y jurisprudencia -...
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CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES
abril – junio Año 2 / Nº 4
BOLETIN DE JURISPRUDENCIA
Cuadernos de Investigación
y Jurisprudencia
DIRECTOR: César Edmundo Manrique Zegarra COMITÉ EDITORIAL: Luz María Capuñay Chávez Carmen Julia Cabello Matamala Patricia Beltrán Pacheco COLABORADORES:
Hilda Mercedes Cardeña Chumbe Patricia Espinoza Delgado Nancy Reátegui Noriega Miguel López Castro
PODER JUDICIAL
JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE FAMILIA
PRESENTACION
Las Salas de la Corte Suprema a través de sus sentencias orientan la actividad de los jueces al
señalar, en cada caso, cual es la correcta interpretación y aplicación de la ley y, por consiguiente,
la mejor manera de atender a la solución de las cuestiones conflictivas sometidas a conocimiento
del órgano jurisdiccional. La variedad de los problemas jurídicos que reclaman la atención de la
Corte Suprema es grande y sus labores ciertamente recargadas. En el curso del año 2003 las
Salas Civiles de la Corte Suprema emitieron 2418 resoluciones. Del universo antes mencionado
el 7.40 % de Ejecutorias, es decir, 179 se refieren a materia familiar. La Sala Civil Permanente
pronuncio 117 resoluciones y la Sala Civil Transitoria 62. Nuestro Boletín de Jurisprudencia se
concentrará en este tema. Ponemos, pues, a consideración de los abogados, magistrados y
estudiantes de la colectividad nacional una selección de ejecutorias relacionadas al Derecho de
Familia, todas ellas emitidas por las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia. Comprende
además -en algunos casos- las resoluciones de vista de las Salas Especializadas Superiores
objeto de revisión en vía casatoria. El propósito de la inclusión del antecedente es proporcionar
mayores elementos para la comprensión del caso. Las presentamos en el siguiente orden:
Agrupamos las ejecutorias por temas: Reconocimiento de paternidad, divorcio absoluto por causal,
alimentos, tenencia, régimen de visitas, variación del régimen y violencia familiar. Cada ejecutoria
está precedida de una sumilla. A continuación de la ejecutoria agregamos un breve comentario.
Las sentencias que forman este cuadernillo se emitieron durante los años 2000 a 2003 y forma
parte del valioso archivo de sentencias y resoluciones que cuenta la Sala de Familia de la Corte
Superior de Lima.
Entre las labores que caben al Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, están las
de Sistematizar las Ejecutorias que emiten las Salas de la Corte Suprema, llevar la Estadística del
movimiento judicial de Salas y Juzgados de la República, y realizar la Investigación de la
Problemática Judicial. Se trata de una labor de apoyo a la función de los jueces, cuyo objetivo es
mejorar la Administración de Justicia. Sabemos que solo si logramos convocar la participación de
los magistrados promoviendo su interés en la investigación jurídica alcanzaremos resultados
satisfactorios. Ese el propósito de nuestros Cuadernos de Investigación y Jurisprudencia y Boletín
de Ejecutorias. Nuestro próximo número estará dedicado a la conciliación. Pedimos a los
magistrados de la República que nos hagan conocer sus puntos de vista sobre ese importante
tema.
El Director.
INDICE DE JURISPRUDENCIA
INDICE
1. DIVORCIO: Errónea interpretación de una norma de carácter material De la injuria como causal de divorcio Sevicia como causal de divorcio De la carga de la prueba Conducta Deshonrosa
2. INVALIDEZ DE MATRIMONIO: Ultractividad de la Ley: Teoría de los Derechos Adquiridos.
3. IMPUGNACION DE PATERNIDAD: Filiación: Control Difuso Caducidad de la Acción
4. ALIMENTOS: Hijos Alimentistas. Alimentos y propuesta de convenio.
5. SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD: Medida de Protección
6. TENENCIA: Prohibición de la Reformatio in Peius Interés Superior del Niño Debido Proceso.
7. VARIACION DE TENENCIA: Interés Superior del Niño. Debido Proceso.
8. REGIMEN DE VISITAS: Debido Proceso. Debido Proceso.
9. AUTORIZACION DE VIAJE DE MENOR: Aplicación de la norma material adecuada.
10. VIOLENCIA FAMILIAR: Motivación de las Resoluciones.
DIVORCIO
INJURIA GRAVE Y CONDUCTA DESHONROSA CASACION NRO. 1285-1998
LIMA Sumilla: Errónea interpretación de una norma de carácter material
Injuria grave: lo constituye el ultraje a los sentimientos o la dignidad de uno de los cónyuges por el otro,y para apreciar si el ultraje justifica la drástica medida de la separación es menester que el juzgadortome en cuenta la educación, costumbres y conducta de ambos cónyuges, tal como lo previene elarticulo 336 del Código sustantivo, omisión en la que han incurrido las sentencias de mérito, lo queacarrea la nulidad de la Sentencia de Vista.
Hcch.
Lima, dieciséis de Octubre de mil novecientos noventiocho.- La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la causa vista en
audiencia pública el quince del mes y año en curso, emite la siguiente sentencia; con los
acompañados:
1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Lourdes P. Ch. V mediante escrito de fojas
cuatrocientos nueve, contra la resolución de vista de fojas trescientos ochentisiete, su fecha
catorce de abril de mil novecientos ochentiocho, expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, que confirmando la sentencia apelada de fojas trescientos doce, su
fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventisiete, declara fundada la demanda de
fojas treinta subsanada a fojas cuarentitrés, en cuanto a las causales de injuria grave y conducta
deshonrosa, e infundada la misma demanda en cuanto a las causales de adulterio, violencia física
y psicológica y atentado contra la vida del cónyuge; con lo demás que contiene.
2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La casación se funda en: a) La interpretación errónea de los incisos cuarto y sexto del artículo
trescientos treintitrés del Código Civil; y. b) La interpretación errónea de la doctrina jurisprudenciaI.
3. CONSIDERANDO: Primero.- Que concedido el recurso. de casación a fojas cuatrocientos dieciocho, fue declarado
procedente por resolución del tres de julio del año en curso por la primera causal invocada prevista
en el inciso primero del artículo trescientos ochentiséis del Código Adjetivo.
Segundo.- Que la recurrente acusa la interpretación errónea del inciso cuarto del artículo
trescientos treintitrés del Código Civil; pues, sostiene que no se ha tomado en cuenta la situación
personal de los cónyuges.
Tercero.- Que constituye injuria grave el ultraje a los sentimientos o la dignidad de uno de los
cónyuges por el otro, y para apreciar si el ultraje justifica la drástica medida de la separación es
menester que el Juzgador tome en cuenta la educación, costumbres y conducta de ambos
cónyuges, tal como lo previene el artículo trescientos treintisiete del Código Sustantivo, omisión en
la que han incurrido las sentencias impugnadas.
Cuarto.- Que en relación a la interpretación errónea del inciso sexto del mencionado artículo
trescientos treintitrés, se afirma que marido y mujer se encuentran separados de hecho, esto es,
que no hacen vida en común.
Quinto.- Que la precitada causal no requiere que los esposos hagan vida en común, sino que los
dos extremos que exige la ley queden acreditados, es decir, si la conducta de la demandada es
realmente deshonrosa y si, en efecto, tornaría insoportable la convivencia, presupuestos que han
quedado establecidos en el proceso y que resultan inmodificables en vía casatoria.
4. SENTENCIA: Por estas razones y de conformidad con lo que preceptúa el inciso primero del artículo trescientos
noventiséis del Código Procesal Civil; declararon FUNDADO en parte el recurso de casación de
fojas cuatrocientos nueve interpuesto por doña Lourdes P.Ch.; en consecuencia, NULA la
sentencia de vista de rojas trescientos ochentisiete, su fecha catorce de abril del año en curso, en
cuanto declara fundada la demanda por la causal de injuria grave; y, actuando en sede de
instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fojas trescientos doce, su fecha diecinueve de
noviembre de mil novecientos noventisiete, en la parte que declara fundada la demanda por la
causal de injuria grave, REFORMÁNDOLA en dicho extremo, la declararon INFUNDADA; la
CONFIRMARON en todo lo demás que contiene; DISPUSIERON se publique esta resolución en
el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por don Luis Guillermo Nuñez
sobre divorcio absoluto , y los devolvieron.
SS
IBERICO
ORTIZ
SANCHEZ-PALACIOS
CASTILLO L.R.S.
CELIS
COMENTARIO. - En esta ejecutoria la Sala Suprema se refiere a los dos supuestos que son
invocados en la demanda de divorcio por causal: La Injuria grave y la conducta deshonrosa que
haga insoportable la vida en común. Para la primera señala: que “para apreciar si el ultraje justifica
la drástica medida de la separación es menester que el Juzgador tome en cuenta la educación,
costumbres y conducta de ambos cónyuges tal como lo previene el articulo 337 del Código Civil”.1
Para el segundo supuesto la conducta deshonrosa se establece que no tiene relevancia la prueba
de si ambos cónyuges hacen vida en común o no, “sino que los dos extremos que establece el
inciso sexto del articulo 337 del Código sustantivo estén acreditados de manera concurrente, es
decir, si la conducta de la demandada es realmente deshonrosa y si en efecto tornaría
insoportable la vida en común”. De este modo la sala casatoria ha declarado fundado en parte el
1 El articulo 337 del Código Civil establece “La sevicia, la injuria grave y la conducta deshonrosa son apreciadas por el Juez teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges”. De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional expedido en la acción de inconstitucionalidad (Exp. 018-96-I/TC), la referencia a la apreciación judicial se mantiene vigente solo en relación a la injuria grave.
recurso de casación y nula sentencia de vista en cuanto declara fundada la demanda por la causal
de injuria grave y actuando en sede de instancia declara infundada la demanda en dicho extremo.
Hcch.
DIVORCIO INJURIA GRAVE
CASACION NRO. 1232-1999 LIMA
Sumilla: De la injuria como causal de divorcio L
L.v
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La injuria grave está definida como el ultraje a los sentimientos o la dignidad de uno de los cónyuges,realizado por el otro con el fin de deshonrarlo. La denuncia que se promueve en ejercicio regular de underecho, pero que no evidencia el afán de ofender la dignidad de uno de los cónyuges, no constituyecausal de divorcio por injuria grave. Sin embargo una denuncia falsa si constituye un hecho injuriante,una imputación grave, un hecho ilícito que agravia el respeto y consideración que debe imperar en larelación conyugal. Siendo que la presente causa versa sobre Injuria por denuncia falsa; para efectos del cómputo del plazo decaducidad de la acción de divorcio por causal de injuria grave, nuestro Código Civil en su artículo 339establece “que la parte que se considere directamente agraviada, deberá interponer su acción dentro delplazo previsto, esto es a los seis meses de producida la causa”, esto es de quedar ejecutoriada la denunciafalsa.
Ped.
ima, diecinueve de octubre de mil novecientos noventinueve.- A SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA JUSTICIA DE LA. REPUBLlCA; ista Ia causa número mil doscientos treintidós -noventinueve, en Audiencia Publica de la fecha y
roducida la votación con arreglo a Ley emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: e trata del recurso de casación interpuesto por don Federico Alberto M. A., contra la sentencia de
ista de fojas doscientos veintiséis, que confirmando la apelada de fojas ciento cincuentiuno
eclara fundada la demanda de divorcio por la causal de injuria grave e indemnización interpuesta
fojas cuarenta, subsanada a fojas setentinueve, por doña Ana Teresa Guillermina M. D.;
UNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, la Corte por resolución del diecisiete de junio del
resente año declaró procedente el recurso de casación por las causales previstas en los incisos
rimero y segundo del articulo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil referidas a la
terpretación errónea del segundo párrafo del artículo trescientos treintinueve del Código Civil y la
aplicación de los artículos dos mil tres y dos mil seis del mismo Cuerpo de Leyes;
ONSIDERANDO; Primero: Que, el recurrente denuncia la interpretación errónea del segundo
árrafo del artículo trescientos treintinueve del Código Civil, según el cual el plazo de caducidad
ara interponer la demanda de divorcio por la causal de injuria grave es de seis meses de
roducida la causa; Segundo: Que, alega que la propia actora ha precisado en su demanda que
l hecho injurioso está constituido por la mera interposición de la querella interpuesta en su contra
or su cónyuge demandado, de la cual fue notificada el dieciséis de julio de mil novecientos
oventisiete; no obstante lo cual la impugnada computa el inicio del plazo de caducidad desde la
cha en que quedó consentida la sentencia de vista que absolvió a la ahora demandante de la
uerella; Tercero: Que, por otro lado, en el dictamen fiscal de fojas cuarentinueve del cuadernillo
de su propósito formado en este Supremo Tribunal se señala que para dar lugar al divorcio basta
que la injuria importe una ofensa inexcusable, un menosprecio profundo y humillante que haga
insoportable la vida en común, por lo que no se requiere la absolución de los cargos imputados
penalmente para configurarse como causal de divorcio; Cuarto: Que, en esta línea de
razonamiento, para determinar el inicio del cómputo del plazo de caducidad, lo que debe
establecerse es cuál es a juicio de la demandante -y no del juzgador- el hecho que ultraja sus
sentimientos y su dignidad, pues se trata de una calificación eminentemente subjetiva y de orden
moral que -a diferencia de la sevicia- no deja huella objetiva y que sólo puede ser calificada por el
cónyuge agraviado; Quinto: Que, es del caso precisar que a esta Sala no corresponde apreciar si
efectivamente el hecho acusado como injuriante, configura la causal de divorcio a que se contrae
el inciso cuarto del artículo trescientos treintitrés del Código Civil, sino que dentro de los límites
que señala el medio impugnatorio lo que se debe establecer es si ha operado o no el plazo de
caducidad; Sexto: Que, al respecto, si bien es cierto en un extremo de la demanda que corre a
fojas cuarenta, subsanada a fojas setentinueve, la actora sostiene que el recurrente "con la
denuncia penal interpuesta contra mi persona no ha hecho sino injuriarme al manifestar que mi
conducta constituye un ilícito penal, también es cierto que esta afirmación no puede tomarse de
manera aislada para concluir que la demandante considera que el hecho injuriante está constituido
por la sola interposición de la querella; Sétimo: Que, en efecto, de una lectura integral de la citada
demanda fluye que doña Ana Teresa Guillermina M. D. recalca el hecho de que fue absuelta de
los cargos que contenía la denuncia penal interpuesta por su cónyuge y reclama que éste ha
llamado falsamente delincuente a su esposa y madre e sus hijos, agregando en otra parte de su
escrito que el demandado tenía pleno conocimiento de que las imputaciones que le hizo eran
falsas y que planteó la querella únicamente con el ánimo de crear una causal a fin de solicitar
"posteriormente el divorcio, para concluir en el apartado,” Fundamentos de Hecho”. que el artículo
doscientos treinticuatro del Código Civil impone a los cónyuges el deber de respeto mutuo, "siendo
una denuncia falsa una imputación grave que agravia el respeto que debe imperar en la relación
conyugal.; Octavo: Que, a mayor abundamiento, se observa en el punto quinto del apartado "V.
Medios Probatorios de la demanda, que la accionante ofrece el mérito de la sentencia expedida
por la Sexta Sala de Apelaciones Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima que la absuelve
de los cargos formulados por su cónyuge en el proceso que éste le instaurara por difamación;
Noveno: Que, en consecuencia, de la lectura minuciosa e integral de la demanda así como del
ofrecimiento del medio probatorio a que se hace referencia antes, se desprende que el hecho que
la cónyuge considera injurioso y que pretende acreditar es que su esposo la denunció penalmente
por un delito del que salió absuelta; lo que determina que la causa se origina en la absolución de
los cargos y por ende- el plazo de caducidad se computa conforme establece la sentencia
impugnada desde que quedó ejecutoriada la sentencia de vista del veintitrés de abril de mil
novecientos noventiocho que confirmando la apelada del veintiséis de enero del mismo año
absuelve a la demandante del delito denunciado; Décimo: Que, siendo así, no se configura la
causal de interpretación errónea del segundo párrafo del artículo trescientos treintinueve del
Código Civil, por lo que tampoco es amparable el extremo de inaplicación de los artículos dos mil
tres y dos mil seis del mismo Código, concordantes con la primeramente citada, que es la especial
y normativa para el caso; Por estos fundamentos, con lo expuesto en el dictamen Fiscal,
declararon INFUNDADO el recurso de casación de fojas doscientos cuarentidós interpuesto por
don Federico Alberto M. A., contra la sentencia de vista expedida por la Sala de Familia de la
Corte Superior de Justicia del Lima de fojas doscientos veintiséis, su fecha veintidós de abril del
presente año; CONDENARON al recurrente al pago de la multa equivalente a dos Unidades de
Referencia Procesal y a las costas y costos originados en la tramitación del recurso;
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo
responsabilidad; en los seguidos por doña Ana Teresa Guillermina M. D. con don F. Alberto M. A.
sobre divorcio por causal; y los devolvieron.-
SS
URRELLO A.
ORTIZ B.
SÁNCHEZ PALACIOS P.
ECHEVARRIA A.
EL VOTO EN DISCREPANCIA DEL SEÑOR CASTILLO LA ROSA SANCHEZ ES COMO SIGUE: Primero: Que, el instituto de la caducidad o decadencia de un
derecho está ligado al presupuesto de la inobservancia de un término perentorio e inspirado en la
exigencia o necesidad del ejercicio solícito del derecho, su objeto es eliminar la incertidumbre que
crea el posible ejercicio de un derecho o de las intenciones del titular al respecto, su efecto es que
transcurrido el término perentorio se extingue el derecho y la acción correspondiente y puede ser
declarada a petición de parte o oficio; que el transcurso del término de caducidad no admite
interrupción o suspensión alguna, salvo que sea imposible reclamar ante un Tribunal Peruano;
Segundo: Que, ese es el carácter, fines y condiciones de la caducidad determinados por los
artículos dos mil tres, dos mil cinco y dos mil seis de Código Civil, y el término por la que opera la
caducidad de la acción de divorcio por injuria grave, es de seis meses de producida la causa,
conforme al segundo párrafo del artículo trescientos treintinueve del mismo Código Tercero: Que,
las sentencias de mérito al aplicar este último dispositivo consideran que la injuria grave materia
de autos se configura o produce sólo cuando la querella materia de la injuria, es desestimada por
el Juez y con ese criterio se ha aplicado la norma del artículo trescientos treintinueve del citado; Cuarto: Que, para determinar si ese criterio es cierto, debe tenerse en cuenta que la injuria es un
hecho instantáneo, su existencia y efecto se constituyen en el momento en que se tilda o profiere,
un calificativo o conducta a una persona que afecta su honor, su dignidad y deteriora el concepto
que de ella se tenga; para su existencia, no es necesario que ese calificativo o imputaciones
denigrantes sean falsas, menos aún que el órgano judicial lo desestime por no considerarlo
verídico o cierto; un ejemplo puede clarificar este concepto cuando una cónyuge le apostrofa a su
esposo calificativos de "falsificador', "estafador' o "farsante" aunque efectivamente lo sea,
constituye causal de injuria, dado el mutuo respeto, consideración o cariño que debe existir entre
los cónyuges para mantener la unión matrimonial, la injuria se ha producido, no se requiere que el
órgano judicial la absuelva de esos delitos, pero si tal ocurriera constituiría un elemento no para
configurar la injuria, sino para apreciar su gravedad mayor; empero en la casación como en ésta,
no se aprecia las cuestiones de hecho si se produjo la injuria y si está es no grave, dado el grado
de cultura de las partes y su posición social, sino exclusivamente la aplicación del término de
caducidad; Quinto: Que, de acuerdo con lo expresado la causa y el hecho injurioso, en el caso
sub examen se producen cuando se interpone la denuncia con términos y conceptos denigrantes y
es conocida por la parte afectada; mediante la notificación de la querella, que conforme a la
constancia que tiene la cédula de fojas ciento veintitrés ocurrió el veinticuatro de setiembre de mil
novecientos noventisiete, desde cuya fecha corre el término de caducidad y al planteamiento del
divorcio el término había transcurrido; Sexto: Que, las sentencias de mérito al estimar que el
término corre todavía desde que la querella es desestimada judicialmente, han interpretado
erróneamente el segundo párrafo del artículo trescientos treintinueve del citado y como
consecuencia inaplicado Ios artículos dos mil tres y dos mil seis en que se fundan las causales de
casación previstas en los numerales dos punto uno y dos punto dos del artículo trescientos
ochentiocho del Código Procesal Civil; por estos fundamentos. de conformidad con el dictamen
fiscal MI VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación de fojas doscientos
cuarentidós interpuesto por don Federico Alberto M. A.; en los seguidos por doña Ana Teresa
Guillermina M. D. con don Federico Alberto M. A. sobre divorcio por causal.-
SR.
CASTILLO LA ROSA S. .-
COMENTARIO: Las casuales invocada por el impugnante son la interpretación errónea del
segundo párrafo del articulo 339 del Código Civil, según el cual el plazo de caducidad para
interponer la demanda por la causal de injuria grave es de seis meses de producida la causa y la
inaplicación de los artículos 2003 y 2006 del Citado Código. 2 En primer termino, la Sala Casatoria
en su segundo considerando señala que “para determinar el inicio del computo del plazo de
caducidad, lo que debe establecerse es cual es a juicio de la demandante –y no del Juzgador– el
hecho que ultraja sus sentimientos y su dignidad, pues se trata de una calificación eminentemente
subjetiva y de orden moral que –a diferencia de la sevicia- no deja huella objetiva y que solo puede
ser calificada por el cónyuge agraviado”; señala asimismo la Sala Suprema que no le corresponde
establecer si el hecho alegado como injuriante, configura la causal de divorcio prevista en el inciso
cuarto del articulo 333 del Código Sustantivo, sino dentro de los limites de la pretensión
impugnatoria establecer si el plazo de caducidad ha operado o no.
Anota la Sala Casatoria que la afirmación de la accionante en su escrito de la demanda, no puede
ser tomada de manera aislada para concluir que la demandante considera que el hecho injuriante
2 Articulo 339 del Código Civil: La acción basada en el articulo en el articulo 333, inciso 1, 3, 9 y 10, caduca a los seis meses de conocida la causa por el ofendido y, en todo caso, a los cinco años de producida. La que se funda en los incisos 2 y 4 caduca a los seis meses de producida la causa. En los demás casos, la acción esta expedita mientras subsistan los hechos que la motivan. - Articulo 2003 Código Civil: Efectos de la caducidad: La Caducidad Extingue el derecho y la acción correspondiente.- Articulo 2006: Declaración de caducidad: La caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte.
esta constituido por la sola interposición de la querella, sino que de una lectura minuciosa e
integral de la demanda así como del ofrecimiento del medio probatorio, se determina que la causa
se origina con la absolución de los cargos del proceso penal -querella- interpuesto en su contra
por su esposo y el plazo se computa desde que quedo ejecutoriada la Sentencia de Vista que
confirma la Sentencia que absuelve a la cónyuge demandante, por lo que de acuerdo a l dichos
sustentas las Sala Casatoria ha establecido que no existe interpretación errónea del segundo
párrafo del articulo 339 del Código Civil y tampoco es amparable el extremo de inaplicación de los
artículos 2003 y 2006 del Código Sustantivo, declarando infundado el recurso de casación
interpuesto por el cónyuge demandado.
Hcch
DIVORCIO SEVICIA O VIOLENCIA FISICA
CASACION NRO. 112-2001 LIMA
Sumilla: Sevicia como causal de divorcio
Nuestra legislación protege el matrimonio y la familia por considerarlos ambos como Institutosfundamentales de la sociedad; también es legítimo y constitucional el derecho a la paz, a la tranquilidad, agozar de un ambiente adecuado y equilibrado. Si bien se persigue la conservación del matrimonio, sinembargo ello no conlleva que para su preservación, uno de los cónyuges deba ser víctima de parte delotro de violencia física o sometido a tratos inhumanos, de modo tal que se haga imposible la vida encomún. Para efectos del cómputo del plazo de caducidad de la acción de Divorcio por causal de sevicia, nuestroCódigo Sustantivo en su artículo 339, establece “la parte que se considere directamente agraviada con elhecho que configura la sevicia, deberá interponer su acción dentro del plazo previsto, esto es seis mesesa partir de producida la causa”. El Juez Civil tiene la facultad de apreciar si el hecho denunciado califica ono como sevicia, no es requisito la existencia previa de una sentencia condenatoria alguna.
Ped.
Lima, diecisiete de Agosto del dos mil uno.- .
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLlCA.- Vista, la causa número ciento doce -dos mil uno; en Audiencia Pública de la fecha; y producida la
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO .-Se trata del
recurso de casación interpuesto por don Edgar Jesús V. M. contra la sentencia de vista de fojas
quinientos noventiséis, su fecha veintidós de noviembre del año dos mil, expedida por la Sala
Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la apelada de
fojas quinientos treinticuatro, su fecha veintitrés de junio de ese mismo año, declara fundada la
demanda de divorcio de fojas cuarentiocho por las causales de violencia física y abandono
injustificado del hogar conyugal, y en consecuencia, declara disuelto el matrimonio que contrajeron
don Edgar Jesús V. M. y doña María Justina J. J., el veinticuatro de mayo de mil novecientos
setenticuatro, ante la Municipalidad Provincial de Huamanga, Departamento de Ayacucho; con lo
demás que contiene; FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- La Sala mediante resolución Suprema
de fecha trece de febrero del año dos mil uno, ha estimado procedente el recurso de casación
interpuesto por la causal prevista en el inciso primero del artículo trescientos ochentiséis del
Código Procesal Civil, referente a la interpretación errónea del artículo trescientos treintinueve del
Código Civil, señalándose que la Sala de mérito ha incurrido en error al considerar que el plazo de
caducidad del divorcio por la causal de violencia física se computa a partir de la fecha que se
expide sentencia condenatoria por este hecho, cuando la Ley establece que el plazo de seis
meses es a partir de producida la causa; CONSIDERANDO: Primero.- Que, la causal de sevicia o
violencia física se funda en el incumplimiento de uno de los deberes conyugales como es el deber
de asistencia, que tiene sustento ético -moral y en la falta de respeto a la integridad física del otro
cónyuge cuyo sufrimiento no sólo hace mortificante la vida en común, sino que altera gravemente
las relaciones familiares; Segundo.- Que, a diferencia de lo que sucede con la causal de divorcio
por la condena por delito doloso establecida el inciso décimo del artículo trescientos treintitrés del
Código Civil, en la que se requiere necesariamente la existencia de una sentencia condenatoria,
en la causal de sevicia o violencia física no se requiere está exigencia, pues el Juez Civil tiene la
facultad de apreciar si el hecho denunciado califica como sevicia, no obstante que no hubiera
seguido la acción civil o penal correspondiente; Tercero.- Que, en ese sentido, el plazo de
caducidad en el caso de la causal de divorcio por sevicia o violencia física debe ser computado a
partir de la fecha en que se produce la causal o el hecho que configura la sevicia; no siendo por
ello factible que se interrumpa este plazo por el hecho de que en otra vía se hubiera seguido la
acción correspondiente por las lesiones ocasionadas, por cuanto el artículo trescientos treintinueve
del Código Civil contiene un plazo de caducidad, que no admite suspensión o interrupción alguna,
tal como lo establece el artículo dos mil cinco del Código Civil; Cuarto.- Que, en el caso sub
materia, la Sala de revisión, en la sentencia de vista de fojas quinientos noventiséis, que
reproduce los fundamentos de la apelada de fojas quinientos treinticuatro , ha considerado la
fecha de la expedición de la sentencia penal condenatoria por el delito de lesiones, para efectos
del computo del plazo de caducidad de la acción de divorcio por la causal de sevicia o violencia
física; incurriendo por ende en interpretación errónea del segundo párrafo del artículo trescientos
treintinueve del Código Civil, que establece que la acción de divorcio por la causal de violencia
física caduca a los seis meses de producida la causa; QUINTO.- Que, siendo así, y habiéndose
incurrido en la causal de interpretación errónea de una norma de derecho material, corresponde
actuar cómo sede de instancia, resolviendo el caso sub litis, debiéndose por ende declarar
improcedente el extremo de la demanda de divorcio por la causal de violencia física, pues ella ha
sido interpuesta fuera del plazo de caducidad de seis meses, si se tiene en cuenta que los hechos
imputados ocurrieron el diecisiete de Julio de mil novecientos noventicinco y la demanda se
interpuso el trece de mayo de mil novecientos noventisiete; Sexto.- Que, no obstante ello, la
sentencia apelada mantiene sus efectos en cuanto declara disuelto el vínculo matrimonial por la
causal de abandono injustificado del hogar conyugal, toda vez que este extremo no fue declarado
procedente; Séptimo.- Que, en consecuencia, corresponde resolver el recurso de casación
conforme a lo previsto en el inciso primero del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal
Civil; por las razones expuestas declararon FUNDADO el recurso de casación de fojas seiscientos
uno, interpuesto por don Edgar Jesús Vázquez Miranda, y en consecuencia, NULA la resolución
de vista de fojas quinientos noventiséis, su fecha veintidós de noviembre del dos mil; y actuando
en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fojas quinientos treinticuatro, su
fecha veintitrés de junio del dos mil, en el extremo que declara fundada la demanda de divorcio por
la Causal de violencia física, y REFORMÁNDOLA, declararon IMPROCEDENTE dicho extremo;
CONFIRMARON la apelada en cuanto declara fundada la demanda de divorcio por la causal de
abandono injustificado del hogar conyugal, con lo demás que contiene; DISPUSIERON la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, en los seguidos por doña
María Justina J. J. de V. con don Edgar Jesús V. M., sobre Divorcio por Causal; y los devolvieron.
SS.
ECHEVARRIA A.
LAZARTE H.
ZUBIATE R.
QUINTANILLA Q.
VASQUEZ C.
COMENTARIO: La causal denunciada en el recurso de casación es la interpretación errónea del
articulo 339 del Código Civil, alegándose que la Sala de Vista ha incurrido en error al considerar
que el plazo de caducidad del divorcio por la causal de violencia física se computa a partir de la
fecha que se expide sentencia condenatoria por este hecho, cuando la Ley establece que el plazo
de seis meses es a partir de producida la causa. Al respecto la Corte Casatoria ha enunciado que
“la causal de sevicia o violencia física se funda en el incumplimiento de uno de los deberes
conyugales como es el deber de la asistencia, que tiene sustento etico-moral y en la falta de
respeto a la integridad física del otro cónyuge cuyo sufrimiento no solo hace mortificante la vida en
común, sino que altera gravemente las relaciones familiares” . Sustenta la Sala Casatoria su
decisión en el hecho la sevicia o violencia física a diferencia de la causal de divorcio por la
condena por delito doloso regulado por el inciso décimo del articulo 333 del Código Sustantivo, no
requiere la existencia de una sentencia condenatoria, pues corresponde al Juez civil la facultad de
apreciar si el hecho denunciado califica como sevicia, en consecuencia, el plazo de caducidad
debe ser computado a partir de la fecha en que se produce la causal o el hecho que configura
sevicia. Y no es factible la interrupción del plazo de caducidad por el hecho de que en otra vía se
hubiera seguido la acción correspondiente y por su naturaleza de cabe suspensión o interrupción
del plazo a tenor de lo dispuesto en el articulo 2005 del Código Civil.3
En este proceso, la Sala Casatoria ha declarado fundada la casación por considerar que tanto la
sentencia de vista como la apelada han interpretado erróneamente el segundo párrafo del articulo
339 del Código Acotado y actuando en sede de instancia, revocando la sentencia apelada en el
3 Articulo 2005 – Código Civil: Continuidad de la Caducidad: La caducidad no admite suspensión ni interrupción, salvo lo dispuesto en el articulo 1994 Inciso 8°. Articulo 1994: Causales de suspensión de la Prescripción: Se suspende la prescripción:....Inciso 8°: Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano.
extremo que declara fundada la misma por la causal de sevicia o violencia física, por
improcedente.
Hcch.
DIVORCIO
ABANDONO INJUSTIFICADO DEL HOGAR CONYUGAL CASACION NRO. 2381-2000
LIMA
Sumilla: De la carga de la prueba
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La carga de la prueba, es la obligación de las partes de probar lo alegado por cada una deellas. De acuerdo con el artículo 196 del Código Adjetivo, la carga de probar corresponde aquien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando hechosnuevos. En consecuencia, pretender trasladar a la parte demandada la carga de la pruebade un hecho que fuera afirmado por el accionante , deviene en improcedente.
Ped
ima, primero de Agosto del dos mil uno
a Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, vista Ia causa en
udiencia pública en la fecha, emite la siguiente sentencia:
.- MATERIA DEL RECURSO: e trata del recurso de casación interpuesto por doña María Gisella O. F. contra la resolución de
ista de fojas ochocientos ochentidós, su fecha doce de julio del dos mil, expedida por la Sala
specializada de Familia de la Corte Superior de Lima que, revocando la sentencia apelada de
jas ochocientos cuarentidós, de fecha veinte de marzo del mismo año, declara fundada la
emanda interpuesta por don Alberto Eduardo B. G. sobre divorcio por la causal de abandono
justificado del hogar conyugal; en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial contraído por el
emandante con doña María Gisella O. F. con lo demás que contiene.
.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: oncedido el recurso de casación a fojas novecientos sesentisiete, fue declarado procedente
ediante resolución del tres de noviembre del dos mil, por: a) la infracción de las formas
senciales para la eficacia y validez de los actos procesales, ya que la recurrida incumple lo
stablecido en los artículos 50 inciso 6°, 121 inciso 30 del Código Procesal Civil, relativos a la
otivación de las resoluciones judiciales, pues a consideración de la recurrente, la sentencia
pugnada se limita a consignar dispositivos legales sin contrastarlos con los hechos alegados por
s partes, basándose en apreciaciones subjetivas, sin hacer un análisis objetivo de los medios
robatorios; b) la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al
vertir la carga de la prueba, violentando lo dispuesto en el artículo 196 del Código adjetivo,
poniendo a la demandada la carga de demostrar que el alejamiento del hogar conyugal fue
justificado; c) la aplicación indebida del artículo 289 del Código Civil, al pretender, el Colegiado,
ue si no se acredita contar con autorización judicial de suspensión del derecho de cohabitación,
ebe concluirse que el alejamiento del hogar conyugal fue injustificado; d) la interpretación errónea
del artículo 293 del Código sustantivo, para extraer de esa norma, referida a la libertad de trabajo,
que se requería acreditar la autorización judicial o la de su cónyuge para residir en el extranjero
por razones de trabajo y que en ausencia de esta prueba debía concluirse que el alejamiento del
hogar era injustificado.
3.- CONSIDERANDOS:
Primero: Habiéndose denunciado errores de naturaleza sustancial y procesal cabe, en primer
lugar, resolver estos últimos, al estar referidos al derecho a un debido proceso, toda vez que de
declararse fundado el recurso por esta causal carecería de objeto pronunciarse sobre los
mencionados errores sustanciales.
Segundo: En lo referente, a la denuncia sobre indebida motivación de la resolución de vista, cabe
señalar que la sentencia al basarse en la infracción de una regla que regula la carga de la prueba,
es violatoria de normas que garantizan el derecho al debido proceso.
Tercero: En cuanto a la denuncia referida sobre la carga de la prueba, debe indicarse que de
acuerdo al artículo 196 Código adjetivo la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos nuevos.
Cuarto: En el caso de autos la Sala de revisión en sus considerandos décimo primero y décimo
segundo señala que la recurrente no ha probado que abandono haya sido justificado, esto es, que
la demandada no ha acreditado tener el asentimiento expreso o tácito de su cónyuge para radicar
en el extranjero; sin embargo, esta situación fáctica fue afirmada por el accionante en su
.demanda al señalar que sin causa alguna que lo justifique, la demandada abandonó el hogar
conyugal viajando al extranjero; siendo esto así correspondía a dicho accionante probar esa
afirmación y no a la recurrente; de otro lado, también debe tenerse en cuenta la conducta del actor
en el presente proceso, ya que señaló en su demanda que desconocía el domicilio de Ia
recurrente; empero, es un hecho demostrado en autos que aquél sabia que el domicilio de su
cónyuge estaba en el país de Francia.
Quinto: En consecuencia, se ha infringido la norma procesal antes referida que regula el tema de
la carga de la prueba, al pretender trasladar a la parte demandada la carga de la prueba de un
hecho que fue afirmado por el accionante y no por ella, por lo que debe ampararse el recurso con
efecto de reenvío a fin de que el Colegiado inferior emita nueva sentencia observando el principio
de la carga de la prueba en forma correcta.
Sexto: Que, siendo esto así, carece de objeto el pronunciamiento sobre los errores
in iudicando denunciados por la recurrente.
4.- DECISION: Estando a las conclusiones precedentes y de conformidad con el artículo 396 numeral 2 acápite
2.1 del Código Procesal Civil: declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña
María Gisella O. F. que obra a fojas novecientos veinte; en consecuencia NULA la sentencia de
vista de fojas ochocientos ochentidós, su fecha doce de julio del dos mil; ORDENARON el reenvío
del proceso a fin de que la Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima emita nuevo
fallo con arreglo a .rey; en los seguidos por don Alberto Eduardo B. G, sobre divorcio;
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo
responsabilidad; y los devolvieron.-
SS.
VASQUEZ C.
CARRION L.
TORRES C.
INFANTES V.
CACERES B.
COMENTARIO: Esta Sentencia Casatoria, si bien como lo señala en sus considerandos no se
pronuncia sobre los errores de carácter sustancial, ha hecho precisiones sobre el principio de la
carga de la prueba regulada por el articulo 196 del Código Procesal Civil.4
Anota la sentencia casatoria que la Sentencia de Vista ha infringido la norma procesal antes
señalada, al trasladar la carga de la prueba a la parte demandada, cuando la situación fáctica ha
sido alegada por la parte demandante, por cuanto el Colegiado Superior señala como fundamento
para amparar la demanda de divorcio por la causal de abandono injustificado del hogar, el hecho
que la demandada no ha acreditado tener el asentimiento expreso o tácito de su cónyuge para
radicar en el extranjero. Esta situación determina la existencia de contravención a las normas que
garantizan el derecho a un debido proceso y en consecuencia la nulidad de la Sentencia de Vista.
DIVORCIO
CONDUCTA DESHONROSA QUE HACE INSOPORTABLE LA VIDA EN COMUN CASASION NRO. 746-2000
LIMA Sumilla: Conducta Deshonrosa
La causal de divorcio por conducta deshonrosa se funda en el incumplimiento de uno de los deberesconyugales cual es el respeto mutuo y estimación que debe existir entre marido y mujer. Conforme ala doctrina, la conducta deshonrosa consiste en la realización de actos deshonestos, vejatorios; actos quedeberán ser evaluados tomando en consideración la frecuencia con que se producen (continuos ypermanentes), la intensión de causar daño y el sufrimiento moral que se le ocasiona al otro cónyuge. Sinembargo aún cuando un acto deshonesto, carezca de continuidad, esto es que, siendo aislados perorevista suma gravedad, también podrá considerarse como conducta deshonrosa, reprobable, por hacerinsoportable la vida en común.
Ped.
4 Carga de la prueba: Se define como el deber que tienen las partes de probar los hechos que alegan y afirman como fundamento y premisa de sus pretensiones, constituyendo una excepción a este principio el sistema de presunciones legales que operan en nuestro derecho. El articulo 196 del Código Procesal Civil acoge dicho principio sustentado en la iniciativa de las partes procesales, mientras que la Inversión de la prueba: supone una excepción del régimen de la carga de la prueba: el actor debe probar los hechos base de su acción y el demandado lo que fundamente su defensa o contradicción.
Lima, veintiuno de julio del dos mil. – LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- Vista la causa número setecientos cuarentiséis -dos mil, con los acompañados, en Audiencia
Pública de la fecha, producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia;
MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del recurso de casación interpuesto por don Oscar Arturo N.
T. de fojas seiscientos tres, contra la resolución de vista a , fojas quinientos ochenticinco, su fecha
seis de enero último, que revocando Ia apelada de fojas cuatrocientos sesentinueve, su fecha
veintidós de junio de mil novecientos noventiocho, declara Fundada la Reconvención de Divorcio
por causal de conducta deshonrosa y reformándola declara Infundada la Reconvención;
FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- Por resolución de esta Sala, de fecha veintiséis de abril
último, se declaró procedente el recurso por la causal de interpretación errónea de una norma de
derecho material, consagrada en el inciso primero del artículo trescientos ochentiséis del Código
Procesal Civil; el recurrente acusa la interpretación errónea del inciso sexto del artículo
trescientos treintitrés del Código Civil, precisando cómo debe interpretarse la citada norma
material, que se refiere a la conducta deshonrosa. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la conducta
deshonrosa, como causal de separación de cuerpos y divorcio, implica una secuencia de actos
deshonestos, que afectando la personalidad del otro cónyuge causan en él un profundo agravio,
que perjudican profundamente la integridad y dignidad de la familia, atentando contra la estimación
y respeto mutuo que debe existir entre marido y mujer; Segundo.- Que, la Corte de Casación no
constituye una instancia más en la que se puede provocar un nuevo examen crítico de los medios
probatorios que dan base a la sentencia, quedando excluido de su labor todo lo referente a la
valoración de los elementos de prueba y a la determinación de los hechos; por lo que, no está en
la esfera de sus poderes revalorar la prueba ni juzgar los motivos que formaron la convicción del
tribunal de mérito; Tercero.- Que, para que el Colegiado haya desestimado la pretensión
reconvencional, se aprecia que no ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo ciento
noventisiete del Código adjetivo, pues no ha valorado todos los medios probatorios en forma
conjunta ni ha utilizado su apreciación razonada, en los medios probatorios actuados en la
Audiencia pertinente de fojas ciento ochentiocho, continuada a fojas doscientos dos, doscientos
veintitrés, doscientos cincuentidós, doscientos ochentinueve, doscientos noventiséis y
cuatrocientos cincuenticinco; debiendo destacarse la declaración de parte de la actora, efectuada
el diecinueve de enero de mil novecientos noventisiete, quien manifiesta a foja s doscientos
cincuentiséis, que mantiene relaciones extramatrimoniales con el señor Muñoz Massaro,
aproximadamente desde setiembre de mil novecientos noventiséis, esto es, con anterioridad a la
interposición de la demanda, la que fue presentada el dieciséis de octubre de ese año; Cuarto.- Que, si bien el presente recurso ha sido declarado procedente por la causal prevista en el inciso
primero del articulo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, debiendo este Supremo
Colegiado resolver según corresponda a la naturaleza del conflicto, conforme a lo establecido en
el inciso primero del artículo trescientos noventiséis del precitado Código, también es evidente que
para cumplir con dicha exigencia, seria imprescindible, recurrir al examen de los hechos y las
pruebas, tal como se ha dejado anotado en el considerando precedente, por lo que
excepcionalmente, resulta indispensable reenviar los autos a la Sala Superior, a efectos que se
pronuncie conforme a lo ya expuesto; SENTENCIA: Que, estando a las consideraciones
expuestas, y de conformidad con lo establecido en el apartado dos punto uno del inciso segundo
del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil: declararon FUNDADO el recurso de
casación de fojas seiscientos tres; en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas
quinientos ochenticinco, su fecha seis de enero del presente año. ORDENARON que la Sala de
Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima expida una nueva resolución, sobre el fondo de la
materia controvertida; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Oficial "El
Peruano"; en los seguidos por G Elena K.C. con Oscar Arturo N.T., sobre Divorcio por Causal; Y
los devolvieron.-
S.S.
URRELLO A.
ROMAN S.
ECHEV ARRIA A.
ALVA S.
DEZA P.
COMENTARIO: Son fundamentos de la Sala Casatoria para amparar el recurso impugnatorio
interpuesto por el cónyuge reconviniente: Que el Colegiado Superior para revocar la sentencia que
amparo el divorcio por la causal de conducta deshonrosa peticionada en vía reconvencional, no ha
observado lo dispuesto en el articulo 197 del Código Procesal Civil, ya que no ha merituado todos
los medios probatorios en forma conjunta, no ha utilizado su apreciación razonada en los medios
probatorios actuados en la audiencia de pruebas, acarreando la nulidad de la sentencia de vista, y
si bien, la Sala Casatoria como se señala, ha declarado procedente el recurso por la causal de
interpretación errónea de una norma de carácter material. es necesario que la Sala Superior se
pronuncie procediendo al examen de los hechos y las pruebas, ya que como se señala en el
segundo considerando de la resolución “la Corte de Casación no constituye una instancia mas en
la que se puede provocar un nuevo examen critico de los medios probatorios, que dan base a la
sentencia”.
En la presente resolución casatoria es de resaltar como se ha definido la causal de divorcio
materia de la controversia al señalar que “la conducta deshonrosa, como causal de separación de
cuerpos y divorcio, implica una secuencia de actos deshonestos, que afectando la personalidad
del otro cónyuge causan en él un profundo agravio, que perjudican profundamente la integridad y
dignidad de la familia, atentando contra la estimación y respeto mutuos que debe existir entre
marido y mujer”.5 Hcch.
5 Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. Nº 018-96-I/TC -Lima. “Que la conducta deshonrosa como causal de separación de cuerpos y de divorcio exigida por el artículo 337, debe necesariamente concordarse con el inciso 6 del artículo 333 y con el artículo 349 del Código Civil, es decir que no constituye causal cualquier conducta deshonrosa, sino únicamente la que "haga insoportable la vida en común". En esta causal debe apreciarse por el juzgador no sólo el honor interno sino el honor externo de la víctima, es decir, la opinión que tengan los terceros sobre su anterior, o presente, o futura aceptación de la conducta deshonrosa de su cónyuge; que el requisito adicional de que "haga insoportable la vida en común" para constituir causal, la hace
INVALIDEZ DE MATRIMONIO: CASACION NRO. 1863-2000
LIMA Sumilla: Ultractividad de la Ley- Teoría de los derechos adquiridos
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El articulo 2120 del Código Civil establece que se rigen por la legislación anterior los derechosnacidos, según ella, de hechos realizados bajo su imperio, aunque este Código no losreconozca, es decir los hechos que se iniciaron, se desarrollaron y concluyeron en sus efectosdurante la vigencia de la antigua ley se rigen por aquella. En el presente caso resulta deaplicación el articulo 137 del Código Civil de 1936, ya que el accionante contrajo matrimonio civilcon la demandada durante su vigencia, así como también se declaro disuelto el vinculomatrimonial de la demandada con el primer cónyuge, y por tanto en aplicación de la normacitada, no hay acción para pedir la nulidad del segundo matrimonio.
Hcch.
ima, dieciocho de Marzo del dos mil dos.-
A SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DEJUSTICIA DE LA REPUBLlCA, ista la causa número mil ochocientos sesentitrés -dos mil, con los acompañados, el día de la
cha y : producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia:
. MATERIA DEL RECURSO: s materia del presente recurso de casación la sentencia de vista de fojas cuatrocientos
incuenticinco, su fecha siete de junio del año dos mil, expedida por la Sala Especializada de
amilia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que desaprueba la sentencia de fojas trescientos
esentiuno, su fecha quince de diciembre de mil novecientos noventinueve, en el extremo
onsultado que declara fundada la demanda y en consecuencia la nulidad del matrimonio
ontraído por el demandante don Víctor Antonio S. C. P. con la demandada doña Marcelina F. C.
l día cinco de abril de mil novecientos ochentidós, ante el Consejo Distrital de San Juan de
urigancho y reformando dicha sentencia en tal extremo declara improcedente la demanda sobre
ulidad de matrimonio; asimismo, revoca la sentencia en la parte que declara fundada la
econvención y reconoce !a existencia de una unión de hecho y una sociedad de bienes entre las
artes y ordena su liquidación; y reformando este extremo, declara improcedente la reconvención
lanteada a fojas cincuentiséis, en los seguidos por Víctor Antonio S. C. P. con doña Marcelina
.C. sobre invalidez de matrimonio.
. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: cidir sobre valores y derechos fundamentales de la persona, reconocidos en la Constitución,
uya defensa no debe quedar al arbitrio del juez. Una vez probados los dos extremos del inciso 6 el artículo 333º del Código Civil, es decir que existe conducta deshonrosa por parte de uno de los ónyuges y que dicha conducta hace razonablemente insoportable la vida en común, queda onfigurada la violación objetiva al derecho constitucional que toda persona tiene al honor, a la uena reputación y a la vida en paz, derechos que deben ser reconocidos, independientemente el grado de instrucción de la persona o del estrato social o cultural al que pertenezca”
Mediante resolución de fecha cinco de setiembre del dos mil se ha declarado procedente el
recurso de casación interpuesto por don Víctor Antonio S. C. P., por las motivaciones siguientes:
a) causal prevista por el inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil, sustentada en que la
Sala ha aplicado indebidamente el artículo 137 del Código Civil de mil novecientos treintiséis, pues
se comete error de interpretación respecto de la última parte de dicha norma, que está referida
sólo a los casos en que la acción es presentada por persona distinta del cónyuge afectado y
porque resulta de aplicación el Código Civil de mil novecientos ochenticuatro; y, b) causal prevista
por el inciso 2 del artículo 386 del anotado Código Procesal, señalando que se ha inaplicado el
inciso 3 del artículo 274 del Código Civil vigente, concordante con el artículo 284 del mismo texto
legal.
3. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el artículo 2120 del Código Civil vigente que regula la ultractividad de la ley,
relativa a la teoría de los derechos adquiridos, establece que se rigen por la legislación anterior los
derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su imperio, aunque este Código no los
reconozca, consecuentemente, los hechos que se iniciaron, desarrollaron y concluyeron en sus
efectos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por aquella. El accionante contrajo
matrimonio civil con doña Marcelina F. C. el cinco de abril de mil novecientos ochentidós, según se
aprecia de la partida de matrimonio obrante a fojas tres, durante la vigencia de las normas del
Código Civil de mil novecientos treintiséis. Segundo.- Que, con fecha veintiuno de diciembre de
mil novecientos ochentitrés, el Décimo Tercer Juzgado Civil de Lima declaró disuelto el e doña
Marcelina F. C. con don Carlos como aparece anotado marginalmente en la partida de matrimonio
de fojas cuatro. Cuarto.- Que, encontrándose disuelto el primer matrimonio no hay acción para
pedir la nulidad del segundo matrimonio, en tanto el cónyuge demandante tuvo buena fe al
contraerlo, como lo establece el artículo 137 del Código Civil de mil novecientos treintiséis.
Quinto.- En el caso de autos, el accionante señaló en el punto cinco de u demanda (fojas
veintiséis) que la demandada le había manifestado que se encontraba divorciada, y tratándose de
una acción de nulidad de matrimonio celebrado dentro de la vigencia del Código Civil de mil
novecientos treintiséis no procede la nulidad en caso de bigamia, cuando el anterior matrimonio ha
sido disuelto por divorcio, antes de expedirse sentencia en el juicio de nulidad de matrimonio, si el
cónyuge del bígamo tuvo buena fe, como es el presente caso en que se dan cada uno de los
supuestos exigidos por el artículo 137 del Código Civil de mil novecientos treintiséis. Sexto.- Para
que un matrimonio civil sea declarado inválido al amparo del inciso 3 del artículo 274 del Código
Civil de mil novecientos ochenticuatro, de acuerdo al criterio de la aplicación de la ley en el tiempo,
el supuesto de hecho -celebración del matrimonio-, deberá Cumplirse dentro del período de
vigencia del Código Civil de mil novecientos ochenticuatro para que éste sea aplicable, lo que no
ha sucedido de autos. En tal sentido, el artículo 137 del Código Civil de mil novecientos treintiséis
resulta ser la norma aplicable al presente caso, y no el inciso 3 del artículo 274 del Código Civil
vigente, en virtud de la temporalidad de las normas. Octavo.- Que a mayor abundamiento, para
resolver la controversia, el Código Civil aplicable resulta ser el de mil novecientos treintiséis y no el
de mil novecientos ochenticuatro que establece causales diferentes para declarar la nulidad de un
matrimonio civil, causal es por las que al haber entrado en vigencia con posterioridad a la
celebración del matrimonio no lo invalidan; bajo el riesgo de incurrirse en inseguridad jurídica y
significaría aplicar una norma retroactivamente lo cual esta prohibido por el artículo 103 de la
Constitución Política y el artículo III del Título Preliminar del Código Civil vigente. Noveno.- Que,
las consideraciones expuestas conducen a desestimar la denuncia casatoria, siendo de aplicación
lo establecido en el articulo 397 del Código Procesal Civil.
4. DECISIÓN: Por estos fundamentos y de conformidad con lo opinado en el Dictamen Fiscal: a) Declararon
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Víctor Antonio S. C. P., en consecuencia,
NO CASAR la resolución de vista de fojas cuatrocientos cincuenticinco, su fecha siete de junio del
dos mil; en los seguidos con doña Marcelina F. C. sobre invalidez de matrimonio. b) CONDENARON al recurrente al pago de la multa de una Unidad de Referencia Procesal, así
como a las costas y costos originados en la tramitación del recurso. c) DISPUSIERON la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; y los
devolvieron.-
SS.
TAVARA C.
TORRES C.
WALDE J.
CARRILLO H.
GAZZOLO V.
COMENTARIO: En el presente caso la Sala de Familia ha desaprobado la sentencia de primera
instancia en el extremo consultado que declara fundada la demanda y en consecuencia la nulidad
del matrimonio contraído por ambas partes. La sala casatoria validando el fallo de la sala superior
resuelve declarar infundada la casación. Asegura la Sala Suprema que de acuerdo al principio de
ultractividad de la ley anterior que regula el articulo 2120 del Código Civil, “Se rigen por la
legislación anterior los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su imperio,
aunque este código no los reconozca”. Resultando en el presente caso de aplicación lo dispuesto
en el articulo 137 del Código Civil”6 de mil novecientos treintiséis por cuanto se trata de una acción
de nulidad de un matrimonio contraído bajo su vigencia, norma según la cual “no procede la
nulidad en caso de bigamia, cuando el anterior matrimonio ha sido disuelto por divorcio, antes de
expedirse sentencia en el juicio de nulidad de matrimonio, si el cónyuge del bígamo tuvo buena
fe”, supuestos que como señala la ejecutoria suprema se dan en el presente caso. No resultando
de aplicación el inciso 3 del articulo 274 del Código sustantivo vigente, en virtud de la temporalidad
de las normas.
Hcch.
6 Código Civil de 1936: Articulo 137°.- “ No procede la nulidad en caso de bigamia cuando el anterior matrimonio ha sido disuelto, si el cónyuge del bígamo tuvo buena fe”.
IMPUGNACION DE PATERNIDAD
CONSULTA NRO. 2860-2002 LIMA
Sumilla: Filiación Control Difuso
El actor impugna el reconocimiento de paternidad realizado por el demandado y solicita ser declaradopadre de la menor; ejercita las acciones de impugnación de paternidad extramatrimonial y la dedeclaración de filiación extramatrimonial. Es inaplicable en este caso la norma del artículo 400º delCódigo Civil, que establece que: “el plazo para negar el reconocimiento es de 90 días a partir de aquelen que se tuvo conocimiento del acto”. Deben preferirse las normas de la Convención de los Derechosdel Niño, de acuerdo al principio Constitucional según el cual los Jueces aplicaran las normas de mayorjerarquía y prefieren las de rango constitucional a las de orden legal.
Cmz.
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA Lima, veintitrés de octubre del dos mil dos.-
VISTOS; por sus propios fundamentos; y, CONSIDERANDO además: Primero: Que, la resolución
dictada en autos por la Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ha sido elevada
en consulta a la Sala de Derecho Constitucional Permanente de la Corte Suprema en aplicación
de lo dispuesto en el artículo cuatrocientos ocho del Código Procesal Civil concordante con el
artículo catorce del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Segundo: Que,
el proceso que motiva el presente auto consultado es la demanda interpuesta por don Hermes Uri
T. Q. contra don Emilio Antero F. F., sobre Impugnación de Reconocimiento de Paternidad
(Extramatrimonial, sic.), que ha sido declarada improcedente por la Juez de la causa bajo el
sustento de que la misma resulta extemporánea al haberse interpuesto fuera del plazo de noventa
días previsto en el artículo cuatrocientos del Código Civil; Tercero: Que, la Sala de Familia ha
declarado la inaplicabilidad del aludido dispositivo legal señalando preferir la norma constitucional
que regula los derechos del niño previsto en el artículo segundo, inciso primero, así como el de los
padres a que se les reconozca y ejerzan su paternidad, y dispositivos de orden internacional que
protegen y velan por el interés superior del niño. Cuarto: Que, corresponde a esta Sala
Constitucional pronunciarse sobre si el control difuso de la Constitución realizado por la Sala de
Familia de Lima respecto a la no aplicación del artículo cuatrocientos del Código Civil al caso de
autos por preferir el artículo segundo, inciso primero, de la Constitución del Estado, es acertado o
no; que el artículo cuatrocientos del Código Civil precitado concuerda con el artículo trescientos
noventinueve del mismo Código que señala que el reconocimiento puede ser negado, entre otros,
por quienes tengan interés legítimo; Quinto: Que, el actor impugna el reconocimiento de
paternidad de la menor que alude realizada por el demandado y peticiona que se le declare padre
de la citada menor; en conclusión sus pretensiones son la impugnación de la paternidad-
extramatrimonial y acumulativamente la declaración ara sí de la filiación extramatrimonial; Sexto:
Que, el actuar de la Sala de mérito y referir la norma condicional a la ley ordinaria no hace más
que reconocer el principio de jerarquía normativa que nuestro Ordenamiento Constitucional prevé
en su artículo ciento treintiocho, segundo párrafo, concordante con el artículo cuatrocientos ocho,
inciso tercero, del Código Procesal Civil al prescribir que de existir incompatibilidad entre una
norma constitucional y una norma legal ordinaria los Jueces prefieren la primera, y para el caso
concreto al estar en discusión la filiación extra matrimonial de una menor reconocida por quién se
atribuye la condición de padre biológico, es necesario que tal circunstancia sea dilucidada en
armonía con el interés superior del níño, que establece el artículo tercero de la Convencíón sobre
los Derechos del Niño, recogido en el artículo Noveno del Título Preliminar del Código de los Niños
Y Adolescentes; por estos fundamentos: APROBARON la sentencia de fojas ciento cuarenticinco:
Su fecha de Agosto del dos mil dos, en el extremo materia de la consulta, que declara inaplicable
al caso de autos el artículo cuatrocientos del Código Civil, sin afectar su vigencia. MANDARON que esta resolución se Publique en el Diario Oficial "El Peruano”, en los seguidos por don Hermes
Uri T.Q. contra don Emilio F. F. y otra, sobre Impugnación de Paternidad y los devolvieron.
SS.
VASQUEZ CORTEZ.
ZUBIATE REINA.
WALDE JAUREGUI.
EGUZQUIZA ROCA.
GONZALES MUNOZ.
IMPUGNACION DE PATERNIDAD CASACION NRO, 2274-2002
LIMA Sumilla: Caducidad de la accion
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La Causal de aplicación indebida se configura cuando se aplica una norma impertinente al conflictointersubjetivo de intereses que se pretende resolver, en consecuencia la norma invocada no ha sidoaplicada indebidamente por cuanto la materia controvertida versa sobre acción contestatoria depaternidad, por consiguiente las instancia de mérito han resuelto en concordancia con la legislación dela materia, y lo que se pretende es una revaloracion de los hechos y argumentos jurídicos de lasinstancias de mérito por lo que no procede amparar el recurso
Hcch.
ima, veinte de agosto del dos mil dos.-
ISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación interpuesto por don Nestor
edro M. V. reúne los requisitos de forma previstos por el artículo trescientos ochentisiete del
ódigo Procesal Civil, para su admisibilidad; Segundo.- Que, el recurrente invocando los incisos
rimero y tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil; denuncia como
gravio la aplicación indebida de una norma de derecho material y la contravención de las normas
ue garantizan el derecho a un debido proceso; Tercero.- Que, sustenta su recurso en que ha
ido aplicado indebidamente el artículo trescientos sesenticuatro del Código Civil, por cuanto la
aducidad señalada en el citado artículo sólo es aplicable para las hipótesis previstas en los
cisos primero al cuarto del artículo trescientos sesentitrés del Código Civil que son situaciones
ípotéticas preexistentes al artículo trescientos sesenticuatro referido, que fija la caducidad de
oventa días para testar la demanda; Que en el caso de la presente demanda, la hipótesis del
ciso quinto del artículo trescientos sesentitrés recién entra vigencia en el mes de enero del año
il novecientos noventinueve, agregándose una nueva hipótesis, el de la prueba de ADN, no
udiendo ser aplicada retroactivamente a éste inciso la caducidad prevista por una norma anterior;
ino que le es aplicable a ésta hipótesis la prescripción fijada en el artículo dos mil uno del Código
ivil; Que, respecto de los errores in procedendo señala que la demandada ha sido rebelde a la
citación para la actuación de la prueba de ADN; así como también fue rebelde a la misma prueba
que se ventiló ante la Décima Fiscalía Provincial de Lima, pese a la rebeldía declarada, el Juez de
la causa ha determinado que el hijo cuya paternidad se impugna es hijo del recurrente por imperio
del artículo trescientos sesentiuno del Código Civil; Que, la declaración de rebeldía causa
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, en
consecuencia, se debió tener por ciertos los extremos de su demanda; Cuarto.- Que, la
fundamentación del recurso no satisface las exigencias de fondo previstas en los acápites dos
punto uno y dos punto dos del inciso segundo del artículo trescientos ochentiocho del Código
Procesal Civil, toda vez que: I) la causal de aplicación indebida se configura cuando se aplica una
norma impertinente al conflicto intersubjetivo de intereses que se pretende resolver, en
consecuencia la norma invocada no ha sido aplicada indebidamente por cuanto la materia
controvertida versa sobre acción contestatoria de paternidad, por consiguiente las instancias de
Mérito han resuelto en concordancia con la legislación de la materia, advirtiéndose que lo que
pretende el recurrente es que ésta Corte se convierta en una instancia más a efectos de revalorar
tos hechos y argumentos jurídicos de las instancias de mérito por lo que no procede amparar el
recurso; y, II) La causal de contravención no se encuentra fundamentada debidamente:
advirtiéndose que reiteradamente se pretende cuestionar el criterio jurisdiccional adoptado por las
Instancias de Mérito, objeto que no es propio de la Corte casatoria; Quinto.- Que, en
consecuencia estando a lo dispuesto por el artículo trescientos noventidós del Código Procesal
Civil; declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, interpuesto a fojas doscientos
sesentiséis contra la resolución de vista de fojas doscientos sesentiuno, su fecha veintidós de
mayo del año en curso; CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos originados en
la tramitación del recurso, así como a la multa de tres Unidades de Referencia Procesal;
ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “EI Peruano”; en los seguidos
por don Nestor Pedro M. V con Benigna B. R.; sobre Impugnación de Paternidad; y los
devolvieron.-
SS.
ECHEVARRIA ADRIANZEN,
MENDOZA RAMIREZ.
LAZARTE HUACO
VARGAS INFANTE
SANTOS PEÑA
COMENTARIO: La Sala Suprema ha determinado que tanto la sentencia de vista como la apelada
han resuelto en concordancia con la legislación de la materia, sin emitir pronunciamiento respecto
del fondo del asunto, quedando firme el pronunciamiento que declara improcedente la acción
contestatoria de la paternidad por haber operado la caducidad establecida en el articulo 364 del
Código Civil que establece que “la acción contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro
del plazo de noventa días contados desde el siguiente día del parto, si estuvo presente en el lugar,
o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente”, en consecuencia la demanda
sustentada en el inciso quinto del articulo 363 del Código sustantivo, que establece que, “cuando
se demuestre a traves de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica con igual o
mayor grado de certeza que no existe vinculo parental”7 deviene en improcedente al haberse
acreditado que el demandante tuvo conocimiento de la existencia de la menor en mil novecientos
noventicinco, habiendo operado el plazo de caducidad antes glosado.
Hcch.
ALIMENTOS CASACION NRO. 3520-2000
LIMA Sumilla: Hijos Alimentistas
Tratándose de una demanda de alimentos para un menor no reconocido ni declarado judicialmente, sólopueden reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepciónuna pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años y llegada la mayoría de edad siempre ycuando exista incapacidad física o mental. La condición de alimentista no genera vínculo paterno filial ypor ende no gozan de derecho sucesorio alguno.
Ped.
Lima, once de enero del dos mil uno.-
VISTOS; a que de lo actuado aparece que el recurso de casación interpuesto por el apoderado de
don José Darío M.A. cumple con los requisitos de forma para su admisión; y CONSIDERANDO: Primero: Que, con respecto a los requisitos de fondo, el recurrente invoca las causales contenidas
en los incisos primero, segundo y tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal
Civil, denunciando los siguientes cargos: a) la aplicación indebida del artículo cuatrocientos quince
del Código Civil, pues si bien es cierto existe una partida de nacimiento en la que aparece el
nombre del demandado como padre de la menor alimentista, debe tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo trescientos noventidós del mismo Código que establece que se tiene por no puesta la
revelación que efectúa la madre de la persona con quién hubiera tenido el hijo; por otro lado,
tampoco se ha acreditado las relaciones sexuales con la madre durante la época de la
concepción; b) la inaplicación del artículo trescientos ochentisiete del Código Civil, por cuanto la
partida de nacimiento es inconsistente para que exista obligación alimentaria a favor de la menor,
ya que la norma acotada establece que los únicos medios de prueba de la filiación
extramatrimonial son el reconocimiento y la sentencia declaratoria de la paternidad; c) la
contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, puesto que la Sala de
mérito se ha sustentado en medios probatorios presentados extemporáneamente en segunda
instancia, violando con ello lo dispuesto en el artículo ciento setentisiete del Código de los Niños y
Adolescentes, concordado con el artículo cuatrocientos veinticuatro del Código Procesal Civil, los
cuales establecen que los medios probatorios se presentan en los actos postulatorios, no siendo
por ello factible que se admitan medios probatorios en segunda instancia, máxime cuando se trata
7 El articulo 2 de la Ley 27048 Ley que modifica diversos artículos del Código Civil referidos a la declaración de paternidad y maternidad fue publicada el 06 de enero de 1999, y conforme al articulo 1 de la citada ley, es admisible la prueba biológica, genética u otras de validez científica con igual o mayor grado de certeza en los casos de negación de paternidad matrimonial.
de un proceso único que tiene todas las características de un proceso sumarísimo, en el cual no
resulta posible ofrecer medios probatorios en segunda instancia, por cuanto en esa sede no es
viable tachar o impugnar los medios de prueba; Segundo: Que, en cuanto al cargo de aplicación
indebida de una norma de derecho material, el impugnante fundamenta esa causal como si la
pretensión versara sobre exclusión de nombre, cuando lo correcto es que la pretensión
controvertida es sobre alimentos a favor de una menor cuya filiación no es reconocida ni
declarada, requiriéndose en este caso solamente acreditar las relaciones sexuales con la madre
durante la época de la concepción; siendo así, no existe relación de causalidad entre los
fundamentos que invoca la recurrente para sustentar su causal y la pretensión controvertida en el
presente proceso motivo por el cual debe desestimarse la causal de aplicación indebida de una
norma de derecho material, tanto más cuando la denuncia también está referida a una cuestión de
hecho relativa a la acreditación de las relaciones sexuales durante la época de la concepción del
menor; Tercero.- Que, por otro lado el artículo trescientos ochentisiete del Código Civil regula la
admisión de los medios de prueba en la filiación extramatrimonial, por lo tanto se trata de una
norma de carácter procesal que no puede ser alegada bajo una causal reservada exclusivamente
para los casos de inaplicación de una norma de naturaleza material; Cuarto: Que, respecto a la
causal por contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, el recurso
carece de base real, toda vez que conforma al artículo ciento noventiuno del Decreto Ley veintiséis
mil ciento dos ( Código de los niños y adolescentes), reproducido en el artículo ciento ochenta
Texto Único Ordenado del Código de los Niños y Adolescentes ( Decreto Supremo Número cero
cero cuatro –noventinueve JUS, bajo cuya normatividad se ha tramitado, si está permitido admitir
pruebas extemporáneas; por lo expuesto y en aplicación del artículo trescientos noventidós del
Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas
ciento ochentinueve contra la resolución de vista de fojas ciento ochenta, su fecha veintiséis de
Octubre del dos mil; CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos originados en la
tramitación del recurso, así como a la multa de tres Unidades de Referencia Procesal;
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano.; en los
seguidos por doña María Esperanza V. G. con don José Darío M. A. sobre Alimentos y los
devolvieron.-
S.S.
IBERICO M.
ECHEVARRIA A.
SEMINARIO V.
CELIS Z.
TORRES T..
COMENTARIO: En la presente casación, la Sala Casatoria ha declarado la improcedencia del
recurso, pronunciado respecto de las tres causales denunciadas, en los siguientes términos:
1) No existe aplicación indebida del articulo 415 del Código Civil, por cuanto la pretensión
controvertida es sobre alimentos a favor de una menor cuya filiación no es reconocida ni
declarada, y solo se requiere la probanza de las relaciones sexuales durante la época de la
concepción, por tanto el sustento alegado por el impugnante respecto de que debe tenerse en
cuenta lo dispuesto en el articulo 392 del Código acotado “que establece que se tiene por no
puesta la revelación que efectúa la madre de la persona con quien hubiera tenido el hijo” ; dicho
fundamento no guarda relación de causalidad con la pretensión demandada, por no tratarse de
una demanda de exclusión de nombre.
2) Con respecto a la alegada inaplicación del articulo 387 del Código sustantivo, dicha norma
regula la admisión de pruebas en un proceso de filiación extramatrimonial, y por tratarse de una
norma de carácter procesal no puede servir de sustento para invocar la causal de inaplicación de
una norma de naturaleza material.
3) Asimismo determina la Sala Suprema que no existe la contravención a las normas que
garantizan el derecho a un debido proceso, por cuanto en un proceso único regulado por el Texto
Unico Ordenado del Código de los Niños y los Adolescentes (Decreto Supremo 004-99-JUS) bajo
cuya normatividad se ha tramitado el proceso, si esta permitido la admisión de pruebas
extemporáneas.8
El articulo 415 del Código Civil es una norma de excepción para los casos regulados por el articulo
402 del Código acotado, de esta forma, la Sala Casatoria ha definido puntualmente cual es el
hecho controvertido y sobre el cual debe versar los medios probatorios que se actuaran en el
proceso.
Hcch: .
SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR CASACION NRO. 3730-2000
LIMA Sumilla: Alimentos y propuesta de convenio
Lima, dos de abril del dos mil uno. -
Que, según lo establece nuestro Código sustantivo en su artículo 350 ,con el divorcio cesa la obligación dealimentarse entre cónyuges; por lo que corresponde a las partes en los casos de separación convencionalexpresar en el convenio su intención contraria, esto es pactar que la obligación se extenderá más allá de ladisolución del vínculo matrimonial
Ped.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. -Vista la causa número tres mil setecientos treinta -dos mil; en Audiencia Pública de la fecha y
producida la votación con arreglo a Ley emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del recurso de casación interpuesto por Blanca Sandra P. de L. C. de fojas ciento
cuarenta, contra la resolución de vista de fojas ciento veintiuno expedida por la Sala de Familia de
la Corte Superior de Justicia de Lima el treinta de octubre del dos mil, que declara la disolución del
8 Texto Unico Ordenado del Código de los Niños y Adolescentes.- DECRETO SUPREMO Nº 004-99-JUS (Derogado por la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27337, publicada el 07-08-2000.- Artículo 180.- Medios probatorios extemporáneos.- Luego de interpuesta la demanda, sólo podrán ser ofrecidos los medios probatorios de fecha posterior, los referidos a
vínculo matrimonial contraído con Carlos Augusto G. A. y entendiendo la peticionante que la
pensión de alimentos con que debe acudir el señor G. a su favor solo rige hasta que la sentencia
de disolución del vínculo quede ejecutoriada; FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- Por resolución
de esta Sala del veinticuatro de enero del dos mil uno, se declaró procedente dicho recurso, por
las causal es previstas en los incisos primero y tercero del artículo trescientos ochentiséis del
Código Procesal Civil, por las siguientes denuncias: a) La aplicación indebida del artículo
trescientos cincuenta del Código Civil, por cuanto el sentido y espíritu del mismo sólo es aplicable
a las pretensiones de divorcio por causal cuando el Juez ha asignado una pensión alimenticia,
mas no para las de separación convencional y divorcio ulterior en que las partes han acordado
libremente el régimen de alimentos en la propuesta de convenio, la que en su caso no limita los
alimentos hasta la disolución del vínculo; siendo de aplicación el artículo trescientos cuarenticinco
del Código sustantivo que dispone que los alimentos y otros son fijados por el Juez observando en
cuanto sea conveniente lo que ambos cónyuges acuerden, esto es respetando el principio de
autonomía de las partes; y b) La contravención al debido proceso ya que la Sala Superior se ha
excedido en sus funciones al disponer que la pensión de alimentos rige hasta que la sentencia de
disolución del vínculo quede ejecutoriada, desconociendo el acuerdo de las partes en que no se
dio tal limitación; vulnerando el principio de congruencia procesal contenido en el artículo VII del
Título Preliminar del Código Procesal Civil, que dispone que el Juez no puede ir más allá del
petitorio ni fundar su decisión en hechos distintos a los que han sido alegados por las partes;
CONSIDERANDO: Primero.- Que, con la demanda de fojas veintidós C. Augusto G. A. y su
cónyuge Blanca Sandra P. de L. C. peticionaron se declare la separación de cuerpos, la extinción
del régimen patrimonial de sociedad de gananciales y el divorcio ulterior, manifestando que en su
matrimonio no han procreado hijos, que se han separado de hecho y que quieren separarse de
derecho conforme a la propuesta que adjuntan; Segundo.- Que, mediante la sentencia de fojas
sesentitrés el Juez amparó la demanda y declaró separados a los demandantes, suspendida las
obligaciones de lecho y habitación y fenecida la sociedad de gananciales; aprobando la propuesta
de convenio y disponiendo entre otros que el cónyuge acuda con una pensión mensual de dos mil
nuevos soles a favor de su cónyuge Blanca Sandra P. de L. C.; Tercero.- Que, habiendo
transcurrido el plazo de ley, el juzgado por resolución de fojas setentitrés declaró fundada la
solicitud de los cónyuges para la disolución del vínculo matrimonial, la que fue apelada a fojas
noventicinco por el señor Grillo quien manifestaba que en la propuesta de convenio referente a los
alimentos se estableció tácitamente la obligación de pasarlos sólo hasta la disolución del vínculo
matrimonial; Cuarto.- Que, finalmente la Sala Superior por la resolución que se viene impugnando
ha entendido que la pensión de alimentos sólo rige hasta que la resolución de disolución del
vínculo quede ejecutoriada; Quinto.- Que, la recurrente ha alegado incongruencia en la resolución
de vista por cuanto indica se habría ido más allá del acuerdo de las partes; sin embargo como se
ha señalado en la ejecutoria suprema casación dos mil cuatrocientos setenticuatro -noventinueve
el término "congruencia" (procesal) debe reservarse para aludir a la correspondencia que debe
hechos nuevos y aquellos señalados por la otra parte en su contestación de la demanda. Base legal: D. Ley Nº 26102, Art. 191 .
existir entre lo puntos materia del petitorio y lo resuelto en la sentencia, no existiendo al respecto
vulneración en tanto se demandó separación convencional y divorcio ulterior y sobre ello han
resuelto las sentencias; Sexto.- Que, el artículo trescientos cuarenticinco del Código Civil dispone
que en el caso de separación convencional el Juez fija los alimentos observando, en cuanto sea
conveniente, Io que ambos cónyuges acuerden; Séptimo.- Que, toda regla de Derecho necesita
de la interpretación para su aplicación, y aún el que sostenga lo contrario, por considerar que la
idea es clara, está realizando una interpretación gramatical que, por prescindir de las reglas de la
hermeneútica, lo conducirá inevitablemente a un error; Octavo.- Que, precisamente la casación
tiene como uno de sus fines uniformar la interpretación de las normas materiales del derecho, de
tal manera que negar la interpretación es negar los fines de la casación; Noveno.- Que, como
sostiene Andreas Van Tuhr “Lo decisivo no es la letra, sino el sentido de la Ley. La determinación
del sentido se llama interpretación. No hay Ley, por muy bien redactada que esté, que no necesite
interpretarse, pues las normas jurídicas se formulan ordinariamente de un modo abstracto, y
necesariamente tienen que dar lugar a dudas muchas veces en su aplicación a los casos
concretos" (Parte General del Derecho Civil, Madrid mil novecientos veintisiete, página diez). Un
autor mas actual, el profesor Alberto Trabucchi expresa: "En un sistema cuya base es que la
norma imperativa debe aplicarse, exigencia primera es la de su interpretación. Consideramos a
ésta preliminar actividad cognoscitiva, la principal obligación del jurista, el que, aunque debe ser
un técnico, por encima de todo no puede olvidar que es un miembro activo de la colectividad, para
cuya vida y desarrollo el derecho es un instrumento esencial. Las normas fundamentales
interpretativas, así como los resultados de una larga tradición doctrinal al punto (hermenéutica
jurídica) constituyen elementos esenciales en la vida de derecho... (Instituciones del Derecho Civil,
Tomo Uno página cuarenticinco, Madrid mil novecientos sesentisiete); Décimo.- Que, según lo
expresa el artículo trescientos cincuenta del Código Civil ,con el divorcio cesa la obligación de
alimentarse entre cónyuges, por lo que existiendo norma que regula al respecto, corresponde a las
partes en los casos de separación convencional expresar en el convenio su intención contraria,
esto es pactar que la obligación se extenderá más allá de la disolución del vínculo matrimonial;
Décimo prlmero.- Que, en el caso de autos las partes al ofrecer su propuesta no establecieron
acuerdo en contrario sobre lo dispuesto por el artículo trescientos cincuenta del Código material,
existiendo un motivo legal para que se considere una voluntad tácita de limitación de los
alimentos; Décimo Segundo.- Que, no habiéndose presentado las causales denunciadas,
estando a las consideraciones a las que se arriba, y a lo prescrito en el artículo trescientos
noventisiete del Código Procesal acotado, se declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas
ciento cuarenta; en consecuencia, NO CASAR la resolución de vista de fojas ciento veintiuno, su
fecha treinta de octubre del dos mil; CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos
originados en la tramitación del recurso así como a la multa de dos Unidades de Referencia
Procesal; ORDENARON publicar la presente resolución en el diario oficial "El Peruano.; en los
seguidos por Blanca Sandra P. de L. C. y Carlos Augusto G. A. con el Ministerio Público, sobre
Separación Convencional y Divorcio Ulterior; y los devolvieron.-
S.S.
IBERICO M.
ECHEVARRIA A.
SEMINARIO V.
CELlS Z.
TORRES T.
COMENTARIO: Al haberse seleccionado esta resolución emitida por la Sala Casatoria dentro del
grupo correspondiente a pretensiones referidas al amparo familiar –alimentos-, se ha tomado en
cuenta una de las pretensiones que han sido materia de pronunciamiento de la sentencia de vista
en el proceso de separación convencional y divorcio ulterior, como es la permanencia de la
asignación de la pensión alimenticia a favor de la cónyuge, hasta después de la disolución del
vinculo matrimonial.
Señala la Sala Que en efecto, la sentencia que declaro la separación legal aprobando la propuesta
de convenio dispuso que el cónyuge acuda a la cónyuge con una pensión mensual de dos mil
nuevos soles, y que al declararse fundada la solicitud de los cónyuges de la disolución del vinculo
matrimonial, dicho fallo es apelado por el cónyuge, sustentado en el hecho que la propuesta de
convenio estableció tácitamente la obligación de pasar los alimentos solo hasta la disolución del
vinculo matrimonial, siendo que la Sentencia de Vista determino que la pensión rige solo hasta que
la disolución del vinculo quede ejecutoriada; la cónyuge impugnante ha alegado incongruencia en
la resolución de vista, por cuanto ha ido mas allá del acuerdo de las partes.
Al respecto al emitir pronunciamiento la Sala de Casación ha hecho las siguientes precisiones ”La
casación tiene como uno de sus fines uniformizar la interpretación de las normas materiales del
derecho, de tal manera que negar la interpretación es negar los fines de la casación”. Acota
además citando a Andreas Van Tuhr: “ lo decisivo no es la letra, sino el sentido de la Ley. La
determinación del sentido se llama interpretación. No hay Ley por muy bien redactada que este,
que no necesite interpretarse, pues las normas jurídicas se formulan ordinariamente de un modo
abstracto, y necesariamente tienen que dar lugar a dudas muchas veces en su aplicación a los
casos concretos (Parte General del Derecho Civil, Madrid 1927, pagina 10)”; siendo estos
fundamentos doctrinarios los que sirvan de apoyo a la ejecutoria Suprema que interpretando el
articulo 350 del Código Civil” Señala que “con el divorcio cesa la obligación de alimentarse entre
cónyuges, por lo que existiendo norma que regula al respecto, corresponde a las partes en los
casos de separación convencional expresar en el convenio su intención contrario, esto es pactar
que la obligación se extenderá mas allá de la disolución del vinculo matrimonial”: Señala que las
partes no han establecido un acuerdo en contrario a lo establecido en el articulo 350 del Código
sustantivo, por lo que ello debe ser considerado como una voluntad tácita para limitar los
alimentos y en consecuencia se ha desestimado las causales de aplicación indebida de una norma
material y la de contravención a las normas que garantizan el derecho al debido proceso, por
infundados.
Hcch.
SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD: CASACION NRO. 744 –2002
LIMA Sumilla: Medida de Proteccion
Constituye una medida de proteccion de la menor y no implica un regimen de visitas de inmediato nipronunciamiento extra petita, cuando tomando en consideracion el informa psicologico la Sala Superiorordena que el Juez establezca y supervise el tratamiento profesional que obligatoriamente deben recibirlos padres y la menor, y que partir del cual el padre podra progresivamente, primero visitar a la menor ydespues sacarla de paseo; ya que la Sala de Vista se encuentra facultada por la primera parte del articulo177 del Codigo de los Niños y los Adolescentes.
Hcch.
Lima, veintiuno de octubre del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA;
Vista la causa número setecientos cuarenticuatro -dos mil dos, en Audiencia Pública de la fecha y
producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Liliana M. C.; mediante escrito de fojas
doscientos ochentisiete, contra la sentencia de vista emitida por la Sala Especializada de Familia
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos setentiocho, de fecha, veintitrés de
enero del dos mil dos, que confirmando la apelada declaro infundada la demanda de suspensión
de la patria potestad y mandaron que el juzgado establezca y supervise el tratamiento profesional
gratuito que obligatoriamente deben recibir la demandante, el demandado y la menor Alexandra
Ch. M., a partir del cual éste podrá progresivamente, primero visitar a dicha menor en el hogar
materno y después sacarla de paseo los días domingos de nueve de la mañana a cinco la tarde,
imponiendo el juzgado sus facultades legales para su debido cumplimiento; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, concedido el recurso de casación a fojas doscientos noventiuno, fue declarado
procedente por resolución del treinta de abril del dos mil dos, por la causal contemplada en el
inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil sustentada en la
contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porque el vocal
dirimente doctor V. C. no estuvo presente en la diligencia por la cual la menor fue entrevistada por
los miembros de dicho colegiado, por lo que mal podría el vocal en referencia suscribir la
sentencia objeto del recurso de casación, sino fue testigo presencial de un acto procesal
fundamental para resolver el proceso y porque la Sala se pronuncia sobre hechos que no han sido
objeto del petitorio de la demanda, como disponer un régimen de visitas; CONSIDERANDO:
Primero.- Que, si bien el vocal dirimente doctor V. C. no estuvo presente en la audiencia de fojas
doscientos treinticuatro a doscientos treintiséis, porque él no formaba parte de la Sala en esa
ocasión, obra en autos el acta de dicha audiencia, por lo que podía apreciar lo que la demandante,
el demandado y la menor habían expresado en ella; Segundo.- Que, más aún, la sentencia
reproduce los fundamentos de la apelada y el vocal dirimente al suscribir el fallo, ha coincidido con
dicho sustento; Tercero.- Que, uno de los sustentos de la sentencia apelada, cuyos fundamentos
han sido reproducidos por la de vista, es que en el informe psicológico de fojas veinticuatro a
veinticinco se concluye "que la niña está reaccionando de una manera adecuada al tratamiento,
sin haber todavía logrado un comportamiento de aceptación al padre por parte de la menor y que
en bien a su salud mental no se fuerce a verlo o salir con él por lo que perjudicaría su normal
aceptación socio emocional"; Cuarto.- Que, por ello , cuando la sentencia de vista manda que el
juez establezca y supervise el tratamiento profesional gratuito que obligatoriamente debe recibir la
demandante, el demandado y menor Alexandra Ch. M., a partir del cual éste podrá
progresivamente primero visitar a dicha menor en el hogar materno y después de sacarla de
paseo los días domingos de nueve de la mañana a cinco de la tarde, ha establecido esta medida
en protección de la menor y no implica un régimen de visitas de inmediato, con lo que está
tomando en consideración el informe Psicológico anteriormente mencionado y con ello no se está
pronunciando en forma extra petita, lo que también se encuentra facultado por la primera parte del
articulo ciento setentisiete del Código de los Niños y Adolescentes aprobado por la ley número
veintisiete mil trescientos treintisiete; Quinto.- Que, todo ello determina que no ha existido
contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; Sexto.- Que, por las
razones expuestas y no sentándose la causal contemplada en el inciso tercero del artículo
trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, y aplicando el artículo trescientos noventiocho
del Código Adjetivo, declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Liliana
M. C.O. a fojas doscientos ochentisiete, NO CASAR la sentencia de vista de fojas doscientos
setentiocho del veintitrés de enero del dos mil dos; CONDENARON a la recurrente al pago de la
multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente
resolución en el diario oficial "El Peruano"; en los seguidos por Liliana Elena M. C. con Carlos
Enrique Ch. M., sobre Suspensión de Patria Potestad; y los devolvieron.-
S.S.
ECHEVARRIA ADRIANZEN.
MENDOZA RAMIREZ.
LAZARTE HUACO.
INFANTES VARGAS.
SANTOS PEÑA.
COMENTARIO: La ejecutoria declara infundada la casación, al considerar que no se ha
contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso “si bien el vocal dirimente
doctor ....no estuvo presente en la audiencia de fojas .., porque el no formaba parte de la Sala en
esa ocasión, obra en autos el acta de dicha audiencia, por lo que podría apreciar lo que la
demandante, el demandado y la menor habrían expresado en ella”.
En otro extremo, considera que el Colegiado Superior no se ha pronunciado en forma extra petita
cuando “manda que el Juez establezca y supervise el tratamiento profesional gratuito que
obligatoriamente debe recibir la demandante, demandado y la menor NN, a partir del cual este
podrá progresivamente, primero visitar a dicha menor en el hogar materno y después sacarla de
paseo los días domingos de nueve de la mañana a cinco de la tarde, ha establecido esta medida
en protección de la menor y no implica un régimen de visitas de inmediato, con lo que se esta
tomando en consideración el informe psicológico anteriormente mencionado y con ello no esta
pronunciando extra petita, lo que también se encuentra facultado por la primera parte del articulo
177 del Código de los Niños y adolescentes aprobado por la Ley numero 27337”.9
Hcch.
TENENCIA CASACION NRO. 192- 2000
LIMA Sumilla: La Prohibicion de Reformatio in peius
El articulo 370 del Código Procesal Civil, establece que el Juez Superior no puede modificar la resoluciónimpugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido, enel presente caso, habiéndose admitido al tramite unas de las pretensiones y desestimado las otras porimprocedentes, siendo este extremo apelado la demandante, al absolver el grado la Sala Superiordeclarando improcedente la demanda en todos sus extremos, ha resuelto respecto de una pretensióncuya admisión a tramite no había sido objeto de apelación hecho que conlleva a la nulidad de la sentenciade vista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 171 del Código Procesal Civil.
Hcch.
Lima, nueve de enero del dos mil uno.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLlCA;
Vista la causa número ciento noventidós dos mil, en Audiencia Pública de la fecha y producida la
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata de
los recursos de casación interpuestos por doña Neyde R. Y. y por la Fiscalía Superior de Familia,
mediante escritos de fojas cincuentiuno y cuarenticinco respectivamente, contra la resolución de
vista, emitida por la Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas cuarentiuno,
su fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventinueve, que declaró nula la resolución
que en copia corre a fojas catorce y por ello improcedente la demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, concedido los recursos de fojas cuarentisiete y cincuentinueve fueron
declarados procedentes por resolución del tres de febrero del dos mil, por la causal contemplada
en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en
que la resolución de vista ha inobservado lo establecido en el artículo trescientos setenta del
acotado Código, porque modificó la resolución impugnada en perjuicio del apelante, ya que el Juez
de Primera Instancia resolvió admitir en parte el trámite de la demanda interpuesta y sin embargo
la Sala de Familia de plano ha declarado improcedente la demanda, no obstante que el
demandado no apeló ni se adhirió a la apelación interpuesta por la recurrente y al declararse
improcedente la demanda se ha recortado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que tiene
derecho la accionante; CONSIDERANDO: Primero.- Que, el artículo trescientos setenta del
Código Adjetivo, establece que el Juez Superior no puede modificar la resolución impugnada en
perjuicio dei apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido;
9 El articulo 177 del Código de los Niños y los Adolescentes faculta la adopción de medidas temporales durante el tramite del proceso único regulado por la Ley 27337 con el siguiente tenor
Segundo.- Que, la demandante planteó como pretensión principal que se le reconozca el derecho
a la custodia y tenencia de sus hijos Edgar César Eduardo y, Jaime Juan Bautista Ch. R. y como
pretensión accesoria que se fije una pensión alimenticia a favor de dichos menores; Tercero.-
Que, el Juzgado de familia admitió a trámite la demanda en cuanto a la tenencia y custodia del
menor Edgar César Eduardo Ch. R. y la declaró improcedente en cuanto a la pretensión principal y
accesoria del otro menor Jaime Juan Bautista Ch. R.; Cuarto.- Que, la demandante, apeló de
dicha resolución, en cuanto a que se declaró improcedente la pretensión principal y accesoria de
su hijo Jaime Juan Bautista Ch. R.; Quinto.- Que, el demandado no interpuso recurso de
apelación ni se adhirió a la misma; Sexto.- Que, a pesar de ello, la resolución de vista ha
declarado improcedente la demanda en todos sus extremos, inclusive respecto del menor Edgar
César Eduardo Ch. R., cuya admisión a !trámite no había sido objeto de apelación; Séptimo.-
Que, todo esto determina, que se ha resuelto en perjuicio de la apelante, infringiendo lo dispuesto
por el artículo trescientos setenta del Código Procesal Civil e incurriendo en la causal de nulidad
contemplada en el artículo ciento setentiuno del Código acotado; Octavo.- Que, por las razones
expuestas y presentándose la causal del inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del
Código Adjetivo, y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo y con el acápite dos punto uno
del inciso segundo del artículo trescientos noventiséis del mencionado Código; declararon:
FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por doña Neyde R. Y. a fojas cincuentiuno y
por la Fiscalía Superior de Familia a fojas cuarenticinco; en consecuencia se declara NULA la
resolución de vista de fojas cuarentiuno del veintidós de noviembre de mil novecientos
noventinueve; ORDENARON al órgano jurisdiccional inferior expedir nuevo fallo con arreglo a Ley;
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano"; en los
seguidos por Neyde R. Y. con Víctor Eduardo Ch. L., sobre Tenencia de Hijos y otro; y los
devolvieron.-
S.S.
IBERICO M.
ECHEVARRIA A. . J
SEMINARIO
CELlS Z.
TORRES
SENTENCIA DE VISTA
SALA ESPECIALIZADA DE FAMILIA DE LIMA
EXPEDIENTE Nro.3687-99 Lima veintidós de Noviembre de mil Novecientos noventinueve. AUTOS Y VISTOS; interviniendo como vocal ponente el Señor Carrión Lugo; con la participación
además de los vocales señores Ferreyros Paredes y Cabello Matamala; en la causa seguida por
Neyde R. Y. contra Víctor Eduardo Ch. L. sobre tenencia .-
“En resolución debidamente fundamentada, el Juez dictara las medidas necesarias para proteger el derecho del niño y del adolescente”.
CONSIDERANDOS: 1) La demanda que en copia corre a fojas cinco contiene una acumulación objetiva de
pretensiones procesales, pues, la principal se refiere a la custodia y tenencia de los menores
Edgar Cesar Eduardo y Jaime Juan Bautista Ch. R. y la accesoria a fin de que se fije una pensión
de alimentos a favor de dichos menores.
2) La pretensión principal debe aclararse improcedente en atención a que la propia actora
sostiene en su demanda que los citados menores desde que nacieron se encuentran en su poder
y bajo su cuidado exclusivo. Si la pretensión principal es rechazada, la pretensión accesoria debe
correr igual suerte interpretación contrario sensu del artículo ochentisiete del Código Procesal
Civil. segundo párrafo). 3) Es de observancia, en el presente caso, de las reglas contenidas en los
incisos cinco y siete del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Civil.
3) Por consiguiente la resolución apelada se halla afecta de nulidad prevista por el artículo ciento
setentiuno del citado Código.
IV. DECISION: 1) DECLARARON nula la resolución que en copia corre a fojas catorce y, en consecuencia,
improcedente la demanda que en copia obra a fojas cinco.
2) MANDARON que Secretaría dé cumplimiento a la segunda parte del artículo trescientos
ochentitrés dei Código Procesal Civil. SS.
FERREYROS PAREDES CARRION LUGO
CABELLO MATAMALA
COMENTARIO: El pronunciamiento de la Sala Civil Suprema se sustenta en el articulo 370 del
Código Procesal Civil que establece que el Juez no puede modificar la resolución impugnada en
perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido, en tal
sentido declara fundada la casación interpuesta por la demandante contra la resolución de vista
que declara improcedente la demanda incoada en todos sus extremos, por cuanto, en el presente
caso la accionante interpone demanda de tenencia y custodia de sus dos menores hijos y
accesoriamente solicita una pensión alimenticia a favor de ambos, el Juzgado de Familia admitió a
tramite la pretensión principal y accesoria respecto de uno de los menores y declaro improcedente
respecto del otro menor, extremo que es apelado por la actora. Dicho error in procedendo es
sancionado por la Sala Casatoria, ya que el demandado no interpuso apelación o se adhirió a la
misma. 10.
Hcch.
10 “La prohibición de reformatio in peius” sancionada en el articulo 370 del Código Procesal Civil es una manifestación de la interdicción de la indefensión y una proyección de la congruencia en la segunda instancia, la cual incluye la prohibición de que el órgano judicial revisor exceda los limites en que viene formulado la apelación, acordando una agravación de la resolución recurrida que tenga origen exclusivo en la propia interposición del recurso, en consecuencia el recurso de apelación delimita la pretensión concreta de la segunda instancia y predetermina el alcance de la decisión del Juez Superior, salvo que frente a la pretensión del mismo se hayan sostenido otras pretensiones, esto es, que la parte contraria también haya impugnada la resolución o se haya adherido a la misma.
TENENCIA
CASACION NRO. 3147-2001 LIMA
Sumilla: Interés Superior del Niño
La sentencia de vista ha aplicado adecuadamente el articulo Noveno del Titulo Preliminar del Código delos Niños y los Adolescentes al considerar dentro de su fundamentaron el interés superior del Niño y elrespeto a sus derechos, toda vez que quien solicita la tenencia del menor es el padre biológico, ademásde no haberse probado que no cuenta con capacidad tanto moral y material para poder asumir la tenenciadel menor, por lo que no existe interpretación errónea del articulo 81 del citado Código, por cuanto por unlado esta el padre biológico quien tiene derecho a la patria potestad del menor huérfano de madre y porotro el abuelo paterno, por lo que la Sala Superior ha resuelto con arreglo a la segunda parte de la citadanorma.
Hcch.
Lima, dieciséis de Setiembre del dos mil dos.-
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, vista la causa en audiencia
pública el día de la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia:
1. MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso de casación la sentencia de vista
de fajas setecientos noventicinco, su fecha veinte de julio del dos mil uno, expedida por la Sala
Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima en el extremo que, revocando la
sentencia apelada declara fundada en parte la demanda de fajas cincuentiséis y,
consecuentemente, dispone que la tenencia del menor Etienne Antoine P. R. será ejercida por su
padre el demandante Joseph Simon B. P. e infundada la demanda acumulada interpuesta por
Dante R. F. 2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:
Mediante resolución de fecha veinticinco de enero del año en curso se ha declarado procedente el
recurso de casación interpuesto por Dante Gregorio R. F. por las causales previstas en el inciso 1°
del artículo 386 del Código Procesal Civil, consistentes en; a) la aplicación indebida del artículo IX
del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes; y, b) la interpretación errónea del
artículo 81 del mismo Código:
3. CONSIDERANDOS: PRIMERO.- El impugnante en casación aduce que la norma contenida en el artículo IX del Título
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, que regula el principio del interés superior del
niño y adolescente, ha sido aplicada indebidamente por la Sala de Familia, ya que no ha
considerado el derecho del menor de permanecer bajo la tenencia de sus abuelos matemos. La
norma cuestionada como impertinente establece que en toda medida concerniente al niño y al
Adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del
Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así
como en la acción de la sociedad, se considerará el interés superior del niño y del adolescente y el
respeto a sus derechos. Para determinar la pertinencia o no de dicho precepto debe examinarse
los hechos expuestos en la sentencia impugnada.
SEGUNDO.- En efecto, la sentencia de vista considera que no se ha probado fehacientemente
que el padre del menor no cuente con capacidad tanto moral y material para poder asumir la
tenencia del menor Etienne Antoine, y por ende solventar los gastos para el desarrollo del mismo y
que si bien el menor ha manifestado su deseo de vivir con sus abuelos, también debe entenderse
ésta como un elemento referencial y no como algo contundente, para resolver el conflicto
suscitado dada la edad del menor, puesto que tal como es de verse del tenor de las traducciones
oficiales de las cartas remitidas por la difunta madre del menor revelan una relación amorosa,
armoniosa y cordial, sin insinuar siquiera maltrato, desavenencia o desatención por parte del
demandante, tomándose en cuenta además las declaraciones testimoniales de las personas con
quienes la familia P.-R. desenvolvían sus actividades habituales en Francia, donde se afirman
hechos que contradicen lo afirmado por los abuelos matemos en la contestación de la demanda
TERCERO.- En el caso de autos aparece de la sentencia de vista que se ha aplicado
adecuadamente el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes al
considerarse dentro de su fundamentación el interés superior del niño y el respeto a sus derechos,
toda vez que quien demanda la tenencia del menor es el padre biológico don Joseph Simon
Bemard P.. Por consiguiente mal puede denunciarse como impertinente dicha norma.
CUARTO.- El segundo extremo de recurso de casación se sustenta en la causal de interpretación
errónea del artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes que el impugnante hace consistir
en que la Sala ha interpretado erróneamente esta norma pues no hay separación de hecho de los
padres y que éstos no se pueden poner de acuerdo, ya que la madre ha fallecido y no se ha tenido
en cuenta el parecer del menor) de vivir al lado de sus abuelos que le prodigan cariño y amor,
acudiendo con todo lo necesario para su subsistencia y educación, además el menor ha convivido
mayor tiempo con su abuelo materno y no con su padre, quien no cuenta con un trabajo estable
que le permita tener solvencia económica para contribuir a la subsistencia de su menor hijo. La
citada norma establece que, cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los
niños y adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer
del niño y el adolescente. De no existir acuerdo o si éste resulta perjudicial para los hijos, la
tenencia la resolverá el Juez especializado, dictando las medidas necesarias para su
cumplimiento.
QUINTO.- Para determinar si la norma cuestionada ha sido interpretada correctamente o no al
caso de autos se debe tener en cuenta que es materia de controversia la tenencia del menor
Etienne Antoine P. R., encontrándose de un lado su padre biológico don Joseph Simon Bernard
P., quien además tiene el derecho a la patria potestad sobre su menor hijo, y de otro lado el
abuelo materno don Dante Gregario R. F. Que el menor Etienne es huérfano de madre, por lo que
la Sala Superior ha resuelto con arreglo a la segunda parte de la norma, interpretándola en su real
sentido, careciendo de sustento la causal de interpretación errónea de una norma de derecho
material.
SEXTO.- Como consecuencia de los argumentos precedentes se llega a la conclusión que el
recurso de casación debe declararse infundado por las causales de aplicación indebida e
interpretación errónea de una norma de derecho material.
4. DECISION: Por las consideraciones precedentes, de conformidad con lo opinado por el Fiscal Supremo Civil
y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil:
a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación de fojas ochocientos dos, interpuesto por
Dante Gregorio R. F.; en consecuencia, NO CASAR la sentencia de vista de fojas setecientos
noventicinco, su fecha veinte de julio del dos mil uno. expedida por la Sala Especializada de
Familia de la Corte Superior de Lima. b) CONDENARON al recurrente a la multa de una Unidad
de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del
recurso. c) DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo
responsabilidad; en los seguidos por Joseph Simon P. sobre tenencia de menor; y los
devolvieron.-
SS.
VASQUEZ BEJARANO
CARRION LUGO
TORRES CARRASCO
CARRILLO HERNANDEZ
QUINTANILLA QUISPE
SENTENCIA DE VISTA: SALA ESPECIALIZADA DE FAMILIA DE LIMA
EXPEDIENTE 1690-2001
Lima, veinte de julio del año dos mil uno.-
AUTOS y VISTOS interviniendo como ponente la señora Capuñay Chavez, que de conformidad
con lo opinado por la señora Fiscal Superior de Familia de fojas setecientos ochentiséis a
setecientos ochentiocho; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que viene en apelación la
sentencia de fojas setecientos cuarentisiete a setecientos cincuentiuno, que declara infundada la
demanda de fojas cincuentiséis a sesenticinco, improcedente la misma en cuanto se solicita la
tenencia de la menor Alessandra Lucia P. R., y fundada la demanda acumulada de fojas
cuatrocientos ochentiocho a cuatrocientos noventa, concediéndose la tenencia del menor Etienne
Antoine P. R. a favor de su abuelo materno Dante R. F., sin costos ni costas. Segundo.- Que el
apelante fundamenta su recurso en el hecho de que el Juez de la causa no ha evaluado sus
pruebas aportadas, consistente en certificaciones, fotografías, declaraciones y demás, que
acredita su solvencia moral y económica; asimismo no se ha tomado en cuenta la edad del abuelo
materno, ya que es una persona de avanzada edad igual que su conviviente; de igual modo señala
que su hijo esta en una casa donde también vive el tío del menor y que no presta ninguna
garantía; que tampoco sobre la influencia negativa de los abuelos, que están en contradicción con
las cartas de la niña, que dice que lo quiere y lo trata como su padre; que no ha tomado en
consideración que el apelante tiene trabajo y domicilio fijo, la edad y el sexo del niño y que sobre
todo por el marco legal, a él le corresponde la tenencia. Tercero.- Que conforme fluye de la
partida de nacimiento de fojas setentinueve, cuya fecha es anterior a la partida de nacimiento
presentada por el actor a fojas seis, del escrito de apelación de este ultimo, así como de su
declaración de parte practicada en la Audiencia de fojas trescientos cuarentitrés a trescientos
cuarentidós, se concluye que la menor Alessandra Lucia no es hija biológica del accionante, por lo
que siendo la tenencia un atributo de la patria potestad, que le corresponde peticionar a los
padres, debe declarase la improcedencia de la demanda en este extremo, siendo materia de
pronunciamiento en la alzada solo respecto a la tenencia del menor Etienne AntoIme. CUARTO.-
Que del análisis de lo actuado se advierte que en autos no se ha probado fehacientemente que el
padre del menor no cuente con capacidad tanto moral y material para poder asumir la tenencia del
menor y por ende solventar los gastos para el desarrollo del mismo y que si bien el menor ha
manifiestado su deseo de vivir con sus abuelos, tambíén debe entenderse como referencial y no
como contundente para resolver el conflicto suscitado dada la edad del menor, puesto que tal
como es de verse del tenor las traducciones oficiales de las cartas remitidas por la difunta madre
del menor revelan una relación amorosa, armoniosa y cordial sin insinuar siquiera maltrato,
desavenencia o desatención por parte del demandante QUINTO.- De otro lado debe también
tomarse en cuenta las declaraciones testimoniales de las personas con quienes la familia P.-R.
desenvolvían sus actividades habituales en Francia, donde se afirman una serie de hechos que
contradicen lo afirmado por los abuelos maternos en la contestación de demanda de fojas ciento
siete y que revela la conducta con que se desenvuelve el demandante respecto al trato de sus
hijos, en ese sentido, entendiéndose que toda decisión que se tome respecto a menores debe
prevalecer el interés superior de los mismos, conforme a lo dispuesto por el artículo IX del Título
Preliminar del Código de Niños y Adolescentes, artículo Ochentiuno, Ochenticuatro y Ochenticinco
del citado código, así como del Artículo tercero de la Convención de los derechos del Niño;
REVOCARON la sentencia apelada que corre de fojas setecientos cuarentisiete a setecientos
cincuentiuno, que declara infundada la demanda de fojas cincuentiséis a sesenticinco en cuanto
solicita la tenencia del menor Etienne Antoine P. R. y declara Fundada la demanda acumulada de
fojas cuatrocientos ochentiocho a cuatrocientos noventa que concede la tenencia del mismo
menor a su abuelo materno don Dante R. F. y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA en parte
la demanda de fojas cincuentiséis a sesenticinco consecuentemente la tenencia del menor
ETIENNE ANTOINE P. R. será ejercida por su padre el demandante don JOSEPH SIMON
BERNARD P. y que para los efectos de entrega del mismo, se realizará en forma progresiva, esto
es con visitas dentro del domicilio de los abuelos, los días sábados, domingos y feriados de las
dos primeras semanas de nueve a seis de la tarde, luego miércoles, sábado y domingo de la
tercera semana en el mismo horario; e interdiario en la cuarta semana aclarándose que los días en
que el menor acude a su centro educativo, el horario de visita será de cuatro a siete de la tarde; y
procediéndose a la entrega del menor al inicio de la quinta semana contados a partir de la fecha
en quede consentida y/o ejecutoriada; e INFUNDADA la demanda acumulada de fojas
cuatrocientos ochentiocho a cuatrocientos noventa interpuesto por Dante R. F.; CONFIRMARON la misma en cuanto declara improcedente la demanda respecto de la tenencia de la menor
Alessandra Lucía P. R. con lo que demás contiene; DISPUSIERÓN devolver al Juzgado remitente.
CAPUÑAY CHAVEZ RAMOS LORENZO
EYZAGUIRRE GARATE
COMENTARIO: En este caso se declaro procedente el Recurso de Casación que acusaba la
aplicación indebida de la norma contenida en el articulo Noveno del Titulo Preliminar del Código de
los Niños y Adolescentes el cual regula el principio del interés superior del niño y adolescente, así
como la interpretación errónea del articulo 81 del citado cuerpo legal. 11
Respecto de la primera causal, la Sala casatoria, se señala que “la sentencia de vista considera
que no se ha acreditado que el padre del menor no cuente con la capacidad moral y material para
poder asumir la tenencia del menor NN y por ende solventar los gastos para el desarrollo del
mismo y que si bien el menor ha manifestado su deseo de vivir con sus abuelos, también debe
entenderse esta como un elemento referencial, y no como algo contundente para resolver el
conflicto suscitado dada la edad del menor”, anota además que las pruebas documentales y
testimoniales actuadas contradicen lo afirmado por los abuelos maternos en la contestación de la
demanda y por lo tanto la sentencia de vista ha aplicado adecuadamente el articulo IX del Titulo
Preliminar del Código de los Niños y los Adolescentes, al considerarse dentro de su
fundamentacion el interés superior del niño12 y el respeto a sus derechos, ya que quien
demanda la tenencia es el padre biológico.
Con respecto a la segunda causal la Sala Civil de la Corte Suprema ha establecido que la sala
superior ha interpretado adecuadamente el articulo 81 del Código de los Niños y los Adolescentes,
por cuanto por un lado se encuentra el padre biológico quien solicita la tenencia del menor y a su
vez tiene el derecho a la patria potestad de su menor hijo y de otro lado se encuentra el abuelo
materno, siendo el menor huérfano de madre la Sala Superior ha resuelto con arreglo a la
segunda parte de la norma denunciada interpretándola en su real sentido; siendo estos
fundamentos los que han servido de base para declarar infundada la casación interpuesta por el
abuelo materno.
Hcch.
11 El articulo 81 del Código de los Niños y Adolescentes señala” Cuando los padres estén separados de hecho, la Tenencia de los niños y adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño y el adolescente, De no existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el Juez especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento”. 12 La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por el Perú en 1978, establece en su articulo 19 que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y el Estado”. El Estado Peruano ratifico en 1990 la Convención sobre Derechos de Niño creado en 1989, consagrándose la teoría del interés superior del niño y de la protección integral de la infancia. A la vez implico el cambio de antiguos paradigmas en materia de niños y una apertura a formular nuevos modos de intervención del Estado en el desarrollo del menor. El niño paso de ser concebido como sujeto pasivo ante la tutela del Estado a ser visualizado como sujeto activo titular de derechos. En la legislación nacional con la promulgación del primer texto del Código de los Niños y Adolescentes en 1992 se incorporo en nuestra legislación los nuevos conceptos y directrices sustentados en la nueva doctrina de la “protección integral” superando a la doctrina de la “situación irregular del menor”. Asimismo el articulo 4 de la Constitución Política del Estado consagra como política de Estado la protección al niño y al adolescente, así como a la familia y al matrimonio como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad. El Código de los Niños y
TENENCIA CASACION NRO. 4262 - 2001
LIMA
Sumilla: Debido Proceso
Es nula la sentencia de vista en la cual no se ha pronunciado respecto de diversos elementosprobatorios (oficios y otros) que han sido admitidos sin sustentar la causa porque dichos mediosprobatorios son impertinentes o insuficientes para acreditar o desvirtuar los hechos en los que se fundala acción, lo que demuestra que no se ha efectuado una valoración conjunta de los medios probatorios,conforme lo prevé el articulo 197 del Código Procesal Civil.
. Hcch.
Lima, tres de Julio del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil doscientos sesentidós dos mil uno; con el acompañado, en
audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente
sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por don Luis
Akira K. K., contra la sentencia de vista de fojas trescientos treinticuatro, su fecha dos de octubre
del dos mil uno, expedida por la Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de
Lima, que revoca la sentencia apelada de fojas doscientos noventicinco, su fecha once de junio
del dos mil uno, que declara I infundada la demanda de fojas veintiséis y fundada la demanda de
fojas ciento ochenticuatro; y reformando dicha sentencia declararon fundada la demanda de fojas
veintiséis e infundada la de fojas ciento ochenticuatro; y, en consecuencia concedieron a doña
Mercedes Virginia K. F. la tenencia su menor hija Carmen Mayumi K. K.; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, concedido el recurso de casación de fojas trescientos cuarentidós, fue declarado
procedente por este Supremo Tribunal mediante resolución de fecha veintinueve de enero del dos
mil dos, por la causal contemplada por los incisos primero y tercero del artículo trescientos
ochentiséis del Código Procesal Civil, denunciando la aplicación indebida del artículo sesenticuatro
incisos a, b, c, y e del Código del Niño y Adolescente y cuatrocientos veintiuno del Código Civil,
pues el reconocimiento filial no sólo es uno de los atributos de la patria potestad, sino también se
debe velar por el desarrollo integral del menor, proveer a su sostenimiento, su educación.
elementos fundamentales que no han sido analizados, tampoco que la madre abandonó a la
menor desde los dos meses de nacida y a tenor del artículo cuatrocientos veintiuno no le
corresponde la patria potestad; asimismo respecto de la contravención de normas que garantizan
el derecho a un proceso, no se ha tomado en cuenta los informes multidiciplinarios que aconsejan
que la menor se debe quedar bajo la custodia del padre, como tampoco se ha tenido en cuenta lo
opinado por la menor, quién ha referido que desea vivir con su padre y sus tíos, afectándose el
los Adolescentes vigente a la fecha también reafirma el principio del interés superior del niño en el articulo IX del Titulo Preliminar
interés superior del niño; CONSIDERANDO: Primero: Que, es necesario examinar en primer
término la causal de contravención procesal porque, de existir tal situación, ya no cabe
pronunciamiento sobre la causal contenida en el inciso primero del artículo trescientos ochentiséis
del Código Procesal Civil; Segundo: Que, existe contravención de las normas que garantizan el
derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, no se han respetado los
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo
hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios
procesales; Tercero: Que, conforme a lo establecido en el numeral tres del artículo ciento
veintidós del Código Procesal Civil, toda resolución debe tener la relación correlativamente
enumerada de los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho que sustentan la decisión,
la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho; Cuarto: Que, dicho mandato guarda
consonancia con lo dispuesto en el artículo ciento ochentiocho del Código Procesal Civil que
establece como finalidad de los medios probatorios acreditar los hechos expuestos por las partes,
producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones,
norma procesal cuya aplicación resulta ser de carácter imperativo por disposición expresa del
artículo noveno del Título Preliminar del citado Código Procesal; Quinto: Que, en el caso que nos
ocupa, la sentencia de vista sustenta su fallo en que, si bien la madre de la menor, doña Mercedes
Virginia K. F. durante su ausencia del país, no tuvo en su poder a su hija, nada impide que a su
regreso reclame su entrega y que, por la edad de la menor (ocho años y diez meses), es
conveniente se encuentre al cuidado de su progenitora; Sexto: Que, no obstante, es de advertirse
que en autos corren diversos elementos probatorios que no han merecido pronunciamiento del
Colegiado Superior, a saber: a fojas ciento treintinueve el informe psicológico número quinientos
sesenticuatro -cero- cero- MCF-EM-PSI, que en sus conclusiones establece que la menor requiere
del afecto del padre y que rechaza a la madre biológica por su abandono; el informe social de fojas
doscientos cuatro, que en su apreciación final menciona que la menor, de siete años de edad, se
ve afectada por los acontecimientos suscitados, mostrándose temerosa de que la aparten de quién
ella considera su familia ( padres y hermanas), manifestando abiertamente su deseo de continuar
viviendo con su familia; asimismo, el informe social de fojas doscientos sesentiséis .que en sus
apreciaciones señala que la menor se encuentra identificada con los demandados Martín K. K. y
María B. F., a quienes los reconoce como padres y a sus primas como hermanas y que tiene una
buena relación con su padre biológico quién también llama papá Akira lo que establece una
estrecha vinculación de la menor con la familia paterna, que a su vez ha sido manifestada en la
entrevista de la menor de fojas ciento veintitrés, su fecha nueve de junio del dos mil; Sétimo.-
Que, sin embargo, la Sala de vista no sustenta la causa por la cual dichos medios probatorios,
admitidos en autos, resultan impertinentes o insuficientes para acreditar o desvirtuar los hechos en
los que se funda la acción; en consecuencia, ha omitido pronunciarse sobre las pruebas obrantes
en autos, lo que demuestra que no ha efectuado una valoración conjunta de los medios
probatorios aportados en el proceso, conforme lo prevé el artículo ciento noventisiete del Código
Procesal Civil; Octavo.- Que, por las razones expuestas, y presentándose la causal contemplada
en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal citado, de conformidad
con el numeral dos punto uno del inciso segundo del artículo trescientos noventiséis de dicho
Código, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Luis Asirá K. K.
mediante escrito de fojas trescientos cuarentidós y en consecuencia NULA la sentencia de vista
de fojas trescientos treinticuatro, su fecha dos de octubre del dos mil uno; MANDARON que la
Sala Especializada de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima expida nueva resolución
con arreglo a Ley; DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario Oficial "El
Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por doña Mercedes Virginia K. F. contra don
Martin Miguel K. K. y otros, sobre Tenencia y Custodia; y los devolvieron.-
SS.
ECHEVARRIA ADRIANZEN.
MENDOZA RAMIREZ.
LAZARTE HUACO.
INFANTES VARGAS.
SANTOS PEÑA.
COMENTARIO: En la presente casación se ha denunciado dos causales: Primero la indebida
aplicación del articulo 74 del Código de los Niños y los Adolescentes incisos a, b, y c 13y no 64
como erróneamente se consigna en la casación, el 421 del Código Civil y como segunda causal la
contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. La Sala Casatoria
estima necesario determinar en primer termino la existencia de la contravención procesal porque
de existir tal situación no cabe pronunciamiento sobre la causal de aplicación indebida de una
norma material. Al respecto señala que la sentencia de vista ha sustentado su fallo, en que si bien
la madre de la menor no la tuvo en su poder durante su ausencia, nada impide que a su regreso
reclame su entrega y que dado la edad del menor(ocho años y diez meses), siendo conveniente
goce de los cuidados de su progenitora. Sin embargo la Sala Superior no se ha pronunciado sobre
diversos elementos probatorios, consistente en un informe psicológico en cuyas conclusiones
establece que la menor requiere el afecto del padre y rechaza a la madre biológica por su
abandono, así como el informe social en la cual se anota que hay una estrecha vinculación de esta
menor con la familia paterna, lo que a su vez ha sido manifestado en la entrevista de la menor.
Señala asimismo que “la Sala de vista no sustenta la causa por la cual dichos medios probatorios,
admitidos en autos, resultan impertinentes o insuficientes para acreditar o desvirtuar los hechos en
que se funda la acción, en consecuencia ha omitido pronunciarse sobre las pruebas obrantes en
autos, lo que demuestra que no ha efectuado una valoración conjunta de los medios probatorios
13 Articulo 74 del Código de los Niños y Adolescentes.- Deberes y derechos de los padres: Son deberes y derechos de los padres que ejercen la Patria Potestad: a) Velar por su desarrollo integral b) Proveer su sostenimiento y educación; c) Dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y
aptitudes.....
aportados en el proceso, conforme lo prevé el articulo 197 del Código Procesal Civil”,14 estas
situaciones determinan que la impugnada se encuentre incursa en la causal prevista en el inciso
tercero del articulo 386 del Código Adjetivo acarreando la nulidad de la sentencia de vista.
Hcch.
VARIACION DE TENENCIA: CASACION NRO. 1542- 2002
LIMA Sumilla: Interés Superior del Niño
Si bien los padres tienen derecho de visitar a sus hijos a tenor de lo dispuesto en el articulo 88del Código de los Niños y los Adolescentes, no es menos cierto que a dicho derecho debeanteponerse el interés superior del niño, regulado por el articulo Noveno del Titulo Preliminar delCitado entendido este como toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte elEstado en su beneficio, por lo tanto al no haberse acreditado el incumplimiento de lasobligaciones de la demandada con relación al régimen de visitas, la interpretación dada por elColegiado Superior del articulo noventiuno del Código acotado ha sido el adecuado.
Hcch.
Lima, trece de enero del dos mil tres.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLlCA,
vista la causa Número mil quinientos cuarentidós -dos mil dos, en Audiencia Pública de la fecha y
producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas quinientos treintinueve por José Carlos A. P.
contra la sentencia de vista de fojas quinientos treintiuno, su fecha once de abril del dos mil dos,
expedida por la Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la de primera
instancia de fojas trescientos nueve, su fecha diecisiete de setiembre del dos mil uno, que
habiendo declarado fundada la demanda de variación de tenencia interpuesta por el mencionado
señor, respecto del menor José G. A. R. y reformándola declaró infundada la precitada demanda,
sin costas ni costos; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala Suprema con fecha veinticuatro
de junio del dos mil dos, estimó procedente el recurso por la causal de interpretación errónea de
una norma de derecho material contemplada en el inciso primero del artículo trescientos
ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en que se interpretó erróneamente el artículo
noventiuno del Código de los Niños y Adolescentes, pues cuando la tenencia de los hijos
corresponde a uno de los cónyuges, el otro no puede ser privado de la comunicación real, directa
14 Respecto del Sistema de Valoración Conjunta de los medios probatorios incorporado en el articulo 197 del Código Procesal Civil Vigente, señala Federico Campos-Calderón en su ensayo “Comentarios a las disposiciones generales de los medios de prueba en el Código Procesal Penal de Costa Rica” “ b. Valoración conjunta y armónica de la prueba: Esta solo puede ser verificada después del examen individual de cada una de las pruebas, pues, de lo contrario, se confundiría el concepto de valoración conjunta con el hecho de verificar la existencia de un grupo heterogéneo e informe de pruebas. La consideración global del conjunto probatorio podría dificultar la labor de distinguir si en la apreciación global se han tenido o no en cuenta la prueba ilícita o no sometida al contradictorio”
y material con ellos y en el caso de autos habiéndose establecido un régimen de visitas ninguna
de las partes puede variar su situación legal, siendo aplicable el artículo noveno de la Convención
de los Derechos del Niño suscrito por el Perú que señala "que los estados partes respetarán el
derecho del niño de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de
modo regular; CONSIDERANDO: Primero.- Que, el actor según su demanda de fojas treintiuno
de fecha veintidós de setiembre del dos mil solicita la variación de la tenencia de su hijo de cinco
años de edad en contra de la demandada, por cuanto señala que ésta incumplió con los términos
del convenio de fojas siete, que se acompañó a la demanda de separación convencional y divorcio
ulterior, en lo relativo al régimen de visitas establecido en su favor, punto que luego fue aprobado
mediante sentencia judicial de fojas once a dieciocho; y por su parte la demandada, representada
a través de su apoderado, contesta la demanda a fojas noventiocho manifestando que las
imputaciones del accionante son falsas pues este conoce perfectamente que su hijo no se
encuentra en el país, al haber autorizado su viaje al exterior, lo que se produjo con fecha diez de
enero del dos mil; Segundo.- Que, en el caso de autos, el punto central consiste en determinar si
la madre del menor al viajar con el niño, incumplió con los acuerdos adoptados en el convenio en
referencia, referidos al régimen de visitas; Tercero.- Que, los progenitores que no ejerzan la patria
potestad sus hijos tienen derecho a que se establezca en su favor el régimen de visitas
correspondiente; disponiendo al respecto, el primer párrafo del artículo noventiuno del Código de
los Niños y Adolescentes Ley número veintisiete mil trescientos treintisiete, que el incumplimiento
del régimen establecido judicialmente dará lugar a los apremios de ley y en caso de resistencia
podrá originar la variación de la tenencia; Cuarto.- Que, la Corte en la sentencia de vista ha
establecido que no está acreditado que la madre emplazada haya asumido la conducta dirigida a
impedir la visita, comunicación y el normal desarrollo de la relación paterno filial para amparar la
variación de la tenencia incoada sustentada en el artículo noventiuno precitado, por cuanto cuando
la accionada viajó con el menor a los Estados Unidos en la fecha antes señalada contó con el
consentimiento expreso del demandante quien además, con posterioridad a tal hecho, mantuvo
permanente comunicación con ambos a través de sendos correos electrónicos en donde éste
resalta, entre otros puntos, su deseo de que el niño permanezca al lado de su madre a quien la
felicita por la crianza de su hijo, así mismo hace constar la Corte el hecho de que el demandante
viajó a Miami al encuentro de su hijo; debiéndose anotar al respecto, que los hechos son
establecidos por los órganos de instancias, limitándose la función de este Supremo Tribunal a
efectuar un análisis sobre cuestiones, de derecho, y en este caso sobre si hubo interpretación
errónea de una norma de derecho material; Quinto.- Que, resulta preciso aclarar que si bien los
padres tienen el derecho de visitar a sus hijos a tenor del artículo ochentiocho del Código acotado,
no es menos cierto que a dicho derecho debe anteponerse el interés superior del niño regulado
en el artículo noveno del Título Preliminar del mismo Código, entendido éste como toda medida
concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado en su beneficio. Sexto.- Que, no
habiéndose demostrado el incumplimiento de las obligaciones de la demandada con relación al
régimen de visitas, como fluye del considerando cuarto de la presente resolución, la interpretación
dada por el Colegiado Superior del artículo noventiuno acotado ha sido la adecuada; Sétimo.- Que
de otro lado; en cuanto al numeral tercero del artículo noveno de la Convención sobre los
Derechos del Niño, no se advierte cómo de aplicarse esta norma se alteraría el sentido de lo
resuelto, toda vez que si bien dispone que los Estados Partes deben respetar el derecho del niño
que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo
con ambos padres de modo regular, también lo es que dicha norma tiene como límite el interés
superior del niño; Octavo.- Que, por lo anteriormente expuesto se concluye que en los presentes
autos no se ha configurado la causal de casación invocada en el recurso sub-examine; sin
embargo, debe dejarse a salvo el derecho del recurrente a solicitar un nuevo régimen de visitas de
acuerdo a la nueva situación legal producida; Noveno.- Que, por tales consideraciones y en
aplicación del artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil; y de conformidad con lo
opinado por el Señor Fiscal Supremo, declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto
por José Carlos A. P.; Dejando a salvo el derecho del recurrente a solicitar un nuevo régimen de
visitas de acuerdo a la nueva situación legal producida; CONDENARON al recurrente al pago de
las costas y costos del recurso, así como a la multa de una Unidad de Referencia Procesal;
ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial -El Peruano", en los seguidos
por José Carlos A. P. con Ana Cecilia R. Z., sobre Variación de Tenencia; y los devolvieron.-
S .S .
ECHEVARRIA ADRIANZEN.
MENDOZA RAMIREZ.
AGUAYO DEL ROSARIO.
LAZARTE HUACO.
PACHAS AVALOS.
COMENTARIO: La Sala Suprema ha declarado infundado el recurso de casación interpuesto por
el demandante padre del Menor NN contra la sentencia de vista que Revoca la sentencia apelada
que declaró fundada la demanda de variación de tenencia de menor.
La Sala Casatoria en su segundo considerando ha señalado que “el punto central consiste en
determinar si la madre del menor al viajar con el niño, incumplió con los acuerdos adoptados en el
convenio en referencia, referidos al régimen de visitas”; asimismo señala que la sentencia de vista
ha establecido que no esta acreditado que la madre emplazada haya asumido la conducta dirigida
a impedir la visita, comunicación y el normal desarrollo de la relación paterno filial para amparar la
variación de la tenencia incoada sustentada en el articulo 91 del Código de los Niños y
Adolescentes 15 , siendo que además la accionada viajo con el menor a los Estados Unidos con el
consentimiento expreso del actor y con posterioridad a tal hecho mantuvo permanente
comunicación mediante correo electrónico, estando estos hechos establecidos por los órganos de
instancias, corresponde al Supremo tribunal efectuar un análisis sobre cuestiones de derecho, y
en este caso si hubo interpretación errónea de una norma de derecho material.
15 “El incumplimiento del Régimen de Visitas establecido judicialmente dará lugar a los apremios de ley y en caso de resistencia podrá originar la variación de la Tenencia. La solicitud de variación deberá tramitarse como una nueva acción ante el Juez que conoció del primer proceso”
La Sala Casatoria sustenta su pronunciamiento en un principio básico y elemental sobre el cual se
sustenta toda medida concerniente al niño o adolescente, en el presente caso, si bien los padres
tienen derecho a visitar a sus hijos a tenor del articulo 88 del Código de los Niños y Adolescentes,
no es menos cierto que a dicho derecho debe anteponerse el interés superior del niño regulado
por el articulo noveno del titulo Preliminar del citado cuerpo legal. Y al no haberse demostrado el
incumplimiento de las obligaciones de la demandada con relación al régimen de visitas, la
interpretación dado por el Colegiado Superior a la norma denunciada ha sido la adecuada.
Hcch.
VARIACION DE TENENCIA CASACION NRO. 2562 -2001
LIMA Sumilla: Debido Proceso
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No se puede sustentar la interpretación errónea y la inaplicación de la misma norma, porque si ha sidointerpretada erróneamente es porque ha sido aplicada, además el articulo 91, 160 y 161 del Código de losNiños y los Adolescentes, son normas de contenido procesal y no material, por lo que la presentecasación no cumple con requisitos de fondo establecidos en el articulo 388 del Código Procesal Civil.
Hcch.
ima, dieciocho de setiembre del dos mil uno.-
ISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.;. Que, de lo actuado consta que se ha cumplido con
dos los requisitos formales para el concesorio del recurso de casación y por lo tanto para la
dmisibilidad del mismo; Segundo.- Que, la casación se funda en los incisos primero y segundo
el artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en la interpretación
rrónea e inaplicación de los artículos noventiuno, ciento sesenta y ciento sesentiuno de la Ley
eintisiete mil trescientos treintisiete, Código de los Niños y Adolescentes; Tercero.- Que, no se
uede sustentar la interpretación errónea y la inaplicación de la misma norma, porque si ha sido
terpretada erróneamente es porque ha sido aplicada y si no hubiera sido aplicada no podría
aber sido interpretada erróneamente; Cuarto.- Que, más aún los artículos noventiuno, ciento
esenta y ciento sesentiuno del Código de los Niños y Adolescentes, son normas de contenido
rocesal y no material; Quinto.- Que, en consecuencia la casación no contiene los requisitos de
ndo contemplados en los acápites dos punto uno y dos punto dos del inciso segundo del artículo
escientos ochentiocho del Código Procesal Civil, por lo que en aplicación del artículo trescientos
oventidós del mismo Código, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a
jas quinientos sesenticinco contra la sentencia de vista de fojas quinientos cincuentidós, su fecha
eintinueve de mayo del dos mil uno; CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos
riginados en la tramitación del recurso, así como a la multa de tres Unidades de Referencia
rocesal, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “EI Peruano";
n los seguidos por Lourdes Fortuna M. V. con Sixtilio D. L. V., sobre Variación de Tenencia; y los
evolvieron.
.S.
CHEVARRIA A..
LAZARTE H.
ZUBIATE R.
QUINT ANILLA
VASQUEZ C.
SENTENCIA DE VISTA:
SALA ESPECIALIZADA DE FAMILIA DE LIMA
EXPEDIENTE NRO. 873-2001
Lima, veintinueve de mayo del dos mil uno.-
VISTOS; interviniendo como potente el Señor Carbajal Portocarrero; por sus fundamentos
pertinentes; con lo expuesto por la señora Fiscal Superior; y CONSIDERANDO: Primero.- que, es
materia de la alzada: a) la resolución emitida en la audiencia de fojas doscientos cincuentiocho en
el extremo que declara infundada la tacha formulada por la demandante contra los documentos de
su referencia, presentados por el demandado, y, b) la sentencia, de fojas trescientos sesenticinco;
Segundo: que, conforme al artículo sétimo del Titulo preliminar y ciento veintidós inciso tres y
cuatro del Código Procesal Civil los jueces al resolver deben sujetarse al mérito de lo actuado y al
derecho, pronunciándose respecto de todos los puntos controvertidos, sin ir mas allá del petitorio;
Tercero.- que, según la demanda corriente a fojas cien el petitorio contenido en ella se limita a "la
variación de los términos de la tenencia establecida en la sentencia de separación convencional y
divorcio ulterior de fecha veinte de mayo de mil novecientos ochentiocho expedida por ante el
Décimo Cuarto Juzgado de Familia de Lima, respecto de los menores Sthephanie y Sixtilio Juan
D. M. de ocho y seis años de edad respectivamente, a fin de poderla ejercer de manera exclusiva
Y no en los términos que se indican en dicha sentencia"; Cuarto.- que, en esta sentencia que
aparece de fojas doce a catorce, el referido juzgado estableció "que los menores Sixtilio Juan y
Stephanie D. M., quedarán bajo la tenencia y custodia de la madre, conservando ambos padres la
patria potestad, pudiendo el padre visitarlos sin limitación alguna sin interrumpir sus horarios de
educación y descanso, pudiendo recogerlos de su centro de estudios y retornarlos a la casa de la
madre a mas tardar a las siete de la noche, así mismo semanalmente de forma alternada podrá
retirar a los menores de la casa de la madre el día viernes y regresarlos el día domingo a las ocho
de la noche en época escolar, en época vacacional el padre podrá tener la custodia
correspondiente, durante todo el mes de Febrero de cada año pudiendo incluso viajar con ellos
fuera y dentro del país, contando previamente con la autorización de la madre de los menores.
Revirtiendo el régimen de visitas para la madre en los mismos términos que goza el padre
mientras la custodia la tenga la madre; en las fiestas navideñas, fin de año y los cumpleaños
correspondientes, el padre podrá tener a los menores, medio día completo, es decir de nueve de
la noche a nueve de la mañana siendo éste régimen alternativo cada año con la madre; en caso
que el cónyuge se ausentara de la ciudad por mas de veinticuatro horas, ya sea por motivos de
trabajo, salud, negocios o vacaciones personales, este deberá comunicar al otro anticipadamente
y la custodia en dicho caso recaerá en la otra parte automáticamente; Quinto.- Que, con arreglo al
referido petitorio, en la citada audiencia de fojas doscientos cincuentiocho se fijó como único punto
controvertido "establecer si procede variar la tenencia y custodia de los menores Sthephanie y
Sixtilio Juan D. M. a favor de la demandante"; Sexto.- que, acorde con lo anterior y declarando
fundada la expresada demanda, la sentencia recurrida se ha limitado a establecer que en adelante
la tenencia y custodia de los menores antes nombrados la ejercerá doña Lourdes M. V., quien los
tendrá bajo su cuidado y responsabilidad en su hogar familiar; Sétimo: que en tal virtud no
corresponde a este proceso pronunciamiento alguno sobre la autorización de salida del país de los
mencionados menores; respecto de lo cual esta Sala ha emitido la resolución de fecha diecinueve
de Enero del dos mil uno, que en fotocopia corre a fojas quinientos veintiocho a quinientos
veintinueve; Octavo.- Que, en el artículo ochenticuatro de la Ley veintisiete mil trescientos
treintisiete se señala que el Juez debe FIJAR un régimen de visitas para el progenitor que no
obtenga la tenencia ó custodia del niño, por lo que si varia ésta, de compartida a exclusiva, resulta
imprescindible que el régimen de visitas originalmente fijado deba también ser variado dado que
el Juez debe cuidar que los niños mantengan las relaciones filiales adecuadas con ambos padres,
pero dentro de un orden establecido para no ocasionárseles inseguridad emocional que impida su
desarrollo integral; Noveno.- Que de varlarse la tenencia compartida de los menores a una
exclusiva, debe también fijarse un nuevo régimen de visitas que sea efectivo y permita que el
padre pueda estar con sus hijos durante un determinado tiempo a fin de no perder la relación
paterno filial que debe existir entre ellos por estos fundamentos CONFIRMARON la resolución
expedida en la audiencia de fojas doscientos cincuentiocho, su fecha treinta de Octubre del año
dos mil, en el extremo que declara infundada la tacha antes referida, asimismo; CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas trescientos sesenticinco, su fecha doce de Enero del dos mil uno,
que declara fundada la demanda de variación de tenencia, interpuesta a fojas cien y establece que
doña Lourdes M. V., ejercerá la tenencia custodia de sus menores hijos Stephenie y Sixtilio Juan
D. M. de siete y nueve años respectivamente, quien los tendrá bajo su custodia y responsabilidad,
en su hogar familiar; Asimismo FIJARON un nuevo régimen de visita en sustitución del señalado
en la sentencia de separación convencional y divorcio ulterior de fecha veinte de Mayo de mil
novecientos noventinueve, expedida por el Décimo Cuarto Juzgado de Familia, el que queda
determinado de la siguiente manera: el padre podrá el retirarlos del hogar familiar el primer y
tercer sábado y el segundo y el cuarto domingo de cada mes en el horario comprendido entre las
nueve de la mañana y seis de la tarde, Además que, durante el periodo de vacaciones escolares
de fin de año, los menores podrán ser retirados por su padre del hogar familiar desde las nueve de
la mañana hasta las seis de la tarde de Lunes a Domingo durante todo el mes de Enero de cada
año: asimismo, de variar el domicilio de la madre ésta podrá solicitar ante el juzgado respectivo la
correspondiente autorización de viaje a fin de que se resuelva lo conveniente; y los devolvieron .-
CAPUÑAY CHAVEZ. CARBAJAL PORTOCARRERO
RAMOS LORENZO
COMENTARIO La Sala Suprema ha declarado improcedente el recurso de casación por considerar que el
recurso no tiene los requisitos de fondo a que se refiere los acápites dos punto un, y dos punto dos
del inciso segundo del articulo 388 del Código Procesal Civil. Los fundamentos del recurso son
incongruencias. No se puede sustentar la interpretación errónea y la inaplicación de la misma
norma. En segundo lugar: Los artículos denunciados: 91,160 y 161 del Código de los Niños y
Adolescentes son normas de contenido procesal y no material.
Al haberse pronunciado la Sala Casatoria en observancia de un aspecto procesal, ha quedado
firme lo resuelto por la Sala Especializada de Familia, que al confirmar la sentencia que declara
fundada la demanda de variación de tenencia interpuesta por la madre de los menores NN
ordenando que la tenencia y custodia de dichos menores lo ejercerá la madre en su hogar familiar,
fija además un nuevo régimen de visitas a favor del padre en sustitución del señalado en la
sentencia de separación convencional porque conforme a su noveno considerando “Que de
variarse la tenencia compartida de los menores a una exclusiva, debe también fijarse un nuevo
régimen de visitas que sea efectivo y permita que el padre pueda estar con sus hijos durante un
determinado tiempo a fin de no perder la relación paterno filial que debe existir entre ellos”
sustentando dicho pronunciamiento en lo establecido en el articulo 84 del Código de los Niños y
los Adolescentes. 16
Hcch.
REGIMEN DE VISITAS
CASACION NRO. 2842-2002 LIMA
Sumilla: Debido Proceso
Habiendo la Sala Superior confirmado las apelaciones de la recurrente sin efecto suspensivo y con lacalidad de deferida, y si bien han sido resueltos con el principal, en virtud de la calidad de la alzada, suconfirmatoria no puede ser materia de casación, por tratarse de resoluciones que no ponen fin al procesoni impiden su continuación, siendo así, se tiene que los fundamentos esbozados en la casación nocumplen con los requisitos de fondo para su procedencia.
Hcch.
Lima, dos de octubre del dos mil dos.
VISTOS: Y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos de forma para su
admisibilidad, conforme lo exige el artículo trescientos ochentisiete del Código Procesal Civil;
Segundo.- Que, respecto a los requisitos de fondo, la recurrente invoca como sustento de su
recurso, la causal contenida en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código
Procesal citado, denunciando la Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, pues la Sala de Vista ha transgredido los siguientes dispositivos procesales: a)
Mediante resolución de fojas mil trescientos cincuenta, confirmada por la sentencia de Vista, se ha
exonerado al trámite de las pericias, de la presentación de los anexos que sustentan sus
conclusiones, lo que ha transgredido el principio de publicidad y contradicción de pruebas que
asiste a la recurrente, lo que es contrario al ordenamiento constitucional y al debido proceso
previsto en el artículo ciento treintinueve inciso tercero de la Constitución Política, artículo catorce
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de Hombre y artículo octavo de la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos; b) Las instancias de mérito han omitido
pronunciarse sobre las observaciones a los informes periciales que fueran formuladas por la
recurrente con posterioridad a su ratificación en audiencia especial; observaciones que fueron
admitidas y corrido traslado a los peritos mediante resoluciones de fojas mil ciento ochenta, mil
ciento ochentiocho y mil ciento noventicinco; por lo que, se ha infringido el deber judicial de
motivar las resoluciones; c) La sentencia ha valorado la pericia psiquiátrica practicada al
demandante, que corre a fojas cuatrocientos cincuenta, y que fuera ratificada a fojas mil
trescientos quince, pese a que el acto de ratificación se encuentra viciado de nulidad, pues la
perito modificó su conclusiones respecto del actor variando de "personalidad paranoide" a "rasgos
paranoides", lo cual no puede convalidarse porque se trata de dos conceptos distintos,
convirtiéndose en ilegal dicho medio de prueba; d) Las instancias de mérito han negado su
derecho de defensa al omitir la valoración conjunta de los medios probatorios ofrecidos en su
contestación de la demanda, con los que acredita que el propio demandante confiesa que forzaba
a dormir a la recurrente y su hija en los muebles de la sala, que tuvo que permanecer en la Casa
Refugio de la Municipalidad de San Borja, y que le ocultaba otros ingresos que percibía, etcétera;
asimismo se omite la valoración del medio probatorio de oficio consistente en el expediente sobre
violencia familiar, que se encuentra en trámite, así como también todos los demás medios
probatorios ofrecidos extemporáneamente por la recurrente, con los que acredita la alta
agresividad y la incapacidad de corregirse del demandante, así como su alta peligrosidad, no
obstante lo cual el órgano jurisdiccional favorece al demandante otorgándole un régimen de
visitas; e) Existe incongruencia en el trámite de las pericias presentadas en autos, pues las
observaciones formuladas primigeniamente por recurrente fueron declaradas improcedentes, sin
embargo, posteriormente el juez admite dichas observaciones corriéndose traslado de las mismas
en la audiencia especial de ratificación; Tercero.- Que, con respecto a la denuncia por vicios in
procedendo , es de advertirse lo siguiente: en lo referente a los acápites a) y c), se tiene que los
hechos descritos ya han sido materia de pronunciamiento en primera instancia, la cual ha
declarado la improcedencia tanto del pedido de presentación de anexos de las pericias como de la
nulidad formulada contra la pericia psiquiátrica practicada al demandante, siendo el caso que la
Sala de Vista ha confirmado dicha decisión al resolver las apelaciones concedidas a la recurrente
sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, y si bien es cierto las impugnaciones de los
autos desestimatorios han sido resueltos conjuntamente con la causa principal, en virtud a la
calidad de la alzada, su confirmatoria no puede ser materia de casación, desde que se trata de
resoluciones que no ponen fin al proceso ni impiden su continuación; por lo que, no se encuentran
dentro de las resoluciones impugnables que prevé el artículo trescientos ochenticinco del Código
16 El acápite c) del articulo 84 del Código de los Niños y los Adolescentes faculta al Juez en caso de no existir acuerdo sobre la Tenencia a señalar un Régimen de Visitas para el que no obtenga la
Procesal Civil; que, de otro lado, en lo referente a la denuncia contenida en el acápite b), no se
logra advertir que la falta de pronunciamiento en la sentencias de mérito respecto de las
observaciones formuladas por la recurrente vaya a redundar en el sentido de lo resuelto o en las
consecuencias del fallo, tanto más si el órgano jurisdiccional garantiza a la madre y su hija un
régimen de visitas limitado y supervisado por una asistente social y un psicólogo del equipo
multidisciplinario, y recomienda terapia psicológica para ambos progenitores; que, de otro lado, en
lo que se refiere al acápite d), si bien el artículo ciento noventisiete del Código Procesal Civil
impone al Juzgador la obligación de valorar en forma conjunta todos los medios probatorios,
utilizando su apreciación razonada, también lo faculta al que en su resolución exprese únicamente
las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión, consecuentemente, el
hecho de que la sentencia no haga de las pruebas ofrecidas por la recurrente en su escrito de
demanda, no significa que estos no hayan sido analizados; que, finalmente, en lo referente al
acápite e), la recurrente no fundamenta con claridad y precisión en que ha consistido el agravio su
derecho de defensa, pues de un lado refiere que si bien sus observaciones contra las pericias
fueron primero desestimadas, luego señala que posteriormente las mismas fueron admitidas y
tramitadas conforme al artículo doscientos sesentiséis del Código Procesal Civil, de forma tal que
incluso en el presente recurso casatorio viene denunciando la falta de pronunciamiento de las
instancias de mérito respecto de las citadas observaciones, resultando inadmisible amparar la
declaratoria nulidad por la nulidad misma, pues debe tenerse en cuenta el criterio de esencialidad;
Cuarto.- Que, siendo así, se tiene que los fundamentos esbozados no cumplen con los requisitos
de fondo para su procedencia, conforme lo establece el numeral dos punto tres. del inciso
segundo del artículo trescientos ochentiocho del Código Procesal Civil; en consecuencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo trescientos noventidós; del Código Adjetivo, declararon
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas dos mil catorce contra la sentencia de
vista de fajas mil novecientos sesenticuatro, su fecha veintiséis de julio del dos mil dos;
CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos del recurso, así como a la multa de
tres Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial "El Peruano”. en los seguidos por José Adolfo A. M. contra Lilia Elizabeth C. K. y
otra; sobre Régimen de Visitas; y los devolvieron. "
S.S.
ECHEVARRIA ADRIANZEN
MENDOZA RAMIREZ
LAZARTE HUACO
INFANTES VARGAS
SANTOS PEÑA
SENTENCIA DE VISTA: SALA ESPECIALIZADA DE FAMILIA DE LIMA
EXPEDIENTE NRO. 1847-2002
tenencia o custodia del niño o adolescente.
Lima, veintiséis de julio del año dos mil dos.-
VISTOS, Con el expediente constituido en dos tomos, interviniendo como ponente la señora
Capuñay Chavez de conformidad con lo opinado por la señora Fiscal Superior a fojas mil
ochocientos sesenticinco a mil ochocientos sesentinueve; y, CONSIDERANDO además: Primero.-
Que es materia de apelación con la calidad de diferidas las resoluciones de fojas quinientos,
quinientos seis, seiscientos cuatro, setecientos cuarentiocho setecientos cincuentidós, setecientos
cincuentiséis, mil doscientos veintiuno, mil doscientos treinta, mil doscientos treintinueve, mil
cuatrocientos, mil cuatrocientos ocho y mil cuatrocientos cincuenta; así como la sentencia de
fojas mil setecientos sesenticinco a mil setecientos setenticuatro su fecha veintiuno de enero del
año dos mil dos, que declara fundada en parte la demanda y concede régimen de visitas a favor
de don José Adolfo A. M .en su condición de padre respecto de su menor hija Raquel Zoraida A.
C., los días lunes y jueves en el horario de tres a seis de la tarde dentro del hogar materno,
supervisadas por dos meses sin costas y costos. Segundo.- Que el Padre o la madre que haya
sido impedido o limitado de ejercer el derecho de visitar a su hijo podrá interponer la demanda
correspondiente acompañando la partida de nacimiento que acredite su entroncamiento, tal como
lo señala el artículo 89º del Código de los Niños y Adolescentes. Tercero.- A que mediante escrito
de fojas quinientos cuarenticuatro la demandada pugna la resolución número cuarentidós de fojas
quinientos su fecha tres de marzo del año dos mil que declara improcedente la oposición
planteada en su escrito de fojas cuatrocientos noventiocho, contra la pericia Psiquiátrica numero
54-2000-PSQ practicada al demandante y efectuado por el Instituto de Medicina Legal que corre a
fojas cuatrocientos cincuenta; asimismo mediante escrito de fojas quinientos cincuenta la
demandada impugna la resolución numero cuarentitrés de fojas quinientos seis su fecha tres de
marzo del año dos mil que resuelve declarar improcedente la observación a la pericia psicológica
numero 128-00-MCF-EM-PSI practicada a esta ultima y que corre a fojas cuatrocientos
ochentiséis, ordenada en la audiencia cuya acta obra de fojas ciento sesenta a ciento
sesenticuatro; de igual modo por escrito de fojas ochocientos ocho la demandada impugna la
resolución numero sesentitrés de Fojas setecientos cuarentiocho su fecha veintiocho de abril del
año dos mil, que resuelve declarar improcedente la nulidad deducida por esta parte contra la
resolución numero cincuentitrés de fojas seiscientos cuatro de fecha veintiuno de marzo del año
dos mil. la que declara improcedente la observación planteada por la apelante en su escrito de
fojas quinientos once contra el informe psiquiátrico número 70-2000-PSQ practicado a la
demandada y que corre a fojas cuatrocientos cincuentiséis; y asimismo por escrito de fojas
ochocientos trece la demandada impugna la resolución número sesenticuatro de fojas seiscientos
cincuentidós su fecha veintiocho de abril del año dos mil, que a su vez declara improcedente la
nulidad deducida por esta ultima, contra la resolución numero cincuentinueve de fojas seiscientos
sesenta su fecha veintidós de marzo del dos mil, que a su vez declara improcedente lo solicitado
por la demandada, esto es la observación al informe psicológico número 035-00-MCE-EM-PSI
practicado al demandante que corre a fojas cuatrocientos noventidós; resoluciones apeladas que
por sus propios fundamentos deberán confirmarse, ya que se tratan de medios probatorios
ordenados de oficio el Juzgado según acta de audiencia que corre de fojas ciento sesenta a ciento
sesenticuatro, cuyo mandato tal como lo dispone el articulo 194º del Código Procesal Civil es
impugnable. Cuarto.- A que por escrito de fojas ochocientos dieciocho la demandada apela la
resolución número sesenticinco de fojas setecientos cincuentiséis su fecha veintiocho de abril del
año dos mil que declara improcedente la nulidad deducida por esta parte contra la resolución
número cincuentidós de fojas seiscientos quince, que a su vez declara improcedente lo solicitado
por la apelante en su escrito de fojas seiscientos trece; esto es respecto a la solicitud de publicidad
de medios probatorios referidos a los informes ordenados de oficio, que dichos informes que hace
referencia en el Escrito, están sujetos a la valoración en forma conjunta y razonada por el
Juzgador, en razón de haberse ordenado de oficio, y al haberse agregado a los autos los mismos
han estado a disposición de las partes para su conocimiento, en consecuencia la resolución
número cincuenticinco no adolece de vicio que amerite su nulidad, por lo que la resolución apelada
número cincuenticinco debe confirmarse. Quinto.- A que por escrito de fojas ochocientos
veintitrés la demandada apela la resolución numero sesentiséis de fojas setecientos setenticuatro
su fecha cuatro de mayo del dos mil, que declara improcedente la nulidad deducida por esta parte
contra la resolución número cuarenticinco de fecha nueve de marzo de del mismo año que corre a
fojas quinientos veintinueve, la misma que como se advierte no adolece de vicio alguno que
amerite su nulidad, ya que el informe social cuestionado no es sujeto de observación, sino que
constituye uno de los elementos que se merituará para que en forma conjunta y razonada se emita
la sentencia correspondiente. Sexto.- A que por escrito de fojas mil doscientos ochentiuno la
demandada apela la resolución numero noventisiete que corre a fojas mil doscientos veintiuno su
fecha diecinueve de abril del año dos mil uno que declara improcedente la nulidad formulada por
esta última contra la resolución número noventitrés su fecha veintinueve de marzo del año dos mil
uno que corre a fojas mil ciento ochenta, la misma que corre traslado a la Psicóloga Irma S. A. de
la observación del informe psicológico número 035-00.MCF-EM-PSI de fojas cuatrocientos
noventidós planteada por la propia apelante; asimismo por escrito de fojas mil doscientos
ochentiséis la demandada apela la resolución número noventiocho de fojas mil doscientos treinta
su fecha diecinueve de abril del dos mil uno que a su vez declara 'improcedente la nulidad
deducida por esta última contra la resolución número noventicuatro de fojas mil ciento ochentiocho
su fecha veintinueve de marzo del año dos mil uno, la misma que corre traslado de la observación
de la pericia Psicológica practicado al demandante emitida por el Instituto Nacional de Salud
Mental “Honorio Delgado -Hideyo Noguchi" que corre a fojas novecientos, a la Psicóloga María
Yolanda S. B.; de igual modo a fojas mil doscientos noventa la demandada apela la resolución
número noventinueve de fojas mil doscientos treintinueve su fecha diecinueve de abril del dos mil
uno que declara improcedente la nulidad deducida por la misma contra la resolución número
noventicinco de fojas mil ciento noventicinco su fecha veintinueve de marzo del año dos mil uno la
misma que corre traslado al psicólogo Daniel Edy H. V. de la observación al Informe Psicológico
número 128-00-MCF-EM-PSI que corre de fojas cuatrocientos ochentiséis a cuatrocientos
ochentinueve; asimismo a fojas mil cuatrocientos once la demandada apela la resolución número
ciento diecisiete de fojas mil cuatrocientos su fecha tres de agosto del año dos mil uno que declara
improcedente la nulidad deducida por la misma contra la resolución número ciento catorce de
fecha nueve de julio del mismo año que corre a fojas mil trescientos sesentinueve, que pone a
conocimiento de los peritos el principal y primer otrosi del escrito de la apelante de fojas mil
trescientos sesentiocho resoluciones que por sus propios fundamentos deberán confirmarse, toda
vez que con el hecho de poner en conocimiento del cuestionamiento de un informe al profesional
que la suscribió, para que precise o en su caso aclare lo que aparentemente la parte observante
no entiende o no advierte, de modo alguno se incurre en vicio procesal, por el contrario con ello se
tienen mayores elementos de juicio para poder resolver la controversia; de otro lado por escrito de
fojas ochocientos setentisiete la demandada apela la resolución número setentisiete de fojas
ochocientos cincuentiséis su fecha tres de julio del año dos mil, que resuelve declarar
improcedente la nulidad formulada por lamisma contra la resolución número cincuentidós de fojas
seiscientos tres su fecha veinte de marzo el año dos mil que a su vez resuelve que “carece de
objeto” lo solicitado por la apelante en su escrito de fojas quinientos noventiséis, esto es tacha del
informe Psicológicos número 035-00-MCF-EM-PSI, la misma que deberá confirmarse en razón de
que la citada resolución número cincuentidós, no se advierte que adolece de vicio que la anule.
Séptimo.- A que a fojas mil cuatrocientos dieciséis la demandada apela la resolución ciento
diecinueve que corre a fojas mil cuatrocientos ocho su fecha siete de agosto del año dos mil uno,
que declara improcedente la nulidad deducida por la misma mediante escrito de fojas mil
trescientos ochenta; esto es la nulidad del acto de ratificación de la pericia psiquiátrica que corre a
fojas mil trescientos quince a mil trescientos dieciocho, por parte de la perito doctora Melva P.E.,
resolución que deberá confirmarse por sus propios fundamentos, ya que el acto de ratificación de
la perito es para que el informe escrito emitido por dicha profesional sea corroborado en forma
verbal, y del que se advierte que las partes han formulado preguntas sobre dicho peritaje, cuyo
contenido será de apreciación al momento de emitir la sentencia. Octavo.- A que a fojas mil
quinientos cinco la demandada apela la resolución número ciento veinticinco que corre a fojas mil
cuatrocientos cincuenta su fecha siete de setiembre del año dos mil uno que declara improcedente
lo solicitado por la misma mediante los escritos de fecha veintiséis de junio del año dos mil uno y
de fecha seis de julio de ese mismo año que corren a fojas mil trescientos cincuentidós, y mil
trescientos sesentiocho respectivamente; resolución que deberá confirmarse por sus propios
fundamentos, y además porque habiendo la Psicóloga Irma María S. absuelto el trámite conferido
aduciendo que los instrumentos de evaluación son de manejo exclusivo del profesional en
psicología; ya carece de objeto que el otro perito esto es don Daniel H. lo haga, pues como es de
verse no se ha producido desacuerdo entre ambos al emitir sus informes. Noveno.- Que el equipo
multidisciplinario estará conformado por médicos, psicólogos y asistentes sociales, los mismos que
ejercerán sus funciones en forma obligatoria en cada Juzgado que ejerza competencia en asuntos
de niños y adolescentes, siendo sus atribuciones emitir informes solicitados por el Juez o el Fiscal,
hacer el seguimiento de las medidas y emitir dictamen técnico, para los efectos de la evaluación
correspondiente, así como las recomendaciones para la toma de medidas pertinentes, tal como lo
disponen los artículos 149º y 150º del código de la especialidad. Décimo.: Que el presente
proceso es uno sobre régimen de visitas, por lo que conforme se advierte de las pericias
psicológicas y psiquiátricas efectuadas al demandante, no padece de algún trastorno o alteración
mental, ni se ha acreditado que haya atentado contra la integridad de la menor, por lo que se
encuentra expedito el derecho del mismo para que en su calidad de padre biológico se le señale
un régimen de visitas. Décimo Primer.- Que siendo ello así y en mérito a los dispositivos legales
antes glosado, con la partida de nacimiento de fojas cinco se ha acreditado el entroncamiento del
demandante con la menor cuya visita se solicita, consecuentemente procede amparar la
pretensión, y más aún si de las recomendaciones que se advierten del informe psicológico de fojas
cuatrocientos noventidós a cuatrocientos noventicuatro, se sugiere que al demandante se le
permita el restablecimiento del contacto afectivo con su menor hija, debiéndose también tener
presente que el derecho de visita, no solo le corresponde a los padres; sino también es un
derecho de los propios hijos para poder ver a sus padres y de este modo mantener intacta la
relación paterno filial, que resulta ser importante y necesaria para el desarrollo integral de los
menores, el cual no puede ser soslayado, ni mucho menos recortado por hechos que se han
originado de la relación de pareja y/o familiares; Fundamentos por los que CONFIRMARON las
siguientes resoluciones: de fojas quinientos su fecha tres de marzo del año dos mil; de fojas
quinientos seis su fecha tres de marzo del año dos mil; de fojas setecientos cuarentiocho su fecha
veintiocho de abril del año dos mil; de fojas setecientos cincuentidós su fecha veintiocho de abril
del año dos mil; de fojas setecientos cincuentiséis su fecha veintiocho de abril del año dos mil;
fojas setecientos setenticuatro su fecha cuatro de mayo del año dos mil; de fojas ochocientos
cincuentiséis su fecha tres de julio del año dos mil; de fojas mil doscientos veintiuno su fecha
diecinueve de abril del año dos mil uno; de fojas mil doscientos treinta su fecha diecinueve de abril
del año dos mil uno; de fojas mil doscientos treintinueve su fecha diecinueve de abril del año dos
mil uno; de fojas mil cuatrocientos su fecha tres de agosto del año dos mil uno; de fojas mil
cuatrocientos ocho su fecha siete de agosto del año dos mil uno; y de fojas mil cuatrocientos
Cincuenta su fecha siete de setiembre del año dos mil uno; asimismo CONFIRMARON la
sentencia de fojas mil setecientos sesenticinco a mil setecientos setenticuatro, su fecha veintiuno
de enero del año dos mil dos, que declara fundada en parte la demanda y concede Régimen de
Visitas a favor de don José Adolfo A. M. en su condición de padre respecto de su menor hija
Raquel Zoraida A. C. la que deberá realizarse los días lunes y jueves en el horario de tres a seis
de la tarde dentro del hogar materno con lo demás que contiene, EXHORTANDO a las partes así
como los familiares de ambos, brinden la mayor y mejor predisposición .para el cumplimiento del
presente régimen de visitas, evitando conflictos, enfrentamientos que en nada benefician el
desarrollo integral de .la menor, sin costas ni costos, y los devolvieron.
CAPUÑAY CHAVEZ TELLO GILARDI CABELLO MATAMALA COMENTARIO: La Sala Casatoria se ha pronunciado declarando improcedente el recurso de
casación, con los siguientes fundamentos: 1) Con respecto a la transgresión a los principios de
publicidad y contradicción de las pruebas que le asiste a la accionante, por omisión de la
presentación de los anexos que sustentan las conclusiones de las pericias, así como la valoración
a la prueba pericial que según alega la impugnante se encuentra viciada de nulidad porque el
perito modificó sus conclusiones en el acto de la ratificación, señala la Sala Suprema que estos
hechos ya han sido materia de pronunciamiento en primera instancia, y que a su vez fueron
confirmados por la Sala Superior, y si bien tales apelaciones se resolvieron conjuntamente con la
sentencia, por tratarse de apelaciones sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, su
confirmatoria no puede ser materia de casación por tratarse de autos que no ponen fin al proceso
ni impiden su continuación. 2) Señale además que “no se logra advertir que la falta de
pronunciamiento en las sentencias de mérito respecto de las observaciones formuladas por la
recurrente vaya redundar en el sentido de lo resuelto o en las consecuencias del fallo, tanto mas,
si el órgano jurisdiccional garantiza a la madre y su hija un régimen de visitas limitado y
supervisado por una asistente social y un psicólogo del equipo multidisciplinario, y recomienda una
terapia psicológica para ambos progenitores"; 3) Asimismo menciona, que si bien el articulo 197
impone al Juzgador la obligación de valorar en forma conjunta todos los medios probatorios, del
Código Adjetivo17, también lo faculta a expresar en su resolución únicamente las valoraciones
esenciales y determinantes que sustenten su decisión, y que el no haber hecho mención de las
pruebas ofrecidas por la impugnante no significa que no las haya analizado; y por ultimo señala
que la recurrente no fundamente con claridad y precisión en que ha consistido el agravio a su
derecho de defensa, por cuanto de un lado alega que sus observaciones a las pericias fueron
primero desestimadas, y luego admitidas y tramitadas, de tal forma que se alega en el recurso
casatoria la falta de pronunciamiento por parte de las sentencias de mérito de tales observaciones,
señala “resulta inadmisible amparar la declaratoria nulidad por la nulidad misma, pues debe
tenerse en cuanta el criterio de esencialidad”18 De acuerdo a estos sustentos la Sala Casatoria ha
17 El articulo 197 del Código Procesal Civil señala textualmente que “ Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes y determinante que sustentan su decisión”. Esta norma recoge la orientación publicista, mediante el cual no existe la prueba tasada que estaba regulada por el derogado Código de Procedimientos Civiles de 1914. 18 En materia de nulidad procesal la valoración de la esencialidad o no de la forma no observada en el tramite del proceso y la consecuente declaración de nulidad queda a criterio del Juez, sea invocado por la parte interesada o de oficio. Jorge Horacio Zinny sostiene “Esto significa que la anulación del acto irregularmente cumplido queda siempre a criterio del Juez, pero para que pueda declararla es menester: a) – que la sanción este prevista en la ley, sea en forma genérica para todos los actos o para un conjunto de ellos, sea especifica para un acto determinado; b)- que el vio que lo afecta cause un perjuicio (pas de nullite sans grief).- Esto es fundamental porque, como dijimos, las formalidades procesales no tienen una finalidad en si mismas sino que están establecidas como un medio de garantizar el derecho de defensa.- Por consiguiente, si este derecho no se ve afectado por la irregularidad, la anulación del acto no se justifica.- En este sentido, afirma Alsina que “Las formas son el medio o instrumento de que el legislador se vale para hacer efectiva la garantía constitucional de la defensa del juicio, lo cual constituye el fundamento de los llamados derechos procesales de las partes”. - Y agrega “En cualquier momento en que esa garantía aparezca violada, aunque no haya texto expreso en la ley, la declaración de nulidad se impone, en cambio, no obstante la existencia de un texto expreso, la nulidad es improcedente si a pesar del defecto que el acto contiene el fin propuesto ha sido alcanzado”. - c)- En la misma línea de pensamiento, Maurino sostiene que “las nulidades procesales tienen como misión esencial, enmendar perjuicios efectivos, que surgido de la desviación de las reglas del proceso, pueden generar indefensión". d) No se admite entonces, la nulidad en el solo beneficio de la ley.”.- “Nulidad Procesal”- www.mundojuridico.adv.br.doc
considerado que el recurso no cumple con las exigencias de fondo conforme lo establece el
numeral dos punto tres del inciso segundo del articulo 388 del Código Procesal Civil.
Hcch..
REGIMEN DE VISITAS: CASACION NRO. 3797-2000
LIMA Sumilla: Debido Proceso
Es nula la sentencia de vista que ha sido expedida omitiendo pronunciarse sobre las apelaciones concedidassin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, infringiendo el inciso 4 del art. 122 del Código ProcesalCivil, lo que constituye una contravención a las normas que garantizan el derecho al debido proceso.
Hcch.
Lima, diez de Setiembre del dos mil uno.-
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, vista la causa tres
mil setecientos noventisiete -dos mil en audiencia pública y producida la votación con arreglo a ley,
emite la siguiente sentencia:
1. MATERIA DEL RECURSO Se trata de recurso de casación interpuesto por doña Gloria Ruth G. C. contra la sentencia de vista
de fajas doscientos cincuentidós, su fecha ocho de noviembre de dos mil, expedida por la Sala
Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la sentencia
apelada de fajas doscientos diez, su fecha diez de julio del mismo año, declara fundada en parte la
demanda sobre régimen de visitas; con lo demás que contiene.
2. ~CAUSALES POR LAS CUALES HA SIDO DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por Resolución del veintiocho de febrero del año en curso, esta Sala ha estimado procedente el
recurso por la causal prevista en el inciso 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, al amparo
de la cual la recurrente sustenta que al emitirse la sentencia de vista, la Sala de Familia ha
incurrido en contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al no
haber resuelto la apelación interpuesta contra la resolución que declaró improcedente la excepción
de cosa juzgada propuesta por su parte, que fuera concedida sin efecto y con calidad de diferida
en la audiencia única realizada el veintiséis de octubre de mil novecientos noventinueve, obrante a
fojas setentisiete, así como tampoco resolvió la apelación interpuesta contra la resolución que
declaró improcedente la actuación del medio probatorio ofrecido por la impugnante, consistente en
el expediente seguido por las mismas partes sobre régimen de visitas.
3. CONSIDERANDOS: PRIMERO.- Que tal como consta del acta de la audiencia única de fajas siete, el juzgador
mediante resolución número cuatro, resolvió declarar procedente la excepción de cosa juzgada
deducida por la demandada; siendo que en el mismo acto dicha parte formula apelación contra el
referido auto, la que se concede sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.
SEGUNDO.- Que asimismo, en la referida audiencia el A' quo declara procedente el mérito del
expediente ofrecido como medio probatorio por la recurrente, sobre régimen de visitas seguido
entre las mismas partes; resolución que igualmente al ser apelada por la ésta, fue concedida sin
efecto suspensivo y con la calidad de diferida.
TERCERO.- Que por escritos de fojas noventiocho y ciento cinco, respectivamente, la demandada
Gloria G.C. cumple con fundamentar las apelaciones interpuestas en la audiencia única,
adjuntando las tasas judiciales correspondientes, razón por la cual el juzgador mediante
resoluciones obrantes a fojas ciento dos y ciento cinco, dispone la reserva del trámite de las
mismas a fin que sean resueltas por el Superior conjuntamente con la sentencia en caso de ser
apelada, de conformidad con el artículo 369 del Código Procesal Civil.
CUARTO.- Que elevados los autos a la Sala de Familia a fin que conozca la 8 apelación
interpuesta contra la sentencia de primera instancia, ésta expide la sentencia recurrida omitiendo
pronunciarse sobre aludidas apelaciones concedidas con carácter diferido.
QUINTO.- En consecuencia, al emitirse la sentencia de vista se ha infringido el inciso 4 del artículo
122 de la ley Procesal, configurándose así la causal casatoria denunciada.
4. DECISION: Por los fundamentos precedentes, de conformidad con el Dictamen Fiscal y en aplicación de lo
dispuesto en el apartado 2.1 de inciso 2 del artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Gloria Ruth G. C.; en consecuencia,
NULA la resolución de vista de fojas doscientos cincuentidós, su fecha ocho de noviembre del dos
mil, expedida por la Sala de Familia de la Corte Superior de Lima; ORDENARON que el citado
Colegiado emita nueva resolución con arreglo a ley; en los seguidos por don Francisco Rodolfo S.
R. sobre régimen de visitas; DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el Diario Oficial
“El Peruano”, bajo responsabilidad; y los devolvieron.-
SS.
VASQUEZ V.
CARRION L.
TORRES C.
INFANTES V.
CACERES B.
COMENTARIO: La Resolución Casatoria declara fundado el recurso de casación, basado en que
la Sentencia de Vista ha infringido el inciso 4 del articulo 122 del Código Procesal Civil,19
configurándose la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho al debido
proceso, por cuanto ha omitido pronunciarse sobre dos apelaciones concedidas con el carácter
19 Articulo 122 del Código Procesal Civil.-“ Las resoluciones contienen: .....4. La expresión clara y precisa de lo que se decide y ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; “ dicha norma sanciona con nulidad la resolución infra petita, esto es. la que omite pronunciarse sobre todas las pretensiones que son materia de grado
diferido, la primera contra el auto que declara improcedente la excepción de cosa juzgada y la
segunda contra la resolución que declara improcedente el mérito del expediente ofrecido como
medio probatorio por la impugnante, ambas emitidas en audiencia única.
Hcch.
AUTORIZACION DE VIAJE DE MENOR CASACION NRO. 3408- 2001
LIMA
Sumilla: Aplicación de la norma material adecuada
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No resulta aplicable al caso el articulo 8 del Código de los Niños y los Adolescentes, por cuanto no sediscute en este proceso si el menor tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno familiar,sino si los hijos menores de edad deben ser autorizados para viajar en el extranjero en compañía deuno de sus padres en el periodo de vacaciones
Hcch.
ima, trece de mayo del dos mil dos.- -
A SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLlCA;
ista la causa número tres mil cuatrocientos ocho -dos mil uno, en Audiencia Pública de la fecha y
roducida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO:
e trata del recurso de casación interpuesto por don Ernesto Martín I., mediante escrito de fojas
iento noventicuatro, contra la sentencia de vista emitida por la Sala Especializada de Familia de
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento ochenta, de fecha dieciséis de julio del dos
il uno, que revocando la apelada y reformándola, declaró fundada la solicitud de doña Mariella
inares Noriega del Valle, de autorización de viaje a Estados Unidos de Norteamérica con sus
enores hijas Nathalia María I. L. y Valeria María L. N. del V. o Valeria María I. L.;
UNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, concedido el recurso de casación a fojas doscientos seis,
e declarado procedente por resolución del veinte de noviembre del dos mil uno, por la causal
ontemplada en el inciso segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil,
ustentada en la inaplicación del artículo ocho del Código de los Niños y Adolescentes, que
econoce el derecho del niño a vivir junto a su familia y no ser separado de ella y este derecho es
uperior al derecho de libre tránsito que establece el artículo doce del citado Código;
ONSIDERANDO: Primero.- Que, no se discute en este proceso si el niño y el adolescente
enen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia, sino si los hijos menores de
dad deben ser autorizados para viajar al extranjero en compañía de su madre en el período de
acaciones, lo que está permitido por el artículo ciento doce del Código acotado, por lo que no
esulta aplicable al caso el artículo ocho del referido Código; Segundo.- Que, sin embargo, dado
l tiempo transcurrido pueden haber variado las razones por las que la madre solicitó la
utorización y que sirvieron de sustento a la resolución de vista, lo que determina que para hacer
fectivo el permiso, doña Mariella L. N. del Valle debe previamente justificar las razones, el motivo
del viaje y la documentación que acredita su pedido; Tercero.- Que, por las razones expuestas, de
conformidad con el dictamen del Fiscal Supremo, y no presentándose la causal contemplada en el
inciso segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, y aplicando el artículo
trescientos noventiocho del Código Adjetivo, declararon INFUNDADO el recurso de casación
interpuesto por don Ernesto Martín I., a fojas ciento noventicuatro, NO CASAR la sentencia de
vista de fojas ciento ochenta, del dieciséis de julio del dos mil uno; CONDENARON al recurrente al
pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso, así como a la multa de una
Unidad de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el
diario oficial "El Peruano.; en los seguidos por Mariella L. N. del V.con Ernesto Martín I. O., sobre
Autorización Judicial de Viaje de Menor; y los devolvieron.
S.S.
ECHEVARRIA A.
LAZARTE H.
INFANTES V.
SANTOS P.
QUINTANILLA Q.
SENTENCIA DE VISTA: SALA ESPECIALIZADA DE FAMILIA DE LIMA
EXPEDIENTE NRO. 1520-2001
Lima dieciséis de julio del dos mil uno.
AUTOS y VISTOS interviniendo como vocal ponente la señora Capuñay Chavez, con lo expuesto
por la señora Fiscal a fojas ciento cincuentinueve y ATENDIENDO: Primero.- Que, doña Mariella
L. N. del V., solicita a fojas dieciocho se autorice judicialmente el viaje de su menor hija Nathalia
María I. L. a los Estados Unidos por razones de turismo y poder visitar a su abuela materna en las
vacaciones de fin de año, asimismo señala que su otra hija Valerio María L. N. del V. al no ser
reconocida por su padre solo lleva los apellidos de la solicitante y no requiere de dicha
autorización. Segundo.- Que, don Ernesto Martín I. O., por escrito de rojas sesentiséis a
sesentiocho, señala que la menor Valeria María no fue reconocida por que su madre le negó la
paternidad, pero luego de aclarar estos hechos ha iniciado los trámites para reconocer a dicha
menor; que se opone al viaje en razón de que la madre pretende establecerse en dicho país y que
nadie le asegura que vuelva a ver a sus hijas y señala que cumple con el pago de sus alimentos y
con el régimen de visitas que se le ha señalado; Tercero.- Que al solicitar la madre la presente
autorización de viaje para que su hija pueda compartir las vacaciones con su abuela y demás
familiares no altera el régimen de visitas dispuesto en la sentencia de separación convencional y
divorcio ulterior de fojas ciento diez, toda vez que el pretendido viaje es por un período aproximado
de veinte días, como se advierte de la carta de fojas seis; Cuarto.- Que respecto a la menor
Valeria María ha sido reconocida por su padre conforme se advierte de la partida de fojas ciento
sesentinueve, por lo que corresponde pronunciarse; Quinto.- Que es derecho de los hijos
menores de edad compartir momentos de recreación con sus padres y familiares, por lo que debe
ampararse la presente solicitud y señalarse una nueva fecha para la realización del mismo y
teniendo en consideración que en toda medida concerniente al niño y adolescente debe
considerarse el interés Superior del Niño y el respeto a sus derechos, por lo que estando a lo
dispuesto en los artículos doce y ciento doce del código de los Niños y Adolescentes
REVOCARON la resolución apelada obrante de fojas ciento treintinueve a ciento cuarenta, su
fecha veintinueve de enero del dos mil uno, que resuelve declarar fundada la Oposición formulada
e improcedente el permiso del viaje de ]a menor REFORMÁNDOLA declararon infundada ]a
oposición de viaje formulada por don Ernesto Martín I. O., y FUNDADA la solicitud de doña
Mariella L. N. del V., Autorizando para que viaje a los Estados Unidos de Norteamérica con sus
menores hijas Nathalia María I. L. y V. María L. N. del V. o Valeria Maria I. L. por espacio de
veinte días, pudiendo realizar dicho viaje en el periodo vacacional de fines del presente año, sin
perjudicar su escolaridad; debiendo comunicar al Juzgado la fecha de regreso, y en caso de
incumplimiento se deja a salvo el derecho del padre para que lo haga valer conforme a ley
notificándose y los devolvierón.-
CAPUÑAY CHAVEZ EYZAGUIRRE GARATE
PASAPERA SEMINARIO
EXP. No.: 1520 -2001.
EL VOTO DE LA SEÑORA EYZAGUIRRE GARATE ES EL SIGUIENTE: AUTOS VISTOS, y
ATENDIENDO: Primero.- Que además de lo expuesto en la resolución que antecede, se advierte
con las documentales corrientes de fojas cinco, setenticuatro, setenticinco, setentisiete,
setentiocho y setentinueve, que la demandante cuenta con un trabajo estable en la compañía
"Química Suiza", que le ha permitido afiliarse a un Sistema de Administración de Fondos de
Pensiones y obtener tarjetas de crédito en diversas entidades, lo que denota un grado de
afianzamiento en el ámbito profesional y por ende patrimonial, que aunado al hecho de que la
menor Nathalia María l. L. se encuentra matriculada en el Centro Educativo Colegio "Crlsto Rey"
en el distrito de Pueblo Libre, según documentos de fojas ciento dieciséis a ciento dieciocho
permite inferir que el propósito del viaje al exterior, como lo solicita en su escrito de fojas dieciocho
a veinte es por motivo de turismo y de visitar a los familiares que por la línea materna se
encuentran residiendo en los estados Unidos de Norteamérica Segundo.- Que recortar la
posibilidad de que una menor, quien ha manifestado su deseo de viajar en compañía de su madre
y hermana a fin de conocer Disney World, pueda realizarlo durante el periodo de goce vacacional;
sería atentar contra su derecho de disfrutar de un sano esparcimiento, frustrando con ello sus
ilusiones, que en vez de redundar en una cordial relación paterno filial como corresponde, los
distanciaría probablemente aún más al no comprender ésta por la edad que tiene los reparos del
padre para conceder voluntariamente su permiso; Tercero.- Que de otro lado al haber acordado
ambos padres que la tenencia de la niña la ostentaría la madre, ello no significa desconocer que
su progenitor no tenga derecho a participar en su cuidado y atenciones que por su corta edad
requiera, al no habérsele privado del ejercicio de la patria potestad, mas aún si viene cumpliendo
con su obligación alimentaria es por tal razón que dicha autorización de viaje debe efectivizarse
por un corto periodo de tiempo como el solicitado en la presente causa sin perjuicio que el tiempo
de visitas suspendido por ausencia de la menor, sea compensado con posterioridad en los
próximos días por cuyas consideraciones MI VOTO es porque se REVOQUE la resolución apelada
número cincuentiséis de fojas ciento treintinueve a ciento cuarenta. -EYZAGUIRRE GARATE.-.- COMENTARIO: En esta ejecutoria la Sala Suprema declara infundado el recurso de casación por
no presentarse en el presente caso la causal contemplada en el inciso segundo del articulo 386
del Código Procesal Civil, por cuanto en este proceso de autorización de viaje del menor no se
discute si el niño o el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su
familia tal como lo establece el articulo 8 del Código de los Niños y los Adolescentes, sino si los
menores de edad deben ser autorizados para viajar al extranjero en compañía de su madre
durante las vacaciones, lo que esta regulado por el articulo 12 y 112 del citado Código20, por lo
que no existe inaplicación de la norma material denunciada.
Hcch.
VIOLENCIA FAMILIAR CASACION NRO. 3000-2000
LIMA Sumilla: Motivación de las Resoluciones
Lima, catorce de febrero del dos mil uno.-
Es nula la Sentencia de Vista que resuelve revocar la sentencia apelada de primara instancia, omitiendosustentarla jurídicamente, lo que genera una flagrante contravención al debido proceso, por cuanto, elartículo 122, inciso tercero, del Código Adjetivo prescribe que toda resolución, bajo sanción de nulidadcontendrá la relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho Y los respectivos dederecho que sustentan su decisión
Hcch.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA,
vista la causa número tres mil -dos mil, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación
con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso
de Casación interpuesto por doña Aquilina Alfonso B. T. contra la sentencia de vista de fojas
doscientos sesenticuatro, su fecha seis de septiembre del dos mil, expedida por la Sala
especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima la que resuelve revocar la
sentencia apelada que declara fundada la demanda de violencia familiar y reformándola declara
INFUNDADA la demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Corte Casatoria, mediante
resolución suprema de fecha quince de noviembre del dos mil, ha estimado procedente el recurso
por la causal de contravención de los artículos ciento treintinueve, inciso quinto, de la Constitución
y el artículo ciento veintiuno y ciento veintidós del Código Procesal Civil debido a que la sentencia
20 Artículo 12 del Código de los Niños y Adolescentes dentro del Libro Correspondiente a los Derechos Civiles del Niño, se señala textualmente: Al libre transito : El niño y el Adolescente tienen derecho a la libertad de transito con las restricciones y autorizaciones que se señalan en el Libro Tercero de este Código”
de vista carece de motivación; CONSIDERANDO: Primero: Que, es garantía constitucional y
principio de la función jurisdiccional, prevista en el articulo ciento treintinueve, inciso quinto de la
Constitución Política del Perú, la motivación escrita de las resoluciones, judiciales en todas las
instancias, excepto las de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los
fundamentos de hecho en que se sustentan; Segundo: Que, el articulo doce de la Ley Orgánica
del Poder Judicial prescribe que todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son
motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan,
pudiendo reproducirse en todo o en parte sólo en segunda instancia, al absolver el grado;
Tercero: Que, el artículo ciento veintidós, inciso tercero, del Código Adjetivo prescribe que toda
resolución contendrá la relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho Y los
respectivos de derecho que sustentan su decisión; asimismo, el artículo cincuenta, inciso sexto,
del Código Procesal Civil establece que es deber del juez fundamentar su sentencia, bajo sanción
de nulidad; Cuarto: Que, en el caso de autos la Sala resuelve revocar sentencia apelada de
primera instancia pero omite sustentarla jurídicamente lo que genera una flagrante contravención
al derecho al debido proceso del recurrente; Quinto: Que, la motivación de las resoluciones
judiciales puede ser conceptuada como “el argumento o razón del modo de solución de un
conflicto, esto es, trata de explicar y dar a comprender los motivos que ha tenido la autoridad
judicial para fallar de determinada manera (Derecho Judicial, Victor García Toma, Concytec, mil
novecientos noventa, página dieciséis)” Sexto: Que, en consecuencia, la motivación jurídica de las
resoluciones judiciales no sólo es un deber de los magistrados, prevista como exigencia legal de
validez de una sentencia, sino que también es un requisito de justicia necesario para cautelar el
derecho de defensa de la otra parte; estando al mérito de lo expresado así como de los
dispositivos legales referidos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo trescientos
noventiséis; Declararon: FUNDADO el recurso de casación de fojas doscientos setenticuatro; en
consecuencia NULA la resolución de vista de fojas doscientos sesenticuatro, fechada el seis de
septiembre del año próximo pasado; DISPUSIERON que la Sala Especializada de Familia de la
.Corte Superior de Justicia de lima expida nuevo fallo de acuerdo a Ley; : ORDENARON la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano"; en los seguidos por doña
Aquilina Lucila V. A. contra don Julio Gustavo P. Q. sobre Violencia Familiar; y los devolvieron.-
SS
IBERICO M.
ECHEVARRIA A.
SEMINARIO V.
DEZA P.
TORRES T.
COMENTARIO: En esta Ejecutoria Suprema se ha declara fundado el recurso de casación,
declarando la nulidad de la Sentencia de Vista que revoca la sentencia de primera instancia que
declara fundada la demanda de violencia familiar en la modalidad de maltrato físico y psicológico y
ordena además entre otras medidas el retiro temporal del demandado del hogar de familia, por
cuanto la Sala Superior ha omitido sustentar jurídicamente su decisión, hecho que genera una
flagrante contravención al derecho al debido proceso del impugnante.
Es de destacar el sustento de la decisión de la Sala Casatoria cuando define la motivación de las
resoluciones judiciales como “el argumento o razón del modo de solución de un conflicto, esto es,
se trata de explicar y dar a comprender los motivos que ha tenido la autoridad judicial para fallar
de determinada manera (Derecho Judicial, Víctor García Toma, CONCYTEC, 1990, pagina 16)”. .
El inciso 3 del articulo 122 del Código Procesal Civil establece que toda resolución debe contener
la relación correlativa enumerada de los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho que
sustentan su decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho, sancionando con la
nulidad la resolución que no cumpliera con dichas exigencias, siendo que esta garantía de la
función jurisdiccional se encuentra consagrada en el inciso quinto del articulo 139 de la
Constitución Política del Estado21.
Hcch.
.
21 Al respecto BEATRIZ FRANCISKOVIC INGUNZA en la sección “Aportes Legales” de la Pagina Web de Editora Perú señala “La función del operador de justicia no puede consistir en que en cada considerando repita los hechos expuestos por las partes y en otros cumpla con citar determinados artículos tipos, como a quién corresponde la carga de la prueba, en qué consiste la finalidad de la prueba, y que al fallar baste con citar una gama de artículos, sin que la resolución expedida sea de fácil entendimiento para las partes. Por nuestra Constitución Política (inciso 5 artículo 139º), la debida motivación de las resoluciones constituye una obligación y es un principio que debe observar todo magistrado en sus funciones, entendida ésta como el ejercicio que cumplen los jueces al impartir justicia, resolviendo incertidumbres y conflictos con relevancia jurídica y con igualdad de partes. De otro lado, nuestro Código Procesal Civil, en el artículo 122º (incisos 3 y 4, modificados por la Ley Nº 27524 del 6 de octubre de 2001) precisa determinados requisitos que debe cumplir una resolución para que no sea pasable de nulidad. Con lo expuesto, se demuestra que la norma constitucional, en concordancia con la procesal, exige que todo operador interprete y aplique las leyes dentro de lo racional o de lo razonable, que se pronuncie respecto al fondo de la cuestión que cada una de las partes en el ejercicio legítimo de sus derechos e intereses plantee ante los órganos judiciales.”