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VVIIOOLLEENNCCIIAA EENN CCOOLLOOMMBBIIAA”” CONTENIDOS: 1. Introducción 2. Objeto de evaluación y antecedentes 3. Actores implicados 4. Alcance de la evaluación. 5. Preguntas y criterios de evaluación. 6. Metodología de evaluación y plan de trabajo. 7. Documentos y fuentes de información. 8. Estructura y presentación del informe de evaluación. 9. Equipo evaluador 10. Premisas de la evaluación, autoría y publicación 11. Plazos para la realización de la evaluación 12. Presentación de la oferta técnica y criterios de valoración
1. INTRODUCCIÓN
Conforme a lo establecido en el numeral 9.4 Evaluaciones de “Las normas de Gestión, Seguimiento y
Justificación de Convenios y Proyectos de ONGD y de Acciones de cooperación para el desarrollo versión
2014” previo análisis de pertinencia realizado de manera conjunta entre AECID y OXFAM INTERMON en el
proceso de formulación y la aceptación e interés de los socios locales que hacen parte del Convenio, se
construyen los términos de referencia para la contratación de Consultoría para una Evaluación Final que
permita valorar el impacto y el cumplimiento de los resultados esperados, además de otros aspectos que se
consideren relevantes según el tipo de Convenio suscrito.
Es de pleno interés de Oxfam Intermón (OI) y de los socios locales realizar una evaluación final que, de
manera integral, efectúe una valoración de los 4 años de ejecución del Convenio, a partir de una visión
objetiva de carácter analítico y orientador que permita valorar el impacto y el cumplimiento de los resultados
esperados, indagando sobre los cambios principales generados en la vida de los beneficiarios/as, en un
marco de discusión y reflexión consensuada y conjunta con los diferentes actores.
Así también, acompañando el cumplimiento de las formalidades contractuales comprometidas con la AECID,
para mostrar la relevancia de la adecuada inversión de sus fondos en el marco de las acciones que buscan el
empoderamiento de las-os ciudadanos/as víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia para que exijan el
cumplimiento de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación como garantía de no repetición como
parte esencial de la construcción de una paz estable y duradera.
La evaluación externa debe constituirse en una herramienta importante de gestión; además de un proceso de
carácter constructivo y participativo que, en la práctica, permita detectar los aprendizajes y aspectos positivos
durante estos 4 años de ejecución. Se espera entonces que la evaluación arroje recomendaciones para
iniciativas futuras de los socios locales y de Oxfam para el trabajo con las mujeres y la población víctima, así
como aprendizajes que servirán para mejorar el programa Derecho a la justicia integral y una vida libre de
violencias para las víctimas, las mujeres y las niñas de Oxfam Intermón en Colombia.
2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES
Cumplidos todos los trámites de la Normativa de Aecid, mediante Resolución de 23 de mayo de 2014 de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se otorgó una
subvención a la entidad OXFAM INTERMON (OI), para la ejecución de un convenio de cooperación en
materia de restitución de los derechos fundamentales de las víctimas, especialmente las de desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales, despojo forzado de tierras y violencia sexual en el marco del conflicto
armado en Colombia, orientado al empoderamiento de las-os ciudadanos/as víctimas de la violencia
sociopolítica en Colombia.
El objetivo general del Convenio es “Contribuir a la lucha contra la impunidad a través del apoyo a las víctimas
del conflicto, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, aporte
fundamental para el establecimiento de una paz estable y duradera.” Este objetivo contribuye al cumplimiento
del objetivo del Programa de Derechos a la justicia integral y a una vida libre de violencias para víctimas,
mujeres y niñas de OXFAM INTERMON en Colombia.
El objetivo específico plantea “Ciudadanas y ciudadanos víctimas y organizaciones colombianas de derechos
humanos y paz fortalecen sus capacidades para la exigibilidad y restablecimiento de sus derechos y para la
consecución de un entorno más favorable a su reconocimiento”
El convenio se ha desarrollado a partir de acciones, que han sido implementadas de manera integral durante
los cuatro años de ejecución correspondientes al periodo 1 de marzo de 2015- 28 de febrero de 2019
Fortalecimiento organizativo: Se centra en el empoderamiento de las personas víctimas
especialmente de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, victimas por despojo forzado y
mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y sus organizaciones. Con
esta línea, el convenio pretende fortalecer las capacidades de las víctimas y sus organizaciones en
dos niveles, el primero la formación para la exigibilidad de los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación y el segundo, la formación y acompañamiento para el fortalecimiento interno de las
organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.
Atención Jurídica: Se facilita el acceso a la justicia a nivel nacional e internacional de las personas
que han sido víctimas, especialmente mujeres, víctimas de desaparición forzada y ejecuciones
extrajudiciales, víctimas de despojo forzado de tierras y mujeres víctimas de violencia sexual para
mejorar las garantías de derechos de las víctimas y su participación activa en los procesos a través
de la representación de casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos que
impulsen a prevenir y sancionar su ocurrencia en el futuro. Todo lo anterior orientado a superar los
índices de impunidad en el país.
Acompañamiento Psicosocial: Se da respuestas a las necesidades psicosociales y de salud
mental de las víctimas, especialmente las mujeres y víctimas de ejecuciones extrajudiciales y
desaparición forzada, y víctimas de violencia sexual; se incluye en este acompañamiento a sus
familias, comunidades, organizaciones y organizaciones acompañantes que presentan afectaciones
psicosociales complejas y diversas, como producto de las situaciones de violación a los DD.HH e
infracciones al DIH, y de las situaciones de re-victimización a las que se ven enfrentadas en los
procesos de exigibilidad de los derechos a la verdad, justicia y reparación.
Protección: se enfoca en el fortalecimiento de los procesos de protección física a organizaciones y
defensores/as de derechos humanos, así como a las comunidades campesinas, impulsando
mecanismos eficaces y sostenibles que les permitan continuar realizando su trabajo/ posibilitando la
continuación ininterrumpida de su labor. Se ofrece a víctimas, sus familias, comunidades,
organizaciones y organizaciones acompañantes que continúan sufriendo hostigamientos,
persecución y amenaza por parte de los distintos actores en conflicto, en razón de sus acciones de
lucha contra la impunidad y la exigibilidad de los derechos a la verdad, justicia y reparación distintas
herramientas físicas y políticas de protección (presión internacional en terreno, disuasión e incidencia
política, producción de información, entre otros).
Visibilidad e Incidencia Política: Aumentar el reconocimiento y protección de los derechos
humanos a través de la incidencia hacia el Estado colombiano y la comunidad internacional y la
visibilidad ante la sociedad civil. Se busca ganar el reconocimiento de las víctimas y sus
organizaciones; y el respaldo y solidaridad frente a sus acciones a partir de la puesta en marcha de
estrategias de sensibilización e incidencia política con el fin de posicionar la situación,
preocupaciones y demandas de derechos de las víctimas en la opinión pública y en espacios de
toma de decisiones a nivel nacional e internacional.
El monto asignado al convenio es por valor de 2.670.948 euros de los cuales 2.200.000 euros son financiados
por la AECID, y lo restante corresponde al aporte de Oxfam Intermon y de los socios locales. El plazo de
ejecución del Convenio corresponde al 1 de marzo de 2015- 28 de febrero de 2019. El periodo de ejecución
objeto de evaluación corresponde a cuatro años contados a partir del 1 de marzo de 2015 – 28 de febrero de
2019 conforme lo establece la normativa de AECID.
2.1. Problema que intenta resolver el convenio:
a. Derecho a la vida e integridad personal
Las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario en Colombia se cometen
en un contexto de violencia sociopolítica por parte de todos los grupos armados que participan en las
hostilidades: fuerza pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros.
Estas violaciones al derecho a la vida se registran en la mayoría de los departamentos del país y se cometen
a través de varias modalidades que incluyen homicidios políticos y masacres. Se destaca, las ejecuciones
extrajudiciales o sumarias, conocidos como “falsos positivos”, y desapariciones forzadas. Entre las
víctimas se encuentran mujeres, campesinas y campesinos, indígenas, afrodescendientes, personas en
situación de desplazamiento, activistas políticos, y personas socialmente marginadas.
b. Acceso a la justicia y derechos de las víctimas
El derecho a la justicia en Colombia “continúa restringido por la persistencia de la impunidad, la falta de
acceso a la justicia y las debilidades estructurales de la administración de justicia”.1 Desaparición forzada,
crímenes de Estado, restitución de tierras y la investigación y sanción a los responsables de violación sexual
en el marco del conflicto armado, en el actual contexto, son las principales violaciones de derechos humanos
que requieren acompañamiento jurídico de organizaciones defensoras de derechos humanos, puesto que la
principal responsabilidad recae sobre agentes del Estado o las Instituciones del Estado, por la omisión en la
investigación de los hechos y la sanción de los responsables.
Analizado en cifras, las violaciones de derechos humanos por la ejecución de las conductas anteriormente
mencionadas son graves. Para el caso de la desaparición forzada, alrededor de 30 mil personas han sido
víctimas de ese crimen. Y existen alrededor de 4.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, muchas de ellas
cometidas bajo la modalidad de falsos positivos. Para aterrizar lo que significan estas cifras es conveniente
una comparación: en los 17 años de dictadura de Pinochet se cometieron 3.225 desapariciones y ejecuciones
extrajudiciales; es decir, en Colombia y en democracia, se ha multiplicado por diez las cifras de desaparecidos
de la dictadura de Pinochet.
En lo referente a la restitución de tierras, El Atlas de Distribución de la Propiedad Rural en Colombia muestra
cómo el índice de Gini empeoró desde un 0,841 en 1960 a 0,885 en 2009. Este dato sitúa a Colombia en el
lugar número once entre los países del mundo con la tierra peor repartida y el segundo en América Latina,
sólo después de Paraguay.2 Esta concentración de la tierra tiene una relación directa con la violencia. Los
departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, que son los que poseen el mayor índice de concentración de
la tierra en el país son, a su vez, los departamentos con el mayor número de asesinatos: para el año 2013 el
43,4% de los homicidios cometidos en el país se produjeron en Antioquia y Valle del Cauca.3
Entre 1980 y el 31 de julio de 2010, en Colombia se ha constatado el despojo o abandono forzado de
6.638.195 hectáreas, afectando a 434.009 familias (aproximadamente dos millones de colombianos y
colombianas de todas las edades). Esa superficie representa el 12,9% de la superficie agropecuaria de
Colombia.4 Esa superficie, para que nos hagamos una idea, representa una extensión igual a Catalunya,
Navarra, la Comunidad Valenciana y una parte de La Rioja.
1 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos 2008, N. 70.
2 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2012)
3 Cifras de Medicina Legal recogidas en Vamos Mujer, Agresores: de la impotencia al odio, Medellín, 2014,
pp. 41-42. Ver también: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/en-colombia-a-mayor-
violencia-mayor-concentracion-de-tierra.html 4 III Encuesta nacional de verificación de los derechos de la población desplazada 2010. Pp. 15-16. Las cifras
de una encuesta reciente de la Contraloría General de la Nación arrojan unas cifras más altas: 8.092.000
hectáreas despojadas o abandonadas forzadamente que afectan a más de 500.000 núcleos reclamantes.
En cuanto al crimen de violencia sexual contra las mujeres, en el conflicto ha sido un crimen que se ha
cometido de modo generalizado, en todas las partes del país y por parte de todos los actores armados, y que
ha sido silenciado e invisibilizado. Entre 2001 y 2009, casi 490 mil mujeres fueron víctimas de alguna clase de
violencia sexual.5
El 82% de las mujeres reconoce que nunca ha denunciado los hechos. Las razones de la no denuncia son
varias. Nuestra Primera Encuesta de Prevalencia informa que “Se estima que, el 82,15% de las 489.678
mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual, es decir 402.264 mujeres no denunciaron los hechos que
sufrieron; mientras que sólo el 17,73%, es decir 86.841 mujeres, denunciaron alguno de los casos de los que
habían sido víctimas.
El acceso a la justicia y la exigibilidad de los derechos de las victimas actualmente requieren del
acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos. El Estado, a pesar de contar con
instituciones especializadas de defensa de victimas para estos temas, no ha cumplido con sus obligaciones y
ha limitado el acceso a la justicia a las reparaciones económicas dejando de lado obligaciones como la
investigación y sanción de los responsables y el acompañamiento psicosocial, esenciales para que las
victimas superen los daños psicológicos ocasionados por los hechos victimazantes sufridos.
Ahora, en el marco de implementación del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno
colombiano, la garantía para las víctimas de acceder con oportunidad a todas las instancias del sistema de
verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición se convierte en la piedra angular de la construcción
de una paz estable y duradera.
2.2. Población meta: El colectivo meta de titulares de derechos de este Convenio son, de modo general, las víctimas de la violencia sociopolítica de Colombia. Por víctima, este Convenio asume la definición que dio Naciones Unidas en su “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder” (40/34 de 1985). También asume la definición de la ley 1448 art 3 “se considera víctima a una persona con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicio o condene al perpetrador; también incluye a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.” El Convenio espera prestar una especial atención a determinados colectivos de víctimas, específicamente; mujeres víctimas de violencia sexual, campesinos/afros/indígenas reclamantes de tierras, y familiares de desaparecidos. Eso no significa que no tengan cabida otro tipo de víctimas a las que las organizaciones socias prestan atención y que continuarán apoyando durante todo el Convenio, como es el caso de sindicalistas o defensores y defensoras de derechos humanos. En total se apoyará a 36.587 personas (18.920 mujeres y 17.667 hombres), 340 organizaciones. Indirectamente, 387.380 personas serán beneficiadas.
5 Oxfam Intermon, Primera Encuesta de Prevalencia de violencia sexual en el marco del conflicto armado,
2001-2009.
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/101206_Primera_Encuesta_de_Prevalenci
a.pdf
2.3. Organizaciones implicadas y marco geográfico
Oxfam intermón ejecuta el convenio con 12 copartes:
Corporación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU: En febrero de 1995, tuvo lugar en el Parlamento
Europeo la Conferencia Europea sobre derechos humanos en Colombia, a solicitud de varias organizaciones
no gubernamentales colombianas. Algunas instituciones europeas que formaban parte del “Acuerdo de
Londres” pusieron en marcha la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), con
sede en Bruselas, para fortalecer el cabildeo ante la Unión Europea y las Naciones Unidas sobre el tema de
los derechos humanos en Colombia. En abril de 1995, se consideró necesario, tanto por parte del Acuerdo de
Londres como por Oidhaco, contar con un interlocutor en el movimiento de derechos humanos, debido al
número creciente de organizaciones de derechos humanos colombianas. De esta manera, surgió la oficina de
la Coordinación Colombia - Europa, en Bogotá, con el propósito de responder al trabajo internacional y como
iniciativa de alrededor de 11 organizaciones de DDHH.
La solidaridad internacional frente a la crisis de derechos humanos, el proceso de paz y el impacto de la
política de los Estados Unidos en Colombia también encontró eco en los Estados Unidos, abriéndose una
oficina de coordinación con Colombia en Washington: la Oficina de Asuntos Colombianos en Estados Unidos
(USOC, en inglés). A partir de la incorporación del trabajo de incidencia en los Estados Unidos, el nombre se
amplió a Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos – CCEEU.
El CINEP - Centro de Investigación y Educación Popular: El Banco de Datos, que inició sus actividades en
1986, recauda, sistematiza y difunde información sobre las violaciones más graves a los derechos humanos
fundamentales, así como sobre infracciones al Derecho Internacional Humanitario, informaciones que son
plenamente accesibles al público en el país y el mundo, vía Internet o publicaciones abiertas. Con ello se
pretende reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los
victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes. Esta acción pretende
cualificar la información al crear unidades regionales que estén más cerca de las víctimas y de sus entornos
familiares y sociales, eludiendo la mediación manipulada de los grandes medios de información.
Brigadas Internacionales de Paz –PBI: Durante 24 años en Colombia, PBI ha demostrado que el
Acompañamiento Internacional es una herramienta válida para velar por el respeto de las Normas
Internacionales de Derechos Humanos y La Ley Internacional de Protección Humanitaria. Por esto, se han
especializado en brindar acompañamiento físico, político, mediático y psicosocial a organizaciones,
comunidades y personas frente a riesgos derivados del ejercicio de defensa de DDHH en los territorios.
Comisión Colombiana de Juristas – CCJ: Busca el pleno respeto en Colombia de los derechos humanos
civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, así como del derecho humanitario y reconoce su carácter
universal, indivisible e interdependiente. La Comisión tiene su sede en Bogotá. Hace presencia a través de la
representación judicial de los casos en tribunales de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre,
Risaralda y Valle. Para este proyecto, especialmente desarrolla actividades de litigio en Antioquia, Atlántico,
Bogotá D.C., y Valle del Cauca.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, representado por Comité de
Solidaridad con los presos Políticos: El 25 de junio de 2005, en la ciudad de Bogotá, más de 800
delegados asistentes al II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de lesa humanidad, violaciones
graves a los derechos humanos y Genocidio, tomaron la decisión de crear el Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado como una expresión de AFIRMACIÓN DEL DERECHO A LA AUTENTICA VERDAD,
JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL. Sus acciones colectivas está dirigidas al fortalecimiento organizativo
de las víctimas de crímenes de Estado para enfrentar la impunidad.
Colectivo De Abogados José Alvear Restrepo – CCAAJAR: Está conformada por profesionales del
derecho y estudiantes que, apoyados en otras áreas del conocimiento y la participación de diferentes sectores
sociales y democráticos de la población, defiende y promueve integralmente los derechos humanos y los
derechos de los pueblos, desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el objetivo de
contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política,
económica, social y cultural.
Fundación para los Derechos Humanos “Nydia Erika Bautista”: Es una organización sin ánimo de lucro
que nació en el exilio, después de que la familia Bautista tuvo que abandonar el país por amenazas en 1997.
El exilio fue producto de una larga lucha contra las desapariciones en Colombia, en particular por la justicia en
el caso de la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista. Desde 2007, la Fundación ha retomado el trabajo
en Colombia, donde trabaja con un enfoque integral y participativo para la protección de los derechos de las
mujeres y familiares víctimas de la desaparición forzada.
DH Colombia: Es una red de defensores y defensoras de derechos humanos, fundada en el 2014 con el
objetivo de proteger a las víctimas de desaparición forzada y mujeres víctimas de violencia sexual.
Actualmente, llevan los casos de desaparecidos del palacio de justicia, y los casos de investigación y sanción
a los militares y agentes del Estado implicado en estos casos. Realiza acompañamiento jurídico y psicosocial
a los familiares de las víctimas.
Fundacion Forjando Futuros: FFF, desde su creación en el año 2002, ha puesto en marcha diversas
actuaciones con el objetivo de apoyar las capacidades políticas de la población y de los procesos
democráticos, a través del fortalecimiento de los grupos sociales existentes. Cabe destacar la participación
activa de la FFF en el Plan Congruente de Paz y Asamblea Constituyente de Antioquia.
A lo largo de estos años de experiencia institucional y profesional, se ha promovido de manera intensa la
negociación concertada y dialogada del conflicto, para lo cual ha formado cientos de líderes sociales en el
departamento de Antioquia a través de los proyectos que ejecuta, priorizando temáticas como la resolución
pacífica del conflicto, el derecho a la paz, derecho consagrado en la constitución política, y la equidad de
género.
La Fundación viene trabajando en temas de restitución de tierras desde antes del 2005, en procesos por vía
ordinaria, posteriormente con la expedición de la ley 975 de 2005 ley de Justicia y Paz, asumió el poder para
representar victimas reclamantes de tierras, lo que le ha significado un alto conocimiento en el tema de tierras
y de representación judicial de las víctimas. Esta labor ha posibilitado también reconocer y evidenciar posibles
rutas jurídicas para lograr la reclamación de los predios y que las víctimas puedan ser reparadas.
Centro de atención Psicosocial CAPS: se crea por la necesidad de atención psicosocial de la población
víctimas afectada por violencia política en el país. Ha desarrollado acciones de sinergia con las
organizaciones nacionales de derechos humanos, sindicales y organizaciones campesinas e indígenas, lo
cual ha permitido la estructuración de una Red de Remisores de victimas que requieren atención profesional
psicosocial desde el punto de vista médico, psicológico, terapéutico y social.
El enfoque de la acción psicosocial del CAPS, se ha divulgado a través de la realización de tres (3)
seminarios académicos internacionales y las publicaciones en el área temática de la atención psicosocial
integral. Estas publicaciones acreditan las competencias requeridas para ofrecer un servicio de atención
psicosocial integral, profesional y humano.
El Centro de Atención Psicosocial- es miembro del International Rehabilitation Council for Torture Victims –
IRCT- y de la Coalición Colombiana Contra la Tortura. La presencia del CAPS en el país es reconocida de
manera amplia por organizaciones nacionales de derechos humanos y por organizaciones sociales e
indígenas a nivel regional. Estos antecedentes evidencian el posicionamiento logrado por el CAPS en la
atención psicosocial y acreditan sus competencias para el logro de los resultados previstos en la acción
propuesta en beneficio de los destinatarios y beneficiarios finales y el conjunto de la sociedad civil en
Colombia.
Fundación Círculo de Estudios - FCE: Tiene por razón de su existencia y por objeto “acompañar la
construcción de procesos orientados a la reivindicación de los Derechos Humanos y la observancia del
Derecho Internacional Humanitario, desde los cuales sea posible la trasformación de las condiciones
generales que devienen de la dinámica del conflicto armado en Colombia”.
Tales labores, iniciadas en el año 2008, fueron orientándose hacia el trabajo específico con mujeres víctimas,
especialmente mujeres víctimas de la violencia sexual por motivo del conflicto armado. En este sentido, la
fundación ha ejecutado proyectos dirigidos a este universo de víctimas con el apoyo de la Defensoría del
Pueblo de Colombia, PNUD, ACNUR, el Ministerio de Justicia de Colombia, la Embajada de los Países Bajos,
FUPAD, la Mapp-OEA, entre otros, en diez regiones de Colombia. Los resultados de dicho proceso de
acompañamiento, a través de los círculos de acompañamiento y formación, han sido ampliamente validados
por los representantes de las organizaciones cooperantes, por los representantes de la institucionalidad
colombiana, y por las mujeres víctimas que han sido objeto de acompañamiento.
Corporación Mujer Sigue mis Pasos: tiene el propósito de construir, con la participación activa de las
mujeres víctimas de la violencia sexual, una propuesta de atención, protección y acceso a la justicia para las
mujeres, jóvenes y niñas sobrevivientes de este crimen, perpetrado dentro y fuera del conflicto armado.
Además, luego de ser construida buscará la legitimación de tal propuesta por parte de las organizaciones de
la sociedad civil, por el Estado colombiano y por las agencias de cooperación internacional. Las actividades
desarrolladas con este convenio aportarán elementos para construir dicha propuesta.
2.4. Marco Lógico
El marco lógico se encuentra estructurado en 5 resultados que corresponden a las 5 acciones que se
mencionan en el punto 2. Se adjunta en documento aparte el marco lógico aprobado y en vigencia.
3. ACTORES IMPLICADOS
Actores Actor y
entidad
Expectativas de
participación
Relevancia en el proceso Prioridad
(de 1 a 4)
Socios locales Movice,
Forjando
Futuro, Cinep,
Colectivo de
abogados
José Alvear
Restrepo,
Corporación
mujer sigue
mis pasos,
Ceps, Caps,
CCJ, CEEUU,
PBI, DH
Colombia
Participación activa en
todo el proceso de
evaluación, desde el
diseño hasta la
valoración de resultados
y como actores claves.
Deberán ser
entrevistados/as por el
equipo evaluador.
Fundamental en calidad de
informantes, colaboradores
y destinatarios de los
resultados y aprendizajes
de esta evaluación.
Proveerán información
indispensable para
garantizar que la
evaluación sea útil y tenga
en cuenta el contexto en
que se ejecuta la
intervención.
4
Entidades
financiadororas y
gestoras
AECID/OTC
Oxfam
Intermon
Definición de los
objetivos de la
evaluación y facilitación
de acceso a información,
inclusión de los puntos
establecidos en el plan
rector.
Fundamental para el éxito
de la evaluación y la
recogida y capitalización
de los aprendizajes de ella
resultantes.
Destinatarios de los
resultados de la
evaluación.
4
Entidades públicas Por definir con
los socios
locales
Opinión de las acciones
de incidencia nacional e
internacional y
exigibilidad de los
derechos a la verdad, la
justicia y la reparación.
Importante en calidad de
informantes.
4
Organizaciones No
Gubernamentales
colaboradoras y
Supranacionales
Por definir con
los socios
locales
Opinión de las acciones
de incidencia nacional e
internacional.
Participación en espacios
públicos y construcción
de alianzas
Importante en calidad de
informantes.
4
Víctimas y
Organizaciones de
víctimas
Por definir con
los socios
locales
Participación activa en
todo el proceso de
evaluación, como actores
claves. Deberán ser
Fundamental en calidad de
destinatarios de los
resultados y aprendizajes
de esta evaluación.
4
entrevistados/as por el
equipo evaluador.
Proveerán información
indispensable para el
trabajo de esta evaluación.
En la Evaluación:
Comité de Seguimiento:
Está integrado por dos representantes de los socios locales (una persona en representación de las
organizaciones defensoras de Derechos Humanos y una persona en representación de las organizaciones de
víctimas), y un miembro del equipo de Oxfam Intermón. El Comité de Seguimiento proporcionará un canal de
coordinación y comunicación para facilitar y propiciar la participación de los actores clave durante todo el
proceso de evaluación. Las funciones del Comité de Seguimiento se extienden a todas las fases de la
evaluación:
Facilitar al equipo de evaluación el acceso a toda la información y documentación relevante de la intervención, y a los agentes e informantes clave que deban participar en entrevistas, grupos de discusión o cualquier otra técnica de recopilación de información.
Supervisar la calidad del proceso y los documentos e informes que se vayan generando para
enriquecerlos con sus aportaciones y asegurar que se da respuesta a sus intereses y demandas de información sobre la intervención.
Difundir los resultados de la evaluación, especialmente entre las organizaciones y entidades de su
grupo de interés. Comisión de Seguimiento del Convenio: es el cauce regular de seguimiento del convenio y está conformada por miembros de la AECID y de Oxfam Intermon. En relación a la evaluación, se coordinará con la comisión durante el proceso de diseño, si es necesario, y con carácter obligatorio en el momento de discusión del informe final. 4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN La evaluación final se realizará una vez culmine el plazo de ejecución de los cuatro años del convenio. Abarca el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2019. La intervención se ha desarrollado en cinco acciones ya mencionadas, a nivel nacional, especialmente en las zonas definidas como prioritarias por la AECID en Colombia: Antioquia, Bogotá D.C., Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, el área de la Sierra Nevada de Santa Marta en la Costa Atlántica6.
6 Sierra Nevada: el área prioritaria para la cooperación española serían las zonas de los departamentos de Magdalena, La
Guajira y Cesar que quedan incluidas en el Macizo de Sierra nevada, como unidad geográfica. A efectos de prioridad,
también desde cooperación española se han incluido los municipios de Valledupar y Santa Marta.
El principal objetivo de la evaluación final es evaluar integralmente el convenio, dando cuenta de la pertinencia y calidad de sus procesos, valorando el impacto y el cumplimiento de los resultados esperados.
Son objetivos específicos:
Valorar el cumplimiento de los resultados esperados por la intervención, identificando cuáles han sido los factores dinámicos que han incidido en posibles resultados no previstos, y en cambios entre el diseño y la ejecución.
Evaluar la pertinencia, eficiencia y eficacia de la acción conforme al contexto. Valorar la participación de los/as beneficiarios/as en todo el ciclo del convenio. Establecer la pertinencia del diseño de la intervención. Valorar los efectos generados por la intervención, esperados o no, positivos o negativos. Presentar recomendaciones dirigidas a ajustar el diseño de futuras intervenciones de los socios
locales y de Oxfam Intermón en líneas similares a las de la acción evaluada.
5. CRITERIOS Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN A continuación, se presentan criterios y preguntas de evaluación orientadoras. Se busca que en los criterios de evaluación esté presente la perspectiva de género. PERTINENCIA:
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria? ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la definición de la intervención? En caso
afirmativo ¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios? ¿En qué medida ha sido relevante este proyecto para usted y/o su organización? ¿Para otras
personas y organizaciones? ¿Frente a la situación local, de la región y del país?
EFICIENCIA: ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? Si la respuesta
fuera No, identificar motivos. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? Si la respuesta fuera No, identificar
motivos. ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han
contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? EFICACIA:
¿Cuál ha sido el nivel de avance en el cumplimiento de los resultados esperados por la intervención? ¿Se han logrado otros efectos no previstos? ¿Han encontrado dificultades los destinatarios para acceder a las actividades de la intervención?
COHERENCIA:
¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? ¿Se han definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y actividades de la
intervención?
¿Las actividades desarrolladas permitieron dar cuenta de los indicadores del resultado respectivo? ¿Los tipos de actividades desarrolladas fueron las necesarias y adecuadas para alcanzar los
resultados del proyecto? PARTICIPACIÓN:
¿Se ha delimitado claramente quién participa en el proyecto y cómo? ¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención? ¿En qué medida? ¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? ¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las personas
beneficiarias y las organizaciones locales? ¿Se ha avanzado en este empoderamiento? ¿Qué hechos o logros del proyecto han contribuido al
empoderamiento de los participantes? ASPECTOS METODOLÓGICOS:
¿Ha sido correcta la formulación de la intervención teniendo en cuenta lo establecido en la matriz de formulación del Convenio?
¿Ha sido útil el sistema de indicadores predefinidos? ¿Han sido bien identificadas las fuentes de verificación? ¿Ha sido correctamente identificado los factores externos? ¿Han evolucionado dichos factores conforme a lo previsto?
IMPACTO Y ENFOQUE DE ACCIÓN SIN DAÑO:
¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados? ¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre los beneficiarios? ¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los beneficiarios? ¿Qué tan
oportunamente fueron detectados los efectos negativos provocados? ¿Se efectuaron cambios a partir de esta identificación? ¿Fueron estos pertinentes?
A partir del contexto del país en que se desarrolló el convenio, resaltar a nivel cualitativo los impactos no previstos en el desarrollo del mismo.
5. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO La metodología a ser utilizada en esta evaluación será diseñada por el evaluador/a, o el equipo de
evaluadores, así como las herramientas de evaluación y recogida de datos según los objetivos de la
evaluación, las preguntas a responder y los criterios de evaluación. Dicho diseño será revisado, ajustado y
posteriormente aprobado por el Comité y la Comisión de seguimiento, según pertinencia.
Se establece que la evaluación deberá incorporar información tanto cuantitativa como cualitativa y deberá
incorporar enfoques participativos.
Fases del Trabajo:
Etapa I: Etapa de Gabinete. Tiempo estimado: dos semanas.
Recopilación de la documentación disponible: será responsabilidad del equipo técnico de la oficina de Oxfam Intermón en Colombia proveer y facilitar toda la documentación requerida para la realización de esta evaluación.
Análisis de la documentación: revisión de las fuentes de información existentes, análisis del contexto social y económico donde se desarrolló el proyecto, marco lógico del proyecto, informes anuales, ejecuciones, actividades realizadas, cronograma, presupuesto, principales resultados informados.
Diseño y perfeccionamiento de las herramientas de recopilación y proceso de datos: para este trabajo el evaluador/a contará con la supervisión del Comité de Seguimiento, que aportará sus criterios para alcanzar los objetivos de esta evaluación. Definición de actores claves a entrevistar.
Preparación y presentación del Plan de trabajo: deberá incluir hoja de ruta, beneficiarios a visitar, instrumentos y técnicas de recolección de datos acordados, agenda de visitas a la contraparte y definición de actores claves a ser entrevistados. Este plan deberá ser aprobado por la oficina de Oxfam Intermón, de modo que se garantice el cumplimiento de los objetivos de la evaluación. Incluirá además la calendarización de la entrega del primer borrador y una reunión de devolución con el Comité de Seguimiento para comentarios y redacción del informe final.
Etapa II: Trabajo de campo. Tiempo estimado: seis semanas.
Visitas de campo y entrevistas: visitas a zonas donde se desarrolló el proyecto, entrevistas a fondo (estructuradas y semiestructuradas) a actores claves, profesionales y asistentes de área, beneficiarios/as, financiadores, organizaciones colaboradoras, autoridades públicas, que deberán ser individuales o grupales, según el caso.
Reuniones de devolución de resultados preliminares: el evaluador/a presentará los resultados preliminares del trabajo en una reunión acordada con el Comité de Seguimiento. Esta reunión deberá realizarse seis semanas después de haberse iniciado el trabajo de campo. El Comité tendrá una semana de tiempo para entregar al evaluador/a sus comentarios, observaciones y sugerencias de mejora para obtener un informe final.
Etapa III: Preparación del informe final. Tiempo estimado: tres semanas.
Redacción del Informe final: una vez que el evaluador/a haya recibido los comentarios y observaciones del
comité de seguimiento, dispondrá de tres semanas para la redacción y entrega del informe final de la
evaluación. Para esta tarea contará con el apoyo del equipo técnico de Oxfam Intermón en lo que hubiere
lugar y a criterio de ambas partes. Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo
entregará cinco copias firmadas en papel de la versión definitiva del Informe Final (así como cinco CD con el
documento en formato electrónico, formato pdf, y una presentación en Power Point) y se los hará llegar a
Oxfam Intermón, institución encargada de distribuir las copias. El documento de evaluación, deberá ser
socializado así mismo con las copartes.
6. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 6.1. Documentos:
Documento Principales contenidos Localización
Documento de Formulación de Convenio
Documento de Convenio, Marco Lógico y presupuesto, con formato AECID.
Oficina Oxfam Intermón Bogotá –Colombia.
Planificación Anual del Convenio PAC 1,PAC 2, PAC3 y PAC 4
Documento de Planificación de los cuatro años de ejecución.
Oficina Oxfam Intermón Bogotá –Colombia.
Línea de Base Documento Línea de Base del Convenio
Oficina Oxfam Intermón Bogotá –Colombia.
Informe final Pac 1 Informe técnico narrativo y financiero
Oficina Oxfam Intermón. Bogotá- Colombia
Informe final Pac 2 Informe técnico narrativo y financiero
Oficina Oxfam Intermón. Bogotá- Colombia
Informe final Pac 3 Informe técnico narrativo y financiero
Oficina Oxfam Intermón. Bogotá- Colombia
Informe preliminar y final PAC 4 Informe técnico narrativo y financiero
Oficina Oxfam Intermón. Bogotá- Colombia
Publicaciones de las
organizaciones participantes.
Documentos para la incidencia y
visibilidad de la situación de DDHH
en Colombia.
Oficinas de las Copartes
Bogotá –Colombia.
Documentos para la incidencia Documentos para la incidencia en
materia de DDHH en Colombia.
Oficinas de las Copartes
Bogotá –Colombia.
Memorias de jornadas de formación
Planificación y contenido de las
actividades de formación.
Oficinas de las Copartes
Bogotá –Colombia.
6.2. Fuentes:
Secretarios técnicos y representantes de las organizaciones de víctimas y nodos a nivel regional y
nacional.
Representantes de los socios locales.
Director de País, Gerenta y Oficial de Programa de Derecho a la justicia y a una vida libre de
violencias para las víctimas, las mujeres y las niñas.
7. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN El evaluador/a deberá entregar un informe final de la evaluación que incluirá:
0. Resumen ejecutivo 1. Introducción
Antecedentes y Objetivo de la evaluación.
Preguntas principales y criterios de valor: definición.
2. Descripción resumida de la intervención evaluada, con especial referencia a las expectativas de cumplimiento final en el que se realiza la evaluación; resumen de los antecedentes, la organización y gestión, actores implicados y contexto en el que se desarrolla la intervención. 3. Metodología empleada en la evaluación
Metodología y técnicas aplicadas.
Condicionantes y límites del estudio realizado.
4. Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones establecidas previamente. Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación enunciadas. 5. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos. 6. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales que indiquen buenas prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar acciones de futuras intervenciones, según proceda. 7. Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio elegido por el equipo evaluador (Ej.: a corto/largo plazo, según criterios de evaluación, según dimensión o componente de la intervención, según zona de intervención…). En todo caso, siempre que sea posible, mencionar el actor (o actores) a quien va dirigida de manera particular la recomendación. 8. Anexos en los que se incluirán:
Los TdR.
El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión
Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar la información
Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas.
Entrevistas: listado de informantes, guión de entrevista, transcripciones y
notas.
Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico.
Talleres participativos: relatorías y productos etc.
Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se considera pertinente, sobre todo si existen desacuerdos y no han sido reflejados en el cuerpo del informe. (ver premisa de responsabilidad, pág18)
Ficha-resumen de la evaluación (Anexo 1) 8. EQUIPO EVALUADOR
Podrán presentarse empresas privadas, equipos de consultoras/es asociadas, u organizaciones que cumplan
con las siguientes características y capacidades:
- Comprobada capacidad técnica y experiencia de al menos 3 años en la realización de trabajos anteriores similares a este, especialmente en áreas como Derechos Humanos, Lucha contra la Impunidad, Desaparición Forzada, garantía de derechos de las víctimas de violaciones de DDHH, derechos de las mujeres.
- Gran conocimiento y manejo (demostrable) de metodologías de evaluación e investigación social. - Conocimiento del contexto colombiano. - Con capacidad de análisis para identificar los puntos fuertes y áreas de mejora, así como los
aspectos críticos de la realidad analizada y la intervención del proyecto basado en un enfoque de derechos.
- Con conocimientos y sensibilidad sobre enfoques de género y enfoque de derechos en los proyectos de desarrollo.
- Identificarse como externo contratado por Oxfam intermón e independiente de los socios locales. - Se valorará positivamente el conocimiento previo de las organizaciones socias.
- Se valorará la capacidad de generar propuestas que faciliten una mayor eficacia del programa.
Obs.: De acuerdo con el III Plan Director de la AECID y su apuesta por el fortalecimiento de las capacidades
de los socios locales, se acudirá con preferencia a los profesionales, empresas y particulares locales.
9. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN
Anonimato y confidencialidad: La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.
Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los
miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella.
Integridad: Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no
mencionadas específicamente en los Términos de Referencia si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de la intervención.
Independencia: El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención evaluada,
no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone.
Convalidación de la información: Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de la información presentada en el Informe de evaluación.
Incidencias: En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a la entidad ejecutora de la subvención y ésta, si lo considera necesario, se lo comunicará a la AECID. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por la entidad en los presentes Términos de Referencia.
Derechos de autor y divulgación: Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad
contratante de la evaluación. La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de la entidad ejecutora de la subvención y contratante de la evaluación. Sin embargo, la AECID se reserva el derecho de reproducir, distribuir o comunicar públicamente el informe de evaluación sin necesidad de acuerdo previo con dicha entidad, cuando así lo requiera el correcto desarrollo de procedimientos administrativos y lo hará con previa autorización de la misma, cuando se requiera por otro tipo de motivos.
Régimen sancionador: En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la
calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, serán aplicables las penalizaciones y arbitrajes establecidos por la entidad contratante conforme al contrato privado establecido con el equipo evaluador.
10. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
El proceso de selección del equipo evaluador comenzará el 18 de septiembre de 2018 mediante
convocatoria cerrada. El llamado será difundido a través de ONG locales, la OTC y en universidades e
instituciones de investigación. Se establece la fecha de inicio y finalización de la evaluación, el calendario
de entrega de productos, entrega informe final, y las actividades devolución de resultados, en:
Inicio: 1 de abril 2019.
Entrega y presentación del informe preliminar en reunión con el Comité de Seguimiento: 31 de mayo de 2019.
Entrega de observaciones del Comité de Seguimiento al equipo evaluador: 7 de junio de 2019 Entrega del informe final: 1 de julio de 2019
El presupuesto destinado a ésta evaluación es de 10.000 € (diez mil euros), como máximo. Los gastos resultantes de los viajes, visitas, transporte de victimas para entrevistas (pasajes, viáticos, etc.) para y durante los trabajos de campo, correrán por cuenta de la persona contratada.
Obs.: En caso de que las condiciones externas impidieran la realización de actividades propias de la
evaluación y que afectaran el calendario del trabajo de campo, el equipo evaluador trabajará con el equipo
técnico de Oxfam Intermón para evaluar las soluciones pertinentes y definir beneficiarios prioritarios que
garanticen la consecución de los objetivos de este trabajo.
11. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN Los/as Evaluadores/as interesados/as en participar deberán entregar la siguiente documentación por email
hasta el 29 de septiembre de 2018 en formato Word, Times New Roman 12, hoja tamaño A4.
1. Presentación del/la Evaluador/a: Nombre, localización (país), resumen antecedente y experiencia demostrable.
2. Presentación del equipo de trabajo: Lista de consultoras y breve reseña biográfica. 3. Propuesta metodológica para la realización de la evaluación conforme a los términos de referencia,
Se debe explicitar el enfoque metodológico que se seguirá para la evaluación. Se deberá incluir también una matriz de evaluación preliminar construida a partir de las preguntas de evaluación.
4. Propuesta económica: que incluya la totalidad de los gastos, incluidos honorarios del equipo, gastos de traslados, viáticos, viajes, etc.
5. Toda la información anexa que requieran. La presentación formal de las propuestas deberá ser entregada a nombre de Luisa María Vega Correa (Oficial de programa de derecho a la justicia y a una vida libre de violencias para víctimas, mujeres y niñas) a los siguientes e-mail: [email protected] [email protected] No se considerarán candidaturas que no presenten una propuesta técnica y económica. Una vez se cierren las fechas de convocatoria, el proceso de selección durará 15 días, periodo en el cual se
evaluarán las propuestas presentadas. Una vez seleccionada el/la Evaluador/a, se realizará la comunicación
a AECID para la presentación de objeciones. Solo se comunicará a l/as Evaluadores/as finalistas el resultado
del proceso. Para la valoración de las propuestas se tendrá en cuenta: claridad y viabilidad de la propuesta,
capacidad técnica y experiencia para aplicar la metodología y conocimiento del contexto, la temática y la
experiencia en trabajos similares por parte del equipo evaluador,
ANEXO 2. FICHA EVALUACION DEL CAD
Título Lugar
Sector
Subsector
Tipo de evaluación Coste (€)
Fecha de la intervención
Agente ejecutor
Colectivo meta
Fecha de la evaluación
Agente evaluador
Antecedentes y objetivo general de la intervención
Principios y objetivos de la evaluación
Metodología y herramientas
Conclusiones y recomendaciones según criterios de evaluación de la intervención (se incluirán los evaluados)
Eficacia
Eficiencia
Pertinencia
Impacto
Otros criterios utilizados
Conclusiones de carácter específico
Recomendaciones de carácter específico
Agentes que han intervenido