertidos remito en mérito a la brevedad.----—————---=---
ao.Ahora, no obstante que el caso difiere, desde lo fáctico-temporal, de la|
situación acontecida en ocasión de emitirse la sentencia de la CSJN recaida en
la causa “Volkswagen” mencionada, en tanto las obligaciones que abarca el
reclamofiscal, al igual que en aquel, son anteriores a la entrada en vigencia del
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (1/8/2015, conforme Ley 27.077) y
Dr. Calor Ariel Lapine lla decisión final del Organismo -por el contrario- ha sido notificada con
Tribunal Fisgalde apelación |sterioridad a dicha fecha, ello no significa que dicho precedente tenga que
dejarse de Lado.nin
eoEn efecto, a lo sumo puede decirse que estamos en presencia de
prescripciones en curso al momento de comenzara regir la nueva legislación,
tornando aplicable lo dispuesto por el nuevo art. 2537 del CCyC -análogo al
4051 concebido por la ex Ley 340-, previsto para regular de manera
permanente todo conflicto temporal de leyes en la materia (de aplicación
subsidiaria conforme el Código Fiscal), en cuanto establece que “Los plazos de
prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayortiempo
27132 -
que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo
designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto
queelplazo fijado porla ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a
partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley
ANARÍO
peeSin embargo, en lo que hace al plazo en sentido estricto, no se visualiza
la existencia de un conflicto de leyes considerando el quinquenal que preven
sendas legislaciones, ya que no puede hablarse de un “mayor” o “menor”plazo,
pues en cualquier caso aplica el plazo quinquenal de prescripción, ya sea que
se tome la ley anterior (art. 4027 inc. 3 del CC) como la nueva (considerando
comotal el general del art. 2560 del CCyC o bien el Código Fiscal, máxime a
tenor de lo que contempla este -el art. 2560- en relación a su fijación por la
legislación local). Siendo, por tanto, indiferente hablar de ley antigua y ley
hueva (reitero, exclusivamente en lo atinente al plazo), la norma transcripta
-hoy- no impacta en modo alguno sobre la CUestiÓN.aroma========---
ooTampoco varía el escenario ante la hipótesis de situarse el intérprete
entendiendo como “ley nueva” el CCyC y siendo de aplicación el plazo de dos
años previsto en el art. 2562 inciso c). En este supuesto, el mayor tiempofijado
porla “anterior” (quinquenal, del art. 4027 inc. 3 del C.C.) finaliza antes queel
nuevo plazo (2 años) contado a partir del 1/8/2015 (vigencia del CCyC), esto es
hasta el 1/8/2017, tal como se verá seguidamente en el caso concreto que se
analiza. ---------
----En ese nuevo escenario, entonces, a efectos comenzar a decidir la
cuestión, no puede prescindirse, o más bien se torna imperativo, recurrir a la
noción de “nacimiento de la acción”. Es decir, el momento a partir del cual se
computa el plazo prescriptivo. En este orden, teniendo en cuenta que la
determinación impositiva practicada abarca a obligaciones ubicadas
temporalmente según lo señalado (anteriores al 1/8/2015), no cabe sino aplicar
el art. 3956 del CC, esto es que la prescripción “comienza a correr desde la
fecha del título de la obligación”, y considerar como tal la fecha de vencimiento|
de pago de cada uno de los anticipos del gravamen, en función de la postura]
asumida porel suscripto en los precedentes citados.--——occiconnnionanemsaniooo-- - 28/32 -
Corresponde al Expte. N* 2360-0034241/13Provincia de Buenos Aires “ CORIJUNIO SA “
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
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/de
Dr. Carles Ariel Lapinelocal
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olDesde esta perspectiva, observando que el acto aquí recurrido fue
notificado el 29 de marzo de 2017, se advierte que la acción fiscal ha sido|
ejercida cuando ya había transcurrido el plazo quinquenal, respecto de ciertas
obligaciones reclamadas en autos, ni bien se repara que el vencimiento del
anticipo correspondiente al mes de diciembre de 2011 operó como máximo el
19 de enero de 2012, de acuerdo al calendario de vencimientos de pago
establecido por la Resolución Normativa n* 83/2010, completándose, por ende,
aquel plazo prescriptivo en igual día y mes del 2017, motivo por el cual nol
cabe sino concluir declarando la prescripción de la acción para determinar y|
exigir el pago de éste y los anteriores anticipos comprendidos en la pretensión
FISCAL.ooo
eoDespejado este aspecto del modo expuesto, corresponde completar el
análisis en relación a las diferencias reclamadas por los anticipos cuyo período
quinquenal se cumplió con posterioridad a la fecha de notificación del acto
impugnado, que en el caso se circunscribe a los meses respectivos detallados
en la parte dispositiva del acto del año 2012.common=>
ea Así, en orden a evaluar, a la luz de la doctrina judicial reinante, si existe el
apartamiento local, que ésta doctrina invalida, en relación a la vigencia actual
de la acción, observo quetanto una(art. 161 inciso “a” del art. 161 del CF, esto
es suspensión por un año y desdela intimación administrativa de pago) comola
otra (C.C. art. 3986, en cuanto admite dicha suspensión por una sola vez y
durante un año por la constitución en mora del deudor), se revelan
Tribunal Fisgal de Apelación |homogéneas,siendo posible afirmar que el acto determinativo es el quecalificaSala 11
como constitución en mora en los términos del segundopárrafo del art. 3986.-- -
aoY si bien se advierte que, al amparo de la primera, mientras el tiempo no
corre por la mentada suspensión, la legislación bonaerense establece que no
debe computarse el período habido entre la intimación de pago y hasta 90 días
después de notificada la sentencia de este Tribunal cuando mediare recurso de
apelación, ello no debe llevar a la confusión de entender que tal alongación
(así, en abstracto) importa una incompatibilidad vedada constitucionalmente,
siendo necesario agregar -además- que dicha circunstancia ya no hace a la
causal de suspensión en sentido estricto, sino que proviene y se emparenta|
29/32 -
con un evento de índole procesal -incumbencia local- generado por el deudor
(apelante), y por endealejada de la noción de prescripción, siempre asociada a
la idea de “inacción del acreedor”, más allá de no desconocer que hay
conductas del deudor que inciden sobre la prescripción, tales como el efecto
interruptivo derivado de su renuncia o bien del reconocimiento de deuda,
aunque -porcierto- son supuestos que “suman”tiempo al derecho del acreedor,
y no queselo debilitan. ---oonmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncccnnnccoo
Ahora, de no compartirse dicha reflexión y situarse el intérprete en un
enfoque diverso, considerando quela forma -íntegra- en que ha sido concebida)
la norma local implica una prolongación en el tiempo que supera el año que
pone como límite la legislación común (hipótesis que debería verificarse en
cada caso concreto), trayendo ello como resultado inexorable la consecuente
inaplicabilidad de la norma local en favor de la suspensión anual del Código
Civil, la solución propuesta anteriormente -en cuanto a la subsistencia actual de
la acción- no varía. Veamos en el caso concreto en debate.--
eHabiéndose suspendido el curso de la prescripción con la notificación de la|
Disposición apelada el 29/3/2017, la misma culminó el 29/3/2018, y
reiniciándose el cómputo quinquenal desde esa fecha -sumando luego aquel
transcurrido desde el nacimiento de la acción- podría decirse que la misma se
encuentra hoy prescripta. No obstante, como anticipé, no es la solución que
vislumbro en tanto es posible avizorar que estamos en presencia de un
supuesto que resulta subsumible en las previsiones del art. 2550 del nuevo
Código Civil y Comercial (análogo al art. 3980 del CC de Velez), directiva que
proporciona la legislación de fondo en la materia y que, másallá de la doctrina
judicial que impregna este decisorio, se aplica subsidiariamente a falta de
disposiciones de derecholocal que regulen tal situación
eoEn este contexto, siendo que se revela por demásnotoria y evidentela real
imposibilidad de obrar del Fisco mientras está tramitando en esta sede
jurisdiccional la discusión con motivo del recurso de apelación interpuesto,
generándoseasíel obstáculo para continuar el procedimiento tendiente al cobro
medianteel inicio de la acción judicial, corresponde en esta instancia otorgar la dispensa que contempla la mencionada norma del Código Civil (“el juez puede
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o e . Corresponde al Expte. N* 2360-0034241/13Provincia de BuenosAires “ CORIJUNIO SA *
TRIBUNALFISCAL DE APELACIÓNCentro Administrativo Gubernamental Torre ll
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dispensar de la prescripción ya cumplida altitular de la acción, si dificultades de
hecho....le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción”), pero con el
límite que la misma admite, es decir si el titular “...hace valer sus derechos
dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los obstáculos”, y tomado
como momento de dicha cesación del impedimento el día en que el Fisco se
notifique de la decisión definitiva adoptada en la causa por este Tribunal conla|
cual culmina su intervención...
eoEn los términos expuestos dejo sentada mi posición.
Dr. Carlos Ariel LapineDra. María Verónica Romero Vocal
Secretaria de Sala! Tr]bunal Fiscal de ApelaciónTribunal Fiscal de Apelación Sala II
VOTO DEL CR RODOLFO DAMASO CRESPI: Adhiero a la resolución y
fundamentos del Vocal Instructor, lo que así declaro.--
Dra. María Verónica RomeroSecretaria de Sala |
Tribunal Fiscal de Apelación
POR ELLO, POR MAYORIA SE RESUELVE: 1%) Hacer lugar parcialmente al
recurso interpuesto a fs. 1/14 del Alcance N* 5, agregado a fs. 1270, porel Dr.
Enrique Luis Condorelli, en su carácter de patrocinante y apoderadodela firma
“CORIJUNIO S.A.”, y el Sr. Antonio López Da Silva, por derecho propio y con el
patrocinio letrado del mencionado profesional; contra la Disposición Delegada| 31/32 -
SEFSC N* 1219, dictada con fecha 21 de marzo de 2017, por el Departamento
de Relatoría Area Interior de la Agencia de Recaudación de la Provincia de
Buenos Aires. 2%) Ordenar a la Autoridad de Aplicación, practique nueva
liquidación dentro de los 30 días, conforme los lineamientos expuestos en el
Considerando lll, punto 2) de la presente. 3”) Dejar sin efecto la sanción
dispuesta por el artículo 5 del acto apelado, con relación a la omisión
determinada porel período fiscal 2011, liquidándose la multa sobre la base de
los lineamientos establecidos en el Considerando lll, punto 3) de este
Pronunciamiento. Regístrese, notifíquese a las partes y al Señor Fiscal de
Estado y devuélvasea la citada Agencia, a los fines que estime corresponder.---
1. Angel C. Carballal 1. Carlos Ariel Lapineá Vocal Vocal
Tribupal Fiscal de Apelación TribunalFiscal de ApelaciónSala 1 Sala . f
aeMl
ut
Cr. Rodolfo Dámaso CrespiVoc:
Tribunal Fiscal de ApelaciónSala/ll
he saDra. María Verónica Romero
Secretaria de Sala |Tribunal Fiscal de Apelación
REGISTRADABAJO EL N2A
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