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BOLETÍN INTERPROCURADURÍAS

NUEVA ÉPOCA

Órgano de Información de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

Enero- Junio 2014, Número 41, México

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BOLETÍN INTERPROCURADURÍAS, NUEVA ÉPOCA, publicación semestral, Número 41, enero-junio 2014, Editor responsable: Lic. Moisés Eduardo Bolaños Bonilla, número del certificado de reserva al uso exclusivo de título: 04-2014-060511261500-106, número del certificado licitud de título y contenido: 15757, Publicado por la Procuraduría General de la República con domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal.

Distribuido por la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en Ciudad de México.

ISSN : En trámite.

Los contenidos de los artículos de la publicación periódica BOLETÍN INTERPROCURADURÍAS son responsabilidad única y exclusivamente de los autores y no representa ningún punto de vista de la Procuraduría General de la República, ni de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio conocido o por conocerse, con fines de especulación comercial.

La presente publicación es de distribución gratuita.

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PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

LIC. JESÚS MURILLO KARAMPROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GRAL. BGDA. J. M. Y LIC. JESÚS GABRIEL LÓPEZ BENÍTEZPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR

LIC. FELIPE DE JESÚS MUÑOZ VÁZQUEZPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. PERLA DEL SOCORRO IBARRA LEYVAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LIC. ADONAI CARREÓN ESTRADAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIC. ARTURO JOSÉ AMBROSIO HERRERAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

DR. HOMERO RAMOS GLORIAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA

LIC. MARCOS SANTANA MONTESPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA

MTRO. RACIEL LÓPEZ SALAZARPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS

LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ NICOLÁSFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. RODOLFO FERNANDO RÍOS GARZAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

MTRA. SONIA YADIRA DE LA GARZA FRAGOSOFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO

LIC. CARLOS ZAMARRIPA AGUIRREPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

LIC. IÑAKY BLANCO CABRERAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO

LIC. ALEJANDRO STRAFFON ORTIZPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO

MTRO. LUIS CARLOS NÁJERA GUTIÉRREZ DE VELASCOFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO

(enero a junio de 2014)

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LIC. ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

LIC. JOSÉ MARTÍN GODOY CASTROPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LIC. RODRIGO DORANTES SALGADOPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS

LIC. EDGAR VEYTIA FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT

LIC. ADRIÁN DE LA GARZA SANTOSPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MTRO. HÉCTOR JOAQUIN CARRILLO RUÍZPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGETPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

LIC. ARSENIO DURÁN BECERRAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. GASPAR ARMANDO GARCÍA TORRESPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA COVARRUBIASPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

LIC. MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA

LIC. CARLOS ALBERTO NAVARRO SUGICHPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

DR. FERNANDO VALENZUELA PERNASPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO

MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

LIC. ALICIA FRAGOSO SÁNCHEZPROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA

LIC. FELIPE AMADEO FLORES ESPINOSAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

MTRA. CELIA MARÍA RIVAS RODRÍGUEZFISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

LIC. ARTURO NAHLE GARCÍAPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

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El Boletín Interprocuradurías es un órgano de información de los trabajos que realiza la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Su publicación y distribución es semestral y está a cargo de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, conforme a lo dispuesto en los estatutos de la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2009.

La Conferencia Nacional opera mediante su estructura conformada por zonas geográficas y comités técnicos, lo cual concede mayor solidez a los acuerdos adoptados al interior de dicho órgano colegiado.

En esta ocasión se publica el Boletín número 41, correspondiente al periodo enero - junio de 2014.

La instauración de los trabajos estuvo a cargo del maestro Jorge Nader Kuri, Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional; quien preside y organiza el Secretariado Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

La integración de los textos y el cuidado de la edición estuvo a cargo del licenciado Moisés Eduardo Bolaños Bonilla, Director de Coordinación Interprocuradurías, el licenciado Félix Arturo Arce Vargas, Subdirector de Intercambio de Información, y la licenciada Dulce Rocío Zamudio Gutiérrez, Jefa de Departamento del Análisis a Compromisos; en tanto que la corrección de estilo estuvo a cargo de la Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República.

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Reuniones

2ª, 3ª y 4ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público

1er. Ciclo de la Conferencia de Procuración de Justicia

XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

7ª Reunión del Comité Nacional de Especialistas en Balística CONEBAL

CONTENIDO

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NUESTROS PROCURADORES Lic. José Martín Godoy CastroC. Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán

Lic. Luis Ángel Bravo ContrerasC. Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz

Lic. Adonai Carreón EstradaC. Procurador General de Justicia del Estado de Baja California Sur

Lic. Alejandro Jaime Gómez SánchezC. Procurador General de Justicia del Estado de México

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REUNIONES

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2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Eficiencia en

la Institución del Ministerio Público

Para el óptimo cumplimiento de los objetivos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se ha dispuesto la creación de Comités Técnicos encargados de realizar trabajos de investigación y preparación de opiniones, estudios o proyectos en las temáticas de interés para la procuración de justicia.

Coordinador: Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila.

Procuraduría General de la República.

Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche.

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Procuraduría General de Justicia del estado de México.

Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca.

Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro.

Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa.

Fiscalía General del estado de Yucatán.

› Programa Rector de Profesionalización en Procuración de Justicia.

› Programa Integral de Capacitación para su aprobación.

› Contenidos para el diseño de un módulo dirigido a la Policía de Prevención en los tres órdenes de gobierno, en su relación con la investigación del delito en el Programa Integral de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio para las instituciones de Procuración de Justicia.

¿Quiénes integran el Comité? Contenido

2a Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, celebrada el 18 de

febrero de 2014, en la Ciudad de México.

3a Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, celebrada el 25 de

marzo de 2014, en la Ciudad de México.

Uno de ellos es el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, cuyo objetivo radica en la modernización del Sistema de Justicia Penal encaminado a lograr un marco normativo en el que se garantice la procuración de justicia pronta y eficaz.

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Programa Rector de Profesionalización en Procuración de JusticiaPonente: Mtro. Jorge Emilio Iruegas Álvarez,

Director General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República

La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008 y el reto por consolidarla exigen llevar a cabo la transformación más grande del Sistema de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo, sino procesos exhaustivos de capacitación y formación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de audiencias públicas y orales.

Para ello, y con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, para lo cual es indispensable contar con instructores de calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en la fase de implementación, así como la consolidación y desarrollo del mismo; no obstante, es necesario un esquema adecuado que les permita reforzar y armonizar sus conocimientos con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, potencializar sus habilidades y destrezas de litigación, además de dotarles de instrumentos didácticos para la enseñanza.

En la capacitación, se prevé que los participantes desarrollen conocimientos y habilidades que les brinden herramientas para operar dicho sistema. Sin embargo, la capacitación requiere ser evaluada de forma constante

para que sean identificados los elementos que requieran ser ajustados o fortalecidos con la finalidad de continuar con las actividades formativas.

Dicha evaluación se realiza por niveles y éstos se conforman de la siguiente manera:

1. Evaluación de Reacción: Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica.

2. Evaluación de Aprendizaje: Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de ésta evaluación serán analizados de manera conjunta con los resultados de la reacción de los participantes, con la finalidad de que se puedan detectar, si es el caso, problemas específicos que afectan el aprendizaje de las personas y que son ajenos a ellas.

3. Evaluación del desempeño laboral: Se evaluará cómo

los conocimientos y habilidades aprendidos, fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema.

4. Evaluación de cumplimiento de metas institucionales: Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un periodo determinado, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales proyectados del Sistema Penal Acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados de esta evaluación deberán ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluación del desempeño laboral por perfil, de cada área o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relación existente entre los resultados institucionales y el desempeño laboral del personal.

El esquema de capacitación se muestra en la siguiente gráfica:

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Programa Integral de Capacitación Ponente: Mtro. Jorge Emilio Iruegas Álvarez,

Director General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República

Un servicio de justicia transparente y evaluable genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada uno de sus actores. En ese sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las instituciones de procuración de justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todas las y los servidores públicos involucrados es pieza fundamental.

Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y

Derivado de lo anterior, se llegó a los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Agenda temática 2014. El Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toma conocimiento del tema de estudio que ha sido mandatado por el Consejo de Coordinación, mismo que se inscribe en la agenda de trabajo para el ejercicio 2014. SEGUNDO. Programa Rector de Profesionalización.

En esta sesión da inicio al estudio de la propuesta de Programa Integral de Capacitación para

el Sistema Penal Acusatorio elaborada por la Procuraduría General de la República, en cumplimiento a los acuerdos alcanzados por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, instrumento que se inscribirá en los contenidos del Programa Rector de Profesionalización para las Instituciones de Procuración de Justicia vigente. Los integrantes del Comité Técnico acuerdan que en el término de diez días hábiles se emitirán aportaciones y comentarios al Secretariado Técnico, adicionales a los planteados en esta sesión, en ánimo de enriquecer el Programa Integral de Capacitación para la integración de una versión

consensuada; para ello, la Dirección General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República enviará por correo electrónico la información adicional necesaria.

TERCERO. Hoja de Ruta.

Se acuerda que una vez consensada la propuesta, el Comité Técnico emitirá su recomendación para que el Programa Integral de Capacitación para el sistema Penal Acusatorio se incorpore a la agenda de trabajo de las Conferencias de Zona para enriquecerlo a partir de las aportaciones de los procuradores y fiscales del país, y finalmente, se presente ante la Asamblea Plenaria para ser votada.

el modelo de gestión basado en procesos exigen que se desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de habilidades, destrezas y conocimientos a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable.

Así, el objetivo general se define dentro de una estrategia integral e interinstitucional de capacitación y formación para lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea, que proporcione a los participantes las herramientas

necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil competencial. En este sentido, se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que incluyen:

a. La definición de perfiles.

Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal aplicable y de las facultades y funciones

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específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los contenidos de la capacitación.

Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio, cuyas descripciones son las siguientes:

1. Ministerio Público: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano jurisdiccional.

2. Policía de Investigación: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades realizadas con motivo de la investigación del delito.

3. Perito: Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación, en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante

el tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.

4. Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para canalizarla a la instancia correspondiente.

5. Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio Público dentro de la Investigación o el Proceso.

b. La generación de instructores internos.

Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, en el entendido de que ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de calidad en los distintos perfiles que coadyuven a la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo.

Por ello, es necesario contar con instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para

Lectura de acuerdos de la 2a Sesión Ordinaria delComité Técnico de Eficiencia en la Institución del

Ministerio Público.

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la enseñanza. En este sentido, es necesario seleccionar y capacitar al personal sustantivo de las Instituciones de Procuración de Justicia para formarlo como Instructores del Sistema Acusatorio.

c. La formación y especialización de operadores.

Derivado de la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia publicada el 18 de junio de 2008 y en respuesta a las exigencias propias de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, se requiere el establecimiento de estrategias de profesionalización tendientes al desarrollo de nuevas competencias, que les permitan a los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación estar a la altura de los retos que la reforma plantea, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos, reconocidos en nuestra Constitución y en los Instrumentos Internacionales de los que México es parte.

Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello, es necesario no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo, sino procesos exhaustivos de capacitación y formación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de audiencias públicas y orales.

En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente

representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en la Procuración de Justicia. Por tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la formación y especialización de los operadores.

d. La evaluación de impacto de la capacitación.

La evaluación, entendida como un proceso continuo que permite identificar si se lograron los objetivos establecidos en el Programa, se realizará considerando las siguientes etapas:

1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los operadores. Por su carácter diagnóstico ésta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones que se señalan a continuación.

2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas de oportunidad detectadas. Al término de cada unidad de aprendizaje se aplicará un instrumento de evaluación, el cual puede corresponder a la valoración de los aprendizajes teóricos (cuestionarios) o a las habilidades desarrolladas por los participantes (rúbricas).

3. Evaluación final, al concluir el programa de capacitación se sumarán las calificaciones parciales obtenidas por los servidores públicos y se promediarán para obtener la calificación final del curso.

Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados serán analizados en su conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal, es decir, se podrá mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el desempeño de las personas y el institucional.


PRIMERO. Aportaciones al Proyecto de Programa Integral de Capacitación.

En el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se da seguimiento al tema de estudio que se mandató tanto el Pleno como el Consejo de Coordinación, referente a la integración de un Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio, instrumento que se inscribirá en los contenidos del Programa Rector de Profesionalización para las Instituciones de Procuración de Justicia vigente. En esta sesión se toma conocimiento de las observaciones

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Programa de Capacitación en materia de Coordinación Operativa en el Sistema Penal Acusatorio para las Instituciones de Seguridad Pública

Ponente: Mtro. Jorge Emilio Iruegas Álvarez,Director General de Formación Profesional de la

Procuraduría General de la República

Parte fundamental para la consolidación del Sistema Penal Acusatorio es la profesionalización de todos y cada uno de sus actores; bajo este contexto, no

solo la participación directa en audiencia de un juez, ministerio público o defensor se conciben como temas prioritarios dentro de la capacitación, ya que la

actuación de las policías desde el inicio de la investigación, se convierte en el cimiento de la misma para sustentar durante el procedimiento acusatorio las

emitidas por los integrantes del órgano técnico al proyecto inicial, mismas que han sido incorporadas a la versión final para su enriquecimiento. SEGUNDO. Opinión del Comité Técnico. Los integrantes del Comité Técnico aceptaron favorablemente la

versión final del Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio dirigido a las instituciones de procuración de justicia del país. Se solicita al Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia incorporar el tema en la agenda del primer ciclo de Conferencias de Zona para

ser presentado a los procuradores y fiscales del país, como resultado de los trabajos del Comité Técnico, a efecto de recabar su opinión y someterlo a votación definitiva en la próxima Asamblea Plenaria.



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pretensiones de la representación social. Por tanto, un esquema de formación bajo la visión de quien tiene la encomienda del ejercicio de la acción penal, provee los insumos necesarios para su puntual participación en concordancia directa con los distintos protocolos de actuación.

Así, acorde a lo dispuesto en los artículos 16 y 21 Constitucional, se pueden establecer al menos dos momentos críticos en la intervención de las policías de prevención dentro del procedimiento penal. El primero relacionado con su participación en detenciones en flagrancia y el segundo como “primer respondiente” en una “escena del crimen”.

En este sentido, a partir de un programa de capacitación teórico-práctico, y teniendo como punto de partida los conocimientos y habilidades desarrolladas por las policías de las distintas instituciones de seguridad pública, así como los protocolos de actuación, se pretende fortalecer

la operación directa y generar esquemas de coordinación dentro del sistema penal acusatorio entre el Ministerio Público y dichas instituciones de seguridad pública.

El objetivo es dotar a las policías de los conocimientos e instrumentos necesarios para adecuar sus funciones y actividades dentro del procedimiento penal acusatorio con base en las exigencias que plantea el propio sistema y acorde a lo dispuesto en el Código Nacional. Por lo tanto, los contenidos temáticos desarrollados en el presente programa solo se enfocan a las actividades realizadas dentro de los dos momentos críticos ya identificados en su intervención como policías de prevención dentro de la investigación.


PRIMERO. Módulo de capacitación para la Policía de Prevención.

En cumplimiento a los mandatos de las Conferencias de Zonas

Centro, Noreste y Noroeste, en esta sesión los integrantes del Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público realizaron el análisis dirigido a la incorporación de un módulo especializado para la policía de prevención en el marco del Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio que se ha dado una opinión favorable, de acuerdo al proyecto que se recibió previamente.

Sobre el particular, se acepta la propuesta de complemento al programa propuesto por la Procuraduría General de la República, donde además se incorporan las aportaciones emitidas por las instituciones integrantes del Comité Técnico en esta sesión de trabajo, con las siguientes recomendaciones:

A. Que en la aprobación del programa añadido, se considere el proyecto de Plan Rector de Capacitación que desarrolla el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de garantizar el alineamiento y armonización entre ambos.



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Participantes

2a Sesión Ordinaria

• La Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

• El Procurador General de Justicia del estado de Coahuila y Coordinador del Comité Técnico.

• El Procurador General de Justicia del estado Oaxaca.

• La Encargada de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República.

• El Coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República.

• El Director General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República.

• El Asesor de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

• La Subdirectora de Capacitación de la Procuraduría General de la República.

• El Coordinador del Instituto de Formación y Capacitación de la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche.

• El Director General de Planeación y Coordinación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• El Profesor del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• El Director Jurídico Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

• El Director Académico del Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía General del estado de Jalisco.

• El Director del Instituto de Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del estado Querétaro.

• El Secretario Académico del Instituto de Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del estado Querétaro.

• La Directora de Capacitación de la Fiscalía General del estado de Yucatán.

• El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

• El Director General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• El Asesor de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.


• La Encargada de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República.


B. Que en el desarrollo de las guías y demás instrumentos de aplicación, se incorporen talleres específicos para el llenado de actas y formatos del informe policial homologado, así como del seguimiento de protocolos, y se incorporen métodos de enseñanza-aprendizaje a través del estudio de casos prácticos.

C. Que en su instrumentación se consideren las formas de financiamiento de las que se disponga y que éstas no sólo sean para las experiencias de capacitación sino para la adquisición de insumos tecnológicos y material complementario.

Se acuerda que el añadido a la propuesta de Programa Integral y las recomendaciones sean hechos del conocimiento de las restantes

zonas, para su procesamiento y, en su momento, para su aprobación por la Asamblea Plenaria.

En su oportunidad, la Procuraduría General de la República realizará acercamientos estratégicos con las procuradurías de Sinaloa y Campeche, así como con la Fiscalía General del Estado de Durango para iniciar una etapa piloto de capacitación y de formación de formadores

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• La Directora de Investigación y Extensión Académica de la Procuraduría General de la República.

• La Analista de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.

• El Subprocurador Jurídico, de Derechos Humanos, Profesionalización y Proyectos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y Coordinador del Comité Técnico.

• El Coordinador del Instituto de Formación y Capacitación de la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche.

• El Director de Coordinación de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• El Profesor del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• El Director General Jurídico Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

• El Encargado de la Coordinación de Planeación Curricular del Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.



• El Secretario Particular del C. Procurador General de Justicia del estado Sinaloa.

• La Directora de Capacitación de la Fiscalía General del estado de Yucatán.



• El Director de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



• El Procurador General de Justicia del estado de Sinaloa.


• El Director General de Análisis de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.

• La Directora de Investigación y Extensión Académica de la Procuraduría General de la República.

• El Coordinador del Instituto de Formación y Capacitación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche.

• El Director General de Planeación y Coordinación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• El Director de Coordinación de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• La Académica del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• El Director General Jurídico Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

• El Encargado de la Coordinación de Planeación Curricular del Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía General del estado de Jalisco.

• La Subprocuradora de Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca.





• El Titular de la Unidad de Implementación del Sistema Acusatorio de la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California.

• La Secretaria Técnica de la Fiscalía General del estado de Durango.

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1er Ciclo 2014 de la Conferencia de Procuración de Justicia

“Un Estado democrático permite que se cumpla la seguridad y la justicia; sólo con el compromiso de todos se logrará cumplir con la tarea. Los Fiscales y Procuradores tenemos un papel importante para garantizar la procuración de justicia de manera eficiente, para consolidar la armonía social. Es

Fotografía Oficial de la 1ra. Sesión Ordinaria 2014 de la Conferencia de Procuración de Justicia de las Zonas Noreste - Noroeste, celebrada los días 10 y 11 de abril de 2014, en la Ciudad Madero, Tamaulipas.

importante abordar los temas pendientes para lograr acuerdos que constituyan una política integral. Se tiene mucho por hacer para eficientar la procuración de justicia, la cual exige servidores públicos comprometidos en cumplir y hacer cumplir la ley”.

› Procesos de evaluación de confianza para las instituciones de procuración de justicia.

› Implementación del Sistema de Justicia Penal.

› Programa de Capacitación integral en el modelo Adversarial para las instituciones de procuración de justicia.

› Mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional.

Contenido

Zona Centro › Compromisos internacionales en la promoción y respeto a los Derechos Humanos.

Zonas Noreste– Noroeste › Uso de herramientas tecnológicas en apoyo a la investigación ministerial.

Zona Occidente

› Mecanismos y acciones para la consolidación de la Conferencia

Nacional de Procuración de Justicia.

Zona Sureste

› Homologación del Sistema de Gestión a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales.

› Unidad Especializada en la Escena del Crimen, en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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2 Sesión Zona Centro. Cuernavaca, Morelos, 4 de octubre de 2013.

2 Sesión Zonas Noreste-Noroeste. La Paz, Baja California, 15 de octubre de 2013.

Sesiones Anteriores

Procesos de evaluación de confianza para las instituciones de procuración de justicia

Ponente: Mtro. Luis Esteban Islas Bacilio,Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El sistema de atención focalizado promueve los perfiles y características específicas del puesto, el esquema de evaluación radica en:

• El universo a certificar se acota, sólo es sujeto a la certificación el personal de desarrollo Policial, Ministerial, Pericial y sus altos mandos.

• Los centros de evaluación trabajan en un marco de corresponsabilidad y coparticipación con las instituciones de adscripción del evaluado.

• Requiere que las instituciones de adscripción del evaluado proporcionen información acerca de las funciones que desempeña o desempeñará, así como del perfil del puesto.

• Se toma en cuenta el nivel cultural, académico, lengua, edad, capacidades diferentes, así como usos y costumbres del sujeto para las evaluaciones y la determinación del resultado único.

• Es indispensable que la institución de adscripción del evaluado proporcione antecedentes del expediente institucional del servidor público para considerarlos en el análisis y determinación del resultado.

• Se fortalece la investigación de antecedentes y se constituye como referente indispensable para todas las fases del proceso de evaluación.

• Se refuerza la investigación del entorno, se abre la posibilidad de ampliarla a cualquier ámbito en el que se requiera profundizar.

• La evaluación toxicológica se aplica, principalmente, de manera sorpresiva y masiva (enfocada a detectar el mayor número posible de consumidores).

• La evaluación médica se realiza centrándose en los riesgos de acuerdo con la función del puesto y fortalece su carácter preventivo.

• La matriz de pruebas psicológicas se organiza en tres niveles de acuerdo con el nivel jerárquico y la sensibilidad del cargo.

• Los temas a explorar en la evaluación psicológica se homologan en todos los centros de evaluación.

• La evaluación poligráfica se orienta en función del nivel de sensibilidad y responsabilidad del puesto.

Derivado de lo anterior, se llegó al siguiente acuerdo:

Se acuerda recibir del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Programa Rector de Profesionalización para las instituciones de procuración de justicia; instrumento que se circulará a los Institutos de Formación Profesional de las procuradurías y fiscalías para su valoración a efecto de impulsar su actualización.

2 Sesión Zona Sureste. Cancún, Quintana Roo, 31 de octubre de 2013.

2 Sesión Zona Occidente. Puerto Vallarta, Jalisco, 8 de noviembre de 2013.

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Implementación del Sistema de Justicia Penal

Ponente: Mtra. Mariana Benítez Tiburcio, Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la


La Procuraduría General de la República ha trabajado arduamente en la integración del Plan Maestro de Implementación, el cual consiste en diseñar un modelo de gestión que va acorde al sistema de justicia adversarial.

El objetivo primordial consiste en implementar el sistema penal acusatorio en la Procuraduría General de la República, de manera gradual, ordenada y controlada, a partir de las adecuaciones necesarias en los diferentes ejes temáticos (normativo, infraestructura y equipamiento, tecnologías de la información, personal, capacitación, difusión y reorganización) en todas las agencias del ministerio público federal, y en general, en todas las instancias institucionales.

Se pretende, además:

• Contar con un diseño de armonización de todos los ordenamientos jurídicos aplicables –tanto externos como internos- a efecto de que su aplicación sea asequible para los operadores y posibilite el adecuado desarrollo de las facultades y obligaciones de la Procuraduría.

• Adecuar la organización y gestión de la operación sustantiva de acuerdo con los principios y objetivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, mediante esquemas de funcionamiento innovadores

y eficientes, mejorando la calidad de los servicios e imagen institucional.

• Iniciar una nueva etapa de capacitación, que profundice en los contenidos y garantice el desarrollo de perfiles y competencias requeridas para la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

• Establecer un modelo de infraestructura y equipamiento para las delegaciones de la PGR acorde a las necesidades del Sistema Procesal Penal Acusatorio.

• Implementar un sistema de información integral e interoperable que sirva como herramienta principal al nuevo Sistema de Justicia Penal, a través de un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de la información, la cual debe estar debidamente organizada y disponible para su uso, cubriendo las necesidades y expectativas que los usuarios internos y externos finales requieran.

La Estrategia de Implementación de la PGR en

tres fases principales:

1. Pre-implementación. El propósito es crear condiciones en las delegaciones de la PGR de forma incremental y controlada en los

ámbitos de gestión, de personal, equipamiento e infraestructura.

2. Implementación. Se realizarán todas las adecuaciones necesarias en cada una de las delegaciones de la PGR de forma ordenada y con base en los lineamientos emanados del Plan Maestro de Implementación de la PGR.

3. Operación-implementación. Finalmente, y una vez iniciada la operación en las primeras delegaciones, se continuará con la implementación de los cambios en las demás de acuerdo con la estrategia de gradualidad acordada, pero midiendo y evaluando la operación, de forma que se determinen áreas de oportunidad y mejora continua.

Se dará seguimiento a la eficiencia en la gestión, la productividad de los operadores, la calidad de las labores de investigación y el rezago y descongestión.

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Programa de capacitación integral del Sistema Penal Acusatorio

Ponente: Mtro. Jorge Emilio Iruegas Álvarez,Dirección General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República

Un servicio de justicia transparente y evaluable genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada uno de sus actores. Por tanto, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores públicos involucrados es pieza fundamental.

Así, el objetivo se dirige a establecer una estrategia integral e interinstitucional de capacitación para lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los participantes las herramientas necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil competencial, a partir de diversas líneas estratégicas:

1. Definición de perfiles

Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación.

En este sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.

Ministerio Público:

Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano jurisdiccional.

Policía de Investigación:

Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades realizadas con motivo de la investigación del delito.

Perito:

Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos y forenses de diversas especialidades, sobre

personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación, en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.

Ministerio Público Orientador:

Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para canalizarla a la instancia correspondiente.

Especialista en Métodos Alternos:

Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio Público dentro de la Investigación o el Proceso.

2. Generación de instructores

Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, al entender que ante las exigencias de un Sistema Acusatorio la misma debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de calidad en los distintos perfiles que coadyuven a la capacitación y formación de operadores del Sistema Acusatorio en la fase de implementación,

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así como en la consolidación y desarrollo del mismo.

Por ello, es necesario contar con instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la enseñanza.

En este sentido, es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las instituciones de procuración de justicia para formarlos como instructores del Sistema Acusatorio.

3. Formación y especialización de operadores

Derivado de la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia, publicada en el año 2008 y en respuesta a las exigencias propias de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, se requiere el establecimiento de estrategias de profesionalización tendientes al desarrollo de nuevas competencias, que les permitan a los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación estar a la altura de los retos que la reforma plantea, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los Instrumentos Internacionales de los que México es parte.

El proceso de profesionalización considera en su estructura dos programas:

• Actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres con la intención de que los futuros operadores del sistema tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso.

• Especialización cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación y litigación, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.

4. Evaluación de impacto de la capacitación

La capacitación para consolidar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que sean identificados

los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitación en el sistema penal acusatorio está concebida como un elemento que permitirá mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluación deberá extenderse hasta ese ámbito, pues en él se refleja el desempeño de sus integrantes y los resultados que éstos generan para la institución. Así dicho proceso de evaluación tiene por objeto medir el impacto de ésta en cada perfil en el momento de implementar y operar el sistema de justicia.

- Evaluación de reacción. Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica.

- Evaluación de aprendizaje. Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil.

- Evaluación del desempeño laboral. Esta evaluará cómo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil, fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema.

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- Evaluación de cumplimiento de metas institucionales. Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un periodo concreto, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales proyectados del Sistema Penal Acusatorio fueron logrados durante algún lapso.

Finalmente, los resultados que se generen en cada uno de los

niveles que son evaluados serán analizados en su conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser mejorados, fortalecidos o, en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal; es decir, se podrá mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el desempeño de las personas y el institucional.


Añadir un módulo al programa integral dirigido a la Policía de Prevención en los tres órdenes de gobierno, en relación con la investigación del delito. Se solicita al Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público sesionar para analizar y formular la propuesta correspondiente.

Mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional

Ponente: Mtro. Rodrigo Archundia Barrientos,Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada

de la Procuraduría General de la República

Solicitudes de localización geográfica en tiempo real

Es una herramienta jurídica de avance tecnológico para la persecución de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.

Mediante reforma legislativa publicada en el 2012, se añadió el artículo 133 quater al Código Federal de Procedimientos Penales, el cual señala: Tratándose de investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, el Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, solicitarán por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los

equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que se encuentren relacionados.

Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones, en su artículo 40 bis, señala: Los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, están obligados a colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas a solicitud del Procurador General de la República, de los procuradores de las entidades federativas o de los servidores públicos en quienes deleguen esta facultad, de conformidad con las leyes correspondientes.

Es de destacar, que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece de la misma forma, como un acto de investigación, la localización geográfica en tiempo real. Obligaciones de las concesionarias:

1. Atender todas las solicitudes de localización geográfica en tiempo real que realice la autoridad correspondiente, ya sea federal o local.

2. Si bien la ley no señala un término para atender las solicitudes, éstas deben ser atendidas de manera inmediata.

3. En caso de no atender las peticiones realizadas, los concesionarios pueden incurrir en el delito de

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desobediencia y resistencia de particulares.


Los Procuradores y Fiscales de las Entidades Federativas, generen la delegación de facultades a los servidores públicos encargados de la persecución de los delitos de contra la salud, secuestro, extorsión y amenazas, con el objeto de utilizar de manera inmediata esta herramienta jurídica en todo el territorio nacional.

Abatimiento del rezago en la ejecución de mandamientos

judiciales

Actualmente existen diversos mandamientos judiciales o ministeriales pendientes de cumplimentar a personas que se encuentran internas, sujetas a procesos penales o con sentencia definitiva, en los diversos centros de reclusión o bien prófugos de la justicia.

En el convenio de colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, en el año 2012, se establecen diversas disposiciones relativas a la ejecución de órdenes de presentación, aprehensión, reaprehensión y comparecencia, relativo a compartir información entre las diferentes áreas encargadas de procuración de justicia, relativa a los mandamientos judiciales que se encuentran vigentes.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el año 2009, hace referencia a la integración y actualización del Sistema Único de Información Criminal, el cual debe contener una base de datos de consulta obligatoria sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos, modos de operación, ficha de identificación personal de cada interno con fotografía, debiéndose agregar los estudios técnicos interdisciplinarios, datos de los procesos penales, inclusive si son blancos esenciales.

Un sistema de información actualizado de manera permanente, permitirá a las diferentes procuradurías o fiscalías generales de justicia de las entidades federativas, contar con una herramienta fundamental en donde de manera ágil y oportuna podrán conocer los antecedentes delictivos de una persona o si se encuentra interno en algún centro de reclusión, así como datos relevantes para la investigación y persecución de los delitos.


Con el propósito de coordinar acciones para el abatimiento del rezago en la ejecución de mandamientos judiciales, se alimentará y actualizará de manera permanente los datos contenidos en el Sistema Único de Información Criminal a que hace referencia la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Programas de cooperación

El sistema jurídico mexicano, en lo general, y la procuración de justicia, en lo particular, hoy en día se enfrenta al reto de la utilización de los avances en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. Actualmente se encuentran en funcionamiento sistemas de almacenamiento, transmisión de datos, imágenes y sonido en tiempo real que contienen actuaciones jurídicas, tales como el trámite de las medidas cautelares, arraigo, cateo e intervención de comunicaciones privadas.

Esto permite el abatimiento de tiempo, papel y espacios físicos, así como la incorporación de los avances tecnológicos a la actividad jurisdiccional y ministerial en la búsqueda permanente de propiciar una procuración de justicia acorde con el mandamiento constitucional de ser pronta y expedita.

Ante la problemática de que el rezago en la integración de las averiguaciones previas se debe, entre otros, a un factor identificado con el retraso en el cumplimiento de los exhortos y/o los oficios de colaboración al interior de las procuradurías de las diversas entidades federativas y de la Procuraduría General de la República; se hace urgente generar acuerdos de coordinación tendentes al empleo de la tecnología que permitan establecer programas ágiles, seguros y modernos que tengan como resultado el desahogo de las diligencias ministeriales.

En el mismo orden de ideas, una alternativa viable y

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tecnológicamente posible para el desahogo de diligencias ministeriales, es el uso de la “videoconferencia”.

Esta actividad tecnológica de la “videoconferencia” encuentra sustento legal en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y en los artículos 18 y 24 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

El maestro Roberto de León, Director General Adjunto de Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que a partir de la publicación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, la Cancillería ha desarrollado un proceso de promoción, divulgación y capacitación de largo plazo con diversas instancias, tanto federales, como locales en el ámbito jurisdiccional y de procuración de justicia, sobre la implementación de dicha reforma, en cumplimiento con el párrafo primero del artículo 1º de la Carta Magna.

El pleno cumplimiento de obligaciones internacionales. Actualmente México es un país que está completamente al día

Es de resaltarse que los miembros del Poder Judicial de la Federación, en la actualidad, desahogan diligencias judiciales de manera obligatoria, a través de “videoconferencias”.


A efecto de realizar acciones interinstitucionales encaminadas en abatir el rezago en la integración

con los informes que está obligado a presentar a órganos de tratados de derechos humanos y a otros mecanismos no convencionales.

La plena apertura al escrutinio internacional, mediante una invitación abierta y permanente a los mecanismos especializados de la ONU y de la Organización de los Estado Americanos (OEA) así como a otros órganos internacionales de derechos humanos, la que ha posibilitado múltiples visitas de tales órganos y de organizaciones de la sociedad civil.

El fortalecimiento de la presencia de México en órganos internacionales de derechos humanos, mediante candidaturas estratégicas, ha posibilitado la representación de México en los principales órganos internacionales de derechos humanos.

de averiguaciones previas y carpetas de investigación, se acuerda valorar técnica y legalmente la pertinencia de practicar diligencias ministeriales y actos de investigación sobre cumplimiento de exhortos y/o colaboración, a través de videoconferencia o medios electrónicos.

La presentación de nuevas iniciativas a nivel internacional para fortalecer la protección de los derechos humanos en el mundo y la participación activa en los órganos internacionales de derechos humanos, particularmente para la solución de situaciones críticas en el mundo.

México promueve iniciativas relacionadas con nuestras realidades nacionales, incluyendo sobre los derechos de las personas migrantes, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de las personas con discapacidad. Asimismo, presenta iniciativas sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y, recientemente, sobre el registro de nacimiento y el derecho a ser reconocido como persona ante la ley.

Zona Centro

Compromisos internacionales en la promoción y respeto a los Derechos Humanos

Santa María Atlihuetzia, Tlaxcala3 y 4 de abril de 2014

Temas Regionales

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Las acciones u omisiones de las instancias de procuración de justicia nacionales pueden incidir en que se declare o se evite que el Estado incurra en responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos.

El adecuado ejercicio de la labor de prevención, investigación y de procuración de justicia puede evitar que el Estado mexicano sea declarado como responsable de violar derechos humanos.

Dentro de los principales temas de interés de los mecanismos internacionales de derechos humanos en el ámbito de procuración de justicia destacan:

• La realización de investigaciones exhaustivas, prontas y expeditas;

• La utilización de protocolos adecuados en materia de puesta a disposición, cadena de custodia y preservación de evidencias;

• El registro de quejas y denuncias por violaciones a los derechos humanos;

• La utilización de la figura del arraigo sólo como medida excepcional;

• La adecuada implementación del Protocolo de Estambul en casos presumibles de tortura, entre otros.


Para profundizar las acciones conjuntas en favor de los Derechos Humanos, las procuradurías de justicia y la fiscalía general de la zona centro, acuerda en enviar propuestas de colaboración a la cancillería que respondan a las necesidades de las instituciones.

Implicaciones internacionales de la labor de investigación

La colaboración de las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es pieza

fundamental para el Estado mexicano, considerando que hoy en día su labor de prevención, investigación y de procuración de justicia es un indicador visible para los organismos internacionales, a

fin de evaluar, entre otros, si son o no un actor comprometido con el respeto a las garantías individuales en el país.

Fotografía Oficial de la 1ra. Sesión Ordinaria 2014 de la Conferencia de Procuración de Justicia de las Zonas Centro, celebrada los días 3 y 4 de abril de 2014, en Santa María Atlihuetzia, Tlaxcala.

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El licenciado Carlos Alberto Navarro Sugich, Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, argumentó que las Agencias del Ministerio Público en Sonora, cuentan con el Sistema Integral de Apoyo al Ministerio Público (SIAMP) y se encuentran interconectadas simultáneamente en una gran red estatal.

Con este sistema se lleva un seguimiento puntual de las averiguaciones previas integradas y la conformación de expedientes virtuales que permiten la supervisión remota y el trabajo coordinado.

En el ámbito de la seguridad de la información, se manejan perfiles específicos para usuarios con niveles de acceso de acuerdo a su función y bitácoras operacionales.

Características del SIAMP:

• Es un Sistema computacional enfocado elevar los niveles de productividad de las Agencias del Ministerio Público, agilizando las actuaciones ministeriales.

• La información que se deriva de la institución del ministerio público se organiza en una base de datos en el marco de una plataforma integral, por medio de la cual se obtienen indicadores constantemente, que contribuyen a la toma de decisiones y al establecimiento

de estrategias para la mejora continua de los procesos de trabajo.

• Permite el análisis del fenómeno delictivo.

• Uno de los objetivos primordiales es brindar a las víctimas de hechos delictivos una mayor certidumbre y transparencia.

Algunos beneficios son:

• Registro, control y seguimiento de averiguaciones previas y procesos judiciales.

• Monitoreo remoto por parte de altos mandos, de las actuaciones y procesos realizados, mejorando la comunicación intraorganizacional.

• Estandarización de actuaciones y aseguramiento de la calidad.

• Mayores elementos para la investigación de los delitos.

• Acceso rápido a la información.

• Mejor atención a las personas.

• Coadyuva a la profesionalización a través del análisis de casos.

• Mayor transparencia.

• Transferencia inmediata de datos y mecanismos confiables de intercambio de información.


Solicitar al Consejo de Coordinación de la CNPJ formular una atenta invitación a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para

Zonas Noreste – Noroeste

Uso de herramientas tecnológicas en apoyo a la investigación Ministerial

Ciudad Madero, Tamaulipas10 y 11 de abril de 2014

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El licenciado Marcos Santana Montes, Procurador General de Justicia del estado de Colima, explicó que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de ésta función.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva.

Zona Occidente

Mecanismos y acciones para la consolidación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

Bahía de Banderas, Nayarit24 y 25 de abril de 2014

Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) para que en la próxima Asamblea Plenaria comparta con los procuradores y fiscales del país, el estado que guarda y los resultados alcanzados en la implementación del Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI) en aquellas entidades donde actualmente opere.

Fotografía Oficial de la 1ra. Sesión Ordinaria 2014 de la Conferencia de Procuración de Justicia de las Zonas Noreste - Noroeste, celebrada los días 10 y 11 de abril de 2014, en la Ciudad Madero, Tamaulipas.

Fotografía Oficial de la 1ra. Sesión Ordinaria 2014 de la Conferencia de Procuración de Justicia de las Zonas Occidente, celebrada los días 24 y 25 de

abril de 2014, en Bahía de Banderas, Nayarit.

Los principios de la investigación y persecución de los delitos son:

1. La protección de la seguridad nacional.

2. Contribuir para lograr la seguridad pública.

3. Garantizar el orden y la convivencia social pacífica.

4. Anteponer el interés superior de la sociedad.

5. Eliminar la impunidad.

6. Respeto a los derechos humanos.

Con lo anterior, la propuesta consiste en:

• Conformar las comisiones que sean necesarias para el análisis del marco legal que impide una efectiva procuración de justicia.

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• Impulsar las reformas legales necesarias para generar las condiciones adecuadas para una efectiva procuración de justicia.

• Implementar una estrategia de comunicación, con el propósito de socializar y persuadir a la sociedad en torno a la necesidad de las reformas planteadas.

• Utilizar las tecnologías de la información para convertir a la procuración de justicia en el País, en un sistema que responda a la exigencia social de prontitud y efectividad en la investigación y persecución de los delitos.

Fotografía Oficial de la 1ra. Sesión Ordinaria 2014 de la Conferencia de Procuración de Justicia de las Zonas Sureste, celebrada los días 8 y 9 de mayo de 2014, en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca.

El doctor Fernando Valenzuela Pernas, Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, dio a conocer la fecha en la que entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en el país, abrogando las normas procedimentales que para tal efecto estuvieren vigentes.

Explicó que es necesario no perder de vista diversas estrategias y acciones que permitan una eficiente y eficaz aplicación de dicha codificación, pues más allá

de las condiciones y circunstancias aparejadas a las variables económicas que trae consigo la Reforma Penal, en temas como infraestructura, equipamiento, gasto corriente, con la experiencia de Tabasco en la implementación del Sistema Acusatorio en el municipio de Macuspana, hace que un tema salta a la palestra: La carencia de un sistema informático adecuado que permita dar respuesta a las obligaciones establecidas en el CNPP.

Sí bien, todos los Estados han adquirido o desarrollado diversas tecnologías de información para gestionar los asuntos que son de mutua competencia, poco se ha avanzado en su homologación y sobre todo, en la reproducción y compartimiento de experiencias de éxito que permitan acortar estratégicamente brechas tecnológicas y organizacionales.

Para nadie es un secreto, que en mayor o menor medida, la falta de homologación, sistematización

Zona Sureste

Homologación del Sistema de Gestión a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales

Santa Cruz Huatulco, Oaxaca8 y 9 de mayo de 2014

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y explotación de la información generada por la atención de casos en las Procuradurías del país, ha resultado un problema ancestral, que ahora se está presentando en ambos sistemas procesales, tanto inquisitivo mixto como acusatorio.

En resumen, si no se prevé adecuadamente las obligaciones que contrae dicho código, centrándose exclusivamente en la reconstrucción normativa y organizacional al interior de las instituciones como una lógica natural de la reforma y se deja de lado la importancia de desarrollar

un sistema informático efectivo que registre y permita el análisis estratégico del modelo de gestión de casos implementados, de los indicadores de la eficiencia de los operadores jurídicos, policiales y ministeriales, entre otros importantes aspectos que se requieren para dar seguimiento y evaluar la aplicación seria y ordenada de un nuevo sistema de justicia que requiere constantemente de la mejora continua, se estará desaprovechando un momento excepcional para lograrlo armónica y eficazmente.


Solicitar el Consejo de Coordinación de la CNPJ, se formule una atenta invitación a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) para que en la próxima Asamblea comparta con los procuradores y fiscales del país el estado que guarda y los resultados alcanzados en la implementación del Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI) en aquellas entidades donde actualmente opere.

La maestra Celia María Rivas Rodríguez, Fiscal General del estado de Yucatán, manifestó que el tema forma parte de “las buenas prácticas” en la entidad, argumentó que el fundamento legal es acorde a Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual regirá para toda la República en materia federal y en cada una de las entidades federativas en materia común, esto es que se aplicará en suplencia absoluta de los códigos de procedimientos penales de nuestros estados.

La Unidad Especializada en la Escena del Crimen es una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Yucatán, que tiene por objeto preservar la escena del crimen, en coordinación con la Fiscalía General del estado.

La unidad será dirigida por un comandante, que será nombrado por el Gobernador, y el personal policial y pericial que requiera para

el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Dicha unidad se encuentra contemplada en el proyecto denominado “Decreto por el que se crea la Unidad Especializada en la Escena del Crimen”, y algunas de las atribuciones que se le confiere son las siguientes:

• Coordinar las diligencias de preservación de la escena del crimen y la integridad de los indicios o las evidencias que se encuentren en este, en tanto no asuma la coordinación el personal de la Fiscalía General del Estado.

• Impedir el acceso a la escena del crimen a toda persona ajena a la investigación a través de su clausura o aislamiento.

• Fijar, señala, levantar y embalar los indicios y las

evidencias físicas cuando exista un riesgo de que estos se pierdan o contaminen, o cuando se lo ordene el Ministerio Público, a través de instrucciones particulares o generales.

• Entregar al Ministerio Público los indicios y las evidencias recolectados y embalados, junto con toda la documentación que se haya elaborado al respecto, cuando dicha institución se lo solicite.

• Realizar las detenciones correspondientes cuando concurran las causales de flagrancia en términos de la ley procesal penal y poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público inmediatamente.

• Prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito, y canalizarlas a la Fiscalía General del Estado.

Unidad Especializada en la Escena del Crimen en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales

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Participantes

Zona Centro

• El Gobernador Constitucional del estado de Tlaxcala.

• El Procurador General de la República y Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

• La Procuradora General de Justicia del estado de Tlaxcala.


• El Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.


• La Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República.

• El Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.

• El Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República.


• El Asesor de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la Procuraduría General de la República.

• El representante de la Dirección General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República.

• El Procurador General de Justicia del Distrito Federal y Representante de la Zona Centro.

• El Procurador General de Justicia del estado de Hidalgo.

• El Fiscal General del estado de Morelos. • El Director General Jurídico y Consultivo de la

Procuraduría General de Justicia del estado de México.

• El Encargado del Despacho de la Fiscalía General Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla.

Si bien es cierto que esta unidad será especializada en el procesamiento de la escena del crimen, hay que tener en cuenta que el director de la investigación en todo momento lo debe ser el Ministerio Público, según lo establecen los preceptos legales antes descritos, por lo que al dejarse la unidad especializada en la Secretaría de Seguridad Pública y tratarse ésta de un cuerpo policíaco no perteneciente a la Fiscalía, pretenderá conducirse con autonomía plena, dirigir su propia investigación y después de mucho tiempo (inconstitucional), avisará al MP.

También es de tener en cuenta que la Policía Ministerial, dependiente de la Fiscalía General

del Estado, ha estado en constante preparación sobre su papel en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, con experiencia en ese ramo además por encontrarse en vigor los juicios orales en algunos municipios del Estado, por lo que saben qué se requiere en una investigación y conocen los criterios de los Agentes Investigadores del Ministerio Público y en el caso de los Peritos, tienen vasta experiencia en su materia, lo que les da ventaja frente a otros que apenas empezarán a trabajar en la ciencia forense.

Ante esta circunstancia, queda claro que si la policía común avisa a la FGE, ésta llegará de manera inmediata y se abocará a

la investigación, ahorrándose un largo y arriesgado paso si se avisa a la Unidad dispuesta en la SSP, por lo que lo ideal será que esa unidad esté en FGE.


Se instruye a la Secretaría Técnica, turnar la ponencia expuesta a las procuradurías y fiscalías del país, como insumo adicional a los trabajos realizados por el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, encargado de elaborar la propuesta de contenidos del programa de capacitación en materia de justicia adversarial, donde se incluyen a todos los operadores del sistema.

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• La Delegada de la Procuraduría General de la República en el estado de Tlaxcala.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de México.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Hidalgo.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Morelos.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Puebla.

• El Subprocurador Jurídico y de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Guerrero.

• El Secretariado Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• La Encargada del Despacho del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

• El Director General Adjunto de Política Internacional sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

• El Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI y Secretario Técnico del CTEIPJ.

• El Director Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Zona Noreste-Noroeste • El Gobernador Constitucional del estado de

Tamaulipas. • El Procurador General de la República y Presidente

de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

• El Procurador General de Justicia del estado de Tamaulipas.






• El Asesor del Procurador General de la República. • El Coordinador de Asesores de la Agencia de

Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.

• El Asesor de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la Procuraduría General de la República.


• El Procurador General de Justicia del estado de Coahuila y Representante de la Zona Noreste.

• El Procurador General de Justicia del estado de Sonora y Representante de la Zona Noroeste.

• La Procuradora General de Justicia del estado de Baja California.

• El Procurador General de Justicia del estado de Baja California Sur.

• El Fiscal General del estado de Chihuahua. • La Fiscal General del estado de Durango. • El Procurador General de Justicia del estado de

San Luis Potosí. • El Procurador General de Justicia del estado de

Zacatecas. • El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional

de Procuración de Justicia. • El Delegado de la Procuraduría General de la

República en el estado de Baja California. • El Delegado de la Procuraduría General de la

República en el estado de Baja California Sur. • El Subdelegado de la Procuraduría General de la

República en el estado de Chihuahua. • El Delegado de la Procuraduría General de la

República en el estado de Coahuila. • El Delegado de la Procuraduría General de la

República en el estado de Durango. • El Delegado de la Procuraduría General de la

República en el estado de Nuevo León. • El Delegado de la Procuraduría General de la

República en el estado de San Luis Potosí. • La Delegada de la Procuraduría General de la

República en el estado de Sinaloa. • El Delegado de la Procuraduría General de la

República en el estado Sonora.

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• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Tamaulipas.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Zacatecas.


• El Director General Adjunto de Casos, Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

• El Director de Políticas de Información Gubernamental del INEGI.

Zona Occidente

• El Gobernador Constitucional del estado de Nayarit.


• El Fiscal General de Justicia del estado de Nayarit. • La Subprocuradora Jurídica y de Asuntos

Internacionales de la Procuraduría General de la República.

• El Titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República.



• El Asesor del C. Procurador General de la República.




• El Procurador General de Justicia del estado de Guanajuato y Representante de Zona Occidente.

• El Procurador General de Justicia del estado de Colima.

• El Procurador General de Justicia del estado de Michoacán.

• El Procurador General de Justicia del estado de Querétaro.

• El Titular del Centro de Inteligencia y Comunicación para la Seguridad de la Fiscalía General del estado de Jalisco.


• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Aguascalientes.

• El Encargado de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el estado de Colima.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Guanajuato.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Jalisco.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Michoacán.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Nayarit.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Querétaro.

• El Procurador General de Justicia del estado de Tabasco.

• El Relator Especial de la Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura.

• El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.


• La Encargada del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.


• El Comitiva del Relator Especial de la Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura.

• La Directora de Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

• El Director de Área de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Zona Sureste

• El Gobernador Constitucional del estado Libre y Soberano de Oaxaca.


• El Procurador General de Justicia del estado de Oaxaca.


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• El Titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República.







• El Procurador General de Justicia del estado de Quintana Roo y Representante Interino de la Zona Sureste.

• El Procurador General de Justicia del estado de Guerrero.


• El Procurador General de Justicia del estado de Veracruz.

• La Fiscal General del estado de Yucatán. • La Subprocuradora General de Justicia del estado

de Chiapas.

• El Secretario Técnico del C. Procurador General de Justicia del estado de Veracruz.


• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Campeche.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Chiapas.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Guerrero.

• La Delegada de la Procuraduría General de la República en el estado de Oaxaca.

• La Delegada de la Procuraduría General de la República en el estado de Quintana Roo.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Tabasco.

• El Encargado de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el estado de Veracruz.

• El Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Yucatán.


• La Encargada del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• El Director General Adjunto de Casos, Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.


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XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de

Procuración de Justicia

“El futuro de la nación se construye con certeza que da un Estado que busca la paz y la seguridad… un Estado que le da la bienvenida a un cambio con justicia, con verdad, con apego absoluto a la ley. Por ese México estamos luchando. Por ese México de instituciones fuertes y eficientes estamos trabajando, por ese México que respalde a sus ciudadanos garantizando el derecho a la seguridad, a su integridad

Acto inaugural de la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, por parte del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la

República.

física y patrimonial… no olvidemos, nuestro trabajo es duro, puede ser ingrato, pero es auténticamente un privilegio servirle a la justicia de este país.”

Palabras del Lic. Jesús Murillo Karam, en su mensaje de inauguración, en la ciudad de Mérida, Yucatán el día 29 de mayo de 2014.

› Violencia familiar

› Sistema informático para la búsqueda de personas desaparecidas

› Implementación del Sistema de Justicia Penal

› Justicia Penal Adversarial

› Criterios de oportunidad

› Homologación de un sistema de gestión en la operación del Sistema de Justicia Adversarial

› Colaboración CNPJ y AIC

› Agenda internacional de Derechos Humanos

› Agenda de trabajo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)

Contenido

Representante Zona Centro: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Representante Zona Noreste: Procuraduría General de Justicia de Coahuila.

Representante Zona Noroeste: Procuraduría General de Justicia de Sonora.

Representante Zona Occidente: Procuraduría General de Justicia de Guanajuato.

Representante Zona Sureste: Fiscalía General de Yucatán.

Todas las procuradurías y fiscalías del país.

Procuraduría General de Justicia Militar (Invitado permanente).

¿Quiénes integran la Asamblea?

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XXIX Asamblea Plenaria. Ciudad de México, Distrito Federal. 30 y 31 de mayo de 2013.

Sesiones Anteriores

XXX Asamblea Plenaria. Mazatlán, Sinaloa. 28 y 29 de noviembre de 2013.

Violencia Familiar

Sistema informático para la búsqueda de personas desaparecidas

Ponente: Lic. Rodolfo Ríos Garza,Procurador General de Justicia del Distrito Federal

Ponente: Lic. Eliana García Laguna,Coordinadora General de Políticas Públicas de la

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.

Como resultado de diversas mesas de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se obtuvo una publicación sobre la prevención y atención de niñas, niños y adolescentes implicados en situación de violencia, denominado El ABC de los indicadores de violencia familiar.

En la actualidad, la sociedad mexicana experimenta un riesgo cada vez mayor de sucesos que generan la muerte de un elevado número de personas, ya que además de los desastres naturales y accidentes de transportes colectivos, se suman eventos criminales de la delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro y trata de personas; entre otros delitos, por lo que se considera que las autoridades de procuración de justicia deben contar con un “Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense”, para la actuación coordinada

Los temas que aborda la publicación versan sobre la perspectiva de género, protección integral de la infancia, principios rectores en materia de infancia, familia y adopción, Documentos auxiliares de la actividad judicial, y alternativas de atención especializada para niñas, niños y adolescentes; además, cuenta con un directorio telefónico de instituciones de servicios

de equipos humanos y personal especializado en la investigación criminalística en ciencias forenses, en medicina forense, en sistemas de identificación humana, quienes mancomunadamente con las autoridades ministeriales estén en capacidad y posibilidad de aplicar métodos y técnicas forenses dentro de la investigación en beneficio de la sociedad.

En México, las autoridades encargadas de la procuración de justicia requieren que en los casos de muerte violenta o sospechosa de índole criminal se proceda a

para familias, niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, está en proceso de conformación una guía de indicadores de violencia, documento técnico breve que permite conocer los indicadores físicos y conductuales en nuestros grupos de estudio en situación de violencia.

la identificación del cadáver, su levantamiento del lugar de los hechos y/o del hallazgo, a la práctica de la autopsia con el fin de informar acerca de la causa de la muerte y sus circunstancias mediante la armonización, consenso y homologación de criterios técnicos y científicos inherentes a su quehacer operativo a través de la aplicación de los más altos estándares de atención, calidad y oportunidad.

Los objetivos del protocolo consisten en:

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1. Homologar la actuación pericial en el procedimiento de análisis del lugar de los hechos y/o del hallazgo a través de las técnicas y métodos de investigación criminalística que permiten, ineludiblemente, arribar de manera científica a la identificación de cadáveres, determinando las causas de la muerte así como la forma y circunstancias que prevalecieron durante la comisión. Todo ello en el marco de la legislación aplicable.

2. Coordinar la participación de los grupos de especialistas en el tratamiento e identificación forense, de las diversas instituciones de procuración de justicia, por medio de la regulación formal tanto de las técnicas que deben aplicarse como de las distintas labores a realizar en los supuestos sucesos de víctimas múltiples, brindando además, flujogramas de atención oportuna y sistematizada, que faciliten e ilustren la coordinación de actividades del personal pericial, con respeto a la autonomía de cada una de las instituciones.

3. Contribuir al intercambio de información sobre técnicas, métodos y procedimientos científicos y resultados en el ámbito criminalístico y/o forense, entre las diversas instituciones de procuración de justicia.

Se requiere que las muestras biológicas que son localizadas en el lugar de los hechos y/o del hallazgo sean recolectadas, embaladas, etiquetadas y trasladadas

de manera que cumplan con los estándares fijados, para conservar su integridad biológica, atenuar la degradación y evitar contaminación. Lo que permite realizar un análisis genético con resultados confiables. Los indicios biológicos y muestras de referencia deben llegar de manera íntegra al laboratorio para su análisis, cubriendo la Cadena de Custodia a que están sometidos.

Principios Básicos para la Atención y Manejo de

Cadáveres no Identificados

El manejo y gestión de información que se produce desde el hallazgo del cadáver hasta su disposición final debe ser ordenado, sistemático y apegado a los estándares nacionales e internacionales sobre el tema.

El proceso de identificación inicia al momento del hallazgo del cadáver y se desarrolla plenamente con el proceso científico y de investigación, el cual podrá acoplarse con la averiguación judicial, en busca de una persona desaparecida.

La documentación, desde el primer momento del hallazgo del cadáver hasta su disposición final, es fundamental para fijar cada proceso y etapa, antes y después de cualquier intervención, tomando en cuenta que el proceso forense es dinámico y que toda la evidencia sufre transformaciones a cada paso, las cuales deben ser demostradas.

La documentación debe realizarse mediante una descripción detallada, uso de diagramas, fotografías y/o video, la aplicación de procedimientos, instructivos, guías y normas mínimas que

impidan cualquier omisión y posibiliten el máximo detalle.

La práctica forense se debe basar en estándares internacionales y es recomendable que quienes la ejercen tengan acceso a bibliografía actualizada sobre el tema.

Archivo de perfiles genéticos de personas vivas

Los perfiles genéticos de individuos que por algún motivo se desconoce su identidad, entre ellos personas seniles, indocumentados, menores de edad que han sido víctimas de delitos como la trata de personas, secuestro, robo de infante, explotación sexual, tráfico de órganos, entre otros, serán almacenados bajo este apartado en el CODIS.

Archivo de perfiles genéticos de cadáveres

En este rubro serán ingresados los perfiles genéticos de cadáveres y desconocidos, entre ellos personas víctimas de desastres naturales, accidentes aéreos o terrestres, así como de delitos como la trata de personas, secuestro, robo de infante, explotación sexual, tráfico de órganos, fosas clandestinas, entre otros.


Se acordó impulsar la implementación del Sistema informático para la búsqueda de personas desaparecidas mediante una Base de Datos ante mortem y post mortem en las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas.

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Implementación del Sistema de Justicia Penal

Ponente: Lic. Adrián de la Garza Santos,Procurador General de Justicia del estado de Nuevo León

En carácter de representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el Procurador General de Justicia del estado de Nuevo León, obtuvo acuerdos y resultados que derivaron de diversas reuniones, cuyos temas destacan en la aprobación de un programa de capacitación para el año 2014, en el que se contemplan los perfiles para agentes del Ministerio Público, policías, peritos, jueces, defensores, mediadores y conciliadores, así como personal penitenciario. Así como, el proyecto de comunicación transversal para el conocimiento ciudadano (difusión).

En la capacitación, se podrán asegurar los resultados de calidad por parte de todos los operadores en el Nuevo Sistema de Justicia Penal; ante ello, es necesario que en cada una de las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas, realicen un replanteamiento sobre la forma en cómo se determinan los contenidos de las capacitaciones sobre todo en cursos de especialización.

Replanteamiento en dos grandes ejes:

• Cuáles son las funciones que desarrollan los operadores en todo el proceso de investigación y enjuiciamiento.

• Cómo debe ser la coordinación entre los distintos operadores para que se cumpla con el objetivo del proceso de investigación y enjuiciamiento.

Por lo anterior, se propone la instalación de un grupo de trabajo especializado en la identificación de procedimientos y protocolos de actuación que puedan servir como base para el diseño de capacitaciones especializadas para los operadores encargados de la investigación de los delitos.

Identificación de procedimientos que le imprimen

calidad al proceso de

investigacion del delito

Identificacion de actores que

intervienen en estos

procedimientos

Identificacion por actor de las funciones que deben realizar

en estos procedimientos

Diseño de capacitaciones

orientados hacia el cumplimiento

de estas funciones

Retroalimentación para evaluar la correspondencia de la capacitación con el cumplimiento de los procedimientos críticos para el proceso de investigación

del delito

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Justicia Penal Adversarial

Ponente: Mtra. Mariana Benítez Tiburcio, Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la


A partir de la definición del Código Nacional de Procedimientos Penales en la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa se acordó establecer un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de Justicia.

A consecuencia de lo anterior en la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal realizada el 25 de febrero del 2014 se aprobaron los programas de capacitación y en los relativos al perfil de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se considerarán los propuestos por la CNPJ.

A fin de cumplir con lo anterior al interior del Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público CNPJ se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias durante los meses de febrero, marzo y abril al interior de las cuales se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio.

El Programa establece una estrategia integral e

interinstitucional de capacitación que proporciona a los participantes las herramientas necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil competencial, para lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea.

A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia Nacional de Procuradores, remitirán de manera semestral la información indispensable a efecto de que las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión evalúen el funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en el presente Código.


Se aprueba el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para instituciones de procuración de justicia, y se solicita su registro por los conductos apropiados

ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a efecto de que los fondos federales que se destinen a capacitación y a certificación docente se ajuste al mismo.

Se ordena el establecimiento del Comité Técnico para el Sistema Penal Acusatorio, al que se le asigna la función de proponer al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la información semestral a proporcionar a las comisiones de justicia de las Cámaras del Congreso de la Unión, y se le adscriben, asimismo, las funciones que corresponden al Comité Técnico de Eficacia en la Institución del Ministerio Público, en lo relativo al Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El Comité quedará integrado por las instancias de procuración de justicia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Tabasco (como coordinador del grupo), Veracruz y Yucatán, así como la General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

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Criterios de Oportunidad

Ponente: Lic. Iñaky Blanco Cabrera,Fiscal General del estado de Guerrero

El 18 de junio del año 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto a través del cual se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado “B” del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de la reforma del 2008, las facultades del Ministerio Público fueron ampliadas, honrando con ello su calidad de institución de buena fe, permitiéndole prescindir de esa función de persecución penal que tradicionalmente ha tenido encomendada.

La concepción tradicional del sistema de justicia criminal que parte del principio de legalidad se relativiza respecto de aquellos para los cuales la ley procesal penal reconoce la posibilidad de tener en cuenta los criterios de oportunidad.

El uso de los criterios de oportunidad puede contravenir el

principio de legalidad en lo que a la indefectibilidad de la sanción penal respecta, lo cierto es que comportan mayores beneficios si se atiende, especialmente, a dos cuestiones:

A. Que es imposible afirmar en que se pueda abarcar el 100% de los delitos que se cometen en el país; y,

B. Que es necesario reducir la carga de trabajo de las autoridades de procuración y administración de justicia;

sobre todo, en tratándose de delitos menores o de bagatela.


Se solicita al Comité Técnico para el Sistema Penal Adversarial inscribir este tema en su agenda de trabajo para en su caso proponer los lineamientos que corresponda apreciar al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Homologación de un sistema de gestión en la operación del Sistema de Justicia Adversarial

Ponente: Dr. Fernando Valenzuela Pernas,Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco

Sin duda, uno de los reclamos sociales que debe atender cualquier estado que se llame democrático, es brindarle justicia a sus habitantes; la democracia no se funda únicamente en

decisiones políticas, sino que requiere además, brindarle a las personas la posibilidad de resolver sus controversias con estricto apego y respeto a sus derechos fundamentales.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana” y las instituciones de

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justicia tienen la importante tarea de promover y respetar estos derechos.

La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio se centra en este loable propósito, a efecto de instrumentar un sistema eficaz, humano y transparente, que respete la dignidad de cada uno de los sujetos procesales que intervienen en él.

Por tanto, su esencia consiste en devolverle a la sociedad la confianza en sus instituciones, lo cual sólo será posible sí somos capaces de impulsar un cambio estructural y organizacional que permita migrar del actual modelo mixto, preponderantemente inquisitivo, a uno garantista de corte acusatorio y oral, en un marco de gradualidad estratégicamente definido, que encuentra su sustento en un Modelo de Gestión de casos que está en sintonía y armonía con las necesidades de toda aquella persona que se ve relacionada con un hecho delictivo.

Vale la pena destacar que tradicionalmente al realizar cualquier estudio y análisis de problemas relacionados con el ámbito de la seguridad pública y la procuración de justicia, por razones obvias se da preponderancia a la incidencia delictiva y sus derivados, tales como el número de denuncias iniciadas, los expedientes consignados ante un juez, las órdenes de aprehensión giradas y cumplidas, las sentencias emitidas, el número de agentes del Ministerio Público o de investigación por número de habitantes o la cantidad de agencias por habitantes, entre

otros indicadores; sin embargo, poco a poco han tomado vital importancia los temas de modelos de gestión y la definición de procesos clave bajo un enfoque sistémico, como herramientas eficaces para garantizar la atención responsable y organizada a las personas relacionadas con un hecho delictivo.

El Modelo de Gestión del Sistema de Justicia Penal está conformado por tres grandes macroprocesos:

a. Procuración de justicia.

b. Impartición de justicia.

c. Ejecución de sanciones.

Éstos a su vez se desagregan en nueve procesos clave impactados por la Reforma Constitucional y que ahora deben rediseñarse en mayor o menor medida, y cinco procesos nuevos que deben desarrollarse para hacer un total de 14 procesos clave en términos generales, de los cuáles las instituciones de procuración de justicia participan preponderantemente en ocho de ellos.

1. Recepción de denuncias o querellas.

2. Detención.

3. Justicia alternativa.

4. Atención a víctimas.

5. Elaboración de la teoría del caso y judicialización.

6. Investigación del hecho.

7. Análisis y certificación de evidencias.

8. Ejecución de sanciones penales.

Por ello, es que resulta de vital importancia analizar y definir una estructura básica del modelo de gestión y sus operadores vitales, a efecto de emplear de la mejor forma los recursos disponibles, sin improvisaciones y retomando las experiencias de éxito de aquellos estados en donde se ha percibido notoria mejoría en el manejo y gestión de casos, hecho que finalmente redunda en una mejor atención al público.

En el mes de junio del 2016 en todo el país entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, abrogando las normas procedimentales que para tal efecto estuvieren vigentes.

Por tanto, es necesario no perder de vista diversas estrategias y acciones que permitan una eficiente y eficaz aplicación de dicha codificación, pues más allá de las condiciones y circunstancias aparejadas a las variables económicas que trae consigo la Reforma Penal hay un tema que salta a la palestra: La carencia de un modelo de gestión único y adecuado que permita dar respuesta a las obligaciones establecidas en el CNPP, en atención a un desarrollo informático que potencialice el nuevo sistema de justicia penal.


Se aprueba solicitar a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), convocar

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a un grupo de trabajo donde participe la Conferencia de Procuración de Justicia, la Comisión Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia,

el Poder Judicial Federal y demás instituciones que intervengan en el sistema de justicia penal Adversarial, con el objeto de evaluar cómo debe construirse

un modelo de gestión único de utilidad para los operadores del sistema.

Colaboración entre la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Agencia de Investigación Criminal

Ponente: Mtro. Tomás Zerón de Lucio,Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal

de la Procuraduría General de la República.

En la trigésima Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada en Mazatlán, Sinaloa, la Agencia, en coordinación con las procuradurías y fiscalías del país, asumieron las siguientes líneas de acción dirigidas al desarrollo de capacidades de inteligencia contra el fenómeno delictivo:

A. Designación, o en su caso ratificación de los representantes de las oficinas de enlace de INTERPOL-México.

B. Nombrar puntos únicos de contacto para el intercambio de información estratégica por medio de las áreas o unidades de análisis de información de las entidades, para la generación de lineamientos de una política criminal.

C. Consolidar las bases de datos nacionales de IBIS, CODIS y ASIS.

D. Proponer la conformación de un programa con prioridad nacional que permita crear o fortalecer los servicios médicos forenses del país.

En este sentido, la Agencia de Investigación Criminal trabaja para innovar los diferentes procesos de investigación, a través de la implementación de servicios efectivos y metodologías científicas con los más altos estándares de calidad y transparencia, para hacer eficiente la labor de la Procuraduría General de la República y coadyuvar con las procuradurías y fiscalías del país.

Consolidación de Bases de Datos Nacionales

Hasta el momento, 28 instancias de procuración de justicia cuentan con el Sistema IBIS y cuatro se encuentran en proceso de adquisición, asimismo, 20 procuradurías estatales cuentan con Laboratorio de Genética.

Cabe señalar que la Base de Datos del Sistema IBIS de la PGR cuenta con un total de 194,810 elementos balísticos y 14,278 perfiles genéticos en la Base de Datos del Sistema CODIS.

La importancia de este proyecto radica en que con la firma por parte de la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal,

del ¨Acuerdo de participación en la Red IBIN y de acceso a la Base de Datos de INTERPOL sobre ADN¨, se podrán intercambiar y comparar datos balísticos y de perfiles genéticos a gran escala con países miembros de la INTERPOL, tales como Antigua República Yugoslava de Macedonia, Dinamarca, Ecuador, España (Guardia Civil y Policía Nacional), Grecia, Hong Kong, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Portugal, República de Namibia, Reino Unido y Suecia, que dispongan del Sistema IBIS y CODIS.

En este sentido, las procuradurías y fiscalías que cuenten con acceso a las bases de datos nacional que administra la PGR, podrán acceder de manera inmediata para realizar búsqueda de posibles coincidencias o hits en un universo mayor de datos, pero sobretodo, sin representar un costo o erogación.

Por otra parte, aunque en este mismo rubro de Consolidación de Bases de Datos Nacionales, la Agencia de Investigación Criminal a través de su Servicio Científico y la empresa AGNITIO (Voice Biometrics), trabajan para desarrollar un sitio Web

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relacionado con el Sistema ASIS, el cual se alojará en la infraestructura de esta Unidad Administrativa y operará con los servicios informáticos que actualmente tiene.

El sitio Web no genera algún costo o compra adicional de infraestructura para las Procuradurías y/o Fiscalías Estatales y podrán hacer uso de esta herramienta sin la necesidad de contar con el Sistema ASIS o la Herramienta BATVOX.

Asimismo, podrán incorporar sus archivos de voz a la Base de Datos, realizar la consulta y correlaciones de posibles candidatos a nivel Nacional, con un tiempo de respuesta mínimo. En este sentido, se fortalecerán las investigaciones ministeriales relacionadas con secuestro, extorsión telefónica, cohecho, entre otros.

Otra de las líneas de acción es referente al fortalecimiento de los Servicios Médicos Forenses y en especial a los lineamientos para conformar una política integral de Estado, que atienda la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, la Agencia de Investigación Criminal, a través del Servicio Científico, presentó los elementos y costos que tendría la adquisición de los ¨Kits Básicos de Apoyo¨, para la práctica de necropsia y toma de muestras de referencia, para las Instancias de Procuración de Justicia del país.

De conformidad con los lineamientos emitidos en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, se autorizó una ampliación presupuestal para

la “Modernización y Equipamiento del Laboratorio Central y Laboratorios Estatales de Servicios Periciales, en las que destaca la adquisición de 95 Laboratorios Móviles, para las especialidades de Criminalística de Campo, Delitos Ambientales, Laboratorios Clandestinos y Fosas Clandestinas.

Los Laboratorios permitirán trasladarse a lugares de difícil acceso; recolectar evidencias relacionadas con la toma de muestras biológicas, precursores químicos, impresiones latentes, sustratos de tierra, agua, fauna, entre otros, así como procesar integralmente el lugar de los hechos, para el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la introspección de terreno en la búsqueda de fosas clandestinas y la posterior exhumación de restos. En ese sentido, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso por continuar apoyando a las instancias de procuración de justicia del país.

Puntos únicos de contacto para intercambio de

información estratégica

Se asumió el compromiso de iniciar acciones para estrechar los mecanismos de intercambio de información existentes, así como para la búsqueda de mecanismos para la interconexión.

Ambos con la finalidad de generar sistemas integrales de información geográfica, así como los lineamientos de una política criminal integral y multidimensional, dirigidos al desarrollo de capacidades de inteligencia contra el fenómeno delictivo.

Las Unidades de Análisis deben estar orientadas en el nuevo Sistema de Justicia Penal, para apoyar a los Fiscales o el Ministerio Público en:

• El tratamiento de los expedientes que se enviaron al archivo temporal, para que mediante un buen proceso de sistematización y análisis, se puedan transformar los datos en información latente.

• Aquellos asuntos con imputado desconocido, para que a partir de la información ahí analizada se generen o fortalezcan los casos.

• Asimismo, para aquellos asuntos o casos complejos, mediante el cruce con un universo mayor de variables.

• Además de aportar insumos de información para la solicitud de medidas cautelares y la generación de la teoría del caso.

Interconexión de Bases de Datos

La Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con las procuradurías generales de justicia de Colima y Nuevo León, deberán definir y perfeccionar los mecanismos de consolidación de bases de datos y lenguajes coordinados, es decir, la interconexión de bases de datos en el que se busca:

1. Establecer un “lenguaje común” de comunicación entre las diferentes plataformas informáticas.

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2. Acceder en tiempo real a la información contenida en las bases de datos que las procuradurías y fiscalías dispongan para fines de consulta.

3. Intercambio seguro de información considerando, como tal: el acceso controlado, bitácora de consultas y resultados, así como el uso de canales de comunicación cifrados.

4. Establecer un punto de consulta único (puerto de entrega y recepción de información).

5. Establecer una red de comunicaciones de alta disponibilidad para las procuradurías y fiscalías que operen dentro de este esquema de manera segura.

Los beneficios que se buscan son:

• Lograr un esquema de interconexión, minimizando costos, al aprovechar las plataformas de tecnologías de la información y comunicaciones existentes en cada Procuraduría o Fiscalía.

• Acceso en tiempo real a las bases de datos estatales en operación.

• Consulta en línea entre procuradurías y fiscalías de información referente a personas, organizaciones, bienes, objetos, etc., para fines de procuración de justicia.

• Establecer un protocolo único para el intercambio de

información contenida en bases de datos.

• Contar con un mecanismo de comunicaciones propio de la CNPJ para el intercambio de información de bases de datos en línea.

La Agencia busca desarrollar mecanismos que articulen el entramado institucional del Estado Mexicano, para armonizar sus capacidades en la lucha contra el delito de manera interjurisdiccional y con visión global del fenómeno desde los ámbitos local, regional, nacional e internacional, cuyos resultados se verán reflejados en la formulación de políticas públicas multidimensionales, permitiendo además, la generación de conocimiento especializado para las instituciones que lo integran, por medio de:

• Favorecer la comunicación y coordinación transversal entre instituciones.

• Trabajar bajo metodologías similares, principalmente en el análisis de la información.

• Búsqueda e implementación de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional.

• Reconocer que una de las principales problemáticas, NO es la ausencia de información, sino que ésta no ha sido tratada adecuadamente, ni explotada de manera eficiente.

• Cambiar el paradigma de la Procuración de Justicia, propiciando un rol más proactivo y central en la

aportación de insumos para generar políticas públicas, con la concurrencia de diversos sectores, especialmente, frente a los desafíos que presenta el nuevo sistema de justicia penal.

El objetivo es que la Agencia de Investigación Criminal, a partir de los enlaces designados presentará un portafolio de acciones inmediatas para potenciar la coordinación desde cuatro dimensiones:

• La técnica, con el servicio de inteligencia (CENAPI) para el intercambio de bases de datos e interconexión.

• La científica, con la Coordinación General de Servicios Periciales, a través del Grupo Nacional.

• La de investigación, a través de la Policía Federal Ministerial, con las oficinas de enlace de Interpol, para la colaboración en la localización de personas.

• La estratégica o analítica, a través de los estudios y productos que deriven de la integración del esfuerzo nacional.


1. En lo referente a las oficinas de enlace de Interpol.

Se reitera la invitación a adherirse a este mecanismo al representante del Estado de México, para completar el esquema de coordinación.

51

Promover al interior de cada procuraduría y fiscalía del país, que las consignaciones de los expedientes se realicen con los mayores datos posibles (individualización), para que en consecuencia las órdenes de aprehensión sean emitidas con los mismos y de esta forma hacer eficiente el proceso de búsqueda.

La Agencia se compromete a continuar los trabajos para lograr la expansión de la red de enlaces y ampliar las pruebas piloto, para que cada entidad pueda realizar consultas en tiempo real en el sistema I/24 de Interpol, por medio de funcionarios certificados.

2. En lo referente a bases de datos nacionales.

Concluir con la adquisición e instalación del Sistema IBIS y signen los convenios específicos de colaboración para ingresar Datos en el Sistema IBIS y realizar el intercambio de información genética.

Con el fin de robustecer y consolidar las Bases de Datos de Perfiles Genéticos y Voces, las instancias de procuración de justicia, a través de sus servicios periciales, pueden enviar los archivos relacionados con sus perfiles genéticos y de voz, o muestras biológicas, al Servicio Científico de la Agencia, con las características previstas y expuestas ante el Grupo Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

3. En cuanto al fortalecimiento de los servicios médicos forenses.

Para dar seguimiento al fortalecimiento de las instancias forenses, es necesario que los integrantes de este órgano colegiado, por medio de los servicios forenses, remitan al Servicio Científico de la agencia, el diagnóstico de la infraestructura y necesidades que en esta materia se tiene, ello de conformidad con la clasificación de los servicios médicos forenses (SEMEFOS) que se proporcionó anteriormente

a los integrantes del Grupo Nacional de Servicios Periciales.

4. En lo que hace a los puntos únicos de contacto para intercambio de información estratégica e interconexión de base de datos.

Continuar impulsando la participación de los enlaces de cada una de las procuradurías y fiscalías del país en los trabajos del Grupo de Enlaces para intercambio de información Estratégica.

Elevar ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la creación y/o fortalecimiento de las Unidades de Análisis de Información como proyecto con prioridad nacional, de cara a los retos que exige el nuevo sistema de justicia penal, con ello, lograr la asignación de recursos federales para dotarlas de las herramientas necesarias para un trabajo eficiente, como en el caso de los requerimiento para la interconexión de las bases de datos en materia de procuración de justicia.

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Agenda internacional en Derechos HumanosPonente: Embajador Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco,

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Atención y seguimiento de casos ante la Comisión y Corte Interamericana de

Derechos Humanos

• Coordinar la respuesta de México sobre las solicitudes de información presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (solicitudes presentadas de conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y solicitudes de información presentada en el proceso de peticiones).

• Coordinar la estrategia de litigio de México para la atención de casos ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

• Coordinar acciones para el adecuado seguimiento de decisiones y recomendaciones de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Atención y seguimiento de las recomendaciones del Relator Especial sobre la

cuestión de la tortura de la ONU

• Impulsar una cultura de prevención de la tortura en todos los niveles de gobierno, particularmente con aquellos servidores públicos de primer contacto con las víctimas de delitos o con personas detenidas.

• Garantizar la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por la comisión de actos de tortura.

• Crear una base de datos sobre quejas, denuncias y registros en general de casos de tortura, que incluya información estatal y federal, así como las quejas y recomendaciones de los mecanismos públicos autónomos de derechos humanos.

• Disminuir la utilización de la figura del arraigo hasta su completa eliminación.

• Capacitar servidores públicos en la implementación del Protocolo de Estambul.

• Desarrollar controles de registro de la detención de personas y agilizar la puesta a disposición de estas ante la autoridad investigadora del probable delito.

• Garantizar la nulidad de las declaraciones obtenidas mediante tortura.

• Garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad.

• Garantizar completa comunicación con el exterior por parte de la persona detenida, particularmente con su defensa.

Capacitación y formación de especialistas para la aplicación del Dictamen

Médico/Psicológico en los supuestos de tortura

• Adhesión al Dictamen por parte de las entidades federativas que aún no lo han hecho.

• Capacitación y certificación de servidores públicos en materia de implementación del Dictamen.

• Adopción de principios o herramientas complementarias de investigación al dictamen, que faciliten la detección de casos de tortura.

Con lo anterior, se permitirá garantizar que la investigación de posibles actos de tortura se incluya la aplicación de un dictamen, el cual a su vez se pueda complementar con otras herramientas de investigación que permitan llegar con certidumbre a la conclusión sobre la comisión o no de este delito.

Revisión y adecuación de los protocolos de investigación y de cadena de custodia a

estándares internacionales

Establecer un grupo de trabajo que revise los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública, a fin de adecuarlos de conformidad con los estándares internacionales.

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Agenda de trabajo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)

Ponente: Dr. Guillermo Haro Bélchez,Procurador Federal de Protección al Ambiente

Mesa de trabajo de los Procuradores y Fiscales del país. El día 29 de mayo de 2014.

Para el fortalecimiento de la profesionalización de los servidores públicos, ante las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que enmarcan el cambio al sistema penal acusatorio; así como la reciente promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ha realizado el acercamiento con diversas instituciones, directamente relacionadas con las obligaciones legales, a fin de poder colaborar de manera conjunta con una serie de capacitaciones recíprocas, entre estas se resaltan las siguientes:

1. Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

2. Procuraduría General de la

República.

3. INTERPOL.

El sistema jurídico mexicano reconoce el derecho fundamental a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

El derecho penal ambiental tiene como objetivo tutelar al mismo:

A. Desarrollando políticas integrales:

• En materia de investigación, persecución, sanción y

Dicha revisión deberá comprender aspectos como:

1. La protección a la integridad personal a partir de los mecanismos de detención en el Sistema Acusatorio.

2. La obligación de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

3. La protección a la integridad personal a partir de los mecanismos de detención en el sistema acusatorio.

4. Lectura de derechos al detenido.

5. Registro de la detención.

6. Traslado expedito del detenido ante la autoridad ministerial.

7. Derecho a una defensa pública adecuada.

8. Condiciones adecuadas para la detención, entre otros.


El pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprueba invitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los trabajos que se desarrollen en la construcción de los protocolos de investigación y de cadena de custodia, a fin de garantizar su adecuación con los estándares internacionales aplicables.

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prevención general y especial de los delitos.

• Para la reinserción social de los individuos penal y ambientalmente responsables.

B. Expidiendo el Programa de Política Criminal Ambiental:

• Acorde con la formulación y conducción de la política ambiental.

• En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

C. Coadyuvando con el Ministerio Público, tanto en la averiguación previa, como en el proceso penal, lo mismo aportando

pruebas, que alegando e interponiendo los recursos que resulten procedentes.

Es fundamental crear directrices a nivel nacional de una Política Criminal Ambiental (PCA) y de la tutela penal ambiental:

• Creación de un cuerpo normativo adecuado y especializado en materia penal ambiental.

• Homologar el establecimiento de esta Política Criminal Ambiental en todo el país.

El objetivo de esta ley es homologar criterios y crear herramientas que

permitan a la PROFEPA combatir los delitos ambientales y así disminuir la incidencia delictiva en materia ambiental.


La integración de la PROFEPA en el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en los temas que tengan vinculación con la materia ambiental. Así mismo, se instruye incluir la participación en las agendas temáticas que se desahogarán en el segundo semestre 2014 de las reuniones de Zona.

Participantes

• El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

• El Secretario de Gobernación. • El Procurador General de la República y Presidente

de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

• El Gobernador Constitucional del estado de Yucatán.

• La Fiscal General del estado de Yucatán y Representante de la Zona Sureste.



• El Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República.




• El Coordinador de Asesores del C. Procurador General de la República.

• La Directora General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.

• El Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República.

• El Director General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República.

• El Dirección General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República.




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• El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• El Procurador General de Justicia Militar. • El Procurador General de Justicia del estado de

Aguascalientes. • La Procuradora General de Justicia del estado de

Baja California. • El Procurador General de Justicia del estado de

Baja California Sur. • El Procurador General de Justicia del estado de

Campeche.• El Procurador General de Justicia del estado de

Chiapas. • El Fiscal General del estado de Chihuahua. • El Procurador General de Justicia del estado de

Coahuila y Representante de la Zona Noreste. • El Procurador General de Justicia del estado de

Colima. • El Procurador General de Justicia del Distrito

Federal y Representante de la Zona Centro. • La Fiscal General del estado de Durango. • El Procurador General de Justicia del Estado de

México. • El Procurador General de Justicia del estado de

Guerrero. • El Procurador General de Justicia del estado de

Hidalgo. • El Fiscal General del estado de Jalisco. • El Procurador General de Justicia del estado de

Michoacán. • El Fiscal General del estado de Morelos. • El Fiscal General del estado de Nayarit. • El Procurador General de Justicia del estado de

Nuevo León. • El Procurador General de Justicia del estado de

Oaxaca. • El Procurador General de Justicia del estado de

Puebla. • El Procurador General de Justicia del estado de

Querétaro. • El Procurador General de Justicia del estado de

Quintana Roo.

• El Procurador General de Justicia del estado de San Luis Potosí.

• El Procurador General de Justicia del estado de Sinaloa.

• El Procurador General de Justicia del estado de Sonora y Representante de la Zona Noroeste.


• El Procurador General de Justicia del estado de Tamaulipas.

• El Procurador General de Justicia del estado de Veracruz.

• El Procurador General de Justicia del estado de Zacatecas.


• El Comisionado Nacional de Seguridad. • El Coordinador de Derechos Humanos y Asesoría

de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• La Directora Administrativa de la Alianza Estatal CWAG.

• El Procurador Federal de Protección al Ambiente. • El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

• La Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

• El Jefe de la Delegación Regional, del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba.

• El Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

• La Directora de Política Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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7a Reunión del comité Nacional de especialistas en Balística

CONEBAL

La 7a Reunión del Comité, tuvo como objetivo presentar el uso de tecnologías y equipamiento necesario en los laboratorios de balística, a fin de que el avance y actualización en la materia, cumpla con las necesidades para un óptimo desempeño de la procuración de justicia.

7a Reunión del Comité Nacional de Especialistas en Balística CONEBAL, celebrada el 12 de junio de 2014, en la capital del estado de Campeche.

Se contó con la presencia del Procurador General de Justicia de la entidad, quien exhortó a los participantes para continuar trabajando y dar cabal cumplimento a los acuerdos que se generaron durante la sesión.

› El sistema IBIS.

› Homologación de criterios para la captura de información en el sistema IBIS.

› Extrayendo inteligencia con IBIS.

› Base de Datos del Sistema IBIS. › Los procesos de captura en el sistema E-trace.

› Norma ISO-IEC 17025:2005 y su aplicación en laboratorios de Balística Forense.

› El roll del perito en materia de balística.

› División tipológica de armas de fuego.

› Pruebas de impacto en materia de balística.

› Materiales Balísticos.

› Prendas de Protección Balística.

› Glosario de Términos.

› Mecanismos de Coordinación CONEBAL.

Contenido

Presidente: Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos.

Coordinadora: Directora de Servicios Periciales del estado de Querétaro.

Vocal General: Especialista en Balística de la Procuraduría General de la República.

Vocal Zona Noroeste: Fiscalía General del estado de Chihuahua.

Vocal Zona Noreste: Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila.

Vocal Zona Centro: Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.

Vocal Zona Occidente: Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Vocal Zona Sureste: Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero.

¿Quiénes integran el Comité?

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Sistema Electrónico de Rastreo E-Trace

Aplicaciones de Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 para loslaboratorios de Balística Forense

México realiza el rastreo de las armas de fuego a través del Sistema E-Trace, para combatir eficientemente el tráfico de armamento es necesario conocer el origen de las armas aseguradas e identificar a los actores involucrados.

El sistema proporciona datos del primer comprador, fecha y lugar de la adquisición comercial y circunstancias de dicha transacción, el cual permite reducir los tiempos de respuesta; coadyuva con la actividad ministerial y favorece la recolección de datos para una consolidación de bases de datos.

La acreditación puede ser mediante un organismo internacional, se aplica de igual forma a un laboratorio para análisis de armas como para laboratorio forense, debe ser parte de una entidad con responsabilidad legal en el que se requiere cumplir los estándares de la norma, así como las necesidades del cliente, autoridades reglamentarias y organizaciones que le acrediten.

En el año de dos mil trece, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), propuso la conformación de una base de datos nacional homologada cuyos objetivos consisten en:

• Identificar la ruta por donde el arma ha circulado desde su origen, permitiendo establecer interconexiones con diversos casos en los que se haya utilizado la misma arma de fuego.

• Fortalecer la información de lo asegurado, con la finalidad de coadyuvar a la investigación ministerial.

Se necesita contar con personal directivo y técnico con los recursos suficientes para cumplir sus tareas; tomar medidas para que el personal esté libre de cualquier presión o influencia indebida; asegurar la protección de información confidencial y del cliente; definir la estructura de la organización, así como las funciones del mismo.

• Generar nuevas líneas de investigación.

• Integración y fortalecimiento del sistema “IBIS”, que permita el oportuno intercambio de información balística con otros países.

El proceso de mejora continua permite la eficacia de su sistema de gestión mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

5a Reunión CONEBAL. Cuernavaca, Morelos. 21 de febrero de 2013.

Sesiones Anteriores

6a Reunión CONEBAL. Tlaquepaque, Jalisco. 4 de noviembre de 2013.

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Cadena de Custodia

Es un sistema documentado de control y registro de los procesos que se aplican al manejo de indicios y evidencias físicas. Se entiende como indicio al elemento material que se encuentra en el lugar de la investigación, en la víctima o en el imputado, que puede o no tener una relación con el hecho que se investiga; y evidencia se entiende como todo indicio que tiene relación con el hecho que se investiga, es la certeza clara manifiesta y perceptible que no permite una duda racional.

La evidencia física se conoce a todo aquel elemento tangible que permite objetivar una observación y es útil para apoyar o confrontar una hipótesis, es el indicio material que mediante previos exámenes periciales correspondientes se confirma que tiene una relación lógica y directa con el hecho que se investiga.


Procesos de captura en el Sistema E-Trace.

Se toma conocimiento de los procesos de captura del sistema electrónico de rastreo E-Trace, que realiza el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). Se solicita al Grupo Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Conferencia se gestione la realización de procesos de capacitación para el personal de las instituciones para garantizar la óptima y correcta captura de la información necesaria para el rastreo de armamento.

Glosario de términos.

En cumplimiento a los compromisos del Comité Nacional se acordó integrar el concepto siguiente:

• Fusil para la guerra: Arma de fuego larga, de ánima rayada que está fabricada para utilizar

cartuchos de ametralladoras del calibre .50´´BMG, diseñada para uso exclusivo militar.

Para construir la agenda temática de la octava reunión nacional, las ponencias serán a partir de la siguiente lista:

- Por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro, referido al tema “Las formas de intervención de la Balística en las ciencias forenses”.

- El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses participará exponiendo algunos aspectos respecto del punto 5 de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 para los Laboratorios de Balística Forense; asimismo, realizará una atenta invitación para que se participe la intervención de la Agencia de Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés), de Estados Unidos de América.

- A cargo del representante de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala, el desarrollo del tema “La intervención del perito en Balística en el laboratorio de Química”.

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Participantes

• El Procurador General de Justicia del estado de Campeche.

• El Director de Servicios Periciales del estado de Campeche.

• La Directora de Servicios Periciales del estado de Querétaro y Coordinadora del CONEBAL.

• El Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos y Presidente del CONEBAL.

• El Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de la República y Vocal General del CONEBAL.

• El Coordinador de Asesores de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.

• La Integrante Titular del CONEBAL Especialista en Balística adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche.

• El Integrante Titular del CONEBAL y Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Aguascalientes.

• El Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y Secretario General del CONEBAL.

• El Integrante Titular del CONEBAL y Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur.

• El Integrante Titular del CONEBAL y Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas.

• El Integrante Titular del CONEBAL Especialista en Balística adscrito a la Fiscalía General del estado de Chihuahua y Vocal de la Zona Noroeste.

• El Integrante Titular del CONEBAL y Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila y Vocal de la Zona Noreste.

• El Especialista en Balística adscrito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• El Coordinador del Departamento de Balística de la Fiscalía General del estado de Durango.

• El Integrante Titular del CONEBAL y Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato.

• El Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero y Vocal de la Zona Sureste.

• La Integrante Titular del CONEBAL y Especialista en Balística adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo y Vocal de la Zona Centro.

• El Integrante Titular del CONEBAL y Especialista en Balística adscrito al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Vocal de la Zona Occidente.

• El Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán.

• El Especialista en Balística adscrito a la Fiscalía General del estado de Morelos.

• El Perito Especialista en Balística de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León.

• El Perito Especialista en Balística adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca.

• La Perito Especialista en Balística adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla.

• El Perito Especialista en Balística de la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro.

• El Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora.

• El Integrante Titular del CONEBAL y Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco.

• El Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas.

• El Perito Especialista en Balística de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala.

• El Director de Identificación y Servicios Periciales en el estado de Yucatán.

• El Perito Especialista en Balística de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz.

• El Especialista en Balística adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas.

• El Jefe del Laboratorio Científico de la Procuraduría General de Justicia Militar.

61

• El Representante del Secretariado Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

• El Gerente de Producto IBIS-Canadá. • El Director de Ventas Forensic Technology INC. • El Perito Técnico en Balística adscrito a la

Coordinación General de Servicios Periciales en la Procuraduría General de la República.

• El Experto en Balística INACIF Guatemala. • El Encargado de la Subdirección de Tráfico Ilícito

de Armas, Municiones y Explosivos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) en la Procuraduría General de la República.

• El Jefe de Departamento de la Subdirección de Tráfico Ilícito de Armas, Municiones y Explosivos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) en la Procuraduría General de la República.

• El Representante de la Empresa Dupont. • El Representante de la Empresa Bullet. • El Instructor Certificado Forensic Technology

Corporation de IBIS. • El Representante Legal de la empresa Forensic

Technology Corporation de IBIS.

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NUESTROS PROCURADORES

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Lic. José Martín Godoy CastroProcurador General de Justicia del

estado de Michoacán

• Coordinador General de Delegaciones en la PGR.• Fiscal Especial para Delitos Cometidos por Servidores Públicos en la PGR.• Director de Control de Averiguaciones Previas en la PGR.• Delegado Estatal de la PGR en Guerrero y Sonora.• Director de lo Penal y Administrativo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.• Fiscal Regional en Nezahualcóyotl de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.• Subprocurador de Atención Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de

México.• Subprocurador de Verificación en PROFECO.

NOTA: Inició su encargo el 30 de enero de 2014.

65

Lic. Luis Ángel Bravo ContrerasProcurador General de Justicia del

estado de Veracruz

• Titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.• Presidente del Colegio de Abogados de la región de Córdoba.• Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado primero de Primera Instancia del Distrito Judicial

de Acayucan.

NOTA: Inició su encargo el 25 de febrero de 2014.

66

Lic. Adonai Carreón EstradaProcurador General de Justicia del

estado de Baja California Sur

• De 1995-1997, auxiliar en la Asesoría Jurídica en la Asociación de Penalistas del Sur de Sinaloa A.C;• De 1998-2000, agente del Ministerio Público del Fuero Común en la Procuraduría General de Justicia

en el estado de Baja California Sur;• De 2000 a 2013, agente del Ministerio Público de la Federación en la Procuraduría General de la

República, con diversas adscripciones: a las agencias investigadoras, a las subsedes de Santa Rosalía, Loreto, Ciudad Constitución y Los Cabos, al Centro de Operaciones Estratégicas y en materia de procesos y amparo, a Juzgados de Distrito, Tribunal Unitario y Tribunal Colegiado;

• De marzo de 2013 a la fecha actual, subsecretario de Seguridad Pública en la Subsecretaría de Seguridad Pública en el estado de Baja California Sur.

NOTA: Inició su encargo el 24 de marzo de 2014.

67

Lic. Alejandro Jaime Gómez SánchezProcurador General de Justicia del

estado de México

• Consejero Jurídico adjunto en el gobierno federal.• Subprocurador Jurídico de la PGJEM. • Visitador General. • Coordinador de Asesores en la Procuraduría General de la República.• Consejero Adjunto de la Legislación y Estudios Normativos en la Presidencia de la República.

NOTA: Inició de encargo el 21 de mayo de 2014.

boletÍn interprocuradurÍasn 41.0... · 2016. 9. 13. · 4 boletÍn interprocuradurÍas, nueva...

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