Ante la reciente aprobación de la "Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales"

El Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación manifiesta

El Derecho a la Alimentación es un derecho humano fundamental con vínculo al derecho a la salud, a la

vida, entre otros. Se basa en elementos principales: la disponibilidad de la alimentación, la accesibilidad

económica y física, así como que sea alimento adecuado y culturalmente aceptable. Normas

internacionales ratificadas por el Estado de Guatemala, que son parte del ordenamiento jurídico nacional

y reconocen el Derecho a la Alimentación, por lo que es obligación respetar la superioridad de estos

derechos humanos por encima de acuerdos comerciales, sean estos nacionales o internacionales.

El 10 de junio el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 19-2014 "Ley para la

Protección de Obtenciones Vegetales", popularmente conocida como "Ley Monsanto". Es un

compromiso asumido en el marco del tratado de libre comercio DR-CAFTA. En la misma línea puede

mencionarse la visita del presidente Otto Pérez Molina a la multinacional Monsanto, gran industria de

venenos y transgénicos. Esta ley propone proteger la propiedad intelectual sobre la vida vegetal, a favor

de quiénes "crean", "descubren" o modifican vida existente en la naturaleza, entre otros, por vía de

alteración genética (introducción de genes foráneos a organismos receptores). La aprobación de la

normativa y su texto se caracterizan por una serie de ilegalidades e inconstitucionalidades, entre otras,

de haberse aprobado sin consultar a los pueblos potencialmente afectados por esta medida, y por no

contar con dictámenes de las comisiones legislativas de pueblos indígenas y agricultura, entre otros. La

implementación de cultivos transgénicos viola diversas disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, por ejemplo, al penalizar el uso de semillas en

futuras siembras, truncando de esta manera el ciclo natural de la vida y reproducción vegetal - incluso

puede afectar a campesinos e indígenas cuyas semillas criollas se hayan contaminado.

Desde la aprobación del tratado de libre comercio DR-CAFTA se confirma que lo pactado beneficiaría

principalmente a los grandes negocios y empresas, más no a los pequeños productores indígenas y

campesinos, ni a los consumidores. El apoyo al modelo empresarial con dogma de crecimiento

económico y de explotación de bienes naturales se constata en varias acciones del gobierno. No es de

sorprender que ahora, en tiempo record, se aprobara una ley para proteger los derechos "intelectuales"

sobre vida vegetal – mientras que no se aprueba la Ley de Desarrollo Rural Integral, iniciativa 4084, lo

que deja desprotegidas a las economías campesinas, sus cultivos y sus prácticas ancestrales. Cabe

resaltar que en nuestro país no hay legislación que regule actividades con Organismos Genéticamente

Modificados (OGM), sus cultivos, la cosecha, la señalización en productos de comercialización, etcétera.

Guatemala no está en capacidad de implementar adecuadamente organismos genéticamente

modificados, ni de regularlas y tampoco de controlarlas. Autorizar transgénicos en nuestro territorio

violaría el principio de precaución ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías

crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente.

Guatemala es uno de los 19 "Países Megadiversos Afines" del Planeta que ostentan el 70% de la

diversidad biológica, es decir, a nivel mundial se considera cuna de diversidad biológica y de maíz. Los

cultivos transgénicos y el coctel de químicos altamente venenosos que se utiliza de manera conjunta,

representan un incalculable peligro a las semillas criollas, algunas endémicas y únicas en Guatemala. Es

inaceptable que se amenace penalmente a indígenas, campesinas y campesinos vecinos de cultivos

transgénicos con prisión, si transgénicos contaminan sus semillas criollas, mientras que la contaminación

genética, por industrias como MONSANTO, DUWEST, DUPONT, SYNGENTA, BAYER, y por ende

destrucción de la naturaleza, queden impunes.

Ante esto, el Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación exige:

Derogar de manera inmediata el Decreto 19-2014 “Ley para la Protección de Obtenciones

Vegetales” por su carácter inconstitucional y violatorio al Derecho a la Alimentación.

Reconocer, respetar y garantizar la biodiversidad en Guatemala.

No implementar Organismos Genéticamente Modificadas (OGM), ni experimentar con este tipo

de ensayos sin controles adecuados. Prohibir la elaboración y venta de productos con OGM

como insumos.

Aprobar la Ley de Desarrollo Rural Integral, iniciativa 4084 en apoyo a las economías campesinas.

Promover de parte del MAGA la implementación del modelo agroecológico, orgánico y

sostenible de agricultura, resguardando y usando semillas criollas, en vez de un clientelismo a

través de fertilizantes químicos, entre otros.

Asegurar el pleno goce del Derecho a la Alimentación a todos los seres humanos.

Iximulew, 11 de agosto del 2014