visiones acerca de la seguridad ciudadana en chile

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, EXTENSIÓN Y PUBLICACIONES

VISIONES ACERCA DE LA

SEGURIDAD CIUDADANA EN CHILE.

DEPESEX/BCN/SERIE ESTUDIOS AÑO XIII, Nº 283

SANTIAGO DE CHILE OCTUBRE DE 2003

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones

TABLA DE CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................1

II. MARCO TEÓRICO.............................................................................................................2

A) DE LA SEGURIDAD NACIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA. ............................................2 B) CARACTERÍSTICAS. ..............................................................................................................3 C) TIPOS DE INSEGURIDAD CIUDADANA. ...................................................................................4

III. LA INSTITUCIONALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA. ...........................................................................................................................6

IV. LOS ACTORES. .................................................................................................................8

A) EL GOBIERNO. .....................................................................................................................9 B) INSTITUTOS DE ESTUDIO. ...................................................................................................11

1. Fundación Paz Ciudadana. ...........................................................................................11 2. Instituto Libertad y Desarrollo (ILD)............................................................................14 3. Corporación Tiempo 2000. ...........................................................................................16 4. Críticas al diagnóstico y propuestas de la derecha en materia de seguridad ciudadana............................................................................................................................................17

V. ESTADÍSTICAS DELICTUALES. ..................................................................................21

VI. CONCLUSIONES.............................................................................................................34

VII. SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA..................................................................................35

VISIONES ACERCA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN

CHILE.

Estudio elaborado por Patricia Canales y Virginie Loiseau, de la Sección Estudios.

I. Introducción.

Durante los años 90, y con reiteración, las encuestas de opinión señalaron que la

preocupación por la delincuencia se mantenía como una prioridad para los chilenos,

provocando durante la Administración Aylwin una atención mayor que temas como el empleo,

la salud o la educación. Esta percepción no parece haber tenido modificaciones. Por otra

parte, esta preocupación es sólo en cierta medida el producto de la realidad delictiva. La

mayoría de los estudios en esta materia coinciden en que el impacto de los medios de

comunicación es, en este respecto, especialmente fuerte. También se sostiene, que los grupos

más vulnerables, como mujeres y personas de edad, tienden a sentir temor en porcentajes muy

altos, a pesar que no corresponden a los principales grupos de víctimas. Sin embargo, la

percepción de la violencia multiplica los efectos socio-psicológicos que produce el delito, lo

que debe ser asumido por la autoridad pública e implementar medidas concretas para

enfrentarlos.

Si bien la preocupación y demanda social por mayor seguridad ciudadana son

relativamente nuevas en Chile, en gran parte de los países industrializados se remonta al

menos tres décadas y está correlacionada con altos índices de delincuencia.

Ahora bien, la seguridad ciudadana es multidimensional y en ella intervienen una serie

de factores y actores de diferente índole. En Chile se vinculan el Estado y sus instituciones,


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particularmente, las de Orden, Seguridad, Defensa e Inteligencia; otras instituciones públicas

como el Poder Judicial y los Ministerios del Interior, Justicia y Salud; e instituciones privadas

como la Fundación Paz Ciudadana, el Centro de Estudios del Desarrollo, CED, el Instituto

Libertad y Desarrollo, y la Corporación Tiempo 2000, entre otras.

Este trabajo contiene un marco teórico, una referencia a la institucionalidad de las

políticas públicas en seguridad ciudadana, los actores que intervienen centrándose el análisis

en el gobierno, en la Fundación Paz Ciudadana, en los institutos Libertad y Desarrollo, Chile

Tiempo 2000, y por último, se examinan las estadísticas disponibles.

II. Marco Teórico.

a) De la Seguridad Nacional a la Seguridad Ciudadana.

Hasta 1990 la seguridad y el orden público se fundaban en la doctrina de la seguridad

nacional, que privilegiaba la defensa del sistema político institucional de amenazas externas e

internas y miraban al ciudadano como un elemento más que debe subordinarse a éste fin. Es

decir, el concepto de seguridad obedece a los requerimientos de un estado autoritario y a la

protección de una institucionalidad ad-hoc que garantizaba su existencia, donde los valores

centrales eran el orden y el disciplinamiento social para garantizar la seguridad interior. Para

esta doctrina, la seguridad se basa en la construcción de un enemigo interno, funcionalmente

perfilado por el conflicto Este-Oeste. Es un tema de exclusiva responsabilidad del Estado (si

no de las instituciones militares) y un fin en sí mismo.

A partir de 1990, con la llegada de la democracia, se acuña definitivamente en Chile el

término seguridad ciudadana. Juan Somavía y José Miguel Insulza1 establecen los ejes de esta

concepción en “priorizar las necesidades de los individuos de vivir en paz y de contar con los

medios económicos, políticos y ambientales para una existencia digna. En la sociedad

1 Citados por Pablo Frederick, en su: Seguridad urbana en Argentina. Persona y Sociedad / ILADES, Santiago, Chile, Vol. IX, Nº 3, Diciembre 1995, p.13.


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democrática, la seguridad de la nación es la seguridad de los hombres y mujeres que la

componen, e implica, además de la ausencia de riesgos o amenazas físicas, la existencia de

condiciones mínimas de ingreso, vivienda, salud, educación y otras”.

b) Características.

- La seguridad ciudadana, supone que las personas, individual y colectivamente, se

encuentran en situación de convivir disponiendo de la protección necesaria que les permita

superar los peligros propios del entorno social. Este deber de protección corresponde al

Estado, actuando con pleno respeto de los derechos y garantías que el sistema político

mismo reconoce a las personas.

- Se relaciona con la calidad de vida, la persona debe ser el centro de la acción del Estado y

sus órganos y su seguridad está vinculada con los con los factores de riesgo para la vida, la

integridad física y los bienes, además con el ejercicio de sus derechos y libertades

económica, civiles, políticas, sociales y culturales.

- Debe ser entendida como un bien público y como el resultado de la acción de distintos

órganos del Estado y de los diversos sectores de la sociedad, en el marco de una política

pública que incluya la participación ciudadana.

- Es necesario que aborde la prevención, las acciones en el ámbito administrativo local,

policial, legal, social y económico de forma integral, considerando la violencia y la

delincuencia como un fenómeno multidimensional: sicosocial, político y cultural.

- La política de seguridad ciudadana debe estar orientada y focalizada a situaciones

concretas en comunas y barrios, siendo fundamental la concentración de los esfuerzos

preventivos, atendiendo a variables espaciales y socio-ambientales, como la pobreza, la

cesantía, la falta de oportunidades y la marginalidad, entre otros que pueden contribuir a la

aparición de conductas criminales y violentas tanto dentro como fuera del ámbito público.

- Debe ser coherente con medidas consistentes y adecuadas a la exigencia de administrar los

recursos eficiente y eficazmente. Las acciones deben ser sistemáticas, es decir

permanentes y a su vez estar sujetas a un seguimiento y evaluación constante por parte de

los organismos gubernamentales y de la comunidad.


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c) Tipos de inseguridad ciudadana.

La mayoría de la doctrina2 analiza el tema utilizando el término inseguridad ciudadana,

considerando que la palabra seguridad se presta para diversas interpretaciones y que resulta

difícil definirla dadas las diversas connotaciones que encierra. Así, se entiende que la

inseguridad de los habitantes está sometida a una doble dimensión: la objetiva, que se refiere a

las acciones delictivas y los hechos de violencia conocidos y, la subjetiva, expresada en la

vivencias y sentimientos personales, que posee un peso significativo en la configuración del

fenómeno perceptivo y de su representación social. En la primera, la definición de víctima se

produce desde la realización directa del hecho delictivo; en la segunda, la definición de

víctima se produce por la intersección de los controles informales en relación con el formal de

carácter penal. Los medios de comunicación de masas, el entorno social y las transmisiones

orales de las víctimas directas, llevan a que un gran número de personas se sientan

victimizadas, esto es, con la misma sensación de desamparo y desvalimiento de las víctimas

directas. Ambos procesos son reales e influyen en la seguridad ciudadana, por lo tanto, tienen

que ser considerados por los organismos estatales.

En gran parte de la literatura consultada, se establece que la percepción de inseguridad

está más relacionada con la mayor violencia incorporada a las acciones delictivas y con su

mayor cobertura por los medios de comunicación, que con el aumento relativo de la totalidad

de los delitos. Este proceso lleva a la gente a abandonar los espacios públicos como lugares de

encuentro social y a refugiarse en lo que perciben como espacios protegidos: la casa, el club o

los centros comerciales. Por otra parte, produce una pérdida de confianza en los mecanismos

democráticos de solución de conflictos.

Según el informe del PNUD (1998) “Desarrollo humano en Chile: Las paradojas de la

Modernización”. Chile presenta más seguridad objetiva que subjetiva. Las personas

encuestadas por el PNUD, relacionan la sensación de inseguridad con la delincuencia y

seguridad ciudadana. Para ellas la seguridad significa no ser víctima de robo en un lugar

2 BUSTOS RAMIREZ, Juan; LARRAURI, Elena. Victimología: Presente y futuro. Hacia un sistema penal de alternativas. Barcelona, España, PPU, 1993, p.59.


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público o robo al interior del hogar, de una agresión sexual, o de cualquier agresión en

general, y la confianza en la condena de los delincuentes.

El informe advierte que la asociación espontánea de la inseguridad con la delincuencia

obedece más bien a una visión “metafórica” del delincuente que no se condice con las tasas

reales de delitos. Esto condensa un temor generalizado, y por lo mismo exagerado: “La figura

del delincuente ocupa una posición central en el relato del temor a la agresión. Su mención

permite asignarle una causa real, conocida, ubicable al miedo, otorgándole a éste veracidad y

fundamento. El delincuente es evidencia probada y comprobable. Su imagen, asociada a la

violencia, otorga una explicación a la fuerte emocionalidad vinculada a la inseguridad. Al

indicar la omnipresencia de los delincuentes y sus movimientos impredecibles se justifica

también la actitud que acompaña a la inseguridad: la sospecha y desconfianza de los otros.

La imagen del delincuente resulta ser, en consecuencia, un elemento catalizador a partir del

cual se obtiene verosimilitud y fundamento al temor generalizado. Sin embargo, a la vez, por

su misma omnipresencia y extensión termina por resultar una evidencia inubicable. El

peligro del que se habla a través de la conversación sobre los delincuentes es a la vez

evidente y difuso. El objeto difuso del temor debilita la capacidad para generar acciones y

controles. Frente a esto, se desarrolla un hábito que proporciona una rara seguridad: la

desconfianza. Cuando el delito y el delincuente están en todos, en todas partes, a toda hora,

la acción preventiva racional aparece carente de sentido. Pareciera que, al final, de nada

sirve prevenir o buscar amparo. En primer lugar, porque el delincuente aparece dotado de

poder que supera los medios de protección. En segundo lugar porque se desconfía también de

las instituciones especializadas en el control de la delincuencia. En el discurso de la gente la

protección policial no llega aunque se la demande, los procedimientos judiciales son

ineficientes, no se protege a la víctima y finalmente no se sanciona al victimario. Frente al

temor omnipresente, a un agresor omnipotente y a una protección inexistente, se desarrolla

una voz que reclama una represión que linda en nuevas formas de totalitarismos”. (pág. 117-

118).

Entre los factores asociados a la inseguridad, señalados en este estudio, se encuentra

también el accionar errado y oportunista de los medios de comunicación social y la impunidad


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del delito. Respecto a éste último punto, nueve de cada diez entrevistados por CEP-PNUD en

1997, expresaban poca o ninguna confianza en que la ejecución de un delito grave recibirá

castigo en un tiempo razonable. Esto posiblemente influya en la evaluación negativa que hace

la sociedad del Poder Judicial, provocando escasa denunciabilidad de los delitos.

III. La institucionalidad de las políticas públicas en seguridad ciudadana.

En Chile las políticas públicas sobre seguridad ciudadana no están radicadas en un ente

público que las planifique, coordine, ejecute y evalúe. Las policías, Carabineros e

Investigaciones, dependen operativamente del Ministerio del Interior y financiera y

administrativamente del Ministerio de Defensa.

Carabineros de Chile, es una institución de carácter militar por el cual rige su disciplina

y formación. Sus funciones tradicionales han sido las de policía de seguridad con

competencia especialmente preventiva, mantención del orden público y de control y

regulación del tránsito vehicular. Sólo investigaba delitos en aquellos lugares donde no existía

Policía de Investigaciones. En años más recientes se ampliaron sus atribuciones a la

investigación de delitos a través de su Servicio de Investigaciones Policiales.

La Policía de Investigaciones, constituye un cuerpo civil al que corresponden las

investigaciones policiales. Su función principal es la investigación de delitos, aunque también

tiene a su cargo el control del ingreso y salida de personas del territorio nacional.

La duplicación de funciones entre ambas policías y su distinta cultura institucional ha

impedido su coordinación y se han producido roces entre ellas. En ciertas ocasiones la

rivalidad entre ambas instituciones se ha hecho pública, ya sea a través de declaraciones como

de acciones, a tal punto que desde el alto mando uniformado y de otros ámbitos se ha llegado a

proponer la unificación.


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Posiblemente uno de los grandes temas de la seguridad ciudadana en Chile es la

transferencia de las policías –Carabineros e Investigaciones– desde el Ministerio de Defensa al

Ministerio del Interior, situación no concretada. Desde el inicio del gobierno militar las

instituciones policiales dependen administrativamente del Ministerio de Defensa. En la

práctica, para la actuación en asuntos de orden y seguridad pública las policías son

coordinadas desde el Ministerio del Interior (lo que no implica mando), pero desde el

Ministerio de Defensa se negocia su presupuesto y se deciden materias como traslados,

ascensos y retiros, entre otras. En julio de 1998, el ministro del Interior confirmó que luego de

un período de evaluación el Presidente Frei había decidido dar curso a la modificación de la

dependencia de Carabineros e Investigaciones, y además se dio a conocer el acuerdo para

proponer la creación de un nuevo cargo de Viceministro de Seguridad y de la Dirección

Nacional para el Control de Drogas y Estupefacientes. Este nuevo cargo, habría despertado

gran polémica en el gobierno y las fuerzas de orden y seguridad, abandonándose la idea en

poco tiempo.

El Ministerio del Interior establece las políticas públicas en la materia, pero no cuenta

con una unidad especializada que centralice estas políticas. Este Ministerio cuenta con dos

subsecretarías, la de Desarrollo Regional y Administrativo y la Subsecretaría de Interior. Esta

última se ha encargado de los planes de seguridad ciudadana durante los últimos años, así

como la coordinación con las policías. Durante el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin se

creó la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, organismo encargado de recoger

información sobre seguridad más que de establecer políticas. Por otra parte, de este Ministerio

también dependen la seguridad interior y la Oficina Nacional de Emergencias, así como otros

programas sociales, como Integra.

Por su parte, al Ministerio de Justicia, le corresponde la política carcelaria de adultos y

de menores. Gendarmería y el Servicio Nacional de Menores dependen presupuestariamente

de esta cartera. Este Ministerio tuvo a su cargo la elaboración de los proyectos de que

establecen un nuevo sistema de procedimiento penal, con el cual el Gobierno de Eduardo Frei

esperaba agilizar la justicia penal y así disminuir la inseguridad ciudadana. La aplicación de

este cambio se inició en el 2000 con dos planes pilotos en regiones, la Región Metropolitada


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estaba programada originalmente para el 2004, sin embargo en la actualidad y por razones

presupuestarias, el Ministerio de Hacienda está pidiendo su postergación para el año 2005.

A nivel regional, el aporte a los temas de seguridad ciudadana, se hace a través del

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) como proyectos de infraestructura, que

refuerzan las condiciones de seguridad como alumbrado público y habilitamiento de espacios

públicos.

El rol de las municipalidades es principalmente financiero, entregando recursos físicos

a Carabineros y/o infraestructura que refuerce la seguridad y contando con departamentos o

servicios dedicados especialmente al tema.

IV. Los actores.

En el ámbito de las políticas públicas en seguridad ciudadana intervienen, además del

gobierno, una diversidad de actores vinculados al tema. Dentro del Estado, además de las

autoridades de los Ministerios del Interior y Justicia, participan los intendentes, autoridades

municipales y las policías. A nivel político, los partidos toman parte a través del proceso

legislativo y como representantes de las demandas de los ciudadanos por mayor seguridad,

especialmente, los partidos de oposición los cuales exigen un enfoque centrado en una mayor

represión del delito y en una justicia más eficaz.

Los institutos ligados a la oposición como Libertad y Desarrollo, criticando

fuertemente el accionar del Gobierno y la Fundación Paz Ciudadana proponiendo

modificaciones a las actuales políticas, han tenido especial relevancia.

A nivel local, han interviniendo los alcaldes y los propios vecinos con propuestas

relacionadas con la labor policial y la prevención.


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En el sector privado, las agrupaciones ligadas al sector financiero Asociación de

Empresas de Seguridad Privada, (ASEVA), y la Cámara de Comercio (CNC), han polemizado

acerca de los límites de la seguridad privada y del control que debe ejercer el Estado en esta

actividad, así como de las atribuciones de los guardias y vigilantes privados.

a) El Gobierno.

En el momento del regreso de la democracia, en el ámbito de las políticas de seguridad,

se observa, por una parte, la fuerte presencia de un discurso militarizado en las instituciones

policiales y una relación cohesionada de Carabineros con las Fuerzas Armadas que le otorga

un alto nivel de poder y autonomía: por la otra, una población insegura y frágil frente a los

hechos de violencia. Hay que agregar que la seguridad aparece como uno de los temas

noticiosos mas importantes en los medios de comunicación. En el debate sobre las medidas

más eficientes frente a los delitos que se denuncian, la oposición se pronuncia por iniciativas

de control o represión de la criminalidad y propone desde el inicio la necesidad de políticas de

“mano dura” que refuercen el rol policial, se endurezcan las penas para los delitos menores y

la disminución de la edad de imputabilidad. Al mismo tiempo se inicia la discusión acerca de

la importancia de las medidas preventivas en la disminución de la criminalidad.

En el gobierno del Presidente Aylwin, durante los años 1990-1993, los temas centrales

fueron el terrorismo y las permanentes denuncias de violación a los derechos humanos

realizadas durante el gobierno militar. En el primer caso el gobierno decretó cambios en las

penalidades terminó con la presencia de presos políticos, por lo tanto, se consideró que la

seguridad formaba parte de un proceso cuya finalidad era consolidar y perfeccionar la

democracia. En el segundo, el gobierno hizo evidente una situación de transición negociada

donde el poder de las Fuerzas Armadas se mantuvo consolidado.

Se creó el Consejo de Seguridad Pública que luego se transformó en la Dirección de

Seguridad Pública e Información (DISPI) y el Consejo Nacional para el Control de

Estupefacientes, dependientes del Ministerio del Interior, con el fin de cambiar la doctrina de

seguridad nacional. Así, se centró el tema de la seguridad pública en el Ministerio del Interior


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y se limitó el rol de las Fuerzas Armadas a la seguridad exterior. Las instituciones policiales

recibieron un fuerte apoyo gubernamental que se tradujo en un aumento de presupuesto y de

dotación.

Durante el gobierno del Presidente Frei, la mirada política empezó a centrarse

especialmente en el tema de la delincuencia. Se hizo evidente la necesidad de una política

nacional en materia de seguridad. En 1994 se presentó el Plan Nacional de Seguridad

Ciudadana elaborado por una comisión de expertos miembros del Consejo Coordinador de

Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que establecía una serie de medidas dirigidas

a mejorar la gestión policial, la coordinación interinstitucional lo que incluía la necesidad de

nuevos lazos de organización entre la policía y el Gobierno. Las medidas propuestas no

registraron ningún avance debido a las fuertes tensiones existentes en las relaciones político-

militares.

Por otra parte, a través de iniciativas como el programa Puertas Abiertas, en 1994, el

Programa Seguridad Compartida, en 1996, se buscaron caminos que comprometiera a la

comunidad en la disminución de la delincuencia.

También los municipios desarrollaron medidas de seguridad ciudadana con énfasis en

la vigilancia privada y en la organización vecinal. Pertenecen a este ámbito el Programa de

Seguridad Vecinal (1993) y los Comités de Protección Ciudadana (1995), que fueron

diseñados e implementados desde el nivel central del Gobierno pero con el objetivo de

consolidar las redes locales existentes mediante el desarrollo y en algunos casos

financiamiento de proyectos de prevención del delito

En el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, el tema de la seguridad ciudadana,

paralelamente a la acción policial, ha desarrollado políticas de reforma del sistema de justicia,

ha invertido en el sistema carcelario y ha desarrollado programas de prevención de la

criminalidad que ponen énfasis en la participación comunitaria. Se trata de separar la

prevención social del delito y la prevención policial.


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La implementación de la reforma procesal penal, se ha desarrollado en forma paulatina

y aún no ha llegado a la Región Metropolitana de Santiago, pero en aquellas regiones donde

ya está en vigencia se muestra una disminución en el tiempo de los procesos y un aumento

notable en las denuncias, que ha traído una disminución de la cifra negra del delito al

aumentar la confianza en la institución de justicia y al disminuir levemente la percepción de

ineficiencia del sistema judicial.

La importancia de la participación comunitaria se evidencia desde mediados del año

2000, cuando el Ministerio del Interior junto con la Fundación Paz Ciudadana y la Asociación

Chilena de Municipalidades firmaron un acuerdo para implementar una política nacional

orientada a la prevención del delito: el programa Comuna Segura Compromiso 100. Los

pilares centrales de este programa han sido la participación comunitaria y el desarrollo de

redes sociales participativas en la prevención de la delincuencia, así como la consolidación o

desarrollo del capital social.

La definición de la seguridad como una política de Estado, se demuestra en este

período. A mediados del 2001 se creó la División de Seguridad Ciudadana en el Ministerio

del Interior cuya función principal es el desarrollo e implementación de las políticas de

seguridad ciudadana. En octubre del 2001 el Presidente Lagos propuso las “20 Medidas para

Mayor Justicia y Seguridad Ciudadana”.

b) Institutos de Estudio.

1. Fundación Paz Ciudadana.

Esta fundación, desde su creación en 1992, ha sido el actor de la sociedad civil más

importante en materia de seguridad ciudadana, dando a conocer constantemente encuestas y

estudios a la opinión pública, y además mantiene un vínculo directo con el gobierno, por lo

que se considera que es un actor de peso al momento de modificar las políticas públicas en la

materia. A partir del 2000, está trabajando en un Sistema Unificado de Estadísticas


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Delictuales (SUED), tema incorporado en los planes de gobierno y existe consenso en su

necesidad.

Ahora bien, la propuesta de esta fundación abarca distintos ámbitos: prevención del

delito, control del mismo, rehabilitación y evaluación de las políticas públicas.

Respecto a la prevención, se plantean los siguientes puntos: revisar la estructura y

fundamento del sistema educacional; establecer alarmas para detectar a jóvenes en riesgo;

revisar el funcionamiento y estructura de asistencia de menores en situación irregular; rescatar

al menor y al joven de la calle; reformar el sistema de protección a la infancia y adolescencia.

En materia de control del delito considera: modernizar el sistema de justicia criminal;

incentivar las denuncias; un sistema de ejecución de penas (con medidas alternativas y un

sistema eficaz que supervise realmente al reo); beneficios interpenitenciarios; modificar la

administración de la libertad provisional (creación de una oficina técnica con funciones en la

elaboración de recomendaciones fundadas al juez sobre su procedencia); optimar el recurso

policial; mayor participación de la comunidad y el municipio.

Para la rehabilitación, se plantea la incorporación del sector privado a las cárceles;

capacitación laboral para los reclusos adultos (cárcel industria); internados educacionales para

los menores de edad.

En cuanto a la evaluación de las políticas públicas sostiene: la necesidad de modernizar

y homogeneizar los sistemas estadísticos de todos los órganos públicos vinculados al tema; las

metas asignadas deben ser cuantitativas; los datos estadísticos deber tener accesibilidad y

exigibilidad legal para los ciudadanos y órganos públicos en todo momento; actuación

focalizada y descentralizada de acuerdo con la peligrosidad de la zona, comuna o ciudad y de

la pobreza de la respectiva comunidad. Ven la necesidad de una metodología para definir un

criterio de asignación de recursos que considere todos los aspectos del impacto real de la

delincuencia. Agregan que, se desconoce la magnitud real de la cantidad de delitos y sus


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cambios en cada comuna; también plantean como necesidad la realización de encuestas de

victimización comunal.

Por otra parte, se postula que la cárcel no es la única opción de castigo penal. Defiende

un sistema penal consistente en una escala continua de penas, que contemple en sus grados

inferiores la simple multa o amonestación y de avanzar hacia los grados de privación de la

libertad, no siendo la cárcel la única opción penal, ya que hay delitos que no la justifican y es

cara de aplicar. Claramente, ese tipo de propuestas derivan de la llamada “teoría económica

del crimen” cuyo mentor es Gary Becker, Premio Nobel y economista de la Universidad de

Chicago, miembro del centro de pensamiento neoconservador más influyente en la actualidad,

el Manhattan Institute, y que en esencia sostiene que el delincuente actúa bajo premisas de

costo beneficios.

En el tema de la delincuencia juvenil, la fundación atribuye la mayoría de los delitos a

jóvenes, por tanto, cualquier política en esta materia debe estar dirigida a estos. Se reconocen

como factores de riesgo la deserción escolar y el gran tiempo de ocio, por lo tanto las políticas

deben estar orientadas, en primer lugar, a atraer a esos jóvenes al deporte y recreación y luego

tratar de insertarlos en la educación. También considera que faltan programas de mediación

que enseñen a resolver los conflictos en forma pacífica. Propone programas focalizados para

tratar el problema del consumo de alcohol. Estima que la propia comunidad debe tomar el

control del tema, teniendo el Estado un rol subsidiario. Agrega la necesidad de implementar

un sistema de rescate de jóvenes de las calles donde el sector privado trabaje bajo la tutela de

los municipios y en el marco de lo definido por el gobierno central. El Estado subsidiario de

las iniciativas de la comunidad debe asumir el costo financiero del trabajo con los jóvenes.

En cuanto a la delincuencia a nivel local, para un trabajo eficaz y eficiente se necesita

un diagnóstico compartido entre los municipios, vecinos y policía, fotografiando la realidad;

encuestas de victimización (cifra negra), mapas digitales de delincuencia, análisis de las

estadística oficiales.


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En cuanto a las estadísticas entregadas por el Gobierno, la fundación las ha criticado,

señalando que las denuncias reconocidas por el gobierno representan sólo el 41% de los casos

de robo con violencia que se dan realmente. El Gobierno por su parte, señala que no aumentó

el número de delitos sino la cantidad de denuncias.

En lo relacionado con el Sistema Unificado de Estadísticas Delictuales (SUED), se

trata información recolectada y procesada de modo sistemático por las policías, el Poder

Judicial y Gendarmería, con miras al seguimiento del caso delictivo en todo su curso de

generación, ocurrencia y consecuencias. En el informe “10 años. Fundación Paz Ciudadana.

Enero de 2002”, se señala que aunque el SUED no ha sido aún plenamente adoptado por todas

las instituciones correspondientes –algunas de las cuales aún muestran reticencia a la

innovación– impulsó un paso importante, esto es, la adopción por Carabineros del sistema

AUPOL (Automatización de Interconexión de Unidades Policiales), que básicamente cumple

con requerimientos similares.

2. Instituto Libertad y Desarrollo (ILD).

Este instituto ligado a la Unión Demócrata Independiente, aborda el tema de la

seguridad ciudadana a través de un enfoque económico en el análisis de la delincuencia, de las

penas, la libertad provisional y la necesidad de incorporar al sector privado en la construcción

y administración de las cárceles.

Respecto de la delincuencia considera que se puede aplicar elementos del análisis

económico en la búsqueda de soluciones, evaluando la cantidad de recursos que se gastan

tanto como la eficiencia en su utilización. Se deben calcular los costos de cada etapa

involucrada en materia de seguridad ciudadana. Primero, el descubrimiento del crimen y la

detención de los sospechosos, segundo, los costos judiciales y de las condenas y tercero, los

costos de reclusión.

Refiriéndose a la primera etapa, señala que Carabineros e Investigaciones presentan

dos tipos de problemas que atentan contra la eficiencia: desconocimiento de la combinación


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óptima de factores (dividir recursos entre capital y trabajo, cuantos autos, equipos, entre otros)

y como distribuir recursos entre los diferentes tipos de policía para los diferentes tipos de

delitos.

Para la segunda etapa, sostiene que la posibilidad de ser condenado actúa como factor

disuasivo en la comisión de delitos, y que este efecto se ve disminuido por la lentitud de los

procesos judiciales. Propone: reformas administrativas en el funcionamiento de los tribunales

y reformas procesales. Considera positiva la reforma penal.

En la tercera etapa, sostiene que es conveniente tener en cuenta la experiencia

internacional en el tiempo de duración de las penas. Ejemplo, períodos más largos de

encarcelamiento han demostrado ser más efectivos en crímenes contra la propiedad.

Respecto de la seguridad privada considera que la regulación existente es imprecisa y

engorrosa en su aplicación. Plantea que la seguridad ciudadana es un bien público y que al

Estado corresponde velar por su provisión, no obstante, es problema que afecta a todos y

requiere la colaboración de todos, de manera que la autoridad debe fomentar la participación

de los privados en la solución de los problemas. Así, los particulares tienen derecho a

procurarse mayores niveles de seguridad, tomando seguros, comprando armas, contratando

guardias, etc. Si la provisión del bien seguridad fuera monopolio del Estado, las medidas

anteriores no podrían tomarse.

En cuanto a los gastos en seguridad ciudadana y a partir de un estudio realizado por la

Fundación Paz Ciudadana en 1994, el ILD sostiene que sus niveles son altos comparados con

las tasas de delincuencia, lo que indica que se puede mejorar la eficiencia en la utilización de

recursos. El 63% de estos corresponde al sector público y el 37% al privado. De esta última

cifra la mitad corresponde a protección privada, lo que explica que las tasas de delincuencia,

especialmente robos, no sean mayores en Chile. Piensa que la regulación del sector hace que

se esté gastando más de lo necesario para lograr un determinado nivel de eficiencia, por lo

tanto debieran desregularse algunas áreas, como es el caso de los requisitos de vigilancia


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privada y las normas que regulan las empresas en materia de seguridad, a fin de que ellas

decidan que mecanismos son los adecuados.

Respecto a la modificación de la ley de armas que se estudia, argumenta que limita la

libertad de las personas y que su único resultado sería que los delincuentes tengan más armas y

propone, en cambio, incentivar la capacitación en el manejo de éstas.

Sostiene que el sector privado debe participar en la construcción y administración de

los recintos penitenciarios, y que el Estado debe tener un rol menor. Ven considerables

ventajas en la incorporación del sector privado en la rehabilitación de reos, a través de

construcción de talleres en buenas condiciones y ese sector obtendría mano de obra más

barata. Postula la necesidad de modificar el Reglamento de Gendarmería para facilitar esta

participación.

Por otra parte, propone el endurecimiento de las penas. La reincidencia debe impedir

la libertad provisional.

Frente a la delincuencia juvenil, el ILD es partidario de: rebajar la edad de

responsabilidad penal, y al mismo tiempo ofrece soluciones al problema de la deserción

escolar y al cuidado de los jóvenes en riesgos; incentivar la denuncia; aumentar las sanciones

esperadas y al mismo tiempo que sean adecuadas (distintos tipos de penas); contar con

sentencias oportunas.

3. Corporación Tiempo 2000.

Esta entidad ligada a la Concertación, desarrolla un Programa de Asesoría Legislativa

(PAL) y se ha referido al tema al analizar los proyectos de ley en la materia y proponiendo

orientaciones políticas.

La Corporación entiende que hay señales de un aumento de los delitos violentos y que

además, la instalación de un estilo de difusión de noticias en los medios de comunicación le ha


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dado gran alcance al sentimiento de inseguridad ciudadana. El PAL sostiene que en la

actualidad la seguridad ciudadana es uno de los grandes temas de la agenda política nacional,

cuyas definiciones y aspectos técnicos quedan sujetos a la orientación estratégica global de

política pública que deben hacer sus responsables, por lo que las soluciones no sólo son

técnicas sino basadas en una política de Estado sostenida en consensos que le permiten

viabilidad en el tiempo. Agrega que ha diferencia de la derecha, el Gobierno afirma que la

delincuencia es un hecho social complejo que obedece a muchas causas, entre ellas la pobreza

y la marginación. Critica fuertemente la posición de ese sector acusándolo de sobrepolitizar el

tema y tratar de sacar dividendos políticos.

En cuanto al papel jugado por los medios de comunicación el PAL coincide con el

PNUD, en cuanto a elevar la percepción de inseguridad. Señala que en el medio nacional,

además de un estilo noticioso que provoca una saturación informativa en torno a la violencia,

no existe un equilibrio informativo que permita proyectar los valores de contención de ella.

En este campo, la acción de la derecha se ha orientado a la construcción de un estado de

alarma pública, que favorece su opción electoral, y frente a la cual argumentan como única

solución más policías, más penas, más cárceles.

En relación a las políticas públicas en la materia afirma que no es suficiente aumentar

los recursos materiales y humanos si no se modifica la gestión orientándola a patrones de

eficacia y eficiencia. Apoya la colaboración ciudadana con la acción policial y la necesidad de

un pacto ético entre los medios de comunicación, la policía y el sistema político que

disminuya el tratamiento sensacionalistas de la información sobre delincuencia. Se pronuncia

por el traslado de la dependencia de Carabineros e Investigaciones al Ministerio del Interior.

Además se debe definir que tipo de policía necesita la sociedad.

4. Críticas al diagnóstico y propuestas de la derecha en materia de seguridad ciudadana.

Desde el PAL se ha dicho que “el modelo autoritario y eficientista de seguridad

ciudadana que plantea la oposición se fundamenta en los siguientes mitos: uno, el mito de las


18

cifras o noticias, o cómo pueden manipularse los números o los hechos en beneficio propio;

otro, el mito del Derecho Penal, o cómo convertir un elemento secundario en principal; por

último el mito del procedimiento, o cómo sancionar más rápido los malos delitos.

Respecto al primer mito, se plantea que las cifras sobre la delincuencia tienen gran

influencia en la opinión pública en esta materia. En el análisis del mito se distinguen varios

parámetros:

1. El objetivo perseguido por los emisores de cifras que pueden ser de carácter inmediato,

dirigidos a fines coyunturales o meramente represivos, o mediatos, esto es, para ser

ocupados por los receptores como elementos para el diseño de una política criminal

democrática. Las cifras, sean oficiales o extraoficiales, son inmediatas, es decir no

apuntan a una reforma del Código Penal que pretenda transformar o modificar en forma

integral los delitos contra la propiedad que es el ámbito que parece preocupar más a la

gente. La única excepción es la que ha afectado a los delitos sexuales, que sin embargo no

se apoyó en cifras. La inmediatez de los efectos buscados se advierte en la utilización

paulatina de cifras no contrastables y por lo tanto no convertibles, específicamente las

entregadas respecto del “temor” frente a los delitos contra la propiedad, cuyo objetivo

coyuntural es crear una sensación de indefensión ciudadana. Esto ocurre con las cifras de

la Fundación Paz Ciudadana.

2. El origen de las cifras y los medios que se ocupan para darlas a conocer. Se destaca

que en este punto el Gobierno ha perdido el control de emisión de cifras. Su contraparte,

Fundación Paz Ciudadana, ha extraído datos numéricos de los aparatos del Estado

(ejemplo: Gendarmería, Tribunales de Justicia) entregándolos con algo de coherencia en

“Anuarios de Estadísticas Criminales”, apareciendo así como copartícipe de la Reforma

Judicial. Así, se ha perdido un elemento que para la ciudadanía parece básico en materia

político-criminal: que las decisiones sobre lo que se sanciona y su magnitud corresponda a

una política de Estado y no a una delegación de potestades.

3. Los medios y la delincuencia. Se plantea que no es banal el medio a través del cual se

entrega la información de cifras u otro tipo de datos criminales. Advierten las siguientes

variables o fenómenos: a) la desinformación, esto es, la entrega selectiva y estereotipada


19

del fenómeno delincuencia; b) el efecto buscado y provocado con la transmisión de la

noticia es doble, por una parte, el temor, y por la otra, una confianza exagerada en los

medios de control social primarios, por ejemplo, la policía; c) la acción de la autoridad con

medidas de control social, traduciéndose en políticas criminales y procedimentales

inadecuadas y poco democráticas.

Ahora bien, la información que se entrega tiene los siguiente caracteres: a) sesgada, pone

énfasis en cierto tipo de delitos (sexuales y propiedad, que vayan acompañados de

violencia en las personas) y cuando son cometidos por delincuentes de estratos

socioeconómicos bajos, no le da el mismo nivel de importancia a los delitos económicos

cometidos por delincuentes de estratos socioeconómicos altos o delitos contra la vida,

salvo cuando intervienen personas del estrato ya señalado; b) información

descontextualizada, en el sentido que prescinden de los elementos que forman parte del

contexto cultural, social, económico o de otro tipo de delito determinado y sólo existe una

preocupación aislada por el hecho; c) información estigmatizante, que tiene por objeto

crear en la ciudadanía la idea de una guerra sin cuartel contra este fenómeno

desestabilizador, así, se habla de los “derechos de los delincuentes” contra el “derecho de

las víctimas”, los “delincuentes” y las “personas honorables”, las últimas –que serían la

mayor parte de la población– se encuentran en una especie de paraíso social donde o no

existe la contaminación delictiva o si existe se ha debido a un descuido “absolutamente

personal “ del involucrado; d) dramatización, que acrecienta el grado de temor de la

población, por ejemplo cuando se advierte sobre la posible “ola de secuestros” en el país;

e) el argumento de autoridad, para fundar las apreciaciones del medio y esa sola mención

otorgue peso al argumento entregado.

4. Cambios de las cifras y validez. Se reconocen dos problemas que hay que tener en

cuenta en los procesos de análisis y toma de decisión: a) la pérdida de la sustancia, que se

produce en el camino progresivo que sigue un caso o un hecho que ingresa al sistema

judicial. A medida que avanza se va presentando una tasa de datos cada vez más reducida.

Así, el valor de una tasa de criminalidad, enfocada en la perspectiva de un índice del

crimen, decrece a medida que se acrecienta la distancia –en términos de procedimiento–

que lo separa del momento de la comisión del delito. Para comprobar esto y verificar el

porcentaje de pérdida y el momento en que se produce, se tendría que hacer un


20

seguimiento de casos, lo que en la actualidad no es posible; b) el destino o suerte de una

unidad de cuenta (o de análisis). En la etapa policial, la unidad de cuenta será la denuncia

o la aprehensión; en la etapa judicial, será el delito o la causa; en el sistema penitenciario,

será el delincuente. Por lo tanto, es imposible observar determinado hecho en un

perspectiva cronológica, por cuanto la unidad de cuenta cambia de denominación en las

distintas etapas, y en los tribunales podría variar más de una vez.

5. Manejo de las cifras en Chile. Se constatan diversos errores operacionales en el registro

de los datos y en su recolección, lo que incide negativamente en la validez de las

estadísticas: a) el registro de los datos no está sometido a reglas operacionales rigurosas,

por lo tanto no es posible establecer un sistema de control de los mismos; b) el registro no

siempre está a cargo del personal capacitado ni destinado en forma estable a esa tarea; en

el caso de las denuncias ante Carabineros, es el funcionario policial de turno quien

interpreta el relato del denunciante y consigna los datos; c) los procesos de elaboración de

las estadísticas difieren entre las distintas instituciones e incluso dentro de un mismo

estamento, como es el caso de los Tribunales de Justicia; d) no siempre coincide la

nomenclatura para tratar el fenómeno, y en casos en que coinciden los conceptos, no se

comparten las definiciones; e) por lo general las cifras se distribuyen territorialmente y no

existe correspondencia entre las divisiones territoriales que cada institución considera en

su tarea.

En cuanto al segundo mito, esto es, el Derecho Penal, el PAL plantea que la derecha

está por usarlo como una herramienta represiva relevante para cambiar el actual curso de las

cosas. Agregan que las tendencias político-criminales no parecen apuntar mayoritariamente a

la despenalización, el sentido parece ser el inverso. Si bien existe una importante doctrina que

apunta a considerar la necesidad de estudiar la despenalización de figuras penales, como en el

caso de delitos contra la propiedad, como el hurto de bagatela o de cantidades ínfimas, el robo

con fuerza, el hurto de hallazgo y otros, la orientación legislativa apunta a una penalización

creciente en ese mismo sector delictivo y a un aumento importante de las penas privativas de

libertad, con un fuerte incremento de las tendencias de “defensa social” al interior de la

comunidad.


21

El tercer mito, el del procedimiento, la derecha plantea restringir aquellos beneficios

inherentes a un procedimiento penal. El más característico es el de libertad provisional, a

través de la prisión preventiva o provisional.

V. Estadísticas delictuales.

En el presente capitulo, con el fin de tener una visión sintética y cifrada de la evolución

de la delincuencia y del comportamiento delictual en nuestro país durante estos últimos años,

se entregan varios cuadros con series de estadísticas delictuales a nivel nacional e indicadores

estadísticos elaborados a partir de ellas.

La fuente de información estadística a la cual hemos recurrido son los informes anuales

y trimestrales –con sus respectivos anexos– elaborados por la División de Seguridad

Ciudadana del Ministerio de Interior y que están disponibles en línea en el sitio web de esta

institución.

Las cifras que se publican en estos informes corresponden a las cantidades de denuncias

y registros de detenciones de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile, cifras

informadas por ambos organismos al Ministerio del Interior.

Esta fuente es considerada por muchos especialistas en la temática de la seguridad

ciudadana como la más confiable en materia de estadísticas criminales.

“… las denuncias a Carabineros son la base más objetiva de las estadísticas sobre

delincuencia, y son el punto de partida de cualquier análisis sobre su crecimiento y

evolución” (López Regonesi, 2000).

En los informes del ministerio, además de las frecuencias de las denuncias y de las

detenciones, las estadísticas se expresan también en forma de índices por cada 100.000

habitantes, la “tasa de denuncia por cada 100 mil habitantes” y la “tasa de detenciones por


22

cada 100 mil habitantes”; con el fin de corregir las cifras por el efecto de población y así

permitir que se realicen mediciones comparativas.

Esta tasa “corresponde a un parámetro internacionalmente aceptado que permite

comparar la incidencia de los casos en relación a la población. Este índice se calcula sobre

la base del número de casos (frecuencia) dividido por la población residente estimada

(proyección de población del INE sobre la base del censo 1992). De esta forma, este

indicador permite la comparación de periodos (mes, trimestre, semestre, año) o de unidades

administrativas (comunas, regiones, país), que poseen volúmenes de habitantes diferentes”.

(Ministerio del Interior).

De todas las cifras contenidas en estos informes, se seleccionaron los datos anuales a

nivel nacional, tratando en base a ellos, de elaborar series temporales anuales lo más extensas

posible, llegando a construir series para el periodo 1997 a 2002.

La primera unidad de análisis considerada son las denuncias a nivel nacional de los

delitos de mayor connotación socio-policial. Se desagrega esta información de acuerdo a los

siguientes seis tipos de delitos: robo con violencia o intimidación, robo con fuerza, hurto,

lesiones, homicidio y violación. También se divide el total de las denuncias en dos grandes

categorías, “los delitos contra la Propiedad” –que incluye robo con fuerza y hurto– y “los

delitos contra las Personas” –que incluye robo con violencia, lesiones, homicidio y violación.

(Véase el Cuadro Nº 1). La segunda unidad contemplada son las detenciones, y también se

presenta esta información estadística sobre el número de detenciones, según los tipos de

delitos o las categorías ya señalados en el caso de las denuncias (Véase el Cuadro Nº 5).

Los indicadores que se calcularon a partir de las cifras relativas a las frecuencias anuales

y/o a las tasas por 100 mil habitantes de las denuncias y de las detenciones son: la

composición de las denuncias y de las detenciones según el tipo o la categoría de delitos

(Cuadro Nº 2 y Cuadro Nº 8), la variación porcentual anual tanto de las denuncias (Cuadro Nº

3) como de las detenciones (Cuadro Nº 6), la diferencia anual entre la cantidad de casos

(frecuencia) entre un año y el anterior de las denuncias (Cuadro Nº 4) y de las detenciones


23

(Cuadro Nº 7), y un indicador que relaciona detenciones con denuncias, como un elemento

inicial aproximativo para dar cuenta de la eficacia policial (Cuadro Nº 9).

A nivel nacional, durante todo el periodo 1997-2002, se observa un continuo ascenso

del total de las denuncias de delitos de mayor connotación socio-policial, registrándose el

mayor incremento en el año 2001, con una variación de la tasa de mas del 19%. (Cuadro

Nº 3).

Las denuncias por robo con fuerza experimentaron una disminución en los años 1998

y 2000, pero en los años siguientes a estas dos fechas aumentaron notablemente.

Las denuncias por hurto muestran un fuerte aumento entre 1997 y 2002, pasando de

una tasa de 220,6 a 414,2 por cada 100 mil habitantes entre el inicio y el final del periodo

considerado.

Entre 1997 y 2001, la frecuencia y la tasa por 100 mil habitantes de las denuncias por

robo con violencia crecen a un ritmo anual mayor al 25%, sin embargo en el año 2002, este

crecimiento se redujo al 13,5% por lo que se refiere a la variación de la frecuencia con

respecto al 2001, y a 12,2% para la variación de la tasa.

Las tasas de denuncias por lesiones registraron grandes aumentos en los años 2000 y

2001.

Tres fueron los delitos que, durante algún año del periodo considerado, registraron una

disminución de la tasa anual de denuncias, a saber: el robo con fuerza en 1998 (-3,0%) y en

2000 (-1,8%), los homicidios en 1998 (-5,9%) y 1999 (-31,3%) y la violación en 1998 (-3,3%)

y últimamente en el 2002 (-8,9%).

En ningún año, el total de las denuncias por delitos contra las personas disminuyó.


24

El lugar ocupado por cada tipo de delito en la composición de las denuncias se

mantiene idéntica durante todos los años considerados. Las denuncias por robo con fuerza

ocupan el primer lugar a lo largo de los años 1997 a 2002 (con 49,3% al inicio del periodo y

41,3% en el 2002), seguido por las denuncias por lesiones, hurto, robo con violencia,

violación y homicidio. (Véase Cuadro Nº 2).

En materia de detenciones, la frecuencia de detenciones durante el año 2002, permite

afirmar que el hurto es el delito con mayor representación (con un 49,77%), luego las

detenciones por lesiones (23,33%), robo con fuerza (15,34%), robo con violencia (9,78%) y,

finalmente homicidios y violaciones (1,00 y 0,78 respectivamente). A principio del periodo,

es decir en 1997, la estructura de las detenciones era distinta; si bien las detenciones por robo

con violencia, homicidios y violaciones ya figuraban como los delitos con menor frecuencia

(5,23, 1,52 y 1,41 respectivamente), las detenciones por lesiones ocupaban el primer lugar

(con 37,02%), seguido por el hurto (28,38%) y el robo con fuerza (26,44%). El aumento de

detenciones por hurto significó que estas desplazaron del primer lugar a las por lesiones a

partir del año 1999.

En cuanto a la relación entre el total de las detenciones y el de las denuncias

registrados anualmente se mantiene relativamente estable durante todo el periodo considerado,

con un valor de 0,46 a contar del año 1999.


25

1997 1998 1999 2000 2001

Robo con fuerza 82.088 80.814 93.973 93.412 106.846 121.657

Tasa cada 100.000 habitantes 558,2 541,7 621,7 610,3 689,5 775,8

Hurto 32.441 33.591 38.615 46.447 55.080 64.953


Robo con violencia 11.063 15.442 20.407 25.955 34.615 39.304


Lesiones 39.275 41.075 41.632 50.916 65.005 66.560


Homicidio 255 240 169 224 290 296


Violación 1.360 1.325 1.457 1.527 1.905 1.759


Delitos contra la Propiedad (1) 114.529 114.405 132.588 139.859 161.926 186.610

Tasa cada 100.000 habitantes 778,8 766,8 877,2 913,7 1.045,0 1.190,0

Delitos contra las Personas (2) 51.953 58.082 63.665 78.622 101.815 107.919


Total Denuncias 166.482 172.487 196.253 218.481 263.741 294.529

Tasa cada 100.000 habitantes 1.132,1 1.156,1 1.298,4 1.427,4 1.702,0 1.878,2

2002

ESTADÍSTICAS DELICTUALES A NIVEL NACIONAL - DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIO-POLICIAL

CUADRO Nº 1 DENUNCIAS DE DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIO-POLICIAL A NIVEL NACIONAL,

(FRECUENCIAS Y TASAS POR 100 MIL HABITANTES)

SEGÚN TIPO DE DELITO, SERIE DE TIEMPO ANUAL, PERÍODO 1997-2002.

Años

Fuente: Informes y Estadísticas de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Años 1999,2000, 2001 y 2002.Las cifras publicadas por la División de Seguridad Ciudadana corresponden a las denuncias y registros dedetenciones de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, informadas al Ministerio del Interior.

(1): Incluye Robo con Fuerza y Hurto. (2): Incluye Robo con Violencia, Lesiones, Homicidio y Violación.

Frecuencias por delitos y tasas


26

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Robo con fuerza 49,3% 46,9% 47,9% 42,8% 40,5% 41,3%

Hurto 19,5% 19,5% 19,7% 21,3% 20,9% 22,1%

Robo con violencia 6,6% 9,0% 10,4% 11,9% 13,1% 13,3%

Lesiones 23,6% 23,8% 21,2% 23,3% 24,6% 22,6%

Homicidio 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Violación 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%

Delitos contra la Propiedad (1) 68,8% 66,3% 67,6% 64,0% 61,4% 63,4%

Delitos contra las Personas (2) 31,2% 33,7% 32,4% 36,0% 38,6% 36,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DELITO, DURANTE EL PERÍODO 1997-2002.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

CUADRO Nº 2

DE LAS DENUNCIAS DE DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIO-POLICIAL

Años

Fuente: Elaboración propia de la Sección Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, en base a las cifrassobre denuncias y aprehendidos por delitos de mayor connotación social publicadas por el Ministerio delInterior. (Véase Cuadro Nº 1).


Delitos


27

Var. 98/97 Var. 99/98 Var. 00/99 Var. 01/00 Var. 02/01

Robo con fuerza -1,6% 16,3% -0,6% 14,4% 13,9%

Tasa cada 100.000 habitantes -3,0% 14,8% -1,8% 13,0% 12,5%

Hurto 3,5% 15,0% 20,3% 18,6% 17,9%

Tasa cada 100.000 habitantes 2,2% 13,4% 18,7% 17,2% 16,5%

Robo con violencia 39,6% 32,2% 27,2% 33,4% 13,5%


Lesiones 4,6% 1,4% 22,3% 27,7% 2,4%

Tasa cada 100.000 habitantes 3,2% -0,1% 20,8% 26,1% 1,2%

Homicidio -5,9% -29,6% 32,5% 29,5% 2,1%

Tasa cada 100.000 habitantes -5,9% -31,3% 36,4% 26,7% 0,0%

Violación -2,6% 10,0% 4,8% 24,8% -7,7%

Tasa cada 100.000 habitantes -3,3% 7,9% 4,2% 23,0% -8,9%

Delitos contra la Propiedad (1) -0,1% 15,9% 5,5% 15,8% 15,2%

Tasa cada 100.000 habitantes -1,5% 14,4% 4,2% 14,4% 13,9%

Delitos contra las Personas (2) 11,8% 9,6% 23,5% 29,5% 6,0%


Total Denuncias 3,6% 13,8% 11,3% 20,7% 11,7%


V A R I A C I Ó N % A N U A L

VARIACIÓN % ANUAL DE LAS DENUNCIAS DE DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIO-POLICIAL

SEGÚN TIPO DE DELITO, PERÍODO 1997-2002.


CUADRO Nº 3

Y DE LAS TASAS DE DENUNCIAS POR 100.000 HABITANTES

Años

Fuente: Elaboración propia de la Sección Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, en base a lascifras sobre denuncias de delitos de mayor connotación social publicadas por el Ministerio del Interior.(Véase Cuadro Nº 1).


Denuncias por delitos y tasas


28

Dif. 98/97 Dif. 99/98 Dif. 00/99 Dif. 01/00 Dif. 02/01

Robo con fuerza -1.274 13.159 -561 13.434 14.811

Tasa cada 100.000 habitantes -16,5 80,0 -11,4 79,2 86,3

Hurto 1.150 5.024 7.832 8.633 9.873

Tasa cada 100.000 habitantes 4,8 30,1 47,9 52,1 58,7

Robo con violencia 4.379 4.965 5.548 8.660 4.689


Lesiones 1.800 557 9.284 14.089 1.555

Tasa cada 100.000 habitantes 8,5 -0,2 57,2 86,9 5

Homicidio -15 -71 55 66 6

Tasa cada 100.000 habitantes -0,1 -0,5 0,4 0,4 0

Violación -35 132 70 378 -146

Tasa cada 100.000 habitantes -0,3 0,7 0,4 2,3 -1,1

Delitos contra la Propiedad (1) -124 18.183 7.271 22.067 24.684

Tasa cada 100.000 habitantes -12 110,4 36,5 131,3 145

Delitos contra las Personas (2) 6.129 5.583 14.957 23.193 6.104

Tasa cada 100.000 habitantes 36 31,9 92,5 143,4 31,1

Total Denuncias 6.005 23.766 22.228 45.260 30.788

Tasa cada 100.000 habitantes 24 142,3 129 274,6 176,2

D I F E R E N C I A A N U A L

DIFERENCIA ANUAL DE LAS DENUNCIAS DE DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIO-POLICIAL



CUADRO Nº 4

Y DE LAS TASAS DE DENUNCIAS POR 100.000 HABITANTES

Años

Fuente: Elaboración propia de la Sección Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, en base a lascifras sobre denuncias de delitos de mayor connotación social publicadas por el Ministerio del Interior.(Véase Cuadro Nº 1).


Denuncias por delitos y tasas


29

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Robo con fuerza 17.469 18.343 22.876 21.559 21.738 20.806

Tasa por 100.000 habitantes 118,3 122,9 151,4 140,8 140,3 132,7

Hurto 18.750 22.190 30.923 35.463 51.173 67.506


Robo con violencia 3.457 5.784 7.312 10.380 11.939 13.264


Lesiones 24.459 22.794 27.048 30.091 32.296 31.635


Homicidio 1.001 1.045 1.080 1.277 1.477 1.360


Violación 929 806 973 1.017 1.051 1.055


Delitos contra la Propiedad (1) 36.219 40.533 53.799 57.022 72.911 88.312


Delitos contra las Personas (2) 29.846 30.429 36.413 42.765 46.763 47.314


Total Detenciones 66.065 70.962 90.212 99.787 119.674 135.626


DETENCIONES POR DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIO-POLICIAL A NIVEL NACIONAL,

CUADRO Nº 5


SEGÚN TIPO DE DELITO, SERIE DE TIEMPO ANUAL, PERÍODO 1997-2002.

(FRECUENCIAS Y TASAS POR 100 MIL HABITANTES)

AñosDetenciones por delitos y tasas

Fuente: Informes y Estadísticas de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Años 1999,2000, 2001 y 2002.Las cifras publicadas por la División de Seguridad Ciudadana corresponden a las denuncias y registros dedetenciones de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, informadas al Ministerio del Interior.



30

Var. 98/97 Var. 99/98 Var. 00/99 Var. 01/00 Var. 02/01

Robo con fuerza 5,0% 24,7% -5,8% 0,8% -4,3%

Tasa cada 100.000 habitantes 3,9% 23,2% -7,0% -0,4% -5,4%

Hurto 18,3% 39,4% 14,7% 44,3% 31,9%


Robo con violencia 67,3% 26,4% 42,0% 15,0% 11,1%


Lesiones -6,8% 18,7% 11,3% 7,3% -2,0%


Homicidio 4,4% 3,3% 18,2% 15,7% -7,9%

Tasa cada 100.000 habitantes 2,9% 1,4% 16,9% 14,5% -8,4%

Violación -13,2% 20,7% 4,5% 3,3% 0,4%


Delitos contra la Propiedad (1) 11,9% 32,7% 6,0% 27,9% 21,1%


Delitos contra las Personas (2) 2,0% 19,7% 17,4% 9,3% 1,2%


Total Detenidos 7,4% 27,1% 10,6% 19,9% 13,3%



CUADRO Nº 6

V A R I A C I Ó N % A N U A L


VARIACIÓN % ANUAL DE LAS DETENCIONES POR DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIO-POLICIAL

Y DE LAS TASAS DE DETENCIONES POR 100.000 HABITANTES

Años

Fuente: Elaboración propia de la Sección Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, en base a lascifras sobre detenciones por delitos de mayor connotación social publicadas por el Ministerio del Interior.(Véase Cuadro Nº 5).


Detenciones por delitos y tasas


31

Dif. 98/97 Dif. 99/98 Dif. 00/99 Dif. 01/00 Dif. 02/01

Robo con fuerza 874 4.533 -1.317 179 -932

Tasa cada 100.000 habitantes 4,6 28,5 -10,6 -0,5 -7,6

Hurto 3.440 8.733 4.540 15.710 16.333


Robo con violencia 2.327 1.528 3.068 1.559 1.325


Lesiones -1.665 4.254 3.043 2.205 -661

Tasa cada 100.000 habitantes -13,5 26,2 17,6 11,8 -6,7

Homicidio 44 35 197 200 -117

Tasa cada 100.000 habitantes 0,2 0,1 1,2 1,2 -0,8

Violación -123 167 44 34 4

Tasa cada 100.000 habitantes -0,9 1 0,2 0,2 -0,1

Delitos contra la Propiedad (1) 4.314 13.266 3.223 15.889 15.401

Tasa cada 100.000 habitantes 25,4 84,2 16,6 98 92,7

Delitos contra las Personas (2) 583 5.984 6.352 3.998 551

Tasa cada 100.000 habitantes 1 36,9 38,5 22,4 -0,1

Total Detenidos 4.897 19.250 9.575 19.887 15.952

Tasa cada 100.000 habitantes 26,3 121,3 55 120,4 92,6


CUADRO Nº 7

D I F E R E N C I A A N U A L


DIFERENCIA ANUAL DE LAS DETENCIONES POR DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIO-POLICIAL

Y DE LAS TASAS DE DETENCIONES POR 100.000 HABITANTES

Años

Fuente: Elaboración propia de la Sección Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, en base a lascifras sobre detenciones por delitos de mayor connotación social publicadas por el Ministerio del Interior.(Véase Cuadro Nº 5).


Detenidos por delitos y tasas


32

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Robo con fuerza 26,4% 25,8% 25,4% 21,6% 18,2% 15,3%

Hurto 28,4% 31,3% 34,3% 35,5% 42,8% 49,8%

Robo con violencia 5,2% 8,2% 8,1% 10,4% 10,0% 9,8%

Lesiones 37,0% 32,1% 30,0% 30,2% 27,0% 23,3%

Homicidio 1,5% 1,6% 1,6% 1,9% 2,2% 2,1%

Violación 1,4% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8%

Delitos contra la Propiedad (1) 54,8% 57,1% 59,6% 57,1% 60,9% 65,1%

Delitos contra las Personas (2) 45,2% 42,9% 40,4% 42,9% 39,1% 34,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

CUADRO Nº 8

DE LAS DETENCIONES POR DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIO-POLICIAL

Años

Fuente: Elaboración propia de la Sección Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, en base a las cifrassobre denuncias y aprehendidos por delitos de mayor connotación social publicadas por el Ministerio delInterior. (Véase Cuadro Nº 5).


Delitos


33

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Robo con fuerza 0,21 0,23 0,24 0,23 0,20 0,17

Hurto 0,58 0,66 0,80 0,76 0,93 1,04

Robo con violencia 0,31 0,37 0,36 0,40 0,34 0,34

Lesiones 0,62 0,55 0,65 0,59 0,50 0,48

Homicidio 3,93 4,35 6,39 5,70 5,09 4,59

Violación 0,68 0,61 0,67 0,67 0,55 0,60

Delitos contra la Propiedad (1) 0,32 0,35 0,41 0,41 0,45 0,47

Delitos contra las Personas (2) 0,57 0,52 0,57 0,54 0,46 0,44

Total 0,40 0,41 0,46 0,46 0,45 0,46



EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN DETENCIONES POR DENUNCIAS

CUADRO Nº 9

(CUOCIENTE ENTRE NÚMERO DE DETENIDOS POR NÚMERO DE DENUNCIAS)

Años

Fuente: Elaboración propia de la Sección Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, en base a las cifrassobre denuncias y aprehendidos por delitos de mayor connotación social publicadas por el Ministerio delInterior. (Véase Cuadros Nº 1 y 5).


Delitos


34

VI. Conclusiones.

Con el retorno de la democracia, el sentimiento de inseguridad, tan extendido como

difuso, ha adquirido un gran alcance. Este sentimiento se ha expresado en el problema de la

delincuencia y en la figura del delincuente, igualmente difusa y omnipresente. Para algunos,

se trata de la reedición de la tesis del “enemigo interno”, que orientó la percepción política de

la seguridad interior del Estado en las dos décadas anteriores. Desde 1990 han sido enemigos

internos el par delincuente/terrorista, luego el par delincuente/drogadicto y actualmente se ha

fortalecido la criminalización de jóvenes y niños.

Sin embargo, como lo señala el informe de Seguridad Humana realizado en 1998 por el

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la inseguridad ciudadana es

expresión de un conjunto de inseguridades referidas a la reproducción de la vida social y al sin

sentido de la vida urbana. La figura amenazadora del delincuente cumple el rol de equivalente

general de tal sensación de inseguridad.

Consecuentemente, se ha concluido en distintos ámbitos, especialmente en el

académico, que el discurso de la inseguridad está puesto en lugar de algún otro. Políticas

sociales “riesgosistas”, prevención generalizada, tendencia al desarrollo de un estado penal,

identificación de poblaciones peligrosas o “enemigos internos”, entre otras manifestaciones.

Este discurso, estaría en lugar de un ausente pacto social, de una voluntad general capaz de

poner límites a los procesos de precarización social y al sentimiento de inseguridad.


35

VII. Selección Bibliográfica

(MONOGRAFIAS – MEMORIAS DE PRUEBA –

ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES PERIODICAS – ARTÍCULOS EN LINEA) 1. ARRIAGADA, Irma; GODOY, Lorena. Seguridad ciudadana y violencia en América

Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa. Serie políticas sociales / Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Santiago, Chile, Nº 32, Agosto 1999, 51 p. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)

2. BRICEÑO-LEÓN, Roberto (comp.). Violencia, sociedad y justicia en América Latina.

Buenos Aires, Argentina, Editorial Clacso, 2002, 404 p. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso - Monografía 316.613.434(8) V795s 2002

3. BURGOS VARELA, Jorge; TUDELA POBLETE, Patricio. Políticas Públicas y

Seguridad Ciudadana. Documento de Trabajo / Corporación de Promoción Universitaria CPU, Santiago, Chile, Nº 20, Noviembre 2001, 13 p. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)

4. BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Las funciones de la policía y la libertad y seguridad de los

ciudadanos (Nuevo Foro Penal, Nº 32, 1986, p. 165). 9 p. http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos/pdf/Bustos.pdf

5. BUSTOS RAMIREZ, Juan; LARRAURI, Elena. Victimología: Presente y futuro.

Hacia un sistema penal de alternativas. Barcelona, España, PPU, 1993, 128 p. Ubicación: BCN - Sede Compañía Mon., Monografía – 343.9(469) B982v 1993

6. CÁDIZ COPPIA, Aldo. Seguridad ciudadana y función policial. Política y Estrategia /

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago, Chile, Nº 75, Mayo / Agosto 1998, pp. 91-103. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)

7. CAFFERATA NORES, José I. Prevención y castigo del delito y seguridad ciudadana.

En: CAFFERATA NORES, José I. (Compilador). Justicia penal y seguridad ciudadana. Contactos y conflictos. Córdoba, Argentina, Editorial Mediterránea, 2000, pp. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso MON, Monografía 343.1(82) F841j 2000


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8. CÁRDENAS CASTRO, Juan Pablo. Inseguridad ciudadana en Chile: ¿mito o realidad? Santiago, Chile, Memoria de Prueba (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales), Universidad Central de Chile, 2001. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Compañía - Monografía 343.34:351.75(83 C266i 2001

9. CARNEVALI RODRÍGUEZ, Raúl ¿Es adecuada la actual política criminal estatal?

Gaceta Jurídica, Santiago, Chile, Nº 242, Agosto 2000, pp. 7-12. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)

10. CARO, Isaac. La inseguridad urbana: expresiones y causas. CONTRERAS QUINA,

Carlos (comp.). El Desarrollo Social:Tarea de todos. Santiago, Chile, Comisión Sudamericana de Paz, Seguridad y Democracia, 1994, pp. 129-151. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Compañía - Monografía – 308(8=60) D441s 1994

11. CARO, Isaac. Chile: Seguridad urbana y desarrollo social. Persona y Sociedad /

ILADES, Santiago, Chile, Vol. IX, Nº 3, Diciembre 1995, pp. 103-124. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)

12. CASALLAS F., David. Temas emergentes y nuevas consideraciones para la evaluación

de riesgo-país en América Latina. Material de discusión / Universidad de Chile - Instituto de Ciencia Política, Santiago, Chile, Nº 29, Julio 1999, 51 p. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)

13. CASTILLO BLANCO, Federico A. La Ley de Seguridad Ciudadana: Reflexiones sobre

algunos puntos controvertidos. Revista de Administración Pública / Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, España, No. 130, ene. / abr. 1993, pp. 423-466. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)

14. CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA (CESC). El Centro de

Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) - Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile [En línea]. Santiago, Chile, CESC, 2003, 1 p. http://www.cesc.uchile.cl/index.html

15. COLOQUIO SEGURIDAD Ciudadana. Persona y Sociedad / ILADES, Santiago, Chile,

Vol. IX, Nº 3, dic. 1995, 192 p. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)

16. CONTROL SOCIAL y seguridad ciudadana en la transición chilena a la democracia.

Revista de la Academia / Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile, No. 5, Otoño 2000, pp. 7-102. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)


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18. CHILE. GENDARMERIA. DIRECCIÓN NACIONAL. Plan de Acción Institucional

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Informes y Estadísticas 1999: Estadísticas de denuncias por delitos de mayor connotación social y narcotráfico 1998-1999 [en línea]. Santiago, Chile, Ministerio del Interior, 2000. http://www.interior.gov.cl/interior_inferior/seguridad/contenido_plan_integral/1999/seguridad4/estad4trim.html


Informe sobre Denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social y Violencia Intrafamiliar: Estadísticas Nacionales y Regionales de denuncias y aprehendidos 2000 [en línea]. Santiago, Chile, Ministerio del Interior, Febrero de 2001, 42 p. + Anexos. http://www.interior.gov.cl/interior_inferior/seguridad/contenido_plan_integral/2000/estad_nac_reg_com2000/1.1%20inf_conn_VIF_NAC_REG_00/1.1%20inf_conn_VIF_NAC_REG_00.pdf http://www.interior.gov.cl/interior_inferior/seguridad/contenido_plan_integral/2000/estad_nac_reg_com2000/1.2%20Anx_conn_VIF_NAC_REG_00/1.2%20Anx_conn_VIF_NAC_REG_00.pdf


Informe sobre Denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social y Violencia Intrafamiliar: Estadísticas Nacionales y regionales de denuncias y aprehenciones 2001 [en línea]. Santiago, Chile, Ministerio del Interior, Febrero de 2002, 21 p. + Anexos. http://www.interior.gov.cl/interior_inferior/seguridad/area_seguridad/inf-marzo-2002/Est_den_nac-reg-com_2001_v3/1.1_Informe_Nacional_Estadisticas_Denuncias_Anual_2001_y_4to_Trim_2001_v2.pdf http://www.interior.gov.cl/interior_inferior/seguridad/area_seguridad/inf-marzo-2002/Est_den_nac-reg-com_2001_v3/1.3_DMCS-anexo_estadistico_nac_y_reg_Anual_y_trim_2001.pdf


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23. CHILE. MINISTERIO DEL INTERIOR. DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. Informe sobre Denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social y Violencia Intrafamiliar: Estadísticas Nacionales y regionales de denuncias y aprehensiones. Año 2002 y cuarto trimestre 2002 [en línea]. Santiago, Chile, Ministerio del Interior, Febrero de 2003, 35 p. + Anexos. http://www.interior.gov.cl/interior_inferior/seguridad/area_seguridad/4to_tri_2002/1.1%20Inf_nacional_ano%202002.pdf http://www.interior.gov.cl/interior_inferior/seguridad/area_seguridad/4to_tri_2002/1.3%20Anx%201_regional_ano%202002.pdf


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57. TEMA DE opinión: Seguridad ciudadana: Diagnostico y propuestas. Bitácora

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58. TEMA DE opinión: El debate sobre la seguridad ciudadana. Los tres paradigmas de la derecha. Bitácora Legislativa / Corporación Tiempo 2000 - Programa de Asesoría Legislativa (PAL), Santiago, Chile, Nº 292. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)

59. TEMA DE opinión: La seguridad ciudadana y la acción de los gobiernos democráticos.

Bitácora Legislativa / Corporación Tiempo 2000 - Programa de Asesoría Legislativa (PAL), Santiago, Chile, Año IX, Nº 300, Octubre 1999, pp. 44-52. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)

60. TEMA DE opinión: Aportes al debate de la seguridad ciudadana desde un punto de vista

democrático. Bitácora Legislativa / Corporación Tiempo 2000 - Programa de Asesoría Legislativa (PAL), Santiago, Chile, Nº301. Ubicación: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) - Sede Valparaíso – Publicaciones Periódicas (PP)

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visiones acerca de la seguridad ciudadana en chile

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