La propuesta de reforma planteada por el Gobierno nacional responde equi-vocadamente a las debilidades del sector y omite el impulso de la ciencia y la tecnología, condenando al país al subdesarrollo. El presupuesto, la calidad y la investigación siguen quedando relegados.

Publicación de la Universidad Nacional de Colombia • ISSN 1657-0987

Río Bogotá Especies CoyunturaCoyunturaMicroorganismos descontaminan aire del río Bogotá

Ganado criollo, a punto de desaparecer

Exploración minera en Santurbán: un nuevo intento de burla

Precio de la gasolina: ¿Estado vs. consumidor?

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¿Es estratégica la reforma a la educación superior?

http://www.unperiodico.unal.edu.co • un_periodico@unal.edu.coBogotá D.C. No. 143, domingo 10 de abril de 2011

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Descubren dinosaurio en BoyacáPor primera vez en Villa de Leyva hallan los restos de un dinosaurio. Se trata de un saurópodo de hace 125 millones de años. La identificación del animal terrestre refuta la hipótesis sobre lo alejada que estaba esta re-gión de la costa marítima hace 145 millones de años.

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Director: Carlos Alberto Patiño VillaCoordinación periodística: Carolina Lancheros Ruiz Coordinación editorial: Nelly Mendivelso Rodríguez

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Microorganismos limpian

aire del río Bogotá

Hermann Sáenz,Unimedios

Cuando se viaja por la carrete-ra que conduce a la cascada Salto del Tequendama (en Cundinamar-ca), es característico sentir un aro-ma a huevo podrido que pareciera emanar de las aguas del río Bogotá. Se trata de un gas llamado sulfuro de hidrógeno (H

2S), que no solo se produce por la contaminación del acuífero, sino que es expelido por las industrias cárnicas y de gene-ración de energía eléctrica que se encuentran en sus laderas.

Para controlar estos olores, dichas empresas recurrieron ha-ce algunos años a la instalación de filtros biológicos basados en agua, cuya misión era disminuir el número de partículas por millón (ppm) de H

2S en el ambiente. Sin embargo, el efecto no fue el espe-rado: el sulfuro se redujo en mí-nimas cantidades y los biofiltros apenas duraron ocho meses.

Por eso, en el 2009 decidie-ron hacer una convocatoria para recibir ideas novedosas que plan-tearan una solución. Fue entonces cuando investigadores del Centro Internacional de Física (CIF), ads-crito a la Universidad Nacional, presentaron un programa piloto que logró mitigar en un 97% las emanaciones del gas. “Durante los momentos críticos de emisión de H

2S, las concentraciones alcanza-ban entre 300 y 800 ppm. Hoy, con el biofiltro que elaboramos, se han reducido a 24, y a veces a menos”, asegura Martha Guardiola, direc-tora del Grupo de Biotecnología del CIF.

Inicialmente, el mecanismo hecho con materia orgánica (me-laza, excrementos de vaca y oveja, bagazo de caña y material vege-tal, entre otros) procesaba duran-te semana y media concentracio-nes muy altas del sulfuro, pero después pasaba a un periodo de agotamiento. Los expertos del CIF advirtieron que había que nutrir el sistema.

La explicación es sencilla: el biofiltro es colonizado por micro-organismos, que paradójicamente vienen en el sulfuro y son los res-ponsables de la degradación bio-lógica de los contaminantes vo-látiles. “Cuando una molécula de

Un sistema que utiliza microorganismos para degradar el azufre, principal contaminante del ambiente en las zonas aledañas al río Bogotá, está reduciendo las concentracio-nes de gas sulfuro de hidrógeno, altamente corrosivo y perjudicial para la salud de los habitantes.

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gas entra a las capas del biofiltro, inicia un extenso recorrido que la conduce hasta la materia orgá-nica, donde los microorganismos encuentran el alimento perfecto para reproducirse. Allí, utilizando sus enzimas, descomponen el H2S y se comen uno de sus principales compuestos: el azufre. Por lo tanto, el producto que sale al ambiente ya no es un sulfuro”, asegura José Enrique García, director del Grupo de Física Aplicada de Desarrollo Tecnológico del CIF.

Lo novedoso de este proceso es que, para mejorar la acción de los microorganismos, se supri-mió la aplicación de agua, pues los altos niveles de su pH (acidez) no solo afectaban el alimento, sino que reducían la vida útil del filtro. “Ahora se reproducen sin ningún problema y, sin pa-rar, ayudan a eliminar los malos olores”, agrega la investigadora Guardiola.

Un gas que no hay que subestimar

El H2S produce irritación en los ojos, resequedad en la mucosa nasal y gripas, síntomas frecuentes entre quienes conviven a diario con este olor. Si la concentración en el aire es mayor a 300 ppm, puede incluso causar mareo y des-mayo. Por eso, para la profesora Guardiola, el sulfuro de hidrógeno no se debe subestimar: “Si las con-centraciones llegan a superan las 500 ppm, puede ser imperceptible para la nariz y generar daños ce-rebrales”.

El biofiltro para la prueba pi-loto que realizó el CIF se instaló en una empresa ubicada entre San Antonio del Tequendama y Me-sitas de Colegio (Cundinamarca), que con sus emisiones afecta a cuatro veredas con una población aproximada de 1.500 habitantes. En este sitio la concentración de

gas tiende a subir entre las 3:00 y las 5:00 a.m.

Otra de las características del gas es su alta acción corrosiva. Se-gún la investigadora del CIF, “así las concentraciones sean bajas, el hierro o cualquier otro elemento aleado con este metal termina des-truido. En muchos casos, las in-dustrias buscan los beneficios del biofiltro no tanto para reducir las toxicidades que produce en el am-biente, sino para bajar los costos de mantenimiento de sus equipos deteriorados por el H

2S. La lucha de los campesinos se centra en los tejados y en los cercados que termi-nan corroídos”.

Medidas protectoras

El sistema creado por el CIF permite medir el ambiente en tiem-po real y monitorearlo a través de una página web, con el fin de calcu-lar la entrada y salida del gas. Esta parte del engranaje no fue fácil de conseguir.

“Implicó diseñar un sistema que midiera de forma permanente la cantidad de gas que entra y sale del filtro, y fuera lo suficientemente fuerte para que no se corroyera ante las condiciones agresivas del medio y las concentraciones altas de H

2S”, recuerda José García.

De acuerdo a los tiempos esti-mados, el biofiltro debía durar un poco más de un año, y va a cumplir dos funcionando. A pesar de las condiciones agrestes, los mecanis-mos de medida siguen intactos, lo que demuestra el éxito del sistema en su totalidad.

Actualmente, los investigado-res del CIF diseñan un nuevo bio-filtro para otra compañía, también en cercanías al río Bogotá. “Necesi-tamos ajustarlo a las características propias de la empresa solicitante, pues no es lo mismo una industria productora de papel o generadora de energía, que una de carnes. Ca-da biofiltro es un mundo diferente por el tipo de distribución que se le hace al gas. Además, el H

2S nunca viene solo, siempre está acompaña-do de otro tipo de gas, que depende de cada proceso industrial. Hay que rediseñar, inclusive, el material bio-lógico que sirve de alimentación a los microorganismos”, concluye la profesora Martha Guardiola.

Río Bogotá

Investigadores del Centro Internacional de Física (CIF) recogen las muestras microbiológicas del sustrato para evaluar su eficiencia en el sistema de biofiltración, ubicado en una empresa en las laderas del río Bogotá.

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Pelos y grasa dejarán de contaminar las aguas

Las 120 toneladas de pelos y grasa que desechan las cur-tiembres y van a parar directo al río Bogotá, están tomando forma de compost para mejorar el suelo. Gracias al trabajo entre la academia y los curtidores, estos residuos servirán hasta para abrir un mercado productor de abono.

Alejandro Borráez,Unimedios

Para descontaminar el río Bo-gotá, que recibe anualmente 160 mil toneladas de basura, el Go-bierno nacional, el Distrito y el departamento de Cundinamarca han planeado un proyecto que in-cluye tres canales interceptores, la ampliación de la planta de tra-tamiento de aguas residuales El Salitre, una estación elevadora y la construcción de la planta de tra-tamiento Canoas, ubicada entre el municipio de Soacha y la localidad de Bosa. La obra estaría lista en el 2017, con un costo de 5,5 billones de pesos.

No obstante, “esta es solo una parte del proceso que se debe llevar a cabo para limpiar el río”, asegura la investigadora Laura Osorio, del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, quien trabaja desde el 2006 en el proyecto Switch en busca del Manejo sostenible del agua para el mejoramiento de las ciudades del mañana, liderado in-ternacionalmente por la Unesco – IHE, con el apoyo de la Unión Europea.

Para la experta, descontami-nar no es suficiente si no se crean mecanismos para reducir la can-tidad de desechos orgánicos que recibe el caudal en toda su exten-sión. Por eso, con un grupo del IDEA trabaja en la elaboración de planes de producción más limpia (PML), en aspectos como buenas prácticas de operación, sustitución de insumos, cambio de tecnología, reformulación–rediseño del pro-ducto y reutilización, recupera-ción y reciclaje in situ de residuos para la industria curtidora en Villa Pinzón (Cundinamarca), donde se producen cerca de 10.000 tonela-das anuales de residuos de grasa, pelo y cromo, que van directamen-te al río.

Como producto de ese tra-bajo, durante el 2010 se evaluó el compostaje como una de las alternativas de aprovechamiento de los residuos y se desarrolló un plan piloto con los curtidores de la zona, quienes se han interesado en el mejoramiento de los proce-sos industriales y la reducción de los desechos lanzados a las aguas, suelos y rellenos sanitarios. “Se cree que la producción limpia es solamente disminuir el residuo, pero realmente implica mejorar sus condiciones para que sea apro-vechable. Eso es lo que hacemos con este proyecto”, explica Tania Santos, del IDEA.

El compostaje de residuos orgánicos

Según Tatiana Bello, ingeniera química de la Universidad Nacio-nal y líder del proyecto en Villa Pinzón, “el compostaje es la des-composición biológica y la esta-bilización de sustratos orgánicos, que pueden ser beneficiosos al aplicarse en suelos como acon-dicionadores para el crecimiento de plantas, pastos y cultivos”. Por ello, residuos orgánicos como pe-los y grasas, producidos por las curtiembres, servirían para el me-joramiento de los suelos de la zona e incluso la creación de mercados productores de compost.

Para medir la eficacia de la propuesta, los investigadores rea-lizaron un plan piloto con 8 to-neladas del material residual y lo evaluaron durante cinco meses.

“Tomamos los pelos y la grasa y los apilamos en grupos junto a un material estructurante (ase-

rrín) para que no se apelmazaran y circulara el aire. A esta mez-cla le adicionamos una serie de microorganismos eficientes que ayudan a aumentar la tempera-tura. Así, se inició un proceso de fermentación que transformó los desechos en materia orgánica”, explica Bello.

Los resultados arrojaron que durante las dos primeras sema-nas, la temperatura del material alcanza los 70 °C y emite una cantidad mínima de calor y dióxido de carbono al ambiente. Du-rante las siguientes tres semanas, la temperatura dis-minuye gradual-mente y luego, de forma lenta, llega al quinto mes con un promedio de 20 °C, etapa en la que ya se considera compost.

Con las 8 to-neladas de prueba se produjo el 70% de material para el suelo, sin con-tenido de metales pesados, lo que demuestra que “el residuo es aprovechable y puede mejorar las condiciones de humectabilidad y porosidad del terreno”, concluye la investigadora.

Aunque el innovador compost tiene bajo contenido de nitróge-no, fósforo y potasio (elementos necesarios, según la reglamenta-

ción del ICA, para considerarlo como abono), los investigadores trabajan en el mejoramiento del proceso con el fin de incrementar la presencia de nutrientes como el nitrógeno. Para ello utilizan mez-clas de gallinaza, rocas fosfóricas y sulfatos potásicos, con el objeti-vo de crear un abono orgánico ca-paz de competir con los químicos que se utilizan en la producción agrícola.

Beneficios para el sector

El resultado de la elaboración del compost no solo favorece la reducción de los elementos con-taminantes que ingresan al río Bo-gotá, sino a los productores de las 180 curtiembres existentes en Villa Pinzón, ya que según las normas

ambientales que los rigen, es ne-cesario recolectar y almacenar los residuos para su posterior envío a rellenos sanitarios, cuyo costo es de aproximadamente 500 mil pesos por tonelada, mientras que producir el compost por esa mis-ma cantidad cuesta 200 mil.

Gracias a ello, 30 curtido-res de la zona agremiados bajo el nombre de Acurtir iniciaron la compra de un lote en el que

pretenden produ-cir masivamente el material y comer-cializarlo en las regiones. De esta manera buscan disminuir los nive-les de contamina-ción en el agua y los suelos, reducir los campos de al-macenaje (actual-mente las familias del sector utilizan el espacio de sus viviendas para aco-piar los residuos) y crear una posibili-dad de ingreso ex-tra proveniente del uso responsable de

los sobrantes que generan.“Los resultados hacen par-

te de la intención del proyecto Switch de crear estrategias efi-cientes, responsables y econó-micas para disminuir los facto-res contaminantes, a partir de la identificación de sus causas des-de el nacimiento del río”, asegura Laura Osorio.

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En Villapinzón y Chocontá existen 180 microempresas de curtiem-bres que producen anualmente cerca de un millón de pieles para uso industrial. Sus remanentes terminan en este acuífero.

Entre los desechos generados por las empresas curtidoras se calculan 3.700 toneladas de pelo y 7.200 de residuos de carne.

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Ganado criollo, a punto de desaparecer

Las ocho razas de ganado colombiano resistentes a enfer-medades y que proveen la mejor leche y carne del país, se han reducido en un 80%. Investigadores y especialistas del sector coinciden en que el Gobierno debe rescatar la es-pecie criolla creando bancos de germoplasma y desarro-llando planes de conservación y mejoramiento animal.

Jeinst Campo Rivera,Unimedios

Según la Federación Nacio-nal de Ganaderos (Fedegán), en Colombia la ganadería contribuye al 1,6% del PIB nacional, al 20% del PIB agropecuario y equivale a 3,3 veces el sector cafetero, gene-rando cerca de 950 mil empleos directos en el país.

Este macrosector de la eco-nomía, que durante el 2009 pro-dujo 6 mil 400 millones de litros de leche y exportó más de 600 mil dólares en carne y animales vivos, tiene registrados 23 millones 500 mil cabezas, de las cuales solo 30 mil hacen parte de las ocho ra-zas de ganado criollo colombiano (GCC).

Recurso que se agota

Los criollos, que se originaron de los ganados introducidos en el siglo XV por los conquistadores españoles, fueron hasta comien-zos del siglo XX la base genética de los sistemas de producción bo-vina en el trópico bajo colombia-no, que corresponde al 80% del territorio del país, pero que con la introducción de razas europeas y su cruzamiento absorbente, ha puesto en riesgo de extinción a su población.

Según la Asociación de Razas Criollas Colombianas (Asocrio-llo), antes de 1840 el 100% del ganado colombiano era nativo y se estima que había más de 8 millones de animales. Hoy en día quedan menos de 24 mil en todo el territorio nacional, es decir, más del 80% ha desaparecido con la introducción de especies foráneas.

“La disminución se obser-va con particularidad en razas como el chino santandereano y el san martinero; sin embar-go, a través de programas con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estamos trabajando en la recuperación de estas especies, de gran im-portancia para la ganadería colombiana”, asegura José Ve-lásquez, director ejecutivo de Asocriollo.

Leche y carne de calidad

La Universidad Nacional de Colombia en Palmira, a través del Grupo de Investigación en Recur-sos Zoogenéticos, desarrolla in-vestigaciones que evidencian la importancia de evitar la extinción total de este ganado.

Un primer estudio, realiza-do por Darwin Hernández, de la Maestría en Ciencias Agrarias, re-veló que las razas criollas colom-bianas son más resistentes al virus de la leucosis bovina, enfermedad producida por un retrovirus cuya presencia es mayor en bovinos de leche que de carne, y puede matarlos.

“El porcentaje de presencia del virus que encontramos fue del 26,7% en todas las especies, 50% en las razas sintéticas colombianas y 45% en los controles Holstein y Brahman. Así se demostró que to-das las razas de ganado criollo tie-nen una alta o mediana frecuencia de, al menos, uno de los alelos (formas alternativas de un gen que determina las características en los mamíferos) relacionados con resistencia a la presencia del vi-rus”, afirma Hernández.

Una segunda investigación adelantada por otro estudiante de la maestría, Jaime Rosero, evaluó la diversidad y la frecuencia de alelos en tres genes implicados en la calidad de la leche del GCC.

Para ello estudió, en las ocho razas criollas, el gen de la K–ca-seína y dos genes de las proteí-nas del suero (β-lactoglobulina y α–lactoalbumina), cuya presencia contribuye a mejorar los rendi-mientos y las cualidades de la le-che en la fabricación de quesos y otros productos de la industria láctea.

“Al analizar la predominancia del alelo B del gen de la K–caseína, se halló que su frecuencia en este ganado es del 0,41, muy superior a las razas comerciales Holstein y Brahma, que es de 0,2”, señala Rosero.

Un tercer estudio demostró que el GCC presenta alta diversi-dad genética entre razas, lo cual es importante para realizar investi-gación en el área de conservación y mejoramiento de las especies.

Luz Ángela Álvarez, coordina-dora del grupo de investigación, explica: “Para la evaluación se to-

maron 221 muestras de ADN que fueron analizadas con 27 sistemas microsatélites en las ocho razas bovinas criollas, encontrándose una alta diversidad genética ex-presada en el número de alelos”.

Para la zootecnista, doctora en Ciencias Agrarias, los tres es-tudios demuestran que “el GCC es más resistente a enfermedades, tiene una excelente calidad de le-che y una alta diversidad genética que lo hace superior al comercial utilizado por la ganadería colom-biana. De ahí la importancia de preservarlo y mejorarlo”.

Genes para asegurar

Para José Velásquez, de Aso-criollo, “el Ministerio de Agricul-tura ha ejecutado algunos planes y estrategias para la conservación de este ganado; no obstante, hace falta crear un banco de germoplas-ma y desarrollar planes de acción que también se enfoquen en el mejoramiento de las razas y en la promoción de sus características superiores”.

El consultor de la FAO, Ger-mán Martínez Correal, asegu-ra que “Colombia es uno de los países con mayor diversidad de recursos genéticos animales natu-ralizados (RGA) y cuenta con leyes para asegurar su protección”.

A pesar de dichas reglamen-taciones, agrega el especialista, “el país no ha aumentado significa-tivamente los esfuerzos de con-servación, uso y desarrollo de los RGA, y los programas que existen actualmente no han contado con suficientes recursos para abarcar nuevas razas en inminente peligro o abordar el cuidado de nuevas especies”.

El profesor Carlos Vicen-te Durán, director del grupo de investigación de Conservación y Mejoramiento del Ganado Criollo Hartón del Valle de la UN en Pal-mira, concluye: “Se debe propiciar la formación, articulación y forta-lecimiento de grupos multidisci-plinarios de investigación que, en alianza con el sector productivo, desarrollen actividades a corto y largo plazo para la conservación, mejoramiento y utilización de los recursos genéticos bovinos crio-llos en sistemas de producción sustentables”.

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Especies

Primer mapa de enfermedades que atacan a los

peces ornamentales de Colombia

Las infecciones bacterianas están enfermando y matando a los peces ornamentales de mayor demanda en el país, advierte un estudio epi-demiológico en el cual se examinaron 4.000 de estos animales y más de 100 especies que habitan en los departamentos de Vichada, Guainía, Putumayo, Amazonas, Meta y las bodegas de exportación en Bogotá.

Giovanni Clavijo Figueroa,Unimedios

La utilización de peces con

fines decorativos se remonta a la antigua Babilonia −alrededor del siglo V a.C.−, y actualmente, en algunas culturas como la asiática, estos animales acuáticos son signo de estatus socioeconómico.

En Suramérica, extraer peces de su hábitat es una actividad ne-tamente económica, lo cual con-lleva a una disyuntiva: por un lado, significa una de las pocas opcio-nes legales de empleo en muchas regiones ribereñas y selváticas de Colombia, y, por el otro, causa un impacto ecológico que aún no ha sido adecuadamente medido.

Para el caso colombiano, los ríos de donde se sacan los peces ornamentales pertenecen en su mayoría a las cuencas del Orino-co y el Amazonas. Su exportación genera ingresos cercanos a los ocho millones de dólares anuales. Según datos de Naciones Unidas para el Comercio (UN Comtrade 2010), el país se mantiene como uno de los líderes comerciales en Latinoamérica (primero en valor de las exportaciones y segundo en el número de individuos comer-cializados).

Sin embargo, el hacinamiento y la manipulación excesiva, así co-mo el agua deteriorada en la que se mantienen estos animales, los hace vulnerables al ataque de di-versas enfermedades, en particu-lar las causadas por bacterias que ocasionan su muerte prematura.

Los eslabones de la enfermedad

El proyecto empezó bajo la premisa de desconocer las causas precisas y los factores que influyen en la muerte de estos peces de agua dulce en el país. “No existían trabajos sistemáticos por regiones y especies que nos proporcionaran dicha información. Sospechába-mos que estaban siendo mal ma-nejados en toda la cadena de ex-tracción con graves repercusiones en su salud y en el ambiente”, se-ñala el profesor Carlos Iregui, líder del Grupo de Patobiología Veteri-naria de la Universidad Nacional e investigador de enfermedades infecciosas de peces y mamíferos.

Colombia no se ha especiali-zado en el cultivo de las especies sino en su extracción, dice Giovan-ni Penagos, médico veterinario de la UN. “Esta actividad no es viable ni sostenible a largo plazo, por tanto, la investigación busca sen-

tar bases sanitarias y conocer los factores que inciden en las patolo-gías que los afectan, para aportar a su producción sostenible”.

El estudio hizo seguimiento a cada uno de los eslabones de la cadena de comercialización piscí-cola, tomando muestras de agua para medir parámetros de calidad, y de tejidos de los peces para de-terminar la enfermedad y muerte de los individuos, asegura la médi-ca veterinaria Paola Barato.

Demanda de la cadena

El proceso está compuesto, en su orden, por pescadores. Según Barato, “no es una labor de masa, sino que existe un arte de pesca para cada especie, y en muchas zonas quienes se dedican a la cap-tura son los indígenas”.

Posteriormente, los acopiado-res de río van almacenando los pe-ces en piletas de cemento, acuarios y estanques en tierra. Ellos están en contacto permanente con el expor-

tador y los encargados de enviar el producto final a compradores, casi siempre internacionales.

Los ornamentales más de-mandados y costosos del país son la ‘arawana azul’, que se pesca úni-camente en el Vichada, las rayas provenientes en su mayoría de ríos de la Orinoquia, y otras especies como la ‘cucha real rayada’ y la ‘arawana plateada’.

Con el fin de mantener la re-gulación de la pesca en el país, el Instituto Colombiano Agropecua-rio (ICA) tiene establecidas cuotas de pesca y de exportación anuales para cada especie, y periodos de veda en cada región para evitar la sobreexplotación.

Enfermedades de los dulceacuícolas

Los investigadores de la UN, dirigidos por la microbióloga Ju-dith Figueroa, examinaron cerca de 4.000 peces ornamentales per-tenecientes a más de 100 especies

provenientes de los departamen-tos de Vichada, Guainía, Putuma-yo, Amazonas, Meta y las bodegas de exportación en Bogotá.

Luego de un análisis clínico, histopatológico, estereológico y de biología molecular de los indivi-duos, se encontró que la principal causa de mortalidad y enfermedad son las infecciones bacterianas, principalmente las provocadas por Aeromonas hydrophila, que afectan a un alto número de peces de gran demanda como son las ‘cuchas’, los ‘cardenales’, los ‘esca-lares’, las ‘sapuaras’ y las ‘estriga-tas’, entre otros. “Estas infecciones se asocian al hacinamiento, a la manipulación excesiva de los pe-ces y a alteraciones bruscas en la calidad del agua, principalmente en los niveles de oxígeno, tem-peratura y amonio”, puntualiza la médica veterinaria de la UN.

Además, se identificaron en-fermedades que causan serios pro-blemas en especies particulares, como los parasitismos branquiales por Piscinoodinium en ‘cuchillos’, las coccidiosis gastrointestinales en ‘estrigatas’ y las infecciones de piel compatibles con flavobacte-riosis en ‘monedas’. Frente a esto, Penagos señala: “Se trata de altera-ciones que tendrían predilección por familias o especies particula-res y deberán recibir un manejo diferente desde la captura”.

De igual manera, se encontra-ron en varias especies infecciones por micobacterias (tuberculosis). Además de la dificultad en el con-trol de dichas enfermedades, las bacterias eventualmente pueden causar infecciones en la piel de los humanos, por lo que se requiere un manejo especial de los peces en los sitios de acopio.

El estudio sienta las bases pa-ra el mejoramiento de la calidad sanitaria de los peces de acuario que se exportan desde Colombia, y permite afirmar que actualmente el país no tiene enfermedades cau-sales de restricciones o vetos sani-tarios para el comercio internacio-nal de peces de acuario regulado por la Organización Mundial del Comercio. Se publicará un libro con los resultados, titulado Mapa epidemiológico de las enfermeda-des de los peces ornamentales en Colombia y dos cartillas de manejo sanitario.

La investigación fue financia-da por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la alianza Universidad Nacional de Colom-bia – Universidad de los Llanos – JCF Caribefish – Coopesca.

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Precio gasolina corriente

Figura 1. Fuente propia con datos de Ecopetrol. Figura 2. Estructura del precio de la gasolina. Fuente Minminas.

Impuestos33%

Transporte y manejo4%

Distribución9%

FEPC - 2%

Ecopetrol52%

Cuando un usuario compra un galón de gasolina, de paso está pagando los costos técnicos asociados a su producción, transporte, manejo y distribución. Así lo establece el Estado para no desajustar sus finanzas.

Sergio Hernando Lopera Castro,Profesor Asociado Facultad de Minas

Universidad Nacional de Colombia en Medellín

En la mayoría de consumi-dores de gasolina en Colombia se ha vuelto común la pregunta ¿Qué pasa con el precio? ¿Por qué cuando sube el costo internacio-nal del barril de crudo aumenta el de la gasolina a la par en el país, y cuando baja no? Según el Go-bierno, estos interrogantes tienen una explicación que se ajusta a su manera de determinar el valor del combustible. Sin embargo, el usuario, que es quien ve afectado su bolsillo, requiere explicaciones que le permitan comprender la situación. Para ello, se puede em-pezar por observar la evolución del precio en los últimos 13 años, como lo muestra la figura 1.

La estructura del precio, en la figura 2, permite verificar que, cuando se compra un galón de gasolina, se entregan recursos al Estado por la vía de impuestos en 33%, y se pagan los costos técnicos asociados a la producción, trans-porte, manejo y distribución de dicho galón, en el orden de 67%.

En estricta teoría, el precio de un bien debe ser solo función de sus costos. Sin embargo, el Esta-do ha grabado la gasolina en 33% para atender diversas necesida-des del mismo. Decidir que no se cobren estos impuestos parece bastante difícil, pues se desajus-tarían sus finanzas, de antemano comprometidas.

Por lo tanto, hay que buscar la manera de disminuir los costos de producción, manejo, transporte y distribución. No obstante, el pre-cio futuro de la gasolina debería-fluctuar según las variables que lo determinan.

Ingreso al productor: componente principal

del precio

Pli = (UNL87 - Aoci) - Fli

Donde:

Pli: Ingreso al Productor al mes i.

UNL87: Precio de la gasolina motor en la costa del Golfo mes i. Cotización UNL87, publicada por PLAT’S de Standard and Poor’s en

dólares por galón.

Aoci: Ajuste por octanaje mes i.

FLi: Flete mes i.

Esta forma de calcular el pre-cio se basa en el concepto de pari-dad de importación, que consiste en variar el ingreso del productor en función del precio internacio-nal de la gasolina y de la tasa de cambio. Aparece bajo el argu-mento de que fijar un margen de refinación no da cuenta de las vo-latilidades que se presentan en los derivados del petróleo y del precio del crudo. Es necesario analizar si los precios de los bienes deben estar fundados en los costos de producción de los mismos o en las fluctuaciones de los mercados in-ternacionales, teniendo en cuenta que Ecopetrol produce una buena parte del crudo que se transforma en productos derivados en el país, por lo cual sería importante cono-cer el margen de refinación de esta empresa.

Independientemente de si Colombia es importador o expor-tador, las refinerías de Ecopetrol compran el hidrocarburo que van a procesar, y parecería más sensa-to que la política de precios de la

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Coyuntura

gasolina y derivados dependiera del valor al que se compra y se refina.

Hoy la sociedad requiere cla-ridad del Gobierno sobre la forma como diseña el sistema de precios y sobre las variables a tener en cuenta, considerando que la estra-tegia debe integrarse a la política energética nacional. Por otra par-te, sectores más vulnerables como el de transporte de carga y pasaje-ros deberían ser prioridad cuando aumenta el precio de la gasolina, pues requieren que se les minimi-ce el impacto.

Más allá de la coyuntura

Cabe resaltar que los altos costos de los combustibles casti-gan a los propietarios de vehícu-los particulares y desincentivan el uso de los de alto cilindraje, dis-minuyendo por esta vía las emi-siones de CO2, lo cual en principio es positivo.

Pero yendo un poco más allá, la reflexión debe enfocarse en si el Estado debe hacer política fiscal con el pre-cio de un bien –en este caso la gasolina– que es producido en el país, y fundarse solamente en parámetros que reflejen la vola-tilidad del mer-cado interna-cional; o si este debería reflejar los costos de transformación, transporte y dis-tribución.

En el fondo, lo que la socie-dad reclama es saber cómo se está calculando el precio de los com-bustibles, y por qué, si la inflación hoy es del 4%–5%, su costo au-menta anualmente por encima de tales márgenes. Igual importancia requiere conocer cómo se están manejando los recursos del fondo de estabilización de precios de los combustibles.

Más allá de la coyuntura, se requiere una política energética que fundamente la estrategia de transporte y movilidad en general, de recursos que no dependan tan-to de la volatilidad internacional y de los cuales el país disponga. Bien valdría la pena que, en el corto plazo, los transportes masivos de las ciudades funcionaran con elec-tricidad, tal como lo hace el metro de Medellín.

Con una visión de más largo aliento, se deberían recuperar los fe-rrocarriles y el uso de electricidad en los mismos, no se puede olvidar que es la hidroelectricidad el recurso de mayor potencial en Colombia.

Es necesario pasar de una po-lítica circunstancial a una estraté-gica, en la que parte de la renta de los recursos agotables sea inverti-da en proyectos renovables. Esto exige romper paradigmas y pensar en un contexto más amplio.

En ese caso, sería conveniente copiar el caso de ISA, que superó el paradigma de pensarse solo como transportador de electricidad, e in-cursionar en proyectos de infraes-tructura tales como las autopistas de montaña. ¿Qué tal si Ecopetrol pensara en impulsar el proyecto de trenes eléctricos para transpor-te de carga y pasajeros, pasando así de ser proveedor de combus-tibles fósiles a tener un sector tan estratégico como el de transporte? Diversificaría su portafolio dentro de una estrategia de cambiar una estructura económica dependien-te de activos agotables, por una sujeta a activos renovables.

El Estado debe buscar finanzas para funcionar con el precio de los combustibles por dos vías: Ecope-trol e impuestos. ¿Es esto lícito?

Precio de la gasolina: ¿Estado vs. consumidor?

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Exploración minera en Santurbán: un nuevo intento de burla

J. Orlando Rangel-Ch.Henry Arellano Peña,

Grupo Biodiversidad y ConservaciónInstituto de Ciencias Naturales

Facultad de Ciencias Universidad Nacional de Colombia

El estudio sobre factibilidad, desarrollo y ejecución del proyec-to minero y su impacto sobre los ecosistemas y las fuentes hídricas de la compañía GreyStar presenta vacíos de información que no di-mensionan el detrimento ecológico y social que tendría la explotación sobre esta zona, cuya preservación es vital para todas las manifestacio-nes bióticas y socioeconómicas de la ciudad de Bucaramanga y áreas aledañas.

Las imprecisiones pueden en-lazarse con los argumentos que úl-timamente han hecho circular los voceros de la compañía: no hay una definición concreta ni delimitación precisa del páramo en Colombia; no se afectará el suministro hídrico en la ciudad de Bucaramanga; no se transformará el paisaje actual en Santurbán; se asegura una recupe-ración de todas las zonas que se afecten.

Estas afirmaciones no se com-padecen con la base de conoci-miento sobre el páramo y la alta montaña en Colombia. Buena parte de la zona a intervenir se ubica cla-ramente en la región paramuna, y la definición integradora de páramo se refiere a “extensas zonas entre el bosque andino y el límite inferior de las nieves perpetuas, con suelos de espesa capa de materia orgánica, y un clima contrastante que com-prende noches frías húmedas y días asoleados con radiación intensa. Las comunidades vegetales dominantes son los frailejonales con especies de los géneros Espeletia y Espele-tiopsis, los pajonales con Calama-grostis effusa y diversos matorrales en los que prevalecen especies de Hypericum (chite), Diplostephium (romero) y Monticalia. Su límite al-titudinal inferior como Bioma en Colombia empieza desde 3.100 m (páramo de Monserrate)”.

En algunos casos, estas comu-nidades vegetales pueden transgre-dir el límite altitudinal inferior y arraigar en áreas inicialmente cu-biertas por bosque andino, com-portamiento que rememora sus orí-genes históricos en una matriz de vegetación boscosa hace unos 3,5 millones de años.

En el nudo de Santurbán, el monto de precipitación anual varía entre 986 mm (municipio de Vetas) y 1.702 mm (puente Picacho), con una media anual de 1.290 mm (pá-ramos semihúmedos). La existencia de vegetación como los chuscales evidencia sitios con mayor canti-dad de agua en el suelo que hacen grandes aportes al ciclo hídrico del macizo. Del agua que circula en Santurbán dependen los ríos Sura-tá, Frío y Tona, que surten de este

Coyuntura

La pretensión de la compañía GreyStar, de explotar los ya-cimientos de oro y plata en los suelos y rocas del complejo paramuno de Santurbán, fue un nuevo intento de burla a las normas ambientales que prohíben estas acciones en los páramos de Colombia.

Probabilidad de existencia de cobertura de páramo en Santurbán: Alta (naranja y rojo); Baja (verde y amarillo); Nula (azul).

líquido a Bucaramanga. El río Tona, en época de lluvias, aporta el 60% del mineral, mientras que el Suratá, en el verano, lo hace con el 50%; por tanto, es crucial mantener el flujo hídrico en las dos corrientes para garantizar los 2.300 litros por segundo que requiere el acueducto de la ciudad.

No se necesitan profundos ejer-cicios estadísticos ni de simulación para concluir que la merma de uno de los dos caudales, especialmente en la época crítica (verano), reper-cutirá negativamente en el suminis-tro de agua para los bumangueses.

Imprecisiones

y vacíos

En el estudio del plan ambiental se manejan inapropiadamente las

escalas en la cartografía (demasiado amplias e inadecuadas para zonifi-car, planificar y tomar decisiones en una superficie de tan limitada exten-sión y gran diversidad biológica), así como los distintos métodos de mo-delación, en los que no se evalúa el error de las predicciones y se justifica simplemente con el uso de percen-tiles y una modelación carente de validación.

Los modelos sobre variación climática y atmosférica deberían presentar un cálculo de infiltración real local y regional, con variables como tipo de suelo, material paren-tal y tipos de vegetación (particula-ridad de ensambles) en diferentes periodos de tiempo (régimen de dis-tribución de las lluvias), puesto que en una megaobra con un consumo tan alto de agua, la infiltración po-

tencial local no tiene el alcance ne-cesario para una equilibrada toma de decisiones.

Es indispensable un análisis de la precipitación en series tempora-les amplias, cuyos resultados per-mitan relacionarla con escenarios probables de cambios drásticos (cli-máticos) en la región. El panorama sobre el balance hídrico regional se complica aún más cuando se con-sidera la intervención fuerte que se hará sobre quebradas, por ejemplo la construcción del embalse sobre la quebrada El Salado, con una capaci-dad de almacenamiento de agua de 600.500 m3, y sobre lagunas como Pajarito, con capacidad de almace-namiento de 506.800 m3.

No se requiere de un estudio crítico para aceptar la contundencia de que el represamiento de cauda-les implicará cambios sustanciales en la dinámica hidrobiológica aguas abajo, como lo enseña el ciclo del agua que nos han repetido desde los años escolares.

Contaminación

Es preocupante la enorme cantidad de material contaminan-te que se depositará en algunas zonas. Las excavaciones tipo ta-jo se diseñaron en cinco fases de explotación en áreas de páramo (entre 3.100 y 3.400 m), ya que la región presenta una alta actividad sísmica, por tanto los riesgos o las amenazas naturales (movimientos en masa) pueden incrementarse. La ubicación de las canteras que suministrarán abundante material para la construcción –entre otras de las pilas de lixiviación– no se detalla en la cartografía, ni se con-sidera el grado de transformación adicional por este hecho.

Una delimitación precisa del páramo (ver el mapa), en la cual se especifica el límite altitudinal, clima, exposición de las laderas, vertientes y el efecto de sombra de lluvia, inclinación e índices de con-vergencia topográfica con un ajuste cercano al 82,53% de probabilidad, permitió identificar dos escenarios geográficos que documentan for-maciones con afinidad paramuna: el primero, con perspectiva de apa-rición entre el 10% y el 50% (cerca de los 2.650 m), engloba la región ecotonal o de transición entre el bosque alto andino y el páramo bajo o subpáramo; el segundo, cuya aparición variaría entre el 50% y el 99% (valor que se alcanza cerca de los 3.310 m), incluye formaciones típicas del subpáramo y del páramo propiamente dicho. Esta franja pre-senta un ajuste casi perfecto con la distribución actual de los tipos de vegetación en Santurbán.

En conclusión, el proyecto mi-nero de Angostura se localiza en su totalidad en el páramo y ocupa 578 hectáreas (63,16%) de las cerca de 920 que se intervendrían directamente.

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En un artículo de prensa re-ciente decía yo que la Autonomía Universitaria es el reconocimien-to de la sociedad al hecho de que las universidades se equivocan menos que los gobiernos. Andrés Oppenheimer en su reciente li-bro “Basta de Historias” dice que la educación es algo demasiado importante como para dejársela a los gobiernos. No son manifes-taciones de arrogancia académi-ca, más bien lo contrario.

En los ministerios frecuen-temente hay tres personas (mi-nistro y viceministros) muy inte-ligentes, pero que precisamente han sido nombrados por estar de acuerdo entre ellos y con el go-bierno. Hay además otros funcio-narios muy competentes y muy

obedientes. Esto hace a los minis-terios susceptibles a las modas de pensamiento y a los conceptos de organismos internacionales.

Las universidades también son susceptibles a las modas in-telectuales, pero por cada grupo que las siga habrá cuatro o cin-co que argumenten en contra. La obediencia además, es un fe-nómeno exótico prácticamente inexistente. Cuando la hubo fue en épocas de histeria colectiva y de catástrofes humanitarias. El resultado es que la Universidad duda, pero por eso se equivoca menos y es más sensible a seña-les externas.

Todo esto viene a cuento por la manera como el gobier-

no ha construido el proyecto de reforma de Ley 30 (una nueva Ley de Educación Superior) y el Plan de Acción Sectorial para los próximos años. Nadie sueña con un consenso entre el gobierno y los diferentes grupos univer-sitarios. No es ni posible ni de-seable. Pero una discusión pre-via amplia puede generar muy buenas ideas. Puede examinar su consistencia lógica, su con-cordancia con los hechos reales y con la realidad en distintos sistemas y modelos; puede dar indicaciones de la medida en que son aceptables y de la facti-bilidad de su apropiación social. No planteo pues que las consul-tas previas con las universidades sean requisito o condición para el gobierno. Me atrevo, sin em-

bargo, a pensar que habrían sido muy útiles.

Muy distinta es la presenta-ción a posteriori para comenta-rios y eventualmente para la dis-cusión en el proceso parlamen-tario. En el 2010 hubo algunas reflexiones en la Asociación Co-lombiana de Universidades. Sin embargo, sus resultados sobre ti-pología, autonomía universitaria y estructura de la financiación no parecen estar reflejadas en el proyecto, conocido en líneas ge-nerales, no en los detalles que se han elaborado a puerta cerrada, con menos filtraciones que las de “wiki–leaks”.

* El Espectador, marzo 3 del 2011

Moisés Wasserman Rector Universidad Nacional de Colombia

Las universidades se equivocan menos que los gobiernos

Educación

Respuestas equivocadas en la reforma a la Ley de Educación Superior

El Gobierno nacional presentó el 10 de marzo la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992. La incitativa tiene cuatro grandes objetivos: asegurar calidad, disminuir la deserción, adecuar los programas académicos a las necesidades de las regiones y fun-damentar la gestión educativa en la transparencia. La discusión ya empezó y se pronostica un proceso largo y complejo antes de que el proyecto llegue al Congreso de la República.

César Enrique Herrera De la Hoz, Unimedios

La Ley 30 fue aprobada en 1992 con el objetivo de organizar el servicio público de la educación superior. Durante el año 2010, ante las denuncias de diversos rectores de universidades públicas frente al creciente déficit presupuestal, se inició un importante debate na-cional que llevó a la otrora minis-tra de Educación, Cecilia María Vélez, a presentar una propuesta de reforma a dicha ley.

El proyecto se radicó en el Congreso de la República en abril de ese mismo año, y se concentra-ba en reformar el sistema de finan-ciamiento de la educación superior (especialmente en los artículos 86 y 87). Cuando empezó el nuevo periodo legislativo, la iniciativa fue archivada y el gobierno entrante transformó la idea de una reforma puntual para dar paso a un cambio

amplio y complejo, diseñado en su totalidad a puerta cerrada.

El 10 de marzo del 2011 se destaparon las cartas y se presentó una propuesta que no se limita únicamente a temas presupuesta-les (tiene 164 artículos), y busca, entre otros elementos, un impor-tante revolcón en la organización del sistema, refuerza el control y vigilancia de las instituciones de educación superior y le da mayor protagonismo a entidades como el Sena. (El texto completo se puede conocer en www.agenciadenoti-cias.unal.edu.co).

Respuestas al problema presupuestal

El primer objetivo de la refor-ma es promover mayor calidad en la enseñanza y la investigación, para lo que propone mejorar los sistemas de aseguramiento de la calidad y utilizar el 10% de las re-

galías para proyectos de ciencia y tecnología de impacto regional.

Sin embargo, Danilo Vivas, rector de la Universidad del Cauca y presidente del Sistema Universi-tario Estatal (SUE), destaca la poca elaboración que en el articulado tienen los temas fundamentales como calidad, investigación e in-ternacionalización, comparados con el contenido de la inspección y vigilancia que es ampliamente detallado e incluso sobredimen-sionado. Por ejemplo, señala Vivas, el Gobierno busca avalar la norma-tiva interna de las universidades, lo que se convierte en una clara transgresión a su autonomía.

El segundo objetivo del Go-bierno es disminuir la deserción y mejorar las condiciones de acce-so y permanencia en el sistema, buscando la flexibilización de la oferta y la participación regional. Para lograrlo, se ampliará la base presupuestal de las IES públicas,

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Los cuatro objetivos de la reforma (calidad, cobertura, internacionalización y transparencia) son temas de debate común en el mundo. Sin em-bargo, al no haberse elaborado con los distintos actores del sistema de educación superior, la propuesta es unidireccional.

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aumentando el 1% de los recursos actuales en el 2012, el 2% en el 2013 y el 3% entre el 2014 y el 2019.

Rectores de universidades pú-blicas consideran que la reforma no resuelve las dificultades estruc-turales de financiación que exis-ten. Luis Alberto Uribe, de la Uni-versidad de Antioquia, señala que en este tema no hay avances. “Lo mismo que se había discutido con el anterior gobierno, pero ya esta-mos retrasados porque deberían estar vigentes algunos incremen-tos presupuestales”.

El principal problema, desta-ca Uribe, es que en las dos últimas décadas las instituciones univer-sitarias públicas aumentaron co-bertura en pregrado y se multi-plicaron en posgrado, crecieron en investigación y extensión, pe-ro con el presupuesto congelado desde 1998. Infortunadamente, las implicaciones de esta situación no son analizadas por el actual Go-bierno.

Calidad y educación con ánimo de lucro:

¿compatibles?

Dada la falta de dinero para alcanzar el segundo objetivo de la reforma, el MEN plantea la crea-ción de universidades con ánimo de lucro. Para esta estrategia se ha tomado como referencia el ca-so de Brasil, donde el Gobierno amplió la cobertura de 1.800.000 estudiantes a 6.000.000 en menos de 20 años, teniendo un 75% de instituciones de esta naturaleza.

Al respecto, Carlos Angulo Galvis, rector de la Universidad de los Andes, indica que la ley busca la formalización de una situación que se ha venido presentando en el país desde hace varios años. “No se está haciendo ningún cambio. Hoy día existen muchas institu-ciones con ánimo de lucro. Las privadas sin ánimo de lucro somos muy pocas”.

En este sentido, las preguntas

se dirigen hacia el tipo de control y vigilancia de la calidad ofreci-da en dichos centros educativos, además de la posibilidad de que los estudiantes reciban una forma-ción integral (lo que incluye temas poco rentables en países como Colombia a la inversión privada: artes, música o cultura).

Un tercer propósito es funda-mentar la gestión educativa en el buen gobierno y la transparencia, buscando una mayor rendición de cuentas por parte de las universi-dades. Ante esto, Vivas establece que el buen gobierno no se puede construir a partir de la desconfian-za en el sistema, y menos si hoy en día los organismos de control del Estado como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía ejercen una estricta vigilancia.

“Las universidades públicas hemos venido trabajando en el te-ma de rendición de cuentas a la so-ciedad. Por lo tanto, el control debe enfocarse hacia universidades pri-vadas que están ligadas a pequeños grupos de intereses económicos o familiares y que no están haciendo los esfuerzos necesarios para ase-gurar la calidad”, añade.

Discusión de largo aliento

Dada la magnitud de los cam-bios que se plantean, la propues-ta ha empezado a ser debatida en diversos espacios académicos y foros dispuestos por el Gobier-no nacional. Para el rector de la Universidad del Valle, Iván Ramos Calderón, es importante conocer

cada uno de los artículos de la nueva reforma para valorarlos y comentarlos. “Esperamos tener el tiempo suficiente para desarrollar la discusión ante la cantidad de puntos propuestos”, puntualiza.

Y en efecto, no se ha fijado una fecha límite para la finalización de las discusiones, mientras se han establecido reuniones con recto-res y profesores universitarios y es-tá disponible un foro virtual en el sitio web www.colombiaaprende.edu.co para que la sociedad en ge-neral participe. La preocupación, entonces, que tiene el sector uni-versitario es saber de qué forma se conciliarán temas reales de las universidades, tan opuestos a los que propone el Gobierno nacional para su discusión.

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Los rectores de las universi-dades públicas estamos muy pre-ocupados con el hecho de que una vez más el Gobierno se abs-tiene de abordar con profundidad el problema del financiamiento de la educación superior pública y propone unos paliativos insufi-cientes (los mismos que estaban en el proyecto de reforma del anterior gobierno).

El problema se describe fá-cilmente: la Ley 30 congeló el presupuesto de las universida-des con el IPC, mientras que los costos crecen anualmente muy por encima de ese índice. No solo crecen porque las universi-dades en forma muy responsa-ble han duplicado durante esos

años la cobertura de pregrado y han multiplicado varias veces la de posgrado y el número de sus grupos de investigación. Cre-cen también por el efecto de la modernización tecnológica y por la mejora de calidad de sus do-centes, que han pasado en gran medida de catedráticos con título profesional a doctores y magís-teres de dedicación exclusiva. A ello se suman además exigencias surgidas de nuevas leyes que han regulado el salario de los profeso-res de acuerdo con su productivi-dad académica, han aumentado los costos de la seguridad social de todos los empleados y han modificado sustancialmente las exigencias estructurales para las instalaciones docentes. Asimis-

mo, el sistema de mejoramiento de la calidad ha requerido de más y mejores laboratorios, bibliote-cas, lugares de estudio y ámbitos para el bienestar.

Mientras que las matrículas en las universidades privadas han subido anualmente varios puntos por encima del IPC (con permiso del Ministerio) y cada estudiante nuevo representa pa-ra ellas un ingreso adicional, el aporte global y congelado del Gobierno en las públicas genera una disminución significativa y creciente del subsidio que hace por estudiante. La educación su-perior pública colombiana está perdiendo su capacidad de re-clutar a los mejores profesores y

de actualizarse para mantener su calidad.

Los estudios universitarios, ade-más de ser reconocidamente el principal factor de desarrollo de los pueblos, son también la me-jor vía para disminuir la inequi-dad social. La responsabilidad del Gobierno y del Congreso es enorme. Este momento es crucial para resolver de fondo el desfi-nanciamiento crónico de las uni-versidades públicas. No podemos permitir que en unos años solo se consiga educación de calidad, a altísimos costos, en el sector privado.

* El Espectador, marzo 10 del 2011.

Moisés Wasserman Rector Universidad Nacional de Colombia

Reformas sin respuestas

Una reforma incompatible con la realidad nacional

La reforma a la Ley 30 de 1992 presentada por el Gobierno nacio-nal ha dejado más dudas que inquietudes frente a temas de vital importancia como el presupuesto de las universidades públicas. A su vez, la socialización de la propuesta ha generado confusiones que deben ser aclaradas a tiempo para impedir que desvíen la atención y empantanen los debates que realmente se requieren.

César Enrique Herrera De la Hoz,Unimedios

Desde el 10 de marzo del 2011, el Gobierno nacional deci-dió poner a consideración de la sociedad colombiana la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, antes de llevarla al Congreso de la República. El objetivo de esta me-todología es construir un proyecto que responda a las necesidades de calidad, pertinencia, cobertura, modernización e internacionaliza-ción de la educación superior.

Aunque el texto presentado (164 artículos) tendría una inci-dencia directa en la mayoría de aspectos del sistema de educación superior colombiano, los princi-pales reparos y confusiones frente a la iniciativa se han centrado en el tema financiero, que tiene di-versas implicaciones tanto para las universidades públicas como para las privadas.

Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha planteado cuatro grandes estra-

tegias: 1) aumentar recursos a las universidades públicas; 2) ampliar el número de beneficiarios de los créditos del Icetex; 3) gestionar recursos privados para docencia e investigación, y 4) autorizar la creación de universidades priva-das con ánimo de lucro.

U. públicas, sin recursos suficientes

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colom-bia, basado en estudios realizados por la UN y otras universidades del país, ha hecho varias obser-vaciones a la propuesta del MEN. Frente al plan financiero para las universidades públicas, señaló que el actual Gobierno mantiene el presentado por la ex ministra de Educación, Cecilia María Vélez (2002-2010), de aumentar la base presupuestal de estas institucio-nes el 1% de los recursos actuales en el 2012, el 2% en el 2013 y el 3% entre el 2014 y el 2019.

Este ofrecimiento, formaliza-

do en el proyecto de ley presenta-do al Congreso en mayo del 2010, ya había sido rechazado por los rectores de universidades públi-cas. Desde entonces, se ha consi-derado que dichos recursos son insuficientes y no responden a los cálculos financieros que las uni-versidades públicas han realizado ante sus problemas presupuesta-les. Sumado a lo anterior, la refor-ma legislativa del 2011 sometería a las instituciones de educación superior (IES) a tareas y requisitos adicionales que generarían nuevos costos.

En contraposición, el rector Wasserman ha planteado que se requiere un “modelo de sostenibi-lidad de largo plazo y con calidad”, que permita el cubrimiento de los costos de la educación superior como mantenimiento y construc-ción de infraestructura (laborato-rios, aulas, bienestar universita-rio), renovación tecnológica (ban-da ancha, contenidos virtuales) y el crecimiento cualitativo de los docentes (el sostenimiento de un

mayor número de profesores con niveles de maestría y doctorado).

El déficit financiero podría afectar en el corto plazo los bue-nos resultados obtenidos en la última década por estas universi-dades. “Estamos formando pro-fesionales de muy alta calidad a costos más bajos si nos compara-mos con la universidad privada. Pero nuestro crecimiento tiene un límite. Estamos cerca de ese tope y ya no podemos estirar más la cuerda”, advierte el rector Wasserman.

En el marco de un modelo de apoyo a la demanda, el Gobierno también ha propuesto aumentar el número de beneficiarios de los créditos Icetex y reducir el valor de los intereses para facilitar los pagos (de hecho, ya se redujo la tasa del 16% al 4% anual en épo-ca de estudio). Sin embargo, esta estrategia no beneficiaría direc-tamente a las universidades pú-blicas porque la mayoría de estos préstamos se concentran en el sector privado.

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En el 2010, el Gobierno le aportó a las universidades públicas 2,18 billones de pesos: 2,03 billones correspon-dieron al rubro de funcionamiento, 56.789 millones a inversión y 18.000 millones por votaciones, que han venido siendo devueltos a las insti-tuciones de educación superior.

Ante la falta de recursos, la opción más viable para el Gobierno nacional ha sido buscar en el sector privado una mayor participación financiera. Sin embargo, la rentabilidad económica de las empresas no se puede confundir con los intereses sociales de la educación superior.

El déficit financiero podría afectar en el corto plazo los buenos resultados obtenidos en la última década por las universidades, asegura el rector Moisés Wasserman.

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La responsabilidad es del Estado, no de los privados

Adicionalmente, el Gobierno ha planteado otras dos estrate-gias en el tema financiero para el sistema de educación superior. Primero, aumentar los aportes de la empresa privada a la univer-sidad pública. Esto significa, por un lado, ampliar los proyectos de investigación y desarrollo social entre el sector universitario y la empresa privada.

No obstante, el rector de la UN afirma que esta propuesta no presenta nada novedoso para el sistema educativo. “Es un hecho reconocido que desde hace mucho tiempo existen alianzas entre uni-versidades públicas con empresas para resolver problemas específi-cos a través de la investigación”.

Es importante aclarar, señala, que estas alianzas no le generan dineros adicionales a la universi-dad para su funcionamiento. Por el contrario, tales acuerdos deben ser vistos como un aporte univer-sitario al desarrollo del país y a las empresas, y no como una fuente significativa de generación de re-cursos.

Por otro lado, se pretende impulsar la participación de em-presas privadas interesadas en fi-nanciar la actividad de formación de los estudiantes universitarios. La posición de Wasserman es pe-simista al respecto: “No conozco ejemplos en que las empresas es-tén interesadas en patrocinar pu-pitres, aulas o pagar el salario a los profesores”.

La segunda estrategia es pro-mover la creación de universidades privadas con ánimo de lucro, que hasta ahora oficialmente no exis-ten en el país. El modelo se funda-menta en el ejemplo de Brasil, que aumentó la cobertura durante el mandato del presidente Lula Da Silva, de 1.800.000 a 6.000.000 de estudiantes.

Ante la propuesta, el rector de la Universidad Nacional indicó que la estrategia del Gobierno bra-sileño fue importante en el tema de cobertura, pero que el éxito de la política fue su implementación simultánea con el fortalecimiento de la universidad pública y de los sistemas de gestión de calidad. “La universidad privada con ánimo de lucro, por definición, no es una buena universidad. Por ejemplo, no están ubicadas en los principa-les puestos de los ranking univer-sitarios internacionales”, advirtió.

Ciencias básicas, sin espacio en la nueva ley

Las estrategias financieras del Gobierno para aumentar cober-tura podrían desestimular la in-versión en programas académicos poco rentables, descuidando áreas como las ciencias básicas (física, matemáticas, geología, estadísti-ca), que no arrojan beneficios so-ciales y económicos inmediatos, pero que son clave para alcanzar altos niveles de investigación, in-novación, tecnología y desarrollo científico.

De igual forma, áreas del co-nocimiento fundamentales para el desarrollo económico del país son ampliamente descuidadas en la propuesta de reforma del Gobier-no nacional. Ello podría incidir en el abandono de un área de gran potencialidad como la bioquími-ca, que requiere de altas inversio-nes de recursos y a su vez impacta directamente en la modernización de la industria, la competitividad de la Nación en el ámbito interna-

cional y la generación de empleo.En el mismo sentido, se ve

afectada la imperiosa necesidad de modernizar la infraestructu-ra vial, portuaria, ferroviaria y aero-portuaria, debido a la poca atención que se le da a pro-fesiones como la Ingeniería. El atra-so se ve reflejado en el Informe so-bre competitivi-dad 2010–2011 del Foro Económico Mundial, que ubi-ca a Colombia en el puesto 79 de 139 países en el índice de calidad ge-neral de infraestructura, con una puntuación de 3,59 sobre 7. Chile, por ejemplo, se ubica en el puesto 40 con 4,69 puntos.

Al respecto, Carlos Alberto Acero, director de la Red Troncal Alcantarillado de la Empresa de Acueducto de Bogotá, indica que se han identificado falencias en muchos ingenieros que llegan al

mundo laboral. “Un ejemplo se da en el área civil, ya que algunos recién graduados ni siquiera sa-

ben de temas fundamentales pa-ra la construcción, como lo son las cimentaciones que requiere un edificio”.

Agregó que “áreas de ciencias básicas como suelos, geotecnia o geología son materias electivas y no obligatorias en muchas uni-versidades. En consecuencia, se descuidan temas fundamentales para el desarrollo de la infraes-

tructura del país como túneles o autopistas”.

¿Mayor crecimiento con menos recursos?

Otra duda que genera la pro-puesta se relaciona con las metas ambiciosas que se plantea el MEN frente al crecimiento de la educa-ción superior. Según cálculos de la ministra de Educación, María Fer-nanda Campo, la meta es lograr un 38% de crecimiento del sector.

Sin embargo, en sesiones de discusión con los rectores, se ha explicado que se destinarán 2,4 billones de pesos adicionales para las universidades públicas y pri-vadas. Esto constituye un incre-mento del 16% en los próximos cuatro años con respecto a los 15,2 billones de pesos que actualmen-te se destinan para la educación superior.

Ante estos cálculos impreci-sos, el rector Wasserman pregunta: “¿Cómo es posible crecer un 38% con solo el 16% de recursos adi-cionales? Además, ¿cómo se va a crecer en calidad?”.

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Moisés Wasserman Rector Universidad Nacional de Colombia

Nueva Ley de Educación Superior

Después de ansiosa espera el Presidente presentó el proyecto de Ley de Educación Superior. Se tra-ta de una reestructuración general del sistema. Nadie duda que la vieja Ley 30 merecía un cambio. El proyecto que se presentó para sus-tituirla es complejo y tiene aciertos pero también tiene disposiciones que generan dudas y serán obje-to de una evaluación cuidadosa. La primera, que comenté recien-temente en El Espectador y otros medios, es que no atiende al pro-blema de la crisis financiera de la universidad pública. No repetiré acá los argumentos, pero debo se-ñalar que ésta es una preocupa-ción mayúscula.

Se trasluce del contenido y presentación del proyecto de Ley que el gobierno tiene una natural

insatisfacción con el nivel de co-bertura y con la calidad promedio del sistema actual. Para resolver esos problemas se necesita una inversión muy alta. Con pocos re-cursos un gobierno puede tomar medidas extraordinarias basadas en una declaración de “catástro-fe” o en una de “prioridad de Estado”. La educación superior no dio para tanto y la decisión fue buscar recursos adicionales en el sector privado.

Eso se expresó en la propues-ta de alianzas público privadas y en la creación de una nueva “especie” de universidades: las privadas con ánimo de lucro (que tendrán una discusión aparte). El fundamento real es incierto. Las asociaciones entre universi-dades públicas y sector privado

existen hace muchos años; para la muestra los comités Universi-dad-Empresa-Estado. Esas alian-zas tienen potencial para pro-mover investigación aplicada e innovación pero no para apoyar a programas educativos o para reemplazar al Estado.

Hay problemas filosóficos importantes que enfrentar, pero la discusión debe basarse, en esta primera fase, en estudios técnicos rigurosos sobre la manera como la propuesta resuelve (o no) los problemas que aborda. Hay que hacer los cálculos: ¿Es posible que el sistema crezca en un 37% y además mejore su calidad con un aumento del 20% de los recursos estatales? ¿Es posible crear en 3 años 605.000 cupos de pregrado y 40.000 de posgrado con los recur-

sos propuestos? Cálculos a mano alzada nos dicen que invirtiendo en cupos nuevos todos los apor-tes “adicionales” de la Ley para el Sistema Universitario Estatal, y olvidando cualquier iniciativa de mejora de calidad, apenas se cubriría el 6% de la meta total. Por otro lado, si no queremos empeorar la relación de alum-nos por profesor, para cubrir ese número de estudiantes se nece-sitaría 25.000 nuevos profesores, un número que seguramente no está disponible en Colombia.

Hay que ver si se está ha-blando de propuestas realistas o de un discurso que describe sólo expectativas, de un pensar con el deseo, de una casita en el aire.

* El Espectador, marzo 16 del 2011.

Reforma a la Educación SuperiorProyecto del Gobierno, no de la comunidad

Delimitar el papel del ejecutivo en el quehacer de las universida-des, separarlas de las otras Instituciones de Educación Superior, y que el control y calidad de estas lo realice la propia comunidad académica a través de una Asamblea Nacional de Rectores, son algunas de las observaciones que la propuesta legislativa de re-forma a la Ley de Educación Superior sigue dejando en el tintero.

José Fernando Isaza Delgado,Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano

Presidente de Ascún

Es difícil no coincidir con los objetivos que plantea el ejecutivo en su proyecto de ley de reforma a la educación superior: incremen-tar la cobertura, mejorar la cali-dad, promover las competencias necesarias para la inserción de Colombia en el concierto econó-mico mundial, garantizar la trans-parencia y la rendición de cuentas de las instituciones de educación superior (IES).

El sector universitario, a través del Consejo Directivo de Ascún, ha hecho observaciones sobre los mecanismos para lograr los fines enunciados y sobre la forma de estructurar el proyecto de ley.

En repetidas ocasiones, Ascún solicitó que en la propuesta le-gislativa se separaran las univer-sidades de las otras IES. Esto no obedece a un capricho, la Consti-tución de 1991 garantiza la auto-nomía universitaria. Igualmente, se manifestó ante el Gobierno la conveniencia de buscar la expe-dición de una ley estatutaria que

regulara no solo el servicio públi-co de la educación superior, sino también el derecho a esta, sujeto a los principios de progresividad, planificación y programación. La comunidad universitaria buscó infructuosamente que la ley deli-mitara el papel del ejecutivo en su función constitucional de inspec-ción y vigilancia sin lesionar la au-tonomía universitaria, pues como lo afirma la Corte Constitucional “… implica para las universidades viabilizar una constante interfe-rencia del ejecutivo en su quehacer, que se traduce en un continuo con-trol de sus actividades por parte del poder central, inadmisible en el caso de las universidades”.

Se planteó que la autonomía y la autorregulación estuvieran en cabeza de los rectores de las uni-versidades con la participación del Ministerio de Educación. Nada de esto fue tenido en cuenta.

Lo anterior no implica que no haya aspectos positivos en el proyecto de ley. Por ejemplo, se destaca el reconocimiento de la necesidad de subsidiar el crédito educativo y que el monto sea asu-mido por el presupuesto nacional,

a fin de no descapitalizar al Icetex. Es un buen principio para finan-ciar no solo la oferta educativa sino también la demanda. En el país existe la tendencia a descali-ficar los subsidios presupuestales cuando estos se dirigen a mejorar la distribución del ingreso. Por al-guna razón, cuando el subsidio se dirige a los más necesitados, hay voces que piden su supresión con el argumento de que “es asisten-cialismo”, pero cuando se encami-na a financiar a los más pudientes, se alaba con frases del tenor “es para crear empleo y riqueza”.

No es pues de extrañar que los impuestos en Colombia no modi-fiquen sino en 1,5 puntos el índice de Gini (herramienta que mide la desigualdad en los ingresos). En los Estados Unidos la distribución del ingreso después del impuesto muestra una mejoría cercana a 7 puntos.

Transparencia

La iniciación de un estudiante en la universidad le significa com-prometer su recurso más valioso y no renovable: el tiempo. Pero

igualmente, hacer una apuesta a su futuro. Agréguese a esto el por-centaje del ingreso o el ahorro fa-miliar requerido para financiar la educación superior.

Lo anterior muestra la im-portancia de hacer públicos los estados financieros de las univer-sidades, que se conozca su cuer-po de profesores, los índices de deserción, los resultados de sus alumnos en los exámenes de Saber Pro, comparándolos con los nive-les de ingreso Saber 11, para de-ducir cuál fue el aporte de la IES. Debe ser pública la información de inserción de los egresados en el mercado laboral, su ingreso y su afiliación a los sistemas formales de seguridad social. Estos indica-dores permiten tomar decisiones apropiadas. Los estudios que ha hecho el Ministerio de Educación al respecto son valiosos y la socie-dad debe aplicarlos.

Si para proteger el ahorro del público los gobiernos obligan a la transparencia del sector financie-ro, con mucha mayor razón la so-ciedad tiene el derecho a conocer las realidades económicas de las instituciones educativas, a las cua-

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Una de las propuestas de Ascún es que la autonomía y la autorregulación de las universidades estén en cabeza de los rectores, con la participa-ción del Ministerio de Educación.

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les les hace un voto de confianza de mayor significación que la de-positada en una entidad bancaria.

Inspección, control y sanción

A lo largo de su historia re-publicana, el país no ha logrado consolidar un sistema de che-queos y balances que limiten las arbitrariedades de alguna de las ramas del poder público. Tampoco ha podido fortalecer un esquema de gobierno–oposición, garantía de una democracia sólida. No es exclusivo de Colombia que los or-ganismos de inspección y control adscritos directamente al ejecu-tivo se vean tentados a utilizar su poder como una forma de contro-lar las voces de oposición.

En el siglo XIX, uno de los mecanismos usados para castigar a los contrarios fue la confisca-ción. En el siglo XX se utilizaban formas más sutiles: durante el go-bierno militar, con el fin de acallar la prensa y en vista de que la cen-sura no era suficiente, se recurrió a exhaustivas auditorías tributarias a los periódicos no afectos al régi-men, lo que llevó al cierre de dos de mayor circulación.

Las épocas de control de di-visas permitían que algunos fun-cionarios pasaran a mejor vida en esta; pero además, podían racio-narlas para la importación de pa-pel periódico. Todavía se recuerda cómo el otorgamiento o la nega-tiva de licencias de importación permitían enriquecer o empobre-cer a un empresario.

Piénsese en el siguiente es-cenario hipotético: un presidente decide que, “por el bien de la pa-tria”, debe perpetuarse en el poder; para amedrentar a la oposición y a las ramas independientes del go-bierno, recurre al uso indebido de los organismos de seguridad del Estado, de los entes de investiga-ción y control para escudriñar se-lectivamente a quienes no son sus áulicos. Extrapolando este ejem-

plo teórico al sector educativo, al-gunos mandos medios del Minis-terio de Educación creen que le hacen un servicio a su presidente dilatando un registro calificado, o en una situación extrema, sancio-nando a una universidad si alguno de sus directivos se sale de la línea de conducta oficial. Lo contrario también puede ocurrir: cierta ce-leridad en los trámites para pre-miar apoyos incondicionales.

Ley de premios

y castigos

El proyecto de ley es generoso en dotar de mecanismos sancio-natorios al Ministerio de Educa-ción. ¿No sería mejor separar las funciones de estímulo de las de control?

Otro ejemplo para avalar lo

anterior es que la Constitución ga-rantiza la libertad de expresión, y por supuesto el derecho a la honra y al buen nombre también debe preservarse. Sin embargo, hasta ahora a ningún gobierno se le ha ocurrido crear en un Ministerio de Información y Tecnología, una oficina que regule y sancione a la prensa. Se acepta la autorregula-ción y que sea la justicia, indepen-diente del ejecutivo, la rama del poder que controle y garantice los derechos de quienes por efecto de calumnia se les vulnere su buen nombre o su patrimonio.

En muchas sociedades, los or-ganismos con poderes de control y sanción son proclives a la corrup-ción y al clientelismo. Hace unos años, funcionarios encargados de los trámites de otorgar autoriza-ciones (Registro Calificado) acele-

raban su proceso y reducían sus exigencias si estos eran avalados por firmas externas en las cua-les participaban sus familiares. En buena hora la Ministra sancionó esta conducta, pero el riesgo per-siste.

Por parte de los rectores del Consejo de Ascún, se ha planteado que el control y la calidad de la educación universitaria la reali-ce la comunidad académica diri-gida por una Asamblea Nacional de Rectores, que elige un órgano ejecutivo, en el cual el Gobierno tenga participación. Esta propues-ta se ajusta más al concepto de autonomía democrática, y se aleja del riesgo de usar el poder con fines de premios y castigos. Solo me refiero al aspecto político de la propuesta.

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En tela de juicio equidad en la educación superior

Uno de los problemas más críticos que enfrentan las políticas públicas es el acceso a la educación de tercer nivel de las per-sonas de menores ingresos. Estas se encuentran discriminadas por razones de etnia, género, color o clase social, y su número creciente convierte el servicio en excluyente, poniendo en tela de juicio su legitimidad.

Luis Enrique Orozco Silva,Facultad de Administración

Universidad de los Andes

Los diferentes gobiernos han planteado como solución el cré-dito educativo y las becas, en la medida en que permiten, a través del financiamiento de la demanda, facilitar el acceso en mejores con-diciones que las que ofrece el mer-cado. En el caso de Colombia, es evidente que esta orientación del préstamo ha posibilitado, man-teniendo el apoyo a los estratos de mayores ingresos, optimizar el acceso de los estratos 2 y 3, no así el del 1, en parte porque no tiene entrada al sistema educativo en su conjunto.

La primera razón de la impor-tancia de la equidad en educación consiste en el papel que juega el conocimiento en la economía de las naciones y en la posibilidad para todo el país de ocupar una posición digna en el concierto glo-bal. De otro lado, la educación es el medio de formación de los

talentos humanos y la vía más importante para que las perso-nas puedan construir un proyecto de vida digno y una posición que consideren valiosa para sí mismos en la sociedad.

Calidad, en contra

de los pobres

Pero las medidas que se to-men en esta materia en el terreno de la educación superior, por parte de los gobiernos, dependen de la orientación sobre la cual se esta-blezcan. En efecto:

¿Se trata de igualar las opor-tunidades para quienes tienen el talento y las condiciones que ase-gurarían en principio el acceso a las élites, bajo el presupuesto de la existencia de una naturaleza in-nata, inteligente y apta pero di-ferentemente distribuida en una población?

Esta opción supone que lo ur-gente es crear igualdad de oportu-nidades, para que los más talento-sos puedan acceder al mayor grado

posible de formación, y simultá-neamente contar con un esque-ma diferenciado para el resto de la población. Por lo tanto, lo correcto es disponer de un acceso universal hasta el nivel básico y procurar la formación selectiva de una élite competente en el nivel superior.

O, el énfasis se pone en esta-blecer una política orientada a in-crementar la igualdad por la vía de la educación, en cuyo caso se par-tiría de que el talento tiene una ba-se social y, por ende, la inteligencia es un proceso multidimensional en el que inciden numerosos fac-tores como la socialización prima-ria, la estimulación temprana y la calidad del desarrollo psicomotor. En ese sentido, no es totalmente predecible en su despliegue ni me-dible a través de los recursos tra-dicionales de la psicometría, en lo cual la cultura tiene una influencia muy amplia.

Desde esta última perspecti-va, hay que preocuparse no solo por la adquisición común de las mismas competencias y conoci-

Moisés Wasserman Rector Universidad Nacional de Colombia

Los modelos a medias

Entre los argumentos que se han presentado estos días alre-dedor de la nueva Ley de Educa-ción Superior llaman la atención algunos modelos económicos. Me recuerdan a esos pacientes neurológicos que por lesión en el hemisferio derecho del cere-bro pierden la capacidad para captar todo lo que se sitúa al lado izquierdo de ellos. Así sólo se comen lo que hay en la mitad derecha de su plato. La mitad del horizonte deja de existir. Aunque lo vean simplemente lo ignoran como si estuviera en otra dimen-sión del mundo real.

Uno de esos modelos es la in-troducción en el Brasil de la educa-ción con ánimo de lucro. Aumen-tó sustancialmente la cobertura, se movilizaron muchos recursos y fue impulsada por el presiden-

te Lula da Silva (lo que le quita sospechas de neoliberalismo). La mitad que no se muestra es que las instituciones con ánimo de lucro son de muy regular calidad, y por eso los estados y el gobierno federal aumentaron enormemen-te su apoyo a las universidades públicas emblemáticas. Son así la de Sao Paulo, la de Campinhas, la Federal de Rio de Janeiro y otras que son las que aseguran, a costos mínimos, la opción de alta calidad en pregrado y posgrados para la élite estudiantil.

Otro modelo que se ha veni-do proponiendo es el australiano de recobro a los egresados. Es un sistema en el que las universida-des le cargan a “su cuenta” los costos de matrícula al estudiante y cuando ya está trabajando y de-vengando los cobran a través del

sistema de impuestos nacionales. La parte que no nos muestran es que el ingreso per capita en Australia es 12 veces el colom-biano, que sólo se empieza el co-bro cuando el ingreso lo permite (es decir después del posgrado y dando margen para construir un patrimonio familiar), y que todas las universidades son públicas de forma que no se constituye en un impuesto exclusivo para quienes no tienen posibilidad de pagarse privadamente sus estudios.

El modelo americano es presentado como paradigma de un sistema privado, pero no se muestra la otra mitad, que es el conjunto de universidades públi-cas más grande del mundo, con altos subsidios para los estudian-tes y con un sistema combinado de préstamos o becas que impide

que un joven con capacidades se quede sin estudios.

En el nuevo proyecto de Ley se proponen aportes adicionales a las universidades públicas por 1% el primer año, 2% el segundo y 3% el tercero y en adelante hasta 2019. El modelo calculó cuánto va a significar eso en erogación para el Estado. Lo que no se ve es que ese aumento está condicionado a tareas nuevas que en poco tiempo causarán a las universidades gas-tos que superan el ingreso.

Podría traer más modelos, seguramente algunos de ellos aplicables en Colombia. Pero el éxito para su implantación de-penderá de que los implantemos completos.

* El Espectador, marzo 24 del 2011.

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mientos que se consideran básicos para el mejor aprovechamiento futuro de nuevas oportunidades, sino también por otros aspectos como disminuir la deserción de la población de alto riesgo entre primero y quinto semestre, las in-novaciones curriculares y su adap-tación a los diversos tipos de estu-diantes, la creación de recursos de apoyo, estimulación y nivelación que demanden los diferentes tipos de estudiantes, y la flexibilidad en materia de rutas de aprendizaje en las estructuras curriculares y en espacio y tiempo de aprendi-zaje. Naturalmente, se trata de un esfuerzo que involucra a las ins-tituciones, y que una política de gobierno puede orientar mediante proyectos de amplio aliento.

Mientras se mantenga la pri-mera opción, que es dominante en la mayoría de los países de América Latina, la educación será excluyente, selectiva y en tal caso la lucha por el mejoramiento de su calidad irá en contra de los pobres. Será muy útil para la formación de las élites en cada país pero no para dignificar la existencia de las mayorías.

Inequidad, las cifras hablan

Por lo anterior, sigue siendo un problema no resuelto el esco-ger entre aumentar cobertura en el marco de un sistema de educación superior excluyente, o incremen-tar la equidad, vía el mejoramiento del acceso a programas educativos con calidad y con una visión más incluyente derivada de una apre-ciación menos neoliberal. La alta deserción en la educación supe-rior refuerza el argumento contra el aumento de cobertura versus acceso y equidad. En efecto, la de-serción por cohorte en las univer-sidades es actualmente de 45,3%, en las de carácter tecnológico es de 53% y en la técnicas de 60%.

Estas consideraciones no son retóricas puesto que las cifras res-pecto a inequidad hablan por sí solas. En el anterior gobierno, se-

gún las encuestas continuas de hogares del DANE para los años 2002–2007, la tasa de escolaridad bruta varió entre 24,47% en el 2002 y 32,48% en el 2007; el promedio de América Latina es de 31%, lo que significa que, para este último año, 3,3 de cada diez personas asistían a la educación superior. Pero si miramos la tasa neta, que es más interesante porque nos ha-bla de las personas que efectiva-mente asisten al nivel apropiado para la edad, el promedio para el mismo periodo es de 17,77% y una tasa de 16,31%.

Lo importante para observar es lo siguiente: cuando se ven las tasas por quintiles de ingreso, las diferencias son amplias. Mientras en el quintil 1, o sea el de menores ingresos, la tasa de escolaridad su-perior bruta tuvo un promedio de 6,35% para el periodo 2002-2007, en el quintil 5, el de mayores in-gresos, la tasa promedio subió al 77,07%. La tasa de cobertura para el quintil más bajo tan solo se in-crementó en 4,08 puntos porcen-tuales, mientras que en el quintil 5 el aumento fue de 19,21 puntos.

De igual manera, en la tasa neta por quintiles de ingreso se ven amplias diferencias entre los niveles. Para el año 2007, en el quintil 1 tan solo el 6% de las personas accedieron a educación superior, mientras que en el quin-til 5 ese porcentaje subió al 49,4%. La evolución de la tasa neta por quintiles muestra que para el 1 fue de 3,03 puntos porcentuales y para el 5, de 5,26 puntos durante el periodo 2002–2007. Estas cifras ponen en duda el entusiasmo con que frecuentemente se hace énfa-sis en el alcance de la política de cobertura, buscando incorporar al sistema a los más pobres.

En consecuencia, hay que cambiar la política de cobertura por una de mejoramiento del ac-ceso con las características ano-tadas. Esta debe tener en cuenta y armonizar las acciones orientadas a un mayor acceso, una mejor ca-lidad y una menor deserción. Todo lo demás son habladurías. U

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El Gobierno sigue sin resolver el problema de aumentar la cobertura en un sistema de educación superior excluyente, o incrementar la equidad, mejorando el acceso a programas educativos con calidad.

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Moisés Wasserman Rector Universidad Nacional de Colombia

Moisés Wasserman Rector Universidad Nacional de Colombia

¿Privatizando la calidad?

Las universidades están discutiendo

Una de las primeras reaccio-nes al proyecto para una nueva Ley de Educación Superior fue el temor de que pudiera llevar a la privatización de la educación superior pública. No comparto esa opinión.

El primer movimiento estu-diantil en el que participé, poco después de haber entrado a la Universidad Nacional de Colom-bia, tenía como uno de sus fun-damentos el rechazo a la priva-tización. De eso hace 47 años y la universidad todavía es pública y sin duda mucho mejor. No veo en el proyecto de Ley ni en las posiciones de la ministra y de su equipo de colaboradores una política “privatizadora” en sen-tido estricto. La privatización es un fantasma y con frecuencia los que persiguen fantasmas dejan

de ver los problemas reales.

Lo que sí trae el proyecto de Ley es un crecimiento basado en la introducción de las institu-ciones con ánimo de lucro. Eso llevará a una modificación de la proporción entre estudiantes del sistema público y privado a favor del privado e implicará también una competencia fiera por estu-diantes y por los préstamos de Icetex entre las instituciones pri-vadas sin ánimo de lucro y las de ánimo de lucro con desventaja para las primeras entre las que están las mejores de ese sector.

El temor grave que me asalta es que se privatice la calidad. El hecho de que los recursos para la educación superior pública no aumenten de forma real le hará perder capacidad para competir

por los mejores profesores y para actualizar y modernizar su tecno-logía y su infraestructura docen-te, investigativa y de bienestar.

Eso pasó ya con la educación básica y media hace unos años. Hace 40 años la mayoría de los mejores estudiantes de la Univer-sidad Nacional venía de colegios públicos emblemáticos. Hoy esos colegios ni siquiera aparecen en el listado de los 500 mejores del Icfes. Es un hecho absolutamente innegable que quien quiere pa-ra sus hijos un colegio excelente debe esforzarse para pagar uno privado, que con muy pocas ex-cepciones será tanto mejor cuan-to más caro sea.

El impacto sobre la equidad y la movilidad social de una edu-cación superior de mala calidad

es tremendo. En nuestro país muchísimos niños nacen con desventajas competitivas. Estas desventajas se acrecientan en un mal colegio y se afianzan y se vuelven irreversibles en una uni-versidad mediocre.

Como están las cosas hoy, para muchos jóvenes lo único que puede romper este destino es una universidad pública con una calidad igual o superior a la mejor que se pueda comprar, y cuyos egresados no queden en una situación de endeudamiento tal que les impida estudiar un posgrado. Por eso el gran susto en la coyuntura actual no es la priva-tización de las universidades sino la privatización de la calidad.

* El Espectador, marzo 31 del 2011.

Los llamados del señor Presi-dente y los ministros para que las universidades discutan la Ley de Educación Superior caen en un te-rreno abonado. Vemos el proyecto como la oportunidad para una dis-cusión amplia con la sociedad.

Sería bueno, sin embargo, valorizar la discusión con algu-nos ejemplos: en Alemania, des-pués de resultados mediocres en el ranking de Shangai, se cons-truyó el proyecto Iniciativa de Excelencia, que con una inver-sión de 1.900 millones de euros contempla el apoyo a 10 de sus universidades (todas públicas) para recuperar las posiciones perdidas, mediante la creación de 40 nuevas escuelas doctorales y 30 centros de investigación.

Francia, por la misma razón, reestructuró su sistema de edu-

cación superior agrupando en “Polos de Investigación y Edu-cación Superior” a sus tradicio-nales universidades, institutos de investigación y escuelas de ingeniería (todos públicos). Ade-más, se prevé la construcción de 11 nuevos “mega–campus” re-gionales.

El presidente Obama, en su primera reacción a la crisis fi-nanciera y en su último discurso sobre el “Estado de la Unión”, inyectó 60.000 millones de dó-lares para investigación y forta-lecimiento de las universidades. Iniciativas como esas se repiten en el sureste asiático, China, In-dia y casi todas las naciones con-centradas en una economía del conocimiento.

En España, estudios econó-micos del gobierno mostraron

que era más rentable invertir en educación superior que en bonos del Estado. En un estudio pare-cido, la Asociación Colombiana de Universidades concluyó que la rentabilidad social del dinero invertido en educación superior es del 40%.

En la propuesta que discu-timos en Colombia, el Minis-terio plantea –para financiar un crecimiento del 37% de los cupos y mejorar la calidad– la suma de 1,2 billones de pesos públicos y otro tanto de priva-dos (lo último con un grado de incertidumbre no estimado). Las dos cantidades correspon-den apenas a un aumento de 15,8%, menos de la mitad de la meta de cupos.

Dentro de esa suma, a las universidades públicas se les

asignan 410.000 millones de pesos. Si estos se invirtieran exclusivamente en financiar nuevos cupos, ni un centavo para nada diferente, apenas lo-graría al costo actual 25.000 estudiantes nuevos durante los cuatro años. Compárese eso con la meta de 605.000 nuevos cupos de pregrado y 40.000 de posgrado.

Con gusto aceptamos la invi-tación a discutir, pero ojalá sobre cálculos, proyecciones y estudios, y no sobre supuestos y lemas. La-mento que la discusión no sea, como en los ejemplos anteriores, sobre estrategias para crecer y proyectar a nuestras universida-des a un futuro mejor, sino sobre sus mínimas posibilidades de su-pervivencia.

* El Espectador, abril 7 del 2011.

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Educación y empleoLa esperanza de acceder a la educación superior para los sectores de bajos ingresos, es decir, para la mayoría de la población co-lombiana, apunta a la universidad pública que ha sufrido un gran descuido por parte del Gobierno central.

Juan Camilo Ochoa R.,Ex presidente Suramericana de Inversiones

Ingeniero Escuela de Minas UN en MedellínMáster en Ciencias de MIT

PhD en Matemáticas de UCB

La noción de equidad emplea-da en estas notas es de carácter pragmático, desde un punto de vista de racionalidad social y no partiendo de principios éticos o morales (costumbre), como tam-bién podría ser. Se basa en que la equidad tiene que ver con el ofrecimiento de iguales oportuni-dades al niño y al joven, con el fin de aprovechar en forma óptima el conjunto total de sus talentos. Las personas que no tengantienen acceso a la educación, introducen un sesgo negativo en el potencial de crecimiento y desarrollo de la sociedad. Un grupo de jóvenes sin educación es visto aquí como un desperdicio de recurso humano y no una simple “injusticia”. Esta es una condición para el logro de altas tasas de crecimiento y bien-estar colectivo. Su plena y óptima utilización en la sociedad es una condición para el logro de altas tasas de crecimiento y bienestar colectivo.

El sistema de educación su-perior colombiano ha escindido a la población estudiantil en dos grandes grupos altamente dife-renciados por sus ingresos: por una parte, están los quequienes provienen de los estratos 4 a 6, que se pueden catalogar como de ingresos medios y altos, y van a las universidades privadas; por el otro, los que pertenecen a hogares de estratos 1 a 3, que se pueden clasificar de ingresos bajos o me-dios bajos, y aspiran a realizar su educación superior en las univer-sidades estatales1. La clase media se viene reduciendo progresiva-mente.

Existen muchas variantes en los requisitos de admisión a las universidades privadas. Algunas se basan en los exámenes de Es-tado (ICFESIcfes), pero con un grado de exigencia muy variable. Naturalmente, las mejores son las más exigentes y muchas agre-gan una entrevista que se puede prestar para utilizar criterios no académicos que podrían con-ducir a discriminación, según el gusto y orientación ideológica de la institución. En algunas, las de menor calidad, el que pueda pa-gar ingresa. Estas universidades no disponen de subsidios estata-les como las públicas2. Por el alto costo de la matrícula, es común que no alcancen a llenar todos los cupos disponibles, lo cual les facilita – en algunos casos y con muy buen criterio– - ofrecer subsidios a algunos estudiantes de bajos ingresos, cuya partici-pación es baja en su población estudiantil.

Entrar a la universidad estatal es exigente y la competencia es in-tensa. Por esta razón, hay una alta selección de los alumnos. Los cos-

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tos de la matrícula son bajos, pero aun así, muchas familias, sobre todo de estratos uno1 y dos2, no están en capacidad de sufragar los costos necesarios de transporte, material didáctico y sostenimien-to3. Así, se llega a una población estudiantil más o menos homogé-nea, con unas condiciones de vida y problemáticas sociales seme-jantes, y en muchos casos difíciles, pero muy distintas a las de los estudiantes de las universidades privadas.

Ello hace que, en muchos ca-sos, los estudiantes, a pesar de la alta selección inicial, no den el rendimiento esperado durante la carrera. El alto costo de las univer-sidades privadas y el desprestigio de las universidades estatales por sus problemas disciplinarios mal negociados y mal solucionados, así como el desconocimiento de su calidad, ha conducido a la escisión mencionada. Infortuna-damente, se viene perdiendo una gran oportunidad de diálogo y mutuo conocimiento entre las dis-tintas clases sociales, en una etapa de la vida en la que el hombreser humano está más dispuesto a un fructífero intercambio de ideas. Toda esta situación conlleva a que solo un pequeño porcentaje de los

estratos de bajos ingresos logre estudios superiores.

Así, se concluye que, la espe-ranza de esta población de acce-der a la educación superior- –es decir para la gran mayoría de los colombianos–- apunta a la univer-sidad estatal , altamente descuida-da por parte del Gobierno central en los últimos años4-5.

Empleo y equidad

Disponer de un empleo esta-ble y bien remunerado garantiza el bienestar de la familia y la educa-ción de los hijos. Puede generar un cambio radical de estrato en una o dos generaciones.

A nivel social, los altos niveles de empleo conllevan a una amplia sociedad de clase media con buena capacidad de consumo. Se desarrolla un importante mercado interno y se promueve la conti-nuidad cultural y educativa de las sucesivas generaciones. Ello facili-ta el mantenimiento de una base industrial y agropecuaria que sirve de soporte a altas tasas de creci-miento. De esta manera se confi-gura el camino al desarrollo.

Un empleo inestable, mal re-munerado y precario no permite la generación de una base indus-

trial, agrícola y de servicios que sirva de ancla y soporte para el desarrollo.

Educación Superior y empleo

En la población con estudios superiores, la tasa de desempleo es menor y evoluciona favorable-mente con el tiempo6. Algunas empresas del sector formal des-confían de los egresados de las universidades públicas. La falta de interacción entre los estratos no fa-cilita contactos útiles al momento de ubicarse laboralmente. Algunas empresas privilegian las relaciones con las universidades privadas pa-ra sus proyectos de investigación y desarrollo, por desconocimiento de los recursos y capacidades de las universidades estatales y por temores infundados sobre el ca-rácter y comportamiento de sus egresados.

En el país hay 4.236.000 per-sonas entre 17 y 21 años. De estos, 1.494.000 están matriculados en educación superior. La cobertura es, por lo tanto, de 35,3%. Hay, en-tonces 2.742.000 jóvenes en edad de recibir estudios universitarios que permanecen por fuera del sis-tema. Habría que ver cuántos de los 1.494.000 que aparecen como matriculados lo están en el Sena e instituciones similares en progra-mas que no son realmente de edu-cación superior. El plan de desa-rrollo de la actual administración busca subir la cobertura a 50% para el fin del periodo presidencial (¿2014?)

Innovación y desarrollo

Se volvió un lugar común decir que para competir en el mercado internacional es necesario inno-var. La innovación es primordial a nivel macrosocial, regional, urba-no y empresarial. De igual manera, lo es en el sistema educativo y en las instituciones del Estado.

En las empresas industriales hay que renovar los productos y los procesos de gestión, adminis-tración y fabricación. Lo mismo aplica a las empresas del sector agropecuario y a las de servicios. Hoy en día, la supervivencia de-pende en gran parte de la innova-ción, porque es necesario seguirle el paso a los cambios tecnológicos y de gestión de los competidores. También, a los cambios en el gusto y las necesidades del mercado.

Innovación y educación superior

Para promover la innovación es necesario estimular en los tra-bajadores, a todos los niveles, la imaginación, la creatividad y la capacidad de atreverse a lo nuevo. Hay que luchar contra el apego a lo tradicional. Se requieren men-tes con amplio criterio, capaces de romper con lo manido y lo

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establecido, pero que apunten al mejoramiento, a la eficiencia, a la productividad, al cambio y al progreso.

Se puede, y es necesario, ha-cerlo en todos los niveles; pero la innovación que tiene gran impac-to, la que conduce a cambios noto-rios en la sociedad, es la que pro-viene de aplicaciones y hallazgos de carácter científico, producto de una seria y paciente investigación conducida por profesionales de la más alta formación y capacidad, que utilizan las herramientas más modernas y complejas. Como se dice ahora: una investigación de talla mundial.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de cultura de la innovación se produjo en el lla-mado “Silicon Valley”, a finales de los años 70, en el norte de Ca-lifornia (EE. UU.), en la vecindad de las universidades de Stanford y UC Berkeley, al sur de la ciudad de San Francisco. Este proceso fue iniciado por egresados de es-tas universidades y algunos estu-diantes. Luego se unieron a ellos capitales e investigadores de di-ferente origen, pero la dinámica innovadora principal provino de investigadores de estas dos uni-versidades, calificadas ambas en-tre las cinco mejores del planeta en su momento. A este ejem-plo se podría agregar el de otros centros pioneros de innovación como las ciudades de Cambridge y Boston en Massachusetts (EE. UU.), alrededor de las universi-dades de Harvard y MIT, también clasificadas entre las mejores del planeta. En la ciudad de Banga-lore (India) y de Ucla en el sur de California, se dieron fenómenos semejantes.

No es coincidencia que los grandes centros de innovación se hayan localizado cerca de gran-des universidades de investiga-ción al más alto nivel. Por ello, si se quiere producir un proceso de generación de empleo en la ciudad y la región, es necesario entender que debe ir de la mano de la innovación, la investigación y el desarrollo de estudios supe-riores avanzados de primer nivel en las principales universidades de la región. Para aprovechar ple-namente el talento y las buenas condiciones de la juventud, hay que buscar el desarrollo de una universidad moderna que ofrezca acceso equitativo a una buena parte de los jóvenes estudiantes de todos los estratos sociales. No hay que olvidar que el sistema que tenemos en la actualidad, al discriminar la población por in-gresos, está perdiendo un gran potencial y arrojando al cesto del desempleo a una buena parte de su mejor recurso humano. De esta forma, les estamos dando muchas ventajas a nuestros competidores globales.

Conclusión

Se puede disminuir la tasa de desempleo temporalmente con medidas de choque puntuales, pero hacerlo de una forma más estructural es un proceso lento y difícil. Basta observar lo que vie-ne ocurriendo en Estados Unidos después de la última crisis que comenzó a finales del 2007 con los créditos hipotecarios y que luego se extendió a otros activos finan-cieros. El sistema superó la crisis con medidas fiscales y monetarias tomadas por la Secretaría del Te-soro y la FED, pero las altas tasas de desempleo generadas por la depresión vienen evolucionando con suma lentitud.

En consecuencia, se hace ne-cesaria una mayor atención a la cobertura y calidad del sistema de educación superior. Se debe apun-tar a desarrollar con fuerza la inves-tigación científica y la innovación al más alto nivel, como condiciones para competir en el mercado inter-nacional, y avanzar en un proceso vigoroso de desarrollo económico. Este proceso debe ocurrir dentro de un entorno social de impulso al desarrollo de una numerosa clase media que sirva de sustento a un amplio mercado interno. No es po-sible superar un atraso tan grande buscando soluciones “baratas” y aparentemente sencillas7.

En vista del atraso tan grande en la superación de la inequidad inherente a la alta concentración del ingreso, y al potencial de los recursos humanos que se están perdiendo debido a la baja parti-cipación de los estratos más po-

bres en el sistema de educación superior, será imperiosa una fuer-te inversión pública en el sistema de universidades estatales, tanto a nivel nacional como regional y local. Es necesario corregir el atraso acumulado en gobiernos anteriores, en buena parte debido a un sesgo ideológico contra la educación estatal.

1“En Educación Superior [sic], hoy es 55% públi-ca y 45% privada” f.: María Fernanda Ocampo. “El Tiempo”, Mmarzo 13 de 2011, p. 3. 2En sentido estricto, debe hablarse de universi-dades estatales y privadas, puesto que todas las universidades colombianas son públicas en el sentido de estar abiertas, en principio, a todos los ciudadanos. 3En el caso de la UN de Medellín, 90% de sus alumnos pertenecen a los estratos 1 a 3 (50% al estrato tres). 4“En Colombia hay 80 universidades, de las cuales 32 son públicas. El Gobierno les gira $ 2.2 billones de pesos al año. Inversión que, con el subsidio a la demanda y otros gastos de fun-

cionamiento incluidos, asciende a 5,.67 billones de pesos, que son el 1,.01% del PIB.”. f.: María Fernanda Ocampo, Ministra de Educación, “El Tiempo”, 3/13/marzo 3 de 2011, p. 3. 5La inversión del Gobierno Nnacional en las universidades estatales es a todas luces insufi-ciente: “3,.2 millones de jóvenes se graduaron de Bachillerato en los últimos 10 años y nunca pudieron acceder a la Educación Superior o tuvieron que desertar. El año pasado, se gradua-ron de bachillerato 620.000 mil jóvenes y en el primer semestre de este año soólo 294.,000 lograron ingresar”. f.: María Fernanda Ocampo, Ministra de Educación, “El Tiempo”, Mmarzo 13 de 2011, p. 3. 6Cf.: Hugo López C., “Empleo Iinformal Uurba-no en Colombia: Ddinámica de Llargo Pplazo. 7“En Colombia hay 80 universidades, de las cua-les 32 son públicas. El Gobierno les gira $ 2,2 billones al año. Esta Inversión, con el subsidio a la demanda y otros gastos de funcionamiento incluidos, asciende a $ 5,7 billones, que son el 1,01% del PIB. Con la reforma se aspira a sumar, junto con la inversión privada, otros $ 2,3 billo-nes, en los próximos tres años”. Reportaje de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, al periodista Yamid Amat. El Tiempo, marzo 13 de 2011, p. 3.

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Descubren dinosaurio en Boyacá

Por primera vez en Villa de Leyva hallan los restos de un dinosaurio. En este municipio boyacense, reconocido por albergar fósiles de especies marinas, científicos de la Uni-versidad Nacional identificaron un saurópodo de hace 125 millones de años. El hallazgo del animal terrestre refuta la hipótesis sobre lo alejada que estaba esta región de la cos-ta marítima hace 145 millones de años.

Hermann Sáenz,Unimedios

En el 2005, un campesino de Villa de Leyva, habitante de la lo-ma La Carolina, halló lo que, a simple vista, parecían dos rocas comunes y corrientes. Su curio-sidad lo hizo dudar, y a pesar del gran peso de las piedras, las cargó hasta la Fundación Colombiana de Geobiología en la parte urbana del municipio, donde expertos le confirmaron sus sospechas: aque-llos objetos encontrados a la in-temperie eran dos fósiles.

Pero descubrir restos prehistó-ricos en Villa de Leyva, sobre todo de reptiles marinos, no tiene nada de raro, pues son innumerables las piezas registradas en el municipio. Sin embargo, estos restos casi re-dondos tenían una particularidad, eran dos cabezas femorales perte-necientes a un dinosaurio.

El hecho se convirtió en la pri-mera aparición de señales de un dinosaurio en la región, y el terce-ro descubierto en Colombia.

Seis años después, las investi-gaciones confirman que sí se trata de un animal terrestre, y sus ca-racterísticas morfológicas corres-ponden a las de un dinosaurio. “Los huesos fosilizados hallados años atrás en Villa de Leyva nos permiten hacer comparaciones. El fémur de un animal marino es más pequeño, aplanado y con volu-men más redondeado. Los huesos recién estudiados son diferentes y quizá corresponden a un sau-rópodo”, asegura María Páramo, profesora de Paleontología de la Universidad Nacional de Colom-bia y directora de la fundación.

Aunque las especies se definen por características como el cráneo y las vértebras, es difícil concluir con exactitud a cuál pertenecen estos restos. No obstante, la profe-sora Páramo alude a un rasgo par-ticular de los saurópodos: “Se trata de una especie de protuberancia lateral en el fémur que quizá nos ayude a aproximarnos a la iden-tidad del individuo. El tamaño de este hueso del muslo revela que el animal pudo alcanzar una longi-tud entre 12 y 18 metros”.

Las piezas se encontraron en superficie sobre rocas de hace aproximadamente 125 millones de años. A partir de este dato, de la forma de preservación y de las características geológicas de la re-gión, se puede sugerir que el sau-rópodo vivió en un momento del Cretácico comprendido entre hace 125 y 110 millones de años.

La geóloga explica que llega-ron hasta allí a través de un proce-so de transporte mecánico natural. Después de que se descomponen los músculos y los órganos, los huesos pueden ser arrastrados por corrientes de agua, oleajes cerca-nos, subidas de mareas o ríos y así se fosilizan en un sitio distinto del que murió el animal.

En las playas de Villa

En una parte de la era Cretá-cica (entre los 145 millones y 65 millones de años), la mitad del territorio colombiano estaba cu-bierta por el océano, de ahí que se encuentran con relativa facilidad especies del mar de la época: ple-siosaurios, ictiosaurios y tortugas marinas que datan entre los 130 y 125 millones de años.

En Villa de Leyva, la aparición de tantos reptiles marinos ha sido relacionada por algunos geólogos con la proximidad a la costa, y por otros, con rocas que se deposita-ron en sitios más profundos y ale-jados de la ribera. “El hecho de que

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aparezcan aquí restos de dinosau-rio asociados con esos sedimentos es un indicio más de que la costa no podía estar lejana, puesto que estos animales eran netamente continentales”, agrega Páramo.

Otro aspecto importante en la investigación es que las piezas que aparecen en esta esquina noroc-cidental del continente surameri-cano son de gran interés científico por estar en un punto intermedio entre la gran cantidad de dino-saurios que se conocen del sur de Argentina y Chile, hasta Nortea-mérica y Europa. Así, los pocos fósiles reportados son estratégicos para dilucidar la relación entre las criaturas de los dos hemisferios.

Dinosaurios costeños y tolimenses

Mientras María Páramo y el estudiante David García conti-

núan armando el rompecabezas para descubrir más detalles del dinosaurio, se sabe que en Colom-bia existen registros de otros dos gigantes terrestres.

El primero fue encontrado durante excavaciones realizadas por la compañía petrolera Tropical Oil Company, en 1945. Según el libro Paleontological notes, de los autores Langston y Durham, se recolectó una vértebra de la parte media del tórax de un dinosaurio saurópodo, en el municipio de La Paz, Magdalena.

La pieza está en el Museo de Paleontología de la Universidad de California (en Berkeley), y un rasgo llamativo es que, para ser de un saurópodo, el hueso es de tamaño modesto: el centrum (centro de la vértebra en forma de tambor) mide 180 mm de largo, 165 mm de alto y 154 mm de ancho. Este es-pécimen es importante ya que su

registro corresponde más hacia la parte norte de América del Sur.

Los restos del segundo dino-saurio fueron encontrados en Or-tega, Tolima, en 1949. Se trata de tres dientes aislados de terópodos, según la investigación hecha por el geólogo español Martín Ezcurra.

Los sedimentos continenta-les de la época no solo Cretácica sino un poco antes del Jurásico impiden hallar más dinosaurios en Colombia, pues no afloran con facilidad. “No están expuestos en superficie sino en profundidad, por ello no hay muchos de es-tos materiales sólidos disponibles para estudiar”, dice la profesora Páramo.

Comparado con la paleonto-logía que se realiza en Argentina o en Chile, Colombia aún tiene mucho por hacer. “La ventaja es que de ellos podemos aprender”, concluye.

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María Páramo lleva seis años estudiando esta cabeza femoral para determinar a qué especie de dinosaurio pertenece.

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Turboglorietas, 80% menos accidentalidad

en Bogotá

Catalina Ávila Reyes,Unimedios

Aunque suena extraño, la tur-boglorieta no es más que un tipo de intersección vial que separa, a través de pequeñas estructuras, los carriles en una rotonda para evitar el entre-cruzamiento de vehículos. Para ello emplea señales de tránsito que le indican previamente al conductor la vía que debe tomar para girar en el sentido que necesita.

En las rotondas convenciona-les, el centro es circular o elíptico; en el novedoso modelo tiene forma de turbina, como las astas de una hélice, de ahí su nombre de turbo-glorieta.

“Al eliminar el entrecruzamien-to, la capacidad de movilización aumenta entre un 12% y un 20% porque la glorieta soporta mayor volumen de vehículos. Adicional-mente, en este nuevo cruce solo se requiere ceder el paso al ingreso, y no hay necesidad de cambiar de ca-rril ni atravesarse buscando la sali-da, como ocurre con las convencio-nales. Esto incide directamente en la disminución de accidentalidad”, afirma Lenin Bulla, estudiante de la Maestría en Ingeniería de Trans-porte de la Universidad Nacional, quien presentó este modelo como una alternativa vial para disminuir los accidentes y mejorar la movili-dad en Bogotá.

William Castro, profesor asocia-do de la Facultad de Ingeniería de la UN y director de la tesis de grado de Bulla, explica que “las rotondas pre-sentan gran cantidad de conflictos vehiculares debido a las maniobras de cambio de carril, irrespeto en los accesos a la señal ‘Ceda el pa-so’, cambios de destino repentinos durante la circulación en el anillo central, conflictos vehículo–peatón, entre otras situaciones de riesgo. Por esta razón, la turboglorieta sería más conveniente que las existentes hasta ahora en el país”.

Esta intersección, creada en Holanda por Lambertus Fortuijn en 1996, ha sido una solución vial no solo en ese país sino en otras ciuda-des de Europa. “Acá podrían funcio-nar muy bien, pero es indispensable la educación para que la gente com-prenda y obedezca las señales sobre el carril que se debe tomar. Ese es el éxito y fundamento de operación”, agrega el ingeniero Bulla.

Las Turbo en Bogotá

Para determinar la viabilidad de las nuevas rotondas y hacer un estudio de caso, Lenin seleccionó una intersección en la localidad de Kennedy, que por sus caracte-rísticas geométricas y de tránsito podría adecuarse a futuro como turboglorieta.

Como resultado del seguimien-to, esta alternativa permitiría tener un 7% más de capacidad que la convencional, es decir, pasaría de un promedio de 3.000, a 3.200 au-tomóviles por hora, teniendo como referencia un vehículo de 6 metros de longitud.

Otra ventaja importante es la reducción de accidentalidad. “Los choques simples y otro tipo de inci-dentes disminuyen hasta en un 80%. Por eso, en Holanda todas las inter-secciones tienden a este modelo”.

El estudio del ingeniero de la UN recolectó información sobre el tiempo y distancia que separa un ve-hículo de otro en ese lugar de la ciu-dad, las velocidades promedio y la capacidad de la vía de acuerdo con el volumen de autos que pasan. Lue-go, se comparó la situación actual con la de una posible turboglorieta, por medio de un software especial de microsimulación denominado

Una nueva intersección vial no convencional lla-mada turboglorieta, presentada por un experto en tránsito y movilidad de la Universidad Nacional, re-duciría la accidentalidad y los trancones habituales que se producen en las glorietas de las urbes.

Ciudad

Vissim, que estableció escenarios a 5, 10 y 15 años. El programa inclu-yó motos, automóviles, camionetas, camiones y tractomulas de seis ejes, que son los vehículos más grandes que circulan.

“Con base en esta información, trazamos radios, calzadas, anchos de los andenes, etc., simulando el dise-ño de la turboglorieta. Para que el modelo fuera válido tuvo que adap-tarse lo más posible a la realidad. Ello se verificó mediante diferentes pruebas del sistema”, comentó el ex-perto en vías y transporte.

Para Crisanto Sáenz, profesor de la Especialización en Tránsito, Dise-ño y Seguridad Vial de la Universidad Nacional, este modelo “indudable-mente puede tener éxito en ciudades de alta circulación vehicular, como Bogotá, porque aumenta la capaci-dad y seguridad vial. Sin embargo, para que sea efectivo y no se convier-

ta en fracaso, como muchas obras de infraestructura que son copias mal hechas de otros países, es necesario adecuarlo y adaptarlo a las caracte-rísticas y necesidades locales”.

¿Qué se requiere para su construcción?

Después de dos años de inves-tigación, Lenin Bulla ha presentado dos veces la implementación de esta propuesta a la Secretaría Distrital de Movilidad con los resultados de la microsimulación y el estudio de tránsito, para la aprobación del pro-yecto piloto. Hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.

Por su parte, el profesor Sáenz, asesor de proyectos de infraestruc-tura vial para sistemas de transporte masivo en diferentes ciudades del mundo, considera que la puesta en marcha de este modelo depende del

manejo institucional y de los entes reguladores, encargados de autori-zar las pruebas para determinar la conveniencia de la iniciativa.

“Se requieren más estudios con base en lineamientos y reglamenta-ciones específicas, para verificar si la turboglorieta funciona en la capi-tal. Después, incluirla en el Plan de Ordenamiento Territorial, donde se establecería como una nueva opción para el sistema vial, en particular para muchas de las intersecciones de la ciudad”.

Igualmente, se necesita de una cultura ciudadana para que las per-sonas accedan positivamente al cambio y atiendan oportunamente las indicaciones, que podrían ini-ciarse con campañas de señalización e información sobre este novedoso elemento urbano.

Las turboglorietas reportan menos accidentes y más capacidad de movilización en los lugares donde están instaladas. Para su funcionamiento se necesita cultura ciudadana y campañas de señalización.

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Glorieta de la calle 63 con carrera 50, en Bogotá.

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¿Como para qué el TLC?

Yanod Márquez Aldana,Doctor en Ciencias Económicas

Universidad Nacional de Colombia

Se volvió costumbre el lamen-to por la demora en la aprobación del TLC con Estados Unidos. La desesperanza ha empezado a in-vadir al Embajador colombiano en ese país; se le ha escuchado decir “estoy listo para tirar la toalla”. El presidente Santos ya dijo que, “si el TLC no se aprueba este año, no seguiremos insistiendo”. El alma volvió al cuerpo con la visita del senador demócrata y presidente del comité de finanzas del Sena-do de Estados Unidos, Max Sieben Baucus, quien dijo que el TLC “va a pasar este año”, pero luego el em-bajador norteamericano declaró a la revista Semana que era necesario revisar el tema social para poder avanzar, algo que por estos días ratificó ante el congreso de su país Miriam Shapiro, la representante comercial alterna estadounidense.

Al extremo se llegó con el tema del ferrocarril interoceánico, del cual la misma publicación afirmó que “sería un tema de preocupa-ción para las economías que hasta ahora han dominado el Atlánti-co, especialmente Estados Unidos y Europa”. Sin embargo, una nota del New York Times con el apoyo de algunos expertos asegura que el proyecto es inviable, que en el Gobierno colombiano ni el Minis-tro de Transporte tiene noticias del asunto y que el presidente Santos lo ha utilizado solo como una for-ma de presionar al Congreso de Estados Unidos. En fin, que es un “cuento chino”.

La demora o la posibilidad de que no se apruebe el TLC pare-ce poner en juego el futuro de la economía colombiana, pero con frecuencia los sentidos nos enga-ñan. ¿Dónde están los estudios que demuestran las virtudes del TLC? ¿Es benéfico para todos o es bueno para unos en detrimento de otros? Ya se olvidó que en su momento como presidente, Álvaro

Una economía puede crecer a un buen ritmo solo si re-gula el sector externo y promueve el mercado interno. Si Estados Unidos no aprueba el TLC, ayudaría a Colombia a mesurar su aperturismo irracional e incontinente.

Uribe se comprometió a no fir-mar el tratado si los negociadores de Estados Unidos no aceptaban ciertas cláusulas, y que luego fir-mó sin que las aceptaran. Siendo así, es previsible que el tratado incremente los desequilibrios, ya crónicos en Colombia.

También llama la atención que los lamentos ocurran en una época en que la mayor parte de América Latina y el propio Esta-dos Unidos han puesto en remojo la idea sobre la utilidad de tales tratados. En la campaña presi-dencial, Obama y los demócratas criticaron los TLC por ser un ne-gocio entre ricos que degrada el empleo y las condiciones de vida de los trabajadores en los países contratantes. Esa nueva visión ha puesto en la agenda la discusión del componente social de los tra-tados, pero desde Colombia tanto el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, como el presiden-te Santos la han negado. “Está ce-rrado con candado”, dijo el man-datario, y dejó claro que preferirá la búsqueda de nuevos mercados.

Reorientación de la economía

Además del tema de los de-rechos humanos, que se ha vuelto

omnipresente, la crisis de Estados Unidos también ha puesto en cues-tión la viabilidad de nuevos trata-dos. Ya funcionarios de alto nivel han manifestado que en América Latina no se puede seguir soñan-do con crecer a costa del merca-do gringo, y han iniciado planes destinados a promover la sustitu-ción de importaciones median-te la reducción de impuestos a los empresarios que trasladen, a terri-torio estadounidense, la producción que realizan en el extranjero. Es una reorientación de la economía al es-tilo de Latinoamérica, en donde un país como Argentina ha logrado al-tas tasas de crecimiento promovien-do el mercado interno y regulando el comercio internacional.

Aun así, es posible que aprue-ben el TLC por una combinación del complejo de culpa por la gue-rra de las drogas ilícitas y las pre-siones de los librecambistas. Y la oposición en Colombia será nula, no porque hayan desaparecido las razones, sino por físico cansancio, pues como lo dijera el economista Javier Fernández Riva, “el tema ya nos tiene a todos hasta la coroni-lla”.

En realidad hay mucho mito sobre la desregulación del sector externo. El primero es el de la inver-sión extranjera directa (IED). Según

la United Nations Conference on Trade and Development (Unctad), la IED es un flujo más estable y fácil de servir que otras fuentes, incor-pora nueva tecnología adaptada a las condiciones locales, incrementa la productividad de las tecnologías preexistentes, cambia los patrones de consumo, induce el cambio téc-nico y la eficiencia en las institucio-nes locales, los proveedores, clien-tes y competidores. Además, afir-ma que facilita el acceso a nuevos mercados, el aprovechamiento de las ventajas comparativas y aporta tecnologías de desarrollo limpio y de manejo ambiental. ¡Una verda-dera maravilla!

Las bondades de la IED se dan por un hecho y es que es frecuente encontrar sesudos estudios de có-mo atraer tal inversión y cómo no caer en pecados que la desincen-tiven. Sin embargo, en los países en desarrollo no existen análisis al respecto, y buena parte de los que hay ponen en duda sus bondades, en particular si no está acompaña-da de las regulaciones necesarias.

Aperturismo desenfrenado

Colombia se convirtió en un modelo para mostrar y, según el Doing Business Report 2010 del

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Economía

Obama y los demócratas criticaron los TLC por ser un negocio entre ricos que degrada el empleo y las condiciones de vida de los trabajadores en los países contratantes.

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De donde se saca y no se echa…

El segundo mito es el de los beneficios que puede aportar la desregulación del comercio de bienes y servicios. Las amas de casa saben muy bien que “de don-de se saca y no se echa se acaba la cosecha”. Estudios de académicos tan connotados como Thirlwall y Krugman han demostrado que este adagio de la sabiduría po-pular es correcto para el caso de los mercados nacionales. Es claro

Banco Mundial, es el país de Amé-rica Latina más “amigable” para hacer negocios. No obstante, el desempeño de la economía co-lombiana no respalda las expec-tativas sobre la IED. Entre 1967 y 1990, el país mantuvo control so-bre el flujo de capitales, favorecía el largo plazo y permitía el endeu-damiento pero solo justificado en el interés social.

Las empresas extranjeras fue-ron obligadas a vender parte de sus activos, se les prohibió la inversión en bolsa, tenían limitado el crédito y el giro de utilidades. Este modelo impulsó un crecimiento promedio de 4,65% entre 1969 y 1990.

Luego, a mediados de los años 80, se inició un proceso de desre-gulación que se convirtió en una política agresiva a comienzos de los 90. Se eliminó gran parte de las restricciones a la IED, se garanti-zó a los inversionistas extranjeros primero un tratamiento igual al aplicado a los colombianos y lue-go condiciones más favorables, se desreguló el régimen cambiario y se descentralizaron sus operacio-nes y controles. Esta nueva fase significó para Colombia un creci-miento de solo 3,39% entre 1991 y 2010.

Así, Colombia creció más en la fase regulada que ahora en la desregulada, hay más dólares cir-culando pero menos crecimiento. Todo indica, además, que el prin-cipal impacto de la IED se reduce a la desnacionalización de las empresas exitosas, a la terceriza-ción de la economía, a los cam-bios en las variables monetarias causado por el exceso de circula-ción de divisas, a la degradación del empleo y a la reducción de la capacidad de maniobra de los gobiernos.

La experiencia mun-dial tampoco respalda la idea de que la IED produzca automáticamente grandes beneficios. En realidad, un país puede crecer con o sin IED, o puede dejar de crecer cuando esta aparece. Chi-na, con una IED promedio del 2% del PIB, creció al 9% entre 1976 y 2006; por su parte, Corea del Sur logró un crecimiento promedio del 7% en el mismo perio-do pero sin IED. México, al igual que Colombia, está en la otra orilla: luego de cre-cer al 6,76% entre 1960 y 1980, ha desregulado el flu-jo de divisas y ahora crece en promedio por debajo del 3% anual. Su progreso en el ingreso per cápita depende de la pérdida de población por migración hacia Estados Unidos (6 millones entre 1996 y 2005), y por la caída de la tasa de natalidad. Es-tos ejemplos indican que la clave no es la IED.

Para que este tipo de inversión genere impactos positivos se requieren con-diciones inexistentes en Co-lombia. China, no obstante las apariencias de libre mer-cado que nos venden cotidiana-mente, en realidad aplica un fuerte control sobre la IED de acuerdo con un modelo de mercado diri-gido por el Estado. Dentro de esta tónica, el país asiático no soporta el libre flujo de divisas ni cualquier tipo de inversión, ejerce un férreo control sobre el sistema bancario y sobre la tasa de cambio. Tan-to China como Corea impusieron severos controles a los flujos de capitales y establecieron hasta la pena de muerte para quienes los violaran.

que, si importamos más de lo que exportamos, crecen más los gas-tos que los ingresos y generamos más trabajo en el extranjero que el que nuestros clientes extranje-ros generan en nuestro mercado. La consecuencia es la reducción del crecimiento económico y del bienestar. Está demostrado –y Es-tados Unidos lo está experimen-tando con dolor– que si no se regulan las importaciones, una economía terminará comprando más de lo que vende. En la década de 1970, las divisas disponibles en

Colombia eran escasas, sin em-bargo se regulaba su ingreso y se logró un alto crecimiento econó-mico. Hoy, dadas las posibilidades legales e ilegales para adquirirlas, el exceso de divisas se ha vuelto un asunto crónico. Entonces, el reto para Colombia no es conse-guir más dólares sino aprender a manejar los excesos. Si no usamos bien los que ya están disponi-bles ¿como para qué conseguimos más?

La mejor forma de usar las divisas es mediante la inversión que implique importación de bie-

nes de capital. Esto, por un lado, evita la inflación–revaluación y, por otro, expande y diversifica la producción, eleva la demanda, se obtienen rendimientos crecientes, mayor productividad y bienestar. Este proceso incrementa las ex-portaciones y reduce las impor-taciones gracias al aumento de la competitividad, y además amplía la demanda interna derivada del aumento del empleo. La única alternativa a este modelo de in-versión es el pago de la deuda externa.

Todo indica que en realidad una economía puede crecer a un buen ritmo solo si regula el sector externo y promueve el mercado interno. “No vamos a regalar el mercado interno, no podemos per-mitir daños a la industria nacional que impliquen el deterioro de las condiciones laborales de nuestros trabajadores”, dijo Débora Giorgi, ministra de Industria de Argenti-na. Y razón tendrá, pues están cre-ciendo a un 9% anual y la tasa de desempleo ronda hoy el 7%, luego de que estaba en el 22% a causa de la catástrofe desreguladora.

Estas verdades explican las palabras de Obama en su discurso sobre el estado de la nación: “Sí, el mundo ha cambiado (…) la com-petencia por los trabajos es real (…) En juego está si los nuevos empleos e industrias se asientan en este país o en otro lugar”.

Así las cosas, solo nos que-da rogar por que el congreso de Estados Unidos no apruebe el TLC, ayudándonos de paso a mesurar un aperturismo del cual hemos sido irracionales e incontinentes.

AFP

AFP

Economía

El reto de Colombia no es conseguir más dólares sino aprender a manejar los excesos. No se usan bien los que están disponibles, pero hay afán por conseguir más.

Estudios demuestran que si se importa más de lo que se exporta, aumentan más los gastos que los ingresos y se genera más trabajo en el extranjero que el que los clientes externos generan en nuestro mercado.

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Colección sin condiciónAutor: Instituto Taller de Creación y Centro de Divulgación y MediosFacultad de ArtesUniversidad Nacional de Colombia

Reúne ensayos contemporá-neos sobre arte y cultura, en una variada muestra de textos polémi-cos. La selección tiene especial cui-dado en el diseño, la diagramación, el papel y, adicionalmente, ofrece al lector una grata textura en el borde de las hojas después de abrir sus páginas con un cortapapeles.

Estos libros de bolsillo rinden homenaje al pensador Jacques Derri-da, quien realizó en el mes de marzo del 2001 una conferencia con el tí-tulo ‘Universidad sin condición’, en la Facultad de Filosofía de Murcia, en donde afirmó que “la universidad moderna debería ser sin condición: tendría que reinar en ella una liber-tad incondicional de cuestionamien-to y de proposición. La universidad debería seguir siendo un último lu-gar de resistencia crítica –y más que crítica–, frente a todos los poderes de apropiación dogmáticos e injus-tos... Es un principio de resistencia incondicional, el derecho primordial

a decirlo todo, aunque sea como fic-ción y experimentación del saber, y el derecho a decirlo públicamente, a publicarlo. Profesar significa declarar abiertamente, declarar públicamen-te. Se trata, en el sentido fuerte de la palabra, de un compromiso, de com-prometer una responsabilidad”.

Desde el 2005 hasta la fecha se han publicado 30 títulos de distin-tos autores invitados, resultado de sobresalientes conferencias o po-nencias académicas, que han sido transformadas para el público en provechosos y asequibles textos que, sin girar alrededor de una temática fija, se congregan en la libertad in-condicional de la palabra, la crítica, la participación, la resistencia, el in-tercambio y la diversidad misma de sus creadores, proponiéndose como un espacio de reflexión sobre la labor de la academia y de los profesores, con respecto a la posibilidad y el de-ber de decirlo todo.

Introducción teórica y práctica a la investigación histórica. Guía para historiar en las ciencias socialesAutor: Renzo Ramírez BaccaFacultad de Ciencias Humanas y Económicas Universidad Nacional de Colombia en Medellín

Historia. disciplina, proceso y problema. Ofrece una aproxima-ción al concepto de historia en el campo disciplinar e investigativo, teorizando sobre la creación del conocimiento a partir de su proce-so y del círculo historiográfico.

Método, teoría y explicación. Enseña una concisa introducción teórica sobre los tipos y funciones del método, la teoría y la explica-ción en el conocimiento histórico. El primero es evaluado como un cúmulo de técnicas y estrategias de orden cualitativo y cuantitativo. La segunda es revalorada y definida desde los antecedentes historio-gráficos y discusiones de su papel en la disciplina y en la ciencia.

Crítica y análisis. Explicación sobre esta función en la investiga-

ción histórica y en las técnicas de análisis para las fuentes de infor-mación. Ilustra sobre el término hermenéutica; no es sencillo defi-nir una técnica, ya que su aplica-ción puede depender de la con-cepción filosófica u ontológica que tenga el historiador.

Fundamentos historiográfi-cos. Una comprensión sucinta de las principales corrientes de la his-toriografía occidental y sus aportes en la profesionalización y avance epistemológico de la disciplina. Se trata de un conocimiento de fun-damentación disciplinar, más ex-tenso que las otras partes del libro, debido a su naturaleza empírico-descriptiva.

Escritura, proyectos y fuentes. Esbozo sobre los distintos tipos de

producción y difusión escrita, reali-zado en la disciplina, seguido de un instructivo para el diseño y elabora-ción de proyectos de investigación, y una introducción al componente empírico del trabajo histórico.

Disciplina histórica, Método, Teoría, Explicación, Técnicas de análisis y Fuentes de información, Técnicas de análisis para materiales visuales, Historicismo, Marxismo, Escuela de Annales, Modalidades de escritura, Diseño de un proyecto, Base empírica: Fuentes primarias y secundarias, son las herramien-tas de orden metodológico, teórico e historiográfico que ofrece, igual-mente, elementos conceptuales y técnicas de análisis en función de planear y desarrollar investigacio-nes de carácter histórico.

Reseñas

Measuring poor state performance: Problems, perspectives and paths ahead (Medidas de mal desempeño estatal: problemas, perspectivas y cursos de acción)Autor: Francisco Gutiérrez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia Diana Buitrago, Andrea González y Camila Lozano, investigadoras del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia Publicado por: The London School of Economics and Political Science

Este reporte del Centro de Investigaciones sobre Estados en Crisis (CSRC) presenta una inves-tigación original que contiene un análisis de los indicadores del mal desempeño estatal (PSPI, por sus siglas en inglés), obtenidos duran-te la segunda fase del Programa Estados en Crisis, y propone alter-nativas.

El estudio consta de un “mo-mento crítico” (análisis de las prác-ticas que se llevan a cabo e identifi-cación de debilidades potenciales y fortalezas) y un “momento cons-tructivo” (en el que se proponen soluciones potenciales y una agen-da de investigación basada en pre-guntas abiertas).

El análisis se centra en la ca-lidad y viabilidad de indicadores políticos –como subconjunto de los indicadores sociales—y los pro-blemas específicos que presentan. Propone además un teorema que explica por qué los indicadores sociales sufren de “una crisis de abundancia”. Asimismo, se plan-tean posibles soluciones en las que se tienen en cuenta aspectos positivos y negativos. Estos tres elementos constituyen un “paque-te de herramientas” que surge del ensamble a partir del desarrollo de los tres puntos anteriormente mencionados.

El análisis y evaluación de los PSPI constituye un campo activo

y muy importante para el desa-rrollo de políticas globales (in-volucra agencias de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, etc.). El estudio se apoyó en varias de las entidades de investigación más reconocidas en el mundo. Según los expertos, las innova-ciones apuntan a seguir las reco-mendaciones planteadas en esta investigación.

Algunos de los coautores tam-bién han publicado análisis críti-cos de los PSPI. La investigación fue desarrollada en el contexto del Centro de Investigaciones sobre Estados en Crisis de The London School of Economics and Political Science.