análisis de coyunturas no. 2. seguridad ciudadana y defensa

Análisis de Coyunturas no. 2. Seguridad ciudadana y defensa nacional: Dos problemas en busca de solución. IDEN, Universidad de Panamá: Panamá. 2006. ISSN: 1819-561X.

Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/panama/iden/coyu/coyuntura2.pdf

www.clacso.org RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO

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deCoyunturasAnálisis

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Seguridad ciudadana y defensa nacional:Dos problemas

en busca de solución

CARLOS DAVID CASTRO

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UNIVERSIDAD DE PANAMÁINSTITUTO DE ESTUDIOS NACIONALES

2006

Colección «Ricaurte Soler»

CARLOS DAVID CASTRO

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Seguridad ciudadana y defensa nacional:Dos problemas en busca de solución

© Carlos David Castro, 2006.

Primera edición:© Instituto de Estudios Nacionales, 2006.

Diseño gráfico y diagramación:Pablo Menacho

363.3C279 CASTRO, Carlos David

Seguridad ciudadana y defensa nacional; Dos pro-blemas en busca de solución/ Carlos David Castro.Panamá: Instituto de Estudios Nacionales (Universi-dad de Panamá), 2006.56 p.; 21 cm.

ISBN 9962-8910-0-0

1. SEGURIDAD CIUDADANA2. DEFENSA NACIONAL3. FUERZA PÚBLICAI. Título.

Prohibida la reproducción parcial o totalde esta obra por cualquier medio o procedimiento,

incluida la fotocopia, de acuerdo a las leyes vigentesen la República de Panamá, salvo autorización del autor.

ISBN 9962-8910-0-0

Impreso en Panamá

SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

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PRESENTACIÓN

C on la publicación de esta segunda entrega, titula-da Seguridad ciudadana y defensa nacional: Dos

problemas en busca de solución, del Profesor CarlosDavid Castro, el Instituto de Estudios Nacionales (IDEN)continúa con la publicación de la serie Análisis de Co-yunturas, espacio editorial dedicado a resaltar el signifi-cado y trascendencia de hechos del acontecer actual quemerecen puntual atención, en beneficio de las investiga-ciones, estudios y análisis integrales de largo alcanceque desarrolla el instituto en sus diversas áreas de tra-bajo.

No tenemos la menor duda de que, adicionalmente,la serie de documentos que ya publicamos en este espa-cio podrá convertirse, en poco tiempo, en una herramien-ta indispensable para otros centros, institutos y unida-des dedicadas a la investigación, desarrollo y difusiónde conocimiento nuevo y que se agitan en el campo dela investigación y análisis interdisciplinario.

Este segundo número de la serie está dedicado alanálisis crítico de dos problemas que se encuentran, eneste momento, en la mesa de discusión, tanto de las au-toridades como de la ciudadanía en general: la seguri-dad pública y la integridad territorial. El manejo mediáti-co de la información sobre esos temas no siempre ha

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permitido una lectura correcta de su importancia y tras-cendencia. Por el contrario, su impacto real en el imagi-nario popular ha hecho que su verdadera importanciase diluya en interpretaciones superficiales que desdibu-jan su significado y trascendencia.

Para los efectos de resaltar los ejes temáticos y lostemas fundamentales que hacen de la seguridad ciuda-dana y de la defensa nacional dos asuntos que recla-man una solución en esta coyuntura, esta entrega estácompuesta por diez (10) artículos, la mayoría de los cua-les fueron publicados en la prensa local en un períodoque se extiende de 1998 a 2006. La idea ha sido com-pletar un itinerario temático que nos permita integrarcomo un todo los problemas de la seguridad ciudadanacon la situación de riesgo para nuestra soberanía,ejemplarizada particularmente en el caso del área fron-teriza del Darién y Kuna Yala. Como en todo análisis decoyuntura, de lo que se trata es que podamos estable-cer puntos de encuentro y/o de desencuentro en la bús-queda de la verdad y de las soluciones en el examen dehechos puntuales.


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esde el inicio de lo que muchos han dado en lla-mar el retorno a la democracia, hace dieciséis años,

SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL:EL DEBATE AUSENTE

Del discurso acerca de la necesidad de la consulta popu-lar y de la transparencia, en el tratamiento de los gran-des temas y problemas públicos se ha ido constituyen-do, paulatinamente, aunque no sin dificultades, en unode los ejes fundacionales del difícil proceso de cons-trucción y fortalecimiento de las nuevas reglas de con-vivencia ciudadana en el país. Ha sido en este difícilcontexto, que sectores significativos de la sociedad pana-meña han venido exigiendo que se realice el gran deba-te nacional sobre la necesidad de un nuevo estatutoconstitucional para el país, al igual que lo hizo recien-temente un amplio sector de la sociedad civil con referen-cia a la discusión de las reformas tributarias y fiscales,la nueva ley del Seguro Social y las negociaciones delTLC con los EEUU, y hoy lo hace con respecto a la protec-ción del medio ambiente en las áreas revertidas, la esco-gencia del Defensor del Pueblo y desde luego, la reali-zación del referéndum sobre la ampliación del Canal dePanamá.

Curiosamente, en momentos en que el país empiezaa identificar retos y amenazas totalmente nuevas o inédi-tas a su seguridad ciudadana e incluso a su integridad

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territorial —independientemente de que esta identifi-cación sea definida simplemente como “percepción” yque estas amenazas no sean realmente “nuevas”— estereclamo al debate abierto, consulta popular o referén-dum nacional acerca de estas amenazas, no parecieraocupar, en este momento, una posición prioritaria enla agenda de las organizaciones más beligerantes de lasociedad civil, e incluso en la de muchas que operan enel campo de la defensa de los derechos humanos. Lareacción, frente a hechos bochornosos e incalificablesde violencia, no parece ir mas allá de la siemprepredecible y manipuladora “indignación mediática”, laejecución de medidas improvisadas de represión “in situ”(tipo “Mano Dura”) o, en el peor de los casos, el desco-nocimiento o descalificación de la gravedad o trascen-dencia de los hechos o acontecimientos.

Esta situación ha privado a la ciudadanía paname-ña de participar en una amplia consulta popular quedebiera decantar en lo que podríamos denominar unaLey Marco de Orden Público, de Seguridad Ciudadanao simplemente de Orden y Seguridad Pública, que de-termine prioridades, establezca el pie de fuerza de lapolicía, el control de los cuerpos privados de seguri-dad, el desarme completo de la población civil, la luchacontra la droga, la persecución de la corrupción a lointerno de los estamentos de seguridad, del MinisterioPúblico y del Órgano Judicial, las normas para el re-clutamiento de los policías o la profesionalización delcargo de jefe de la Policía Nacional, entre otros, enten-diendo todos estos aspectos como parte de un solo pro-yecto integral de transformación. Esto implicaría un


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consenso general y una voluntad expresa de enfrentarla inseguridad y el caos. Estamos hablando entonces,de un pacto nacional.

Este marco de referencia debería dar cuenta de asun-tos que irían desde la configuración de la capacidadfísica y material del Estado para hacerle frente a la vio-lencia y a la violación de nuestra soberanía, hasta sen-sitivos temas relativos a responsabilidades éticas de losciviles y de los estamentos de seguridad, pasando poruna profunda modificación del órgano judicial. Consi-deramos que éste es el ejercicio previo para que eseconjunto de buenas y bien intencionadas sugerenciasque se han planteado sobre la materia, alcancen el gra-do óptimo de coherencia e integración. Nos estamosrefiriendo, precisamente, al caso de las iniciativas quese han hecho en materia de crear un Plan de PolíticaCriminal, un Programa integral para combatir las pan-dillas urbanas, de acciones para eliminar la corrupciónen los cuerpos de seguridad, de un plan maestro parafrenar el tráfico de armas y de drogas por las costaspanameñas o de las acciones para enfrentar la trata yel tráfico de personas, entre otros.

Es muy probable que los constitucionalistas aleguenque este problema se resuelve con la elaboración deuna nueva Constitución de la República y no simplemen-te introduciendo remiendos, reformas o creando másleyes. Esto sería, sin embargo, contestar una preguntacon otra pregunta. Lo cierto es que vivimos en una socie-dad que tiene un marco constitucional, legal e institucio-nal dentro del cual opera y se valida, y debe entenderse,desde luego, que las iniciativas que sugerimos deben

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subordinarse al mismo. Por el otro lado, las situacio-nes de inseguridad son un hecho real que, en este mo-mento, desborda la discusión puramente constitucio-nal. De hecho, la discusión sobre la Constitución, hasustituido la discusión sobre la seguridad ciudadana,así como la de otros temas sensitivos. Para nosotros lasituación se nos plantea al revés, esto es, partir de unaamplia discusión de los graves problemas que hoy nosaquejan, identificándolos y atendiéndolos con urgenciadentro de nuestras capacidades institucionales y cons-titucionales para después, sobre la base de realidadesconcretas, emprender las modificaciones que sean ne-cesarias a la Carta Magna.

Por lo antes señalado, no parece existir dudas en-tonces, de que este marco consensual propuesto sólotendría sentido, si todos los panameños consideramosque el mismo es necesario. Esto nos lleva a la pregunta,¿Por qué no se ha dado aún este gran debate o consul-ta popular?, ¿Qué hechos o circunstancias imposibili-tan ese gran pacto nacional?

Empecemos por señalar que durante los primerosaños que siguen a la invasión norteamericana parecie-ran existir razones que podrían explicar, aunque no jus-tificar, la ausencia de una amplia discusión sobre losproblemas y temas puntualmente relacionados con laseguridad ciudadana e incluso con la seguridad terri-torial. Esto, incluso a contrapelo del clima de caos, anar-quía e ingobernabilidad que precede a la sangrientainvasión norteamericana de diciembre del 1989. Podría-mos enumerar algunas de las razones que, a nuestrojuicio, explican este estado de cosas.


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En primer lugar, la misma invasión fue percibidapor muchos, “prima facie” como una solución frente alcaos y clima de represión atribuido al período dictato-rial. Para muchos, la etapa que se inauguraba post in-vasión fue recibida como un alivio que colocaba en unlugar muy subordinado cualquier preocupación sobrelo que pudiera entenderse como peligro para la seguri-dad ciudadana. De hecho, el Arzobispo Metropolitanode Panamá Monseñor Marco Gregorio McGrath definióa la invasión como una “Liberación” y por esa vía comola base fundacional de un imparable proceso de demo-cratización. Se asumía de esta manera que la invasiónen sí misma había sido virtualmente el producto de una“consulta popular”. Defenestrado el General Noriega yfísicamente aplastadas las Fuerzas de Defensa, consi-deradas por los principales dirigentes opositores de laépoca como el “verdadero enemigo interno del pueblo”,no parecía existir motivación real alguna para convertirel tema de la seguridad en un contencioso digno dejerarquizarse como problema, en ese momento.

Por otro lado, si bien en Panamá el crimen organi-zado, el tráfico de armas y el narcotráfico, al igual queen Centroamérica, recién empezaban a coger cuerpo amediados de la década de los ochenta, estas operacio-nes no habían alcanzado el nivel de colusión o integra-ción con bandas locales organizadas que alcanzarían apartir de la segunda mitad de los noventa; por el otrolado, los multifacéticos tentáculos de la corrupción y ladelincuencia organizada no habían logrado penetrarsignificativamente a las esferas gubernamentales ni alos estamentos de seguridad. De tal manera, que los

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niveles de delincuencia y violencia, o no estaban lo su-ficientemente visibilizados o su incidencia no consti-tuía aún un problema de Estado que comprometiera laseguridad de la ciudadanía en su conjunto. Esta situa-ción se mantendría así, por lo menos hasta mediadosde la década del noventa, a partir de la cual el proble-ma empezaría a alcanzar los niveles alarmantes de vio-lencia que hoy conocemos.

Sin embargo, pareciera existir una razón adicional,de mayor peso que las anteriores, y cuyo examen nospermitirá esclarecer con más precisión las principalesrazones que han inhibido el gran debate. Y es que lalectura más superficial acerca de la dirección de losacontecimientos políticos que se darían en el país, inme-diatamente después que es derrocado el régimen norie-guista, es pródiga en ejemplos que nos muestran laostensible omnipresencia del fantasma civilista del anti-militarismo —asumido virtualmente como ideologíaactiva y beligerante en esta fase de democracia tempra-na— en la toma de decisiones que de ahí en adelanteafectarían cualquier acción relacionada con la seguri-dad pública e incluso la seguridad territorial.

El proceso de organización policial empezó bien tem-prano. El gobierno presidido por Guillermo Endara pro-mulga los Decretos Ejecutivos No. 38 del 10 de febrerode 1990 que organizaba la Fuerza Pública, uno de cu-yos componentes era la Policía Nacional y el No. 42 de17 de febrero de 1990 que distribuyó las funciones deseguridad pública en varios cuerpos u organismos se-parados. De esta manera se iniciaron los primeros pa-sos conducentes a la abolición del ejército. En 1993 el


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ejército fue oficialmente abolido mediante reformas in-troducidas a la Constitución de la República a travésde dos legislaturas. El artículo 305 de la Constituciónfue suficientemente taxativo y explícito al respecto. Sinembargo, tuvieron que pasar casi ocho años para quese aprobara el nuevo estatuto legal o Ley No. 18 del 3de junio de 1997 (Ley de de la Policía), y casi diez años(1999) para que se proclamaran algunos de los princi-pios generales para una Estrategia Nacional de Seguri-dad cuya implementación se encuentra muy por deba-jo de las expectativas iniciales.

Lamentablemente, todo este escenario que cubre unperíodo de casi tres lustros no fue debidamente aprove-chado para instrumentar los mecanismos conducentesa una amplia e incluyente consulta sobre la situaciónde la seguridad ciudadana y la defensa nacional. Lahistoria es bien conocida, lo que se dio fue un bajo per-fil a los temas de seguridad e incluso de defensa denuestra soberanía, en el marco de un discurso políticodirigido a sobrevalorar el marco civil y democrático delas instituciones postinvasion, pero a costa de un cre-ciente deterioro en la percepción de los cuerpos de se-guridad y de su papel en la democracia, y de un repuntesin precedente, de la delincuencia y el crimen organiza-do. El discurso anti-cuarteles o anti-militar fue el ele-mento amalgamador.

De cualquier manera esta amplia discusión quizáshubiera sido inocua e inoportuna. De hecho, bajo lascircunstancias que vivía el país en esos momentos, eraperfectamente comprensible y hasta predecible la apre-hensión de la nueva dirigencia del país post invasión

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de abocarse a iniciar un debate serio sobre la seguri-dad ciudadana y las maneras de garantizar el orden yel respeto a los bienes y honra de los asociados, en unmomento es que tanto las Fuerzas de Defensa como lasfuerzas policiales habían sido totalmente desmantela-das, con la exitosa intervención de fuerzas extranjeras.Provocar una gran discusión o debate sobre como or-ganizar las nuevas fuerzas que garantizarían la seguri-dad de la población civil, seguramente hubiera abiertomuchas heridas y sinsabores, pero hubiera tambiéncreado peligrosamente, el escenario para que muchasde las medias verdades que se dijeron respecto de lasFuerzas de Defensa durante el tiempo de la dictadura,fueran puestas bajo el escrutinio público. La autocríticacon respecto a la apreciación del papel de las fuerzasde seguridad en el país habría puesto en peligro la legi-timidad del discurso antimilitar y civilista que alimentótodo el período de crisis del régimen norieguista entre1985-1989. De cualquier manera, la abolición del ejér-cito fue considerada por los nuevos incumbentes comoampliamente aceptada por la sociedad, al igual que lano incorporación de antiguos miembros de las Fuerzasde Defensa a las nuevas estructuras policiales creadasen 1990. El nuevo gobierno actuó en pleno ejercicio delpoder y no tenía, necesariamente, porqué someter aescrutinio sus decisiones. Este desiderátum tendría sinembargo un límite histórico-político que no fue debida-mente dimensionado en toda su magnitud en el mo-mento que correspondía.

A diferencia de Costa Rica, en donde la abolicióndel ejército fue el producto de un gran Pacto Nacional


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Patriótico que involucró la participación activa y deci-siva de todos los actores y sectores sociales afectadospor una sangrienta y estéril guerra civil, en Panamá labolición del ejército fue el resultado de acuerdos pala-ciegos y alianzas políticas que permitían alcanzar elconsenso en dos legislaturas diferentes, pero en unambiente político exacerbado por el impacto post trau-mático de la invasión y la presencia de tropas milita-res extranjeras en el país.

La incapacidad para iniciar este debate autocríticoy reordenador de las funciones y responsabilidades delEstado referente a garantizar la seguridad de los ciuda-danos y el resguardo de nuestras fronteras, explica engran medida el porqué a dieciséis años de la invasióntodavía es materia de discusión la decisión de escogera un civil, a un policía de academia o a un militar decarrera como Jefe de la Policía Nacional; tampoco exis-te un consenso respecto a las ventajas o desventajas demantener centralizados o separados los diversos esta-mentos de seguridad y, menos aún, existe consensoen cuanto a cómo articular, en una sola estrategia,tanto las medidas de prevención como las de repre-sión (“¿Mano Dura”, “¿Cero Tolerancia?”, “¿Seguridaden Democracia?”, “¿Represión y Resocialización?”, et.).

Ante esta ausencia de debate público en plena de-mocracia, lo que prevalece son las voces de pontíficesde antiguos jefes de la Policía Nacional, y de exmilitareso generales retirados, que frecuentemente están emi-tiendo juicios definitivos y categóricos sobre como debeorganizarse (o no organizarse) la fuerza pública, peroen un contexto vacío de llamados o cuestionamientos

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que involucren o puedan interesar a la sociedad en suconjunto.

La relación de hechos que se ha presentado segura-mente puede dar cuenta de las razones que han inhibi-do el gran debate al que hemos aludido en párrafosanteriores. Estas razones se refieren a hechos ocurri-dos durante los últimos dieciséis años. ¿Tienen algunavigencia estos hechos en este momento? Creemos quemuchas de estas razones y circunstancias han variadosensiblemente; no obstante, la percepción generaliza-da es que no existe la voluntad política de someter auna gran discusión nacional el asunto de la seguridadde las personas, de sus bienes y de su honra, pese aque la sociedad ha testimoniado de manera clara deque nos encontramos frente a un problema de fondoque exige claras definiciones de Estado, pero tambiénde una activa participación ciudadana que permita ofre-cer soluciones bien fundamentadas y a largo plazo.

El nuevo escenario nos muestra una situación en lacual el crimen organizado en todas sus manifestacio-nes, se nos presenta hoy como una realidad muy dife-rente a la que vivimos a principios de la década delnoventa. Mucho antes de los años ochenta el narcotráfi-co, el tráfico de armas y actividades conexas, eran con-siderados graves delitos por parte de las agencias na-cionales de seguridad de los países de la región,liderados principalmente por los Estados Unidos. Sinembargo, es a mediados de los ochenta que estas acti-vidades ilícitas dejan de ser consideradas como sim-ples delitos o violaciones a la ley, para convertirse enuna amenaza ostensible para la estabilidad de los Es-


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tados en la región. El asesinato en 1984 del Ministro deJusticia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, quien de-sató una abierta campaña legal y militar contra el Car-tel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, hasido considerado como el primer asesinato político delnarcotráfico desde que el crimen organizado se estable-ce en Colombia y mostró los niveles de organización ybeligerancia de estos grupos y su capacidad para me-dir fuerzas con el Estado. Poco después, en 1989, elasesinato, por parte de sicarios del narcotráfico, delcandidato a la Presidencia de Colombia por el PartidoLiberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, en medio de unmitin político, puso en evidencia una vez más, el gradode ingerencia del crimen organizado en las estructuraspolíticas del Estado y el nivel de peligrosidad que el mis-mo representaba para la gobernabilidad del mismo. Laamenaza representada por estos grupos violentos con-tra el gobierno se fue profundizando en la década delnoventa, ya no sólo bajo la forma de magnicidios políti-cos, pero a través de formas subrepticias de corrupcióndestinadas a minar la capacidad del Estado para ha-cerle frente. La experiencia con los carteles de la drogaen México no fue muy diferente en lo que respecta a surelación con el Estado y en su conjunto constituyó unbuen mostrador de ejemplo para los carteles en la re-gión centroamericana.

En este momento, Panamá no escapa a ese peligro,habida cuenta de que es un secreto a voces de que nues-tro país ha sido, en múltiples ocasiones el escenario mate-rial en donde grupos tanto locales como extranjeros,pertenecientes a diferentes frentes del crimen organiza-

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do ligados al narcotráfico han dirimido sus diferencias.La fuerte ola migratoria procedente de Colombia ha mo-dificado el entorno criminal en Panamá y creado nuevasmodalidades de criminalidad que se han coludido con ladelincuencia criolla, agudizando cada vez más la inse-guridad del ciudadano en su integridad física, bienes yhonra. Aunque se ha insistido en el hecho de que, conrespecto a la magnitud del riesgo, nos encontramos másbien frente a un asunto de “percepción”, vale la penarecordar que la sola percepción en sí ya es un problemaal que hay que atender; y no sólo a través de la manipu-lación de la información o la confrontación mediática,sino eliminando la base material que la sustenta. Peroéste es, precisamente, uno de los puntos a debatir enesa gran consulta popular, que se nos presenta en estemomento como un debate ausente.

Otra de las características del nuevo escenario quese vive en este momento ha sido el desencanto de laciudadanía con respecto a la capacidad del Estado, endemocracia, de garantizarle seguridad y confianza. Lasucesión de tres gobiernos elegidos democráticamenteno ha sido suficiente para que la ciudadanía comprendalas nuevas reglas de juego. Esto no es de extrañar, habi-da cuenta de que el desmantelamiento de las Fuerzas deDefensa y de las instituciones del período dictatorial, sig-nificó exactamente sólo eso, un cambio de situación, unhecho coyuntural, una oportunidad. En realidad fue unacoyuntura que sirvió para que las fuerzas tradicionalesdel pasado, que nunca perdieron su poder real, se reali-nearan, desde una posición de fuerza, en torno a exigen-cias de reacomodo y modernización no solo internas, sino


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también externas o globalizadas. Por lo tanto, esto noimplicó, necesariamente, la desaparición de las prácti-cas tradicionales clientelistas y antidemocráticas del pa-sado inmediato y cuyas raíces se remontan al pretéritocolonial, al período de unión a Colombia y desde luego atodo el período republicano anterior e incluso posteriora los sensitivos cambios sociales y económicos que seintroducen a partir del golpe de Estado del 11 de octu-bre de 1968. Sin embargo, el saldo positivo ha sido quela retórica democrática post-invasión dejó sus huellas yla demanda por una mayor participación y consulta ciu-dadana poco a poco ha ido rebasando el estrecho ámbi-to del reclamo de derechos políticos y legales —que pre-valeció durante los primeros años del noventa—, paraextenderse al ámbito más amplio de los derechos huma-nos, sociales, culturales y económicos, con lo cual sehan creado condiciones especialmente propicias para elfortalecimiento de las nuevas estructuras democráticas.

Paradójicamente, la existencia, por un lado, de unpositivo ambiente democrático crecientemente respal-dado por una mayor presión hacia la transparencia y laconsulta popular, y por el otro, de un clima de crisis eingobernabilidad, dentro del cual la inseguridad públi-ca y la vulnerabilidad de nuestra soberanía es solo uningrediente, ha servido para reforzar las señales de alertafrente a una situación que pone en peligro no solo elestatuto de seguridad de los ciudadanos, sino la mis-ma independencia e integridad del Estado panameño.Esta contradictoria conjunción no se daba a principiosde la década del noventa; bajo las actuales condicionesla misma se convierte prácticamente, en el punto obli-

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gado de referencia para la convocatoria al gran debatenacional.

Sin embargo, alcanzar el consenso, particularmen-te, en el tema de la seguridad ciudadana y de defensanacional no será una tarea fácil. Aunque el entorno conrespecto a las amenazas del narcotráfico y el crimenorganizado ha cambiado en más de una década y em-pezamos a comprender su verdadero origen y naturale-za y aunque, además, hemos logrado avances impor-tantes en la democratización de nuestras estructuraspolíticas, no parece haber ocurrido igual con respectoal síndrome anti-militar que, desde mucho antes de lainvasión de 1989, parece destinado a desdibujar cual-quier iniciativa de amplio espectro que pretenda darleun vuelco a la manera como se han venido manejandolos asuntos de la seguridad pública y la preservaciónde integridad territorial.

Los mismos temores y reticencias que prevalecierondurante los primeros años de los noventa para llevar acabo una amplia consulta sobre las Fuerzas de Defensay la Policía, no parecen haber cambiado mucho en estanueva coyuntura, a más de tres lustros de la invasión.Lo único que ha cambiado ha sido el contenido de esteanti-militarismo. A finales de la década del ochenta, elmismo estuvo alimentado por el anticomunismo y losejes estratégicos que emanaban de la Guerra Fría. Insis-tir ahora en esta postura sería caminar a contrapelo dela historia. Sin embargo, las realidades político-electora-les en la región latinoamericana en los últimos años y sugiro hacia la izquierda parecieran indicar que este recur-so anticomunismo/antimilitarismo no es totalmente


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desechable. Pero esto sería objeto de otro análisis. Loimportante ahora es señalar que este anti-militarismoredivivo que impide que los panameños nos aboque-mos a un escrutinio público sobre cómo manejar nues-tra gobernabilidad y paz social, hoy se alimenta, comoen la mayoría de los países latinoamericanos, no tantoen el predicamento anticomunista, cuanto en el temorde las clases gobernantes de perder el control políticohegemónico, ante el fracaso de ofertar la democraciacomo una mercancía que realmente pueda garantizarmejores condiciones vida a la inmensa mayoría de lapoblación empobrecida y socialmente excluida del con-tinente (La democracia en América Latina, PNUD, 2004).

Por otro lado, el escenario mundial surgido a raízde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001,que elevaron al llamado Terrorismo a problema de se-guridad mundial de primer orden, ha tenido el efectoreal, al igual que durante los años de la Guerra Fría,de sacrificar la seguridad doméstica, pública o ciuda-dana, en aras de la seguridad del Estado y la luchacontra el enemigo “externo”; en otras palabras, de re-vivir la superada doctrina de la “Seguridad Nacional”.

Como ya empieza a observarse en la mayoría delos países del área centroamericana, el resultado netode la conjunción de todos estos factores ha sido, nosólo el retroceso en la formulación de un Plan Integralde Seguridad Pública y Defensa Nacional, sino tam-bién el retroceso en la capacidad del Estado de poderarticular una estrategia general de seguridad con lasmetas estratégicas y, a largo plazo, de un proyectodemocratizador.

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No es difícil entender, entonces, que estas aprehen-siones antimilitaristas de nuevo cuño no tienen nadaque ver con la democracia o su preservación y, por elcontrario, tendrían que ver más que nada con la super-vivencia de fuerzas antidemocráticas y caudillescas queven en una nueva lectura del papel de la Policía, de losestamentos profesionales y de la población civil y en lapreservación de la seguridad democrática una amena-za a su secular hegemonía. No obstante, no será fácililustrar a la ciudadanía respecto de las fuerzas que seesconden detrás de los cantos de sirenas. Se trata deque cuando se habla de seguridad, sobre todo en elcontexto en que lo estamos tratando, es difícil ofrecersoluciones sin afectar al poder hegemónico. Pero el po-der y las instituciones sobre las cuales se sustenta elmismo, también podría verse gravemente afectado ensu legitimidad y supervivencia, con todo lo que estoimplica, si no atiende a tiempo las demandas para laconstrucción de una sociedad cada vez más segura ygobernable.

Panamá, 2 de abril de 2006.


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LA DEMOCRACIACONTRA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Joseph Fouche dijo alguna vez que “los gobiernospasan, la policía se queda”. Esta frase, lapidaria

para muchos, pareció aludir a una especie de ley “na-tural” y “universal’’. La misma justificaría el hecho deque a pesar de ser Fouche uno de los asesores másconspicuos del Ancient Regime, inmediatamente des-pués de la Revolución Francesa ascendiera al cargo deMinistro de la Policía de la nueva república francesa.

Sin embargo, la supuesta validez de este carácter“natural” y “universal”, pareciera haber colapsado. Porlo menos en cuanto a la historia reciente de Panamáconcierne y a la luz de lo que está pasando en estemundo unipolar presidido por Estados Unidos.

Ocurre que la invasión norteamericana de 1989 nosólo acabó con las Fuerzas de Defensa. Acabó tam-bién con la Policía, la única institución capaz desde elpunto de vista del uso institucional de la fuerza, develar por la seguridad pública y la estabilidad del or-den civil. Sólo la policía, como institución, cuenta conla capacidad e infraestructura legal y material paraejercer un seguimiento y control de la vida privada delos ciudadanos en la sociedad civil. Su tarea funda-mental es la vigilancia y la prevención; su máxima res-ponsabilidad y fortaleza: la confidencialidad y el se-

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creto. Esa tarea no la puede cumplir ningún ejército,ni nacional ni de ocupación, toda vez que las funcio-nes del ejército son obviamente muy diferentes a lasde la policía. En ese sentido la policía es un activosocial e histórico, es una capacidad instalada y sudestrucción no puede darse sin riesgo del caos y laanarquía que siguen a los cambios y transformacio-nes sociales profundas.

Eso lo entendió muy bien la Revolución Francesa,pero también lo han entendido los nuevos Estadosdemocráticos que emergieron en Europa Oriental des-pués de la caída del comunismo. En estos últimos, aligual que en Francia, se distinguió muy bien entre loque era la cúpula política de los cuerpos de seguridady lo que era su infraestructura institucional, operativay funcional.

Pero, en nuestro país la situación fue más allá. Sedestruyó la posibilidad de reconstruir a mediano plazouna nueva institucionalidad, ya que las prioridades quese impusieron a partir de 1989 no serían la seguridadcivil y ciudadana, si no básicamente, impedir la vueltaal militarismo. La prioridad fue el “Nunca Jamás”. Estaagenda, sin embargo, no estableció plazos ni metas. Enotras palabras se sacrificó la seguridad ciudadana enaras de la democracia formal. A partir de esta desinteli-gencia, se reestructura, sobre todo desde inicios de1990, una estrategia de seguridad que consistiría en“vigilar a los vigilantes”, en el decir de Michel Foucault.

Esta estrategia explica transparentemente, la rápi-da e improvisada sucesión de jefes de policía durantelos primeros siete años post-invasión, la tardía defini-


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ción de una estrategia de seguridad a diez años de laeliminación de las Fuerza de Defensa y de la ley de laPolicía, la ausencia de una política criminal del Esta-do, el manejo errático de la situación de la fronteracon el Darién, y quizás lo más importante y peligroso:la percepción de que los cuerpos de seguridad no pue-den hacerle frente al delincuente común y mucho me-nos al crimen organizado.

¿Qué hacer frente a este desaguisado? A mi juicio,proceder a través de acciones que tendrán que desa-rrollarse en dos momentos, pero de manera simultá-nea. En un primer momento, se requerirán accionescuyos efectos sólo podrán mostrarse a mediano o lar-go plazo y que suponen: a) medidas de prevención quenecesariamente deberán ser de carácter permanente,y b) de “represión equitativa”, es decir, de cero impu-nidad. Está claro que estas acciones no podrán teneréxito sin cambios profundos en el sistema judicial. Enun segundo momento se requerirán acciones a cortoplazo. Esto supone imponer acciones que significansimplemente hacer las cosas como siempre han debi-do hacerse, eso es, sin inventar absolutamente nadanuevo, hacer cumplir la Constitución en lo que res-pecta a la defensa del territorio nacional y de la sobe-ranía. Esta es una pre-condición para el respeto de lainstitucionalidad del Estado, tanto para nacionalescomo para extranjeros.

Pero implica también, que la policía, sin mezquin-dad, recobre su papel de vigilante eficaz, preventivo yrepresivo. La respuesta está en su profesionalidad. La-mentablemente, la experiencia nos indica que esta

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profesionalidad sólo les interesa a las clases pudien-tes, cuando la delincuencia lesiona sus intereses declases. Sólo en ese momento la seguridad se convierteen un problema de Estado.

No permitamos que ese discurso pseudo civilista ydemocratizante de finales de la década del ochenta delsiglo pasado siga vigente y continúe pavimentado la víahacia una sociedad en donde la inseguridad y el cri-men se entronicen como epígonos de una sociedad del¡Nunca Jamás!

Diario El Panamá AméricaViernes 7 de noviembre de 2003.


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esde los inicios de la República, los tempranostemores y prejuicios acerca de la policía y el ejér-

HISTORIAS DE MIEDO

Dcito han hecho que casi toda la narrativa literaria, losanálisis, las reflexiones y discusiones sobre el tema delos «hombres armados» en Panamá, se hayan conver-tido en auténticas historias de miedo y de horror quehan servido, con eficacia, para ahuyentar o inhibir cual-quier intento serio por abordar con responsabilidad ycompromiso esta temática.

Términos como «militarismo», «civilismo», «militar»,«policía», «uniformado», «seguridad», «defensa nacional»,etc., así como los rutinarios actos cívicos y patrióticosde carácter masivo (marchas, himnos, uniformados,etc.) se han transformado, virtualmente, en indiscuti-bles contraseñas semánticas referidas exclusivamen-te a evocar afectivamente, símbolos negativos del pa-sado, al punto de que se ha perdido el rigor intelectualy la capacidad para entender tanto los puntos de par-tida, como los de llegada de un asunto que ameritauna perspectiva integral.

Esto es particularmente cierto en el caso del espe-cioso concepto de «militarismo en Panamá», el cual hasido asimilado acríticamente a nociones preconcebi-das que responden a otras particularidades históricas,

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desconociéndose nuestra propia especificidad comopueblo y como nación. Los tipos «puros» o clásicos demilitarismo, entendiéndolo como un fenómeno quepermea a toda la sociedad, lo encontramos en losejemplarizantes casos de Alemania y Japón. En estoscasos, los ejércitos no eran el brazo armado del Esta-do, ni estaban al servicio del Estado, ellos eran el Es-tado.

Este no es precisamente, el caso de Panamá. Porrazones que nuestra historia ha sabido explicar a lolargo de más de 183 años, el Estado panameño hapodido esquivar la seria responsabilidad de garanti-zar su propia seguridad y la de sus ciudadanos, parti-cularmente en lo concerniente a la existencia de unejército propio, delegando, hipotecando o cediendo to-tal o parcialmente esa responsabilidad (e incluso susoberanía) a un tercero. Sin embargo, a pesar de queel actual aquelarre «antimilitarista» puede explicarseen función de esos antecedentes, lo cierto es que nues-tra propia historia no nos muestra como un país detradición anti-militar. En todo caso, podríamos autode-finirnos como «militarmente neutrales», pero no antimi-litaristas. Y no podía ser de otra manera. La ostensi-ble presencia de tropas militares extranjeras y de equi-pos en las riberas del Canal por casi 96 años, y suimpacto sobre el imaginario popular, difícilmente nospodrían situar como antimilitares. Lo que sí ha sidopropio del pueblo panameño ha sido su fervor antibeli-cista y pacifista, esto es, de lucha permanente por laconstrucción de la paz y la democracia real, como lodemostró en su momento el Frente Patriótico de la


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Juventud durante y después de la II Guerra Mundial,y hoy, las nuevas generaciones de demócratas yantiguerreristas.

No sé a qué oscuros designios responden estos as-pavientos de antimilitarismo redivivo, en un país y enun momento, en el cual todos sabemos que no existe lamenor posibilidad de restaurar las experiencias milita-ristas de décadas anteriores, ni en Panamá ni en el con-tinente. Más provecho obtendríamos si nos comprome-tiéramos en iniciar una gran cruzada pacifista con elobjeto de poner fin al armamentismo galopante de lasgrandes potencias, así como a las cruentas guerras deIrak, Afganistán y el Medio Oriente.

Diario El Panamá AméricaJueves 18 de noviembre de 2004.

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na de las consecuencias más importantes de lainvasión de 1989 fue la separación entre policías

POLICÍAS, MILITARESY «UNIFORMADOS»

Uy militares, que ya aparecía claramente establecida enla Ley 20 impulsada por Noriega y que creaba las Fuer-zas de Defensa, pero en donde la policía emergía comoun estamento subordinado.

Durante el largo debate que se inició a principiosde los años 90 para crear la nueva Policía Nacional,advertimos que una constante en la controversia fuela distinción entre institución policial y la militar, peroen un contexto de completa confusión conceptual yargumental, que estaría por evaluar si fue casual ointencionada.

De hecho, en su trasfondo, este debate perseguíano sólo la aprobación de una nueva ley para la policía.

Eran importante dos objetivos adicionales: por unlado, descalificar y satanizar la idea de un ejército enPanamá y por otro, controlar a la policía frente a cual-quier peligro de militarización.

Los medios de comunicación fueron especialmenteexitosos en su tarea de presentar ante la opinión pú-blica al ejército y a la policía como dos instancias nosólo diferentes sino contrapuestas. El componente«antimilitarista», la evocación del régimen de Noriega


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y el lenguaje «civilista» fueron los íconos de esa con-frontación.

Nuevamente hoy, cuando el gobierno recién insta-lado de la Patria Nueva, plantea la necesidad de colo-car al frente de la Policía Nacional a un miembro de lapropia institución o a un civil con el conocimiento yexperiencia para dirigir la misma, salen a relucir lasvoces sibilinas y agoreras que vaticinan una inminen-te militarización del cuerpo policial. Pero esta vez, adiferencia de los años 90, cuando se necesitaba refor-zar la imagen de una policía «democrática» pero sinprotagonismo e incidencia sobre los desafíos a la se-guridad ciudadana, y la defensa exterior y se hacíaénfasis en su radical diferencia con respecto al ejérci-to, el interés se centra en no hacer diferencia entre loque es una institución militar y lo que es una institu-ción policial, sino por el contrario, en entremezclar yconfundir los términos, al socaire de un antimilitaris-mo caduco y trasnochado.

Se pretende, a estas alturas, reabrir la absurda ycircular discusión, de finales de los 80, según la cualdeberíamos estar debatiendo entre decidir por unaopción militar o por una policial, en un país que tienemás de diez años de haber abolido el ejército.

Hoy como ayer, aún no hemos aprendido la lecciónde que la confrontación no es entre policías y milita-res, y aunque ésta sea ya una discusión agotada enun país que no cuenta con fuerzas armadas, es buenoque se recuerde que lo contrario de un mal soldado nolo es un buen policía, sino un buen soldado. Lo mis-mo aplica para el policía.

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El argumento del supuesto peligro de militariza-ción de la Policía Nacional, pareciera desconocer queésta es una institución civil y no militar, y por muy«uniformado» que pueda ser su director, es un actorcivil, no militar, por las razones ya expuestas.

En todo caso, si tenemos que estar alerta, es bue-no recordar que podría ocurrir que el peligro de la mi-litarización no provenga precisamente de los cuarte-les, cuanto de factores externos no controlados o quepuedan ser generados por la misma sociedad civil opor mega estrategias geopolíticas.

La historia es pródiga en ejemplos. Al fin y al cabo,la crema y nata de dictadores militares que asoló aAmérica Latina en décadas pasadas debe su forma-ción como tales, no tanto a las academias militares,cuanto a la currícula de la Escuela de las Américas.

Diario El Panamá AméricaLunes 20 de septiembre de 2004.


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REPRESIÓN:¿LA SOLUCIÓN FINAL?

Respondiendo a lo que parece ser el esbozo de unapolítica criminal uniforme para Centroamérica,

que pareciera alimentarse de criterios externos de na-turaleza geopolítica y regional y no sólo de factores deorden interno, Panamá ha entrado a lo que podríamosdenominar la espiral de la «Mano Dura» o de «Cero To-lerancia», configurando así una singular entente poli-cíaco-represiva con Nicaragua, Honduras, Guatemalay El Salvador.

El factor común pareciera descansar, primero, enun supuesto «agotamiento» de las medidas de preven-ción vigentes a lo interno del marco legal, en el preten-dido desgaste y abuso de las campañas centradas enla defensa de los derechos humanos y después en unreencuentro con la eficacia de las medidas de repre-sión, particularmente, la física practicada «in situ» enbarrios, calles, casas y veredas, en contra de la crimi-nalidad.

Ante el inicial apoyo de la población a las medidasde represión, reforzadas y estimuladas por la «indig-nación mediática» y la subsiguiente psicosis colectivaderivada de la exaltación masiva de crímenes abomi-nables y atroces, una de la principales bajas o vícti-mas de esta nueva situación ha sido la promoción y el

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fortalecimiento de las medidas de prevención (y deresocialización), y no, precisamente, los índices de cri-minalidad.

Pero, contrario a lo que pueda pensarse, no hansido ni las doctrinas penales, ni los especialistas enconducta social desviada ni los criminólogos moder-nos, los únicos que se han encargado de demostrar,con solvencia, que las medidas de prevención vis a vislas de represión, se constituyen en la forma más ra-cional y segura para garantizar la solución permanen-te a los problemas de la delincuencia y la criminali-dad. En su lugar, ha sido, justamente, la misma prác-tica de la justicia criminal, y los límites propios de larepresión física las que se han encargado de demos-trar con abundante evidencia histórica, cuan inocuaspueden ser estas opciones. En particular, cuando sedesconoce que la represión física y el castigo, en lassociedades civilizadas, tienen como objetivo básico yfundamental, sólo mantener el crimen dentro de lími-tes tolerables en aras del bien común, mas nunca eli-minarlo; y peor cuando además, se pierde de vista quela vigilancia y el castigo debe ser permanente.

La solución permanente a la violencia y la crimina-lidad encuentra sus fuentes en principios rectores (fi-losóficos, religiosos, éticos, sociales, etc.) que hacenposible la convivencia humana en un marco de justi-cia y equidad, y no en la represión per se. Qué podríasignificar el hecho de que los medios represivos, por sísolos, rebasen ese mandato, que nos viene como unaherencia ancestral, desde los tiempos del Código deHammurabi, hace casi 3,800 años, y pretendan con-


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vertirse, en la fuente de la justicia. De ser así, estaría-mos transitando hacia más allá del principio, amplia-mente difundido entre los pueblos semitas del «ojo porojo, diente por diente» (Ley del Talión), que no es, pre-cisamente un llamado a la retaliación a la venganza,cuanto una convocatoria de la subordinación del re-curso de la fuerza y el abuso, venga de donde venga, alos principios de la ética social y la equidad.

El uso de la fuerza siempre ha tendido a justificar-se bajo el manto de principios generales a los cualesdeclara subordinarse. Pero aquí, nuevamente la his-toria acude en nuestra ayuda, porque nos demuestraque, muchas veces, la represión tiende a convertirseen un fin en sí mismo, desmarcándose de cualquierlegitimidad, y actuando en contra de la misma. Sólodeberíamos recordar las experiencias de «solucionespermanentes», muy populares en Sudamérica hace unpar de décadas, en donde las ejecuciones extrajudicia-les, realizadas por las «Manos Negras» o las «ManosBlancas», las Brigadas Justicieras, y otras modalida-des de liquidación indiscriminadas de asesinos, inclu-yendo, últimamente, las sospechosas muertes masi-vas de «maras» en recintos cerrados en Centroamérica,se han convertido, pretendidamente, en modelos desolución. Mismas que nos hacen evocar, guardadasproporciones, funestas experiencias del pasado, comolas «limpiezas étnicas» o las «soluciones finales». Cuan-do escuchamos sobre «Mano Dura», nos gustaría quese nos aclarara si estamos hablando de «control so-cial» o de «soluciones finales». El mensaje enviado noes muy claro. La ciudadanía dormiría más tranquila si

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supiera que se buscan soluciones permanentes y civi-lizadas, no acciones cíclicas o reactivas, que respon-dan a la «indignación» momentánea y que, eventual-mente, puedan ser usadas en su contra. Definicionespor favor.

Diario El Panamá AméricaSábado 4 de septiembre de 2004.


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POLICÍAS,GOLPES Y CONSTITUYENTES

Las declaraciones de Martín Torrijos sobre el nom-bramiento del Jefe de la Policía Nacional y las re-

acciones que han generado las mismas son profunda-mente aleccionadoras. Parecieran revelar que el paísno ha superado aún las traumáticas circunstanciasque llevaron, hace 14 años, a desmantelar a las Fuer-zas de Defensa, a la abolición constitucional del ejér-cito hace casi 10 años y a la aprobación de la nuevaley de la Policía Nacional en 1997. Es como si, virtual-mente, hubiéramos entrado en un estado de hiberna-ción en materia de seguridad y como si viviéramos enuna urna de cristal, y a espaldas de lo que ocurre re-gional y mundialmente en materia de defensa nacio-nal y de seguridad ciudadana.

Tenemos que admitir que todavía se insiste terca-mente en reactivar un antimilitarismo desusado y deviejo cuño que lejos de reforzar nuestra civilidad y elproceso de democratización de nuestras instituciones,lo que hace es desmoralizar a los estamentos de seguri-dad, enviando un mensaje de incertidumbre, en mediode crecientes signos de descomposición social y de vio-lencia.

Se pierde de vista que los golpes palaciegos y tradi-cionales, así como las dictaduras totalitarias conven-

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cionales, tan frecuentes en nuestra reciente historialatinoamericana, son virtualmente una especie en ex-tinción. Los peligros y amenazas reales a la seguridady la paz ciudadana son de una naturaleza totalmenteinédita, difíciles de predecir e imposibles de desligarde las reglas de juego impuestas por el nuevo ordenmundial globalizador.

En la historia reciente de América Latina, ni los es-candalosos casos de corrupción gubernamental, ni lacrónica inestabilidad de gobiernos elegidos democráti-camente, y mucho menos, los sangrientos episodios demasacre de decenas de ciudadanos en las calles, hansido argumentos políticos o ideológicos suficientemen-te sólidos como para justificar golpes de estado milita-ristas en la región. Esto es precisamente lo que nosenseñan los sonados y documentados casos de corrup-ción escenificados por mandatarios y altos funciona-rios en Nicaragua, Guatemala y Honduras; la sucesiónde cuatro presidentes en cuatro años en Ecuador; ladificultad para derrocar al presidente de Venezuela,Hugo Chávez, a pesar de numerosas asonadas, inten-tos de golpe cuartelarios y movimientos de masa; o lasangrienta represión en Bolivia, que culminó no sólocon la caída del presidente Sánchez de Lozada, sinotambién con la muerte de más de 80 ciudadanos. Haceapenas menos de dos décadas, y por razones aún me-nos graves que las antes señaladas, se estuvieron de-rrocando militarmente, gobiernos civiles plenamenteconstituidos.

Curiosamente, en este momento, distinguidas y res-petadas organizaciones civiles de nuestro país, con el


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aval de la Iglesia, se encuentran empeñadas en la con-vocatoria de una Asamblea Constituyente; pero a tra-vés de la invocación de métodos contrarios a los per-mitidos por la Constitución, lo que significaría, paramuchos, un virtual llamado a la sedición o a un golpede Estado. Si bien consideramos que nuestra CartaMagna, sin lugar a dudas, requiere de una seria revi-sión que la adapte a las nuevas demandas de demo-cratización y moralidad que exigen las nuevas reglasde convivencia, no deja de ser un contrasentido que,invocando la “soberanía popular”, se violen normaslegalmente establecidas. El siguiente paso sería la anar-quía y el asalto al poder.

De todas maneras, como ya lo demuestra lafolclórica historia política de nuestra región, si el caosy la arbitrariedad se imponen, lo más seguro es queno ocurra nada (por lo menos en términos de conmo-ción militar), dada la subordinación de las fuerzas deseguridad al estatuto civil. Lo realmente preocupanteaquí sería, sin embargo, la incapacidad para imponerel orden después del caos. Esta es una de las grandesparadojas de una democracia civil mal entendida.

Pero por esta misma vía, recordemos que los golpesmilitares no son la única forma de cambio social vio-lento y traumático en una sociedad. En realidad, ni si-quiera es la más importante ahora mismo. De hecho, lamisma sociedad civil, cual monstruo de mil cabezas,tiene muchas formas no civilizadas de transformar larealidad social (y éstas no excluyen la violencia).

Revisemos una vez más la historia y complemente-mos este examen con una aguda mirada sobre lo que

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ocurre, actualmente, alrededor del mundo. Así, qui-zás podamos identificar dónde se encuentra realmen-te el peligro y quiénes lo representan, si de civilidad,seguridad y defensa de la democracia se trata.

Diario El Panamá AméricaViernes 7 de noviembre de 2003.


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ACERCA DE CONSPIRACIONESY CORTINAS DE HUMO

Mucho se ha insistido en vincular los recientes in-cidentes de la frontera sur, con maniobras de

trastienda de parte de Estados Unidos, para garanti-zar el mantenimiento de bases militares más allá delaño 2000. Analicemos brevemente algunos hechos his-tóricos.

En la noche del 15 de febrero de 1898, el viejo aco-razado norteamericano U.S. Maine, fue destruido poruna violenta explosión submarina, mientras estabaanclado en el puerto de La Habana. El estallido matóa 266 norteamericanos, entre oficiales y tropas. Sinprueba alguna, se responsabilizó a España por esteincidente, con lo cual se creaba el escenario para queEstados Unidos pudiera intervenir en la guerra de in-dependencia de Cuba, derrotar al régimen colonial es-pañol y asegurar su hegemonía total en el Caribe, conla ulterior toma de Puerto Rico. Posteriormente (1976),se demostró que la explosión fue un accidente, causa-do por un desperfecto en el cuarto de máquinas delU.S. Maine.

Durante los días 2 y 4 de agosto de 1964, EstadosUnidos alegó que lanchas cañoneras norvietnamitasatacaron a dos destructores norteamericanos en el Golfode Tonkin. Estos supuestos ataques provocaron que el

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gobierno de Lyndon B. Jonhson emitiera la Resoluciónde Tonkin, con la cual se iniciaban los ataques aéreosmasivos sobre Vietnam del Norte y a todo lo largo de laruta de Ho Chi Min. De esta manera, Estados Unidosentraba de lleno y con plena responsabilidad en la gue-rra de Vietnam. Posteriormente, una investigación delCongreso norteamericano comprobaba que el ataquedel 4 de agosto, nunca se llevó a cabo.

En ninguno de los dos casos, Estados Unidos con-taba con razones legales e, incluso, materiales quejustificaran su intervención, por lo tanto, se tuvo queechar mano de hechos circunstanciales y, desde lue-go, de la manipulación interesada de la opinión públi-ca norteamericana y mundial para legitimar sus pro-pósitos. En otras palabras, es muy difícil descartar laexistencia de una conjura o conspiración, en la mate-rialización de estos hechos.

Sin embargo, éste no parece ser, precisamente, elcaso de Panamá. De hecho, no pareciera tener ningúnsentido, el montar un escenario artificial en las monta-ñas del Darién o en las costas de KunaYala, para justi-ficar la presencia de tropas norteamericanas en el Ist-mo más allá del año 2000, cuando existe un Tratado deNeutralidad y una Enmienda de Concini que ofrecen elmarco de referencia para cualquier estirada interpreta-ción en este sentido.

Sin embargo, las conspiraciones tienen su momen-to y su circunstancia, y éste no parece ser, precisamen-te, el mejor momento para ello. Los abiertos pronuncia-mientos (4 de mayo de 1999) del Subcomité de JusticiaCriminal, Política sobre Drogas y Recursos Humanos


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del Comité de Reforma Gubernamental de la Cámarade Representantes de Estados Unidos, en el sentido deque Panamá es incapaz de proteger el Canal en caso deguerra o de terrorismo, de detener el peligro de incur-siones de la narco-guerrilla colombiana o la expansiónde la guerrilla castrista y de China comunista en nues-tro país, como puede apreciarse, son la expresión deposiciones suficientemente claras, públicas y definidasde la voluntad política de los sectores más conservado-res y recalcitrantes de Estados Unidos, respecto de loque debería ser la política norteamericana en Panamá.Estos pronunciamientos no tienen nada de encubierto,secreto o técnicamente ilegal.

Por lo tanto, no deberíamos distraernos en suspi-cacias respecto de las intenciones abiertas o encubier-tas de Estados Unidos cuando ya las conocemos. Ensu lugar, deberíamos analizar cuáles son nuestrasposibilidades de contrarrestar aquellas posiciones. Eneste momento, no parece existir piso para que se ma-terialicen las intenciones de las águilas del Senado odel Pentágono. Primero, estamos a pocos meses deinstalar un nuevo gobierno elegido democráticamentey que se ha comprometido con recibir el Canal de acuer-do con los Tratados canaleros. Segundo, el recientefracaso en noviembre pasado del CMA*, representa unfactor de presión no sólo sobre el nuevo gobierno, sinosobre toda la clase política panameña; y tercero, y qui-zás más importante, la presidenta electa, Mireya

* CMA: Centro Multimodal Antidrogas, propuesto por Estados Unidos algobierno de la República de Panamá.

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Moscoso, ha dicho tajantemente que no negociará ba-ses militares extranjeras en Panamá.

El sospechoso consenso entre sectores antagóni-cos de la clase política, en cuanto a que nos enfrenta-mos a una gran conspiración (bien de Estados Uni-dos, de la guerrilla, el ejército colombiano o de anti-guos norieguistas), pareciera ser una cortina de humopara esconder la tremenda irresponsabilidad que re-presentó, el haber emprendido la tarea de abolir elejército, e improvisar una Ley de la Policía, sin habercontado con una clara definición de nuestras respon-sabilidades como Estado independiente, en materia dedefensa territorial y de seguridad pública. Eldesmantelamiento como tal de las Fuerzas de Defensaes el menor de los problemas. Recordemos que frentea la caída del comunismo en Europa, una de las pri-meras medidas que se tomaron fue la de desmantelarpor completo, los cuerpos represivos y de seguridaddel Estado y someter a una profunda reestructuracióna las Fuerzas Armadas. Pero, paralelamente, algo queno dejó de hacerse, fue el de construir y reconstruirlos nuevos parámetros y objetivos de defensa territo-rial y el aseguramiento de la paz interna o seguridadciudadana.

Esto debe conducirnos a una profunda autocrítica,en materia de defensa territorial, pensándonos comonación y en función de nuestro propio desarrollo inte-gral. En materia de seguridad pública, deberíamosentender que una Ley de Policía debe ser antecedidapor una Ley General de Orden Público que determineprioridades, establezca el pie de fuerza de la Policía, el


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control de los cuerpos privados de seguridad, el des-arme completo de la población civil, la lucha contralas drogas, etc., concebidos todos estos aspectos comouna totalidad. Conviene reenfocar la perspectiva, noresulte que los verdaderos conspiradores contra lapatria, seamos nosotros mismos.

Diario El Universal de PanamáMartes 15 de junio de 1999.

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LA FRONTERA SUR:ENTRE LA «GUERRA INVISIBLE»

Y EL INTERÉS NACIONAL

Desde que estalló la llamada crisis del Darién, ennoviembre de 1997, hasta los recientes aconteci-

mientos de La Miel, en la Comarca Kuna Yala, las in-terpretaciones oficiosas y los comunicados oficiales,parecieran girar, principalmente, alrededor de dos ejescentrales: o se les ha restado importancia, reducién-dolos a incidentes aislados sin mayor significaciónpolítica, o se les ha señalado como parte de una bienorquestada conjura o conspiración. El resultado queesto ha tenido, en la opinión pública, ha sido el deinhibir la discusión abierta y directa sobre el tema yprofundizar aún más la confusión sobre el mismo. Enmás de una ocasión a los grupos o personas que haninterpuesto denuncias o quejas sobre la situación depráctica indefensión de varios puntos de la fronterasur, virtualmente se les ha acusado de hacerle el jue-go a los que desean perpetuar las tropas extranjerasen nuestro país o de crear condiciones que conduzcana reactivar en Panamá el establecimiento de un ejérci-to y poner en peligro el proceso democrático.

De nada, pues, han servido los casi veinte mesesque separan los graves incidentes de La Miel, de lasincursiones armadas que se dieran entre noviembre y


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diciembre de 1997, para enriquecer el debate, en bús-queda de una mayor claridad acerca de lo que ocurreen esta parte de nuestra frontera. En 1997, quizás lareacción de la población fue de sorpresa por los aconte-cimientos armados, mezclada con cierta dosis de indi-ferencia frente a una situación nueva o desconocida yque quizás para muchos aparentemente no amenazabaa la nación en su conjunto. En este momento, tenemosel agravante de que la sorpresa y el desconocimiento semezclan con el temor, inseguridad y hasta indignación,ingredientes que podrían obstaculizar, bajo las actua-les condiciones, la toma de decisiones, con la objetivi-dad, serenidad y responsabilidad que los hechosameritan.

Los planteamientos que cuestionan la gravedad delos acontecimientos en nuestra frontera sur se susten-tan, al menos, en dos argumentos que no parecen resis-tir un mínimo de análisis serio. Primero, que los proble-mas de la frontera son un asunto de Colombia, por ende,su solución se encuentra del “otro lado”. Igual argumen-to podrían esgrimir los colombianos, y decir que los pro-blemas de migración forzada, abandono de poblados,presencia de guerrilleros o paramilitares, etc., en La Miel,Puerto Obaldía o cualquier otro sitio limítrofe bajo juris-dicción panameña, son un asunto interno de Panamá, yque, por lo tanto, a nosotros nos corresponde resolverlo.Conclusión: Nadie es responsable por lo que ocurra enla frontera. Este argumento circular es tan absurdo, queno merece mayores comentarios, a menos que estemosaceptando que, jurídicamente, nuestra frontera sur esRes Nullius (“cosa de nadie”).

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En segundo lugar, se señala que la guerrilla tienemás de 25 años de entrar y salir por la frontera sur, loque es cierto, a lo cual habría que agregar que su pre-sencia, junto con la de ex guerrilleros, asaltantes decaminos, contrabandistas y traficantes de toda laya,son de larga data en la zona. Así las cosas, nos encon-traríamos frente a una situación temporal y coyuntu-ral, a la cual no habría que atribuirsele más importan-cia que la que le dan los titulares de prensa. Estos ar-gumentos, sin embargo, desconocen dos hechos: la pre-sencia de paramilitares es de reciente data en la zona,es un hecho nuevo; en segundo lugar, el accionar delos mismos se da en el marco de una lucha decontrainsurgencia, y uno de lucha contra el Estado co-lombiano, que sería la situación de la guerrilla. En otraspalabras, su presencia supone la apertura de un nuevoescenario o frente de guerra cuyo impacto, sobre nues-tra sociedad, no puede desconocerse.

A la sombra de estas confusiones han florecido almenos dos argumentos sobre la existencia de una su-puesta conspiración detrás de las protestas y denun-cias sobre lo que ocurre en la frontera. Ambos argu-mentos, tanto los que señalan que lo que está en juegoes crear las condiciones para reactivar una nueva ver-sión del CMA y, por tanto, perpetuar la presencia detropas norteamericanas en el Istmo, como los que sedirigen a insinuar que de lo que se trata es de recrearcircunstancias que justifiquen o hagan necesaria lacreación de un ejército en Panamá, parecieran ser lasdos caras de una misma moneda.

Esta moneda sería lo que podría denominarse la


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“psicosis antimilitarista” que consiste, bien en analizarla situación desde el punto de vista de los supuestosintereses geopolíticos o militares de los extranjeros, eneste caso, de los norteamericanos, o simplemente, des-de la perspectiva de una supuesta vigencia de resabiosmilitaristas del pasado. Es cierto que no puede descar-tarse el hecho de que algunos sectores podrían estarañorando la vuelta al pasado, y otros muy dispuestos aimpedir nuestra consolidación como nación libre e in-dependiente, sin embargo, no son estos puntos de vistalos que deben servir de partida o de parámetros para labúsqueda de las soluciones.

Esta manera de plantear la problemática es, paranosotros, la preocupación central: no pareciéramostener una definición de nuestros propios intereses comonación, y tenemos que “interpretar” lo que otros gru-pos o fuerzas pretenden hacer respecto de nuestrosrecursos y territorios. Este secular síndrome de suspi-cacia defensiva sólo ha servido a los intereses antinacio-nales, o en el mejor de los casos a los extranjeros, ynunca a los intereses nacionales. Para el caso que nosocupa, nos encontramos, al parecer, frente a la ausen-cia de un proyecto político nacional coherente, a tra-vés del cual poder decodificar e interpretar, en fun-ción de nuestros intereses como Estado-Nación, losacontecimientos que ocurren en nuestra fronteras; yque nos permitan anular o por lo menos neutralizarlos posibles resultados adversos, vengan de adentro ovengan de afuera.

Llama la atención, en todos estos meses de incubaciondel problema, la extraordinaria preponderancia, casi

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sensacionalista, que han tenido, en los medios de co-municación, los temas tácticos y logísticos relativos alllamado “rearme” de policías y fuerzas especiales, elposible peligro que esto pudiera implicar para la de-mocracia, el costo que estas operaciones pudieran sig-nificar para el Estado panameño, e incluso la necesi-dad o justificación de que el Estado se involucre enestas acciones. Para muchos, en el ambiente parecie-ra quedar la extraña sensación, de que la defensa delas fronteras, corresponde a un estado de excepción, yque por lo tanto, estaríamos distrayendo recursos delEstado, que debieran destinarse a otras prioridades omenesteres.

Quizás por estas razones, no debería extrañarnos elbajo perfil que se le ha dado a la relación entre los pro-blemas de la defensa nacional y de seguridad pública,en cuanto tal, y los problemas del desarrollo económicoy social de la frontera sur, con todo lo que esto implicaen términos del examen de graves problemas sociales ymigratorios (indocumentados, desplazados, etc.) y deldeterioro de la situación económica de colonos, indíge-nas y otros grupos. Muy poca ilustración se ha brinda-do acerca de cómo la presencia (o la amenaza de pre-sencia) de guerrillleros, bandoleros o paramilitares haafectado los planes de desarrollo del Estado en el área.¿Qué importancia estratégica podría tener la seguridade integridad territorial y de personas de la frontera sur,en los planes de desarrollo del país como totalidad?Muy poco se ha señalado acerca de las vías diplomáti-cas, como medida complementaria de otras acciones,para hacerle frente a los problemas de defensa territo-


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rial. ¿Existe un plan a mediano y largo plazo para ladefensa efectiva de todo nuestro territorio o alguna vo-luntad política real que apoye este plan?

Para contestar estas y otras preguntas, quizás con-vendría establecer con claridad, cuál es la relación en-tre nuestras necesidades reales de defensa nacional yde seguridad pública, no sólo en las fronteras, sino entodo el país, y nuestras necesidades reales de desarro-llo integral como nación, también en todo el territorio.Quizás de esta manera podríamos entender mejor cuáles el costo real que supone el que se nos considere, ono, como una nación. Posiblemente de esta manera,nos ahorraríamos muchas opiniones y aseveracionesestériles e inconducentes, lindantes muchas de ellascon el entreguismo.

Diario El Universal de PanamáSábado 5 de junio de 1999.

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Anthony Giddens, al referirse a las sociedades tra-dicionales (agrarias, feudales, premodernas o prein-

dustriales), señalaba que las mismas muy bien podríanser definidas como entidades territoriales “que tienenfronteras, pero no limitan con nadie” (The Nation-Stateand Violence, Berkeley and Los Angeles Press, Berkeley,1984, p. 4). De esta manera, hacía alusión al caráctercerrado, aislado y autárquico de sociedades que no hanalcanzado aún el rango de estados nacionales, y quepor lo tanto, sus límites con otras sociedades o nacio-nes son irrelevantes o virtualmente inexistentes.

Cuando se analizan los informes de prensa y lasdeclaraciones oficiales sobre la crisis de finales de 1997en el Darién, pareciera que se estuviera validando, enla práctica, los planteamientos teóricos de Giddens.De hecho, ninguna otra conclusión pareciera despren-derse, a la luz de la línea de argumentos según loscuales, los serios incidentes fronterizos con Colombia,

LA CRISIS DEL DARIÉN: LO QUE OCURRE…Y LO QUE DICEN QUE OCURRE

(I Parte)

“¿Cómo podemos defender a la población,si no podemos defender el territorio?”

Monseñor Mario O. BrownObispo de Veraguas


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en lo fundamental, no comprometen para nada la de-fensa del territorio nacional o la soberanía. Los mis-mos se limitarían a la esfera de problemas internosque solamente tendrían que ver con el orden público ocon la seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, sin em-bargo, se señala que la solución de los mismos se en-cuentra al otro lado de la frontera.

Una opinión muy extendida en los medios de comu-nicación, es que la peligrosidad de la situación del Dariénconsiste en el riesgo de que el conflicto se extienda anuestro territorio (como si ya no estuviéramos suficien-temente involucrados, de hecho, en el mismo) y que,por lo tanto, es menester mantener “fuera de nuestroterritorio” un conflicto que no nos compete. Estos se-ñalamientos oficiosos, en la medida en que se asumancomo oficiales, podrían traducirse, con peligro, en unafalta de voluntad política para la defensa del territoriofronterizo (¿y nacional?), aunque no se expresen, nece-sariamente, en la ausencia física de policías, comandosde fronteras o “fuerzas especiales” en el mismo.

La punta de lanza de estos argumentos ha sido lacuestionable tesis del “bandolerismo”, aunada al inten-to de restar importancia a la presencia de paramilitaresen el área. Hay que reconocer, sin embargo, que a pe-sar de que los hechos cada vez desacreditan más estaversión, no es fácil rebatir una verdad a medias. Lafalta de una presencia real y efectiva del Estado pana-meño en la frontera con Colombia es un hecho incues-tionable, y explica que durante décadas, la misma sehaya convertido en campo propicio para el tráfico dearmas e indocumentados, la prostitución, el contraban-

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do, el saqueo de nuestros recursos naturales renova-bles y no renovables (oro y madera), el narcotráfico y,desde luego, el pillaje, el bandolerismo y la criminali-dad. Pero esto no es nada extraño, de hecho, en fronte-ras tan vigiladas como las de Estados Unidos y México,o entre Brasil, Paraguay y Argentina, pululan los asal-tantes de camino y bandoleros.

Sin embargo, otro hecho también es cierto, y esque por casi dos décadas, la frontera ha sido visitadaprofusamente por guerrilleros de las FARC* y el ELN**,que han entrado y salido con entera facilidad por losmás de 250 caminos, trochas y veredas que intercomu-nican a los dos países, aparte de incontables pistas deaterrizaje. Por mucho tiempo, las comunidades hanaprendido a convivir con la guerrilla como parte de suentorno social, a lo largo de los 266 kilómetros de lí-nea fronteriza, en áreas como Río Chico, El ComúnEmberá, Erebache, Nazaret o Tuira, entre otras.

Si la presencia de bandoleros y guerrilleros en lafrontera es de vieja data, la pregunta que se impone es:¿por qué esta zona limítrofe, súbitamente, se ha trans-formado en un área que pareciera salirse del controlpor parte de nuestras autoridades, al punto de que sehan visto obligadas al envío urgente de más de 1,500efectivos de la Policía Nacional en el mes de noviembrepasado y se proyecte un presupuesto de más de 5 mi-llones de dólares para 1998 en la zona y la creación deuna fuerza especial permanente de 500 miembros?

* FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.** ELN: Ejército de Liberación Nacional.


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Desde luego, que la crisis actual involucra a guerri-lleros y bandoleros, al igual que a la población civil ensu conjunto (que, dicho sea de paso, incluye no sólo acolonos e indígenas, sino también a indocumentados ya grupos “desmovilizados” o ex guerrilleros estableci-dos en esta frontera tan conflictiva). Consideramos, sinembargo, que el detonante de la crisis fronteriza (no lacausa estructural) hay que buscarla en nuevos actoressociales, que se suman a la vieja lista de guerrilleros yasaltantes de caminos de la frontera. Estos nuevos ac-tores son, sin lugar a dudas, los paramilitares.

Sin embargo, esto no implica que la solución de lacrisis pasa necesariamente por una opción militar ode fuerza, consistente sólo en la identificación y elimi-nación de los focos de subversión. Opción ésta que detodas maneras estaría condenada al fracaso en lamedida en que se desconozcan las raíces reales delconflicto. Estas raíces hay que buscarlas básicamenteen tres (3) hechos contundentes, pero que por su pro-pia naturaleza, no quieren ser reconocidos por algu-nos sectores de opinión en nuestro país.

Estos hechos son: a) la crisis que se inicia en 1987y que concluye con la invasión y el desmantelamientode las Fuerzas de Defensa de Panamá, en 1989; b) elPlan de Paz que intenta establecer el PresidenteSamper, y c) la naturaleza y evolución de las fuerzasparamilitares en Colombia.

Diario El Universal de PanamáJueves 14 de mayo de 1998.

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LA CRISIS DEL DARIÉN: LO QUE OCURRE…Y LO QUE DICEN QUE OCURRE

(II Parte)

Uno de los efectos más directos de la crisis que seinicia en 1987, y que culmina con la invasión de

1989, fue el desmantelamiento del 4° Batallón Cémaco,la primera compañía de montaña establecida en LaPalma en 1984 “para mantener la vigilancia y seguri-dad a todo lo largo de la frontera Sur-Este con Colom-bia”. De esta manera, la geopolítica del área cambia yhace que la misma pierda su carácter de zona de refu-gio o repliegue y se convierta en Res Nullia, es decir,en tierra de nadie, susceptible de control por gruposarmados beligerantes.

Por otra parte, la política del Presidente Samper deimpulsar un proceso de paz con la guerrilla, sobre labase del reconocimiento de que ninguna de las partesen el conflicto está en posibilidad de imponer condi-ciones a la otra, tendría el efecto de crear un espaciode resolución del conflicto “en medio del conflicto”, esdecir, negociaciones sin capitulaciones o rendiciones,y a partir de un diálogo que implicaría compromisos yacciones concretas con vista a la solución del conflictosocial.

Sin embargo, esta estrategia de negociación tambiénha tenido el efecto indirecto de reforzar el paramilitarismo


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como estrategia contrainsurgente, en la medida en quese arguye que las negociaciones de paz refuerzan lasposiciones de la guerrilla y debilitan las del gobierno.Esta situación ha enconado el conflicto con la guerri-lla, pero en el marco de una acción contrainsurgenteen donde la población civil ha estado directamente afec-tada sobre la base del principio de “quitarle el agua alpez”. Por esa razón, en muchos casos, esta estrategiaha sido confundida con el bandolerismo. Pienso quelas autoridades panameñas aún no han podido esta-blecer, con claridad, la diferencia entre las accionesde bandolerismo y pillaje, propiamente tales y esta es-trategia contrainsurgente que dirige sus ataques psi-cológicos y armados contra la población civil, en áreasen donde se presume existe influencia y presencia dela guerrilla, que es justamente el caso de la fronteradarienita.

Los factores antes mencionados, no obstante su im-portancia para entender la crisis que se vive en la fron-tera con Colombia, sólo nos sirven para describir la co-yuntura actual. Es necesario señalar que a largo y me-diano plazo, la responsabilidad por los graves proble-mas sociales, económicos, políticos o ambientales, quese dan en el área fronteriza del Darién no radica, ni enlas fronteras actualmente beligerantes (bandoleros,para-militares o guerrilleros), ni en la política internade Colombia para resolver sus graves problemas socia-les y políticos, ni tampoco en la supuesta remilitarizacióndel Darién por parte del gobierno panameño.

De lo que se trata es que el Estado panameño defi-na una política transparente de defensa nacional del

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territorio (no sólo fronterizo), dejando atrás el “síndro-me antimilitarista”, que ponga por delante la seguri-dad de la población, la protección de nuestros recur-sos naturales renovables y no renovables y la necesi-dad de planificar y ejecutar un proyecto de desarrollohumano sostenible. El discurso antimilitar es un ana-cronismo en momentos en que ni siquiera estamos encondiciones de defender ni el territorio ni la pobla-ción, y Darién es un triste ejemplo. Lo mismo se aplicaa los resabios militaristas que aún subsistan. Estosanacronismos sólo tienen sentido si nos aferramos aver hacia el pasado y no vinculamos la seguridad ciu-dadana y la integridad territorial a un proyecto defini-do de desarrollo nacional. La crisis del Darién es unadura prueba de fuego, frente a los compromisos quetiene el Estado con la sociedad civil en el umbral deltercer milenio.

Diario El Universal de PanamáViernes 15 de mayo de 1998.


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Índice

Presentación ................................................................... 5

Seguridad ciudadana y defensa nacional:El debate ausente ........................................................... 7La democracia contra la seguridad ciudadana............ 23Historias de miedo......................................................... 27Policías, militares y «uniformados» ............................. 30Represión: ¿La solución final? ...................................... 33Policías, golpes y constituyentes .................................. 37Acerca de conspiraciones y cortinas de humo ............ 41La frontera sur: Entre la «guerra invisible»y el interés nacional ....................................................... 46La crisis del Darién: Lo que ocurre…y lo que dicen que ocurre (I Parte) ................................ 52La crisis del Darién: Lo que ocurre…y lo que dicen que ocurre (II Parte)............................... 56

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Análisis de Coyunturas No. 2Seguridad ciudadana y defensa nacional:

Dos problemas en busca de solución,de Carlos David Castro,se terminó de imprimir

en el Instituto de Estudios Nacionalesde la Universidad de Panamá

en el mes de mayo de 2006.

análisis de coyunturas no. 2. seguridad ciudadana y defensa

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