Revista Zigurat N 7Mayo 2013 / ISSN 1514-8874

Carrera de Ciencias de la ComunicacinFacultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

staffDecanoSergio CalettiVicedecanaProf. Adriana ClementeCarrera de Ciencias de la Comunicacin

DirectorGlenn Postolski

Secretaria AcadmicaDaniela Bruno

Coordinadora TcnicaDolores Guichandut

Coordinacin editorialShila VilkerMercedes CalzadoSebastin Comellini

Colaboran en este nmero

Damin LoretiCarlos MangoneGustavo BullaMara Rosa GmezIgnacio RamrezFelisa SantosAlejandra VitaleLuciana LopardoAlberto AscioneShila VilkerClaudia Lpez BarrosFernanda JurezChristian FerrerMara PaulinelliAriel IdezSoledad VallejosRicardo ForsterLuis AlnMara Eugenia ContursiPablo AlabarcesIrene KleinIrene CandyMnica BermanMnica KirchheimerMartn Schiappacasse

Edicin y correccin de textosLuz Azcona

Diseo y armadoCristina Agostoni

Agradecimientos:Fernanda Juarez, Christian Ferrer, Oscar Steimberg.

Agradecemos al Equipo Editorial de la revista Actes de la recherche en sciences sociales y a los familiares de Pierre Bourdieu por permitirnos publicar el trabajo Les sciences sociales et la philosophie.

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Presentacin

n Dossier Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual

Damin Loreti Acerca de la nueva Ley de Servicios de

Comunicacin Audiovisual N 26.522EL CASO ARGENTINO

Carlos MangoneLos lmites del debate acerca de la nueva

Ley N 26.522. BALANCE Y PERSPECTIVAS DESDE EL SOCIALISMO

Gustavo BullaA ms de tres aos de la sancin de la Ley

N 26.522. UN BALANCE PROVISORIO

Mara Rosa Gmez Reflexiones en torno a la Ley de Servicios

de Comunicacin AudiovisualMEDIOS, DERECHOS HUMANOS Y

ASIGNATURAS PENDIENTES

Ignacio RamrezEl impacto meditico en el marco del debate

sobre la Ley N 26.522. LOS MEDIOS Y EL FIN DE LA INOCENCIA

n TraduccionesPierre Bourdieu. LAS CIENCIAS SOCIALES

Y LA FILOSOFA (traduccin a cargo de Felisa Santos)

n EntrevistasEntrevista al Dr. Manuel Gaggero

EL MUNDO DEL REVS: UN CASO INSLITO DEL PERIODISMO ARGENTINO

Por Alejandra Vitale, Luciana Lopardo y Alberto Ascione

Entrevista a Oscar SteimbergSTEIMBERG, ETCTERA

Por Shila Vilker y Claudia Lpez Barros

n Dossier Barn Biza En carne viva

Por Fernanda JurezEl Hijo

Por Christian FerrerDonde todo est permitido

Por Mara PaulinelliLa clase (o la lrica y el asma)

Por Fernanda Jurez

Textos originales de Barn Biza

n TesisLA INTRIGA DE LA VANGUARDIA: UNA INDAGACIN ACERCA DE LA REVISTA

LITERAL (1973-1977)Por Ariel Idez

SOBRE LA MARCHA. TRES ESCENAS DE LA PRCTICA PERIODSTICA

Por Soledad Vallejos

n In memorian Casullo: Forster

Duhalde: Aln

n BibliogrficasESCRITOS, DE ANTOINE CULIOLI

Por Mara Eugenia Contursi

THOMPSON & WILLIAMS (Y MODART)Por Pablo Alabarces

n Reseas RevistasAvatares

Entrelneas Sincdoque

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ZIGURAT 7

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Presentacin

La revista Zigurat, publicacin oficial de la Carrera de Ciencias de la Comunicacin de la uba, presenta y celebra, tras una larga ausencia, su sptima edicin. La revista naci hace ya muchos aos, cuando nuestra Casa an estaba consolidando lo que seran sus campos de estudio. Haba all libertad barroca, evidenciada en el entrecruzamiento de estilos e intereses. Hoy pretendemos continuar ese legado, alejados de las exigencias de la acreditacin y seducidos por los intereses de nuestra comunidad.

Este nmero dedica uno de sus Dossier a reflexionar sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual N 26.522. Con aportes de Damin Loreti, Carlos Mangone, Gustavo Bulla, Mara Rosa Gmez e Ignacio Ramrez, repasa sus aspectos bsicos analizando sus implicancias polticas, econmicas y culturales desde mltiples miradas.

El nuevo nmero presenta adems una Traduccin del filsofo Pierre Bourdieu, Las ciencias sociales y la filosofa (a cargo de Felisa Santos), seguida de dos Entrevistas. Una de ellas ofrece el testimonio del Doctor Manuel Gaggero, segundo director del desaparecido diario El Mundo. La otra, indaga en la voz del poeta Oscar Steimberg, que slo por momentos se trasviste como semilogo.

Otro de los Dossier centrales est dedicado a Jorge Barn Biza, escritor que adems de una novela dej una obra periodstica notable. A travs de textos aportados por intelectuales cercanos al autor como Christian Ferrer, Mara Paulinelli y Fernanda Jurez, Zigurat invita a conocer esta obra ofreciendo una seleccin de artculos, en algunos casos inditos, del propio Jorge Barn Biza.

Como en nmeros anteriores, la presente edicin contiene tambin resmenes de Tesis. En este caso se trata de La intriga de la vanguardia: una indagacin acerca de la revista Literal (1973-1977), trabajo en el que Ariel Idez rastrea los aportes de esta revista desde una perspectiva comunicacional, y de Sobre la marcha. Tres escenas de la prctica periodstica, en el que Soledad Vallejos reflexiona acerca de la produccin periodstica en el panorama actual.

Bibliogrficas propone una resea del primer libro de Antoine Culioli e inaugura la revisita de clsicos con un texto de Pablo Alabarces que recupera el particular recorrido de la obra de Raymond Williams en nuestro pas. Se resean adems, tres publicaciones ligadas a la Carrera de Comunicacin: Avatares, revista que difunde investigaciones de docentes, graduados y estudiantes; Entrelneas, revista virtual con origen en el Taller de Expresin I; y Sincdoque, espacio abierto a alumnos y egresados.

Finalmente, In Memorian se pretende como un homenaje para recordar a los queridos Nicols Casullo y Eduardo Luis Duhalde; los evocamos a travs de la mirada de dos compaeros y amigos como Ricardo Forster y Luis Aln.

Esperamos que disfruten su lectura como nosotros hemos disfrutado de su armado.

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AcercA de lA nuevA ley de ServicioS de comunicAcin AudioviSuAl N26.522

El caso argentinoAlgunAs cuestiones fundAmentAles

Por empezar, la Ley 26.522 cuenta con un texto normativo en s mismo -el articulado-, y dos ti-pos de notas. Unas se refieren al derecho com-parado, tienen que ver con la interpretacin del texto y exponen estndares de derechos humanos o declaraciones de los relatores de la libertad de expresin. Estas notas explican

cmo surgi el texto y cules son las fuentes, en qu se inspira y de qu modo esto debe ser interpretado. Des-pus del Cdigo Civil es la primera ley en la legislacin argentina con notas en el propio texto de la ley.

En la segunda tanda de notas aparece una serie de nom-bres de personas y organizaciones. Esto se debe a que cuando la Presidenta de la Nacin present el texto en marzo del 2009 en el Teatro Argentino de La Plata, hizo una propuesta de proyecto de ley y no expuso el proyecto en s. Esta propuesta se llev a la discusin en distintos foros, muchos de ellos en universidades. Al final de la revisin del texto, adems de los aportes hechos por las representacio-nes de la sociedad civil, aparecen nombres de personas que tuvieron la palabra en los foros y propusieron a su vez reformas y cambios. En total 170. Asimismo, por otra va se mandaban textos a la pgina web del Comit Federal de Radiodifusin sugiriendo cambios a lo articulado.

por Damin Loreti

La Ley de ServicioS de comunicacin audioviSuaL, a diferencia de La Ley de radiodifuSin n 22.285

que data de La dictadura, no trabaja Sobre La reguLacin deL Soporte ni toma como baSe eL cri-

terio de que aqueLLo que eS reguLado tiene que ver con eL uSo deL eSpectro radioeLctrico. a partir

de eSta diStincin, damin Loreti detaLLa aSpectoS fundamentaLeS acerca de La nueva Ley que, cen-trndoSe en eL tipo de actividad que Se reaLiza y

tomando eL modeLo de La directiva europea, buSca fomentar un eStndar y ofrecer una pLataforma

jurdica deStinada a La promocin de La diverSidad, La Libertad de expreSin y eL pLuraLiSmo.

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La legislacin 26.522 se apoya en la declaracin de los 21 puntos de la Coalicin por una Radiodifusin De-mocrtica, formada por cerca de 2000 entidades. Esta coalicin aport 21 temas claves que no podan faltar en una regulacin de medios. A partir de ah se configur la estructura por instruccin de la presidenta de la nacin.

Argentina necesitaba de forma perentoria un cambio de ley, por razones polticas y tecnolgicas. Como se sabe, el Cdigo Civil regula el derecho de propiedad y no cmo deben ser puestos los ladrillos, porque esto le corres-ponde a las reglas del arte y la edificacin. En este sen-tido, las leyes de Radiodifusin y la ley de Servicio Au-diovisual no entran en debates de tipo tecnolgico - por ejemplo si se utiliza una banda, un multiplex, etc. - por-que de este modo, cada vez que cambiara la tecnologa habra que cambiar la ley. Por esta razn, la ley es tecno-lgicamente neutra y tiende a plantear regulaciones en funcin de garantas de libertad de expresin, pluralismo y diversidad.

En atencin a lo dicho, resulta pertinente poner la lupa en aquello que la ley no tiene y est bien que no tenga:

1. No alude a cuestiones de regulacin de tecno-logas.

2. No propone previsiones sobre la calidad de la informacin que se debe discutir.

3. No divide el espectro radioelctrico en 33, 33, y 33 %, a pesar del mito que dice que esto le da un tercio del espectro al Estado, uno a los privados comerciales y uno a los privados co-munitarios sin fines de lucro. El nico porcenta-je estipulado es el de reservar un tercio de las localizaciones radioelctricas a entidades sin fines de lucro para garantizar la existencia de 3 franjas y no de 3 tercios.

4. No tiene restricciones a la tipologa de las emi-soras comunitarias para su funcionamiento.

Algunos Aportes de lA nuevA ley

La nueva Ley propone cambios sustanciales para supe-rar la antigua ley de la dictadura. Cuenta con un conjunto de artculos preliminares que sealan la interpretacin de la ley y los fines que se deben cumplir con la normativa. La razn es aplicar mecanismos regulatorios destinados a fomentar el ejercicio de la libertad de expresin y el derecho a la informacin, achicar la brecha tecnolgica y desarrollar instancias de pluralismo y diversidad. El criterio que prevalece es el de servicio audiovisual y no el de radiodifusin, pues se incorpora dentro del objeto de la previsin legal no slo a los medios que funcionan por aire sino que se contemplan servicios con un soporte distinto (cable o Internet). Esto es importante porque los servicios de comunicacin audiovisual estn protegidos y amparados por el convenio de diversidad cultural de unesco, por lo que los Estados no slo tienen la posibili-dad de defenderlos sino la obligacin.

La Ley toma como principio de regulacin lo que se lla-ma servicio de comunicacin audiovisual en lnea de la Directiva europea del ao 2007. Esto implica estar am-parado por los principios de diversidad y pluralismo que se buscan afianzar mediante las ofertas de contenido or-ganizados como oferta permanente, englobando los ser-vicios clsicamente conocidos como de radiodifusin.

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Estos ltimos se distinguen de los servicios por catlogo disponibles por Internet o por telfono, es decir, por de-manda, pues en este caso no hay una oferta permanente ni una organizacin por horarios, sino que hay productos desarticulados entre s a la hora de ser ofrecidos.

Otro cambio tiene que ver con que las seales que no tenan cobertura o responsabilidad van a tener un re-gistro. As, si se explota publicidad esto tributar por las ganancias de fuente argentina, lo que permitir que la responsabilidad por los contenidos recaiga sobre el ad-ministrador editorial de contenidos y no sobre los opera-dores de cable o los proveedores de servicio de Internet. Por lo tanto, aquel que va a explotar el servicio tiene la oportunidad de regularizarse hacindose responsable de los impuestos y de los contenidos.

conformAcin de AutoridAdes y otorgAmiento de licenciAs

La ley cambia el modo de concebir y de conformar las autoridades regulatorias. Ahora habr siete miembros en el escritorio, de los cuales dos sern designados por el poder ejecutivo (entre ellos el presidente), tres por la comisin bicameral de comunicacin audiovisual que corresponde a la primera, segunda y tercera minora del congreso, y los ltimos dos por el consejo federal de co-municacin audiovisual. Ocasionalmente podr haber mayora del partido gobernante, pero no necesariamente.

El Consejo Federal se constituye por un representan-te por provincia, e intervienen 14 ms que suman 38 y representan a los sindicatos de los trabajadores del sector de la comunicacin audiovisual, a las empresas comerciales de la actividad y a las entidades sin fines de lucro prestadores de servicios. Asimismo, participan representantes de la autoridad pblica, uno de la carrera de Comunicacin, otro de las radios universitarias, uno por las entidades de los pueblos originarios, otro por las asociaciones autorales, etc. Estos 38 eligen dos de los 7 directores, uno de los cuales debe ser de la carrera de Comunicacin Social, Periodismo o Ciencias de la Infor-macin de la universidad pblica.

Este Consejo Federal no tiene la finalidad de asesorar sino de disear polticas, armar los pliegos para los con-cursos y designar jurados. El Consejo tiene la facultad de proponer polticas activas y pedir rendicin de cuentas al directorio, y tiene una articulacin inmediata con la figura del defensor del pblico. Este ltimo es un funcionario parlamentario designado por el Congreso cuya misin es defender los derechos de los usuarios, consumidores y pblico de los medios frente a la autoridad, frente a los medios pblicos, privados, comerciales y no comerciales.

En la ley anterior, el mecanismo de concurso se daba slo para emisoras abiertas, lo que implicaba que aque-llo que no constitua un servicio abierto o complementa-rio se asignaba segn la demanda. Por eso, en muchos lugares no se abrieron medios que rompieran los mono-polios locales. La nueva ley, en cambio, propone como modo de adjudicacin de licencias el concurso pblico, abierto y permanente. Esto quiere decir que si el concur-so queda desierto se reitera el llamado, y que si alguien encuentra una frecuencia disponible y demuestra que tcnicamente puede ser incorporada, se suma al plan y se llama a concurso a fin de hacer crecer las instancias de pluralismo.

Existe un requisito adicional para que las licencias sean renovadas. Se trata de la audiencia pblica, que va de la mano de la transparencia con respecto a los prestadores de servicios. stos deben tener disponible al pblico una carpeta en la cual se d a conocer la propuesta por la cual se les adjudic la licencia, qu tipo de programacin educativa y cultural propusieron, qu intercambio tuvie-ron en materia de estas cuestiones con la autoridad de aplicacin y quines son los anunciantes de los dueos. De modo tal que si alguien gana la licencia tiene que seguir explotndola en base al compromiso que adopt.

Asimismo, la ley pide un registro a los que no utilizan espectro. Las seales son definidas como contenidos empaquetados que se difunden por terceros con un res-ponsable editorial. Si no se utiliza el espectro debe haber un registro, de lo contrario la falta es de quien retransmi-te. Por lo tanto, habr dos tipos de prestadores privados: con licencia o con registro. Los medios pblicos o es-tatales y los pueblos originarios tendrn autorizaciones,

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lo que hace que la Ley de Medios sea ms progresista que la ley del Instituto Nacional de Asuntos Indgenas, pues las comunidades de pueblos originarios tendrn la obligacin de inscribirse cumpliendo una serie de forma-lidades y, una vez hecho el trmite, se les otorgar la personera.

concentrAcin y desconcentrAcin

En lo relativo al modelo de control de concentracin, la Declaracin de Principios de Libertad de Expresin, en su principio N 12, menciona que los Estados deben to-mar medidas antimonoplicas o antioligoplicas. En este plano la Ley trabaja en 3 direcciones: una es la va del crecimiento de nuevas voces. De hecho, en los lugares de alta vulnerabilidad social, cuando haya espectro que corresponda a emisoras de muy baja potencia no habr concurso: directamente habr adjudicacin a demanda, sin derecho a prrroga, a fin de promover la aparicin de medios en los lugares en los que no hay. Por otro lado, se fomenta la promocin de contenidos propios y locales, y se establece un mecanismo de control de concentracin.

En radiodifusin se prevn hasta 10 licencias. Cuando alguien tenga ms de 2, de acuerdo al lugar en el que estn colocadas, se le exigir que esa acumulacin se d de diferente modo. Por ejemplo, si hay ms de 8 fm se podrn tener 2; si hay menos de 8 fm se podr tener 1, y slo acumular con un am, pero hasta 3 en la misma rea de cobertura. Se puede tener un am y dos fm, un am y una fm y un canal de televisin abierta o un canal de cable. Lo que no se podr tener es un canal de cable en el mismo lugar en el que se tiene un canal de televisin, porque el grado de concentracin que existe en el cable implica que, sacando la ciudad de Buenos Aires, en el resto del pas haya un monopolio verticalizado pues la mayora de las ciudades tienen una sola oferta de televisin abierta, es decir, un nico prestador.

Las 10 licencias referidas irn de acuerdo a una tipologa de medios, planteada en el artculo 45, que se refiere a qu es lo que se puede concentrar en una mnima rea de cobertura o no. A nivel nacional, si estn dispersas, se pueden tener 10 licencias pero no de cualquier cosa, por-

que el techo de cantidad de licencias se mide contra un techo de concentracin de mercados. Este es el modelo de concentracin en ee.uu. y Europa, e implica que no es lo mismo tener 6 fm a lo largo de la ruta 5, que abarca 600 kilmetros entre Buenos Aires y Santa Rosa (no obstante el dueo del diario de Santa Rosa las tiene), con tener 6 am de alta potencia en Buenos Aires, Crdoba, Rosario, Mendoza, Tucumn y Corrientes. Numricamente es lo mismo, pero en trminos de concentracin de mercados no. En este sentido, la ley plantea que nadie pueda tener ms de un 35% del mercado potencial del servicio.

En el caso del cable, se estipula que se pueden tener hasta 24 licencias. Cada licencia implica un servicio in-dependiente, con un canal e informativo propio y con las mismas condiciones que un canal abierto. Lo que no est definido por la ley es cul es el rea de jurisdiccin de cada una de las licencias. La ley antigua no tena lmites para servicios que no eran concursados, con la condicin de que no se superpusieran a servicios complementa-rios. Con la fusin de Cablevisin y Multicanal pegaron dos servicios en la misma rea en muchsimas ciudades. Con la nueva ley, en cambio, hay un control de concen-tracin cruzado entre cantidad de licencias y penetracin de mercados.

El otro modelo de desconcentracin que existe se refiere a los derechos de exhibicin. El ftbol era el ejemplo pa-radigmtico, en el cual haba un conjunto de derechos de exhibicin monopolizados cuando se trataba de seales

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de inters relevante, pero no era el nico caso en el cual se establecan condiciones de comercializacin de con-tenidos de inters relevante en modos monoplicos. Para regular esto, el modelo adoptado por Argentina consiste en que el Consejo Federal hace una lista de eventos que debe poner a disposicin de oferentes a fin de garantizar que, al menos en condiciones bsicas, los contenidos se ofrezcan a los interesados. En el Mundial del 2002, Directv tena los derechos, y despus de que saliera la ley especfica de la seleccin, Directv tuvo que hacer una oferta pblica a televisoras abiertas para que stas ofrecieran dinero por los derechos de exhibicin. Esto implic que Directv proporcion un servicio Premium pago, pero los partidos de la seleccin y los del Mundial se pasaron tambin por televisin abierta.

componentes del cAmbio

La Ley cuenta con un captulo sobre el nuevo diseo de los medios pblicos, y con una aplicacin calcada de la autoridad federal de servicios de comunicacin audiovi-sual: 7 directores, 2 por el ejecutivo, 3 por el parlamento, 2 por el Consejo Federal. El armado de rta importa un modo de contratacin distinto, tiene un modelo a cumplir de modos de programacin y de cuotas mnimas de pro-gramacin de intereses, y tiene tambin una lista de obli-gaciones, entre ellas dar equidad informativa a los distin-tos sectores de la sociedad cuando se traten cuestiones de relevancia e inters pblico. Tambin cuenta con un Consejo Honorario de Medios Pblicos, ante el cual el di-rectorio debe rendir cuentas y armar su programacin en tanto reciba propuestas de este consejo honorario, que no tiene una conformacin igual a la del Consejo Fede-ral, porque las provincias no intervienen del mismo modo, pero est destinado a ser un control de seguimiento y propuestas de contenido. Se espera que los modos de gestin de los medios pblicos puedan plantear un mode-lo de alfabetizacin meditica con otros estilos, estticas y ticas periodsticas que sirvan de modelo.

Otra cuestin es la promocin de contenidos mnimos, propios e independientes. En el interior del pas, el por-centaje de ficcin es cero, con aproximacin a 1% anual

si se considera lo que empez a hacer la televisora de los servicios de radio y televisin de la Universidad de Cr-doba. Solamente 7 ciudades tienen ms de una cadena de televisin abierta, y en muchos casos se retransmite lo que viene de Buenos Aires. La ley establece un pla-zo progresivo de ventanas de contenidos mnimos y de techo a la reproduccin de redes. Hay una escala con estmulos impositivos para que se alcance.

Otro elemento que plantea la Ley es el famoso tema de la adecuacin a las nuevas reglas de concentracin. Se ha escrito cosas que resultan de una mala lectura de La ley, y una es que los medios tienen que salir a vender aquello que les sobra respecto a los lmites de concen-tracin. Las condiciones de adecuacin no quieren decir que se hace lo que quiere la autoridad de aplicacin. Ha-bra que agregar a este principio de desconcentracin que la unesco, en marzo de 2008, por medio del Pro-grama Internacional de Desarrollo de las Comunicacio-nes, incluye en sus Indicadores de Pluralismo en los medios de comunicacin que los Estados deben tener reglas que obliguen a desinvertir en el sector cuando las condiciones de concentracin ahoguen el pluralismo y la libertad de expresin. Y que adems de polticas, deben incluir sanciones por incumplimientos.

deberes y derechos

En otro plano, la Ley tiene un par de artculos vinculados a derechos del pblico y derecho a participacin en au-diencias pblicas. Una de las alternativas, mencionada antes, es la renovacin de licencia, y otra la resolucin en la que ser utilizado el dividendo digital, el espacio que quede en el espectro radioelctrico en base a la mejor

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utilizacin de las frecuencias por tecnologa digitalizada. Una vez que se migren los servicios de la banda del 2 al 13 o a la banda del 14 para arriba, lo que se resuelva ha-cer con eso tendr que estar sujeto a audiencia pblica no vinculante, pero se deber discutir qu se debe hacer.

Con respecto a los gravmenes, se mantienen los que estn, en algunos casos se bajan pero no se desfi-nancia la posibilidad de desarrollo de la actividad con soporte en el gravamen porque crece la cantidad de aportantes en la medida de que quienes hoy ponen plata en una seal, cuando esa seal tributa en el extranjero porque se emite all, estarn obligados a tributar en la Argentina (criterio tomado de la legislacin canadiense). Lo que fija la ley es que quien pone plata en una seal o medio extranjero que ilumina a Argentina no lo puede deducir de ganancias. En cualquier actividad econmica, los gastos de publicidad se deducen de la ganancia. En definitiva, con igual o menos gravamen en algunos ser-vicios respecto a lo que exista en la ley de los militares, ahora debera crecer la cantidad de dinero existente para financiar el medio pblico, para sostener la autoridad de aplicacin del defensor del pblico y tambin el Institu-to Nacional de la Msica, que todava no est creado, y programas de capacitacin y preparacin tecnolgica para medios pblicos y medios comunitarios destinados a financiar la digitalizacin y el salto tecnolgico.

Por otro lado, pueden ser prestadores de servicio de co-municacin audiovisual las personas jurdicas, fsicas o de existencia ideal, como dice el cdigo civil, de derecho privado con o sin fines de lucro. Las personas jurdicas de derecho pblico, el Estado o municipales y la Iglesia Catlica. Con respecto a los privados hay excepciones, la inicial es que tienen que tener como objeto social ex-clusivo prestar servicio de comunicacin, y no pueden ser prestadores de servicio pblico en condiciones mo-noplicas (esto deja afuera Telefnica y Telecom), pero s pueden entrar las entidades que presten servicios mo-noplicos que no tengan fines de lucro, como las coope-rativas.

reflexiones finAles

Est claro que la Ley afecta intereses. Cuando hay ms de una seal de televisin abierta en slo siete ciudades del pas, al plantear que habr ms seales abiertas in-cluidas las pblicas en esas ciudades se implican intere-ses. Lo cual es positivo, pues de lo contrario se estara planteando un modelo de legislacin que tendera a la concentracin.

El representante de la comisin europea en defensa de la competencia en materia de comunicaciones e infor-macin, Herbert Unguerer, sostiene que la digitalizacin nos pone ante una disyuntiva, podemos pasar ante un proceso de concentracin sin precedentes que profun-dice la brecha que hoy existe entre los que tienen y los que no tienen, o podemos entrar en un modelo de au-mento de pluralismo o diversidad que permite achicar la brecha de modo irreversible, tanto como hubiera sido la agudizacin de la concentracin en sentido contra-rio. La ley anterior pona 24 licencias sin lmites en los casos de servicios complementarios (aquellos que no se adjudican por concursos y no utilizan espectro en con-diciones de servicio abierto). La nueva Ley fija 10, ms 24, y aqu radica el verdadero problema del cambio de legislacin: la adecuacin no hubiera llamado la atencin si no existiera un excesivo incumplimiento respecto de la ley vigente. u

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Los Lmites deL debate acerca de La Nueva Ley N 26.522

Balancey perspectivas desde elsocialismo contextos del debAte

El discurso oficial que hace balance sobre el con-texto de discusin acerca de la Ley sca seala la importancia de un debate nacional y social que, como nunca, se dio acerca del tema y de una ley. Frente a los antecedentes en estas cuestiones no habra duda para afirmarlo, sin embargo, si se analizaran las formas en que se

desarroll el debate se demostrara que el binarismo es-tratgico del gobierno en oponer dictadura/democracia y Clarn/Ley dej afuera a terceras posiciones excluidas por una tradicin tan afecta a declamarla en lo ideolgi-co. Tal como sucedi en el conflicto con las patronales agrarias, el ninismo por la positiva de terceros exclui-dos no pudo replicar o contra-argumentar en los foros de siete minutos y tampoco tuvo espacio en los medios o emisiones que trataron el tema durante seis meses entre marzo y setiembre de 2009. De esa manera lo que apa-reca como un avance importante en la discusin social de una legislacin se fue convirtiendo paulatinamente en la burocratizacin que silenci otras posiciones que, si bien podan expresar tendencias minoritarias de la so-ciedad poltica, eran voces que se haban plegado al pro-yecto oficial desde el acompaamiento crtico.

Un ejemplo claro al respecto fue la actitud de comunica-dores y espacios mediticos que habitualmente convoca-

carLoS mangone refLexiona Sobre eL debate en torno a La Sancin de La Ley de ServicioS de comunicacin audioviSuaL y deStaca LaS

circunStanciaS que en Su opinin operaron burocratizando La diScuSin

y SiLenciando poSicioneS

por Carlos Mangone

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ban al que suscribe para opinar sobre los medios y a par-tir de adoptar una posicin socialista frente a la ley nunca ms tuvieron inters por conocer nuestro pensamiento. Para ilustrar, los programas de Vctor Hugo Morales y la entrega semanal de Eduardo Aliverti por Radio La Red. Ni qu decir de las secciones creadas especialmente al momento del conflicto con el campo en Pgina/12, por donde desfil generosamente buena parte del equipo acadmico de nuestra carrera sin la intrusin aislada de posiciones alternativas.

En este sentido, si relevramos lo ocurrido en la Carrera de Ciencias de la Comunicacin nos encontraramos con un solo debate organizado por su direccin en el que se sucedieron exposiciones, cerradas desprolijamente por el director de entonces Alejandro Kaufman, interpretando a los disertantes de izquierda en doble intervencin des-pus de su correspondiente turno alfabetizado. Salvo los encuentros organizados por las agrupaciones, esto no se repiti y slo se auspici con el Comfer un foro en el aula 201 de la sede Parque Centenario que se limit, en buena parte, a un acto poltico oficial.

perspectivAs frente A lA ley

Frente a un proyecto de ley se pueden adoptar mnima-mente tres posturas. Por una parte, la histrica disciplina-ria, dimensin en la cual la estrategia oficialista se sinti ms cmoda por la propuesta de un sector acadmico y profesional que desde haca muchos aos vena bregan-do por una nueva ley de radiodifusin. De la misma forma que ocurri con parte de la comunicacin alternativa, el gobierno eligi como voceros a los dos sectores menos comprometidos con el sistema capitalista de medios para instaurar una reformulacin capitalista de los medios. De esta manera, a partir de un deseo compartido (y a veces superpuesto) de acadmicos y alternativos por la demo-cratizacin del sistema de medios, el gobierno comenz a subordinar algunas de las posiciones ms radicaliza-das de esos sectores a partir de un nuevo posibilismo poltico comunicacional.

En segundo lugar, se podra analizar una ley desde la perspectiva ideolgico-poltica. En este caso, el silencia-

miento de terceras posiciones mantuvo el debate en los trminos del modo de produccin, de la representacin parlamentaria y de las organizaciones sociales e institu-ciones afines a partir de sus voceros ms reconocidos y en algunos casos casi vitalicios. Para los acadmicos la ley era un objetivo y un diseo tcnico legislativo. Su indita anotacin crtica le confera una aureola de fun-damentacin terica e histrica de avanzada. Sin embar-go, voces muy crticas del capitalismo en otros tiempos le daban fuerza a una ley que, si bien restringa algunos abusos de la tendencia del capital con afn regulacionis-ta, extenda la mercantilizacin y el financiamiento capi-talista de la comunicacin de masas mucho ms all del mercado realmente existente hacia el sector sin fines de lucro y los medios pblicos, entre otros ejemplos. Habl el gobierno, el mercado, algo el alternativismo, siempre los expertos, pero no las ideologas.

Finalmente, podra existir una visin legislativa y jurdica que ubique el proyecto y la ley en la tradicin de leyes generalistas. En este caso, ms all de las chicanas ju-diciales, las tcticas de la Corpo y las tensiones polti-cas, nos parece que, a esta altura, queda un poco ms claro que la ley, a poco de andar y con muletas jurdicas, ya estara mostrando limitaciones para los procesos de modernizacin tecnolgica, de convergencia de medios y sostenimiento de la comunicacin alternativa. Como ocurre con las reglamentaciones, la necesidad de leyes especficas para temas que no hayan sido desarrollados por leyes ms generalistas, en los hechos, puede impli-car la posibilidad de cambiar o pervertir algunas de sus mejores intenciones.

AlgunAs restricciones, cuAndo el progresismo es posibilismo

El pecado original del posibilismo progresista aparece tempranamente en la ley, la concesin por el inters p-blico marca la cancha de la participacin democratizante en la discusin de los prestadores de servicios audiovi-suales, incluidos los estatales y sociales. El binarismo establecido con la poca dictatorial, las modificaciones realizadas posteriormente por la democracia y los bene-ficios de duracin de licencias y fusiones empresariales

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del ltimo perodo dio por quimrico intervenir en la con-formacin del multimedio, tan peligroso para el pluralis-mo y sus mil voces como la concentracin oligoplica.

El tan mentado combate contra el Grupo Clarn se limita-ba, en trminos de cuotas de mercado capitalista, a pro-cesos de desinversin que bien van a ser aprovechados por nuevos conglomerados multimediticos nacionales cercanos al gobierno, pero lo que este proceso no fre-naba sino, paradjicamente o no, auspiciaba es exten-der la mercantilizacin de la comunicacin de masas a espacios hasta este momento un tanto resguardados de los peores efectos del financiamiento mercantil. La ley legaliza (y legitima) una generosa franja de publicidad en el servicio de cable, (recordemos que naci para que tal interrupcin programtica no existiera); ampla el funcio-namiento mercantil hacia los medios estatales universi-tarios a los cuales les reconoce la posibilidad de recibir donaciones (para lo cual desde el menemismo lo mejor es poner una Fundacin), tener publicidad en el aire y vender sus productos audiovisuales. Si a esto ltimo lo relacionamos con la preocupacin que los rganos de representacin de medios universitarios expresaban en marzo del 2009 acerca de no subordinar el gerenciamien-to de esos medios a los tiempos deliberativos polticos de las universidades, podemos intuir el diseo empresarial en el que se est pensando. Si bien para muchos a la universidad le falta una reforma democrtica, para otros, su restringida actualidad sera un obstculo para llevar adelante sus medios.

Finalmente, se insisti mucho en la conformacin de los rganos de control y la mayora del gobierno en el mis-mo a partir de un mix entre poder ejecutivo, mayoras parlamentarias e instituciones afines. Ms all de la falta de colaboracin poltica de la oposicin, en este balance quiere destacarse el carcter gubernamental del lugar en el cual se inscribe la aplicacin de la ley. Es el poder ejecutivo el paraguas bajo el cual funciona, algo que se puso poco en duda y lo que ms prevenciones produce.

oportunismos tcticos

Denominamos as a los aprovechamientos que el go-bierno hizo de temas, tradiciones, cuestiones y proyec-ciones que se iban desarrollando a lo largo del debate. En primer lugar, ubicar por delante la voz de los medios sin fines de lucro (una definicin que disimula una varie-dad de medios que niegan ese objetivo a cada paso). La vanguardia de los medios comunitarios y alternativos para la concrecin de un deseo profundo de democrati-zacin comunicacional fue atenuando el objetivo poltico principal de la movida gubernamental. Los vacos legis-lativos relacionados con estos medios, los problemas de financiamiento y de acceso a seales licitadas ya esta-ran mostrando los lmites de una poltica que le agreg romanticismo a la lucha por la ley de medios y ahora le entrega la histrica cuota de realismo y de razonabilidad.

En segundo trmino, se ubicara la inclusin inicial de las empresas telefnicas y su exclusin en la semana de debate parlamentario de la ley y bajo el riesgo de que la centroizquierda no acompaara el proyecto oficial. La casi nula conviccin oficial en el anuncio adelantaba las actuales debilidades frente a las presiones para con-solidar el triple pay, ahora con plataformas mucho ms sofisticadas. Se deca cuando estaban dentro de la ley que no se poda tapar el sol con las manos, para luego sacarlas por oportunismo poltico y ahora la cuestin se vincula ms con relaciones de fuerza oficialistas u opo-sitoras en el espacio empresario de las telecomunicacio-nes. La tendencia del capital har lo suyo a pesar de las expectativas que tericos regulacionistas de los excesos del sistema tienen acerca de las posibilidades de control pblico, acadmicos que hoy expresan ms reservas so-bre los afanes democratizantes del propio gobierno.

En tercer trmino, el otro silencio en los debates fue el lugar de los medios pblicos. Ms all del legendario tercio que rpidamente fue desmentido por Luis Lzza-ro a poco de aprobarse la ley, poco se debati sobre el sistema de medios pblicos que incluye los nacionales, provinciales, municipales, entre otros. Su actualidad es-tatal-gubernamental y para nada pblica y mucho menos social, le daba escasos pergaminos al gobierno de una programacin pluralista y diversa que pudiera expresar,

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por lo menos en su campo, el servicio pblico. Sera in-teresante retomar en nuestra vida acadmica el tema de los medios pblicos, como el caso del Canal 7, dominado por productoras privadas, productos mercantiles, emisio-nes estandarizadas colonizadas por unos pocos gneros y propaganda oficial sin control ni lmite. Nuestra carrera todava adeuda este tratamiento.

Finalmente, en un debate legislativo y jurdico se disi-mul la conformacin tan ilegal como precaria de nue-vos conglomerados de una burguesa nacional de me-dios que se articulaba funcionalmente con los objetivos polticos del gobierno. A lo largo del pas, ex banqueros quebrados sin muchos costos, adjudicatarios de obras pblicas y concesionarios de juegos de azar (ninguno con demasiados antecedentes culturales en el manejo de medios de comunicacin) se fueron instalando en po-siciones preferenciales, como ocurre en el permetro de la torta de casamiento, para aprovecharse del momento del reparto definitivo. La ecuacin sera transformar un gran capitalista oligoplico en varios capitalistas subsi-diados que actuaran como pantallas de una propaganda neoficial. El silencio de los observatorios de medios so-bre el funcionamiento de estos medios le quita algo de autoridad moral a su crtica ideolgica.

de AquellAs odres, estos vinos

Si se realizara una consulta a la amplia mayora del pen-samiento progresista (y especialmente en el espacio aca-dmico pblico de la comunicacin y el periodismo) acer-ca del carcter de las prestaciones en educacin y salud, resultara elocuente una definicin por la universalidad pblica y social, sacando estos servicios del territorio del mercantilismo y la especulacin. Al mismo tiempo durante ms de tres dcadas se fue consolidando una reflexin que le adjudicaba a la comunicacin de masas un lugar central en la influencia social, la educacin no formal, la construccin de identidades y ciudadana, entre otras dominancias. La videocultura, la sociedad de la informa-cin, las nuevas tecnologas, la videopoltica, etc. eran todos temas de actualidad acadmica y al mismo tiem-po prevenciones acerca de su influencia en procesos de despolitizacin o democratizacin. Casi se poda llegar a afirmar que el derecho a la informacin (producirla y reci-birla) y a la comunicacin no slo deba ser protegido sino auspiciado estatal, pblica y socialmente. Forma parte de la nueva canasta familiar de las mayoras populares.

Estas cuestiones, que haban tensionado a mediados de los ochenta las definiciones del alfonsinismo sobre pol-ticas de comunicacin de masas (sistema pblico, semi-pblico, mercantil) quedaron fuera del debate sobre la nueva ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual. Un gran retroceso ideolgico, casi con iguales exponentes, impidi que posiciones claras al respecto y que se in-vocaron nostalgiosamente en los tiempos polmicos del debate, reaparecieran con fuerza.

En realidad, a partir del conflicto con la patronal agraria, el gobierno recurri a una masa crtica que finalmente se crey reconocida, incluso era citada con generosidad desde las ms altas cumbres. Luego, paulatinamente, los expertos empezaron a citar el credo neodesarrollis-ta del gobierno que justificar la reformulacin capitalista del sistema de medios. Antiguos periodistas cooperativi-zados, idelogos convincentes de los sistemas pblicos de comunicacin, fuertes crticos al arribismo empresa-rial meditico, fueron ganados por el brumoso pragma-tismo gubernamental. La justificacin por el paso tctico no deja de ser una argumentacin ya muy transitada. u

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Un balanceprovisorio

a ms de tres aos de La saNciN de La Ley N 26.522

por Gustavo Bulla

a mS de treS aoS de La Sancin de La Ley de ServicioS de comunicacin audioviSuaL, guStavo buLLa ofrece un baLance deL texto

LegaL, SeaLando aLgunaS de LaS circunStanciaS vincuLadaS a SuS avanceS y retroceSoS.

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l 10 de octubre de 2009, casi veintinueve aos despus del retorno de la democracia en la Ar-gentina, se sancion por fin la nueva Ley de Ser-vicios de Comunicacin Audiovisual (lsca): tal el nombre que asumi el texto legal que sintetiza buena parte de las propuestas, reclamos y ex-

periencias del movimiento por la democratizacin de la radiodifusin que, con sus marchas y contramarchas, siempre mantuvo intacta la conviccin de que haba que derogar el decreto de la dictadura y regular de otra ma-nera a los medios audiovisuales.

cAsi un pArto

Las amplias mayoras en ambas Cmaras - 147 votos en Diputados y 44 en Senadores - que sancionaron el proyecto enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernndez tras un indito proceso de participacin social en su construccin1, no fueron bice para que los inte-reses directamente afectados y sus aliados en distintos poderes del Estado hicieran lo imposible para evitar su aplicacin, al menos inmediata.

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Los representantes del pueblo de Mendoza y de Salta, respectivamente los diputados nacionales Enrique Tho-mas y Beatriz Daher, ambos integrantes del autodeno-minado bloque Peronista Federal, recurrieron a sendos juzgados federales de sus provincias a fin de intentar tra-bar la vigencia de la Ley recin sancionada. Este hecho es por s solo sorprendente, ya que si los legisladores son incapaces de resolver institucionalmente los presun-tos conflictos derivados de los procedimientos legislati-vos, cabe preguntarse qu nos queda a los ciudadanos cuando no acordamos con los trminos de una ley san-cionada. Sin embargo, podemos entender estas actitu-des teidas de oportunismo para congraciarse con los dueos de los medios concentrados, especie de picarda que busca lograr una figuracin meditica que de otro modo no obtendran, en concordancia ideolgica con el funcionamiento de medios de comunicacin que asumen posiciones dominantes oligoplicas y hasta monoplicas.

Menos comprensible y altamente reprochable es la ac-tuacin de los jueces Olga Pura de Arrabal y Antonio Me-dina que, encontrando pocos o ningn antecedente en la historia jurdica nacional, resolvieron hacer lugar a las medidas cautelares presentadas por aquellos diputados, y de esa manera sustituir al Poder Legislativo en su mi-sin constitucional de formar las leyes. La suspensin de la aplicacin de la lsca por casi nueve meses - paradji-camente cuestionando sus procedimientos y restituyen-do la Ley de Radiodifusin de Videla - fue poco menos que un parto.

El accionar obstructor de la oposicin a la nueva ley fue temporariamente exitoso. Tanto el principal grupo mono-plico, como sus aliados polticos y judiciales, obtuvie-ron triunfos pasajeros que objetivamente demoraron la transformacin del sistema de medios en nuestro pas. Pero tambin es cierto que las chicanas judiciales fueron cayendo, excepto del encapsulamiento que el Grupo Clarn consigui del artculo 161. Este ltimo establece la adecuacin de los licenciatarios al nuevo marco legal en el trmino de un ao, merced a los servicios invalora-bles del veterano juez federal Edmundo Carbone, y a la actitud timorata de la Suprema Corte de Justicia que en base a argumentos jurisprudenciales, como no intervenir en cuestiones de fondo hasta que no lo hagan las instan-

cias inferiores, poco ms o menos puso en manos de la ciudadana la resolucin final de este conflicto.

Segn refiere una doctrina no escrita en la Asociacin del Ftbol Argentino, nadie se va al descenso o sale campen en los escritorios. La analoga futbolera apli-cada por los cortesanos sera algo as como que Clarn slo se ir a la B en la cancha, es decir por medio de las elecciones.

lA mAntA cortA

Siguiendo con la metfora deportiva, es claro que la es-trategia de Clarn es la de hacer tiempo y dejar que co-rran las agujas del reloj hasta llegar a un contexto ms favorable. No obstante, el gran obstculo que tuvo este plan fue que todos se dieron cuenta de lo que implicaba. Y como se sabe, cuando un plan que tiene como princi-pales elementos la trampa, la desinformacin y la obten-cin de privilegios judiciales queda al descubierto, puede terminar siendo an ms contraproducente.

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La manta corta es tambin una figura muy utilizada en el ftbol. La misma se refiere al dilema estratgico de atacar o defender. Cuando uno se tapa la cabeza se destapa los pies y viceversa. Y esto es lo que le viene ocurriendo a Clarn desde hace aos - gracias a que por primera vez en la historia un Gobierno democrtico no cedi a sus extorsiones y lo enfrent -, circunstancia que se acentu desde la sancin de la lsca.2

El tiempo que gan en los estrados judiciales lo fue per-diendo en la sociedad: si bien la conformacin monop-lica de Clarn es de larga data, es claro que la consi-deracin social hacia el Grupo hoy no es la misma que aos atrs. En esos trminos, perdi el partido de El Gran Diario Argentino. La brutalidad con la que expresa de manera cotidiana su oposicin al Gobierno, lo expone incluso al abandono de lo que en la redaccin de la calle Piedras entendan por periodismo. El sentido comn de la clase media argentina que Clarn ayud a moldear du-rante dcadas hoy est en crisis.

El todo o nada que parecen haber elegido los conduc-tores del Grupo como estrategia, por el cual ya no slo tienen objetivos econmicos sino fundamentalmente po-lticos, comienza a transformarse en suicida. El resultado electoral de junio de 2009 pudo haber ensoberbecido a sus idelogos, pero la contraofensiva del Gobierno, que incluy entre otras polticas de Estado la lsca y las Asig-naciones Universales por Hijo, los ha desnudado.

El terror que la tapa del diario les infunda a los gobier-nos previos, hoy ha perdido su efectividad disciplinadora. Nadie resiste cuatros tapas de Clarn en contra, rezaba un lugar comn aprendido de memoria por gobernantes y aspirantes a ello. La constatacin de semejante falacia es una ganancia que ya le pertenece a nuestra democra-cia, y no es poco.

Al parecer, Clarn era mejor extorsionador que peleador. Puesto a cambiar golpe por golpe, ha demostrado tener quijada de cristal. La primera trompada neta que lo impact fue la prdida de la exclusividad para transmitir el ftbol por tv. A partir de all - siguiendo con lengua-je boxstico - no supo o no pudo asimilar el castigo. Esa conmocin provocada por la inslita actitud de un

adversario poltico, que supuestamente vencido no slo sigui de pie sino que pas a la ofensiva, llev al Grupo a cometer uno de los peores pecados: la subestimacin del rival.

Clarn subestim a las dos multitudes movilizadas duran-te 2010 para reclamar ante la Justicia por la vigencia de la lsca. Nunca antes en nuestra historia, la democrati-zacin de la comunicacin fue un eje convocante para que decenas de miles de argentinos se manifestaran pblicamente. Desde 1983 hasta el presente la reivindi-cacin fue patrimonio de pequeos crculos acadmicos, trabajadores de los medios y militantes de medios po-pulares. La cerrazn en torno a sus propios argumentos falaces, como el carcter rentado de toda esa militancia, le impidi a Clarn vislumbrar no slo que la lsca cuenta con gran consenso desde el comienzo de sus debates, sino que despus de su sancin ese consenso sigui acrecentndose. Ms aun cuando sectores de las clases medias y juveniles fueron advirtiendo el comportamiento periodstico posterior a la sancin de la Ley. Uno a uno, los diagnsticos pblicos en torno a los perjuicios que el monopolio informativo poda ocasionarle a una sociedad democrtica fueron corroborados.

La credibilidad, ms all del desterrado relato de la ob-

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jetividad periodstica, debera seguir siendo el principal capital aspiraracional para una empresa de medios de comunicacin. La manera obscena con que Clarn eligi cubrir polticamente sus meros intereses econmicos ha desnudado su carencia casi absoluta de crdito.

El intento de Clarn de ganar tiempo hasta las elecciones presidenciales con la ilusin de que un cambio de gobier-no postergara definitivamente la aplicacin de la lsca, se fue reduciendo a no ser ms que eso: una ilusin. Por el contrario, la peor pesadilla para Hctor Magneto y sus compaeros de ruta - sin excluir a ninguno de ellos ms all de la diversidad de sus actividades -, se hizo reali-dad: la presidenta Cristina Fernndez asumi un nuevo mandato democrtico.

lA ley vA, A pesAr de todo

La lsca fue reglamentada mucho tiempo despus de lo que hubiese correspondido, pero fiel a su gnesis, esto ocurri de manera participativa. En adelante, la tarea de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin Audiovi-sual (afsca) fue la de comenzar a aplicar la ley por medio de las resoluciones correspondientes para ir poniendo en vigencia los distintos aspectos del nuevo rgimen.

No son pocas las resoluciones de la afsca que actual-mente tienen vigencia y sin lugar a dudas, los cambios propiciados en las pantallas y parlantes de toda la Ar-gentina comienzan a notarse. En medio de un marco incesante de incorporacin de novedades al panorama audiovisual argentino, la Resolucin afsca N 266/103 fue una de las primeras en ser adoptadas a la vez que ge-ner un nuevo captulo de la judializacin de la Ley por parte del Grupo Clarn. El ordenamiento de la grilla de los servicios de tv por cable que establece tal disposicin fue resistido en estrados judiciales de Dolores y Baha Blanca, constituyendo otro papeln de los prestigiosos y muy caros estudios jurdicos que lo patrocinaron. En am-bos casos, las medidas cautelares obtenidas en primera instancia fueron revocadas por las Cmaras de Mar del Plata y Baha Blanca, respectivamente.

En apretada sntesis, lo que establece la resolucin de

marras es el ordenamiento de las seales de cable por gnero, incorporando a todas las informativas - incluida cn23 -, las internacionales con participacin del Estado argentino - Telesur - y todas las seales generadas por el Estado Nacional -Paka Paka e incaa tv -, con la condi-cin de que los operadores de sistemas de tv por cable reciban de manera gratuita a stas y a futuras seales similares. Es decir que, a diferencia del recurso judicial de Clarn por el artculo 161, cuya base econmica se evidencia en el hecho de que el Grupo reclama supues-tos derechos adquiridos y/o vulneracin del derecho a la propiedad, en el caso del ordenamiento de la grilla de tv por cable se trata lisa y llanamente de una pulseada poltica contra la autoridad estatal para regular los servi-cios audiovisuales.

La Resolucin afsca N 464/104, actualmente en vigen-cia, establece la obligacin de las emisoras de radio y tv de solicitar autorizaciones anuales para constituir redes. La lsca limita la transmisin en red al 30% de la jorna-da diaria, promoviendo de esta manera y durante la mayor parte del tiempo de emisin la produccin y dis-tribucin de contenidos locales y regionales. Las miles de radios de todo el pas que se limitaron en las ltimas dcadas a retransmitir programaciones de radios porte-as y los canales de tv abierta que ocupan sus pantallas

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entre un 70 y 80% con contenidos ideados en la Ciudad de Buenos Aires, hecho que se ha dado de forma conti-nua prcticamente desde la dcada de los 60, tendrn ahora el estmulo para programar localmente, debiendo apelar para ello a la capacidad profesional y creativa ins-talada en todos los rincones el pas.

Por otro lado, la Resolucin afsca N 474/105 es el com-plemento imprescindible de la anterior medida, pues es-tablece un cronograma gradual por el cual tanto las emi-soras de tv y radio ms grandes como las ms pequeas debern observar en sus programaciones las cuotas m-nimas de produccin de contenidos que indica el artcu-lo 65 de la lsca: 60% de produccin nacional, 30% de produccin propia y entre 30% y 10% de produccin local independiente para la tv abierta; y 70% de produccin nacional y 30% de msica nacional - la mitad de carcter independiente - para las emisoras radiales. Adems los canales de tv abierta debern emitir al menos tres horas diarias de programacin infantil, con un 50% mnimo de produccin nacional, incluyendo as a los nios y nias de alrededor del 40% de los hogares argentinos que no reciben ningn servicio pago de tv.

Vinculada directamente con este ltimo segmento etario, la Resolucin afsca n 498/106 le da forma al Conse-jo Asesor de la Comunicacin Audiovisual y la Infancia, instancia creada por el artculo 17 de la Ley. De carc-ter multisectorial y federal, qued constituido por re-presentantes de los veintitrs gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, del Mi-nisterio de Educacin y de la Secretara Nacional de Niez, Infancia y Familia, de las siete organizaciones no gubernamentales que promovieron su creacin, de los gremios docentes de nivel nacional ctera y sadop y del Foro de Legisladores por la Infancia. Una de las principales misiones de este cuerpo colegiado es ase-sorar a la afsca sobre los contenidos adecuados para la infancia y promover material audiovisual de calidad como as tambin la recepcin crtica de los medios de comunicacin.

Por ltimo, la Resolucin afsca n 499/107 regula la llamada publicidad no tradicional, cuestin que la ya antigua Ley de Radiodifusin no contemplaba, a pesar

de que esta modalidad no tradicional es moneda co-rriente en nuestros medios desde hace por lo menos dos dcadas. Bsicamente, lo que esta resolucin hace es contabilizar el tiempo insumido por la pnt dentro del tiempo mximo que la Ley permite a los distintos medios: 14 minutos por hora para la radio, 12 minutos para la tv abierta, 6 minutos para las seales audiovisuales y 8 minutos para el canal local que los cableros estn obli-gados a producir. La disposicin regula adems los pro-gramas de Televenta e Infomerciales, que slo pueden ser emitidos entre las 0 y las 12 hs. y con una indicacin sobreimpresa permanente del gnero al que pertenecen.

La plena vigencia de estos aspectos de la lsca, la incor-poracin de la transmisin gratuita de diversos espec-tculos deportivos de inters relevante antes pagos, la convocatoria a cientos de concursos por nuevos canales abiertos de tv, as como la vertiginosa implementacin de la tv digital, hicieron que el terico cambio de paradig-ma que propicia la lsca comenzara a ser palpable.

La demostracin de que el sistema audiovisual argentino que se conform de esta manera a partir de la dcada del 90 no era ni necesario ni natural, se ha converti-do en patrimonio de todo el pueblo argentino. El cambio

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cultural es tan profundo que la conformacin monoplica de la que fuimos rehenes durante los ltimos veinte aos pronto ser un recuerdo absurdo, tanto como tener que conseguir un lugar en la pizzera para ver jugar a nuestro equipo por la tele. u

Notas

1 Ver participacin en los Foros en: http://www.afsca.gov.ar/web/blog/?cat=102 Bulla, Gustavo, La Manta Corta, Pgina/12, 19 de enero de 2011. http://www.pagina12.com.ar/buscador/resultado.php?q=La+manta+corta3 Resolucin afsca n 266/10: http://www.infoleg.gov.ar/infole-gInternet/anexos/170000-174999/171621/norma.htm4 Resolucin afsca N 464/10: http://www.infoleg.gov.ar/infole-gInternet/anexos/175000-179999/177241/norma.htm5 Resolucin afsca N 474/10: http://www.infoleg.gov.ar/infole-gInternet/anexos/175000-179999/176713/norma.htm6 Resolucin afsca n 498/10: http://www.infoleg.gov.ar/infole-gInternet/anexos/175000-179999/177545/norma.htm7 Resolucin afsca n 499/10: http://www.infoleg.gov.ar/infole-gInternet/anexos/175000-179999/177546/norma.htm

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reflexioneS en torno A lA ley de ServicioS de comunicAcin AudioviSuAl

Medios, derechos humanos yasignaturas pendientes

por Mara Rosa Gmez*

AvAnces y retrocesos

A mitad de los aos 80, la recuperacin del Es-tado de Derecho, tanto en Argentina como en otros pases de Amrica Latina que haban padecido la aplicacin de la Doctrina de Segu-ridad Nacional, fue definida por tericos como Guillermo ODonnell como democracias de-legativas o de baja intensidad. Los militares

genocidas an controlaban fuertes cuotas de poder, eran jvenes y seguan teniendo las armas. La decisin de Ral Alfonsn de juzgar a las cpulas militares perpetra-doras del Terrorismo de Estado, fue una medida valiente por parte del primer gobierno de la transicin democrti-ca. Asimismo, la conformacin de la Comisin Nacional sobre Desaparicin de Personas (conadep) a efectos de recibir las denuncias sobre crmenes de la dictadura, per-miti el acopio riguroso de datos y testimonios que hasta el da de hoy representan las pruebas ms fehacientes de la aplicacin del plan sistemtico represivo. Pero esa de-mocracia dbil defeccion de esas iniciativas y acuciada por alzamientos militares y por una fuerte crisis econmi-ca sancion las leyes 23.456 y 23.521, conocidas como de Punto Final y Obediencia Debida que significaron la extincin de la accin penal y el desprocesamientode cua-

eL marco reguLatorio de LoS medioS audioviSuaLeS atraveS LoS miSmoS progreSoS,

repLiegueS, vejacioneS y eStancamientoS que Signaron La Lucha por eL juicio y caStigo de

LoS reSponSabLeS deL terroriSmo de eStado. LoS derechoS humanoS, entendidoS como una integraLidad, requieren para Su reaLizacin de

condicioneS poLticaS, econmicaS, cuLturaLeS y SociaLeS que garanticen La iguaLdad, eL

pLuraLiSmo y La equidad. taL eS, Segn mara roSa gmez, eL panorama que Se buSca propiciar

mediante La apLicacin de La nueva Ley que reguLa LoS medioS de comunicacin maSivoS.

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dros inferiores y medios de las ff.aa acusados de delitos de lesa humanidad. En el mismo sentido, pese a haber-se presentado durante el gobierno de Alfonsn decenas de anteproyectos de leyes para reemplazar la ley 22.285 (incluidas las que presentaron partidos polticos, el Con-sejo de Consolidacin de la Democracia y la Asociacin de Periodistas de Buenos Aires), la determinacin polti-ca no prosper y sta continu vigente.

El sucesor de Alfonsn fue Carlos Menem, un poltico hoy defenestrado pero que triunf en dos elecciones conse-cutivas por el 49,3% y 49, 6 % de los votos respectiva-mente. En el plano de los derechos humanos, Menem indult en 1990 a las juntas de comandantes condena-dos durante el gobierno anterior, coronando con esa medida la trada de lo que se conocera como leyes de impunidad iniciadas por el Punto Final y la Obediencia Debida. Al estancamiento irreversible que esas leyes significaron para los derechos humanos - el tiempo perdido no se recupera y muchos genocidas mueren de viejos sin haber sido alcanzados por el brazo de la justicia - la gestin menemista sum otras iniquidades. El ndice de desocupacin alcanz durante su gestin un 17,5 %, de acuerdo a cifras de la Central de los Traba-jadores Argentinos (cta), por medidas econmicas que condenaron a la exclusin y la pobreza a miles de argen-tinos. En el plano de la comunicacin Menem privatiz - a meses de asumir - los canales en manos del Estado y permiti la conformacin de oligopolios de medios al derogar el inciso E del artculo 45 de la ley 22.285 que impeda el acceso a licencias de radiodifusin a los pro-pietarios de empresas periodsticas. Durante su mandato se produjo el mayor nmero de amenazas, atentados y causas judiciales contra trabajadores de prensa, fueron asesinados los periodistas Mario Bonino y Jos Luis Ca-bezas y desapareci el estudiante Miguel Bru. En 1992 firm el Tratado de Promocin y Proteccin de Inversio-nes Recprocas con ee.uu. que habilit la extranjerizacin de la propiedad de los medios de Argentina, justamente en la etapa ms dinmica de concentracin mediatica. Bajo las directivas del Consenso de Washington, otra de las iniciativas del menemismo fue el intento de di-solucin y liquidacin del canal del Estado - atc en ese momento - y la agencia Tlam. La medida, que de impo-nerse hubiera significado la prdida de importantes bie-

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nes del Estado, se impidi gracias a la resistencia de los trabajadores de esos medios y a la accin de la Unin de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (utpba), que interpuso un recurso de amparo en defensa de derechos individuales y colectivos. En esos aos difciles de auge y aplicacin a rajatabla del neoliberalismo, las voces que se levantaban en contra de esas resoluciones eran es-casas: los organismos de derechos humanos, la cta, la utpba y unos pocos polticos dignos como el maestro Al-fredo Bravo. Esa organizacin gremial en ocasin de la reforma de la Constitucin, present en 1994 un pliego de propuestas Para la defensa profesional del periodista y el Derecho Social a la Informacin, que inclua la de-fensa de la libre emisin del pensamiento, sin censura ni licencia previa; la doctrina de la Real Malicia y el secreto de las fuentes. Ignorar esos antecedentes en los trabajos tericos que refieren a estos temas significa incurrir en inexactitudes histricas y deshonestidad intelectual.

El gobierno de Fernando de la Ra, que en lo referido a derechos humanos neg la jurisdiccin universal para delitos lesa humanidad al impedir la extradicin de milita-res argentinos para ser juzgados en el exterior, tuvo una conducta errtica en el plano de los medios de comuni-cacin. En septiembre de 2000 se distribuy en gremios y universidades un Anteproyecto de Ley de Radiodifu-sin elaborado por el comfer, que defina a la comuni-cacin como un bien social y promova el respeto y la defensa de los derechos humanos, el pluralismo y la di-versidad cultural. Si bien estableca modificaciones sus-tantivas, contemplaba hasta 24 licencias de radiodifusin en manos de un mismo licenciatario, lo que en definitiva segua favoreciendo la concentracin. El gobierno interi-no de Eduardo Duhalde tras la crisis de 2001, favoreci a los oligopolios periodsticos con la pesificacin de los depsitos bancarios, la modificacin de la Ley de Quie-bras y la sancin de la Ley de Preservacin de Bienes y Patrimonios Culturales. La represin y la criminalizacin de la protesta social aceleraron el fin de su gobierno, que mantuvo las leyes de impunidad.

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un nuevo rumbo

El gobierno de Nstor Kirchner, que arranc en 2003 y asegur su continuidad en la gestin de Cristina Fernn-dez desde 2008, se hizo eco de un reclamo de dcadas sostenido por los organismos de derechos humanos e impuls la derogacin de las leyes de impunidad, dan-do lugar a la reapertura de juicios por crmenes de lesa humanidad. Varios de esos juicios han concluido, no sin dificultades, pero representan una situacin histrica ini-maginable pocos aos atrs, con audiencias pblicas en las que los genocidas deben llegar esposados y escu-char durante horas a los testigos (sobrevivientes de cam-pos de concentracin, familiares), mientras aguardan alegatos y condenas. El mismo manto de silencio que cubra los crmenes de la dictadura, comenz a correrse - tambin - en el terreno de los medios de comunicacin. Hoy se discute abiertamente aquello que estaba reser-vado a mbitos reducidos, por ejemplo la complicidad de las empresas periodsticas con el gobierno militar y los negociados que rodearon la inclusin como socios del Estado genocida en Papel Prensa de los diarios Clarn, La Nacin y La Razn. La cifra de periodistas desapare-cidos y asesinados en Argentina, 130, supera la de perio-distas muertos - por ejemplo - en toda la guerra de Indo-china. El control del discurso pblico era estratgico para las ff.aa y los empresarios periodsticos colaboraron a tal fin, incluso denunciando a sus comisiones internas de delegados gremiales.

Hoy, mientras se juzgan esos crmenes, se pudo avan-zar en la elaboracin, discusin y aprobacin de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicacin Audiovisual, re-sistida, boicoteada y distorsionada por los oligopolios y por la clase poltica que pretende seguir gozando de sus minutos - mediticos - de fama, an a costa de falsear la realidad y mentirle a su electorado.

Esta ley que llega para terminar con una ominosa asig-natura pendiente de la democracia, incluye artculos que expresamente promueven, defienden y estimulan los derechos fundamentales referentes a la comunicacin recurriendo a conceptos de Pactos Internacionales de Derechos Humanos, como as tambin a la Constitucin Nacional y disposiciones de la unesco, la Comisin Inter-

nacional de Derechos Humanos y la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Informacin, entre otros organismos. Pero tambin abre el juego a la proteccin de otros de-rechos humanos al posibilitar el acceso a nuevos y ms licenciatarios (organizaciones sociales, universidades, pueblos originarios); estimula el abaratamiento del acceso a la tecnologa, promoviendo la produccin de contenidos, la pluralidad cultural, la diversidad, como as tambin la proteccin del trabajo en medios locales y regionales; impulsa nuevas instancias participativas como las au-diencias pblicas y un defensor pblico de servicios de comunicacin audiovisual; prohbe el acceso a licencias de aquellos que hayan sido funcionarios de gobiernos de facto; asegura el 33% del espectro para personas jur-dicas sin fines de lucro; limita la cantidad de licencias para una misma empresa; garantiza el acceso pblico a informacin relevante de los licenciatarios, entre otras sanas disposiciones.

Ninguna ley por s sola puede ser el escudo inexpug-nable para terminar con situaciones injustas e inequita-tivas. As como los organismos de derechos humanos y la sociedad consciente mantuvieron en la agenda pol-tica la necesidad de hacer justicia por los crmenes de la dictadura, el reaseguro de la ley 26.522 sern los tra-bajadores de la cultura, las organizaciones sociales, los gremios y la sociedad movilizada por medios de comuni-cacin plurales y democrticos. u

Notas

* Periodista, docente e investigadora, coordina el rea de Investiga-cin del Instituto Espacio para la Memoria.

DOSSIER

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eL impacto meditico eN eL marco deL debate sobre La Ley N 26.522

Los medios y elfin de la inocencia

AcercA del poder de los medios

En el libro La cruzada de los medios, de reciente publicacin, Dnis de Moraes analiza, en pers-pectiva regional, el conflicto con el poder medi-tico concentrado y lo considera uno de los prin-cipales rasgos que singularizan al clima poltico de poca que se respira en Amrica Latina. En distintas latitudes de la regin, el debate acerca

del poder de los medios de comunicacin y su relacin con la calidad democrtica salpic a amplios sectores de nuestras sociedades. Desde entonces, la textura del debate pblico sufri sustanciales modificaciones.

Ms de dos aos despus de aquella emblemtica sesin legislativa, el resultado de las elecciones del 14 de agosto emergi a contramano de la sensacin trmica meditica y, en virtud de la sorpresa electoral, el debate sobre el poder de persuasin de los medios volvi a instalarse con fuerza. El anticipo electoral de las paso y su confirma-cin el 23 de Octubre dispararon otra vez la recurrente pregunta acerca de los efectos de los medios de co-municacin y su capacidad para imponer visiones de la realidad. Pero antes de aterrizar sobre nuestra coyuntura domstica creo conveniente rebobinar un poco.

La nueva Ley n 26.522, medida diStintiva de La geStin de gobierno de criStina fernndez de Kirchner, adquiri centraLidad no SLo a raz de

LoS contenidoS deL texto LegaL Sino tambin, y fundamentaLmente, deL debate que SuScit. frente

a eSte panorama, ignacio ramrez anaLiza La in-fLuencia deL poder meditico buScando evidenciar,

Sobre todo, que La Sociedad argentina tiende a fortaLecer cada vez mS Su eSpritu crtico.

por Ignacio Ramrez 1

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Alrededor de la pregunta por la capacidad de manipu-lacin que podra ser ejercida sobre la opinin pblica campea una antigua preocupacin filosfica relativa a la soberana intelectual y moral de las personas, a la liber-tad. Esto es: nuestros pensamientos y nuestras opinio-nes, son libres o, ms bien, son manufacturados por el imperceptible influjo de agentes externos (la religin, los lderes, los medios)?

Las investigaciones y reflexiones acerca de la influen-cia de los medios sobre las opiniones y comportamien-tos de los ciudadanos parten de un hecho elemental: ha-bitualmente opinamos sobre fenmenos que estn fuera del alcance, limitado y pedestre, de nuestra experiencia directa. Imaginemos, por ejemplo, a un argentino opinan-do sobre lo que ocurri con los indignados en Europa; sobre la base de qu experiencia edific su punto de vista? En ste y otros miles de casos anlogos, resulta evidente que tercerizamos en los medios la observacin de la realidad y, en consecuencia, admiramos paisajes mediados. El caso es que, hasta aqu, estamos exami-nando nicamente una de las dimensiones de los medios de comunicacin, concerniente a la expresiva imagen que debemos a Marshall McLuhan de los medios como prolongaciones de nuestros sentidos.

Sin embargo, el tema es ms complejo y no se agota en esta dependencia de terceros para conocer realidades lejanas. Los medios no slo nos acercan escenarios que nuestra mirada no alcanza sino que tambin, y especial-mente, tien nuestra percepcin de las cosas que que-dan dentro del reducido permetro de nuestros sentidos y del radio de nuestra conciencia. Esta segunda modalidad de influencia es menos perceptible, puesto que en ge-neral tendemos a confiar que nuestra percepcin de la realidad es la realidad. Tal es as, que uno de los fun-dadores de esta lnea de reflexiones, Walter Lippmann, sostena con pesimismo que la opinin pblica se en-cuentra envuelta por un pseudo-entorno, adulterado por estereotipos y recortes introducidos por la comunicacin de masas. Desde Lippmann en adelante, las ciencias sociales exploraron obsesivamente, en especial en Es-tados Unidos, el poder de los medios de comunicacin para inyectar en la opinin pblica determinados valores y opiniones; en fin, para intervenir en la antesala subjeti-va que prefigura la conducta de las personas.

Sacrificando los matices, pueden distinguirse dos pers-pectivas alternativas en relacin al tema planteado.

La tesis contraria a la omnipotencia de los medios se de-fiende con tres argumentos: 1. Las personas estn do-tadas de mecanismos cognitivos que filtran y purifican la influencia de los medios. 2. Asimismo, integran redes sociales y participan de conversaciones informales que abren un mbito para la creacin de opiniones limpias de presencia meditica. 3. Las opiniones de los ciudadanos son, principalmente, expresiones de sus orientaciones polticas y valores y, en consecuencia, guardan deudas ms pequeas con la televisin, la radio o los diarios.

Del otro lado encontramos una postura que defiende la platnica tesis del Truman show. Tal como sucede en la pelcula, la realidad que nos envuelve, sobre la que edificamos nuestras opiniones, es una virtual construc-cin meditica cuya naturaleza artificial desconocemos. Desde esta perspectiva, la influencia de los medios es decisiva, ya que su impacto ms profundo concierne a lo que definimos como real. Como aquel rbol que caa sin hacer ruido en un bosque sin testigos, un tema o una opi-nin que resultan oscurecidos por los medios no alcan-zan a formar parte de la realidad. En la caverna de Platn

DOSSIER

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no era posible diferenciar entre la realidad exterior y las sombras que la luz dibujaba en la pared; en nuestro Tru-man Show posmoderno tampoco podemos - de acuerdo con esta postura - reconocer la diferencia entre la reali-dad configurada por los medios y lo que ocurre fuera de la caverna meditica.

Los distintos enfoques, expuestos aqu en forma binaria, han ido alternando protagonismo, ganando y perdiendo legitimidad en funcin de los contextos sociopolticos, envolvente compo-sicin hecha de lugares y de tiempos.

En un primer momento, los medios fueron considerados omnipotentes, capaces de programar la dcil conduc-ta de los ciudadanos de acuerdo con sus intereses. A medida que las primeras investigaciones serias sobre el tema fueron sustituyendo a la especulacin, el retrato de los medios todopoderosos entr en crisis. Mientras tanto, gan posiciones la idea segn la cual los medios, ms que rellenar vacas cabezas ciudadanas, refuerzan convicciones preexistentes. Esta argumentacin, como dijimos, pone el acento sobre las capacidades defensi-vas y crticas de los ciudadanos, quienes si lo que di-cen los medios no se ajusta a su pensamiento, eligen egocntricamente a su pensamiento. Una tesis adicional que contribuy a sabotear el absolutismo meditico nace de una sencilla y universal observacin: las personas no slo construimos opiniones mientras miramos la televi-sin, sino tambin en el bar, charlando con amigos, en la cena familiar, en los pasillos de la facultad, en el infinito entramado de interacciones fsicas y electrnicas en el que enredamos nuestra vida social. En otras palabras, las personas no estamos solas.

Ahora bien, Paul Lazarsfeld, inspirador de la perspecti-va que relativiza la influencia de los medios, insisti so-bre la necesidad de analizar la influencia de los medios a la luz de la estructura de medios realmente existente y considerando los contextos sociopolticos particulares; no es lo mismo una sociedad sometida a una nica lnea editorial que una sociedad expuesta a mltiples voces, del mismo modo que una ciudadana anestesiada no equivale a una sociedad efervescente.

lA influenciA de los medios en el escenArio poltico

Regresemos sobre nuestra coyuntura para lanzarnos al desmedido objetivo de calibrar los efectos sociales de los medios. El intento exige atender una cuestin ante-rior: qu seales acreditan una influencia poderosa y cules son los signos de una gravitacin ms suave? En este sentido, ciertos debates presuponen creer que los resultados de una eleccin son el mbito adecuado para examinar el fenmeno, lo cual no es del todo exacto. Un resultado electoral no desmiente ni ratifica el impacto que producen los medios de comunicacin ya que sus efectos ms estructurales remiten al subsuelo de la con-ducta, al tejido de valores y normas percibidas como leg-timas en una sociedad y en una poca particular. En todo caso, alrededor de lo que ocurri el 23 de octubre del pasado ao cabra preguntarse, con mayor precisin y modestia: el resultado de las elecciones, qu nos cuen-ta acerca de la influencia de los principales medios de comunicacin sobre el escenario poltico actual?

Hagamos el ejercicio sobre el cincuenta y cuatro por ciento que vot por Cristina Fernndez de Kirchner. Para identificar la incidencia que pueden haber ejercido los medios, hay que tener presente que no son el nico ingrediente que interviene en la conducta electoral. A la hora de decidir el electorado administra, de acuerdo al

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esquema propuesto por John Zaller, insumos provenien-tes de tres fuentes: a) la experiencia directa (por lo que veo o percibo, el Gobierno ha mejorado la calidad de vida de la gente?). b) Los contenidos de los me-dios de comunicacin (cmo caracterizan los medios la situacin del pas y la actuacin del Gobierno?) c) Las orientaciones polticas y valores (qu opino del rol del Estado y de la igualdad?)

Imaginemos una competencia en la que cada uno de los componentes lucha por conquistar el corazn de la decisin final. Ms arriba habamos enfatizado que los medios contaminan nuestra mirada de la realidad de ma-nera que la distincin entre (a) y (b) no sera tan clara. La tesis que aqu defiendo reconoce que en el conflicto por la ley de medios se da el inicio de un proceso que ha estimulado los msculos crticos de la sociedad. Los resultados de este proceso no se miden en cadas de la circulacin de Clarn, sino en un aspecto ms sutil y profundo: el consumo de medios ha comenzado a estar envuelto por una cobertura crtica, por una duda, origen de todo pensamiento. Pierre Rosanvallon asimila demo-cracia con desconfianza, nimo que la sociedad suele dirigir nicamente al poder poltico, obsesin que deja en la penumbra a otros actores. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad argentina han redirigido sus re-servas de desconfianza hacia los medios principales de comunicacin, lo cual no significa que los abandone o sustituya. Esta desconfianza, o consumo crtico, permite que los electores adviertan matices y tensiones entre la experiencia directa y el retrato de los medios y al mismo tiempo da lugar a que los valores subyacentes puedan resolver posibles desacuerdos internos.

Un estudio realizado por la consultora Ibarmetro permite aproximarnos desde la evidencia emprica al interrogan-te de la influencia meditica que, traducido al panorama nacional, podra ser formulado de la siguiente manera: Con qu grado de incidencia gravitan los principales medios de comunicacin sobre las preferencias polticas y el comportamiento electoral de los argentinos?

Uno de los datos surgidos del estudio remite a la con-fianza puesta en juego en el vnculo con los medios. A la hora de analizar los efectos del consumo medi-

tico, la invisible dimensin de la confianza representa un elemento central. Diversas analogas con la vida perso-nal ilustran su importancia: no nos afecta del mimo modo el consejo de una persona en la que confiamos, que las palabras de un interlocutor con el que mantenemos una preventiva y desconfiada distancia. Veamos: slo el 12 % de los argentinos tiene mucha confianza en los princi-pales medios de comunicacin. La mayora restante se reparte entre una abierta desconfianza y una confianza selectiva (cuadro 1). Una exposicin a los medios acom-paada por, al menos una cuota de desconfianza, intro-duce una diferencia esencial entre consumo de medios y asimilacin automtica de los discursos que emiten. Por ello, el abordaje no debera concentrarse exclusivamente en los medios que consumen los ciudadanos, sino tam-bin en el modo en que lo hacen.

Un segundo hallazgo, vinculado con el recurrente tema de la objetividad, refuerza la argumentacin. El 26 % de los argentinos entiende que los medios ofrecen un re-trato objetivo de la realidad, mientras que ms de un 40 opina que transmiten un panorama ms negativo. Un 14 %, a su vez, se pronuncia por una deformacin simtrica de sentido contrario; para este grupo los medios seran paisajistas que estilizan la realidad (cuadro 2). Un sector importante de la sociedad advierte que la cobertura me-ditica comporta alguna clase de deliberada distorsin,

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que puede obedecer a intereses poltico-comerciales o a una determinada perspectiva tico-ideolgica. Ambos casos cancelan la posibilidad de un reflejo transparente.

La mayora de los argentinos no asocia a los medios con una descripcin asptica de la realidad sino que los per-cibe como un actor que no mira desde afuera, como un testigo imparcial, la lucha por el poder en la Argentina. A la sombra del debate en torno a la Ley de Medios, la so-ciedad argentina ha venido fortaleciendo sus msculos crticos y, desde entonces, tiene una relacin con los me-dios menos inocente. En virtud de este proceso, el efecto de los medios en el escenario poltico-electoral actual no ha sido determinante. La opinin pblica parecera es-tar privilegiando otras fuentes al momento de formarse opiniones polticas, su experiencia directa y el contenido de sus valores. En sntesis, actualmente el consumo de medios en la Argentina tiende a adoptar la forma de un consumo ms crtico. u

Notas

1 dea en Comunicacin, cultura y poltica (Universidad Complutense de Madrid), Socilogo (uba), Director de Estudios de Opinin Pblica y Mercado de Ibarmetro.

CUADRO 1

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12,0

41,5

31,6

10,0

4,8

Mucha Algo Poco Nada No sabe

AMBA1000 Casos

13 de Octubre

Cunta confianza Usted tiene en los medios de comunicacin?

33

CUADRO 2

CUADRO 3

DOSSIER

40,3

26,3

14,2

19,3

Una descripcin msnegativa de la

realidad

Una descripcinobjetiva de la

realidad

Una descripcin mspositiva de la

realidad

No sabe

AMBA1000 Casos

13 de Octubre

Pensando en los principales medios de comunicacin, usted dira que ofrecen:

61,0

55,8

44,1

39,6

26,0

37,7

38,4 22,0

19,8

18,3

18,2

19,2Las noticias que dan en general estn

influenciadas por intereses comerciales uorganizaciones poderosas

Las noticias que dan en general favorecen aalgn sector poltico

Las noticias que dan habitualmente soninexactas

A raiz del conflicto con el Gobierno tengo menosconfianza en los medios

De acuerdo En desacuerdo No sabe

Me podra indicar si est de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los principales medios de comunicacin:

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Ciencias Sociales

Revista Zigurat N 7 de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA

ante La faLta de eSpritu fiLoSfico de eStoS hiStoriadoreS,

cmo podran captar y preSentar qu eS penSar racionaLmente?

g.W.f. hegeL, Lecciones sobre La fiLosofa de La historia*

El clebre socilogo Pierre Burdieu reflexiona, en este texto publicado en Actes de la recherche en sciences sociales, N 1 (1983), acerca de la prc-tica y el discurso filosficos y de las condiciones sociales de su existencia.

Mi intencin aqu es, ante todo, oponer una des-mentida - que no es una negacin - a quienes quie-ren ver en todo anlisis sociolgico de las prcticas y de las instituciones filosficas un ataque contra la filosofa. En principio, porque los especialistas de las ciencias sociales - y no slamente ellos - tienen mucho que esperar de una disciplina que ganara sin duda tambin mucho si asume y enfrenta esta puesta en cuestin crtica2. Luego, porque verda-deramente pienso que no se puede servir mejor a esta disciplina, durante mucho tiempo, que sa-cando a la luz aquello que, en la prctica de sus miembros, es efecto de determinaciones inscriptas en su posicin social y en el devenir de esta posi-cin; comenzando por las reacciones de desprecio o indignacin que suscita la objetivacin sociolgi-ca vivida como crimen de lesa majestad. Toda una filosofa se halla inscripta en el estatuto social de la

Las

Pierre Bourdieu El presente artculo pertenece a Actes de la recherche en sciences sociales/, Anne 1983, Volume 47, Numro 1.

Traduccin a cargo de Felisa Santos

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Ciencias Sociales y laPierre Bourdieu

El presente artculo pertenece a Actes de la recherche en sciences sociales/, Anne 1983, Volume 47, Numro 1.

Traduccin a cargo de Felisa Santos

TRADUCCIONES

filosofa; de suerte que un anlisis (que se puede llamar sociolgico) de esta posicin y del habitus de aquellos que la ocupan porque sienten vocacin para ocuparla es, eo ipso, un anlisis filosfico. Llama la atencin, sobre todo, lo que la prctica y el discurso filosficos deben a las condiciones so-ciales de su existencia, tanto sea respecto de los objetos tratados - o censurados - o de la manera de tratarlos como de un estilo, de un tono y de todo el aparato de referencias, de ejemplos nobles y de problemas por donde afirman el sentido de la altura o el rechazo a infringir, la profesin de la importan-cia o el derecho a lo perentorio, a lo ltimo, a lo de-finitivo. El puesto se cumple en y por la postura que l autoriza y requiere: hay cosas que no se pueden decir y pensar sino en un cierto tono y hay tonos que no se pueden ni se deben adoptar ms que en ciertas posiciones y ciertas disposiciones.

La filosofa social que es inherente al puesto y a la postura de filsofo no se ve nunca tan bien como en la relacin que, ms all de las diferencias de poca y de escuela, los filsofos mantienen con la historia y que nunca es tan manifiesta como en el uso ordinario que hacen de las filosofas del pasa-

do o en las soluciones, ms o menos elaboradas, que ellos aportan a los problemas planteados por la historicidad de las filosofas. Se podra aplicar, mutatis mutandis, a la filosofa, los anlisis que Durkheim propona en LEvolution pdagogique en France, a propsito de la cultura literaria. El uso ordinario de los textos del pasado supone y suscita a la vez una neutralizacin, en el sentido de los fenomenlogos, una puesta entre parntesis ape-nas consciente de todo lo que conecta al texto y su objeto con una historia, con una sociedad, en pocas palabras, una deshistorizacin que es una verdadera des-realizacin: la filosofa de la historia de la filosofa como philosophia perennis cuyas di-ferentes encarnaciones histricas no son ms que variantes, separadas por diferencias superficiales, anecdticas, accidentales que la mirada filosfica debe atravesar para ir a lo esencial, es decir, a la esencia transhistrica de un texto, atado l mismo solamente a la esencia, no es ms que la racio-nalizacin de los presupuestos involucrados en la prctica ms comn del profesor de filosofa como lector, el comentario3. La lectura, que la ideologa profesional de los profesores y de los crticos des-cribe como acto de re-creacin que pretende ree-ditar la creacin misma4, es el momento decisivo de la transformacin de las producciones literarias o filosficas en cultura o, si se quiere, en segunda naturaleza, en habitus: la tcnica pedaggica de la actualizacin - justificada por la preocupacin de volver vivos y , por eso, interesantes, a los textos y a los autores - produce, por el anacronismo, un discurso que est, a la vez, situado y datado y es anacrnico y que, incluso cuando se cree fiel a la letra y al espritu de los pensamientos que quie-re simplemente reproducir, los transforma pero de manera completamente inconsciente5. Es as que, paradjicamente, la falsa eternidad que la lectura re-creativa, a la manera de las homilas inspiradas por el evangelio del da, asegura a las obras filos-ficas, es el producto de una historizacin oculta y siempre renovada.

La deshistorizacin que se inscribe en el devenir-cultura es tanto ms imperativa en este caso en

Filosofa

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Revista Zigurat N 7 de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA

el que, a diferencia del sacerdocio que no debe contar ms que con sus profetas de origen, el lec-tor profesional debe reconciliar autores y obras y doctrinas diferentes, es decir, antagonistas: apren-der a descubrir a Kant en Platn, a Marx en Spi-noza o a Heidegger en Parmnides es aprender, por aadidura, a acordar a las cosas de la cultura esta forma de creencia mesurada, que asegura la coincidentia oppositorum al poner a la cultura filo-sfica, unificada por su constitucin en philosophia perennis, por encima de las filosofas singulares y que conviene perfectamente al conjunto de usos directa o indirectamente escolares de los produc-tos de la actividad filosfica del pasado. Es as que numerosas utilizaciones de las obras filosficas, y en particular todas las que, bajo el nombre de his-toria de la filosofa, consisten en tratar a las obras cannicas como la ocasin y el instrumento de un comentario ms o menos sacralizante (en lugar de hacer de ellas el arsenal de problemas e instru-mentos que podra ver all una utilizacin secula-rizada y puramente instrumental) no tienen sentido ms que como referencia a las demandas de la institucin escolar, tales como ellas se expresan, no solamente en los tpicos y en los ejercicios de escuela, de los que queda claro que no deben su realidad ms que a la institucin, sino tambin en todas las especies de encargos institucionales, se trate de aq