capÍtulo ii abuso de autoridad 2.1. abuso de autoridad...
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CAPÍTULO II ABUSO DE AUTORIDAD
2.1. ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA ARRESTADOS O DETENIDOS
Es el hecho del funcionario público que somete a medidas ilegales de rigor
a una persona arrestada o detenida, que la tiene en custodia o que ha sido
confiada mediante providencia de autoridad competente.
Son elementos constitutivos específicos de este delito: el sujeto activo, la
conducta criminosa, el objeto material, el tiempo del hecho, el resultado y el dolo
genérico.
El sujeto activo de este delito puede ser sólo un funcionario público que
tenga la custodia de una persona arrestada o detenida, o que le haya sido
confiada en ejecución de una providencia de autoridad competente, o también
que está investido, por razones de su cargo, de autoridad sobre la persona
custodiada.
Por lo tanto, no puede serlo el encargado de un servicio público; pero sí lo
puede ser el particular, en caso de arresto legítimo en flagrancia, por que en ese
momento tiene la calidad de funcionario público.
La conducta consiste en los actos o en el empleo de los medios idóneos
con que la persona arrestada, detenida o custodiada es sometida a medidas de
rigor ilegales, en virtud de las cuales se empeora el estado de restricción de la
libertad personal en que legalmente se encuentra.
Por consiguiente, no constituyen este delito los actos que hacen más
gravosa la detención o la custodia, si no resulta afectada la restante libertad
personal del individuo arrestado o detenido.
Pero si el acto o el medio empleado constituyen por sí mismos delitos, se
tendrá concurso de delitos.
También puede presentarse la agravante por las servicias u otras
crueldades, que no es lícito considerarlas como integrantes del régimen abusivo
de rigor o del concurso de delitos.
Medidas de rigor son los actos que modifican, empeorándolo, el estado de
restricción de la libertad personal en que se encuentra legalmente el sujeto pasivo.
Por consiguiente, los actos no ilegítimos, que no dan lugar a es efecto, no pueden
constituir el delito de que se trata. Sino eventualmente otro título de delito. Así,
pues, la ilegitimidad de la medida de rigor tiene que derivarse de la ley, en relación
con el empleo de los medios coercitivos y punitivos que permite.
El objeto material de este delito es la persona en la que recae la conducta
criminosa, a saber, la persona que se encuentra en estado legal de restricción de
la libertad personal por arresto, detención, entrega para la ejecución de una
providencia de la autoridad, o, en general, para custodia personal; por ejemplo,
para traslado de una persona o su reclusión en un manicomio.
El tiempo del hecho es aquel en que el funcionario público permanece
encargado de la custodia, o mantiene confiada a la persona, o conserva sobre
esta su autoridad. Si no se da este requisito, podrá tenerse otro título de delito.
El resultado de este delito es el estado de restricción, más rigurosa, de la
libertad personal, en que llega a encontrarse el sujeto pasivo a causa de la
conducta criminosa.
El momento consumativo, por lo tanto, se tiene al verificarse ese
empeoramiento.
La tentativa es admisible, en relación con el acto o con el medio empleado;
por ejemplo, si el acto consiste en una omisión, la tentativa no es configurable.
El elemento psicológico lo suministra la voluntad de cometer el hecho, esto
es, de someter a la persona arrestada o detenida a una mayor restricción de la
libertad personal en que legalmente se encuentra.
Una conducta culposa no puede dar lugar a este delito. Los motivos pueden
ser apreciados, cuando concurran, como circunstancias atenuantes.
2.2. REQUISA O INSPECCIÓN VICIADAS.
Es el hecho del funcionario público que ejecuta una requisa o una
inspección personales, a sabiendas de que abusa de los poderes inherentes a sus
propias funciones. Los elementos constitutivos de este delito son: el sujeto activo,
la conducta criminosa, el objeto material, el resultado y dolo genérico. El sujeto
activo puede ser sólo un funcionario público, y no otra persona, aunque esté
encargada de un servicio público. La conducta consistente en los actos abusivos
realizados al ejecutar una requisa o inspección personal.
Requisa personal es la búsqueda que funcionario público ejecuta, en
ejercicio de sus funciones sobre una persona determinada, en relación con cosas
que lleva consigo pertenecientes a un delito, y que pueden servir para la prueba.
Inspección personal es el examen que el funcionario público ejecuta, en
ejercicio de sus funciones, sobre el cuerpo de una persona acerca de elementos
de prueba atinentes a un determinado delito.
Se tiene abuso en la requisa o en la inspección corporal cuando su
ejecución se lleva a cabo con violación a la libertad individual, y por lo mismo, de
la facultad o competencia, o también sin la observancia de las formalidades
establecidas por la ley en garantía de libertad individual y que las hacen legítimas.
El objeto material de este delito es la persona sobre la que recae la
conducta criminosa o sea la persona sobre la cual se ejecuta la requisa o la
inspección personal. El resultado en este delito es la restricción de la persona del
sujeto pasivo o del estado de la persona, que se produce al ser esta constreñida o
inducida a lo obediencia criminosa.
El momento consumativo se tiene cuando se verifica dicha restricción o con
la obediencia del sujeto pasivo como consecuencia de los actos de
constreñimiento o de inducción. La tentativa es admisible, cuando se hayan
iniciado actos idóneos en inequívocos, dirigidos a la ejecución de la requisa o de la
inspección, también de ejecución de éstas. Si ese hecho se cometiera contra
varios sujetos se tendrán varios delitos.
El elemento psicológico lo suministra el dolo, es decir, la voluntad de
ejecutar la requisa o la inspección, a sabiendas de que abusa de los poderes
inherentes a las propias funciones. El consentimiento del sujeto pasivo no excluye
la ilicitud del hecho, ya que el particular no puede disponer del interés referente al
ejercicio de las facultades del funcionario público, pues dicho interés pertenece a
la administración pública.
2.3. LA IMPUNIDAD.
Al crearse la Comisión Nacional de Derechos Humanos en junio de 1990,
su primer presidente, Jorge Carpizo, estaba consciente del escepticismo con que
la opinión pública recibía la noticia. Sólo con hechos y más hechos –dijo Carpizo
en la ceremonia de toma de posesión- la Comisión lograría credibilidad. (Informe
anual que rinde el presidente de la CNDH, 16 de noviembre del 2000- 31 de
diciembre de 2001. Comunicado de prensa, 26 de febrero del 2002;
boletines/febrero 2002/fr febrero.htm) El objetivo era, y es sin duda, enormemente
difícil. La tradición de impunidad de los autores de actos de abuso de poder, el
sentimiento generalizado de absoluto desamparo ante esos actos, la ausencia de
una cultura consolidada de derechos humanos entre la población han sido
poderosos motivos de la incredulidad.
Tres años es un lapso breve en la vida de las instituciones y, sin embargo,
en ese periodo la Comisión se ha ganado el respeto de un gran número de
ciudadanos y autoridades, salvo de aquéllos que se lo regatean por que el país no
ha cambiado radicalmente. Por supuesto, quien pensara que la misión de nuevo
organismo era transformar radicalmente los cuerpos policíacos y eliminar de toda
la ilegalidad, le estaba asignando una tarea imposible.
La Comisión no puede realizar la labor de profesionalización de los cuerpos
policíacos. Solo puede dar publicidad a sus abusos, emitir recomendaciones,
asesorar jurídicamente a los ciudadanos y realizar propuestas legislativas
tendientes a mejorar la situación de los derechos humanos en México.
De esta manera, falta formar cuerpos policíacos con excelente preparación
profesional y técnica y respetuosos de los derechos humanos; agentes del
Ministerio Público que sean detectives eficaces, tanto como juristas y celosos
guardianes de la legalidad; defensores de oficio diligentes y capaces; jueces con
profundo conocimiento jurídico y honestidad e independencia sin límites;
autoridades administrativos eficientes e incorruptibles, Esta enorme labor
evidentemente sobrepasa las capacidades tanto legales como políticas de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, la Comisión ha hecho,
dentro de sus límites, una buena labor. Muchos casos de desvíos de autoridades
han tomado el cauce legal correspondiente debido a la intervención de la
Comisión.
Contra actos de autoridad violatorios de las garantías individuales, el orden
jurídico mexicano ofrece diversos recursos y, sobre todo, consagra para todos los
ciudadanos el juicio de amparo. Pero del texto legal a la realidad hay muchos
trechos. No todos tiene la posibilidad fáctica de utilizar esos recursos, que exigen
conocimientos jurídicos, dinero y, en ocasiones, muy buenos “contactos”. Y como
no todo mundo puede pagar un buen abogado –cuyos honorarios suelen ser altos-
y los defensores de oficio son insuficientes o deficientes, y en virtud de que acudir
a los tribunales es sumamente costoso también en cuanto al tiempo, es inevitable
en muchas ocasiones la sensación de desvalimiento de quienes sufren un
atropello.
La ventaja que presenta un mecanismo como la Comisión nacional de
Derechos Humanos es que sus servicios son gratuitos y solicitarlos no obliga a
asesorarse de un abogado ni cumplir con penosas formalidades. Esas ventajas
no son irrelevantes en tiempos en los que se vive un creciente desbordamiento de
la actividad administrativa y una crisis de los sistemas tradicionales de control
jurisdiccional.
La autoridad que no acata una recomendación debe responder, con
argumentos y fundamentos, por qué no la atiende. Y éste es un punto crucial: los
abusos de poder, reales o presuntos, se han sacado de los sótanos y se ventilan,
como no ocurriría entes de la creación de la Comisión, a la luz, ante los ojos de
una sociedad cada vez más vigilante.
Una propuesta de reforma legislativa y dos recomendaciones han
demostrado ampliamente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está
contribuyendo a disminuir el problema del abuso de autoridad en México. La
propuesta se formuló en el sentido de que la policía ya no pudiera interrogar a un
inculpado y la declaración de éste tuviera valor si era hecha en presencia de su
defensor. Hoy estas medidas son derecho vigente en el Distrito Federal y en el
fuero federal. Algunas de sus recomendaciones han sido muy positivas.
Evidentemente es el sistema acusatorio el que ofrece un procedimiento en
el que se garantizan por igual los intereses de la sociedad y los del individuo; es
este procedimiento el que ofrece las mejores condiciones de conocer la verdad
histórica y además de evitar la tiranía en la persecución y sanción de los delitos,
en la medida de que se dividen las funciones entre distintos órganos.
2.4. VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ACUERDO A LOS SUPUESTOS EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SU PENALIDAD.
De acuerdo al artículo 212 del código penal federal, para los efectos de
este título y subsecuente es servidor público toda persona que desempeñe un
empleo cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, o
qua manejen recursos económicos federales. Así mismo para efecto de
individualización de sus sanciones de acuerdo a lo que establece el 213 y 213bis.
BIEN PROTEGIDO:
Preservando la regularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos
administrativos pueden verse comprometidas por el acto arbitrario y por la
omisión.
EJERCICIO INDEBIDO DE SERVIDOR PÚBLICO
El Art. 214 C.P.F. sanciona con prisión e inhabilitación, se le impondrán de
dos a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo
diario vigente del distrito federal en el momento de cometerse el delito y
destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro
empleo , cargo o comisión públicos.
ABUSO DE AUTORIDAD
El art. 215 C.P.F. se sanciona de uno a ocho años de prisión las FR. V y X
a XII, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación por el
mismo tiempo para ocupar empleo cargo públicos; Al que cometa abuso de
autoridad previsto por las fracciones VI a IX, XII y XIV Se le impondrán de dos a
nueve años de prisión de setenta a cuatrocientos días de multa y destitución e
inhabilitación por el mismo tiempo.
COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS:
El Art. 216 C.P.F. sanciona con prisión e inhabilitación especial por el
mismo tiempo al de artículo 214 del mismo ordenamiento, al funcionario Público
que dictare resoluciones u órdenes contarías a las constituciones, leyes federales
o estatales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no
ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
ACCIONES TÍPICAS:
Tres conductas típicas distintas: Dictar resoluciones u órdenes contrarias a
las constituciones o las leyes; ejecutar las órdenes contrarias a dichas
disposiciones, y no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbe al funcionario.
DICTADO DE RESOLUCIONES U ÓRDENES:
Resoluciones u órdenes es abusivo en dos supuestos, una facultad que ni
las constituciones ni las leyes atribuyen al funcionario, porque es prohibida no ha
sido concebida a funcionario alguno y cuando la actividad del funcionario, en el
caso concreto se le ejercita injustamente, por no darse los presupuestos de
Hecho requeridos para su ejercicio. La resolución o la orden son jurídicamente
imposibles, mientras que en el segundo es arbitraria. La enunciación legal de las
resoluciones u órdenes ha planteado a los tratadistas la necesidad de
distinguirlas: aunque ambas son actos administrativos de igual naturaleza la
resolución, la orden es una conminación a que se actué o se deje actuar de una
determinada manera.
EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES U ÓRDENES:
Ejecutar llevar a cabo, realizar, material o jurídicamente e contenido de la
orden, concretarla en los hechos, sobre las personas o las cosas, constituyendo
un tipo relativamente autónomo, la conducta de quien ejecuta la orden o
resolución arbitraria de autonomía de la persona de quien resuelve u ordena; no
se trata de un supuesto de participación necesaria, si no de autoría
independiente.
NO EJECUCIÓN DE LAS LEYES:
La conducta omisiva: El abuso consiste en la decisión de no ejecutar la ley,
es decir de no aplicarla, por lo que importa la inejecución de la ley que es una
actividad, ya no estando en este caso, si no ante algunos de los abusos previstos
en las formas anteriores. La desatención de la ejecución de la ley queda
comprendido, el retardo indebido de su cumplimiento al no ejecutarse;
No se puede sostener de cualquier reglamento u ordenanza quede
comprendido entre los objetos de la violación, solo lo que delimita la competencia
de los funcionarios, determinan lo que el funcionario debe o puede hacer como
mal, expresando la voluntad del estado en actos sobre los administrados que no
sean de orden estrictamente interna de la administración.
2.4.1. Penalidad.
Art. 217 C. P. F.: Se le impondrán de dos a doce años de prisión multa de
treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en
el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación por el mismo
tiempo para desempeñar otro empleo, cargo u comisión públicos.
Art. 218c.p.f: Se le impondrá de dos a doce años de prisión, multa de
trescientas a quinientas veces el salario mínimo vigente al D.F., y destitución e
inhabilitación de dos a doce años para desempeñar otro empleo, cargo u comisión
públicos.
INTIMIDACIÓN:
Art. 219 c. p. f: Se le impondrá la misma sanción que la del anterior artículo.
EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES
Art. 220 c. p. f: Se le impondrá la misma sanción que la del artículo 219 del
mismo ordenamiento.
TRÁFICO DE INFLUENCIA
Art. 221 c. p. f: Se le impondrán de dos a seis años de prisión, multa de
treinta a trescientas veces el salario mínimo vigente en el D. F., en el momento
en cometerse el delito y destitución e inhabilitación por el mismo tiempo para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
Delitos que requieran daños materiales La omisión se consuma en el
momento en que habiendo debido ejecutarse la ley, no se observa la conducta
esperada, la de dictar resoluciones cuando se tenga que hacer, es decir cuando
se integra como acto jurídicamente valido, aunque no haya alcanzado la "firmeza"
requerida para ser ejecutada; La de dictar órdenes, cuando la orden es dada
válidamente, o sea: por los medios y los modos formalmente idóneos para que se
la acate; la de ejecutar ordenes y resoluciones cuando el funcionario ejecutor
materializa sus contenidos sobre los objetos de ella. La tentativa no es admisible
en la forma omisiva.
AUTOR:
Únicamente el funcionario que actúa en la ejecución del propio cargo y en
el que él posee autoridad, puede ser sujeto activo del delito.
CULPABILIDAD:
Es el delito doloso el conocimiento de la oposición en su forma omisiva, el
conocimiento de que en la órbita de competencia del agente, está la ejecución de
la ley que no se ejecuta. En el aspecto evolutivo el agente debe querer oponerse
a la ley, el error (error iuris) sobre los contenidos de la ley, puede llegar excluir los
contenidos de la culpabilidad.
COHECHO
EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO:
Castigan la deshonestidad del funcionario público, procurando proteger el
funcionamiento normal de la administración, que puede verse amenazado por la
sola existencia de aquello, sin consideración a la licitud o ilicitud del acto así
motivado; La venalidad debe cumplir legalmente, deteriora el correcto
funcionamiento administrativo y pone en peligro la normalidad de su
desenvolvimiento.
COHECHO PASIVO:
Art. 222 del código penal federal, contempla:
"Funcionario público que por sí o por personas interpuestas solicite
recibiere dinero o cualquier otra dadiva o aceptare una promesa directa o
indirecta, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones", o para hacer
valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario público, a fin que
este haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
ACCIÓN TÍPICA:
Un delito de acción bilateral que presenta una codelincuencia necesaria, ya
que no puede existir cohecho pasivo si no ha existido cohecho activo.
Las acciones objetivamente descritas en el tipo son de dos órdenes:
Recibir dinero o cualquier otra dadiva o aceptar una promesa. Recibe el que entra
en la tenencia material del objeto que se entrega. Acepta el que admite recibir en
el futuro lo que se promete, se configuran en una actitud pasiva: el funcionario
que no se limita a recibir o aceptar, si no que requiere, o impone o procura e
funcionamiento o la promesa.
OBJETOS QUE SE RECIBEN:
Dinero es el valor representado por la moneda, nacional o extranjero, apta
para el cambio monetario, puede transferirse del dador al receptor; una gran
corriente de la doctrina exige esta característica; por el contrario, consideran que
todo aquello que constituya beneficios, que se identifique con algo codiciable para
el receptor, es una dadiva, aunque no se pueda asignar un valor económico.
Dadiva indica la existencia de algo que se `puede dar y recibir en sentido material,
si lo que se da son objetos que pueden darse y recibirse, estaremos ante la
presencia de la dadiva típica, si solo se suministra la satisfacción u el goce de
ciertos deseos al margen de toda materialidad, no se podrá llegar a esta
conclusión.
ACEPTACIÓN DE LA PROMESA:
No puede referirse más que a los objetos materiales antes mencionados,
ser dinero u otra dadiva.
LA PERSONA INTERPUESTA:
La referencia de la ley a la persona interpuesta no es simplemente material,
sino una referencia en el orden a la coparticipación; quien no sea participe del
agente no tendrá ese carácter, tampoco es persona interpuesta el simple participe
en grado de complicidad, si no el que se haga aparecer, a los ojos de terceros,
como el destinatario del beneficio; la mención de la ley a la persona interpuesta se
remite, ya que bastaría aplicar los principios de la participación para
comprenderla.
EL ELEMENTO SUBJETIVO, LAS FORMAS DEL DELITO.
El funcionario haga o deje de hacer algo concerniente a sus funciones, o
haga valer su influencia funcional ante otro funcionario para que el haga o deje de
hacer algo relativo a sus funciones. Indica la convergencia de ambas voluntades
que tiene que hacerse sobre un acto u omisión futuros: se da y se recibe, se
ofrece, se acepta, para actuar u omitir. La dadiva entrega para retribuir una
conducta funcional ya adoptada para el funcionario que no cae dentro de los
límites del cohecho, el acuerdo tiene que versar sobre hechos determinados,
requiere algunas precisiones: Cuando la oferta aceptada o la dadiva recibida
apunten a la realización de un hecho propio de la competencia funcional y debido
según las leyes y reglamentos, formal y sustancialmente licito; pero cuando el
objeto de la entrega, se refieran a la realización de los actos sustancialmente
ilícitos: el funcionario que acepta una promesa o recibe algo para asumir
conductas abusivas en cualquier ocasión que le toque actuar funcionalmente en
uso de su competencia, aunque las tales no sean específicamente determinadas
al concertarse el pacto. La segunda posibilidad subjetiva del tipo se da cuando el
acuerdo persigue la finalidad de que el funcionario haga valer influencias derivada
de su cargo ante otro funcionario público, a fin de que el haga o deje de hacer
algo referente a sus funciones, se trata de que el autor haga valer, la influencia
derivada de su cargo.
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
La consumación se determina en el perfeccionamiento de ese pacto, se
acepta la promesa, con independencia de que el funcionario cumpla el acto o la
omisión pretendida, el segundo caso, que el oferente cumpla con las daciones
que había prometido; el cumplimiento de lo otorgado por ambas partes no es más
que un pacto de agotamiento irrelevante desde el punto de vista de la tipicidad del
artículo 222. En general, se ha denegado la posibilidad de tentativa.
AUTOR Y PARTICIPACIÓN:
Puede serlo un funcionario público, el hecho de la codelincuencia que
informa este delito no implica que no sean aplicables a él los principios de la ley.
CULPABILIDAD:
El dolo se determina en el acuerdo. La recepción de la dadiva o la
aceptación de las promesas con distinta finalidad, deja la conducta fuera del tipo
ADMISIÓN DE DÁDIVAS
EL TEXTO LEGAL, LA PROTECCIÓN:
Al "funcionario público, que admitiere dadivas que fueren entregadas en
consideración de su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo”. La
corrupción aparece bajo una forma distinta; la ley cuida la irreprochabilidad e
insospechabilidad de los funcionarios cuyo desconocimiento puedan afectar,
aunque sea indirectamente, la imparcialidad de los procedimientos
administrativos.
ACCIÓN TÍPICA:
Es la de admitir dadivas, la cual equivale a recibirlas; el tipo requiere que la
dadiva presentada por un tercero sea recibido por un funcionario, también se
prevé un supuesto de codelincuencia: para que el agente admita la dadiva es
necesario que alguien se la presente, pero también esa aptitud de codelincuencia.
ASPECTOS SUBJETIVOS:
El funcionario debe recibir la dadiva sabiendo que se entregan en
condiciones a su oficio, en consideración del oficio al receptor.
CONSUMACIÓN:
Se consuma con la recepción, por parte del funcionario, la dadiva
presentada.
AUTOR:
Es el funcionario público mientras permanezca en el funcionamiento de su
cargo. La ley hace referencia a la permanencia del funcionario en el cuadro de la
administración. Es admisible la participación en todos sus grados.
PECULADO
El Art. 223 contempla:
Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto
dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al estado, al organismo
descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido, en
depósito o por otra causa.
ACCIÓN TÍPICA:
Es la de sustraer, lo cual significa extraer, distraer o quitar los bienes de la
tenencia en la esfera administrativa en que ellos han sido colocados por las leyes,
reglamentos u órdenes legitimas No se trata indispensablemente de un
apoderamiento o de una apropiación, puesto que no es necesario que el agente
actué con el ánimo de hacer penetrar el bien en su propia esfera de tenencia o en
la de un tercero; sustrae el que quita el bien de la esfera de tenencia
administrativa, aunque solo lo haya hecho con la exclusiva voluntad de apartarlo o
separarlo de ella.
La esfera de custodia o tenencia de la cual tienen que separarse los bienes
para que se dé el peculado es, dentro de la actividad patrimonial del estado, la
que representa el funcionario por pertenecer a su competencia según la ley, el
reglamento o la orden.
OBJETOS:
Es obvio que tiene que tratarse de caudales o efectos públicos. Percepción
es la función de percibir bienes para la administración, para ingresarlos o
regresarlos a ella, siempre y cuando lo sea para integrarlos en la pertenencia de
la administración. Custodia es la actividad de cuidado y vigilancia sobre los
bienes, su tenencia, y realizada como función administrativa. La administración, la
percepción y la custodia deben haber sido confiadas al agente en razón de su
cargo.
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
En principios, el delito se consuma cuando el bien ha sido quitado de la
esfera de la tenencia administrativa. La consumación se produce cuando aquel lo
saca de su propia administración o custodias sin dejarlos dentro de las otras que
se ejercen en la misma administración. El delito consumado no desaparece por la
posterior restitución.
El peculado no requiere necesariamente una lesión patrimonial, la
consumación se puede dar sin esa lesión, requiere la efectiva separación del bien
de la esfera de tenencia de la administración. Lo cual indica que es perfectamente
admisible la tentativa.
AUTOR:
Funcionario que tiene competencia para administrar, percibir o custodiar los
caudales o efectos.
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
Admite cualquiera de las formas de participación.
CULPABILIDAD:
El dolo, el conocimiento. El dolo eventual funciona típicamente.
Demora justificada del pago
Art. 225
Al funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare
injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad competente.
ACCIÓN TÍPICA:
Demora el pago a quienes no lo realizan en el tiempo debido en el tiempo
de acuerdo con la ley, el reglamento o la costumbre administrativa, lo que se
demoran son los pagos ordinarios o los decretados: los primeros los que la
administración efectúa periódicamente de acuerdo con su presupuesto u otra
fijación propia, los segundos son los dispuestos por resolución especial de la
autoridad en especificas relaciones jurídicas.
ELEMENTO NORMATIVO:
Puede llegar a ser atípica si la demora está justificada por cualquier causa
de las previstas en el Art 225.
CONSUMACIÓN:
La omisión de pagar en el tiempo debido que no admite tentativa.
AUTOR:
Es el funcionario público que tiene a su cargo hacer efectivo el pago o dar la
orden para hacerlo.
CULPABILIDAD:
Es el delito doloso en el conocimiento de que se debe efectuar el pago y del
tiempo en que debe hacerse y la voluntad de demorarlo arbitrariamente. Es
incompatible con el dolo eventual.
NEGATIVA A ENTREGAR BIENES
Art.225
El funcionario público requerido por la autoridad competente, rehusare
entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o
administración, sino el normal ejercicio de la actividad de la administración.
ACCIÓN TÍPICA:
Es rehusarse a entregar una cantidad o efecto, que el autor administra o
custodia cuando a mediado requerimiento, de la autoridad competente para hacerlo.
Rehúsa el que se niega explícita o implícitamente la entrega de los objetos.
OBJETOS:
Son cantidades o efectos.
CANTIDADES:
No cualquier especie de bien material queda comprendida, sino aquellas en
que los bienes pueden ser determinados por cantidad, el funcionario puede cometer
el delito de que se niegue a entregar una cantidad de dinero o una cantidad de
cereal, pero que se niegue a entregar un bien unitariamente determinable o un
conjunto de bienes determinables, sin perjuicio de que pueda quedar comprendido
en otros delitos de este mismo título. En cuanto a los efectos, la doctrina les asigna
el mismo concepto que vimos en la ley.
CONSUMACIÓN:
Es el rehusamiento formal y material, o sea la negativa corroborada por la no
entrega. No admite tentativa.
AUTOR:
Es el funcionario que, en razón de su cargo custodia o administra la cantidad
o los efectos, no es autor el funcionario que lo tiene, pero no en razón de su cargo,
sino por otro motivo, aunque sea funcional
CULPABILIDAD:
El dolo reclama el conocimiento de la situación de los bienes y del
requerimiento formulado por la autoridad competente para su entrega y la voluntad
de rehusar arbitrariamente el dolo directo.
FIGURA BÁSICA
El funcionario público que abusando de su cargo exigiere o hiciere pagar o
entregar indebidamente, por si o por interpuesta persona, una contribución, un
derecho o una dadita o cobrase mayores derechos que los que corresponde.
ACCIONES TÍPICAS:
Exigir es reclamar, demandar, no exige el que solicita, sino el que demanda
imperiosamente. Hacer pagar es hacer dar dinero o documento con poder cancela
torio. Hacer entregar es hacer dar algo que tenga valor o que cumpla con una
función económica. Cobrar es percibir en pago.
ELEMENTO NORMATIVO:
El agente que tiene que realizar las acciones abusado del cargo que
desempeña actuando en carácter que inviste dentro de la administración pública
Cuando exige o cobra invocando funciones que no le corresponden podrá cometer
otros delitos contra la administración.
OBJETOS:
Son las contribuciones, derechos o dádivas
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
La consumación no es idéntica en todos los supuestos típicos. Cuando la
exacción se traduce en exigir sin que sea necesario que el pago se produzca, el
objetivo se entregue, o la dádiva sede. Un delito de actividad y que no admite
tentativa. Hacer pago o entregar, por el contrario, es un delito de resultado habiendo
provocado la conducta del sujeto pasivo que se determina en el pago efectuado o
en la entrega realizada. El cobro se perfeccionara con la percepción de lo excesivo.
Admite tentativa.
AUTOR:
El funcionario publica queda comprendido para actuar al margen de su
competencia.
CULPABILIDAD:
El dolo necesita el conocimiento del elemento normativo contenido en el tipo,
el agente tiene que saber que actúa indebidamente, excluye, el autor tiene que
saber que actúa arbitrariamente y con la voluntad de hacerlo de ese modo, lo cual
implica que solo cabe el dolo directo.
FIGURAS AGRAVADAS
Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión,
mandamiento judicial otra autorización legitima en la figura básica es una exigencia,
en la que ahora examinamos es una exigencia que se acompaña con una
intimidación especifica que se da a través de los medios taxativamente
determinados por el tipo.
INTIMIDACIÓN:
Implica la amenaza de sufrir un mal relativamente determinado que el autor le
presente, concretamente, la posibilidad de ocurrencia del mal futuro, aquella no
pasa de la exacción simple, esta es la que constituye la agravada.
ENGAÑO:
Por la invocación de orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra
autorización legítima ataca la orden de autoridad: el autor se presta falsamente
como un intermediario ejecutor de la orden.
ACCIONES TÍPICAS:
La norma contemplada en un delito de doble actividad, el agente tiene que
haber intervenido como autor o participe de algunas de las exacciones previstas en
lo Art. 217 y 220, y agregar a esa conducta la convección de producto de ellas en
particular provecho o en la de un tercero.
Convertir significa dar a lo retraído un destino distinto del que invoco como
motivo de la detracción, es decir, no ingresarlo en la administración haciéndolo
entrar en El patrimonio propio o de un tercero.
OBJETO:
La expresión convierte, indica, que el objeto tiene que haber sido exigido o
percibido para la administración. La prestación que el funcionario requiere para sí
con conocimiento de la victima de ese destino no es exacción, no puede ser
convertida y no cabe en la tipicidad de la concusión.
CONSUMACIÓN:
Se consuma con la segunda actividad necesaria, con la conversión de lo
obtenido mediante la exacción en provecho del agente o de un tercero que implica
transferencia a los patrimonios particulares.
CULPABILIDAD:
El dolo se particulariza por la duplicidad de conductas.
2.4.2. Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados.
UTILIZACIÓN DE INFORMACIONES Y DATOS RESERVADOS
El funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para unas
terceras informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado
conocimiento en razón de su cargo.
ACCIÓN TÍPICA:
Es utilizada con fines de lucro, para sí o para un tercero, las informaciones
o datos.
Algunas doctrinas suponen que esa utilización la realice directamente el
funcionamiento por medio de la aplicación del dato o información en operaciones o
negaciones con la que espera obtener el lucro, en tanto los utiliza para lucrar el
que emplea en su forma de dato o información, con el que los entrega a un tercero
por un precio, ya que no cabe duda de que también los utiliza con fines de lucros
en ese caso.
INFORMACIONES Y DATOS:
Ser aptos para utilizarlos con fines lucrativos de carácter reservado, además
de datos o informaciones que el autor allá conocido en razón de su cargo, el
conocimiento debe ser adquirido en el desempeño de la función.
ELEMENTO SUBJETIVO:
Debe ir enderezada a la obtención de un lucro que beneficie al mismo
funcionamiento o a un tercero, cualquier otra finalidad colocara una conducta
fuera del tipo salvo, por supuesto, coexista con ella la finalidad lucrativa.
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
El delito se consuma con la ampliación el dato o información
AUTOR:
El funcionario público debe poseer la calidad, tanto de adquirir el
conocimiento del dato o información reservados para utilizarlas.
CULPABILIDAD:
El dolo se especifica a trabes del elemento enunciado en el tipo,
cognoscitivamente es menester que se conozca el carácter del dato o
información, y voluntariamente que se los quiera utilizar con la finalidad típica, lo
cual descarta cualquier posibilidad de reconocer el dolo eventual.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
El Art.: 224 contempla:
Al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de personas interpuestas para
disimularlo, posterior a la Asunción de un cargo o empleo público. La prueba que
ofrece de su enriquecimiento se conservara secreta a su pedido.
El delito trata de prevenir aquellas conductas anormales que persiguen el
aumento de logros patrimoniales, prevaliéndose de la condición de funcionario
público por parte del agente.
ACCIÓN TÍPICA:
Es la de no justificar la procedencia de un enriquecimiento ilícitamente y
que la no-justificación es una condición de publicidad. Si no fijamos bien en la
escritura típica, veremos que la conducta castigada es la de no justificar el
enriquecimiento; esto es algo que preexiste en esa acción, existe la posibilidad de
un enriquecimiento perfectamente lícito, pero si el agente se niega a probar que lo
es, igualmente podría encontrar cabida en el Art. 224 y 225.
No justificar alude a la falta de acreditación de la procedencia del
enriquecimiento, ya provenga de una negativa expresa o implícita. La ley de
ningún modo exige que se pruebe "el origen licito del incremento" se requiere la
acreditación de una causa de enriquecimiento extraña al desempeño de la
función.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO:
No debe poder justificar un enriquecimiento patrimonial apreciable posterior
a la Asunción del cargo; es decir el incremento patrimonial, apreciable cuando
resulta considerable con relación a la situación económica del agente en
momento de asumir el cargo y que no esté de acuerdo con las posibilidades de
evolución normal de aquella durante el tiempo de desempeño de la función en el
periodo ulterior a su sede anterior a la producciones requerimiento.
REQUERIMIENTO:
La omisión de justificar es típica si ha mediado un requerimiento especifico,
es la prueba de la procedencia de lo indicado como enriquecimiento mientras el
funcionario ocupa cargos públicos o en cualquier momento posterior al de haber
cesado la función.
REPAROS CONSTITUCIONALES:
La doctrina muestra dudas en el orden constitucional lo cual no implica
desconocer los vicios estructurales del tipo que plantea los problemas.
CONSUMACIÓN:
Un delito de omisión que se consuma cuando, vencidos los plazos fijados
para contestar al requerimiento o, en su defecto, transcurrido los plazos
procésales permitentes para ejercer el derecho de la defensa, el agente no
justifica suficientemente la procedencia de su enriquecimiento
La tentativa es inadmisible.
AUTOR:
Solo puede serlo un juez que integre de modo permanente los cuadros del
poder judicial o que lo haga circunstancialmente en carácter de conjuez.
CULPABILIDAD:
Es un delito doloso, requiere necesaria y específicamente contradicción
entre lo invocado y lo decidido. El dolo es directo.
DENEGACIÓN Y RETARDO DE JUSTICIA
CARÁCTER DE LOS DELITOS
Son formas de infidelidad o deslealtad del agente aparecer en omisiones
que constituyen un doloso desconocimiento de la ley, que paraliza o retarda el
desarrollo de la función garantizadora de los derechos del individuo o de la
sociedad frente a su desconocimiento por terceros.
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
Juez que se negare a juzgar con pretexto de oscuridad, insuficiencia o
silencio de la ley.
ACCIÓN TÍPICA:
Es la de negarse a juzgar la negativa debe ser juzgar, a decidir sobre algo,
aunque no sea controvertido, a emitir un juicio sobre un pedimento que sé ha
formulado al agente como representante del órgano jurisdiccional; cualquier
negativa a decidir queda comprendida, sea que la decisión ponga o no-fin a la
causa; hasta puede versar sobre la procedencia o improcedencia de los actos
impulsores del proceso, sino que se niega a juzgar en la que interviene.
La invocación de otros motivos distintos deja el hecho fuera del tipo,
aunque pueda construir otros delitos contra la administración.
CONSUMACIÓN:
Se da con negativa, explícita o implícita, contenida en su providencia visible
específicamente o que la contiene necesariamente. La tentativa no se muestra
posible por la estructura que informa en última instancia el delito.
AUTOR.
Un juez
CULPABILIDAD:
El delito es doloso.
RETARDO DE JUSTICIA
El juez que retardare maliciosamente la administración de justicia después
de ser requerido por las partes y vencidos los términos legales.
ACCIÓN TÍPICA:
Aquí cabe una serie de actividades que no se reducen exclusivamente al
dictado de resoluciones, se tratara de toda las actividades que constituyen el
desarrollo de la actividad jurisdiccional del agente como las de recibir
declaraciones, fijar audiencias, practicar infecciones, etc., La justicia no se
administra solo con resoluciones.
REQUERIMIENTO Y PLAZOS:
Es necesario que haya mediado requerimiento de parte para que el
magistrado realice la actividad y estén vencidos los plazos legales para llevarlos a
cabo.
MALICIA DEL RETARDO:
Aquí enunciada se refiere a una expresa voluntad de retardar, que excluye
no solo el supuesto de culpa, sino cualquier posibilidad de admitir situaciones de
dolo eventual.
CONSUMACIÓN:
Un delito de omisión que se consuma cuando, habiendo mediado el
requerimiento, vence él termina legal o reglamentariamente fijado sin que se haya
cumplido la actividad. Inadmisible la tentativa.
CULPABILIDAD:
FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES Y EN INFORMES DADOS A
UNA AUTORIDAD
a) Figura Básica
EL BIEN JURÍDICO – El Art. 247, no se transcribe por obvio de repetición
al que examinado por la autoridad judicial como testigo, perito o intérprete que
afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su
deposición informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad
competente.
ACCIONES TÍPICAS:
Afirma una falsedad quien expresa como verdadero lo que no es, afirma lo
que se asegura, no el que presenta lo que no es verdadero como mera
posibilidad. Negar la verdad en una afirmación falsa al revés; Se afirma que no es
verdadero un hecho que se sabe que no es; no es simplemente negar que se
sabe. Callar la verdad, dejar de afirmar lo que se sabe, como negar que se sabe
algo en realidad se sabe, lo uno es reticencia e implica silencio, esto, la afirmación
de que no sé lo que ocurrió. El agente cumple su deber de testigo. Perito,
intérprete o traductor; tienen que ser actos formal y sustancialmente idóneos para
introducir un error relevante en la estimación que el juez debe realizar.
La autoridad competente mencionada por la ley es que de conformidad con
las leyes y los reglamentos, es la facultad para recibir declaraciones, requiere
informes o disponer interpretaciones o traducciones a fin de resolver un conflicto
de carácter, la falsedad puede ser perseguida por otras figuras, pero no como
falsos testimonios, ya que la ley no hace distinciones.