apuntes de la escuela superior de gobierno n°3

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"Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno: Políticas Públicas para la Modernización del Estado" es una publicación de la Escuela Superior de Gobierno del Ministerio de Modernización de la Nación.

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Autoridades

Ministro de Modernización

Lic. Andrés Horacio IBARRA

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Secretario de Empleo Público

Ing. Pablo Martín LEGORBURU

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Subsecretaria de Planificación de Empleo Público

Lic. Cecilia María KLAPPENBACH

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Director Nacional de Formación en Políticas Públicas

Lic. Gonzalo Martín STRAFACE

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Coordinador de la Escuela Superior de Gobierno

Lic. Maximiliano CAMPOS RIOS

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Coordinador de Formación

Lic. Mario KATZENELL

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Equipo de trabajo

El editor no se responsabiliza por los conceptos, opiniones o afirmaciones vertidas en los artículos de los colaboradores de la publicación, que son a título personal y de exclusiva responsabilidad de los respectivos autores.

Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno es una publicación de la Escuela Superior de Gobierno y de la Dirección Nacional de Formación en Políticas Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización de la Nación. Es de carácter mensual y de distribución gratuita, tiene por objetivo la divulgación de la producción científica y académica del área de trabajo de la Escuela Superior de Gobierno.

El contenido de esta publicación o las opiniones de los autores aquí incluidos no reflejan necesaria-mente el posicionamiento de la Escuela Superior de Gobierno, de las demás áreas de la que depen-den, ni del Ministerio de Modernización de Nación de la República Argentina.Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 511 (Oficina 706) — Barrio: San Nicolás — Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires — Código Postal: C1035AAA — Teléfono: 4343-9001 — int. 706.Correo electrónico: escueladegobierno@modernización.gob.ar / formación@modernización.gob.arISSN: 2469-2417

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Director: Gonzalo Straface

Secretario de redacción: Maximiliano Campos Ríos

Coordinador académico: Silvio Castro

Equipo Editorial: Karina Nieto, Leila Tirpak, Isidoro Sorkin

Asesor editorial: Pablo Bulcourf

Asesoramiento legal: Florencia González Berbery

Corrección: Nadia Gabriela Caratti

Diseño y diagramación: Lucía Fernández Carrascal

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ÍNDICE

05. EDITORIAL

06. ENTREVISTA

Por Maximiliano Campos Ríos

A Raúl Martínez

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................10. ESTADO DE LA CUESTIÓN Procesos de independencia y construcción nacional en América LatinaPor Oscar Oszlak............................................................................................................................................................15. ESTUDIOS Y ARTÍCULOSLa cultura como recurso y motor de desarrollo de cara al Bicentenario de la IndependenciaPor Mónica LarrañagaLa evaluación como instrumento de política públicaPor José del Tronco............................................................................................................................................................29. RESEÑAS Gobernabilidad y liderazgo en América Latina: 15 años de experiencia de los Progra-mas CAF de formaciónAutor: Corporación Andina de FomentoPor Florencia Berbery

El decenio progresista. Las políticas públicas de Vázquez a MujicaAutor: Nicolás Bentancur y José Miguel Busquets (coord.)Por Nelson Cardozo

...........................................................................................................................................................31. PROGRAMAS Y PROYECTOSPlan País DigitalConferencias para la Alta Dirección Pública

............................................................................................................................................................33. AGENDAAgenda de eventos............................................................................................................................................................34. COLABORACIÓNPágina de colaboración

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Editorial

El Bicentenario como disparador para repensar las políticas públicas

La conmemoración del Bicentenario resulta un interesante punto de partida para discutir de manera amplia sobre las políticas públicas que se han implementado en los últimos años. Asimismo, nos convoca a pensar cómo enfrentar los desafíos del futuro.

Reflexionar sobre el rol de los agentes estatales y la jerarquización del empleo público para la implementación de políticas a futuro será, sin duda, un buen puntapié inicial para poder repensar los procesos del pasado y mejorar los que se presenten. Un Estado del siglo xxi se construye transformando la cultura organizacional en una que tenga como centro a servido-res públicos capacitados, reconocidos y orientados al ciudadano.

El Bicentenario de nuestra independencia también nos invita a replantearnos las grandes lí-neas de acción del porvenir en función de lo actuado. Una de ellas es la discusión sobre una matriz de desarrollo que funja como plataforma de base para comprender cómo hacemos las políticas públicas y extraer así lecciones que nos permitan la mejora continua.

Este número especial de Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno es nuestro aporte para esa discusión. Sabemos que es importante replantearnos en forma vasta e integral la implementación de políticas públicas ante las nuevas realidades. Pero también debemos ser precisos a la hora de pensar la política pública como elemento organizador del espectro po-lítico, ya que es en torno a ella que deben estructurarse los grandes acuerdos más allá de una situación política particular.

Los actores políticos, entre los que creemos primordiales a los agentes públicos, tendrán un lugar destacado. Aquí es donde debemos poner nuestros esfuerzos estableciendo pará-metros de capacitación de la más alta calidad para asegurar que se implementen políticas públicas sólidas y duraderas. Si bien es mucho lo que se ha hecho, el aniversario de nuestra independencia es una ocasión propicia para consolidar una nueva visión con nuevos desa-fíos, pero, sobre todo, con el objetivo puesto en el fortalecimiento de la capacitación y en los procesos como herramientas para mejorar la realidad.

Maximiliano Campos Ríos

Maximiliano Campos RíosCoordinador de la Escuela

Superior de Gobierno

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Entrevista

“Hoy el ciudadano sufre

una interacción larga e

incierta cada vez que se

acerca al Estado”

Entrevista a Raúl Martínez, Secretario de País Digital del Ministerio de Modernización de la Nación

Raúl Martínez nos cuenta los lineamientos fundamen-tales de País Digital, qué soluciones les traerá dicho plan a los municipios y cómo planean implementarlo.

—¿Cuáles son los principales objetivos del plan País Digi-tal que se ha lanzado de re-cientemente?

—País Digital busca incentivar y facilitarles a los municipios y a las provincias la adopción de nuevas tecnologías y la moder-nización de sus procesos para acercar los servicios del Estado a la gente.

Esto lo vamos a hacer, prime-ro, impulsando la inclusión di-gital. Esto es, ocupándonos de que todos los argentinos estén en condiciones de adoptar las nuevas tecnologías que nos posibilitan, como nunca antes, la igualdad de oportunidades. Esta conexión nos ayudará a estar más cerca, más comuni-cados y unidos, lo cual cons-tituye una de las premisas bá-sicas que nos pide el nuestro Presidente.

Segundo, brindándoles mejo-res servicios a los ciudadanos. Hoy el ciudadano sufre una in-teracción larga e incierta cada vez que se acerca al Estado. La tecnología nos permite hacerlo todo de manera digital y a dis-tancia. No hay razón para per-sistir en el pasado. Pero, para

esto, necesitamos modernizar las administraciones del Esta-do, tanto provinciales como municipales, para que sus pro-cesos estén integrados, y los empleados públicos, capacita-dos.

Tercero, integrando los siste-mas de gestión a nivel nacional para que el intercambio de in-formación sea fluido, dinámi-co; los procesos se potencien, y para que lo que no sea trans-parente se evidencie.

—¿Qué soluciones son pro-puestas a los municipios en términos de infraestructura informática (IT)?

—Brindamos servicio de in-fraestructura de tecnología con el concepto de servicios compartidos. Es decir que los municipios pueden acceder a nuestra oferta con solo tener una buena conexión internet.

En este rubro, destacamos los servicios de hosting, housing, base de datos, servicios de operación, políticas de back up, seguridad lógica, vínculo de internet, internet libre y gra-tuito, y almacenamiento.

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Entrevista

Los municipios pueden alojar sus plataformas de informa-ción a costos escalables con los requerimientos de seguri-dad informática, servicios de recuperación y contingencia de la información municipal.

Estamos ofreciéndoles a los municipios herramientas co-laborativas. Estas son: casi-llas de mail, y herramientas de software y entornos aptos para el trabajo digital en equi-po; de manera que un em-pleado de la municipalidad pueda trabajar en línea con otro funcionario que esté en otro espacio físico.

—¿Qué ventajas tiene el uso del Data Center de Moder-nización?

Se trata de una instalación de vanguardia, especialmen-te diseñada para responder a las necesidades de los mu-nicipios y las tecnologías ac-tuales. Cuenta con todas las funciones necesarias para soportar la operación de

diversos municipios en forma simultánea. El Data Center de Modernización ha sido certifi-cado por el Uptime Institute en la categoría TIER III, que es el primer y, hasta ahora, el único sitio certificado de la Repúbli-ca Argentina.

—¿En qué áreas de atención al ciudadano de los munici-pios participantes se perci-birán más rápidamente las mejoras?

—En varias y desde distintas ópticas. Por ejemplo, desde el punto de vista del ciudadano, el impacto se percibirá en la calidad del servicio que perci-be, ya que puede generar so-licitudes de manera digital, es decir, sin necesidad de acer-carse físicamente al municipio. Es lo que llamamos trámites a distancia. Además, esto genera un gran ahorro de tiempo y le permite seguir en línea el es-tado de avance de cada caso. Esto último es importante, por-que brinda certezas, acaba con la incertidumbre que muchas

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Entrevista

veces rodea al proceso. En esta misma línea, el ciudadano pue-de compartir fotos e imágenes que respalden cada solicitud o reclamo.

Desde el punto de vista del municipio, el impacto tam-bién es enorme. Se traduce en una demanda ordenada de las solicitudes y reclamos de los vecinos y una mayor eficien-cia mediante la derivación au-tomática de las solicitudes a cada equipo de trabajo. Esto genera una visión consolida-da de sus vecinos y una idea integrada de la gestión a par-tir de vistas dinámicas —dash-board— disponibles en la pla-taforma. El municipio puede reaccionar con mayor veloci-dad frente a una demanda no satisfecha y evita que los veci-nos formen largas filas durante horas. Asimismo, le da la posi-bilidad de armar hojas de ruta más eficientes para los equi-pos de trabajo, que se apoyan en la georeferenciación sobre un mapa único.

—¿Cuáles son las herramien-tas de gestión pensadas para los funcionarios municipa-les?

—Destacamos la capacitación que estamos coordinando con la Escuela de Gobierno, los centros de capacitación digital

y las universidades. Estamos poniendo a disposición algu-nas herramientas capaces de ordenar y descongestionar el día a día de los municipios, como Gestión al Ciudadano, las webs municipales y la guía de trámites. También imple-mentamos el Tablero de Con-trol, que permite trazar el ca-mino crítico para la concreción de metas o el Portal de Empleo mediante el cual un empleado puede ver todas las posibilida-des de desarrollo profesional dentro del municipio.

—¿Qué planes de inclusión digital se van a implemen-tar? ¿Cuál es su relación con las iniciativas similares de otras áreas de gobierno?

—El acceso a las nuevas tecno-logías es una política esencial de nuestra gestión. Hay mucha gente que incluir. Y este es un trabajo de largo aliento y per-manente que articulamos con otras áreas del Estado, pero también con la sociedad civil.

En primera instancia, conta-mos con 3 herramientas. Una es el wifi gratuito, es decir, la disponibilidad de puntos de acceso públicos y gratuitos. Este es un recorrido que no tiene techo. Queremos que cualquier ciudadano pueda acceder libremente a internet

“El acceso a las

nuevas tecnologías

es una política

esencial de nuestra

gestión. Hay mucha

gente que incluir”

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en plazas, escuelas, hospitales, bibliotecas y demás edificios públicos de todo el país. Cree-mos que la disponibilidad de puntos de acceso públicos a la tecnología digital es un componente esencial para el desarrollo social ligado al po-tencial de universalidad del acceso a la información y a los servicios electrónicos.

Otra son los sitios web del mu-nicipio, que consiste en el desa-rrollo de páginas web autoad-ministrables. Estas se articulan con las redes sociales de cada municipio y sus aplicaciones para diversos trámites online: descargar documentos, reser-var turnos, gestionar eventos y reclamos, realizar pagos elec-trónicos, etc. Esta página web mejora la calidad de gestión entre el municipio y sus ciu-dadanos, lo cual incrementa la comunicación y la integración social del área.

Por último, tenemos centros de acceso digital y capacita-ción. Hay importantes seg-mentos de la población a los que debemos ayudar a adop-tar estas tecnologías, como los adultos mayores, los niños y adolescentes, las poblaciones vulnerables, a quienes el Esta-do debe contener. Hay mucha gente a la que podemos capa-citar y ayudar a encontrar una

salida laboral en el marco de las nuevas tecnologías. Para esto, ya contamos con más de 300 centros distribuidos en todo el país con todo el equi-pamiento y la programación necesarios. Allí pueden apren-der a utilizar una computado-ra, manejar las redes sociales, acceder de forma totalmente gratuita a un enorme listado de cursos relacionados con estas tecnologías.

—¿Cómo se piensa imple-mentar la capacitación de empleados públicos y ciu-dadanos para la utilización de las nuevas tecnologías y los recursos destinados a los municipios?

—Estamos trabajando en el di-seño de los programas para los distintos niveles de la Adminis-tración Pública en articulación con universidades y, funda-mentalmente, con la Escuela Superior de Gobierno aplican-do conceptos, como campus digital, e-learning, y otras he-rramientas digitales que faci-litan el aprendizaje sin necesi-dad de tener que desplazarse.

Como herramientas propias, contamos con más de 300 centros de acceso digital y de capacitación en todo el país junto con una potente plata-forma de e-learning.

Entrevista

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Estado de la cuestión

Oscar Oszlak

Procesos de independencia y construcción nacional en América Latina

Investigador superior del CONICET, PhD en Ciencias Políticas de la Universidad

de California y Doctor en Ciencias Económicas de la UBA. Cofundador del Centro de Estudios de Estado y

Sociedad (CEDES).La década que siguió a la de-claración de la independen-cia argentina fue testigo de acontecimientos similares en la mayor parte de los países lati-noamericanos. A partir de esta coincidencia histórica tempo-ral, se inició un gradual proce-so de construcción social y de formación de Estados nacio-nales, cuya duración y caracte-rísticas fueron variables en los distintos países, debido a una diversidad de circunstancias. Este breve artículo plantea al-gunas hipótesis acerca de la evidente heterogeneidad que caracterizó a este proceso.

En términos históricos, se trata de fenómenos relativamente nuevos. De los apenas 36 Esta-dos creados en el siglo xix, una gran mayoría correspondió a América Latina. Mucho más re-ciente es la existencia de Esta-dos nacionales en el resto del mundo. Durante el siglo xx, se crearon unos 160 países, sea por descolonización, guerras o declaraciones unilaterales de independencia. E incluso el siglo xxi registra cerca de una decena de nuevos Estados na-cionales. Estos números dan

cuenta de la juventud de estos procesos.

Aún así, no siempre las fechas de declaración formal de inde-pendencia de una nación im-plican la automática creación de Estados nacionales. La ex-periencia en tal sentido, inclu-so en América Latina, es muy diversa. Más de medio siglo debió transcurrir en la Argen-tina hasta que pudo iniciarse el proceso de organización defi-nitiva de un Estado nacional. Para algunos autores, Brasil recién contó con uno verdade-ro a partir del Estado Novo de Getulio Vargas. Y, según Julio Cotler, Perú aún no ha conse-guido constituir uno que inte-gre las tres dispares regiones de su territorio. Por otra parte, el momento histórico del sur-gimiento del Estado nación es fundamental como elemento distintivo de su fisonomía y pa-pel en el proceso de construc-ción nacional.

Los Estados latinoamericanos surgieron en sociedades to-davía coloniales; algunos en territorios relativamente des-poblados que aún no habían

“Más de medio

siglo debió

transcurrir en

la Argentina

hasta que

pudo iniciarse

el proceso de

organización

definitiva de un

Estado nacional”

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Estado de la cuestión

construido las instituciones básicas que conforman una sociedad nacional —relaciones de producción, sentimientos de nacionalidad, estructura de clases cristalizada, bases jurídi-cas, circuitos comerciales—. El propio proceso de formación estatal fue parte fundamental de ese proceso de construc-ción social más abarcador. En la experiencia de otras nacio-nes que accedieron a su inde-pendencia en el siglo xx, sea a través de la guerra o del re-conocimiento unilateral de los países colonialistas, los territo-rios ya estaban poblados; y las instituciones básicas, creadas —v.g., la burocracia estatal en la India o Pakistán—.

Sin duda, las circunstancias ini-ciales de constitución del Estado fueron muy diferentes en Améri-ca Latina en comparación con las demás regiones. Entre otras razo-nes, porque las naciones que los Estados se propusieron preservar de las fuerzas secesionistas lue-go del rompimiento del vínculo colonial habían surgido en una etapa en la que recién comen-zaba a producirse la inserción de su producción primaria en los

mercados europeos, durante la fase del capitalismo que coinci-dió con la segunda Revolución Industrial y la revolución en los transportes. En cambio, en las na-ciones surgidas en el siglo xx, las relaciones de producción capita-listas ya se había establecido ple-namente, y las naciones se incor-poraban como late-comers —y aún como late-late-comers— en el sistema capitalista mundial. Es-tas diferencias exigieron también la asunción de roles diferentes por parte del Estado.

Otros elementos diferenciales, observables dentro de la pro-pia región de ALC, afectaron, sin duda, la naturaleza del Es-tado nacional que se fue cons-tituyendo en cada caso. Uno de ellos, por ejemplo, fue la mayor o menor rapidez con que, lue-go del proceso independentis-ta, se resolvieron los conflictos de intereses intraburgueses. En tal sentido, es muy significativo que dos de los Estados demo-cráticos más consolidados de la región, Costa Rica y Chile, hayan sido de los primeros en organi-zarse nacionalmente, teniendo en cuenta que tanto la pobla-ción como sus élites dirigentes

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Estado de la cuestión

convivían en un espacio territo-rial muy pequeño, como lo son sus respectivos valles centrales, que rodean la capital y su zona de influencia. Los conflictos en-tre sectores dominantes, en am-bos casos, se dirimieron muy tempranamente.

Las características territoriales y el potencial de los recursos naturales también parecen ha-ber jugado un papel impor-tante. La dotación de recursos naturales y las posibilidades que había abierto el desarro-llo tecnológico para su colo-cación en los mercados mun-diales —como el ferrocarril y la navegación a vapor— signaron el proceso de crecimiento eco-nómico de algunos países de la región. Estos se ubicaron rápidamente a la vanguardia del progreso indefinido que el credo positivista vigente au-guraba a una élite económica atenta a las oportunidades ge-neradas por el desarrollo del capitalismo en el orden inter-nacional. Perú y la Argentina lo lograron rápidamente, aunque la crisis del guano peruano y el agotamiento de los recursos

públicos provocaron en el pri-mero de esos países una crítica reversión de ese proceso.

Asimismo, podría señalarse como factor diferencial el peso de la inmigración y su impac-to cultural. La inmigración europea contribuyó a poblar territorios vacíos y a generar la fuerza de trabajo incorpo-rada al proceso productivo. Además, trajo consigo nuevas ideas y valores que, volcados a la lucha política, produjeron cambios significativos en la cultura y en las instituciones po-líticas de comienzo del siglo xx, impulsando la extensión del sufragio universal y el desarro-llo de una ciudadanía cada vez más inclusiva.

Los historiadores también han analizado los efectos del aisla-miento geográfico y las dificul-tades para que ciertos países pudieran incorporarse a los flu-jos internacionales del comer-cio. Por ejemplo, la guerra del Paraguay, que prácticamente diezmó la población de este país y lo aisló del mundo, trun-có un proceso de desarrollo

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Estado de la cuestión

autónomo como el que se insinuaba en la época en que había conseguido separarse del virreinato del Río de la Pla-ta. Ello postergó su proceso de crecimiento económico y de expansión poblacional.

Se ha aducido, asimismo, que, en virreinatos relativamente fuertes como los que se crea-ron en México (de la Nueva España) y Perú, el peso de la tradición colonial y sus resa-bios culturales persistieron en la etapa posindependentista, generando sistemas de domi-nación locales fuertemente au-toritarios. Estos efectos pare-cen haber sido mucho menos evidentes en las capitanías, como las de Guatemala y Chile o en los virreinatos de Nueva Granada (Bogotá) y del Río de la Plata (Buenos Aires), el últi-mo en constituirse y segundo en disolverse tras el proceso de emancipación.

El peso de la Iglesia católica fue muy significativo en la re-gión desde el inicio mismo del proceso de conquista y colonización de ALC, pero su

influencia fue muy diferente según los países. En algunos, como en Colombia, impuso un monismo religioso y autorita-rio que encadenaba las relacio-nes sociales y el orden político a una doctrina uniforme que impedía el pluralismo e impo-nía una perspectiva única a la educación, la cultura y las cos-tumbres. Algo similar ocurrió en México y Ecuador. En otros países, como en Uruguay, el proceso de secularización co-menzó poco después de me-diados del siglo xix y culminó con la absoluta separación del Estado y la Iglesia, perdien-do esta su preponderancia sociocultural. Desde el punto de vista pro-ductivo, dos modelos econó-micos ciertamente diferentes caracterizaron el proceso de dependencia de ALC: aquel en el cual el control de los princi-pales bienes primarios expor-tables se hallaba en manos de los sectores dominantes loca-les; y aquel otro en el que se constituyeron economías de enclave bajo control de capita-listas foráneos. Tal como fuera

“La guerra del Paraguay,

que prácticamente

diezmó la población

de este país y lo aisló

del mundo, truncó un

proceso de desarrollo

autónomo como el

que se insinuaba en

la época en que había

conseguido separarse

del virreinato del Río de

la Plata”

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Estado de la cuestión

planteado por Furtado, Cardo-so, Faletto, Dos Santos y otros, estas diferencias tuvieron pro-fundas consecuencias sobre el proceso productivo, la sociali-zación de excedentes y el de-sarrollo de una burguesía local.

Por último, factores étnicos, lin-güísticos o religiosos también marcaron fuertes diferencias en el desarrollo de las socie-dades nacionales latinoameri-canas. El mayor o menor peso cuantitativo de los pueblos originarios en la composición de la población, su diversidad étnica, su identidad nacional, entre otros aspectos, tuvieron una profunda influencia sobre la cultura, los conflictos socia-les y las bases mismas de su constitucionalismo. Bolivia y Ecuador, por un lado, y la Ar-gentina y Uruguay, por otro, son extremos de un continuo que se extiende de la hetero-geneidad a la homogeneidad étnica y cultural en ALC. Es evidente, entonces, que, a pesar de la notable coinciden-cia temporal de su emancipa-ción nacional, los procesos de

construcción social y de for-mación estatal en los países latinoamericanos muestran notorias diferencias. Es posi-ble que puedan explicarse por efecto de las variables analiza-das. También es altamente pro-bable que esas dispares condi-ciones hayan influido sobre las perspectivas de conformación de diferentes regímenes polí-ticos —democráticos, autorita-rios o neopatrimonialistas— en cada uno de esos países. Ana-lizar las hipótesis y los interro-gantes planteados en esta bre-ve nota es, sin duda, parte de una agenda de futuras investi-gaciones.

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La cultura como recurso y motor de desarrollo de cara al Bicentenario de la Independencia

por Mónica Larrañaga

ResumenEl desarrollo sigue siendo una aspiración no satisfecha para muchos pueblos. A lo largo de los últimos años, modelos diferentes, opciones variadas se han puesto en funcionamiento para tratar de superar las brechas que existen tanto dentro como fuera de las naciones en pos de mejorar los niveles de bienestar. En este artículo, sostendré que, cuando se ponen en conside-ración los desafíos del desarrollo, no se puede desatender el tema de la cultura y su relevancia en el funcionamiento de la sociedad. En ese contexto, las políticas culturales adquieren una significatividad estratégica que llama la atención sobre su tratamiento.

AbstractDevelopment remains an unmet aspiration for many people. Over recent years, different models, different options, have been put in place to try to overcome the gaps, both within and outside nations, striving to improve living standards. In this article, I will argue that when put into consideration the challenges of development cannot ignore the issue of culture and its relevance to the functioning of society. In this context, cultural policies acquire a strategic significance that draws attention to your treatment.

Estudios y artículos

Profesora, investigadora y extensionista de la Universidad

Nacional de Comahue (UNCOMA), directora del Centro de Estudios en

Cultura y Literatura.

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“(…) el papel de la

cultura ha cobrado

centralidad de una

manera sin precedentes

tanto en el ámbito

político como en el

económico”

Estudios y artículos

Los países suelen realizar sus balances en unidades de tiempo mucho más extensas que las de la gente común, más aún cuando de Estados se trata. En América Latina, hemos comenzado a pen-sarnos de cara a los bicen-tenarios; en ese contexto, problematizar sobre la cul-tura y sus diversos aspectos hace centro de gravedad en estas cuestiones, dado que expresa las múltiples aristas de nuestras complejas so-ciedades. Tal como recuerda Yúdice (2002), el papel de la cultura ha cobrado centrali-dad de una manera sin pre-cedentes tanto en el ámbito político como en el econó-mico, lo que ha desplazado las nociones convencionales en favor de su consideración como recurso, un recurso es-tratégico.

Lo que es interesante desta-car es el uso creciente de la cultura para el mejoramien-to sociopolítico y, también, el económico; es decir, para la participación progresiva en esta era caracterizada por los compromisos políticos decli-nantes, los conflictos sobre la ciudadanía y el surgimiento de lo que Jeremy Rifkin (2004) denominó capitalismo cultu-ral. La desmaterialización, que es una característica dominante de muchas nuevas fuentes de crecimiento económico —tal es el caso, por ejemplo, de los

derechos de propiedad in-telectual—, así como la ma-yor distribución de bienes simbólicos en el comercio mundial —libros digitales, filmes, programas de televi-sión, música, turismo, etc.—, le han dado a la esfera cul-tural un protagonismo ma-yor que en cualquier otro momento de la historia de la modernidad. De la mano de ese fenómeno, la abun-dancia de argumentos en los foros donde se discuten proyectos vinculados con la cultura y el desarrollo local —UNESCO, Banco Mundial y en la llamada sociedad civil globalizada de las fundacio-nes internacionales y de las organizaciones no guber-namentales— ha transfor-mado radicalmente lo que entendemos por cultura y lo que hacemos o proyecta-mos hacer en su nombre en un proceso de construcción conceptual de creciente complejidad.

Vale recordar que, de todos modos, la relación entre la es-fera cultural y la política o entre la esfera cultural y la económi-ca no es nueva. En el siglo xviii, la cultura fue el ámbito donde surgió la esfera pública. Fue también la cultura la que medió para favorecer la in-ternalización del control so-cial a través de la disciplina y la gubernamentabilidad (Foucault, 1978) durante los siglos xix y xx. Lo cierto es

La ampliación de la esfera cultural en el siglo xxi

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Estudios y artículos

que, en nuestros días, las ar-tes, rebasando la esfera de la alta cultura, se han difundido en toda la estructura social y han encontrando un lugar completamente nuevo en una diversidad de activida-des dedicadas al servicio de la comunidad y al desarrollo económico. El arte se ha re-plegado completamente en una concepción expandida de la cultura, capaz de re-solver problemas, incluida la creación de empleos. La cul-tura ya no se experimenta, ni se valora, ni se comprende como trascendente.

El sector de las artes y la cul-tura se visualiza como aquel potencialmente capaz de resolver una diversidad de problemas: incrementar la educación, mitigar las luchas entre particularismos, ayudar a revertir el deterioro urbano mediante, por ejemplo, el tu-rismo cultural, crear empleos, reducir el delito y quizá —¿por qué no?— generar ganancias. Esta reorientación ha sido y es posible con la mediación de los administradores de las artes y los gestores cultura-les. Hoy es posible encauzar a los artistas hacia el manejo de lo social. En distintos lugares del mundo, el arte y la cultura han florecido dentro de una enorme red que articula las fuentes de financiación, por un lado, y los artistas y las co-munidades, por el otro, en un circuito virtuoso.

El desarrollo cultural: acuerdos y divergencias conceptuales

El desarrollo sigue siendo una aspiración no satisfecha para muchos pueblos. A lo largo de los últimos años, modelos diferentes, opciones variadas se han puesto en funciona-miento para tratar de supe-rar las brechas que existen tanto dentro como fuera de las naciones en pos de me-jorar los niveles de bienestar. Cuando poderosas institucio-nes, como la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarro-llo, así como las principales fundaciones internacionales, comenzaron a percibir que la cultura constituía una esfera crucial para la inversión, se la trató cada vez más como cualquier otro recurso.

James D. Wolfensohn, pre-sidente del Banco Mundial, lideró la tendencia de los bancos multilaterales de de-sarrollo para incluir la cultura como catalizadora del desa-rrollo humano. En su confe-rencia de apertura para el encuentro Culture Counts: Financing, Resources, and the Economics of Culture in Sustainable Development (octubre de 1999), hizo hin-capié en una perspectiva holística del desarrollo que debe promover la capaci-dad de acción de los pobres

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Estudios y artículos

—empowerment—, de mane-ra que puedan contar con los recursos sociales y humanos que les permitan soportar el trauma y la pérdida, de-tener la desconexión social, mantener la autoestima y, a la vez generar, recursos ma-teriales. Desde esta pers-pectiva, la cultura material y la cultura expresiva son re-cursos desestimados en los países en vías de desarrollo, pero pueden generar ingre-sos mediante el turismo, las artesanías y otras activida-des culturales. Según el mis-mo Wolfensohn, “el patrimo-nio genera valor. Parte de nuestro desafío conjunto es analizar los retornos locales y nacionales para inversio-nes que restauran y derivan valor del patrimonio cultural, trátese de edificios y monu-mentos o de la expresión cultural viva como la música, el teatro y las artesanías in-dígenas”.

Como hemos señalado, cuan-do se ponen en consideración los desafíos del desarrollo, no se puede desatender el tema de la cultura y su relevancia en el funcionamiento de la sociedad. En un sentido distinto al de Wolfensohn, Amartya Sen (1999: 27) analiza con deta-lle el tema, sus ventajas evi-dentes, así como los peligros de su banalización, e insiste en que “la cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para

alcanzar ciertos fines, sino como su misma base social”. Tanto que llamará la aten-ción sobre el hecho de que “enfocarse en el desarrollo culturalmente sostenible es aislar a la cultura de su pa-pel fundacional al juzgar el desarrollo y es, además, tra-tarla solo como un medio de desarrollo sostenible, no im-porta cuál sea su definición. Es, por tanto, una degrada-ción de la cultura convertida en un celebrado instrumen-to del desarrollo sostenible, definida en forma indepen-diente” (2004: 32).

Descontada la importancia del tema, el análisis de Sen se centrará no ya en la cuestión de la relevancia de la cultura sino, más bien, en cómo, de qué manera la cultura puede influir sobre el desarrollo y cómo puede comprender-se mejor esa influencia para ponerla a jugar positivamen-te en las políticas. Así, desta-cará que la cultura es parte constitutiva de nuestras vi-das, en la medida en que el fortalecimiento del bienes-tar y las libertades humanas al que aspiramos no puede prescindir del enriqueci-miento de las vidas humanas a través del arte y otras for-mas de expresión y prácti-cas culturales, sin contar con el hecho de que los factores culturales influyen, incluso, sobre el comportamiento económico, por ejemplo, en

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Estudios y artículos

el establecimiento de los va-lores de confianza.

Por otra parte, “la partici-pación en los intercambios civiles y en las actividades políticas está influida por las condiciones culturales. La tradición del debate público y del intercambio participa-tivo puede ser decisiva en el proceso político, y puede im-portar para el establecimien-to, la preservación y la prác-tica de la democracia (…). La participación política es extremadamente importan-te para el desarrollo, lo mis-mo a través de sus efectos en la valoración de los me-dios y los fines, que a través de su papel en la formación y la consolidación de los va-lores que permiten ponderar el desarrollo mismo” (Sen, 2004: 41). Además de los intercambios económicos y de la propia participación política, el funcionamiento de la solidaridad social y el apoyo mutuo están intrínse-camente relacionados con la cultura. El denominado capital social, la confianza, las normas efectivas y las redes sociales, entretejidas en la trama cultural, cons-tituyen conceptos de peso para el desarrollo que pue-de influir con variable pola-ridad. No menos importan-te es la influencia cultural en la formación y evolución de los valores.

En su análisis insistirá en señalar que la cultura del debate abierto y el mutuo aprendizaje, cambiante y di-námica, es la mejor vía para alcanzar un progreso huma-no y productivo.

Las políticas culturalesComo señalan Miller y Yúdi-ce (2004:11), “la política cul-tural se refiere a los soportes institucionales que canalizan, tanto la creatividad estética como los estilos colectivos de vida (…), se encarna en guías para la acción siste-máticas y regulatorias que adoptan las instituciones a fin de alcanzar sus metas (…), más burocrática que creativa (…) ayuda, financia, promue-ve, enseña y evalúa, describe y rechaza a los actores y acti-vidades que se hallan bajo el signo del artista o de la obra de arte, mediante la imple-mentación de políticas”.

Complementariamente, es pre-ciso señalar el frecuente error en el uso corriente de la expre-sión política cultural cuando designa acciones del Estado o de otras instituciones con res-pecto a la cultura, vista como un terreno autónomo sepa-rado de la política y muy fre-cuentemente reducido a la producción y consumo de bienes culturales —arte, cine, teatro, etc.—. A diferencia de ese uso, utilizamos el concep-to de política cultural para

“(…) el funcionamiento

de la solidaridad social

y el apoyo mutuo

están intrínsecamente

relacionados

con la cultura”

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llamar la atención sobre el vínculo constitutivo entre cul-tura y política, y sobre la re-definición de la política que esta visión implica. Este lazo significa que la cultura enten-dida como concepción del mundo y conjunto de signifi-cados que integran prácticas sociales no puede ser com-prendida adecuadamente sin la consideración de las rela-ciones de poder imbricadas con dichas prácticas.

La comprensión de la confi-guración de esas relaciones de poder no es posible sin el reconocimiento de su carác-ter cultural activo, en la medi-da que expresan, producen y comunican significados. Con la expresión política cultural, nos referimos, entonces, al proceso por el cual lo cultural deviene en hechos políticos. En otros términos, siguiendo a García Canclini (1987:26), definimos las políticas cultu-rales como “el conjunto de in-tervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios or-ganizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener con-senso para un tipo de orden o transformación social”.

Por lo expuesto, el proceso de formulación, implementación y

evaluación de la política cultu-ral, en tanto principio de orien-tación del desarrollo simbólico y la atención de necesidades culturales de la sociedad, debe ser objeto de un pormenorizado análisis, dado el carácter com-plejo de bienes y procesos invo-lucrados; sobre todo, si tenemos en cuenta el vínculo indisoluble entre las políticas culturales y el desarrollo, tal como lo plateára-mos precedentemente.

Vale recordar que, las políticas entendidas como un conjunto de acciones y programas sis-temáticos y ordenados cuyo propósito es realizar ciertos objetivos generales a lo largo de un cierto tiempo requie-ren de insumos, así como de una evaluación de la realidad sobre la cual se buscará inter-venir. Esto exige investigación, demanda funcionarios capaci-tados para su diseño y ejecu-ción, que tengan la capacidad de interactuar con la socie-dad, ya que las políticas cul-turales y sociales suponen un tipo particular de vinculación entre el Estado y la comuni-dad, distinto del cumplimiento de otros servicios tradiciona-les básicos que este satisface. A diferencia de lo que suele indicar el sentido común do-minante, no es el perfil de un creador el que mejor satisface la necesidad propia del rol del administrador cultural.

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A modo de conclusión provisional

La visión tan sostenida y apelada, pero escasamente realizada de construir polí-ticas de Estado, llevan irre-mediablemente engarzadas a la cultura como un factor fundamental de su proceso desde el propio planteo del problema hasta las cade-nas de su implementación y evaluación sostenidas en el tiempo. La construcción de consensos más allá de una decisión gubernamental de determinado color político requiere articulaciones com-plejas entre sectores y acto-res políticos y sociales que se proyectan en un horizon-te de sentido, por lo menos básico; la cultura se hace un eje sustancial para pensarse en el tiempo y perdurar.

Nuevos conceptos reclaman un espacio en la esfera pública, como los de Estado abierto, participación ciudadana, me-canismos de control y eva-luación, que buscan trans-parencia e inclusión en una agenda de problemas cada vez más complejos y con es-casos recursos. Una enorme gama de intereses contra-puestos generan formas de tensión y conflictividad. La cultura y la política cultural se nos presentan como una

oportunidad para dirigirnos hacia sociedades más justas y dignas, en donde la inclusión venga de la mano de la acep-tación de las diferencias. Tan-to el Estado como la sociedad civil, en su variada gama de tejidos y actores, deben per-cibir a la cultura como la posi-bilidad del encuentro.

En momentos en que nos en-contramos frente a la necesi-dad de dar continuidad a un proceso de desarrollo que redunde en una mejora de la calidad de vida de nues-tra sociedad, es necesario considerar la relevancia del desenvolvimiento de alterna-tivas de política cultural que apunten al establecimiento de valores favorables para el crecimiento con inclusión, al fortalecimiento de los lazos de confianza, a la consolida-ción de los lazos de solida-ridad social, al cultivo de la excelencia.

La complejidad y la transi-toriedad de las relaciones interpersonales, así como el debilitamiento de las institu-ciones, han aumentado en el contexto de la modernidad actual. El riesgo se ha vuelto inmanente, y la dinámica en-tre confianza y desconfianza adquiere un rol importante en la experiencia cotidiana.Las transformaciones hacia la

“La cultura y la

política cultural se

nos presentan como

una oportunidad

para dirigirnos hacia

sociedades más justas

y dignas, en donde la

inclusión venga de la

mano de la aceptación

de las diferencias”

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virtual caducidad de las rela-ciones sociales con la pérdida de sustento de las relaciones estables podrían significar un cambio en la forma de ex-perimentar la confianza en la actualidad, tanto que po-dría estar enfatizándose más la importancia de la actitud prudente en la confianza, es decir, aunque parezca para-dójico, confiar desconfiando. En otros términos, lejos de una peligrosa confianza in-genua, es imprescindible el desarrollo de una actitud crí-tica que sostenga la pruden-cia referida.

De la posibilidad de alcan-zar los valores capaces de sostener vivo y saludable el lazo social y los procesos de construcción de la subjeti-vidad dependerá el resulta-do de nuestros esfuerzos en materia de crecimiento. Las políticas culturales, de cara a ese desafío, son una alterna-tiva con buenas chances de abrazar el éxito.

Referencias bibliográficasFoucault, M. (1978). “La gouvemementalité”. Curso del College de France, año 1977-1978”. En Aut-Aut, (167-168).— (1978). “Seguridad, territorio y población”. Curso del College de France, año 1977-1978. En Aut-Aut, (167-168).García Canclini, N. y G. Bonfil Batalla (1987). Políticas culturales en América Latina. Barcelona, Grijalbo. Miller, T. y G. Yúdice (2004). Política cultural. Barcelona, Gedisa.Rifkin, J. (2004) La era del acceso. La revolución de la nueva economía. Barcelona, Paidós.Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford, Oxford University Press. — (2004). “How Does Culture Matter”. En Vijayendra, R. y M. Walton (eds.). Culture and Public Action. Stanford. Stanford University Press.Yúdice, G. (2002). El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Barcelona, Gedisa.

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La evaluación como instrumento de política pública

por José del TroncoProfesor Investigador de Tiempo Completo “C” en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

(FLACSO) Sede México. [email protected]

ResumenEvaluación suele ser concebida como una fase del ciclo de políticas públicas ubicada en la etapa final o de terminación. Este artículo, sin embargo, promueve una mirada distinta. La evaluación es —o, al menos, debería ser— una actividad transversal al ciclo de políticas públi-cas, y es, por tanto, un instrumento más de todos los que emplea el gobierno para resolver los problemas públicos. Este documento analiza las potencialidades de la evaluación como fuente de información y sus limitaciones cuando es concebida, exclusivamente, como instru-mento de sanción o recompensa.

AbstractEvaluation tends to be considered as a single stage, at the termination phase of the policy process. Although this, the article promote a different approach. Given that evaluation is —or must be— located along the multiple moments of policy cycle, we should conceive it as a policy instrument; a mean by which government seeks to change certain social or bureau-cratic behavior. This document considers that evaluation should be delivered as a source of information —promoting learning and accountability— more than a way of sanctioning or re-warding the achievement of certain goals, what indirectly promotes simulation and opacity.

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1. ¿Qué es y para qué sirve la evaluación de políticas públicas?

En términos generales, eva-luar es juzgar; valorar o ponderar algún proceso o comportamiento social de acuerdo con parámetros o criterios determinados (Su-birats y Goma, 2002). En el ámbito de las políticas públi-cas, hacer evaluación es ge-nerar información de manera sistemática acerca de las ac-tividades, metas o resultados —presentes o futuros— de los programas en cuestión1 (Patton, 2002) para apoyar la toma de decisiones.

Cuando se quiere resolver un problema público a través un programa o proyecto, es ne-cesario saber —previamen-te— si dicha intervención es la mejor alternativa. Asimis-mo, una vez implementadas las acciones para el logro de determinados objetivos, resulta pertinente conocer hasta qué punto dichas ac-ciones fueron las adecuadas, cuál fue la magnitud en que dichos objetivos fueron al-canzados, así como cuáles y cuántos fueron los recursos invertidos para la obtención de tales resultados. La eva-luación2 —ex ante en el pri-mero de los casos, y ex post

en el segundo— suele ser una herramienta útil para respon-der a estas preguntas.

Las actividades de evaluación de programas públicos alcan-zaron popularidad y difusión durante las décadas de los sesenta y setenta en los Es-tados Unidos. Si bien ya exis-tían antecedentes de esfuer-zos gubernamentales para conocer los resultados de sus políticas —Page (2006: 207-208) ubica las primeras eva-luaciones de políticas durante el gobierno del canciller Von Bismarck, en la Alemania de fines de siglo xix—, fue du-rante las administraciones de John F. Kennedy y de Lyndon Johnson en EUA que esta ac-tividad alcanzó mayor repu-tación. El surgimiento de pro-gramas sociales destinados a acabar con el desempleo, el crimen y el deterioro urbano, así como la necesidad de ge-neralizar el acceso a servicios médicos y educativos aca-rrearon una enorme cantidad de recursos humanos y finan-cieros, por lo cual resultaba imperativo conocer sus resul-tados (Parsons, 1995).

“En el ámbito de las

políticas públicas, hacer

evaluación es generar

información de manera

sistemática acerca de

las actividades, metas

o resultados —presen-

tes o futuros— de los

programas en cuestión

para apoyar la toma de

decisiones”

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Tres fueron las razones por las cuales era (es) necesario evaluar las políticas imple-mentadas. En primer lugar, el gobierno debía informarle al Congreso acerca de los resul-tados concretos de las leyes que allí se habían votado. Di-cho de otro modo, era (sigue siendo) obligatorio para los gobernantes rendir cuentas de sus decisiones. En segun-do lugar, era (es) imprescindi-ble para los administradores públicos conocer la manera en que operan sus programas,

los resultados que alcanzan y los recursos que insumen para el logro de sus objetivos (Subirats y Goma, 2002: 189). Finalmente, en tercer lugar, en contextos democráticos, la opinión pública —acicatea-da por la actividad de los me-dios y las redes sociales— de-manda transparencia en los procedimientos de gobierno tanto como eficiencia y efec-tividad en la utilización de los recursos públicos (Morales, Meneses y Alonso, 2006).

FIGURA 1: LA EVALUACIÓN Y LAS DIMENSIONES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (RC)3

Fuente: Elaboración propia

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En la actualidad, se admite abiertamente que la evalua-ción de programas públicos sirve tanto para un mejor co-nocimiento de estos por par-te de la opinión pública como de los funcionarios de la ad-ministración, quienes son conscientes de la importancia de la información generada por la actividad evaluadora (Subirats y Gomà, 2002: 189). Sin embargo, no siempre nos queda claro por qué hace-mos evaluación. ¿Evaluamos para sancionar a quien no se apega a cierto estándar? ¿Evaluamos para motivar y premiar ciertas conductas? ¿O, simplemente, generamos información para que los ac-tores de la política pública —públicos y privados— decidan con un margen de libertad mayor?

2. La evaluación y sus usos. ¿Garrote, zanahoria o sermón?

La evaluación es no solo una fase del ciclo de políticas, sino, fundamentalmente, un instrumento de política públi-ca. Es decir, forma parte del conjunto de acciones por me-dio de los cuales un gobier-no se propone modificar los

comportamientos de la po-blación objetivo —sean fun-cionarios o ciudadanos— a los que identifica como causan-tes del problema para resol-ver (Bemelmans-Videc et al., 1998; Knoepfel et al., 2007).

Si bien existe una variedad de instrumentos, la literatura so-bre políticas públicas identifica tres tipos de acuerdo al me-canismo que se emplea para cambiar tales conductas: 1) Los instrumentos de regulación o de tipo garrote, que son aque-llos que buscan cambiar com-portamientos por medio de la prohibición. Distinguen lo per-mitido de lo prohibido a través de prescripciones o proscrip-ciones. 2) Los instrumentos remunerativos o de tipo za-nahoria, que son aquellos que —sin establecer prohibicio-nes— aumentan o disminuyen el costo de ciertas conductas para aquellos que deciden ejercerlas. 3) Finalmente, los instrumentos de tipo sermón, que brindan información a la población objetivo para que esta pueda calcular de mejor manera las consecuencias de sus actos. Dicho de otra forma, se promueve la racionalidad de los actores sin mediar condi-cionamientos en un marco de mayor libertad.

“La evaluación es no

solo una fase del ci-

clo de políticas, sino,

fundamentalmente,

un instrumento de

política pública”

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De acuerdo con los instru-mentos de tipo zanahoria o garrote, es necesario un in-centivo externo para orientar la conducta a los objetivos del gobierno. Por su parte, los sermones aumentan la liber-tad de las personas y apun-tan a que su conducta se vea informada por motivaciones internas y no por incentivos externos bajo el supuesto de que aquello que se hace por convicción difícilmente cam-bia, aunque se modifiquen las condiciones externas (Tyler, 2013). Quien separa la basu-ra porque considera que es lo adecuado y que genera con-secuencias positivas tanto para él como para la sociedad de la que forma parte lo hace a pesar de que no lo penali-cen ni le den ningún premio como reconocimiento.

¿Según cuál de todas estas formas concebimos la evalua-ción? ¿Evaluamos para san-cionar o premiar de acuer-do con cierto estándar? ¿O lo hacemos para aumentar la racionalidad de nuestras decisiones? Si bien es cierto que ambos motivos pueden estar alineados, concebir la evaluación como garrote o como zanahoria es contra-producente. Por una parte,

fomenta la simulación, ya que nadie quiere ser sancionado, y todos queremos que nos premien, lo cual aumenta los incentivos para dibujar una realidad inexistente. Por otra parte, dificulta el aprendizaje, en tanto no promueve el re-conocimiento de errores y li-mitaciones, ni mucho menos el hacerse responsable o la búsqueda las causas del pro-blema cuando los objetivos no se cumplen.

Promover la evaluación en el ámbito de las políticas públi-cas no puede hacerse en el vacío. Debe concebirse este instrumento como una herra-mienta para mejorar la calidad y la disponibilidad de la infor-mación, que luego sustentará la toma de decisiones. Aun-que parezca ilusorio, transpa-rencia, rendición de cuentas y racionalidad a la hora de de-cidir no se vinculan solo con sanción, sino con aprendizaje. Un gobierno abierto requiere de todo ello, y un gobierno efectivo también.

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1 En algunos casos, la evaluación sirve no solo para analizar los alcances de los programas públicos, sino también para conocer el desempeño de las personas encargadas de operar dichos programas. En particular, los enfoques que centran su atención en la fase de implementación para entender los resultados no deseados de las políticas públicas parten de esta hipótesis: que es el desempeño de los recursos humanos el factor clave para el éxito o el fracaso de las interven-ciones públicas.2 La evaluación ex ante es aquella que se aplica con anterioridad a la puesta en marcha de una intervención, y su finalidad

principal es determinar si el proyecto debe implementarse. La evaluación ex post, por su parte, tiene lugar una vez finali-zada la implementación del proyecto, y su intención es conocer cuáles fueron los resultados del proyecto en función de lo originalmente estimado. Sirve también como base para la toma de decisiones sobre futuros.3 De acuerdo con Schedler (2005), la rendición de cuentas está compuesta por tres dimensiones: la información, la argu-

mentación y la sanción. En tal sentido, la evaluación de políticas resulta una herramienta fundamental, puesto que arroja información válida sobre los resultados de las intervenciones públicas, y permite una mayor y mejor argumentación cuando estos no son los esperados. Asimismo, genera evidencia que aumenta o disminuye la posibilidad de sanción, al

menos cuando esta última se considera en su dimensión electoral.

Referencias bibliográficas

Bemelmans-Videc, M.-L., R. C. Rist, E. Vedung (1998). Carrots, sticks and sermons. New Brunswick, Transaction Publishers.

Knoepfel, P, C. Larrue, M. Hinojosa Dieck (2007). “Hacia un modelo de análisis de políticas públicas operativo. Un enfoque basado en los actores, sus recursos y las instituciones”. Revista Ciencia Política, 2, (3).

Morales, S; M. Meneses y S. Alonso (2006). Índice de transparencia para programas sociales. México DF, Alianza Cívica.

Page, A. (2006). “The origins of policy”. En Moran, M., M. Rein, M. y R. Goodin. The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford University Press.

Parsons, W. (1995). Public Policy. An introduction to the theory and practice of policy analysis. Northampton, MA: Edward Elgar.

Patton, M. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Londres y Nueva Delhi. Thousand Oaks, SAGE.

Rossi, P., M. Lipsey y H. Freeman (2004). Evaluation. A systematic Approach. Londres y Nueva Delhi. Thousand Oaks, SAGE.

Schedler, A. (2008). “¿Qué es la rendición de cuentas?”. Cuadernos de Transparencia, 3, IFAI.

Subirats, J. y R. Gomà (1989). “Evaluación de políticas Públicas”. En Subirats, J., Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública (MAP).

Tyler, T, (2013). Why people cooperate. New Jersey, Princeton University Press.

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Reseñas

GOBERNABILIDAD Y LIDERAZGO EN AMÉRICA LATINA: 15 años de experiencia de los Programas CAF de formación

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. 206 páginas. ISBN: 978-980-422-000-5

Florencia Gonzalez Berbery

Desde el 2000, y atendiendo a la necesidad de consolidar las capacidades estatales, la Cor-poración Andina de Fomento (en adelante, CAF) ha imple-mentado una serie de acciones dirigidas a la Alta Dirección Pú-blica de los Estados latinoame-ricanos. Los Programas de Go-bernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública (2001) y de Liderazgo para la Transforma-ción (2002) se orientaron, por un lado, a la capacitación de autoridades y de equipos téc-nicos en el desempeño eficaz de sus funciones y, por el otro, a la construcción de un nuevo estilo de liderazgo basado en valores éticos y democráticos. A quince años de su puesta en marcha, esta publicación docu-menta los logros alcanzados y los principales desafíos a futuro.

Partiendo de la agenda estatal de los países de América Latina, en el primer capítulo, se describe la construcción de los lineamien-tos que integran la acción de la CAF en materia de gobernabili-dad: ética y transparencia para el desarrollo, institucionalidad, des-centralización, y participación

ciudadana y liderazgo para la transformación. En la segunda parte, se presenta el Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, sus objetivos y características, así como también el impacto ge-nerado en los países donde se llevó a cabo. Por último, en la tercera sección, se exponen el marco general del Programa de Liderazgo para la Transfor-mación junto con los resulta-dos obtenidos en cada área.

Es una publicación que aborda de manera transversal la cues-tión de las capacidades estatales y responde satisfactoriamente al interrogante sobre el tipo de Es-tado para el que deben formarse los funcionarios y los líderes so-ciales de nuestra región.

Corporación Andina de Fomento

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Reseñas

EL DECENIO PROGRESISTA. Las políticas públicas de Vázquez a Mujica

Nicolás Bentancur y José Miguel Busquets (coord.)

Fin de Siglo e Instituto de Ciencia Política / Facultad de Ciencias Sociales / Univer-sidad de la República (UDELAR). 393 páginas.ISBN: 978-9974-49-822-8

Nelson Cardozo

Siguiendo la línea de Irme Lá-katos, esta obra constituye un verdadero programa de investi-gación respecto de los estudios sobre el Estado, la Administra-ción y las políticas públicas en el Uruguay. Esta preocupación científica da continuidad al libro Reformas del Estado y políticas públicas de la Administración Vázquez: acumulaciones, con-flictos y desafíos, coordinado en 2010 por María Ester Mancebo y Pedro Narbondo. En él, como en el ejemplar en cuestión, un destacado grupo de especialis-tas en el área analizaron porme-norizadamente el conjunto de transformaciones en la esfera pública y las principales políticas sectoriales del primer gobierno nacional del Frente Amplio en la administración Vázquez.

Bajo un contexto general que enmarca las transformaciones en materia de políticas públicas, este nuevo conjunto de estu-dios nos permiten realizar una comparación diacrónica en la materia aportando matices im-portantes tanto en la forma de gestión como en la concepción y la implementación del amplio

abanico de las políticas secto-riales.

Los destacados expertos com-binan la autoría de los sucesivos capítulos con jóvenes investiga-dores de cada una de las áreas, lo que permite, además, tener un mapa del campo específico de los estudios sobre adminis-tración y políticas públicas. Por esta razón, se trata de un con-junto articulado de resultados de investigación que logran ser integrados en una visión que, a su vez, se proyecta y marca el horizonte de uno de los sectores más desarrollados de la ciencia política uruguaya.

El capítulo final de los coordina-dores de la obra cierra esta visión de integralidad. No solo es una síntesis de los aspectos centra-les del libro, sino que constituye un aporte teórico fundamental al brindarnos un conjunto de hi-pótesis y tipologías que dialoga con los estudios a nivel regional e internacional. Esto demuestra el grado de desarrollo y madu-rez que la temática ha logrado en la disciplina del país oriental.

Nicolás Bentancur y José Miguel Busquets (coord.)

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Programas y proyectos

Plan País Digital

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, lanzaron el plan País Digital, que va a permitir que todos los ciudadanos, vivan en el municipio que vivan, puedan conectarse con WiFi público y gratuito, conozcan datos de la gestión en portales de infor-mación pública y realicen trá-mites desde tu casa.

País Digital es una herra-mienta de innovación que aplica las nuevas tecnologías en pos de promover ciuda-des inteligentes y formar ciu-dadanos digitales en todo el territorio argentino.

A partir de estos lineamientos, se trabaja en conjunto con los municipios para relevar nece-sidades en materia de moder-nización e identificar aquellas prácticas exitosas que puedan ser replicadas, impulsando so-luciones innovadoras para la atención ciudadana.

A esto, se sumará la imple-mentación de proyectos, productos y servicios digi-tales que promuevan la mo-dernización de las gestiones provinciales, municipales y

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las solu-ciones digitales, se encuen-tran Infraestructura IT, Ser-vicios Municipales, Inclusión Digital, Innovación, Gobierno Abierto y Capacitación.

El Plan apunta a la construc-ción de un verdadero país digital, donde todos los ar-gentinos tengan iguales po-sibilidades.

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Conferencias para la Alta Direccion Pública

Desde la Escuela Superior de Gobierno, se fomenta la profe-sionalización y el fortalecimien-to de los servidores públicos a partir de diferentes programas. Uno de ellos es el de Conferen-cias para la Alta Dirección Públi-ca, que consiste en el desarrollo de encuentros periódicos en los que se debaten las principales cuestiones referidas a la forma-ción y a la gestión pública junto con académicos, funcionarios y expertos en la materia. El pro-grama tiene como principal ob-jetivo difundir las mejores prác-ticas en los diferentes niveles de gobierno argentino, así como también del exterior, en cuanto a la capacitación y formación del servicio civil brindado por especialistas.

Asimismo, se propone generar un espacio de difusión de bue-nas prácticas y experiencias referentes a la gestión, capa-citación y formación de la Alta Dirección Pública y, a la vez, pro-mover el debate y el intercam-bio de ideas a fin de detectar alternativas y soluciones a los problemas actuales en todos los niveles gubernamentales que puedan ser implementadas a través de políticas públicas.

Programas y proyectos

Para recibir información sobre las Conferencias: [email protected]

/EscuelaDeGobArg

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EVENTOS 2016

Agenda

IV Congreso Internacional de Ciencia PolíticaAsociación Mexicana de Ciencia Política - Monterrey, Méxicohttps://congreso.amecip.org/

V Congreso Internacional de Comunicación Política y Estrategias de CampañaAsociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE) - Universidad Austral - Buenos Aires, Argentinahttp://www.alice-comunicacionpolitica.com/congresos/v-congreso-interna-cional-en-comunicacion-politica-y-estrategias-de-campana/

Conferencia Anual de EGPAEuropean Group for Public Administration (EGPA) - Utrecht, Holandahttp://egpa-conference2016.org/

IV Congreso Colombiano de Ciencia PolíticaAsociación Colombiana de Ciencia Política - Bogotá, Colombiahttp://2016.accpol.org/

II Seminario Internacional de Políticas PúblicasUniversidad Federal de Pelotas - Pelotas, Brasilhttp://neppuufpel.blogspot.com.ar/p/sipp-2016.html

V Congreso Internacional Sobre América Latina y el CaribeFacultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentinahttp://ceinladi.blogspot.com.ar/p/i.html

5, 6 y 7

OCT

26, 27 y 28

OCT

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3 al 6

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Colaboración

Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno

ColaboracionesLos trabajos con pedido de publicación deben ser remitidos a la revista Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno mediante comunicación electrónica a [email protected], con copia a [email protected]. En todos los casos, deben ser trabajos originales o inéditos, que no hayan sido enviados para su publicación a otras revistas. Se podrán presentar artículos y reseñas en idioma castellano y portugués.

Todas las contribuciones recibidas serán evaluadas preliminarmente por la dirección y la secretaría de re-dacción de la revista, y aprobadas acorde a su pertinencia temática y requisitos formales. El proceso de selección durará, como mínimo, entre uno y seis meses, y, una vez finalizado, el comité de la revista se pon-drá en contacto con el autor o los autores para comunicar la decisión de publicación. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados. En caso de sugerencias y correcciones, los autores deberán dar cuenta de estos.

El envío de un artículo a la revista Apuntes de la Escuela Superior de Gobierno implica la cesión de los dere-chos de autor para que este pueda ser editado, reproducido o difundido públicamente para fines exclusiva-mente científicos, académicos o culturales.

Para la presentación de los trabajos, se deberán observar los siguientes criterios:

1. Deben ser enviados a ambas direcciones electrónicas.

2. Los artículos no deben exceder los 13 000 caracteres (con espacios incluidos), y las reseñas bibliográficas, los 500. En este tamaño, se contarán también resúmenes, referencias y bibliografía.

3. Todos los trabajos deben presentarse en programa Word, letra Times New Roman, número 12, a espacio sencillo. Se utilizará hoja tipo A4 con margen superior: 3 cm, inferior: 2,5 cm, izquierdo: 2,5 cm y derecho: 2.5 cm.

4. Los artículos deberán estar acompañados con una foto de cara de cada uno de los autores con definición mínima de 300 DPI en JPG. Asimismo, las reseñas bibliográficas deberán ser enviadas con una foto de la tapa del libro con la misma definición.

5. El título deberá estar alineado a la izquierda en negrita y con letra Times New Roman número 14. Los nombres y apellidos del autor o de los autores se expresarán de igual forma, pero en letra itálica (en caso de ser dos, la “y” entre estos estará en cursiva, y, si son más de dos, habrá comas entre ellos hasta el último, donde se ubicará la “y”).

6. Toda aclaración con respecto al trabajo, así como la pertenencia institucional del autor o de los autores y su dirección electrónica, deben consignarse mediante asterisco (y doble asterisco, si fuese necesario) desde el título o el nombre del autor al pie de la primera página.

7. Las citas aclaratorias deberán ir al final del texto y no podrán superar el número de cuatro.

8. Las referencias bibliográficas deberán seguir preferentemente el formato americano: el apellido del autor, el año y el número de página luego de dos puntos para los casos de citas textuales. Por ejemplo:

Varios países latinoamericanos son casos de democracia delegativa (O’Donnell, 1997).

“El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal definidor y guardián de sus intere-ses” (O’Donnell, 1997: 293).

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Colaboración

9. En el apartado bibliográfico, las referencias deben observar el siguiente orden, separado por comas: apellido del autor, letra inicial del nombre del autor, año (entre paréntesis), título de la obra (entre comillas si es un artículo; en itálica si se trata de un libro o título de una publicación), volumen, tomo, etc., lugar de edición y editorial. Por ejemplo:

Para libros y capítulos de libros:

Bourdieu, P. (2008). Homo academicus. Buenos Aires, Siglo XXI.

O’Donnell, G. (1997). “¿Democracia delegativa?”. En O’Donnell, G. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritaris-mo y democratización. Buenos Aires, Paidós.

Gutiérrez Márquez, E. (2013). “La ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM”. En F. Reveles (coord.) La Ciencia Política en México Hoy: ¿Qué sabemos? México, UNAM y Plaza y Valdés.

En caso de titularidad por parte de organizaciones, se pondrán los nombres en mayúsculas.

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Para revistas:

Altman, D. (2005). “La institucionalización de la ciencia política en Chile y América Latina: una mirada desde el sur”. Revista de Ciencia Política, 25, (1).

En este caso, el “25” corresponde a número de la revista, y el “(1)”, al volumen.

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Para participaciones en eventos científicos:

Rocha, C. (2012). “La ciencia política en Uruguay (1989-2009). Un estudio de los temas, teorías y metodologías predo-minantes en la investigación y la enseñanza en el Instituto de Ciencia Política”. Ponencia presentada en el IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política. Noviembre, Montevideo.

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10. La bibliografía obtenida de espacios virtuales deberá consignarse con su sitio correspondiente junto con la fecha del último acceso:XXXXXXXXXX. Disponible en: (www.xxxx.xxxx.xx), último acceso: xx/xx/xxxx.

11. Todos los artículos deberán estar acompañados por un resumen en castellano y otro en inglés, de hasta 100 pala-bras cada uno. En caso de tratarse de un artículo en portugués, se agregará un resumen en castellano.

12. Los cuadros, diagramas e infogramas realizados en otros programas deberán ser enviados en archivos aparte. Se deberá señalar específicamente el lugar en el cuerpo del texto donde deberán colocarse. En la medida de lo posible, se deben utilizar programas generalizados y compatibles con Word. Cada elemento deberá contar con su propio ar-chivo. Incluyendo los cuadros, el artículo no podrá superar las 4 páginas en el formato antes mencionado.

Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus traba-jos, salvo que estos sean efectivamente publicados.

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