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Chiapas: crónica de una

• ^ negociación Marco Antonio Bernal Gutiérrez Miguel Angel Romero Miranda

Tomo I

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Chiapas: crónica de una negociación

D i c i e m b r e d e 1994-Marzo d e 1997

Marco Antonio Bernal Gutiérrez • Miguel Angel Romero Miranda

T o m o I

D.R. © Rayuela Editores S.A. de C.V.

ISBN 968-7293-24-1 Colorado 71-3, Colonia Nápoles, 03810

México, D.F. Tels: 536 77 74,687 66 18,543 54 50

Fax: 687 67 71 RED 920929P42

Portada; Cuestión de gráficas

mixta sobre papel María Elena Jiménez Huerta, 1982.

Reservados todos los derechos. El contenido de este libro no podrá ser reproducido total ni parcialmente, ni almacenarse en sistemas de reproducción, ni transmitirse por medio alguno sin el permiso previo y por escrito de los editores.

Impreso en México Marzo 1999

r I

A nuestros hijos:

Marco Antonio y Andrés Bernal Miguel Ángel y Héctor Alonso Romero

"Dialogar es litil. Siempre sirve

índice Tomo I

Presentación n

Prólogo 17

Diciembre, 1994 V 2 7

Enero, 1995 45

Febrero, 1995 , 59 •

Marzo, 1995 85

Abril, 1995 101 .

Mayo, 1995 117

Junio, 1995 137

Julio, 1995 159

Agosto, 1995 173

Septiembre, 1995 191

Octubre, 1995 209

Noviembre, 1995 233

Diciembre, 1995 249

Presentación

Presentación

El trabajo que hoy ponemos a la disposición de todas aquellas per-sonas, establecimientos educativos, centros de investigación e instituciones públicas y privadas en general, preocupadas por las

particularidades que viene adquiriendo el proceso de paz en Cliiapas, cubre el espacio de tiempo que va del inicio del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León el día 1 de diciembre de 1994 hasta el 31 de marzo de 1997, fecha en que concluyen los trabajos de la delegación gubernamenta l encabezada en ese entonces por Marco Antonio Bernal Gutiérrez y Jorge del Valle.

Es fácil advertir el retraso en la publicación de este esfuerzo por co-laborar en la difícil tarea de escribir una historia tan compleja y, por tanto, de tan múltiples y discrepantes opiniones; mas valga como disculpa lo siguiente: la obra que hoy presentamos a la opinión pública se sustenta en un intenso trabajo de captura, ordenación y sistemati-zación de datos, base fundamental en la redacción final del trabajo, empeño por desgracia realizado sin la continuidad requerida, debido a los compromisos políticos que adquirieron los autores después de su encomienda gubernamental en Chiapas.

Además, vale mencionarlo, una vez concluida la crónica se hizo necesario evaluar la conveniencia o no de publicarla. La inquietud era válida; si ya existían decenas de obras sobre el tema ¿para qué un nuevo ejemplar sobre el conflicto en Chiapas? ¿Qué justificaba una nueva edición referente al problema? Los comentarios sobre los primeros bo-rradores efectuados por varios especialistas en la materia consultados al respecto nos animaron a la impresión del escrito. La decisión se basó en dos razonamientos: uno, se consideró que sería el pr imer libro realizado por personajes que participaron en las pláticas de paz con el EZLN representando al gobierno mexicano; dos, a pesar d é la gran cantidad de publicaciones sobre el fenómeno zapatista, hasta el momento no existe xma crónica sobre el conflicto.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar también el hecho de que en la creación de este texto mucho tuvo que ver la sugerencia que el ex presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, le hiciera en aquel momento al coordinador de la delegación guberna-mental en las pláticas de paz en Chiapas, Marco Antonio Bernal Gu-tiérrez, en el sentido de elaborar una crónica dirigida a la población en

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general, en que quedara plasmada la visión que sobre el conflicto tenía la parte gubernamental.

Lo que el lector encontrará en esta crónica es el relato de lo ocurrido durante poco más de dos años en Chiapas; escrito agrupado, jerar-quizado y narrado por personajes que participaron representando al gobierno federal en las negociaciones de paz con el EZLN. En razón de ello, y sin desmedro de la objetividad en lo narrado, a lo largo de la ordenada relación de acontecimientos que el escrito ofrece, el lector hal lará el p u n t o de vista del gobierno al respecto y en relación, frecuentemente encontrada, con otros pvmtos de vista.

La crónica tiene como materia pr ima un abundan te banco de información alimentado desde enero de 1993. Las intensas discusiones colectivas realizadas en el Instituto Nacional de Solidaridad dieron la pauta para emprender un seguimiento puntual de lo que por aquellos días sucedía en Chiapas.

Durante ese periodo únicamente se recopiló la información que publicaba el periódico La Jornada, pero a partir del 1 de enero de 1994, a raíz del levantamiento del EZLN, se incorporaron al seguimiento de prensa dos periódicos más: El Universal y Excélsior, y a partir de la conformación de la delegación gubernamental encabezada por Marco Antonio Bernal el rastreo incluía ya a ocho rotativos nacionales.

Así, durante 24 meses y medio se almacenaron más de cuatro mil notas periodísticas, cada una de ellas desglosada en doce distintos cam-pos o rubros: fecha, fuente, estado, municipio, vocero, organización, página, tema, subtema, sector, suma y síntesis. De esta manera, las notas capturadas recuperaron de manera ordenada y sistematizada los di-versos sucesos ocurridos en todos los municipios de Chiapas, las declaraciones realizadas en lugares distintos a la entidad y los artículos, editoriales y columnas que hacían referencia directa a la problemática que enfrentaba este estado del sureste mexicano.

Como ya antes mencionamos, la crónica abarca el periodo que inicia el 1 de diciembre de 1994 y termina el 31 de marzo de 1997. Cada capítulo empieza con tma pequeña introducción que resume los principales acontecimientos ocurridos en el mes y se anticipan algunos resultados. La exposición se hace agrupando en forma temática los sucesos para, posteriormente, desarrollarlos en orden cronológico. El diálogo por la paz es el elemento central que ordena la narración, cuestión que no impide que se incluyan una serie de temáticas que de manera directa o indirecta influyeron sobre las particularidades de su desarrollo. De esta forma, se encuentran presentes en la crónica, entre otros, diversos

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problemas que van desde los conflictos agrarios hasta los enfren-tamientos armados en la entidad, pasando por las disputas religiosas y las actividades del EZLN fuera de la mesa de diálogo.

Partiendo del hecho de que en el futuro contar esta historia será un duro reto para los historiadores por la complejidad y diversidad de temas, actores e intereses que confluyeron durante el periodo descrito, los autores se podrán sentir satisfechos si al final fueron capaces de presentarle a los lectores en forma ordenada, coherente y, sobre todo, clara, la realidad de lo acontecido en Chiapas durante poco más de dos años.

Por último queremos dejar constancia de que participar en la delegación gubernamental ha sido la experiencia política más en-riquecedora de nuestra vida. Ahí conocimos, entre otras muchas cosas, a un grupo de servidores públicos con una infatigable voluntad negociadora y que nunca escatimaron esfuerzo alguno paira encontrar propuestas tendientes a resolver los problemas que originaron el conflicto. Siempre pendientes de anteponer los intereses del país sobre cualquier otro.

Sirva este espacio para manifestar públicamente nuestro agrade-, cimiento al general Tomás Ángeles Dauahare, Jorge del Valle, Javier Zenteno, Norberto Tapia, Francisco Ríos Zertuche, Cuitláhuac Bardan, Roberto Al varado, Gustavo Hirales, Eduardo Pascual, Luis Manuel Ro-bles, José Luis Cuéllar, el coronel Felipe Curróla, Horacio Vázquez, Guillermo Maynez, Luis Mendoza y David Campos.

Mención especial merece el grupo de colaboradores que llevaron a cabo la ardua tarea de seguimiento y clasificación de información: José Luis Navarro, Javier Gutiérrez, Raúl Alejandré y Mónica Moreno.

Marco Antonio Bemal Gutiérrez Miguel Ángel Romero Miranda

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Prólogo

Prólogo

La historia es la lucha de la memoria contra el olvido, dice Milán Kundera. Y tiene razón, porque la memoria histórica de los pueblos suele ser, por desgracia, débil, más aún cuando la

información se ha integrado al mundo del espectáculo y ésta se brinda en forma tan condensada como multiplicadora.

Hacer memoria de los grandes sucesos históricos, sobre todo cuando quienes intervinieron en ellos se convierten en actores de ese ejercicio, es doblemente meritorio, particularmente porque entre los muchos defectos de nuestro quehacer político nacional presentar cuentas y explicar los contextos de una responsabilidad pública, no suele ser la norma. Principalmente cuando está en juego el desempeño de una labor clave, estratégica, como es la búsqueda de acuerdos de paz en Chiapas, unas negociaciones que han recorrido un camino tan difícil como controvertido.

Por eso, para evaluar en toda su magnitud el esfuerzo reflejado en estas crónicas que presentan Marco Antonio Bernal y Miguel Ángel Romero, se debe hacer historia y prospectiva. Se debe recurrir a la me-moria contra el olvido.

El que le tocó encabezar a Bernal, fue el más ambicioso de todos los procesos de pacificación que se han dado en estos cinco años y el más frustrante porque, siendo el único que estuvo realmente cerca de llegar a acuerdos de fondo, fracasó por la falta de voluntad política de muchos actores, por las ambiciones personales de otros, e incluso devino, posteriormente, en un retroceso que se reflejó en la masacre de Acteal.

No se puede comprender este texto sin recordar lo que ocurrió después y ocurre hasta el día de hoy, una vez que ese proceso de paz —que concluyó, por lo menos en esa fase en marzo de 1997— fracasó.

Negociar la paz en Chiapas, después de los diálogos en la Catedral y de aquel casi surrealista periodo encabezado por Manuel Camacho, sería casi imposible. Cuando los zapatistas rechazaron los acuerdos de paz de marzo de 1994, en el marco del asesinato de'Luis Donaldo Colosio y de una brutal desestabilización del país, Camacho no sólo perdió las aspiraciones presidenciales que entonces había construido en torno a ese proceso, sino que también se derrumbó toda una estrategia que, analizada con objetividad, estaba destinada, desde el principio, al fracaso.

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Vendría la parálisis; durante los meses en que el actual procurador Jorge Madrazo se hizo cargo de la negociación de paz no pudo, siquiera, establecer contacto con el EZLN, ni existían condiciones para hacerlo, en medio de una accidentada sucesión y sin focos claros de poder que pudieran establecer acuerdos y obligar a cumplirlos. Áun así, pese al rechazo zapatista, la administración de Carlos Salinas de Gortari cumplió con todos esos acuerdos de San Cristóbal como si estuvieran vigentes y hubiera reciprocidad, incluyendo el que se convertiría posteriormente en el más controvertido y el que mayores costos políticos, económicos y sociales provocó: desproteger a una larga franja fronteriza que quedó, como buena parte del territorio en conflicto, bajo exclusivo control zapatista. Las fuerzas de seguridad y el Ejército debieron abandonar esa zona que se convirtió, en ima decisión insólita para un gobierno soberano, en una suerte de zona liberada, entregada a una organización que apenas tres rheses antes había declarado la guerra al Estado mexicano. De ese grave error y de ese abandono surgieron muchos de nuestros problemas actuales, comenzando por im feroz enfrentamiento intracomunitario que ya ha ocasionado más muertos en la región que el propio conflicto armado.

El 18 de diciembre del 94 el zapatismo intentó redoblar la apuesta, a través de una masiva declaración de municipios autónomos. Siguió, inmediatamente después, el avance militar para recuperar el confrol de la franja fronteriza y de la mayoría de esa zona y xm largo periodo de indefiniciones que van desde la reunión del entonces secretario de Go-bernación, Esteban Moctezuma, con Marcos en enero del 95, hasta, tres semanas después, el llamado "desenmascaramiento" de Marcos, la divulgación de su verdadera identidad y de muchos de los verdaderos nexos y relaciones del zapatisrrio, la decisión de encarcelar a sus dirigentes a la que rápidamente se le dio marcha afrás y, por el contrario, se concedió la salida del entonces flamante gobernador Eduardo Robledo.

Pero a partir de allí y con las órdenes de aprehensión sobre varios de los dirigentes zapatistas y acotado su espacio territorial, comenzaría una nueva fase de la negociación marcada, además, por la turbulencia política de aquellos meses y la convulsión que devino de la crisis financiera de diciembre de 1994.

El 28 de junio del 95 fue designado Emilio Chuayffet secretario de Gobernación, y sé aceptó en los hechos, una nueva estrategia de ne-gociación con el EZLN. A partir de allí, con mucha mayor claridad que en los meses anteriores, Marco Antonio Bemal encabezó los esfuerzos

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de pacificación con el EZ: fue la única etapa de negociaciones serias y en las cuales el EZLN estuvo dispuesto a aceptar la paz e incluso a dejar las armas.

El acuerdo que estaba a punto de obtenerse a mediados de 1996 se desmoronó por varios factores: por un Emilio Chuayffet que, convencido entonces de sus posibilidades de obtener la candidatura presidencial, prácticamente se quedó con el proceso de negociaciones pero le dio otro sentido hasta llevarlo al empantananüento; el rechazo del acuerdo por parte del obispo Samuel Ruiz, quien en forma terminante y pública desmintió que fuera el momento para que el EZLN dejara las armas, exigiendo un espacio en un acuerdo donde comenzaba a ser desplazado por la sospechosa aparición del EPR que actuó en forma de guerrilla dura y como una respuesta a las tímidas intenciones de llegar a ese acuerdo de paz; la inconsecuencia y el integrismo del propio EZLN que, incluso, organizó, como ahora lo vuelve a intentar, una consulta nacio-nal para que la sociedad decidiera si dejaba o no las armas y, sorprendi-do por el abrumador resultado que lo llamaba a convertirse en una fuerza política legal, lo que decidió fue archivar la consulta con sus resultados y nimca más volver a recordarla.

Los costos de la inconsecuencia La confirmación de que el abandono de la estrategia que.se había elaborado a partir de los diálogos de San Andrés tendría consecuencias graves para el estado e incluso para quienes la promovieron, se dio el 22 de diciembre de 1997, con la masacre de Acteal, donde 43 personas, sobre todo mujeres y niños, fueron emboscadas en la ermita de un poblado de Los Altos chipanecos, no demasiado lejos de San Cristóbal de las Casas. Las víctimas y los victimarios no se diferenciaban dema-siado: todos eran pobres, todos eran indígenas y campesinos, todos tenían rencores añejos.

El conflicto se inició por la expropiación de los "zapatistas" de un banco de arena que era de los "carderústas", a los que apoyaron los "priístas" y todos terminaron matándose entre sí durante meses. El pimto culminante de ese proceso fue la masacre, tan incomprensible como irracional en términos de normalidad política, pero que en el contexto que vive Chiapas resultaba hasta previsible. Un año después, con el primer aniversario de Acteal, en im contexto difícil, de dura confrontación y en

' un ambiente plagado de provocaciones, se realizó una emboscada de supuestos comandos "zapatistas" contra los pobladores "priístas" del poblado de Plátanos, dejando un muerto y una decena de heridos.

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Plátanos es tm poblado colgado de la sierra que alguna vez fue, gracias a los ejidos cafetaleros, próspero y no demasiado violento. Plátanos está casi frente a ima población más pobre pero con similares características: El Bosque, con la única diferencia de que mientras en el primero la mayoría de sus habitantes se definen como "priístas", los de El Bosque son "zapatistas".

Las divisiones políticas dentro de la propia comunidad provocaron la ruina de Plátanos. Poco después de iniciado el conflicto armado en Chiapas llegaron al pueblo irnos encapuchados que dijeron ser del EZLN y repartieron algunas armas automáticas entre quienes aceptaron entonces ser sus simpatizantes. Comenzaron los enfrentamientos internos, hasta que tres familias zapatistas abandonaron la población para cobijarse en El Bosque. En Plátanos se quedaron los "priístas" (una denominación genérica, estereotipada, que se utiliza para designar, más que a los verdaderos simpatizantes del tricolor, a todos los que se oponen al EZLN o al obispo Samuel Ruiz). Pero los "zapatistas" que aban-donaron el pueblo (que fuera de las armas tampoco tenían demasiada relación orgánica con el EZ), se apostaron en la vera del único camino que permitía el acceso al lugar. Cada vez que alguien quiere entrar o salir o quiere ir a trabajar sus tierras que están ubicadas en los valles cercanos, esos pobladores "priístas" Son emboscados por tres o cuatro "zapatistas" que los tirotean con escopetas y armas largas. Hace dos años que persiste esta situación.

En 1997, esa comunidad hizo una petición por escrito al gobierno estatal, solicitándole que buscara im mecanismo de negociación con los zapatistas que les permitiera transitar por la zona y trabajar sus cam-pos. La respuesta fue desconcertante: se les dijo que negociaran ellos, en forma directa, con el EZLN, incluso se les recomendó que mandaran una delegación a La Realidad para ello. Por supuesto que no hubo negociación algima pero sí una brutal polarización, aún mayor, en la zona: era el mejor ejemplo de las consecuencias de la presdndencia del Estado y de la ausencia de una negociación seria.

Los pobladores de Plátanos están literalmente hartos y han crecido los enfrentamientos intercomunitarios con sus vecinos zapatistas de El Bosque. Lo cierto es que los que emboscan y los emboscados, quienes entran o salen de Plátanos, son de una misma familia: son igual de po-bres y desamparados. Después de la última emboscada en Plátanos, organizaciones prozapatistas denunciaron im ataque contra pobladores de El Bosque. Es posible: en un ambiente de confrontación como el que se ha creado en la zona no se puede siquiera pensar que esos enfrenta-

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mientos no se produzcan. Sin duda, los habitantes de El Bosque podrán contar relatos terribles, pero lo cierto es que las comunidades continúan amenazándose con matarse entre sí y nadie parece estar haciendo algo para impedirlo.

Lo mismo ocurrió en Acteal: el ataque fué el punto final de una serie interminable de agresiones recíprocas entre "prozapatistas" contra "cardenistas" y "priístas". Pero fue tm ataque anunciado: durante semanas se preparó el clima para el mismo; durante semanas funcio-narios policiales y gubernamentales supieron cómo se estaban dando las cosas y no actuaron. Durante esas mismas semanas las organizaciones de derechos humanos dependientes de la diócesis de San Cristóbal supieron que se estaba preparando el ataque y tampoco nada se hizo para impedirlo. El mismo día que se produjo la matanza, un hombre que sabía lo que sus paisanos iban a hacer, fue a la policía de San Cristóbal, a la procuraduría indígena, a las oficinas de la diócesis y de las organizaciones de derechos humanos para advertir que estaba en marcha la masacre y en ninguna de esas oficinas se hizo algo para evitarla.

La ruptura interna en las comunidades ya es demasiado profunda, demasiado sangrienta. Ese es, hoy, el mayor drama chiapaneco. Eso es lo que suelen olvidar, ignorar, la gran mayoría de los involucrados, de uno u otro lado en el conflicto y que se había mitigado durante el periodo de negociación que reseñan estas crónicas. Hoy se olvida que, muy probablemente, la situación ha evolucionado de forma tal que, aunque se firme la paz en Chiapas, aunque el EZLN decida dejar las armas, aunque los grupos armados de otros signos políticos hagan lo mismo, aunque el día de mañana Rafael Sebastián Guillen sea tm respetable político nacional, se han creado las condiciones para que, dentro de las propias comunidades, los odios y los enfrentamientos persistan, y con ellos la violencia y la falta de justicia. Todo ellb debería estar en la me-moria cuando se lean estas crónicas de una negociación de paz que merecía, sin duda, haber corrido con mucha mejor suerte.

¿Alguien busca la paz? Luego de un largo silencio, y como consecuencia de un prolongado reflujo de su popularidad política, el zapatismo ha anunciado que re-gresará al diálogo, pero sólo "con la sociedad civil".

Es absurdo y demuestra la composición del caso chiapaneco. Cuando realmente se busca la paz se dialoga para llegar a determinados objetivos que en toda negociación deben ser muy precisos: en Irlanda, el Sein

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Fein no dialoga con la "sociedad civil" para alcanzar la paz en Irlanda del Norte, lo hace con las autoridades locales e incluso con lo que de-nomina fuerzas de ocupación británicas, y gracias a esos encuentros que han sido difíciles, duros, se llegó a un objetivo concreto: im principio de acuerdo de paz con base en márgenes de autonomías regionales que no implican la independencia de Irlanda del Norte, pero sí un espació de autonomía, convivencia y tolerancia recíproca. Eñ España, im grupo terrorista como ETA acepta dialogar para buscar la paz, pero no con "la sociedad civil" sino con el gobierno español para tratar de lograr objetivos similares a los irlandeses. Proponer en Chiapas el diálogo con la sociedad pero no con el gobierno es plantear una puesta en escena con efectos propagandísticos que no llegan a objetivos pacificadores. Y en ello han quedado atrapados hasta los miembros de la Cocopa.

En vma forma por demás insistente, la Cocopa (que tuvo su parte de responsabil idad en el juego de protagonismos que arruinaron la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz en 1996) ha buscado, xma y otra vez, establecer caminos para el diálogo y siempre, desde 1997, han sido rechazados. Los legisladores llegaron a congelar la iniciativa para los pueblos indígenas con el fin de poder discutirla con los zapatístas y éstos simplemente se han negado.

Que al senador Carlos Payán (un hombre que es sencillamente imprescindible para poder tener interlocutores viables en un verdadero proceso de paz en Chiapas), y que como él mismo dijo, cuando fue el director de La Jornada^ les dio el espacio y la voz a los zapatistas, no se le permita ni siquiera hablar en un encuentro con los zapatistas indica que estamos ante una situación grave en el seno del propio EZLN, que, por primera vez en forma clara desde que comenzó el conflicto en 1994, está perdiendo la batalla de los medios y se muestra, y no es tm eufemismo, sin máscaras. ,

i Payán los calificó como polpotianos, porque la organización que en los stenta construyó Pol Pot, el famoso Khremer Rouge, y que tomó el poder en Camboya en 1975, se convirtió en el símbolo de la intolerancia, de la incapacidad de aceptar el diálogo, de querer acomodar la realidad a sus propios deseos, desde la propia izquierda. Nunca tm gobierno proveniente del pueblo y de la izquierda, que llegó al poder supues-tamente con las mejores intenciones, cometió tantos crímenes contra su propio pueblo: la mitad de la población camboyana pereció en el experimento que duró apenas un lustro.

Proveniente del gobierno, aunque elaborada con mucha menor convicción, el zapatismo rechazó otra oferta de diálogo que le había

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sido enviada a través de la Cocopa. ¿Qué ofrecía el gobierno federal hace apenas unos meses? Primero, que él estaría dispuesto a discutir en im encuentro con el EZLN un nuevo esquema de diálogo sin idea alguna preconcebida. Segundo, que el EZLN fijara el lugar y la fecha para el mismo y que el gobierno asumiría las consideraciones operativas. Tercero, que la agenda de ese encuentro se podría construir con base en las cinco demandas del EZLN más los temas que preocupan al gobier-no federal. Tenía un agregado que especificaba que las llamadas cinco condiciones del EZLN no se podrían cumplir antes de ese encuentro porque son tan genéricas que su aceptación se vuelve discrecional, y que por lo tanto podría profundizarse en ellas precisamente en ese primer encuentro. Para los representantes del mando zapatista simplemente no hubo nada qué discutir ni negociar.

Evidentemente, es mejor alguna forma de contacto que el silencio, es mejor la política —así sea tortuosa— que las posibilidades de violencia, pero la indefinición deja todo como suspendido, atado con hilos, abandonado a la volimtad de actores no siempre públicos. Porque el tema real en Chiapas ya no es hoy los grandes acuerdos de paz sino la pacificación de la zona de conflicto, incluyendo sobre todo, la creciente violencia que se ha generado entre las propias comunidades divididas internamente.

Ése debería ser el objetivo de ün diálogo futuro: la pregunta es si el EZLN está dispuesto a dialogar para llegar a la pacificación de la zona (contemplando todos los requisitos y exigencias que ello impone a las autoridades y partidos) pero aceptando que esa pacificación, en última instancia, nunca será completa sin dejar las armas. Y el EZ podría estar dispuesto a dialogar sobre muchas cosas, menos sobre el desarme (incluido, por supuesto, el de todos los demás grupos armados de cualquier signo que operan en la región) y de su transformación de una fuerza militar en ima política. Y allí está, en buena medida, el secreto para la pacificación chiapaneca.

Haber tocado el tema de las armas fue, en síntesis, la causa real por la cual, allá, a mediados del 96, el intento de paz que estas crónicas sintetizan, fue boicoteado por muchos actores políticos: se podían negociar muchas cosas, pero cuando se abordó la pacificación real, todo, como en la canción, se derrumbó. Por algo habrá sido.

Jorge Fernández Menéndez

México D.F., 1 de marzo de 1999.

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Diciembre, 1994

Diciembre, 1994

Ci uando el presidente Zedillo tomó posesión de su cargo, el primero de diciembre de 1994, habían transcurrido nueve meses sin que el gobierno y el EZLN miantuvieran negociaciones de

paz. En Chiapas se vivía vma situación de incertidumbre y de tensión social. El día 8 de ese mes se realizaría el cambio de gobernador, y había amagos del EZLN y sus aliados locales de incendiar el estado y extender

. el conflicto a todo el país. El grupo rebelde se movía libremente en un i territorio al que consideraba "zona liberada" y proyectaba una posición de desafío en el ámbito civil. La prensa, por su parte, le otorgaba al conflicto una gran importancia. El tema ocupaba las primeras planas y atraía la atención de los medios nacionales e internacionales.

Desde su toma de posesión, e incluso antes, el Presidente de la República inició de buena fe acercamientos con el EZLN para buscar el reinido del diálogo. El cálculo de los tiempos políticos por parte del go-bierno en ese momento era de largo plazo. A diferencia de la administración anterior, en ésta no existía prisa por alcanzar el desarmé, sino interés por comenzar tma negociación de fondo. Entre sus primeras acciones de gobierno, el Presidente instruyó al secretario de Gobernación para iniciar contactos directos con los rebeldes, que llevaran a establecer negociaciones con ellos.

A pesar de esta voluntad manifiesta del gobierno, el EZLN hizo de diciembre un mes crítico en la evolución del conflicto, tratando de pro-vocar la inestabilidad política y social del estado por tres vías conver-gentes: la amenaza de la guerra, la lucha poselectoral en el marco del cambio de gobernador y la presión de las organizaciones campesinas prozapatistas que. demandaban la entrega de tierras en varias zonas del estado.

Esta ofensiva de agitación en tres pistas se explica en parte por la oportunidad que significaba para el EZLN la llegada del nuevo gobierno. El grupo armado buscaba a toda costa reinsertarse en el plano político nacional, luego de haber visto frustradas sus expectativas políticas y las de sus aliados y simpatizantes durante la coyimtura electoral de agosto. Por ello, una medición de fuerzas le podría significar cierta recuperación de espacios políticos y publicitarios.

A pesar de la energía con que el EZLN promovió la desestabilización, las acciones que emprendió el gobierno para enfrentar ía situación tu-

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vieron un desenlace satisfactorio: la iniciativa gubernamental para reanudar el proceso de paz por la vía política comenzó a tener resultados positivos, la demanda agraria empezó a tener respuestas firmes por cauces legales e institucionales y el cambio de poderes en el estado, aun cuando se llevó a cabo en im ambiente de gran tensión, refrendó el com-promiso del gobierno para respetar la voluntad ciudadana y el respeto al orden constitucional y el Estado de Derecho.

Con todo ello, se ratificaba la voluntad y el compromiso del gobierno para impulsar un proceso serio e institucional que diera solución al conflicto planteado el 1 de enero por el EZLN.

Inicio de una nueva etapa

"Durante este año, el ánimo de todos los mexicanos se ha visto ensombrecido por los acontecimientos en Chiapas. Por la violencia y, más todavía, por las condiciones de profunda injusticia; por las condiciones de nüseria y de abandono que abonaron esa violencia. Es-toy convencido de que es posible lograr en Chiapas una nueva negociación, que nos lleve a una paz justa, digna y definitiva. No habrá violencia por parte del gobierno y confío en que tampoco la habrá de quienes se han inconformado. El Ejército Mexicano mantendrá unilateralmente el cese al fuego. Buscáremos, por todos los medios, llegar a un arreglo fincado en la concordia, la democracia y las oportimidades de desarrollo con equidad."

Con estas palabras el presidente electo, Ernesto Zedillo Ponce de León, expresó en su toma de posesión, el 1 de diciembre de 1994, la postura que mantendría su gobierno frente al conflicto armado en Chiapas y a lo largo del proceso de negociación que se inició formalmente con el EZLN el 22 de abril de 1995 en San Andrés Larráinzar.

Posteriormente, en la clausura de la Convención Nacional de Indus-triales, que se llevó a cabo el 6 de diciembre, el Presidente de la República volvió a ratificar su compromiso de mantener el cese unilateral del fuego, e hizo un llamado al grupo armado para que expresara su disposición al diálogo y a la negociación. Le ofreció al EZLN que fuera no solamente parte de la concepción de las soluciones a sus problemas, sino que también participara en la ejecución de dichas soluciones.

Estos constantes llamados al diálogo señalaban la alta prioridad que le asignaba el gobierno entrante al conflicto chiapaneco dentro de la agenda nacional inmediata. El jefe del Ejecutivo buscaba por diversos

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medios lograr un acercamiento con el EZLN que permitiera no sólo iniciar un diálogo que encauzara el conflicto por la vía política y alejara la posibilidad de la confrontación, ante las reiteradas amenazas de reiniciar la violencia por parte del grupo armado, sino también distensionar la situación en la entidad, que en esos momentos tendía a agravarse a raíz del conflicto poselectoral.

A pesar de las expresiones de voluntad política del gobierno, la respuesta del EZLN, expresada en tres comunicados fechados el 3,4 y 6 de diciembre, y que salieron a la luz pública el día 7, representó un vuelco dramático en la situación. I

En el primer comunicado, firmado por Marcos y dirigido al presidente Zedillo, le dice en im tono sumamente agresivo que no cree en su deseo de buscar la negociación para resolver el conflicto y le plantea renunciar a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, al mismo tiempo qué le reitera que "mientras no se cumplan nuestras tres demandas! de democracia, libertad y justicia, habrá guerra en las tierras mexicanas."

En él comunicado del día 4, dirigido a la Convención Nacional Democrática (CND) y a Guauhtémoc Cárdenas, el jefe zapatista hace un llamado a ambos para "encabezar un amplio frente opositor que, mediante acciones civiles pacíficas, demande al gobierno ilegítimo su renuncia, la instauración de un gobierno de transición, una reforma elec-toral profunda y radical y la convocatoria de nuevas elecciones en un marco de igualdad."

En el último comunicado, el único firmado por el CCRI-CG, el EZLN reconoce ál ex candidato del PRD a la gubernatura. Amado Avendano, como gobernador legítimo, y resuelve que la toma de posesióní de Eduardo Robledo, candidato postulado por el PRI y triunfador de los comicios locales, significaría la formalización de la ruptura del cese al fuego por parte del gobierno federal, por lo que se reservaba su derecho a mantener la tregua. Al mismo tiempo, declaró como "territorios en rebeldía" aquéllos ocupados por la población civil que apoyaba su causa.

Frente a la polarización política en el estado y la falta de voluntad del EZLN para reanudar la negociación, hubo diversas reacciones de los sectores sociales y los partidos políticos. La postura de la dirigencia nacional del PAN, por ejemplo, luego de que Cuauhtémoc Cárdenas acudiera a Chiapas para hablar con Marcos de una eventual negociación de paz, fue que el conflicto se había transformado en el alineamiento de los intereses del PRI, y que el PRD lo que estaba provocando era qué se debilitara y fracasara la intermediación, indispensable para lograr :un diálogo verdadero y fructífero.

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Por su parte, el ex candidato presidencial perredista declaró a su regreso de Chiapas que la paz dependía de una intervención directa del presidente Ernesto Zedillo, más que de cualquier otro—lo que evi-denciaba ima perspectiva más yoluntarista que realista del líder opositor, pues el EZLN desconocía la legitimidad del nuevo gobierno—, y señaló que no se encontraba efectuando ninguna gestión de paz, sino que simplemente lo hacía por voluntad propia, para buscar vías de entendimiento al problema. A pesar de la crítica panista hacia Cárdenas, el nüsmo Presidente de la República reconoció públicamente su voluntad por buscar la reactivación de la vía del diálogo.

Un día después de que el EZLN difundiera públicamente su rechazo a negociar y su amenaza de reiniciar la guerra, el Presidente de la República acudió a Chiapas para testificar la toma de protesta de Eduardo Robledo, y respondió a la amenaza zapatista con ima actitud sensata. Instruyó al Ejército Mexicano a mantener el cese del fuego y refrendó el compromiso de su gobierno de no iniciar ningún acto de violencia ni emprender medida autoritaria alguna en la región; informó de la creación de la Comisión para el Bienestar y Desarrollo Sustenta-ble de Cliiapas, integrada por funcionarios federales y estatales para agilizar la respuesta del gobierno a las diferentes demandas y necesidades de la sociedad chiapaneca; y de nueva cuenta invitó al EZLN para que se sumara al diálogo, reconociendo el reclamo justo y la inconformidad fundada de los zapatistas que, sin embargo, debían encontrar solución por la vía pacífica.

La crisis que planteaba la decisión del EZLN de romper la tregua fue interpretada por muy diversos analistas como una estrategia del grupo armado que pretendía, por una parte, recuperar importancia en la agenda nacional y reagrupar a sus simpatizantes, luego del desgaste de su movimiento a casi un año de su aparición y de la escasa respuesta social a las iniciativas que hasta ese momento había lanzado; por otra, buscar ima posición de menor debilidad que le permitiera llegar en mejores con-diciones a ima negociación que demandaba urgentemente la sociedad.

De manera contundente, representantes de casi todos los sectores sociales, entre ellos la Iglesia, los empresarios, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los sindicatos; los organismos no guberna-mentales, se manifestaron a favor del diálogo. Al mismo tiempo que algunos dirigentes, como el entonces presidente de la Coparmex, Anto-nio Sánchez Díaz, criticaban la cerrazón y el manejo publicitario que el EZLN daba a sus amagos de violencia y exigían al gobierno que actuara para que "nadie pase por encima de la ley y la Constitución Mexicana";

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otros, como el clero, exigían a ambas partes tolerancia y flexibilidad! en sus posiciones para reiniciar el diálogo. !

Así, con el fin de evitar que la crisis se profundizara por la beligerancia manifestada por el EZLN, la Cámara de Diputados resolvió, la noche del 8 de diciembre, que la Comisión Especial para el Seguimiento del Caso Chiapas se trasladara a aquella entidad para recabar información entre los principales actores políticos del estado y ofrecer soluciones. Luego de haberse entrevistado con el gobernador, con el ex candidato perredista y con legisladores del Congreso local, la comisión informó que todos los actores chiapanecos coincidían en destacar la necesidad de preservar la paz a través de una "tregua de treguas".

El 11 de diciembre, el presidente Ernesto Zedillo emitió un nuevo mensaje de paz, reiterando su propósito de establecer una negociación más institucional, sin protagonismos y dentro del marco legal. Informó que no designaría a un nuevo comisionado para la paz y la reconciliación, como lo hizo el ex presidente Carlos Salinas, sino que se establecería un canal más institucional, tan pronto como la situación en Chiapas fuera menos tensa.

Esta decisión del Presidente, que aún ño planteaba quién sustituiría a la figura del comisionado, fue acogida favorablemente por el Poder Legislativo y por los partidos políticos. Éstos veían la necesidad de retomar los canales institucionales vigentes en la Constitución, a través de la participación de tina instancia más eficaz y representativa para resolver el conflicto en Chiapas.

Sin embargo, los amagos de violencia por parte del EZLN se acentuaron. Un mensaje de Marcos, publicado el día 13 en los diarios nacionales, advertía que el reinicio de la guerra era "inminente", y animciaba el avance de sus unidades militares. En tono solemne, el jefe zapatista consignaba que las zonas francas, instaladas diez meses antes en los ejidos San Miguel, mxmicipio de Ocosingo, y Guadalupe Tepeyac, municipio de Las Margaritas, habían desaparecido desde el 8 de diciembre con la notificación del EZLN, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, sobre el rompimiento del cese al fuego "por la imposición de Eduardo Robledo."

El mismo día qué se publicó este comunicado, el Gobernador chiapaneco decidió solicitar al Presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, que el Ejército Mexicano realizara patrullajes de vigilancia en la capital del estado, así como en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, ante la posibilidad de ima reanudación de las acciones violentas.

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Los mensajes zapatistas arrojaban sombras en el ánimo de la sociedad mexicana y con eUos cobraba fuerza la hipótesis de que el alzamiento no buscaba condiciones de justicia social para las comunidades indígenas chiapanecas, sino desatar procesos de alcance nacional que pusieran en crisis al régimen, para posteriormente derrocarlo.

La preocupación social creció. Diferentes líderes y protagonistas políticos y sociales hacían llamados a la mesura, pedían disposición a las partes en conflicto para mantener la tregua y buscar salidas políticas a sus diferencias. No faltaron quienes, alarmados, señalaban una inminente escalada militar en Chiapas y el inicio de combates, bom-bardeos y sangrientos enfrentamientos entre el Ejército Mexicano y el EZLN.,

De nueva cuenta, el gobierno federal respondió a las amenazas con propuestas políticas. El mismo día 13, el presidente Zedillo volvió a puntualizar que en Chiapas no habría guerra, "porque ésa no es la voluntad del pueblo, tampoco del gobierno ni de los representantes populares." Y señaló que esperaría el tiempo que fuera necesario para iniciar el diálogo. Al día siguiente, propuso establecer una Comisión para el Diálogo y la Mediación por la Paz, integrada por miembros del Congreso de la Unión, que se constituyera en el interlocutor entre el go-bierno federal y el EZLN. Con esta iniciativa se buscaba alcanzar el consenso de todas las fuerzas y partidos políticos para que en Chiapas se alcanzara la paz con dignidad y justicia.

Al hacer su propuesta, el Presidente de la República insistió en que "el diálogo es el único camino para avanzar hacia ima paz digna, justa y definitiva en Chiapas" y que la labor de esta Comisión Legislativa no anulaba, ni obstruía los esfuerzos que otras instancias podían hacer por el diálogo y la paz. El mensaje destacaba que "...si el EZLN considera que la Conai puede facilitar su primer paso hacia el diálogo, invito a los miembros de la Conai a que sean el primer eslabón entre la Comisión de Mediación, integrada por legisladores y el propio EZLN."

La propuesta presidencial fue bien recibida por la mayoría de los partidos políticos y los sectores sociales, incluso por parte de los gru-pos prozapatístas, que vieron en ella "signos buenos" pues a su juicio, ésta iniciativa representaba disposición por parte de las autoridades para ima salida pacífica al conflicto, tal como lo señaló Gümersindo Toledo Díaz, integrante de la CND-Morelos.

Sólo el PRD tuvo diversas reticencias para participar en la Comisión Legislativa que se proponía. La fracción perredista en el Senado argumentó que contemplaba no participar en dicha Comisión hasta que

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no se precisara cuáles serían las funciones de ésta, pues se negaba a ser "recadera" del Ejecutivo. El dirigente nacional del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, señaló durante la primera reunión formal que sostuvo ese partido con el secretario de Gobernación, que se había tratado de acorralar al PRD, diciendo que éste se negaba a participar en el proceso de paz en Ghiapas, lo cual desmintió, puntualizando que a su juicio cualquier iniciativa qüe se tomara debía caminar sobre "bases firmes". Luego de resolver las dudas sobre el papel que jugaría la Comisión Legislativa, el PRD aceptó, el 20 de diciembre, integrarse a la misma, un día después de que el EZLN la hubiera rechazado públicamente.

A contracorriente del amplio respaldo político que recibió la iniciativa del Presidente de la República, tres días después de que ésta se diera a conocer, el EZLN la rechazó, calificándola de insuficiente y señalando que la Comisión Legislativa no tendría capacidad de mediación ni neutralidad "por ser una instancia gubernamental." En contraparte, reconocía a la Comisión Nacional de Intermediación "como instancia neutral en el conflicto, que puede desempeñar un papel efectivo como mediadora entre el EZLN y el gobierno federal."

En el mismo comunicado, Marcos solicitó a Cuauhtémoc Cárdenas y a la CND que le plantearan "a la sociedad civil" tres medidas que a ¡su juicio harían posible una tregua estable (las cuales en los hechos significaban tres condiciones para acceder a la negociación): a) solución a los conflictos poselectorales que se vivían en Veracruz, Chiapas y Tabasco; b) reconocimiento al gobierno de transición en el estado de Chiapas, y c) reconocimiento por parte del gobierno federal a la Conai.

El sistemático rechazo del EZLN a toda iniciativa gubernamental para establecer im diálogo que condujera hacia una paz permanente provocó de nueva cuenta la reacción de diversos actores sociales. La postura generalizada fue que la propuesta de integrar una Comisión Legislati-va de mediación para el caso Chiapas no dejaba fuera del proceso de paz a la iglesia católica, como lo interpretaba el EZLN, en particular a la Conai, pues el presidente. Zedillo había considerado a esta instancia en su propuesta. Tampoco era excluyente que participaran otras comisio-nes para complementar la acción mediadora, como lo manifestó el obispo coadjutor de Torreón, Luis Morales Reyes.

El 18 de diciembre, el gobierno hizo del conocimiento público las seis cartas que desde el 15 de septiembre y hasta el 21 de noviembre había hecho Uegar el presidente Ernesto Zedillo al EZLN, en las que le ma-nifestaba que la única solución real y justa al conflicto sería "la que provenga del diálogo y la negociación" y ponía a consideración del grupo

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rebelde el inicio de un "diálogo franco y directo." Aunque el ex candidato perredista a la gubérnatura. Amado Avendaño, criticó al Presidente y a Marcos por el carteo secreto que realizaron en los meses anteriores, marüfestando que su movimiento no permitiría que hubiera pláticas a sus espaldas, la difusión de las misivas sirvió para demostrar que incluso antes de que el Presidente empezara su mandato, éste había mostrado su voluntad política y su interés sincero para comenzar el diálogo.

Ignorando las pruebas de voluntad del gobierno y a pesar del alarmado coro social que demandaba el inicio del diálogo, el EZLN mantuvo su iniciativa bélica y la concretó el día 19 (después de diez días de movilización silenciosa y coincidiendo con la fecha en que el gobierno mexicano declaró la devaluación del peso), al realizar maniobras de bloqueo en caminos y zonas estratégicas de 38 municipios de las regiones Selva, Fronteriza, Altos, Centro y Norte, a los que de-nominó "municipios autónomos en rebeldía" y les asignó, en 26 casos, una nueva nomenclatura. Supuestamente, en todos estos municipios "rebeldes" habrían de regir, a partir de entonces, las "leyes zapatistas" y se reconocería como gobernador a Amado Avendaño.

La acción de los rebeldes, denominada por ellos mismos Campaña Militar Paz con Justicia y Digiüdad para los Pueblos Indios, estuvo acompañada de ima estrategia propagandística en la prensa. Al mismo tiempo que los diarios informaban del rompimiento del cerco, pu-blicaban nuevos comunicados del zapatismo, entre ellos tma carta de Marcos al presidente Zedillo, en la que señalaba: "De acuerdo con las reglas del honor militar, le comunico a usted nuestra decisión dé dar por concluida la tregua pactada por el gobierno federal y el EZLN y reiniciar las operaciones suspendidas el 13 de enero de 1994." En su misiva, Marcos vuelve a rechazar la propuesta presidencial de formar una Comisión Legislativa para mediar en el conflicto, y le manifiesta al Presidente que "no desperdicie su inteligencia en la creación de co-misiones plurales de paz, cuyos miembros terminan siendo impuestos como gobierno y provocando lo que se suponía debían evitar: la guerra."

Entre los resultados de las acciones rebeldes, la Policía Federal de Caminos reportó siete bloqueos en la región noreste de Tuxtla Gutiérrez, que impedían la circulación en cuatro importantes carreteras de la entidad. Por su parte, fuentes militares reportaron que 45 de las cincuenta pistas aéreas ubicadas en el municipio Las Margaritas, de la región Fronteriza, habían sido bloqueadas por los zapatistas mediante zanjas que impedían el aterrizaje de aeronaves. Asimismo, el gobierno del es-tado de Tabasco confirmó la presencia de tropas del EZLN cerca del

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municipio de Tacotalpa, limítrofe con Chiapas. En ningún caso!se reportaron enfrentamientos con instancias' civiles o militares, ni accidentes viales. Finalmente, la PGJE de Chiapas puntualizó que la "ocupación" del EZLN en 38 municipios tuvo un carácter "no estacionario" ante la ausencia de apoyo de la población, por ló que no se habían reportado detenciones ni persecuciones judiciales.

A pesar de la tensión que estas acciones generaban, el gobierno mantuvo la calma, y el mismo día de los hechos la Segob emitió una comunicación oficial en la que reiteró que "sólo a través del diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo, y no de las amenazas, se encontrarán las soluciones a reclamos y demandas planteadas por los grupos campesinos de Chiapas." El Gobierno reitera su decisión de contribuir a crear tm clima de distensi ón, con el fin de que no se produzcan hechos que alteren la convivencia pacífica del pueblo chiapaneco.

La Sedeña, por su parte, ratificó su compromiso de contribuir a la solución pacífica del conflicto, señalando que el personal militar destacado en la entidad mantendría las posiciones ocupadas desde el 12 de enero de 1994, fecha en que el gobierno había declarado el cese unilateral del fuego y el inicio de la tregua.

Frente a la tensión creciente que introducía la beligerancia de la posición del EZLN, por enésima ocasión los partidos políticos y dirigentes de organizaciones sociales y de diversos sectores de la sociedad hicieron llamados a las partes para no reiniciar las hostilidades y a buscar los caminos del entendimiento y la paz.

A las 20:00 horas del día 19 de diciembre, él obispo Samuel Ruiz García, presidente de la Conai, inició tin ayuno permanente para "pedirle a Dios que los actores implicados en el conflicto chiapaneco busquen caminos de entendimiento." Al mismo tiempo, hizo un llamado al presidente Ernesto Zedillo para que sostuviera la orden dada al Ejército Mexicano de mantener el cese al fuego, con el fin de impedir una guerra etnocida y a la vez fratricida. 1

El dirigente nacional del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, hizo im "urgente llamado" al gobierno para resolver políticamente la situación y evitar una nueva conflagración. Por su parte, el obispo de Tapachula, Felipe Arizmendi Esquivel, calificó como injusto y antidemocrático "que un grupo armado ponga en vüo a la inmensa mayoría del pueblo chiapaneco y mexicano —y agregó que el EZLN— lejos de sacar a Chiapas de la pobreza, en reálidad lo hunde más en la miseria."

En cuanto a los líderes simpatizantes con el movimiento rebelde, la postura general era una defensa de las acciones del EZLN y al mismo

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tiempo un reclamo para que no se le persiguiera ni se frenaran sus avances militaristas. Amado Avendaño, el "gobernador rebelde" de Chiapas, por ejemplo, denunciaba "invasiones" del Ejército Mexicano a territorios "oficialmente reconocidos como zapatistas" y al mismo tiempo acusaba al presidente Zedillo de mantener un discurso falso, pues "en los hechos pretende ganar tiempo para continuar con la escalada militar en la entidad."

A su vez, el gobernador del estado, Eduardo Robledo Rincón, exhortó a la población civil a mantener la calma, luego de la irrupción de presuntos milicianos del EZLN que bloquearon las carreteras de la región norte que comunican a Chiapas con Tabasco.

La situación era sumamente delicada,, pero gracias a la efectiva y oportuna reacción de las instituciones, en poco tiempo el conflicto recobró dimensiones manejables. Al día siguiente del rompimiento de la tregua, esto es el 20 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la creación de la Comisión de Diálogo y Concertación propuesta por el presidente Zedillo para coadyuvar en el proceso de pa-cificación en Chiapas, la cual tendría un carácter temporal.

Un día después el Presidente, en una actitud enérgica, censuró la "intolerancia" del EZLN y señaló que "ante los recientes sucesos en Chiapas, el gobierno responderá con más paciencia." Sin embargo, subrayó que existían límites que debían ser acatados y que estaban marcados por la Constitución.

El 22 de diciembre, el Presidente sostuvo su primer encuentro con la Comisión Legislativa, la cual tendría como tarea inmediata contactar a la Conai, y un día después, el gobierno federal anvmció su reconocimiento oficial, al mismo tiempo que señaló que la participación de esta instancia en el conflicto armado debía ser neutral e imparcial. Asimismo, nombró a la Segob como representante del Poder Ejecutivo para el proceso de diálogo y negociación. Al día siguiente, el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma, se reimió con integrantes de la Conai para conocer y convenir con ellos los términos respecto de los cuales se daría la negociación con el EZLN.

Los actores sociales que estaban atentos al desarrollo del conflicto, aprobaron el reconocimiento que hizo el gobierno de la Comisión Nacional de Intermediación para el diálogo con el EZLN y la designación de la Secretaría de Gobernación como interlocutor del gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Sólo Cuauhtémoc Cárdenas, en desacuerdo con su partido, consideró que dicho organismo carecía de sentido y volvió a responsabilizar al gobierno de que el diálogo no hubiera dado inicio.

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Este mismo día, una vez que el Ejército confirmó que los efectivos armados del EZLN habían abandonado prácticamente todas las po-siciones que habían ocupado cuatro días antes, las tropas federales levantaron los puestos de control que se habían instalado en los alre-dedores del municipio de San Andrés Larráinzar —bastión zapatista de la región Los Altos—, mientras que los accesos a la denominada zona de conflicto fueron reabiertos a la población civil, luego de que se suspendieron las operaciones de patrullaje y vigilancia en los po-blados San Quintín, Monte Líbano y San Miguel, en el corazón de dicha área.

En estas condiciones, el perfil militarista del EZLN se redujo sensiblemente, y en un comunicado que se dio a conocer el 28 de diciembre, saluda la decisión gubernamental de reconocer a la Conai como canal de mediación, al tiempo que reconoce a la Segob como representante del Poder Ejecutivo Federal. Dos días después, en Im nuevo desplegado, el CCRI-CG del EZLN ordena a sus fuerzi'as militares la suspensión de toda acción militar ofensiva, luego he reconocer el retiro de efectivos del Ejército Federal de varias zonas, lo que contribuía a crear un clima de distensión propicio para el reinicio del diálogo. Informó que, en correspondencia a ese gesto, ordenaba el repliegue de los puestos de avanzada que el EZLN tenía en los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, La Independencia La Trinitaria.

El gobierno respondió a este comunicado en forma inmediata. El día 31, el presidente Zedillo instruyó al titular de la Sedeña, general Enrique Cervantes Aguirre, para que se mantuvieran las posiciones, se suspendiera cualquier desplazamiento de tropas y no se realizara acción adicional alguna por parte de las fuerzas armadas. Se abrían condiciones para iniciar el diálogo.

La estrategia de presión poselectoral que desarrollaron los grupos simpatizantes del EZLN, que en el mes de agosto contendieron bajo las siglas del PRD y perdieron la elección para gobernador, giró en torko a la toma de posesión de Eduardo Robledo, que se realizaría el 8 Ide diciembre y a la cual estaba invitado el Presidente de la República. En torno de ese evento, el bloque PRD-AEDPCh-EZLN programó una serie de movilizaciones y actos de protesta que recibieron el res-paldo de diversas organizaciones políticas y sociales, incluso fuera iie Chiapas, con el fin de presionar para que Robledo no asumiera el cargo y fuera reconocido el "triunfo" del candidato del PRD, Amado Avendaño.

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Al iniciar el mes, en el ambiente chiapaneco pesaba mucho la posición beligerante de la AEDPCh1, que amenazaba con realizar una fuerte movilización el mismo día en que Robledo asumiría su cargo, en la cual Avendaño sería nombrado "gobernador en rebeldía" del estado. Paralelamente, estas acciones estarían respaldadas por el amago de reanudación de hostilidádes por parte del EZLN .Las fuerzas agrupadas en la AEDPCh se mantuvieron sumamente activas durante la primera semana de diciembre. El día primero, Jorge Moscoso Pedrero, líder del PRD en Chiapas, informó que los militantes de su partido habían iniciado actos de "insurgencia civil" mediante bloqueos de carreteras y marchas en las zonas Norte y Fronteriza, como parte del plan de acción de protestas. Por su parte, Mario Hernández Pérez, representante de la ARIC-Unión de Uniones (una de las más fuertes organizaciones campesinas del estado) informó que sus militantes de Las Cañadas de la Selva Lacandona y de la región de los Altos confirmaban su participación en el acto de Avendaño. Otras organizaciones, como la Coordinadora de Lucha Campesina, denunciaban un clima de persecución en su contra, por los preparativos que llevaban a cabo con miras al cambio de gobierno.

En este contexto, que auguraba vma convulsión política local y un agravamiento de la conflictividad en el estado, el gobierno federal promovió una solución política, dentro del marco de la ley, que permitiera un cambio de poderes pacífico y estable. Con ese fin, él Secretario de Gobernación informó el día 3 que sostendría una reunión con Amado Avendaño. No obstante, la obstinación e intransigencia del dirigente opositor fue tal, que resultó imposible convencerlo de no realizar su acto de protesta. El "gobernador rebelde" no sólo estaba convencido de su triimfo, sino que se sentía obligado a no dar un paso atrás. De hecho, el apoyo que recibió de Marcos en los comunicados que éste emitió el día 7 constituyó más que un respaldo político, una orden para que la AEDPCh no aceptara reducir la presión contra, el gobierno.

La tensión electoral se convirtió así en tm punto de preocupación central para los distintos actores políticos y sociales del estado y del

1 Organismo creado por Amado Avendaño y el EZLN para participar como "censor" de los comidos en Chiapas, que después se encargó de defender "el triunfo" de Avendaño y apoyarlo en su proyecto de gobierno paralelo. Posteriormente, la AEDPCh se convertiría en un interlocutor del gobierno para buscar solución a demandas agrarias y de bienestar social enarboladas por diversas organizaciones simpatizantes con el zapatismo.

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país, cuyas opiniones también en este asunto estaban divididas. El gobernador del estado, Javier López Moreno, hizo un llamamiento para acabar con los actos de provocación que pretendían "crear un cerco de desestabilización para impedir la paz en Chiapas", mientras que el CEN del PRD advertía: "Si asiste Ernesto Zedillo a la toma de posesión de Eduardo Robledo provocará que se agudice el clima de inestabilidad en la entidad." Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, miembro de la comisión del Senado para el caso Chiapas, afirmaba que hablar de xm doble gobierno o de im "gobierno de transición" era una aberración jurídica. Esta posición era compartida por la CTM, que rechazó la creación de un gobierno paralelo, por poner en riesgo la estabilidad política y social de la entidad.

Un día antes de la toma de protesta del Gobernador, cuando la rispidez de los actores locales estaba en su punto máximo, Eduardo Robledo dio una prueba de apertura y flexibilidad y anunció que invitaría a sectores y líderes de la oposición a participar en su gobierno. Incluso declaró que si el EZLN depusiera las armas, él estaría dispuesto a entregar al día siguiente su renuncia. Sin embargo, los planes del EZLN no incluían bajo ninguna circunstancia reconocer la legitimidad del gobierno local y mucho menos el desarme, por lo que ambos ofrecimientos de Robledo quedaron sin respuesta.

Así, haciendo frente a las presiones que significaban la movilización de la AEDPCh, lá amenaza del EZLN de romper la tregua y la advertencia de grupos políticos opositores que auguraban una nueva fase de enfrentamientos, el gobierno federal apoyó la toma de posesión de Robledo, por estar apegada a la ley y por no haberse conseguido ninguna clase de acuerdo con el grupo de Avendaño, el cual tampoco renunció a su movilización. De manera que, mientras el presidente Zedillo atestiguó personalmente el acto oficial, realizado en el palacio legislativo del estado. Amado Avendaño asumía el cargo de "gobernador rebelde" en la plaza de Tuxtla Gutiérrez y hacía im llamamiento a sus simpatizantes para pasar de la resistencia a la insurgencia civil; y al mismo tiempo se efectuaba en el D.F. una concentración de agrupaciones pro zapatistas en apoyo al "gobierno de transición" chiapaneco.

Al no conseguir su propósito de evitar el arribo de Eduardo Robledo a la gubematura, el EZLN quiso tensar más la situación y fue entonces cuando inició movilizaciones silenciosas de sus efectivos armados, pre-vias al rompimiento de la tregua, al tiempo que sus aliados civiles mantenían en alto las denuncias y exigencias para que el gobernador constitucional dejara su cargo.

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De esta manera, cuando el 19 de diciembre el EZLN anunció el rompimiento del cerco y declaró la creación de sus "municipios re-beldes", Amado Avendaño dijo públicamente que asumía "la responsabilidad de gobernar" en esas zonas. Sin embargo, la rápida operación del Ejército Mexicano, que resolvió en pocos días la crisis militar planteada por los rebeldes, y la escasa respuesta popular que tuvo la AEDPCh, permitieron que en los hechos, el orden constitucional de dichos municipios no se viera afectado.

Sin embargo, los zapatistas siguieron promoviendo la caída del Gobernador, y aprovechando el reconocimiento del gobierno federal a la Conai, gestionaron—a través de Cuauhtémoc Cárdenas y varios integrantes de la CND— la intervención de dicha instancia ante el gobierno, con el fin de que éste reconociera a Avendaño y depusiera a Robledo. Pero este intento también fracasó.

Al concluir el año, el EZLN sabía que no podría remover al Gobernador por una vía constitucional. No obstante, hasta el último momento insistió en hacerlo, aun sin tener el mínimo sustento legal o político para ello. Uno de sus líderes, el mayor Rolando, lo dejó claro en la prensa: "Nosotros estamos dispuestos a la política de solucionar este problema; lo que sí decimos es que faltan condiciones para po-der reiniciar el diálogo [...] la condición que está ahorita más vista es la de Robledo Rincón, que nosotros no lo reconocemos como gobernador." La lucha por la tenencia de la tierra fue el tercero de los ejes por los que corrió la tensión política y social del estado durante diciembre, al grado de provocar diversos hechos de violencia. El primero de ellos ocurrió en el municipio Ángel Albino Corzo, el mismo día en que tomó posesión el presidente Zedillo. En ese lugar, integrantes de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV), que mantenían ocupada desde días antes la finca cafetalera Prusia, tuvieron im enfrentamiento a tiros con trabajadores y propietarios de la misma, cuyo saldo fue un muerto

. y tres trabajadores agrícolas heridos. Los esfuerzos del gobierno para establecer un diálogo entre el gobierno del estado, la organización campesina y los propietarios del predio, resultaron infructuosos ante la demanda de los labriegos de que las pláticas fueran directamente con el gobernador y se llevaran a cabo en el ejido Nueva Palestina, ubicado en las inmediaciones de la finca Liquidámbar, ubicada en el mismo municipio.

El conflicto se complicó y en im plázo de sólo dos semanas la UCPFV tenía bajo su control más del 90 por ciento del territorio mimicipal, cuyos

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22 mil habitantes estaban constantemente sometidos a un clima de incertidumbre y zozobra. Los labriegos no cedieron un milímetro en su demanda por poseer el predio, y para aumentar la presión sobre el gobierno y los finqueros instalaron retenes en los tres caminos de acceso a la zona cafetalera, además de invadir otras cinco fincas.

En la región fronteriza también había movilizaciones agrarias que presionaban por un reparto inmediato de tierras. El día 18, Abelardo Rodríguez Gutiérrez, vocero de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) anunció que su organización recuperaría en pocos días alrededor de 480 hectáreas del mimicipio La Trinitaria, además de que iniciaría im plantón del 26 al 30 de diciembre contra el gobierno de Eduardo Robledo.

La actividad invasora de las organizaciones campesinas tuvo su contraparte en la agresividad y el encono con que respondieron los pequeños propietarios agrícolas y ganaderos del estado. El día 4, poco después del enfrentamiento en la finca Prusia, Luis Flores Castellanos, presidente de la Asociación Ganadera de Chicomuselo, anunció que ganaderos y parvifimdistas de varios municipios, entre ellos Chico-muselo, La Concordia y Frontera Comalapa, integrarían la Alianza de Productores de Chiapas, que tendría como propósito desocupar las pro-piedades que se encontraban invadidas desde que inició el conflicto.

En medio de este ambiente de enfrentamiento e irritación social por la propiedad agraria, el gobierno tomó la iniciativa para buscar salidas justas y pacíficas. Por ello, el Secretario de la Reforma Agraria, en un acto público realizado en San Cristóbal de las Casas, el día 29, hizo entrega de 3 mil 600 hectáreas a campesinos del municipio de Jiquipilas, y puso en marcha las mesas de trabajo para la concertación de un Pacto Agrario en el estado, por medio de las cuales se resolvería el reparto de 17 rnil 400 hectáreas en el corto plazo, así como la compra de tierras mediante un fideicomiso y la expropiación de latifundios simulados.

El Gobernador del estado, presente en el acto, ratificó su apoyo al Pacto Agrario y reconoció que mientras prevaleciera la inestabilidad en el campo, la economía tendería a colapsarse y sería imposible alcanzar la paz, "por ello —^puntualizó— necesitamos poner fin a la beligerancia entre pequeños propietarios, comuneros y nacionaleros y abatir la inseguridad en la tenencia de la tierra, para que la paz regrese a nuestro campo." ,

La voluntad y decisión del gobierno para abrir cauces de solución al conflicto agrario recibió la aceptación de los partidos políticos de oposición, quienes consideraron que el reparto de tierras en Chiapas

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constituía un paso positivo, que contribuía a distender en gran parte el conflicto armado. Pero coincidieron también en señalar que la distribución de tierras tenía que ir acompañada de recursos financieros y del apoyo gubernamental para que realmente se reactivara la productividad en el campo chiapaneco. Asimismo, demandaron el desarme de las guardias blancas, por no tener razón de existir y por "ser quienes mayores despojos e injusticias han cometido contra los indígenas."

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Enero, 1995

Enero, 1995

Aun año del levantamiento armado y a escasos treinta días de que él doctor Ernesto Zedillo tomara posesión como presidente de la República, renacían en la sociedad mexicana las esperanzas

de una solución pacífica al conflicto chiapaneco, gracias a que el gobierno estaba demostrando, con hechos, que los tres ejes centrales del mismo —el militar, el agrario y el político-electoral— tenían manera de resolverse y que estaba dispuesto a hacerlo.

Esta expectativa social presionaba al EZLN a decidir sobre el diálogo con el gobierno ya que, por un lado, algunos sectores de la sociedad co-menzaban a mostrar signos de impaciencia por el sinnúmero de excusas que los rebeldes utilizaban para evadirse de la negociación, y por otro, crecía el nerviosismo ante el vencimiento de la tregua decretada en diciembre.

A pesar del dramatismo que él EZLN quiso imprimirle a la situación, de sus excusas para prolongar el inicio del diálogo de pacificación y de su llamamiento para "derrumbar al régimen" a través de un pretendido Movimiento de Liberación Nacional, el gobierno siguió reiterando su posición de buscar el diálogo con el grupo inconforme, con el fin de resolver las causas de fondo del conflicto y alcanzar la reconciliación en Chiapas. Finalmente, el EZLN tuvo que reconocer que no tenía sentido seguir amagando con la violencia, y accedió a reunirse con un representante del gobierno federa! para pactar una tregua estable, con miras al establecimiento de una negociación política.

En cuanto al resto de temas que rodeaban el conflicto, los hechos de enero dan cuenta de cuánto faltaba por hacer. El deterioro económico del estado luego de doce meses de conflicto, se agudizó hasta niveles alarmantes con la crisis económica que azotó al país luego de la devaluación del peso en diciembre. El sector rural, el comercio y el turismo de Chiapas estaban prácticamente en quiebra. Lo mismo ocurrió en el ámbito de las finanzas públicas estatales y de los municipios. Por otro lado, la situación agraria seguía siendo delicada, pues a pesar de que el Gobierno Federal había iniciado la concertación de un pacto agrario con numerosas organizaciones campesinas, continuaban las acciones de presión y el encono entre los actores en disputa por la posesión de la tierra. A todo ello habría que sumar el sostenimiento de una situación política muy inestable: las movilizaciones de la AEDPCh

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y del PRD, que buscaban a toda costa derrocar al gobierno de Eduardo Robledo no cesaban y por el contrario, elevaron su tono hasta desembocar en la violencia.

El reto para el gobierno de la República era desactivar todas estas alarmas, que el EZLN quería aprovechar no sólo para proyectar tma situación de ingobernabilidad en el estado, sino también para escalar el conflicto a nivel nacional.

Los primeros contactos

Al iniciar 1995, el EZLN era una guerrilla que había mostrado ima vez más su reducida capacidad de fuego y su debilidad y dispersión como movimiento social rebelde. Sin embargo, seguía decidido a mantenerse en la línea de confrontación, antes que reconocer que lo mejor era negociar la paz e incorporarse a la vida política legal. El gobierno ya había demostrado su volxmtad de dialogar, pero también su decisión de no permitir actos de chantaje, presión o intimidación, como la fcillida "campaña militar" zapatista del 19 de diciembre.

En esas circunstancias, el EZLN intentó de nueva cuenta crear a su alrededor una red de apoyos sociales y políticos lo más amplia posible, antes de decidir si negociaba o no con el gobierno. De manera que el día 2, al difundir la que denominó "Tercera Declaración de la Selva Lacandona", planteó a la sociedad mexicana iniciar un "alzamiento" civil y pacífico en todo el país, que comenzaría con la creación del denominado Movimiento para la Liberación Nacional (que estaría encabezado por sus únicos aliados políticos hasta ese entonces: la CND y Cuauhtémoc Cárdenas) y culnünaría con el establecimiento de un nuevo gobierno, un nuevo constituyente y una nueva Constitución (ver recuadro).

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Tercera Declaración de La Selva Lacandona (síntesis)

Llamamos a todas las fuerzas sociales y políticas del país para formar el Movimiento para la Liberación Nacional.

Llamamos a la Convención Nacional Democrática y al ciudadano Cuáuhtémoc Cárdenas a Encabezar este Movimiento para la Liberación Nacional, como frente amplio de oposición. Por tanto declaramos que:

Primero." Se reitera al Gobierno Federal la custodia de la patria.

Segundo.- Se declara válida la Constitución Política de los Estados Unidos' Mexicanos, incorporando a ella las Leyes Revolucionarias de 1993 y los Estatutos de Autonomía incluyente para la región indígena.

Tercero." Se llama a la lucha por el reconocimiento como "gobierno de transición a la democracia" al que se doten por sí mismas las distintas comunidades, organizaciones políticas y sociales, manteniendo el pacto federal acordado en la Constitución de 1917.

El EZLN apoyará a la población civil en la tarea de restaurar la legalidad y la soberanía nacionales y en la lucha por la formación e instauración de un gobierno nacional de transición a la democracia con las siguientes características:

1." Que liquide al sistema de partido de Estado y separe realmente al gobierno del PRI.

2.- Que se reforme la Ley electoral en términos que garanticen limpieza, credibilidad, equidad, participación ciudadana no partidaria y no gubernamental.

3." Que convoque a un constituyente para la creación de una nueva Constitución.

4." Que reconozca las particularidades de lós grupos indígenas, reconozca su derecho a la autonomía incluyente y su ciudadanía.

5.- Que vuelva a orientar el programa económico nacional, haciendo a un lado el disimulo y la mentira, y favoreciendo a los sectores más desposeídos del país.

Respecto al diálogo de paz con el gobierno, los integrantes del EZLN se limitaron a declarar que estaban consultando con "sus comunidades" si acudían a él o no, pero sí dejaron en claro que el diálogo sólo tendría lugar si se cumplían las condiciones establecidas en el comunicado rebelde del 19 de diciembre anterior. Con ello, el EZLN prolongaba una

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decisión que la sociedad le reclamaba en forma cada vez más insistente. Más aún conforme pasaban los días y la tregua no era ratificada.

Además del reclamo social para que empezara a negociar, el EZLN se daba cuenta de que su iniciativa política no tenía muchas posibilidades de hacerse realidad. El propio Cuáuhtémoc Cárdenas manifestó que no daría una respuesta precisa al llamamiento que le habían hecho los rebeldes hasta no saber cómo se constituiría el MLN y cuáles serían sus alcances, lo que revelaba claramente las dudas que prevalecían sobre las posibilidades reales de éxito del planteamiento de Marcos.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de Intermediación, continuaba en sesión permanente y el obispo Samuel Ruiz mantenía su ayuno, a la espera de una prórroga del cese de hostilidades por parte del grupo armado. Asimismo, diversos representantes de la Iglesia Católica y miembros de la Comisión de Obispos para el Diálogo hicieron también llamados para ampliar la tregua.

Por su parte, la Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas, preocupada por la situación, subrayó la necesidad de establecer de inmediato el diálogo entre las partes, por lo que pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que emitiera una convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones, en la que incluyera el debate para defirúr las bases de dicho diálogo.

Asimismo, el gobierno del estado de Chiapas exhortó al EZLN a "poner por delante las legítimas causas sociales que originaron su lucha y prolongar la tregua, con el fin de crear las condiciones necesarias para iniciar un diálogo directo lo más pronto posible."

El EZLN reaccionaba erráticamente ante esta situación, pues por vm lado reiteraba su decisión de seguir armado y llamaba a la insurgencia civil, pero por otro sus dirigentes reconocían, como hizo Rolando el día 3, que se estaban dando las condiciones para dialogar.

La tensión se redujo el día 6, cuando un comunicado zapatista anunciaba la prórroga de la tregua "desde el día 7 de enero de 1995 hasta el 12 de enero de 1995 inclusive." No obstante, el mismo documento ratificaba las condiciones de los rebeldes para una tregua estable "que conduzca a un diálogo serio y verdadero":

A) Solución satisfactoria para las partes implicadas en los conflictos poselectorales de Tabasco, Veracruz y Chiapas.

B) Reconocimiento del gobierno de transición a la democracia en Chiapas.

C) Reconocimiento a la Conai como instancia de mediación en eí conflicto.

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Samuel Ruiz recibió con júbilo el pronunciamiento y levantó su ayuno, al considerar que el conflicto se alejaba de la dinámica de la guerra y observar signos alentadores para alcanzar una tregua más amplia. No obstante, advirtió: "no somos ilusos, ciegos ante lo que sucede, tenemos preocupación por lo que pueda pasar con la sociedad civil. Hay ima presencia desproporcionada del Ejército en Chiapas."

El Presidente, por su parte, expresó su beneplácito con la decisión del EZLN, y en consecuencia ordenó al Ejército Mexicano replegarse del municipio de Sabanilla, dispuso la cancelación de los vuelos de helicópteros militares en misiones de abastecimiento y solicitó la presencia de la Comisión de Derechos Humanos para salvaguardar las garantías individuales de toda la población. Con ello se ratificaba la vocación gubernamental por ima solución política.

Todos los partidos —PRD, PVEM, PT, PRD—, se mostraron satisfechos por la extensión de la tregua y la distensión rnilitar, lo mismo que otros sectores sociales, como la Iglesia, la iniciativa privada y la gran mayoría de las organizaciones civiles y ciudadanas.

El 10 de enero, el presidente Ernesto Zedillo muestra categóricamente una vez más su predilección por la vía pacífica al afirmar: "No descansaremos, seremos tolerantes hasta el límite de nuestras fuerzas, en señalar que el único camino posible para resolver el conflicto en Chiapas es la negociación."

Tres días después, el EZLN, dándose cuenta que no es posible mantener la misma situación de indefinición, decide sentarse a negociar. En comunicado de prensa declara que "es inminente el encuentro entre representantes del supremo gobierno y el EZLN", por lo que "ha orde-nado a sus fuerzas militares ima nueva prórroga de la suspensión de toda operación militar ofensiva desde el día 13 de enero hasta el 18 de enero de 1995 inclusive, con el fin de no entorpecer la futura realización de este encuentro."

El secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, dijo ese mismo día que ése era "el momento de una reconciliación nacional para supe-rar la crisis de Chiapas y la problemática general del país." Manifestó la preocupación del gobierno federal por la situación en el sureste y reiteró la disposición para alcanzar una reconciliación "con los gru-pos indígenas, entre los partidos políticos y, en general, entre todos los mexicanos."

La Conai de inmediato se dio a la tarea de propiciar los acercamientos entre las partes y declaró públicamente, luego de una reunión de sus miembros, que el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal podría

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realizarse antes de que venciera la prórroga y podría llevarse a cabo en forma privada. Trascendió a la prensa que ese encuentro fue rispido, pues algimos integrantes dé la Conai no querían que ésta se limitase a un papel de intermediación.

El encuentro se llevó a cabo el 14 de enero. En él participaron el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y Marcos. Como re-sultado del mismo, ambas partes acordaron iniciar, con esta primera reimión, el camino para conseguir una tregua estable y im diálogo serio cuyo destino sería una paz digna, justa y verdadera. La Conai solicitó a las partes que hicieran un esfuerzo con el fin de eliminar el riesgo de nuevas confrontaciones mientras durase la negociación.

Después de la reunión, el EZLN envió un comvmicado a la prensa, en el que reconoció "los esfuerzos serios y el ánimo sincero de los representantes gubernamentales por encontrar caminos verdaderos al diálogo." El gobierno por su parte, también se mostró satisfecho con los resultados del evento y aceleró sus decisiones para asegurar el éxito de la iniciativa de paz.

Un día después de la reunión Moctezuma-Marcos, la Segob anunció la decisión del Presidente de retirar los puestos militares asentados en los municipios de San Andrés Larráinzar y Simojovel y reconocer como zonas fráncas las poblaciones de Guadalupe Te-peyac, en Las Margaritas, y San Miguel, en Ocosingo. Con ello, el gobierno respondía positivamente a la petición de la Conai para tomar medidas que alejaran el peligro de nuevos enfrentamientos. El titular de la Segob enfatizó que estas decisiones del Presidente multiplicarían los pasos "que lleven a una paz justa, digna y du-radera, en concordancia con el ambiente de respeto y búsqueda de soluciones políticas al conflicto."

De iiunediato, el entramado de actores políticos y sociales del país manifestó su beneplácito con los avances efectivos que se observaban en el camino hacia la paz.

Como respuesta al acuerdo para distensionar la zona del conflicto el EZLN anunció el día 16 un "cese al fuego ofensivo unilateral y por tiempo indefinido, con el propósito de no entorpecer la negociación de una tregua estable" y se comprometió públicamente a no tomar iniciativa militar ofensiva alguna en contra del Ejército Mexicano, no obstruir vías de comunicación, no amenazar militarmente las cabeceras de los municipios donde hubiera presencia zapatista y no tomar militarmente ningún edificio público. Asimismo, se comprometió a "dar todas las garantías a la Conai para la verificación del cumplimiento de estos pimtos

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y aceptar su intervención para arreglo de diferendos sobre estos compromisos de tregua temporal."

A pesar de la firmeza con que anunciaba su interés para negociar un acuerdo de paz, el EZLN nunca dejó de insistir en la búsqueda de mayores apoyos sociales que favorecieran su posición beligerante. Por ello, aunque aceptó dialogar con el gobierno, no dejó de promover la lucha civil para presionar hacia un cambio de gobierno. Esto se ratificó nuevamente el día ultimo del mes, mientras se preparaban las con-diciones para iniciar las pláticas de paz. En esa fecha, los zapatistas emitieron un extenso comimicado dirigido a la CND, para ser presentado el día 5, durante la realización de la tercera sesión plenaria de ese organismo.

En su mensaje, Marcos ratificaba su propuesta de crear el MLN para alcanzar sus objetivos políticos (nuevo gobierno, nuevo constituyente y nueva Constitución), encabezado por la CND y el cardenismo "(que, como ha sido evidente en los últimos días, no equivale a perredismo)" y el EZLN. Al iniciarse 1995, las expectativas económicas eran realmente pesimistas, en especial para los chiapanecos. Doce meses de conflicto, un atraso tec-nológico de décadas en varias ramas de la economía, inestabilidad po-lítica, salida de capitales y crisis del turismo fueron el antecedente a la de la debacle que vivirían los sectores económicos chiapanecos luego de la devaluación del peso mexicano en diciembre de 1994.

Las cámaras y asociaciones industriales y comerciales expresaban su angustia creciente por la situación y reclamaban la intervención del gobierno para superar la situación. El día 5, la Canaco señaló, a través de su presidente Javier Zepeda, la urgencia de que el gobierno aplicara un programa económico emergente para ese sector, pues su deuda era superior a los quinientos millones de pesos, el capital estaba prácticamente pulverizado, y cerca de tres mil negocios habían tenido que cerrar por la caída de las ventas. La situación más grave estaba en San Cristóbal de las Casas, donde el cierre de cerca de quinientos negocios representaba entre el 10 y el 12 por ciento del total del estado, y se preveía que podrían verse afectados otros mil doscientos.

La situación era muy similar en otras ramas como turismo, manu-facturas, pesca y servicios financieros.

A pesar del escenario tan desalentador, ima opción para dar marcha atrás a las tendencias negativas de los indicadores económicos surgió en esos días, como producto de la propia iniciativa privada. El 3 de enero.

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Rómulo Farrera Escudero, destacado empresario chiapaneco, anunció la creación del Grupo Empresarial Chiapas, integrado por numerosos inversionistas de diversas regiones del estado, que tenía como objetivo participar en la reactivación de la economía local. Su meta a corto plazo era crear diversos proyectos productivos para generar cuando menos seis mil nuevos empleos.

Por su parte, el gobierno estatal también se sumó al afán de recu-peración económica. Primeramente, presentó al gobierno federal una solicitud para que, a pesar de la crisis, el necesario ajuste al presupuesto público no afectara o lo hiciera en el menor grado posible a las partidas asignadas para Chiapas, debido a su condición de excepcional dificultad.

Asimismo, tomando en cuenta que el sector económico que mayores y más urgentes apoyos demandaba con urgencia era el campo, llevó a cabo una Reunión de Planificación Productiva y Concertación de Esfuerzos, cuyo objetivo era integrar en un gabinete especial a las dependencias estatales vinculadas con dicho sector, el cual diseñaría y pondría en marcha diversos proyectos productivos en las comunidades. La partida presupuestal que se asignó a este rubro ascendía a más de 2 mil 600 millones de pesos. Cada proyecto sería sometido a consulta con las comunidades, y una vez validado por éstas, sería presentado al gobierno municipal para su aprobación y ejecución. Durante enero se pusieron en marcha los primeros 74 proyectos en San Cristóbal de las Casas, y continuarían realizándose posteriormente en otras regiones del estado. Las invasiones, las movilizaciones, los enfrentamientos entre orga-nizaciones, los secuestros de propietarios privados y las repercusiones de todo ello en la economía agrícola y pecuaria seguían siendo elementos cotidianos del paisaje chiapaneco al iniciar 1995. Por ello, el esfuerzo institucional en esta materia debía sostenerse y reforzarse. En las primeras dos semanas del año/la SRA entregó mil 290 hectáreas de tierra a ejidatarios y comuneros, y estaban en proceso de certificación otras 4 mil 300, que serían entregadas en los siguientes treinta días en beneficio de más de novecientas familias.

A pesar de este empeño gubernamental, el problema del campo distaba todavía mucho de estar resuelto. La creciente presión sobre la tierra era sólo uno de los elementos (aunque sin duda vmo de los más importantes) que dan forma a esta compleja problemática. Era necesario avanzar en áreas como infraestructura, comunicaciones, financiamiento, nuevas tecnologías, apoyos a la comercialización, mejoramiento de la productividad y otras más. En todo ello se trabajaba intensamente, pero

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lo urgente era despolitízar y comenzar a resolver el problema de la propiedad.

La gravedad de este asunto se puede apreciar a la luz del ánimo enardecido que mostraban los grupos en pugna por la posesión de la tierra. Por un lado, las organizaciones campesinas más radicales, agrupadas en torno a la AEDPCh, estaban en la cresta de una ola de "recuperación de tierras" y por otro, los pequeños propietarios rurales exigían al gobierno proceder al desalojo de las numerosas fincas ocupadas, o de lo contrario amenazaban con hacerlo ellos mismos.

Las invasiones de predios, además de basarse en una problemática real y en formas ya tradicionales de lucha campesina en el estado, se encontraban sumamente politizadas por la situación poselectoral que se vivía en ese momento, lo cual hacía todavía más compleja su solución. Las organizaciones campesinas e indígenas mezclaban el reclamo de tierras con la movilización política mimicipal y con el conflicto por la gubernatura. Las líneas de negociación eran difíciles de establecer, pues los líderes reales de las invasiones eran al mismo tiempo líderes de la agitación poselectoral y cuadros de sostenimiento civil del EZLN.

Pero no sólo era difícil tratar con los campesinos. Los propietarios privados tampoco mostraban disposición para dialogar y alcanzar acuerdos. Carlos Bracamontes Gris, presidente de la Unión Estatal de Productores Rurales, por ejemplo, exigía, sin más ni más, que las autoridades desalojaran de inmediato las 565 fincas cafetaleras que se encontraban invadidas en el estado, pues, según dijo, las pérdidas económicas por el colapsamiento de alrededor de doscientas mil hectáreas resultaban difíciles ya de cuantificar y casi imposibles de subsanar.

Reclamos similares hacían otras agrupaciones y el tono de sus pro-testas aumentaba al paso del tiempo, al grado de mostrar una posición de desafío. Así lo hicieron los integrantes de la Unión de Productores de la Frailesca, quienes emplazaron a las autoridades a dar una solución definitiva al problema de las invasiones en municipios como Ángel Al-bino Corzo, Villa Flores, Villa Corzo y la Concordia, bajo la advertencia de que si en un plazo de ocho días esto no sucedía, ellos iniciarían una suspensión de pagos fiscales.

A fines de enero la situación era sumamente tensa. La Coalición de Organizaciones de Chiapas, un organismo que reunía no sólo a numerosos propietarios privados, sino también a comerciantes y algunos sectores de la industria, advirtió que el gobierno sería el único responsable de las posibles víctimas que podría provocar el desalojo de

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ranchos que estaban preparando sus agremiados, los cuales serían realizados por "brigadas de autodefensa" en los siguientes días.

Mientras las presiones de una y otra parte crecían, la relación entre ambas era sumamente rispida. Alo largo de enero se registraron diversas movilizaciones, secuestros y enfrentamientos entre campesinos y propietarios privados. Baste señalar que en los primeros tres días de enero la policía judicial del estado reportó el hallazgo del cadáver del ganadero Antonio García Posadas, ejecutado en el municipio de Acapetahua luego de que sus familiares se habían negado a pagar un rescate de 180 mil pesos; así como la liberación de otro propietario ru-ral, Carlos González, que había sido secuestrado dos semanas antes y por el cual sus familiares pagaron seiscientos mil pesos de rescate. Por otra parte, en la sierra norte de Chiapas, el día 22 se registraron dos enfrentamientos a tiros entre campesinos y finqueros, que dieron como resultado un muerto y ocho heridos de gravedad.

La acción de gobierno en medio de este ambiente resultaba más que difícil. Cada paso debía estar bien pensado y apoyado en la ley. Por ello, al acudir a la entidad para testificar la entrega de tierras el día 12, el secretario de la Reforma Agraria, Miguel Limón Rojas, fue insistente en señalar que todas las acciones que se hicieran en favor de una reac-tivación del campo debían pasar por la vía de la concertación, del diálogo y de la ley. Y sobre el peso político de la demanda agraria también fue claro: "No pensamos que la compra de tierras, ni siquiera la distribución de las mismas, sea la completa solución al problema de Chiapas. La tierra tiene un límite, pero esperamos que los avances en el rubro agrario influyan en la resolución del problema político global del estado."

Esta posición era plenamente compartida por el gobierno del estado. El gobernador Robledo anunció que su gobierno expropiaría excedentes de tierras para repartirlos entre indígenas y campesinos como parte del nuevo Pacta Agrario, pero también dejó en claro que aplicaría la ley contra los grupos que continuaran invadiendo ranchos y fincas. El tercero de los frentes de tensión que el gobierno debía enfrentar en esta coyuntura era la lucha poselectoral de Amado Avendaño, sostenida por la AEDPCh, el PRD y el EZLN, la cual se libraba lo mismo en el campo municipal que en la esfera de la gubernatura. La serie de alcaldías tomadas y las constantes movilizaciones de rechazo a Robledo estaban trenzadas en una dinámica de presión política y social, cuyos objeti-vos eran la renuncia del Gobernador, el reconocimiento legal del "gobierno en rebeldía" y el establecimiento de regiones autónomas zapatistas.

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Así, en diciembre se registraron numerosos bloqueos y tomas violentas de las alcaldías: Cacahoatán/Tapachula, Chicomuselo, Amateilango del Valle y otros cuatro más fueron tomados por las huestes de Avendaño, no sin antes escenificar enfrentamientos (que alcanzaron niveles de violencia muy graves, como en el tercero de los enlistados), ya sea con militantes del PRI, partido que gobernaba dichos municipios, o bien con integrantes de los cuerpos de seguridad pública del estado, que trataban de impedir la toma violenta de los palacios municipales.

La primera "tomada" en el mes por los perredistas fue Cacahoatán, en la que, armados con machetes, palos y piedras, los simpatizantes de Avendaño ocuparon el palacio municipal, reclamando la destitución de la alcaldesa priísta Sofía Sesma Muñoz, el reconocimiento de Amado Avendaño y la destitución de Eduardo Robledo, "así como de todos los demás alcaldes del estado, para que en su lugar se integren conse-jos municipales." Carlos Bertoni Unda, vocero del PRD en Ghiapas, fue muy. explícito al respecto, y advirtió el 5 de enero que aumentaría la toma de presidencias municipales para anexarlas al "gobierno paralelo", sumando con éste cuatro palacios mimicipales bloqueados desde que se hubiera creado el "gobierno rebelde".

Las tomas de alcaldías continuaron y pusieron en ascenso los niveles de violencia social. La presión contra el gobierno de Robledo también creció, y 24 horas antes de que venciera la tregua decretada por el EZLN a fines de diciembre, el propio Robledo reiteró que estaba dispuesto a renunciar su cargo si el movimiento rebelde deponía las armas.

Sin embargo, las protestas continuaron y la estrategia de movilización se mantuvo en ascenso. El día 7, Amado Avendaño dio a conocer la "con-vocatoria al pueblo de Chiapas para la realización de un Congreso Cons-tituyente", que habría de realizarse el día 24 de febrero en la ciudad de TuxÜa Gutiérrez, con el fín de elaborar una nueva Constitución para el estado.

Las tomas de alcaldías y los enfrentamientos siguieron sumándose. El 10 de enero se suscitó él más grave de ellos en Chicomuselo. En esa "toma" los seguidores de Avendaño se enfrentaron a balazos con la policía, dejando un saldo, según la PGJE, de seis muertos y cuatro he-ridos. El "gobierno en rebeldía" se apresuró a deslindarse dé los hechos y señalar que todo había sido una provocación montada por caciques del lugar "de apellidos Flores y Gordilío, que financian grupos pa-ramilitares." Similares deslindes harían en breve los comités directivos del PRD a nivel estatal y nacional.

En medio de esta difícil situación y en vísperas de establecer contacto formal con el EZLN para entablar condiciones de una tregua estable,

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el gobierno federal trató de coadyuvar a la distensión poselectoral en el estado. Por instrucciones del Presidente de la República, el 11 de enero el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, hizo un llamado a Amado Avendaño a dialogar. El propósito sería revisar la situación política de los mimicipios en conflicto y asegurar la pre-servación del régimen de derecho en la entidad. El funcionario planteó que, en el caso de Chicomuselo, se realizaría una investigación exhaustiva para precisar responsabilidades y enjuiciar a los presuntos culpables. Moctezuma puso énfasis en que las acciones de movili-zación social y política debían darse dentro de la ley y sin exhortar a la provocación ni a la violencia.

En respuesta a esta disposición gubernamental, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD estableció, desde ese mismo día, una tregua a la "resistencia civil" para favorecer la vía del diálogo y evitar mayores hechos de violencia.

El día 14, al conocerse la extensión de la tregua y el inicio de pláticas entre el gobierno y el EZLN, Amado Avendaño anunció el desalojo "voluntario" de las seis alcaldías que aún seguían ocupadas, como una forma de contribuir a la distensión y al restablecimiento del diálogo.

Sin embargo, algunas de las organizaciones más radicales, como la COCES y la COCEI se mantuvieron movilizadas, ya no en las alcaldías, sino ahora en las carreteras y puentes internacionales, donde hicieron bloqueos y manifestaciones, para sostener en pie la exigencia de renuncia de Robledo. Además, el PRD se pronunció a nivel local y nacional en favor de que el Congreso de la Unión decretara la desaparición de poderes en el estado.

En respuesta a esta situación, el representante del PRI en el Congreso local de Chiapas, Carlos Morales Vázquez, advirtió que los priístas iniciarían ima contraofensiva política y a través de actos de insurgencia civil impedirían "que el gobernador Eduardo Robledo sea una carta de negociación entre el gobierno federal y el EZLN." Los priístas, a través de sus diversas células, defenderían la gubematura de Robledo, ante el creciente rumor de tina desaparición de poderes en Chiapas.

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Febrero, 1995

Febrero, 1995

Durante el mes de febrero de 1995 el conflicto en Ghiapas entró en una etapa de rápidas definiciones, catalizada por tres situaciones concurrentes que se presentaron en el primer tercio

del mes: 1) la resistencia del EZLN a aceptar el establecimiento de un proceso de diálogo directo con representantes del gobierno federal y el rechazo a propuestas de negociación; 2) el descubrimiento, por parte de órganos de seguridad y de procuración de justicia, de diversos arsenales y casas de seguridad del EZLN en distintas entidades federativas, en las que presumiblemente se preparaban actos violentos, así como de las identidades de varios líderes del EZLN, y 3) una agudización de las ame-nazas y movilizaciones, por parte de organizaciones de propietarios y organizaciones sociales y campesinas.

Ante la negativa del EZLN a reanudar el diálogo, la identificación de acciones preparatorias de actos violentos y la ausencia del imperio del Estado de Derecho en la zona de conflicto, el Presidente de la República instruyó al Ejército Mexicano que avanzara hacia la zona y recuperara el control gubernamental y la vigencia del Estado de Derecho, respetando los derechos humanos, procurando no provocar enfrentamientos y garantizando la seguridad pública.

Este operativo no produjo enfrentamientos de consideración y, por el contrario, permitió que el Ejército Mexicano iniciara acciones para auxiliar a los desplazados para que regresaran a sus comunidades, de donde habían sido expulsados por el conflicto y por la intolerancia del EZLN, además de la realización de actividades de beneficio social. La acción concitó diversas reacciones por parte de los sectores de la sociedad mexicana, que en su mayoría aprobaron la decisión del gobierno fede-ral, y muchas de las cuales insistieron en que, una vez restablecido el orden, era necesario dar nuevos alientos a la solución política.

Una vez desactivadas las posibles acciones violentas en Chiapas y otros lugares de la República y restablecido el imperio de la ley en la zona de conflicto, el gobierno federal impulsó nuevas iniciativas en fa-vor de ima solución política, como la elaboración de una Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que contendría dis-posiciones para ima amnistía, ratificaría la participación de una Comisión del Legislativo como coadyuvante en el proceso y reconocería a la instancia de mediación propuesta por el EZLN.

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Como resultado de las acciones del Ejército Mexicano y de las subsecuentes propuestas del Ejecutivo y el Legislativo el conflicto pudo entrar en ima fase de negociación institucional, con una ley, instancias de mediación y coadyuvancia y una representación gubernamental oficial y formal. Ello empezaría a dar frutos a partir del mes de abril, con el reinicio de las negociaciones directas entre las partes. Febrero se constituyó, entonces, en el mes en el que, por disposición del Poder Ejecutivo, una operación decidida, pero cuidadosa, responsable y limitada del Ejército Mexicano, permitió superar una etapa de estancamiento en las negociaciones, lo que dio lugar a im diálogo for-mal que, durante muchos meses, permaneció ininterrumpido.

La ofensiva gubernamental

El mes se inició con una serie de declaraciones de voceros de asociaciones de propietarios y de organizaciones sociales, sobre desalojos de predios. El día 1 se dieron a conocer afirmaciones de Jorge Constantino Kanter, de la Unión Regional de Productores Rurales Belisario Domínguez, y de Fidel Enrique Culebro Trejo, coordinador de la zona sureste de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), quienes señalaron que, si en treinta días los gobiernos federal y estatal no de-salojaban los predios invadidos y restablecían la legalidad en la entidad, los pequeños propietarios iniciarían una serie de movilizaciones en defensa de sus derechos y propiedades.

El día 4, la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) informó que por tercer día consecutivo elementos de Seguridad Pública habían efectuado desalojos violentos, desocupando seis predios ubicados en Chiapa de Corzo, con un saldo de 22 detenidos.

El mismo día, la PGJE informó que militantes de la Sociedad Campesina Magisterial (Socama), del poblado Miguel Alemán, se habían posesionado de cuatro ranchos ubicados en el municipio de Suchiate, dedicados al cultivo de plátano de exportación. Las fincas ocupadas por la Socama eran: La Herradura, Lorelay, Santa Teresa y Santa Fe, integradas en la Sociedad de Producción Rural La Herradura, de Su-chiate. Otras organizaciones, tanto de propietarios como de campesinos, anunciaron y realizaron acciones que propiciaban conflictos.

Estas acciones y declaraciones evidenciaban la necesidad de restablecer, tanto en la zona de conflicto como en otras del estado, la presencia y efectividad de las autoridades gubernamentales.

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Aparentemente al amparo del conflicto diversas organizaciones sociales estaban aprovechando para invadir predios, paralizando la actividad económica agropecuaria de zonas importantes de Chiapas, lo cual provocaba respuestas amenazantes de organizaciones de productores, que prefiguraban im escenario de enfrentamientos recrudecidos por motivos agrarios.

Atendiendo a esta situación, el secretario de la Reforma Agraria, Arturo Warman, declaró, el día 6, la inexistencia de soluciones inmediatas al problema agrario en Chiapas. Dijo que la lucha contra el latifundio nunca sería una lucha contra la propiedad, ni privada ni social, sino una lucha contra la ilegalidad y contra la evasión de la ley, "que perjudica a los propietarios y a los propios campesinos y que debe ser conducida con orden, seriedad y responsabilidad."

En cuanto al EZLN, el día 3, el GCRI-CG, en un comunicado a la tercera asamblea de la Convención Nacional Democrática, dijo: "Proponemos un frente amplio, un frente cuyo punto común sea la oposición al sistema de partido de Estado y la lucha por la democracia, que incluya e incorpore a la mayor cantidad posible de fuerzas con este objetivo, que esté por encima de las organizaciones políticas y sociales, por encima de las armas, por encima de las divisiones, por encima de las diferencias; que, con base en el núcleo democratizador formado por el cardenismo, la CND y el zapatismo, vaya a la cabeza de la lucha por la democracia en México, única salida digna a la crisis económica y so-cial que vivimos [...] y morimos."

El día 5, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato presidencial del PRD, llamó a impulsar el Movimiento de Liberación Nacional, para que se constituyera en fuerza política y social, con la participación de la ciudadanía, el PRD, el EZLN, la CND y otros partidos y organizaciones. Agregó que la tarea del nuevo organismo era el plebiscito que se celebraría el próximo 26 de febrero, con el objeto de que el pueblo deci-diera si estaba a favor o en contra de que se protegiera con la impunidad a los culpables de los desastres de México, y si se aceptaba o no la política económica del endeudamiento externo, creciente e impagable.

Mientras estos acontecimientos se desarrollaban, desde el día 1 de febrero la Secretaría de Gobernación había dado a conocer un llamado al EZLN, en donde lo exhortaba a reanudar el diálogo directo que se había iniciado días antes (15 de enero), con la entrevista entre el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y el subcomandante Marcos. El comunicado hacía un reconocimiento a la Conai como instancia de mediación, y le solicitaba que apremiara su importante tarea.

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Al día siguiente, el subcomandante Marcos dio a conocer una carta abierta al Secretario de Gobernación, en la que negaba la existencia de retenes armados del EZLN en las inmediaciones del municipio de San Andrés Larráinzar, insinuaba que la estrategia del gobierno mexicano consistía en efectuar presiones militares para forzar im nuevo diálogo y afirmaba que de esa manera sería imposible solucionar el conflicto. Amenazaba también con responder de manera militar a las supuestas presiones ejercidas por las Fuerzas Armadas mexicanas. En otro comunicado, el EZLN rechazaba los acuerdos entre los gobiernos mexicano y norteamericano para enfrentar la crisis financiera surgida en diciembre de 1994, como ima "hipoteca al gran capital financiero de los recursos que por derecho histórico pertenecen a toda la nación." El día 3, la Secretaría de Gobernación reiteró su llamado al diálogo, afirmando que estaban dadas las condiciones para el mismo.

En su mensaje por el aniversario de la Constitución, el 5 de febrero, el presidente de la República, Ernesto Zedillo, Uamó al EZUM a la cordura y a reiniciar el diálogo. Anunció que, si las vías de diálogo propuestas no fructificaban convocaría a im periodo extraordinario de sesiones del Congreso, para que allí se determinaran las alternativas adecuadas para resolver de manera definitiva el conflicto. Exhortó al EZLN a decidirse abiertamente por la vía política para reivindicar sus demandas, puesto que el conflicto en Chiapas representaba "una amenaza constante a la tranquilidad pública, a la paz y a la justicia."

En respuesta a la voluntad gubernamental anunciada por el Presidente, el mayor Moisés, del EZLN, afirmó el mismo día que el go-bierno de México era el que tenía que aplicar los puntos básicos para el diálogo: "El gobierno sabe bien el acuerdo en que quedamos, es el que estamos exigiendo." En su respuesta, el mayor Moisés anunció las condiciones del EZLN para la consideración del reinicio de negociaciones: "La renuncia del usurpador Robledo Rincón; solucionar los conflictos poselectorales de Veracruz y Tabasco y aceptar el gobierno de transición."

El mismo día 5, y a pesar de la aceptación bilateral de la Conai como órgano de mediación, algunas voces comenzaron a escucharse, en rechazo al obispo de San Cristóbal de las Casas. Genaro Alamilla Arteaga, obis-po emérito de Papantla, dijo en esa ocasión que la mediación del obispo Samuel Ruiz en el conflicto armado en Chiapas no había dado ningún resultado, por lo que sería conveniente que renunciara a ese cargo.

El día 6, legisladores de los cuatro partidos políticos representados en la Cámara de Diputados aceptaron la corresponsabilidad propuesta

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por el presidente Ernesto Zedillo para buscar una salida pacífica y definitiva al conflicto en Chiapas. Al mismo tiempo, los miembros de la Comisión Legislativa para el caso Chiapas anunciaron una gira por el estado, en la que tenían previsto entrevistarse con representantes de las diversas fuerzas sociales, entre ellos con el gobernador Eduardo Robledo, con Amado Avendaño, con la Conai y representantes de los grupos de poder económico, pero que no incluía buscar contactos con el EZLN.

Ese mismo día, la Conai aseguró que había acelerado su labor de intermediación y rechazó que el proceso de negociación se encontrara estancado, a pesar de las dificultades para consolidar la tregua sin presión del EZLN y del Ejército Mexicano. Por su parte, el EZLN reiteró que mientras permaneciera Robledo Rincón en la gubematura, no acudirían al diálogo con el gobierno Federal.

Todavía el 8 de febrero, las instancias de mediación y coadyuvancia buscaban formas de reforzar las condiciones para ima negociación, res-paldadas por los poderes de la Unión y el gobierno estatal, pero sin respuesta positiva alguna de parte del EZLN. Ese día, Heberto Castillo, senador del PRD, dijo que en entrevista con Samuel Ruiz, presidente de la Conai, habían propuesto crear tm mecanismo para continuar el diálogo en forma persistente entre las partes involucradas en el conflicto armado. Aseguró que, luego de dialogar con ganaderos, pequeños propietarios, grupos de desplazados. Amado Avendaño (gobernador transitorio rebelde) y la Conai, encontraban disposición para no ensombrecer las negociaciones de paz. También el día 8, la Comisión Plural Legislativa pidió a la Conai establecer un diálogo sistemático entre el gobierno fede-ral y el EZLN para evitar que nuevos conflictos impidieran lograr una tregua estable.

Desde la óptica gubernamental, la situación se presentaba delicada: a pesar de los reiterados llamados de las instituciones del Estado en favor del diálogo y la vía pacífica, de la tolerancia hada las actividades del EZLN, de la acción pacífica del Ejército Mexicano y de la labor de la Comisión Legislativa y de la Conai, el gobierno federal no percibía señal alguna por parte del EZLN que permitiera avizorar una pronta reanudación del diálogo, mientras que, por otra parte, la situación en Chiapas exigía una inmediata restauración del Estado de Derecho y de la presencia de las instituciones en la zona de conflicto.

Adicionalmente, los antecedentes del 19 de diciembre de 1994, cuando el EZLN realizó movilizaciones militares y anunció la toma de 38 municipios, no abonaban en favor de una percepción del EZLN como serio en su voluntad de diálogo. Además, el 2 de febrero se habían

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detectado avances del EZLN hacia el municipio de Larráinzar, donde colocaron cuatro retenes, imo de ellos cercano a la cabecera mimidpal. Ello provocó que fuerzas del Ejército Mexicano respondieran de la misma forma, y así el retén militar federal quedó a menos de cinco kilómetros de los rebeldes.

Las condiciones exigidas por el grupo armado para reiniciar los contactos directos se presentaban como radicales, politizadas y, en algimos casos, ajenas al conflicto y sus causas (como las exigencias relacionadas con conflictos poselectorales en Veracruz y Tabasco).

Coincidentemente, los órganos de seguridad y de procuración de justicia encontraron, en los días y horas inmediatamente anteriores al 9 de febrero, casas de seguridad y arsenales del EZLN en Yanga, Veracruz; Cacalomacán, Estado de México, y otros lugares, y procedieron a detener a los involucrados. Los detenidos en Cacalomacán fueron: Gerardo López López, Ofelia Hernández Hernández, Patricia Jiménez Sánchez, Brenda Rodríguez Acosta, Celia Martínez Guerrero, Fernando Domínguez Paredes, Joel Martínez González y Gonzalo Sánchez Navarrete (este último menor de edad). En Yanga, Veracruz, fueron de-tenidos Hermelinda García Zepahua, Rosa Hernández Hernández, Al-varo Castillo Granados, Martín Trujillo Barajas, Luis Sánchez Navarrete, Hilario Martínez Hernández y Ricardo Hernández López.

Asimismo, se obtuvo información que revelaba las identidades de diversos líderes o ex líderes del EZLN, que dieron lugar a órdenes de aprehensión y detenciones. Destacaba la identificación de Rafael Sebastián Guillén Vicente como el subcomandante Marcos, principal vocero y jefe militar del EZLN. Guillén era licenciado en filosofía por la UNAM, oriundo de Tampico, Tamaulipas, y había sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, además de miembro de las Fuerzas de Liberación Nadonal (FLN), im grupo radical guerrillero surgido en la década de los setenta.

Este conjimto de circunstancias motivó que, el día 9 de febrero, el presidente de la República, Ernesto Zedillo, ordenara a la Procuraduría General de la República cumplir las órdenes de aprehensión, con respeto a los derechos humanos de la población, y al Ejército Mexicano realizar patrullajes en distintas zonas del estado, procurando evitar enfren-tamientos salvo en acciones defensivas, restaurando la seguridad pública y la vigencia del Estado de Derecho.

En su ammcio de ese día, el presidente Zedillo informó sobre los descubrimientos y arrestos, y señaló que las averiguadones indicaban que "el EZLN estaba a pimto de emprender nuevos actos de violencia."

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Afirmó que su decisión "de ninguna manera" significaba que el gobierno prefiriera optar por la violencia o que renunciara a su responsabilidad de atender las causas legítimas de inconformidad social en Chiapas. También informó de su decisión de convocar a un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, para informar de los hechos y solicitar que el Legislativo coadyuvara en la solución del conflicto y que examinara, y en su caso aprobara, la expedición de una Ley de Amnistía, a la que podrían acogerse los zapatistas que depusieran las armas y se comprometieran a canalizar sus demandas a través de los cauces le-gales de participación pacífica.

La estrategia no pretendía aniquilar militarmente al EZLN ni cancelar definitivamente la solución política y pacífica. El objetivo estratégico ftmdamental era recuperar el control en la zona de conflicto, con el fin de asegurar la presencia y funcionamiento de las instituciones en la atención a la población del área, dado que era inaceptable que una parte del territorio nacional estuviera sustraído a la acción del Estado y ocupado por un grupo armado que había declarado la guerra a las instituciones del país. Se pretendía mostrar al EZLN la imposibilidad de mantenerse indefinidamente al margen de im proceso de negociación con el gobierno y orillarlo a aceptar contactos directos para sentar, de manera negociada, las bases del diálogo y proceder a realizarlo.

Los objetivos estratégicos se cumplieron cabalmente, como se vio en su oportunidad, y el operativo fue conducido de manera absolutamente responsable y precisa, al grado de que no se produjeron enfrentamientos ni se registraron pérdidas humanas como resultado directo de las acciones.

El EZLN reaccionó inmediatamente, con dos comunicados. En el primero acusaba al presidente Zedillo de haber actuado por órdenes del gobierno norteamericano y desafiaba al Ejército: "Tengo trescientos tiros, así que procuren traer más de 299 soldados y policías para agarrarme." En el segimdo, calificaba el mensaje presidencial del 5 de febrero como "ultimátum", rechazaba las afirmaciones sobre la preparación de actos violentos, descubierta por las autoridades días antes, y reiteraba ser una organización indígena y chiapaneca, dispuesta a una salida política al conflicto, "sin amenazas, presiones o ataques militares." • ,

Al día siguiente, 10 de febrero, se publicaron otros dos documentos. El primero era una carta del CCRI-CG del EZLN al presidente Zedillo, en la que lo acusaba de "traidor a la patria" y reiteraba sus condiciones para un eventual diálogo. El segundo era un comunicado del

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subcomandante Marcos, en el que afirmaba que el gobierno había estado haciendo tiempo para atacar en tiempo de secas y se negaba a pactar las condiciones para el diálogo: "Que el gobierno no se crea que si nos amenaza nos sentamos."

Durante los días siguientes, el EZLN continuó con sus acciones en los medios de comunicación,mientras en la zona de conflicto sus unidades se replegaban hacia "posiciones de montaña". El día 11, en un comunicado a la sociedad civil, solicitaba la participación de los "pue-blos de México y el mundo" para intervenir y detener la "guerra genocida" y denunciaba bombardeos, así como que el gobierno estaba "matando niños, golpeando mujeres y violando."

El 12, anunciaba haber llegado al límite de sus posibilidades de repliegue y reiteraba su disposición al diálogo, con la condición de que el Ejército retirara sus tropas "de la zona bajo control del EZLN." El 13, en un comimicado firmado por los comandantes David, Javier y Ana María, manifestaba vma vez más sus condiciones para el diálogo y ponía como muestra de su voluntad no haber contestado a los ataques del Ejército Mexicano.

Organizaciones y personas simpatizantes del EZLN reaccionaron con diversas manifestaciones, marchas y plantones en distintas ciudades de la República. Destacó la realizada el día 11, desde el Ángel de la Independencia al Zócalo, en la que participaron miembros de los sindicatos de la UNAM y la UAM, así como organizaciones de vecinos, amas de casa y estudiantes.

El día 13 se registraron, en el D.F., seis manifestaciones. La que mayor expectación causó fue la que se realizó frente a la PGR, en donde alrededor de ochocientas personas expresaron su repudio a las acciones que esa institución había tomado contra el EZLN. A dicha manifestación acudieron diversas organizaciones, entre ellas la Asamblea de Barrios, la Unión de Colonias Populares, el PRD y el PT, entre otras. El movimiento fue organizado por la CND. El mismo día, imas 150 perso-nas protestaron frente a la embajada de México en Francia, contra la incursión militar en Chiapas.

En cuanto a otros sectores de la sociedad mexicana, las reacciones no se hicieron esperar. El mismo día de la acción, Luis Germán Cárcoba, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, patentizó el "apoyo imánime" de todos los organismos cúpula de la iniciativa privada a la decisión presidencial de dar xma "solución definitiva y de fondo" al conflicto de Chiapas, y poner fin a trece meses y medio de "rompimiento del orden de manera tan flagrante por parte del EZLN."

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María de los Ángeles Moreno, presidenta nacional del PRI, expresó su total apoyo a las medidas del Jefe del Ejecutivo en contra de los di-rigentes del EZLN, "pues permiten restablecer la paz y muestran su disposición y apego a ésta." Destacó el ofrecimiento para que quienes depusieran las armas por parte del EZLN pudieran acogerse a una nueva ley de amnistía.

En otro tenor, Porfirio Muñoz Ledo, presidente nacional del PRD, manifestó que era "evidente que la acción adpptada por el Ejecutivo en el sentido de apoyar con acciones del Ejército una actividad de la PGR en la zona de conflicto en Chiapas, crea una situación grave y de honda belicosidad." Lamentó que se hubieran tomado acciones de carácter persecutorio.

El Partido Acción Nacional apoyó la determinación de las autoridades y lamentó que la voluntad de violencia puesta al descubierto por la PGR se hubiera constituido en un obstáculo a la solución del conflicto por la vía política.

La Conai advirtió que las posibilidades inmediatas de un proceso de paz en Chiapas "podrían trastocarse seriamente", tras la determinación presidencial sobre el conflicto. La Iglesia Católica llamó al gobierno y al EZLN a actuar con "responsabilidad y serenidad", y, en particular, el Arzobispado de Guadalajara manifestó que, dado que los miembros del EZLN no habían aceptado el diálogo como vía de solución, debían segmrse los caminos que la ley establece "para los transgresores del orden público y la paz social."

Por su parte, Adolfo Suárez Rivera, arzobispo de Monterrey, consideró que al actuar con "firmeza" en el conflicto armado del estado de Chiapas, el presidente Ernesto Zedillo había logrado rescatar la confianza del pueblo en sus instituciones y se negó a hacer comentarios en torno al papel del obispo Samuel Ruiz.

El día 10, el CEN del PRD lamentó la decisión del presidente Ernesto Zedillo de "desatar las acciones de guerra en el estado de Chiapas." Agregó que ello complicaba la situación en todo el país. "El movimien-to del Ejército para complementar una orden de aprehensión es sinónimo de inicio de hostilidades."

El mismo día, el Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, abundó sobre los cargos que la PGR había imputado a dirigentes del EZLN, entre ellos a Rafael Sebastián Guillen Vicente, subcomandante Marcos: sedición, motín, rebelión, conspiración, terrorismo y portación de armas exclusivas del Ejército Mexicano. Informó que en los operativos de Veracruz y el D.F., se decomisaron sendos "arsenales" que, aseguró, se

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encontraban "en posesión de grupos pertenecientes al EZLN", y que estaban compuestos de ocho granadas fragmentarias, dos granadas de presión, diez pistolas calibres 22,25,32,38,45 y dos nueve milímetros, éstas de uso exclusivo del Ejército, ima metralleta Uzi, seis rifles, once bolsas de plástico con cloratos, nitratos, aluminio y azufre y 22 explosivos.

La mayoría priísta del Senado de la República otorgó su firme respaldo al presidente Zedillo en su decisión de preservar el Estado de Derecho en Chiapas y resaltó el hecho de que el Presidente ofreciera vías de incorporación a la participación política a los integrantes del EZLN, mediante la aplicación de una amplia amnistía que permitiría volver a una vida ciudadana plena a los que habían optado por las armas.

Por otra parte, la Coordinación de Organismos No Gubernamentales por la Paz, (Conpaz) dio a conocer que agentes de la Procuraduría Gene-ral de Justicia de Chiapas habían iniciado desde el día 9 una operación de vigilancia en los locales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y de esa organización, poco después del anuncio del Ejecutivo sobre las órdenes de apreher\sión giradas contra supuestos dirigentes del EZLN. Aseguró que su local estaba "prácticamente sitiado por irnos doce agentes de la Policía Judicial del estado."

El gobernador de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, sostuvo que los anuncios del presidente Zedillo indicaban la existencia de una de-cidida voluntad de avanzar en el restablecimiento del Estado de derecho.

El general Enrique Cervantes Aguirre, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, expresó su lealtad absoluta y subordinación incuestionable al presidente Zedillo. Dijo que México estaba en "tiempos de definiciones y de alcanzar soluciones justas, dignas y definitivas en los conflictos políticos más preocupantes, soluciones perdurables y paz digna para todos."

Heberto Castillo, senador del PRD, dijo que, con su actitud, el gobierno había declarado la guerra al EZLN, y que la situación y el rumbo que habían adoptado el conflicto chiapaneco eran altamente preocupantes, por lo que la decisión del gobierno ponía en riesgo "más levantamientos armados" en estados como Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Puebla, en donde "se sabe hay más integrantes" armados del EZLN.

Respecto al EZLN, el día 10, Lucio, capitán primero del EZLN, informó que el grupo armado había decretado estado de alerta general e iniciado el trabajo de reinstalar ininas en los accesos a la selva, para evitar una posible incursión nocturna del Ejército Mexicano.

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También el día 10, Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República Mexicana, expresó que una preocupación fundamental de su gobierno sería responder con prontitud y eficacia a las demandas de las co-mimidades indígenas. Ratificó su compromiso de que, conjuntamente con las propias comunidades y sus organizaciones, se erriprendería im esfuerzo especial y sosterüdo para atender las condiciones de salud, nutrición y vivienda, así como las reivindicaciones agrarias, los derechos humanos y la procuración de justicia en Chiapas.

Mientras los diferentes sectores de la sociedad exteriorizaban sus opiniones sobre la decisión del Ejecutivo, el Ejército Mexicano se po-sesionaba de Guadalupe Tepeyac y de Aguascalientes, importantes bastiones del EZLN, y avanzaba hacia otras zonas rebeldes en la Selva Lacandona por tierra y aire, sin que se reportaran enfrentamientos.

Simultáneamente, se iniciaban patrullajes en las comunidades de Soyaló, Temo, Sabanilla, Simojovel, San Andrés Larráinzar, San Lorenzo, Morelia, Lacandón, Guadalupe Tepeyac y Champa San Agustín.

Ocupación por parte del Ejército Mexicano de Bastiones Zapatistas El 9 de febrero de 1995, el Ejército Mexicano ocupa municipios y plazas consideradas zapatistas

1. Agua Zarca 2. Betania 3. Guadalupe Tepeyac 4. La Garrucha 5 . La Realidad 6. La Sultana 7. Las Tacitas 8. Morelia 9 . Nuevo Momón 10. Paíibuitz 11. Perla de Acapulco 12. San Miguel 13. San Quintín 14. Chiapas 15. Monte Líbano 16. Champa San Agustín 17. Temó 18. Vicente Guerrero 19. Taniperlas 20. Lacandón

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Mientras los acontecimientos se sucedían, de las declaraciones ministeriales de algunos presimtos miembros del EZLN empezaba a fluir información sobre los orígenes y preparativos del movimiento. María Gloria Benavides Guevara, alias subcomandante Elisa, declaró que la cúpula político-militar del EZLN, incluido el subcomandante Márcos, había recibido adiestramiento en tácticas guerrilleras en Nica-ragua por parte de miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional; que había adquirido armas en Estados Unidos, utilizado la estructura del Movimiento Proletario Independiente (Sindicato de Ruta 100), y comunicado al obispo Samuel Ruiz sus planes para el levantamiento armado del 1 de enero de 1994.

Días más tarde, Francisco Alejandro García Santiago, presunto militante del EZLN también detenido en imo de los operativos de la PGR, aseguró en su declaración preparatoria, que conoció al subcomandante Marcos y al subcomandante Daniel, y que sólo había una persona con mayor jerarquía que ellos, a quien llamaban comandante Germán, identificado como Femando Yáñez Muñoz.

En respuesta a estas declaraciones, Ricardo Barco, asesor jurídico del MPI y del SUTAUR-100, dijo que estas organizaciones no habían realizado ningima aportación económica al EZLN y que las versiones propaladas en ese sentido eran "absolutamente falsas."

El día 11, elementos del Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales de la Policía Federal de Caminos (EROE) informaron sobre la captura de dos presuntos zapatistas, quienes, en compañía de alrededor de sesenta rebeldes, habían bloqueado la carretera México-Ciudad Cuauhtémoc, tramo San Cristóbal de las Casas-Teopisca, para atacar a los elementos policiacos.

Por su parte, Arturo Galindo, general del Ejército Mexicano, informó sobre la recuperación de las comunidades San Quintín, Laguna Miramar, Betania y Agua Zarca, que habían estado controladas por el EZLN.

El mismo día, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que todas y cada una de las acciones de la PGR y el Ejército Mexicano se habían realizado conforme a Derecho y que de rüngún modo se trataba de una guerra: "En todos los casos la PGR y el Ejército han procedido con estricta observancia de la ley y cuidando de proteger los derechos humanos de la población civil y las comunidades indígenas de Chiapas."

En cuanto a los presimtos zapatistas detenidos el día 9, el 11 fueron consignados, en el juzgado sexto de distrito en materia penal en el Distrito Federal, ocho de los catorce presimtos militantes del EZLN que habían sido detenidos tras la balacera, que dejó un muerto y un herido.

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en una casa de seguridad de Cacalomacán, municipio de Toluca, estado de México.

También el 11, Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Gober-nación, hizo un llamado a los actores relacionados con el conflicto en Chiapas a iniciar, lo más pronto posible, negociaciones en busca de ima solución justa e integral que "no sólo signifique la falta de violencia, sino la creación de condiciones para superar la marginación de las comunidades indígenas y campesinas."

Al día siguiente, Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas y presidente de la Conai, aseveró que continuaría trabajando por la paz y que estaban dadas las condiciones para lograrla por la vía del diálogo.

El EZLN, mediante dos comunicados, informó que fuerzas del Ejército Mexicano bombardeaban y ametrallaban zonas de "control rebelde", y que miles de soldados federales habían entrado a la selva, desatando una "guerra sucia" contra la población, información que no fue confirmada pomingtma otra fuente.

De hecho, el mismo día la Secretaría de Gobernación informó que las autoridades de procuración de justicia habían restablecido pacíficamente su presencia en la zona, donde por casi catorce meses estuvo ausente el gobierno federal, por lo que de rüngún modo había "hechos de guerra". La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que, durante la incursión militar, nó hubo resistencia, porque el EZLN se había retirado tres o cinco días antes de la operación, dejando solamente a la retaguardia. Afirmó que se habían encontrado "palizadas y piedras", además de evidencias como imiformes, capuchas, papeles y otros enseres.

Ese día Félix Hernández, representante de los habitantes del ejido Gabino, manifestó que los desplazados de esa zona, que superaban las cuarenta mil personas, exigían el retomo a sus comimidades, porque "la liberación pregonada por el EZLN fue más dura para los indígenas que las condiciones en que estaban antes del surgimiento del movimiento armado."

La calma se restablecía gradualmente en la "zona de conflicto", conforme el Ejército Mexicano restauraba el Estado de Derecho y la seguridad pública. El día 13, por ejemplo, Oscar Roberto Villar Torres, alcalde de La Trinitaria, informó que "la tranquilidad comienza a prevalecer entre los habitantes de las 371 comunidades de este mimidpio, tras el inicio del despliegue militar y policiaco en la región, con lo que de pronto desaparecieron los grupos de zapatistas armados, que se de-dicaban a incitar a la población a la violencia." Manifestó también que,

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hasta im mes antes del operativo, prevalecía un clima de incertidumbre e intranquilidad, toda vez que decenas de militantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata habían intentado tomar las instalaciones de la alcaldía como parte de los actos de resistencia dvil.

También el día 13, la PGR informó que el Ejército Mexicano había completado su ubicación en los poblados considerados zapatistas, por lo que en lo sucesivo su misión sería únicamente de vigilancia y apoyo de las acciones de la PGR.

En el municipio de Las Margaritas, im grupo de desplazados, de casi once mil personas, condicionó el retomo a sus lugares de origen, al exigir a las autoridades la plena garantía de vigilancia permanente por el Ejército Mexicano, el desarme de zapatistas y que "el obispo Samuel Ruiz no vuelva a incitar a indígenas y campesinos a la violencia."

En el Congreso de la Unión, diputados y senadores de todos los partidos políticos representados, ratificaron su apoyo a la Comisión Legislativa de Diálogo y Conciliación en Chiapas, y por consenso acordaron sumar esfuerzos y voluntades para reinstalar la salida política al conflicto chiapaneco, que permitiera una paz digna, justa y definitiva.

Ernesto Zedillo, presidente de la República Mexicana, se reimió con los integrantes de la Comisión Legislativa de Diálogo y Conciliación para el Estado de Chiapas. Coincidieron en que se debía reinstalar la salida política al conflicto. El Presidente dejó en claro que las acciones que se ejercían desde el 9 no implicaban, por parte del Ejecutivo, "renuncia a la vía pacífica."

En respuesta, David y Javier, capitanes del EZLN, reiteraron la disposición del EZLN al diálogo, pero bajo la condición de que el gobierno federal retirara sus tropas de la zona de conflicto: "No nos vamos a rendir, resistiremos en las montañas." Asimismo, los repre-sentantes del CCRI aclararon que no conocían a los detenidos que supuestamente eran zapatistas, como tampoco a otra fuerza guerrillera.

El 14 de febrero ocurrieron dos hechos cmciales para el tránsito hacia la negociación institucional. En primer lugar, y después de que el Ejército Mexicano hubo restaurado el Estado de Derecho y la vigencia de las instituciones en la llamada zona de conflicto, el Presidente de la República dio órdenes al Ejército y a la PGR de que se evitaran enfrentamientos en Chiapas, poniendo fin a esa fase del operativo de las autoridades de seguridad, las que en adelante se concentrarían en mantener la seguridad pública, apoyar a los desplazados y realizar acciones de beneficio social. El Presidente reiteró su disposición al

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diálogo y renovó su llamado al EZLN a que manifestara, con claridad, su intención de optar por la vía política y legal.

En segundo lugar, el gobernador de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, presentó al Congreso local su solicitud de licencia, con el fin de no obstaculizar el irücio de negociaciones con el EZLN, que había exigido su renuncia como una condición para ello. En su discurso final, llamó a la corresponsabilidad a otros actores: a Samuel Ruiz, a que dimitiera de sus actividades actuales; a Amado Avendaño, a que "aban-done su ambición", y al EZLN, a que depusiera las armas. El Congreso nombró en su lugar a Julio César Ruiz Ferro, como gobernador interino.

El CEN del PRD calificó la solicitud de licencia del gobernador Eduardo Robledo como una "atenuante para aliviar la gravísima" situación en Chiapas; sin embargo, la consideró "insuficiente" para solucionar la crisis en la entidad.

La Conai manifestó su esperanza de que la licencia de Robledo al cargo de gobernador pudiera ser una contribución real para el proceso de paz en Chiapas y en el país. En un comunicado dijo mantener expectativas de que las instrucciones presidenciales para que la PGR y el Ejército Federal detuvieran las "acciones ofensivas" significaran un gesto político que diera paso a nuevos actos de distensión y que hicieran posible el diálogo.

La Secretaría de Gobernación señaló, con relación a la licencia solicitada por Eduardo Robledo, que se trataba de "una respetable decisión personal" que "evidencia su compromiso con la paz, hace patente su rechazo a la violencia y el deseo de que a Chiapas retorne la armonía."

El día 17, la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCh) afirmó que "no reconoce a otro gobierno de transición que no sea el que encabeza Amado Avendaño Figueroa", y señaló que cual-quier posibilidad de diálogo sería "exclusivamente con la federación, para tratar el asunto de los planteamientos de los sectores" que lo conforman.

Por otra parte, el día 14, y en concordancia con lo dispuesto por el Presidente, Antonio Lozano Gracia, procurador general de la República, había inforrñado que no se realizaría ninguna acción en esa entidad que pudiera provocar un enfrentamiento y que obstaculizara la Ley de Amnistía próxima a expedirse.

De inmediato, también, se presentaron reacciones. Samuel Ruiz García, presidente de la Conai, confió en que las instrucciones del presidente Ernesto Zedillo "para que no se realice ninguna acción

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ofensiva que pueda provocar enfrentamientos" serían un gesto político que daría paso a otros hechos distensivos por parte del gobierno federal y del EZLN, con el fin de que las partes iniciaran el pro-ceso de diálogo.

Sergio Aguayo, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y Alianza Cívica, consideró que la decisión presidencial de frenar las acciones militares en Chiapas y la solicitud de renuncia del gobernador Eduardo Robledo eran dos hechos positivos, que no debían ser vistos como signo de debilidad.

Los miembros de la Comisión Plural del Congreso anunciaron un viaje a Chiapas, en el que buscarían el consenso del EZLN para cor\formar el proyecto de Ley de Amnistía, que posteriormente sería analizado por el Legislativo.

El día 15, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Gobernación, expresó que, aunque las órdenes de aprehensión contra la dirigencia del EZLN continuaban vigentes, por el momento no se ejercería ninguna acción más para ejecutarlas, en espera del resultado de la iniciativa de Ley de Amnistía. Afirmó también que, al no existir ya territorio mexicano "supuestamente controlado por una fuerza distinta a las legítimamente reconocidas en la nación", los indígenas podían regresar a stis lugares de origen.

Ernesto Zedillo, presidente de la República, pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que convocara a lin periodo extraordinario de sesiones para analizar una posible Ley de Amnistía, que incluiría a los zapatistas que depusieran las armas. Pidió también a la instancia legislativa analizar la situación en Chiapas y discutir propuestas de solución al conflicto y rezagos en esta entidad.

Los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD y PT apoyaron plenamente la labor de la Comisión Legislativa para la Paz y la Conciliación en Chiapas y convocaron a sus miembros a buscar contactos directos con el subcomandante Marcos, para que, cuanto an-tes, pudieran reiniciarse el diálogo y las negociaciones.

El mismo día, Ana María, mayor del EZLN, dijo que aceptaban reanudar las negociaciones de paz, pero condicionó la medida a que el Ejército Mexicano se retirara a las posiciones que tenía antes de que se, iniciara la "ofensiva militar". "El gobierno debe entender que no se puede dialogar con alguien que los está persiguiendo, y si en verdad el gobierno tiene voluntad de diálogo, que deje de perseguir y así se pueda abrir el paso para im diálogo." Dijo también que en el ammcio del presidente Ernesto Zedillo "vemos ima señal para el diálogo."

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El 16, Heberto Castillo, miembro de la Comisión Plural Legislativa, afirmó que "el diálogo para la paz no puede darse ahora, lo que se tiene que buscar en estos momentos es volver a las condiciones que existían antes de que se giraran las órdenes de aprehensión contra los dirigentes del EZLN." Coincidiendo, el senador del PRI, Pablo Salazar Mendiguchía, en ese momento coordinador de la Comisión Plural Legislativa, advirtió que el riesgo de no poder sentar a una de las partes en conflicto para im nuevo diálogo sería de elevado costo para todos los mexicanos. Aseguró que las condiciones prevalecientes en ese momento eran más difíciles que las anteriores al 9 de febrero: "Podríamos hablar de que puede darse una imposibilidad física, legal y hasta política para sentar a las dos partes en la mesa de diálogo/'

En distintas reuniones, los obispos de Ciudad Juárez y de Monterrey expresaron el apoyo de la Iglesia Católica al trabajo de Samuel Ruiz al frente de la Conai, "porque está en una situación difícil y ninguno quisiera estar en sus zapatos", como lo expresó Adolfo Suárez Rivera, arzobispo de Monterrey.

También el 16, la Comisión Plural Legislativa para el Diálogo y la Paz en Chiapas realizó una gira de trabajo por el estado, con la finalidad de buscar una salida política al conflicto armado, así como para constatar, y en su caso denunciar, presuntas violaciones a los derechos humanos de los habitantes de las zonas en las que habían incursionado el Ejército Mexicano y la PGR.

El día 17, el Presidente de la República advirtió que el gobierno "no volvería a abdicar de su responsabilidad constitucional de preservar la soberanía de nuestro territorio" y afirmó que se estaban estableciendo condiciones para una solución política en Chiapas, duradera y justa, con xma paz digna para todos. Elogió las acciones del Ejército y la PGR, que permitieron recuperar en 72 horas el control de la zona, sin enfrentamientos.

En un comunicado fechado el 17, el subcomandante Marcos acusó al gobierno mexicano de querer destruirlos y señaló que no había condiciones físicas para el diálogo. Ratificó su voluntad de negociación y mencionó como "requisito iridispensable" que las tropas del Ejército regresaran a sus posiciones anteriores al 9 de febrero.

El CEN del PRD se sumó a esta postura, al afirmar que el retomo del Ejército Mexicano a las posiciones que tenía antes del 9 de febrero, la liberación de los presuntos miembros del EZLN, así como la suspensión de las órdenes de aprehensión pendientes, eran condiciones que "propiciarían" el diálogo en Chiapas.

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Por su parte, la Conai, al considerar que "todavía es posible evitar la guerra y el genocidio", hizo un llamado urgente al EZLN y al gobierno federal para que reiniciaran el diálogo en los próximos once días.

El 18, Genaro Alamilla, obispo emérito de Papantla, aseguró que la Comisión Nacional de Intermediación mantenía "una actitud repugnante, porque pone condiciones que imposibilitan al gobierno llegar a una solución pacífica al conflicto de Chiapas, por lo que su papel debe ser más honesto [...] lo único que buscan es hacer tiempo para lograr la desestabilización del país". Felipe Arizmendi, obispo de Tapachula y miembro de la Comisión de Reconciliación y Paz del Episcopado, señaló que "quienes admiran al subcomandante Marcos con el pretexto de justicia, olvidan que con ello sólo provocan que Chiapas y la nación entera se conserven en el pozo donde nos encontramos."

Heberto Castillo, integrante de la Comisión Legislativa para la Conciliación y el Diálogo en Chiapas, dijo que estaban a la espera de una respuesta por parte del EZLN en tomo a sus propuestas concretas para la Ley de Arnnistía. Afirmó que la Comisión había enviado un mensaje a los zapatistas, el 17 de enero, a través de radiodifusoras de Ocosingo y de Tuxtla Gutiérrez, en el que les proponían que expresaran sus puntos de vista sobre el proyecto de amnistía, de acuerdo con sus inquietudes, y que enviaran sus comentarios por la vía que consideraran conveniente.

El día 20 se difundió un comunicado de la Conai, en el que se afirmaba la urgencia de que tanto el EZLN como el gobiemo de la República dieran pronta respuesta a su iniciativa de diálogo: "En esta ocasión reitera su convicción de que los costos de una salida política y negociada al conflicto nunca serán tan grandes como el sufrimiento y la destmcción que acarrearán la guerra y la violencia."

Rodolfo Elizondo Torres, diputado del PAN y vocero en tumo de la Comisión Legislativa, informó que esa instancia todavía no tenía pro-puestas definitivas, pero que entre lo que se analizaba destacaba la propuesta de los zapatistas para que el Ejército Mexicano volviera a las posiciones que mantuvo hasta el 8 de febrero. Sobre la Ley de Amnistía, comentó que, para ser efectiva, esa iniciativa tendría que ser el resultado del consenso de las propuestas de todos los involucrados en el conflicto, como el EZLN, la Conai, los ganaderos, los campesinos. Amado Aven-daño y otros, "por eso no vamos a aceptar ninguna iniciativa de ley, por parte del Ejecutivo, que no considere las propuestas planteadas por las partes involucradas." Coincidió con el EZLN en que no existían las

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condiciones físicas para el diálogo pacificador en Chiapas y dijo no haber descartado posibilidad alguna para entablar las negociaciones, incluso que se realizaran en terreno neutral, dentro o fuera del país. Además, dio su apoyo a Samuel Ruiz, al reconocerlo como un medio efectivo para la intermediación y subrayó que las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes del EZLN podrían quedar sin efecto una vez que se aprobara la Ley de Amnistía.

Samuel Ruiz declaró: "A pesar de que hay gente que desea seguir aplicando mano dura para lograr la paz, la postura del gobierno, afortunadamente, es la de buscar vma salida política al conflicto mediante el diálogo."

El Sellado de la República informó que efectuaría un foro sobre am-nistía en el transcurso de la semana siguiente, con el fin de defirür y cla-rificar los alcances y las variables que podría tener en México una ley de ese tipo, en un momento tan delicado. A dicho foro acudirían académicos, legisladores y juristas independientes, quienes expondr ían sus consideraciones sobre la ley.

El día 21, el CEN del PRD formuló diversas demandas, entre ellas el repliegue del Ejército Federal, el establecimiento de zonas francas para él diálogo y fijar de manera inmediata la mesa de negociación entre los principales actores políticos, económicos y sociales del estado de Chiapas para abordar los problemas de fondo y definir los términos de la transición democrática y de la nueva constitucionalidad. Plantearon que no había ningún impedimento constitucional para que las negociaciones entre el EZLN y el gobierno pudieran llevarse a cabo en otro país, aunque el PRD consideró que no sería conveniente ni necesario.

El mismo día, Jacobo, integrante del EZLN, advirtió: "Las armas no se van a entregcir, y si el gobierno sigue presionando, si sigue metiéndose más, si no se retira, podría haber otro primero de enero al que se nos está obligando con la persecución." De hecho, eligirnos sucesos aislados de violencia armada seguían presentándose. El 21, la PGR informó que el Ejército Mexicano había detenido a Sebastián Mena López, Ramiro Alfonso Hernández y Manuel Jiménez Gómez, quienes habían agredido con disparos de arma de fuego a elementos militares que realizaban acciones de patrullaje y vigilancia en las inmediaciones de La Grandeza, municipio de Ocosingo, Chiapas.

Ante un suceso ocurrido el día 19, en el que un grupo de "auténticos coletos" habían agredido a personal de la diócesis de San Cristóbal, Jorge Madrazo Cuéllar, presidente de la CNDH, dijo el día 21 que requería del gobernador ii\terino de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, la implan-

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tación inmediata de "medidas cautelares" que salvaguardaran la integridad del obispo Samuel Ruiz, del personal de la diócesis del lugar y de sus seguidores. La aceptación de dichas medidas, en opinión del ombudsman nacional, impediría que "con el pretexto de la libertad de expresión se generen verdaderos enfrentamientos que dan la impresión de una guerra civil."

En relación con el mismo suceso, el CEN del PRD afirmó: "Es preocupante la pasividad de las autoridades ante las agresiones en con-tra de Samuel Ruiz" y señaló que esas acusaciones no ayudaban a establecer un clima favorable para el diálogo pacífico. Propuso diez pimtos para la paz: cese de hostilidades y repliegue militar; solución pacífica y renuncia al uso de la fuerza; gobierno de transición en Chiapas y nueva Constitución; mesa de negociación sobre modelos económicos y sociales; transferencia de recursos y plan de desarrollo del sureste; so-lución de problemas poselectorales pendientes; reforma electoral fede-ral; contiendas electorales equitativas; reforma democrática del Estado, y nuevos consensos sobre la salvaguarda de la soberanía. Ese mismo día salió rumbo a la ciudad de México tma "Caravana para la Paz", que reivindicaba las demandas del EZLN y pedía la aceptación del "gobierno de transición en rebeldía".

Samuel Ruiz García dijo que las partes en conflicto debían mostrar "la flexibilidad y responsabilidad que les pide la historia. Todo esto lo tiene que pedir la sociedad dvü por todos los medios a su alcance; lo que se les pide es que sigan tomando su responsabilidad histórica para que haya una salida pacífica y dialogante".

Jorge Constantino Kanter, de la Unión Regional de Productores Rurales Belisario Domínguez, señaló en la misma fecha: "El presidente de la Conai, Samuel Ruiz, nos está haciendo mucho daño [...] simple y sencillamente es dañino", y estableció que mucha gente no se manifestaba en su con-tra por creer que podría obstaculizar el proceso de paz en la entidad.

El mismo día, la embajada de México en Estados Unidos rechazó, por "inexactos y sin confirmar", informes de Amnistía Internacional sobre supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en Chiapas. Indicó que los reportes de AI "destacan quejas sin confirmar de abusos contra derechos humanos, torturas y ejecuciones sumarias en Chiapas" que están basados "más en supo-siciones en hechos [...] el gobierno mexicano expresa su preocupación por tal información irresponsable y los efectos negativos que podía tener, al engañar a la opinión pública sobre su verdadera posición con relación a este asunto delicado y controvertido."

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En la ciudad de México, Juan de Dios Castro Lozano, senador por el PAN y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, planteó que "en las actuales circunstancias todas las partes involucradas en el conflicto chiapaneco deben hacer hasta lo imposible porque se reanude el diálogo; al gobierno le toca analizar y valorar la posibilidad del repliegue del Ejército Federal a sus anteriores posiciones." Cecilia Romero Castillo, diputada del PAN, afirmó qué la Ley de Arrmistía im-plicaba necesariamente deponer las armas, e indicó que no se podía crear im precepto de esa naturaleza, si los zapatistas insistían en no dejar las armas. Calificó de positivo y loable que el Ejército Mexicano hubiera "rescatado las zonas que estaban fuera de control soberano."

Por esas fechas se publicaron también informes según los cuales, los servicios de inteligencia militar de la Sedeña consideraban que había 2 mil 275 "individuos involucrados en el EZLN, los cuales se encuentran dispersos en 285 localidades de 47 municipios en el estado de Chiapas."

Mientras tanto, las iniciativas del gobierno federal para atender los problemas de Chiapas continuaban. Un evento importante para la solución de las causas profimdas del conflicto fue el animcio que hizo el gobierno federal, el día 22, del "Programa para el Bienestar y el Desarrollo Sustentable de Chiapas". Se dio a conocer que, en breve, el gobierno federal comenzaría a inyectar recursos econóinicos para enfrentar las necesidades sociales más urgentes del estado.

Estas acciones eran imperativas en diversos rubros, como la educación. El día 22, Sonia Rincón Chanona, secretaria de Educación, Cultura y Salud del gobierno del estado de Chiapas, dijo que a causa del conflicto armado, 28 mil alumnos de nivel básico de quinientos centros educativos habían dejado de recibir clases en los últimos catorce meses en los municipios de Ocosingo, Altamirano y las Margaritas. Era evidente, entonces, la necesidad de atender esos problemas de mane-ra inmediata, tarea a la que se abocaron los gobiernos federal y estatal.

El 24, la dirigencia del EZLN reiteró que, para crear las condiciones físicas y legales para la reanudación del diálogo, el Gobierno Federal tendría que ordenar el repliegue del Ejército Mexicano y de la PGR en la Selva Lacandona, así como la anulación de las órdenes de aprehensión contra los dirigentes zapatistas: "El EZLN no está dispuesto a dialogar en condiciones humillantes, pero vuelve a ratificar su voluntad de bus-car ima salida política, digna y justa al conflicto armado."

En respuesta, Rodolfo Elizondo Torres, diputado del PAN y vocero en tumo de la Comisión Legislativa, señaló que existía apertura por parte del gobierno para establecer las condiciones del diálogo en el

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conflicto chiapaneco y que se encontraban muy cerca de alcanzar el con-senso con el Ejecutivo Federal para finalizar el proyecto de Ley de Amnistía. Agregó que se estaba contemplando que la Ley de Amnistía se conjuntara con otra que facilitara la posibilidad del diálogo y el acercamiento de las partes.

Mientras los actores políticos proseguían en su búsqueda de salidas e iniciativas políticas, la problemática agraria y productiva del estado continuaba. El día 25, Guillermo Escudero Robles, dirigente de ca-feticultores del municipio de Ocosingo, afirmó que en 1994 el conflicto chiapaneco había arrojado pérdidas por más de 21 millones de dólares, debido a la suspensión de cultivos de café en predios ocupados por los rebeldes y otros invadidos por campesinos indígenas.

Por su parte, un grupo de ganaderos y pequeños propietarios de Chiapas, pertenecientes a la Coalición de Organizaciones Ciudadanas del Estado de Chiapas (COCECH), puso un ultimátum de 48 horas al gobierno del estado para que desalojara las tierras invadidas por campesinos e indígenas o de lo contrario romperían el acuerdo por el que se comprometían a no practicar desalojos por su cuenta: "No hemos visto respuesta por parte del gobierno del estado, no ha cumplido hasta la fecha el acuerdo."

Al día siguiente, Augusto Altúzar García, ganadero del Rancho Puerto Rico, en el municipio de Las Margaritas/ apuntó que, ante lo que consideraban como una "indecisión" del gobierno para solucionar su problema, ganaderos de Las Margaritas habían acordado iniciar la "recuperación del ganado y maqviinaria que se encuentre en sus ranchos y fincas ubicadas en la zona del conflicto."

El 27, los ganaderos y pequeños propietarios agrupados en la COCECH acordaron dar una prórroga de diez días al gobierno del estado para recuperar las fincas invadidas por indígenas y campesinos, pero advirtieron que pasado ese plazo actuarían bajo su cuenta y riesgo. Los finqueros reprocharon a Eraclio Zepeda, secretario general de gobierno, lo que llamaron "una actitud pasiva de la administración estatal para ejecutar órdenes de arresto contra líderes indígenas y campesinos." "No hubo ningún acuerdo o respuesta concreta, Zepeda nos pidió más tiempo, paciencia, como si fuera poco quince meses que llevamos ya, no sabemos cuál es el tiempo suficiente para ellos, pero para nosotros diez días son suficientes." Estos acontecimientos muestran la gran presión que existía sobre las autoridades para resolver, de manera expedita y pacífica, im complejo entramado de situaciones y posiciones respecto a la tenencia y propiedad de la tierra, tanto por parte de

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organ izac iones sociales y campes inas , c o m o d e p r o d u c t o r e s y propietarios.

En cuanto a la situación militar en la zona de conflicto/el día 26 Juan Antonio Zúñiga, enviado del periódico La Jornada, señaló que, a dieciséis días de iniciada la ofensiva en territorio zapatista, u n número in-determinado de efectivos del Ejército Mexicano, no inferior a los cinco mil, se encontraba posesionado de dieciocho puntos estratégicos dentro de las cinco subregiones de la Selva Lacandona. N o se reportaban enfrentamientos.

En contraposición a esta información, el EZLN dio a conocer un comunicado en el que aseguraba que "la supuesta voluntad de diálogo del señor Ernesto ZedUlo Ponce de León es falsa", pues "mientras habla de una solución política y legal, sus ejércitos siguen avanzando en la Selva Lacandona, sembrando el terror entre los civiles, haciendo detenciones ilegales, robando y destruyendo."

S imul táneamente , en Las Margar i tas , la PGR i n f o r m ó que 24 presimtos militantes del EZLN se habían entregado al Ministerio Público Federal adscri to a la local idad de Guada lupe Tepeyac, en fo rma volvmtaria y pacífica, para reintegrarse a su comvmidad y actividades cotidianas.

El mismo día. Amado Avendaño Figueroa, "gobernador de transición en rebeldía", dijo: "Nosotros estamos de este lado de la Selva Lacandona y estamos haciendo, todavía, una insurgencia civil. Ojalá el gobierno de Ernesto Zedillo tenga la suficiente inteligencia de no obligarnos a hacer una insurrección armada." El EZLN, por su parte, hizo xm llamado a la sociedad civil nacional e internacional para "que no detengan sus movilizaciones para alcanzar una paz justa y digna para los indígenas mexicanos."

En San Cristóbal de las Casas, u n judas con la imagen de Samuel Ruiz comenzó a quemarse en la plaza municipal. Según el periódico La Jornada, mientras el fuego consumía aquel pedazo de trapo, el himno chiapaneco resonaba tan fuerte como los gritos de unos doscientos "auténticos coletos", que una y otra vez repetían: "Que muera Samuel, que muera Samuel."

El día 28, el periódico Reforma informó que por lo menos mil 69 indígenas tzeltales habían retomado al ejido El Censo, municipio de Ocosingo, en ima caravana de 35 vehículos, custodiados por el Ejército Mexicano y ambulancias del Seguro Social: "Desde temprana hora, los tzeltales recogieron sus pocas pertenencias de los albergues y casas particulares donde permanecieron por más de catorce meses debido al

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temor a los enfrentamientos en la zona controlada por el EZLN y la escasez de víveres", y retomaron a su comvmidad.

Un día antes, Luis H. Álvarez, senador por el PAN y miembro de la Comisión Legislativa, había solicitado u n encuentro entre el gobierno federal y la dirigencia del EZLN, luego de conocer el mensaje de los zapatistas en el que denunciaban que el gobiemo no daba muestras de favorecer la vía del diálogo. Álvarez dijo que el EZLN no parecía tener interés en que el conflicto se resolviera.

Al m i s m o t i empo, la Comis ión Legislat iva i n fo rmaba q u e el anteproyecto de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en C h i a p a s , n o h a b í a l o g r a d o el c o n s e n s o d e los c o o r d i n a d o r e s parlamentarios, por diferencias políticas y de matiz jurídico en el tema de las órdenes de aprehensión dictadas en contra de los dirigentes del EZLN. Informaron que se preveía alcanzar los consensos en esa semana, para que la irüciativa pudiera ser presentada en el periodo extraordinario de sesiones.

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Marzo, 1995

Marzo, 1995

Una vez alcanzados los objetivos estratégicos del operativo del 9 de febrero, y habiéndose creado las condiciones para im diálogo efectivo entre las partes, durante el mes de marzo el presidente

Zedülo, con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias del Congreso de la Urüón, dio impulso a una iniciativa de ley que tendría por objetivo dar certidumbre jurídica y rumbo político a la negociación.

Se trataba de que el proceso que se pretendía iniciar no estuviera sujeto a los avatares de la coyuntura política y a los cálculos de las partes, sino que, por el contrario, contara con im horizonte definido y una normatividad con rango de ley.

A la postre, la iniciativa fructificaría en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Sus características principales serían; la definición del EZLN como "un grupo de ciudadanos, mayo-ritariamente indígenas, que por diversas catisas se inconformaron y deci-dieron involucrarse en el levantamiento armado del 1 de enero de 1994"; la creación de la Comisión de Concordia y Pacificación como órgano de coadyuvanda; el reconocimiento de la instancia de mediación propuesta por el EZLN; la suspensión de las órdenes de aprehensión contra miem-bros del EZLN en tanto durara la negociación, y el mandato de culminar las negociaciones con la firma de im Acuerdo de Paz con Justída y Dignidad.

La ley condtó el apoyo generalizado de la pobladón y los diferentes sectores de la sociedad. Una vez aprobada, los actores directamente involucrados se dieron a la tarea de intercambiar propuestas para definir la sede, formato y propósito de la primera reunión directa. Estos es-fuerzos ailminarían con la reuiüón de San Miguel Ocosingo, el 9 de abril.

Marzo destacó, entonces, por ser el mes en que se consolidó el carácter institudonal de la negodación y dio pie a la preparadón del primer con-tacto formal y directo entre las partes.

La ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas

Durante la primera parte del mes, persistieron en Chiapas los proble-mas derivados de conflictos agrarios, particularmente invasiones de predios, que reclamaban la instrumentación de políticas para alcanzar

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acuerdos y soludones en esta materia. Simultáneamente, continuaba el regreso de algunos grupos de desplazados a sus comunidades, así como la entrega de armas por parte de algunos desertores del EZLN que deseaban reincorporarse a sus actividades cotidianas dentro de la legalidad.

Al mismo tiempo, en el Distrito Federal, el Congreso de la Unión elaboraba y discutía la inidativa de Ley para el Diálogo, enviada por el Ejecutivo. Se trataba de im paso fundamental para establecer un proceso de negociación institucional y formal.

En cuanto a la situadón en Chiapas, el día primero el Ejército dio a conocer que estaba presente en más de 152 comunidades de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano.

Pocos días después, Javier Toledo Córdova, presidente de la Asocia-ción Rural de Interés Colectivo (ARIC), informó que por lo menos qui-nientos presuntos milicianos del EZLN habían entregado las armas (principalmente rifles calibre .22) al Ejército Mexicano, en seis comimidades de los municipios de Ocosingo y Altamirano: Santa Elena, Monte Líbano, La Estrella, Ibarra, Rómulo Calzada y La Laguna. El 5, el Ejército Mexicano informó que 103 ex militantes del EZLN que depusieron las armas se habían reincorporado a sus comunidades de la Selva Lacandona.

Por otra parte, las invasiones de predios continuaban, no sólo a propiedades privadas, sino también a reservas ecológicas y territorios éjidales y comunales. Por ejemplo, el día 4, Carmelo Chambor Yuk, diri-gente de los indígenas lacandones, informó que alrededor de diez mil campesinos/simpatizantes del EZLN, habían invadido más de cien mil hectáreas de la Selva Lacandona, donde estaban talando imas 150 hectáreas de monte de la zona, considerada como reserva de la biosfera, sin que las autoridades intervinieran para evitar el problema.

El día 5, Baudelio Ramírez Vázquez, oficial de la Polida Judicial Estatal de Chiapas, informó que se había suscitado un enfrentamiento, cuando doscientos campesinos intentaron posesionarse de seis predios de tma superficie de veinte hectáreas cada imo, en el ejido Aquiles Serdán, de donde fueron repelidos por los propietarios a balazos. El resultado fue de un muerto y varios campesinos golpeados.

Este tipo de acciones incrementaban las tensiones entre las partes involucradas y, ciertamente, exigían la aplicación de políticas de concüiadón y soludón de controversias. El 6, Jorge Constantino Kanter, de la Unión Regional de Productores Rurales Belisario Domínguez, exigió una solución inmediata al conflicto armado y a las invasiones de

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tierras en Chiapas, y demandó al gobierno federal que "abandonara las tibiezas." "No estableceremos plazos rü ultimátums para que el gobierno solucione nuestro conflicto —dijo—. Nosotros actuaremos de la manera más adecuada para recuperar nuestras tierras."

A estas declaraciones respondió Didier Cruz Gutiérrez, subpro-curador de Control de Procesos de la PGJE, quien afirmó que la Procuraduría General de Justicia del estado no desalojaría los predios invadidos por grupos de campesinos en Chiapas, mientras no tuviera las órdenes de aprehensión correspondientes. El mismo día, el Frente Amplio de Defensa de la Tierra (FADT) dio a conocer que se había detectado la presencia de extranjeros indocumentados entre los grupos que propiciaban los conflictos agrarios de las regiones del Soconusco y la Costa, por lo que solicitó a las autoridades estatales y federales verificar los padrones de quienes demandaban tierras.

Luis Enrique Pérez Mota, coordinador de Desarrollo Agrario del gobierno del estado de Chiapas, indicó que, tras el anuncio de la Secretaría de la Reforma Agraria de que recibiría denuncias sobre latifundios simulados, se habían presentado —en im lapso de un mes— al menos ocho casos que la Procuraduría Agraria estaba atendiendo.

Respecto a la situación entre el gobierno y el EZLN, los diferentes actores relacionados con el conflicto externaron sus opiniones sobre una posible negociación, así como sobre los contenidos de la iniciativa de ley. El día 1, Amado Avendaño Figueroa, "gobernador de transición en rebeldía", aseguró que la intervención de la Cámara de Diputados para discutir acerca del conflicto armado, sólo pretendía "cansar al EZLN, porque los legisladores no tienen capacidad de solución [...] con esto sólo se mediatiza en los problemas y el conflicto sólo compete resolverlo a la Secretaría de Gobernación, encargada de los problemas internos del país."

A pesar de la oposición a la participación del Legislativo en el proceso, que exhibían algimos voceros de sectores minoritarios, el Congreso con-tinuaba con sus trabajos para elaborar la ley. También el día 1, Heberto Castillo, presidente en tumo de la Comisión Legislativa para el caso Chiapas, dijo que se había acordado con los coordinadores parlamen-tarios y el Ejecutivo el proyecto de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que sería firmado por esa Comisión y por el presidente Ernesto Zedillo.

El día 2, se empezaron a dar a conocer algimos de los contenidos de la ley. El Congreso informó que, para facilitar la negociación, la ley suspendería las órdenes de detención contra Rafael Guillén, acusado de

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ser el subcomandante Marcos, y otros dirigentes del EZLN, por plazos prorrogables; el primero sería de treinta días. Además, la guerrilla no tendría que entregar las armas, ya que, como había sucedido en los procesos de pacificación centroamericanos, el desarme se produciría una vez firmada la paz.

Samuel Ruiz García, presidente de la Conai, consideró que la ley para el diálogo había dado im viraje de 180 grados, al considerar los dos pimtos principales considerados por el EZLN, es decir el retiro de los mi-litares de las comunidades y la suspensión de las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes zapatistas.

El día 3, Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República, expresó su apoyo total a la irüciativa de ley. Opinó que, probablemente, el EZLN no la aceptaría fácilmente, pero que a pesar de ello el gobierno mantendría su volimtad de dialogar. Dijo que la propuesta de ley prevería mecanismos para que quienes se habían inconformado se pu-dieran incorporar a la actividad política una vez que concluyera el proceso de diálogo y negociación.

Felipe Aguirre Franco, obispo de Tuxtla Gutiérrez, se sumó al apoyo, al afirmar que eran esperanzadores los planteamientos que el Presidente y la Comisión Plural Legislativa estaban haciendo en la iniciativa. Señaló: "Esta acción demuestra que sí se puede avanzar por los caminos de la reconciliación, lo que consecuentemente atrae la confianza de todo el pueblo mexicano."

A pesar de que el diálogo no se había reanudado aún, la acción institucional no se detenía. El día 3, Genaro Borrego Estrada, director general del IMSS, y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud, realizaron una gira de tirabajo por Chiapas en donde dieron a conocer el Programa Integral de Salud para la entidad, con el que se pretendía reforzar y mejorar la cobertura y calidad de la atención médica a cámpesinos e indígenas.

El día 4, Antonio Lozano Gracia, procurador general de la República, informó al Congreso que, de las averiguaciones previas y consignacio-nes hechas con motivo del conflicto en la entidad, existían hasta entonces 21 personas consignadas, catorce evadidas de la acción de la justicia y seis que fueron deterüdas y puestas en libertad posteriormente al no encontrárseles culpabilidad algxma.

Respecto a la decisión del presidente ZediUo de detener el avance de las tropas, ordenada el 14 de febrero. Amado Avendaño Figueroa, "gobernador de transición en rebeldía" dijo que el Presidente "demuestra su debilidad con la falta de firmeza en la toma de decisiones, ya que

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inicia una serie de actitudes que no concluyen [...] el Presidente ha estado dando bandazos, como que su proceder obedeciera al tipo de presión que tiene en el momento."

En contraposición a los informes oficiales, Mario Hernández Jiménez, miembro de la Unión de Ejidos Las Margaritas, denunció que el Ejército estaba forzando a indígenas desplazados a regresar a sus comunidades de origen para usarlos como delatores de miembros de la guerrilla: "A varios indígenas tojolabales y tzeltales les han dotado de uniformes verdes y cascos y les obligan a servir como guías a los soldados que in-gresar! a recuperar nuevos poblados. Estas acciones tienen un fin, que es el de utilizar a los desplazados que conocen la región para saber con exactitud dónde se han instalado las tropas de la guerrilla zapatista."

Unos días después, la Sedeña informó que tropas del Ejército Mexicano y Policía Federal habían reiniciado los patrullajes por las carreteras de la región fronteriza próxima al área donde permanecía pertrechada la guerrilla.

El día 4, la Conai reconoció que la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, era im esfuerzo por ampliar la perspectiva de comprensión del conñicto armado, pero manifestó su inquietud porque en ningún punto del articulado de la ley y su exposición de motivos sé mencionaba explícitamente a la Conai. Sostuvo que el tema que no se podía eludir era el referente a la creación y encargo de la Comisión de Concordia y Pacificáción.

Ese día, el EZLN dio su opinión sobre la iniciativa. Propuso que fueran los máximos representantes de las partes en conflicto quienes reanuda-ran el diálogo para pactar xm acuerdo definitivo de paz. Pidió a la Conai, que en su papel de mediación, hablara con el "señor Ernesto Zedillo" para investigar qué instancias gubernamentales les podrían representar en la negociación: "No podemos dialogar con tma parte del gobierno, mientras la otra nos persigue y ataca."

Pero al día siguiente, el EZLN rechazó el contenido de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, por considerar que , era un retroceso para la solución justa al conflicto. Aducía: "El gobierno ha vuelto a sus posiciones de enero de 1994, pretende hacer cómplice de su intolerancia y autoritarismo a la Comisión Plural Legislativa y al Congreso de la Unión [...] El Comité rechaza el contenido de la mencionada iniciativa de ley, pero saluda el espíritu de diálogo que la animó."

El día 6, la Convención Nacional Democrática (CND) dio a conocer vma propuesta para "lograr condiciones reales para el establecimiento

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del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal." En ella, se planteaba la necesidad de que el Ejército Mexicano se replegara a las posiciones que ocupaba hasta el 8 de febrero, la instalación de zonas francas, el desistimiento de la acción penal en contra de integrantes del EZLN, el re-conocimiento de la Conai y del gobierno en rebeldía de Amado Avendaño.

Respecto a esta propuesta, cabe mencionar que, posteriormente, la ley habría de reconocer a la Conai como órgano de mediación y sus-pender (no desistirse de) las acciones penales. Meses después, la delegación propondría un repliegue parcial del Ejército, que se reposicionaría en ciertos puntos (sin retroceder a sus posiciones anteriores al 9 de febrero por razones estratégicas). La propuesta también incluiría la posibilidad de que el EZLN estuviera presente en siete corredores o rutas, a cambio de garantizar la seguridad pública en ellas. El EZLN habría de rechazar esta propuesta. En cambio, era imposible reconocer al gobierno de Amado Avendaño, que no había sido capaz de obtener el mandato popular en las urnas.

En la ciudad de México, el día 7 Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato presidencial del PRD, visitó, junto con veinte legisladores del PRD, a los quince presuntos miembros del EZLN internos en el Reclusorio Norte, a los que consideraba presos políticos, por lo que demandó al gobierno federal su inmediata liberación.

El 8 de marzo, Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas, presentó al Congreso local ima iniciativa de Ley Estatal para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, para suspender los pro-cedimientos judiciales iniciados contra el EZLNy garantizar a indígenas y campesinos su reintegración y asentamiento en sus comvmidades de origen.

El día 9, el Secretario de Gobernación recibió a la representación de once organizaciones integrantes de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCh), a quienes explicó que, independiente-mente de que algunas de sus peticiones fueran factibles y otras inaceptables, lo fimdamental era buscar mecarúsmos de diálogo en donde pudieran encontrarse soluciones con la participación de todos los involucrados.

Ese día, la Cámara de Diputados aprobó la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, la cual entró en vigor el día 11, al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. La ley suspendía las acciones judiciales en contra de presimtos miembros del EZLN, mientras la negociación permaneciera vigente, creaba la Comisión de

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Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por diputados y senado-res de todas las firacciones parlamentarias, así como por un representante del Ejecutivo y otro del Legislativo de Chiapas. Este sería un órgano coadyuvante del proceso, originado a partir de su antecedente, la Comisión Legislativa para la Paz y la Conciliación en Chiapas. La ley reconocía al órgano de mediación propuesto por el EZLN y determinaba ima negociación, por mandato, hasta la consecución de un Acuerdo de Paz con Justicia y Dignidad (ver anexo).

El gobierno federal informó que la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas buscaba asegvirar la paz justa, digna y duradera en Chiapas, atender las causas que originaron el conflicto armado, promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y académico. Además, propiciaría que los zapatistas participaran en política con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos, promovería el desarrollo económico y social sustentable en Chiapas y propondría los lineamientos para la amnistía.

Es importante destacar que el proceso de negociación en Chiapas ha sido único en el mimdo, al contar con una ley que lo ordena y regula. Su importancia radica en la certidumbre e institucionalidad de que se ve dotada la negociación, al contar con un marco jurídico propio y específico.

El mismo día de promulgación de la ley, la Secretaría de Gobernación recibió a vina delegación de la Conai, con el objeto de analizar im proyecto que proponía las bases para lograr, lo antes posible, el inicio del diálogo y la negociación. En las conversaciones se coincidió en realizar las accio-nes y medidas que facilitaran el encuentro entre los representantes del gobierno federal y del EZLN. Se trataba del inicio formal, en esta etapa, dé la búsqueda de canales para concretar el proceso de negociación.

En una de las primeras reacciones de los actores políticos nacionales, Carlos Castillo Peraza, presidente nacional del PAN, afirmó que la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna, por sus características, sentaba las bases para una negociación inmediata entre el gobierno y el EZLN, y opinó que "sería una torpeza de los levantados en armas rechazar esta puerta que se abre a una posibilidad política, la cual cuenta con \m gran respaldo social y político."

El día 13, Ernesto Zedillo, presidente de la República, manifestó que, después de aprobada la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, se esperaba la respuesta del EZLN e instó a las comisiones vinculadas en la entidad a insistir en el diálogo que, "por encima de todo, es preferible que la guerra."

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Coincidiendo con el Presidente, Luis Felipe Bravo Mena, legislador del PAN y vocero en tumo de la Cocopa, afirmó que era urgente echar a andar el mecanismo previsto en la ley, con objeto de concretar el reinicio de negociaciones para la pacificación. Aseguró que el gobierno mantenía el ánimo de conciliación y de diálogo mostrado desde el reinicio de esfuerzos para la reanudación de las pláticas.

La promulgación de la ley fue el paso crucial para comenzar contactos tendientes a concretar una revmión directa entre las partes, que diera inicio formal al proceso de negociación. Mientras ello ocurría, los acontecimientos en Chiapas seguían desarrollándose con su propia dinámica, en la expresión de conflictos de diversa índole y en el intercambio de declaraciones y tomas de posición de diferentes actores políticos, económicos y sociales.

El día 10, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria (CDHFFV) manifestó que, pese a las órdenes del Ejecutivo para detener el avance del Ejército en Chiapas, la entidad se encontraba militarizada, además de que en los diversos pvmtos a los que se habían desplazado los militares eran suspendidas las garantías individuales de la población civil.

El 12, tzeltales adscritos a la ARIC-Independiente dijeron que "la avanzada del Ejército Mexicano llegó ya hasta el poblado de San Caralampio y se dirige hacia la comimidad de San José", ubicada dentro de la reserva integral de la biosfera Montes Azules. Representantes de las dnco regiones de la Cañada Tzeltal, demandaron la salida del Ejército de la zona y apoyaron la creación de espacios para la paz "donde se puedan llevar a cabo las negociaciones entre el gobierno y el EZLN."

Oscar Camacho, enviado de La Jomada, informó: "No obstante que este día entró en vigor la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, habitantes de la comuiüdad Vicente Guerrero dieron a conocer que el Ejército mantiene su presencia en la zona colindante a Guada lupe Tepeyac y que sigue realizando cáteos, detenciones temporales e interrogatorios en busca de dirigentes zapatistas."

En contraste, la PGR informó que los agentes del Ministerio Público Federal, destacados en Chiapas para cumplimentar las órdenes de aprehensión giradas en contra de presimtos dirigentes del EZLN, habían dejado, por el momento, de perseguir a los indiciados y que los miem-bros del Ejército Mexicano tampoco realizaban labor alguna de persecución.

En Tuxtla Gutiérrez, Cuauhtémoc Cárdenas demandó la liberación de los presuntos zapatistas Javier Elorriaga Bedergué y Jorge Santiago

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Santiago, recluidos en el penal de Cerro Hueco, "ante la falta de pruebas en su contra". Dijo también que en la Ley para el Diálogo había un vacío, dado que no consideraba el repliegue del Ejército Mexicano.

En cuanto a los conflictos agrarios, agentes de la PJE desalojaron catorce ranchos en el municipio de Salto de Agua, y detuvieron a cinco personas bajo la acusación de delitos de abigeato, despojo y daños en, propiedad ajena. Coincidentemente, Jorge Constantino Kanter, de la Unión Regional de Productores Rvirales Belisario Domínguez, dijo que el patrullaje "parcial" del Ejército Mexicano en la zona de conflicto y la falta de garantía del gobierno, impedían el retorno de los pequeños propietarios desplazados de 947 predios, lo que causaba pérdidas por más de doscientos millones de nuevos pesos por concepto de daños en la ganadería.

El 14, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Gobernación, dijo que el Presidente de la República había dispuesto el retiro de los retenes militares en la zona de conflicto de Chiapas, así como la ubicación de los contingentes militares fuera de las comunidades rurales y poblaciones de esa área. Agregó que el Ejército se mantendría en la entidad realizando patrullajes limitados.

Por su parte, el Gobernador de Chiapas dijo que la presencia militar había contribuido a restablecer el Estado de Derecho en la zona de conflicto: "Son falsas las versiones difundidas por algunos grupos, en-tre ellos Greenpeace, que señalan que el Ejército Mexicano persigue a los indígenas y campesinos en la zona de conflicto; el Ejército, por el con-trario, realiza labores de tipo social que la misma población demanda."

En un tono completamente distinto, el EZLN exigió el retiro total de las tropas del Ejército Mexicano, advirtiendo que "prácticamente" estaban frente a frente, lo que podría originar una confrontación. Dijo que la situación era delicada, porque menos de tres kilómetros separaban a ambos grupos: "No estamos dispersos ni descontrolados, lo que sí estamos es vmidos y esperamos respuesta del gobierno, un sí o un no a la paz."

Ese mismo día, la Conai presentó a la Comisión de Concordia y Pacificación los temas que el EZLN pedía discutir en las negociaciones con el gobierno federal: 1.- Reforma electoral; 2.-Justicia; 3.- Autonomía indígena; 4.- Reforma del Estado, y 5.- Desarrollo.

Al día siguiente, el mismo órgano informó que, en tanto los retenes militares en la zona del conflicto —^instalados desde el 10 de febrero— habían sido retirados desde las 16 horas, en las circunstancias prevalecientes la comimicación con el EZLN seguía siendo muy difícil.

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El día 16, el EZLN aceptó reiniciar de únmediato el diálogo por la víá epistolar con la Secretaría de Gobernación. No obstante, declaró: "Sólo hasta que las tropas del Ejército Mexicano se retiren a las posiciones que ocupaban el 8 de febrero de este año, habremos de reanudar el contacto directo con la representación gubernamental."

De inmediato, la Secretaría de Gobernación informó que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo había aceptado el intercambio epistolar propuesto en un comurtícado del EZLN, con el propósito de irüciar las pláticas de pacificación en Chiapas.

Algxmos medios de comunicación se mantenían escépticos respecto a la Ley para el Diálogo. Por ejemplo, Ricardo Alemán Alemán, en su columna "Clase Política", del periódico La Jornada, comentó el día 17: "El nuevo intento de diálogo entre el gobierno y el EZLN, con todo y su ley, rü siquiera ha logrado que las cosas regresen a ese pimto, al del contacto directo entre las partes en conflicto [...] más bien pareciera que el nuevo intento de diálogo apenas fue suficiente para contener la inminencia de la guerra, si no es que para dar tiempo al ataque final."

A pesar de ello, los actores institucionales mantenían y vigorizaban sus acciones. La Cocopa consideró que era necesario instrumentar un programa de concordia y conciliación entre las comunidades para complementar la distensión política, luego del repliegue de las tropas militares de la zona de conflicto. Indicaron que el repliegue militar de las comimidades era insuficiente si no se ponía en marcha un programa integral de concordia.

De hecho, el Ejército había empezado a reposicionarse y a salir de muchas comunidades, como lo informó, entre otros, Jesús Aranda, enviado de La Jornada: "Los soldados del Ejército Mexicano ya empezaron a salir de las comunidades que ocupaban en la zona de conflicto y se trasladaron a las afueras de las poblaciones en que se encontraban, en tanto que el desmantelamiento de los retenes continuaba este jueves por la mañana y en la gran mayoría de los 'pimtos de revisión', como les llaman los militares, los soldados se limitan a anotar las matrículas de los autos que pasan por el lugar."

En esto coincidió Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación, quien dijo que el Ejército Mexicano estaba levantando sus retenes en Chiapas y ubicando sus contingentes militares fuera de la zona del conflicto, desde el 15 de marzo. El día 17, el secretario de Gobernación se reimió con la Conai. En la reurtíón, los asistentes coincidieron en hacer un llamado a todos los actores en Chiapas para contribuir a la distensión general del estado. A pesar de ello, el CCRI-CG del EZLN reiteró su

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exigencia de que el Ejército Mexicano regresara a las posiciones que había ocupado hasta el 8 de febrero.

El día 19, la Secretaría de Gobernación le entregó a la Conai una propuesta con lugar y fecha para que se realizara el diálogo con el EZLN, por lo que sólo se esperaba la respuesta de la contraparte.

El EZLN informó que, al retirarse las tropas del Ejército Mexicano, comandos especiales de la guerrilla zapatista inspeccionaban las co-munidades de Guadalupe Tepeyac y San Miguel, que podrían servir de sedes para el diálogo con el gobierno mexicano.

El mismo día, la Cocopa se reunió con im representante del secretario de la Defensa Nacional y del secretario de Gobernación, para informar-le de los avances de la distensión en Ghiapas, así como para solicitarle que los miembros del Ejército Mexicano recorrieran sus posiciones algunos metros en diversos poblados en la zona de conflicto, con el fin de facilitar el diálogo entre el gobierno y el EZLN.

La Sedesol informó que el 19 de marzo había comenzado el retorno de alrededor de cuatro mü desplazados de la zona del conflicto a sus ho-gares en la región de Las Cañadas y en el murücipio de Las Margaritas, "con lo que se calcula que para este fiñ de semana sumen nueve mil los retomados a sus lugares de origen."

El día 21, la Secretaría de Gobernación entregó a la Conai la propuesta para el diálogo con el EZLN y señaló que las bases tenían como antecedente un proyecto originalmente formulado por la Conai y las observaciones y aportaciones de la Cocopa. Al día siguiente, la Conai envió al EZLN la propuesta del gobierno federal. Tres eran los puntos principales: la permanencia de las fuerzas militares en el área de influencia zapatista; el tiempo que debía considerarse para la suspensión de las órdenes de aprehensión, y la instalación de "espacios neutrales" para tm posible diálogo.

El subcomandante Marcos transmitió ese día un comunicado, en el que desmentía algunas versiones de su propia muerte, durante un presunto combate entre miembros del grupo alzado y fuerzas militares guatemaltecas.

El día 22, el gobierno del estado de Chiapas afirmó que al concluir esa semana habrían regresado el 50 por ciento de los desplazados de la zona de conflicto (alrededor de 11 mil 500 personas), lo cual permitiría avanzar hacia la conciliación de los diferentes grupos.

El 24, Rodolfo Elizondo Torres, vocero de la Cocopa, comunicó que la Secretaría de Gobernación no tenía inconveniente en que el obispo Samuel Ruiz, a través de la Conai, fuera la parte mediadora en el conflicto

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chiapaneco. Reveló que la Comisión Legislativa había entregado al presidente Ernesto Zedillo un informe amplio sobre las difíciles condiciones en que vivían alrededor de treinta mil chiapanecos, que habían tenido que abandonar sus poblaciones e internarse en la selva víctimas de "intimidaciones".

El EZLN afirmó, en un comunicado, que cualquier iniciativa de reanudación del diálogo "sólo será posible si se crean las condiciones físicas y legales para im encuentro entre las partes —lo cual implicaría— la retirada del Ejército y de la PGR de la Selva Lacandona y la anulación de las órdenes de aprehensión." Exhortó al presidente Ernesto Zedillo a que "se decida de una buena vez a la resolución del conflicto por la vía del diálogo y ofrezca señales claras y contundentes en este sentido."

Luis, capitán del EZLN, dijo que, lejos de suspender el despliegue, el Ejército Mexicano continuaba "avanzando y reforzando" sus posiciones en la Selva Lacandona. Advirtió que, de continuar la ofensiva nülitar, "podrían reiniciarse las hostilidades y la guerra duraría muchos años."

Mientras se avanzaba en la definición de fecha y sede del diálogo, las instituciones continuaban diseñando e instrumentando estrategias y políticas para avanzar en la solución de los problemas de fondo de Chiapas. Al Programa Integral de Salud, presentado el 3 de marzo, siguió el día 24 el anuncio de Miguel Limón Rojas, secretario de Educación Pública, sobre ima inversión de 64 millones 779 mil pesos, tendiente a reducir el rezago educativo que prevalecía en la entidad, monto supe-rior en im 18 por ciento al destinado en 1994.

El 29 de marzo, el EZLN dio a conocer un comunicado, fechado el día 24, en el que respondía a la propuesta del gobierno y proponía cuatro posibles sedes para el diálogo: la Catedral Metropolitana, la Basílica de Guadalupe, la Ciudad Universitaria y la sede de la ONU en México. Además, proponía un método de trabajo, con plenarias que incluirían a otros actores locales y nacionales, y una agenda de cinco temas: '

1. Medidas de distensión. 2. Temas políticos, culturales, sociales y económicos en dos niveles: estatal y nacional. 3. Acuerdo regional de conciliación entre los actores de la crisis chiapaneca. 4. Acuerdo de cese de hostilidades. 5. Participación política y social del EZLN.

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En respuesta, la Secretaría de Gobernación señaló que el documento del EZLN contenía propuestas atendibles y otras inviables. Sin especificar su rechazo a la propuesta del EZLN para que la negociación se realizara en el D.F., indicó que la agenda y los lugares del diálogo debían ser convenidos de común acuerdo.

El día 30, Heberto Castillo consideró que el gobierno federal tenía razón en no aceptar que el diálogo se realizara en la ciudad de México, "porque no es un lugar ajeno a la pugna política y crearía dificultades, polarizaría las posiciones, habría marchas y contramarchas." Humberto Roque Villanueva, líder del PRI en la Cámara de Diputados, coincidió al señalar como inconveniente que el eventual diálogo se celebrara en el D.E, dado que "se magnificaría el conflicto, ya que el problema es de carácter regional y debe resolverse en Chiapas."

Por su parte, la Comisión de Concordia y Pacificación se "congratuló por la disposición a reanudar el diálogo, expresada tanto por el EZLN como por el gobierno." Subrayó que la selección del lugar para el diálogo no debía ser impedimento para el reinicio de las negociaciones.

La Comisión del Episcopado Mexicano rechazó la propuesta del EZLN para llevar a cabo en la Basílica de Guadalupe o la Catedral Metropolitana el diálogo de paz, por considerarla una ofensa a la feligresía, al querer solucionar im problema de índole política en recintos sagrados, aptos exclusivamente para la oración.

Mientras se avanzaba en la definición de propuestas para el inicio del diálogo, el estado de Chiapas siguió experimentando graves problemas de diversa índole, relacionados o no con el conflicto con el EZLN. Marchas, plantones, declaraciones amenazantes, tomas de alcaldías, invasiones y desalojos de predios, y conflictos violentos por motivos agrarios, religiosos o políticos, afectaban la vida política y la convivencia social en Chiapas. Si bien la conflictividad declinó, en com-paración con los tres meses anteriores, era clara la necesidad de acelerar la instrumentación de políticas de recondliadón social, de atención a las carencias y, sobre todo, de solución al problema planteado por el le-vantamiento del EZLN por la vía de la negociación.

Con esta conciencia fue que se aceleraron los intercambios de propuestas, que culminarían con la realización del encuentro de San Miguel, el 9 de abril, que daría inicio a las reuniones directas entre las partes.

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Abril, 1995

Abril, 1995

En el mes de abril se cristalizaron los avances representados por la aprobación de la ley, la aceptación de la intermediación propuesta por el EZLN, la formación de la Cocopa y la suspensión de las

órdenes de aprehensión. Después de un intenso debate sobre la sede del diálogo, el 9 de abril se reunieron las partes, en San Miguel Ocosingo, para sentar las bases y principios del proceso.

La negociación inició formalmente el 22 de abril, en la sede aceptada por las partes, San Andrés Larráinzar. Apesar de incidentes menores, el diálogo inició con buenos augurios y con el respaldo de la gran mayoría de la población.

La primera reunión en San Andrés Larráinzar trató sobre el tema de distensión. Las partes intercambiaron propuestas y la reunión terminó con una solicitud del EZLN para consultar entre sus bases la propuesta del gobierno, fijándose la fecha del siguiente encuentro para el 12 de mayo. -

Abril fue, entonces, el mes en el que iniciaron los contactos directos entre las partes y en el que el proceso de negociación entró en una fase fluida y continua.

Se inicia el diálogo

Desde el inicio del mes, el pimto central del debate fue la sede del diálogo. Los zapatistas y algvinos simpatizantes deseaban que éste se realizara en el Distrito Federal, presumiblemente con el propósito de contar con un foro de gran resonancia y de nacionalizar su movimiento. El gobierno federal, así como numerosos sectores de la sociedad, entre ellos simpatizantes de la lucha del EZLN, consideraban altamente inconveniente que la negociación tuviera lugar fuera de Chiapas.

En un boletín publicado el día 2 de abrü, la Secretaría de Gobernación solicitó realizar el diálogo para la paz con el EZLN en cualquiera de las seis poblaciones chiapanecas propuestas xmos días antes por la Comisión de Concordia y Pacificación. Los lugares propuestos eran: La Trinitaria, Independencia, Comitán, Palenque, Ocosingo y Teopisca. La Secretaría pidió a la Conai que comunicara al EZLN y a la Cocopa su aceptación de cualquiera de las poblaciones propuestas.

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Mientras el gobierno aceptaba la propuesta de la Cocopa, y dejaba al EZLN la elección de cualquiera de las seis posibles sedes, algunos organismos extranjeros pretendían inmiscuirse en los asuntos de México, externando opiniones y demandas relacionadas con el diálogo. Por ejemplo, la Misión Ecuménica de Europa pidió que la sede fuera el D.F., ya que, según ellos, "en Chiapas no existen condiciones psicológicas, logísticas ni de desarme para realizar el diálogo."

Pero varios dirigentes de la Iglesia Católica mexicana se oponían a la realización del diálogo en el D.E, o por lo menos a que se llevara a cabo en templos. Guillermo Schulemburg, abad de la Basílica de Guadalupe, se rehusó a que la Basílica o la Catedral Metropolitana fueran utilizadas como sitio de encuentro entre el EZLN y el gobierno. En respuesta al subcomandante Marcos dijo que "la presencia de ustedes y de todos los que intervendrían en el diálogo por la paz, ya sea ex oficio o designados legalmente para ello, provocará la llegada de un gran número de perso-nas de toda índole para estar al tanto de los acontecimientos, lo cual sería en detrimento de lo que es y representa este lugar."

Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de la diócesis de Guadalajara, junto con otros obispos mexicanos, dijo que el diálogo gobierno federal-EZLN debía ser en Chiapas, ya que ese conflicto político-social debía resolverse en zonas neutrales —excluyendo templos católicos—porque el carácter de las demandas planteadas por los alzados reclamaba sitios donde no se pusiera en tela de juicio ni a las iglesias ni a sus jerarcas.

En apoyo al inminente diálogo, Luis Germán Cárcoba García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que lo que daba confianza a los empresarios en tomo del conflicto chiapaneco era que "se esté negociando" entre las partes, porque "México no puede estar sujeto a estas circunstancias por demasiado tiempo, pues ya hemos visto cómo han influido en todo lo que nos pasó."

El día 3, la Comisión Nacional de Intermediación envió, tanto al EZLN como a la Secretaría de Gobernación, im dociunento confidencial, como resultado del análisis de la mediación a las respuestas de ambas partes a las bases para el diálogo. El escrito explicaba que, en las respuestas de cada una de las partes a la propuesta de la Conai, se identificaban coincidencias en varios artículos de tales bases.

Pero el mismo día, y a diferencia de los avances que se registraban en otros rubros preparatorios de la negociación, el EZLN aseguró que el diálogo con el gobierno federal no se podía llevar a cabo en las co-munidades ubicadas dentro de la zona de conflicto, "porque no hay condiciones ni garantías [...] sólo si se retiran las tropas del Ejército el

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EZLN aceptaría dialogar." Dijo que aunque se venciera el plazo de las órdenes de aprehensión en contra de los zapatistas, eso no iba a ser motivo de presión, pues el gobierno no iba a conseguir atemorizar a los guerrilleros; "Aunque se venza el plazo, ¿cuándo se vencerá la pobreza? ¿Cuándo se vencerá la miseria? Lo que se vence no es el plazo, sino nuestra vida."

Al día siguiente, Julio César Ruiz Ferro, gobernador interino del es-tado de Chiapas, afirmó que a los chiapanecos "nos ha lastimado el conflicto —por eso— el diálogo entre representantes del gobierno y miembros del movimiento zapatista debe darse en Chiapas"; además dijo que existían condiciones para que se realizara el encuentro en aquel estado.

Mientras el debate sobre la posible sede continuaba, Samuel Ruiz, presidente de la Conai, les recordó a las partes que el encuentro debería darse antes del 10 de abril, pues "ya está marcado por la ley y ellos (los zapatistas) la aceptaron." Se refería a que la primera suspensión provi-sional de las órdenes de aprehensión era de treinta días, los cuales se cumplirían el 10 de abril. Añadió que se esperaba "una puerta de salida —ya que-— sería absurdo que todos dijéramos que antes de que llegue esa fecha rompemos filas por otro lado."

A pesar de la anterior firmeza de su rechazo a que las negociaciones se realizaran en Chiapas, el día 7, en un comunicado, el subcomandante Marcos informó que el domingo 9 de abril, en el ejido de San Miguel, mvmicipio de Ocosingo, el EZLN y el gobierno de la República sos-tendrían un primer encuentro, con una agenda de dos pimtos que ponían a discusión y en su caso aprobación: principios del Protocolo de Bases para el Diálogo y la Negociación de un Acuerdo de Paz con Justicia y Dignidad, y lugar, fecha y agenda del siguiente encuentro. La fecha propuesta por el EZLN, y aceptada por el gobierno —así como la agenda— permitía que el diálogo se iniciara justo un día antes del vencimiento de la suspensión de las órdenes de aprehensión, con lo cual la suspensión se prorrogaba indefinidamente en tanto prosiguiera el diálogo.

Mientras las partes determinaban sede, fecha y agenda de su primera reunión, en Chiapas continuaban, si bien en menor grado, los conflictos por cuestiones agrarias. El día 3, en Las Margaritas, Antonio Hernández Cruz, líder de la CIOAC, informó que una persona había muerto y dos estaban desaparecidas, a consecuencia de un enfrentamiento por conflictos de tierra entre militantes de la CNC y ese orgarüsmo, ocurrido en el rancho de Las Cruces.

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El mismo día, el Centro de Investigación, Conservación y Protección de la Selva (CICPS) afirmó que indígenas tzel tales del mvmicipio de Ocosingo habían depredado más de quinientas hectáreas de los bienes comunales de la Selva Lacandona y que amenazaban con seguir devastando esta zona, de interés para la comunidad internacional, en tanto no fueran resueltas sus demandas agrarias.

La primera reimión dio buenos resultados. El Ejército Mexicano ga-rantizó las condiciones de seguridad para la realización de la reunión, en la cual se firmó, el 9 de abril, el Protocolo de Bases para el Diálogo y la Negociación de im Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad.

La delegación gubernamental inició su participación con una propuesta de nueve principios normativos de la negociación. La delegación del EZLN no presentó una propuesta propia, sino que se limitó a presentar en la plenaria sus comentarios a la propuesta gubernamental. En la mayoría de los casos, la reacción fue positiva, aunque en algunos otros se presentaron resistencias, debidas a la diferente comprensión de algunos términos, como "superación de incidentes" o "reciprocidad proporcional", que fueron aclaradas con ayuda de la Conai, hasta que se conformó el texto final del Protocolo.

La firma del Protocolo de Bases incluía:

a) Los principios que normarían la negociación: buena fe, respeto mutuo, continuidad del diálogo y la negociación, aclaración de las diferencias, superación de incidentes, disposición manifiesta al diálogo, voluntad plena, reciprocidad proporcional, objetividad en la información pública.

b) El establecimiento de San Andrés Larráinzar como sede permanente del diálogo.

c) Cumplimiento del artículo 4 de la Ley para el Diálogo (suspensión de órdenes de aprehensión contra integrantes del EZLN mientras durara el diálogo).

La reunión de San Miguel y la firma del Protocolo de Bases constituyeron un sólido inicio del proceso de negociación entre el gobierno federal y el EZLN, al sentar las bases para el mismo, en forma de principios que tendrían por objetivo regir el curso de las negociaciones. Con la firma de este primer documento se daba paso a la primera etapa formal del diálogo en San Andrés Larráinzar, que, por acuerdo de las partes, habría de iniciar el 20 de abril.

Julio César Ruiz Ferro, gobernador interino del estado de Chiapas, saludó la firma del Protocolo y dijo que correspondía a los chiapanecos

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evitar que los hechos de enero de 1994 se repitieran, luego de pro-nunciarse porque en Chiapas se reinstalara definitivamente la legalidad: "Hoy estamos otra vez en un tiempo intenso de procurar la paz."

El día 14, Diego Pérez Hernández, presidente municipal de San Andrés Larráinzar, informó que la cancha municipal debásquetbol sería habilitada como sede permanente para el diálogo de paz entre el gobierno y el EZLN, cuyas negociaciones se preveía que tuvieran ima duración de cuatro días.

El mismo día, Gustavo Iruegas, representante del gobierno ante el EZLN, afirmó que durante el diálogo se buscaría como punto central de la agenda la distensión progresiva y recíproca en Chiapas. Señaló que los temas a tratar serían amplios y complejos, por lo que la reunión podría durar dos o tres días.

El día 17, por instrucción del Presidente de la República, fue nombrado como coordinador de la Delegación Gubernamental para el Diálogo en Chiapas, Marco Antonio Bemal Gutiérrez, director del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE). El resto de la delegación estaba conformada por: el doctor Jorge del Valle Cervantes, el embajador Gustavo Iruegas, el general Tomás Ángeles Dauahare y el licenciado Javier Zenteno. A diferencia de experiencias anteriores de negociación con el EZLN, en este caso no se trataba de la figura de un "comisionado", sino de una delegación formal y oficial, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que reforzaría el carácter institucional del proceso.

El día 20, Porfirio Muñoz Ledo, presidente del PRD, dijo que la negociación en Chiapas requería el establecimiento inmediato de la mesa nacional de negociación sobre reforma del Estado, la de políticas públicas y la mesa de negociación sobre las reformas constitucionales e ins-titucionales en el estado de Chiapas: "Son tres mesas concatenadas [...] los puntos de la agenda de Chiapas son nueva Constitución, nuevas elecciones para gobernador, nueva ley electoral, órgano electoral independiente, la cuestión agraria, la campesina, el problema de las autonomías y el programa de desarrollo."

Mientras diferentes actores políticos opinaban sobre la reunión, en San Andrés Larráinzar surgió un inconveniente que pospuso por dos días el inicio de la misma. El día 19, arribaron a San Andrés alrededor de cinco mil indígenas que expresaban su apoyo al EZLN, no siempre en términos respetuosos para la delegación gubernamental. El coordinador de ésta consideró que la presencia masiva de simpatizantes de una de las partes creaba im clima adverso al diálogo, por lo que solicitó

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el retiro de los contingentes, de forma que sólo permanecieran quienes in-tegrarían el cordón "indígena" de seguridad, aprobado por las partes.

Con la posición gubernamental coincidió el CEN del PAN, el cual aseguró que las manifestaciones en San Andrés Larráinzar habían constituido im acto de imprudencia "que fue en perjuicio no sólo de los diálogos emprendidos, sino también en contra del pueblo chiapaneco y mexicano."

El día 21, Irma Serrano, senadora del PRD, reconoció haber entregado más de cuatro mil pesos a indígenas de entre diez y quince comtmidades chiapanecas, para que acudieran al reinicio del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal. "Suplico a los medios de comunicación deslindar de toda responsabilidad al obispo Samuel Ruiz, a la Conai o a cualquier otra organización, del financiamiento de las movilizaciones en San Andrés." También negó que el apoyo económico hubiera surgido del PRD, porque dijo, su situación económica es crítica: "no tenemos ni para teléfonos."

Ese mismo día, a nombre de la Conai, Pablo González Casanova informó que los "siete mil indígenas aceptaron esta noche la petición del EZLN de retirarse a sus comtmidades de origen, para cumplir así la condición del gobierno federal y mañana sábado, sin más pretextos, reinicien las negociaciones por la paz. La Conai no puede perder de vista el objetivo superior que nos planteamos para este episodio del diálogo, ni aun ante las inverosímiles acusaciones que, en estos días, se enderezaron en contra suya y de algunos de sus miembros: acusaciones que rechazamos tajantemente."

La primera reunión en San Andrés Larráinzar dio inicio a la primera fase de la negociación, qué se concentró en sentar las bases pro-cedimentales y de distensión, antes de entrar a la negociación de los "temas sustantivos", es decir, los políticos, económicos, sociales y culturales. "

Esta etapa del diálogo, que transcurrió con relativa fluidez y sin interrupciones importantes, se caracterizó por intensos intercambios directos entre las partes en la mesa de negociaciones, en los que se presentaron diferencias conceptuales de fondo en los siguientes temas: distensión, agenda y alcance de los temas, formato de la negociación y reglas de procedimiento.

Durante la primera reunión, el 22 y 23 de abril de 1995 se inició con el tema de la distensión, a petición de la delegación del EZLN, a pesar de que la delegación gubernamental propuso acordar con antelación las Reglas de Procedimiento, con el fin de contar con ordenamientos precisos

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que guiaran la discusión de cada uno de los temas. Como se vio pos-teriormente, la carencia de un marco normativo del proceso provocó retrasos innecesarios en el diálogo.

Ante la insistencia del EZLN, se aceptó entonces iniciar con las me-didas de distensión. La diferencia de fondo que se presentó era de ca-rácter conceptual: para la delegación gubernamental, el concepto de distensión debía ser integral, es decir, político, social y militar, mientras que para el EZLN era básicamente militar e instrumental.

La distensión integral era entendida por la delegación gubernamental como im conjunto de medidas concretas que deberían irse adoptando simultáneamente al avance de las conversaciones sobre el conjimto de los temas de la agenda. Así, para que el proceso de distensión y, como resultante de éste, la pacificación pudieran avanzar, se consideraba preciso definir, con antelación, tm escenario final de pacificación, es decir, el conjunto de circunstancias en las cuales se pudiera considerar al conflicto armado como solucionado y en el cual se materializaran avances tangibles para la erradicación de las causas profundas que le dieron origen. Al definirse el escenario de distensión al que se pretendía arribar sería posible ir acordando los pasos parciales necesarios para llegar a él.

Para el EZLN la distensión era básicamente militar. Exigía el acuerdo iiunediato de medidas concretas de distensión que acreditaran la buena volimtad de las partes. Esta diferencia conceptual dificultó el logro de acuerdos; la carencia de un concepto común causó que los subsecuentes rechazos del EZLN a las medidas de distensión propuestas por la delegación gubernamental no tuvieran un contexto que los hiciera comprensibles.

. En primera instancia, la delegación del EZLN presentó sus "Pro-puestas de medidas militares recíprocas y proporcionales de distensión", que solicitaban el regreso del Ejército Mexicano a sus posiciones anteriores al 9 de febrero de 1995 y ofrecían a cambio permanecer en las posiciones que ellos ocupaban en el momento de hacer la propuesta.

En opinión de la delegación gubernamental esta propuesta no cumplía con los requisitos de proporcionalidad y reciprocidad, ya que sugería movimientos del Ejército sin ofrecer ningún movimiento de sus tropas a cambio. Por ello, la delegación gubernamental consideró necesario rechazar la propuesta del EZLN y presentó a la plenaria su "Propuesta de distensión integral".

Ésta proponía al EZLN ubicar a sus fuerzas en tres sitios, localizados en Los Altos, la Meseta y la Selva. A cambio, el Ejército Mexicano

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reduciría sustancialmente su presencia en esas zonas y el gobierno garantizaría la seguridad de los contingentes, además de proporcionar-les los servicios necesarios. Respecto a esta propuesta, el EZLN argumentó que necesitaba tiempo para realizar ima consulta con sus bases, por lo que se acordó un receso, que sería de aproximadamente tres semanas.

El día 22, durante el curso de esta reunión, el comandante David hizo declaraciones respecto a su movimiento: "Los pueblos indígenas estamos muy cansados de todas las promesas que nos han hecho, por eso tratamos de buscar las cosas verdaderas, las cosas reales. Por eso, cuando nos levantamos en armas el primero de enero, declaramos ante todo el mimdo nuestras causas. Nuestra lucha tiene causas políticas, sociales, económicas y culturales, nos levantamos en armas porque nos estamos muriendo de hambre. A nadie de los mexicanos deseamos una guerra, pero desgraciadamente las condiciones de vida de los pueblos indígenas, de los trabajadores, la exigen porque no vemos otra manera."

Simultáneamente, Marco Antonio Bernal, coordinador de la delegación gubernamental, expuso que los objetivos finales del gobierno federal en esta negociación no eran "una paz impuesta rü im desarrollo concesional." Se buscaba "una paz que surja de la voluntad generalizada, referida a la conciencia nacional y a la certidumbre de que la violencia no puede sustituir a la razón." Se requería de im desarrollo que partiera del diseño mismo de las relaciones económicas, políticas y sociales del piieblo chiapaneco, "de manera que quien, por haber nacido indígena, campesino o simplemente pobre, no esté condenado de por vida a la pe-nuria y al sometimiento, sino que pueda tener im proyecto de vida en el que quepan la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, la justicia y todos aquellos elementos que conforman en el hombre la serena dignidad de asumirse actor y factor del concepto humanidad."

El día que finalizó la reunión, Porfirio Muñoz Ledo, presidente del PRD, señaló que, aunque todavía no se registraban avances consi-derables, "lo importante es que se ha logrado evitar la confrontación. Ahora lo relevante es saber de qué se va a tratar, dado que el gobierno considera que con construir carreteras y dar apoyos a través de Pronasol se soluciona el conflicto; sin embargo, lo que pretenden los zapatistas es un cambio radical en las condiciones económicas, políticas y sociales de Ghiapas, así como históricas en todo el sur de la República. El PRD insiste en que a la par de la mesa de Chiapas haya una mesa de negociaciones en Tuxtla y ima a nivel nacional, con el fin de que las reformas constitucionales, legales e institucionales que se acuerden con

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los zapatistas tengan que ver en la Reforma del Estado, en la cual deberán participar partidos políticos y fuerzas sociales, a fin de que dichas propuestas se concreten en la mesa de Barcelona." Respecto a la oferta que el gobierno hizo al EZLN, de erigirlo en partido político, Muñoz Ledo señaló que ésa no era la intención de ese grupo y que el PRD no se opondría al hecho, sino que le daría la bienvenida, como im esfuerzo más en pro de la democracia.

Comentando sobre la propuesta de distensión de la delegación gubernamental, el día 24 el comandante David declaró: "Nos dicen; concéntrense en ese lugar, ahí les mandamos alimentos, les mandamos servicios, estarían bajo la responsabilidad del gobierno. De esta mane-ra sentimos la prepotencia. Después de la explicación que tuvimos entendimos claramente que nos querían amarrar el pescuezo [...] De esa manera entendimos que sí era una trampa y no nos comprometimos. Nos proponen una cosa como si fuera orden [...] De acuerdo a lo que vimos en San Miguel, el primer punto que deberíamos ver son las dos medidas de distensión. Y aquí lo vino a cambiar, no lo trató. Lo intentó convertir en una propuesta que nosotros vemos como si estuviéramos ya al final de las negociaciones..."

Otros miembros de la dirigencia del EZLN también hicieron comentarios sobre la reunión. El comandante Tacho dijo: "La propuesta gubernamental altera el orden de la discusión2 convenida en San Miguel y trata el pimto de la concentración de las fuerzas como si estuviéramos al final del proceso [...] Lo de las armas nos lo trataron, pero se trató en im sentido diferente. No nos lanzó una propuesta de buena fe. Siempre tuvieron que manejarse ellos así como muy resistentes, muy agresivos en nuestra contra, prepotentes; todo eso manejaron ellos. Eso es lo que realmente pasó."

El comandante Zebedeo opinó que "el objetivo del gobierno es amarrar a los zapatistas. Y en este diálogo no se está hablando del desarme de ellos, solamente de los del EZLN. Para la próxima reunión podemos avanzar en otro pimto por si no quieren darle salida a la distensión que nosotros pedimos. Podemos seguir con el segundo punto, que son las reglas, dependiendo de ellos, nuevamente. Porque lo que ellos quieren demostrar es que si tocamos otro tema nos puede ir peor.

2 Cabe destacar que el orden de la discusión había sido propuesto por el EZLN y aceptado por el gobierno, por lo que se decidió iitídar con el tema de distensión, como quería el EZLN, y no con el de reglas de procedimiento, como proponía la delegación gubernamental.

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Tenemos que asegurar que tratemos los temas con orden, o sea no cosas que las trae el viento, sino las que están pensadas y se deben hacer."

Miembros de la Cocopa también hicieron algunos comentarios. Fernando Pérez Noriega, del PAN, opinó que era necesario que la delegación del gobierno que acudía al proceso de diálogo tuviera im gran poder de decisión. El diputado César Chávez, del PRD, consideró que "en lo general existe ima valoración positiva, a excepción de algunos incidentes." Dijo que la retirada de los indígenas era necesaria para la seguridad de los asistentes, así como para evitar la presencia de los enemigos del diálogo.

Así pues, a pesar de declaraciones un tanto agresivas por parte de algunos voceros del EZLN, en la primera reimión de Larráinzar se inició la negociación temática y se cruzaron las primeras propuestas concretas, en este caso sobre distensión. Sería en mayo cuando se retomaría la discusión, tras el periodo de consultas solicitado por el EZLN.

Mientras tanto, y en relación con acusaciones de supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos del Ejército Mexicano, el día 22, el general retirado Alvaro Vallarta Ceceña, senador por el PRI, dijo que las fuerzas armadas no aceptarían la amnistía para ninguno de sus miembros que hubieran violado derechos humanos en Chiapas, ya que éstos tendrían que ser castigados de acuerdo con las leyes militares. Ad-virtió que cualquier miembro de las fuerzas armadas que hubiera come-tido vn delito grave en su misión de trabajo en Chiapas, sería castigado.

El día 25, el secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, hizo imas declaraciones que tendrían mucha resonancia en relación con el conflicto en Chiapas y que tenían como propósito enfatizar la voltmtad negociadora de las partes y la ausencia de guerra: "Chiapas es im lugar en el cual no ha habido ningún disparo en los últimos quince meses [...] los disparos duraron diez días en enero de 1994 y desde entonces las partes han estado hablando, dialogando, mientras en el resto del mimdo tenemos tragedias múltiples e incontables. Desde entonces la guerra en Chiapas ha sido una guerra de tintas, de palabra escrita, vma guerra de Internet."

El día 26, el gobierno federal publicó un comunicado en el que evaluaba la primera reunión de San Andrés Larráinzar como positiva. Reiteraba su respeto y buena fe hacia los miembros de la delegación del EZLN, insistía en la necesidad de contar con un concepto común de distensión y rechazaba que el mecanismo de intercambio y defensa firme de propuestas fuera "una falta de respeto o una pretendida humillación."

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Mientras las partes afinaban sus propuestas y los órganos de mediación y coadyuvanda, así como otros actores políticos y sociales, intentaban crear un clima propicio para el diálogo, algunas personas trataban de desacredi-tar a alguna de las partes, lo cual, si bien no afectó directamente a la negociación, no contribuía a crear el clima político más apropiado. Así, por ejemplo, el senador Félix Salgado Macedonio, del PRD, criticó a la representación del gobierno en el diálogo, la cual, en sus palabras, "está conformada por funcionarios de quinta, que desconocen totalmente la realidad del estado." También se pronunció en contra del secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma/a quien llamó "el niño bonito de Ze-dillo", y pidió su remoción del cargo por "inútil e incapaz de resolver los grandes problemas de la nación." Agregó; "¿Qué culpa tiene nuestro glo-rioso Ejército Mexicano de estar enclavado en la selva chiapaneca, también sufriendo ellos y sus familiares las inclemencias del conflicto?" Pidió al Congreso un voto de censura para el secretario de Gobernación y un ex-horto al Presidente de la República para que, de manera "sensata y pronta", se resolviera el conflicto chiapaneco "con justicia y dignidad para todos."

Por otra parte, las declaraciones a título personal del presidente de la Conai, Samuel Ruiz, en algunos momentos eran un tanto ambiguas. Por ejemplo, el día 28, indicó que "actualmente existen grupos que pretenden la pacificación de Chiapas mediante el aplastamiento militar del EZLN, que van por tma salida de confrontación armada y no por la negociación política. Por si fuera poco, en la mesa de las negociaciones hay tma grande confusión; piensan que es más importante detener la guerra que construir la paz, proceso que requiere del concurso y participación de la sociedad civil [...] en fin, es una guerra por la paz."

En la Universidad Iberoamericana, Ruiz afirmó que "desde hace cinco o seis años empezó a preparar su participación como mediador en el conflicto armado, en San Cristóbal de las Casas." Al responder una de las pregimtas que se le hicieron, "¿Es usted imparcial como mediador?", contestó: "Yo no puedo ser imparcial ante la injusticia que se comete, yo no puedo ser neutral ante la injusticia, esto es imposible/sería traicionar mi propio ser, no sólo como cristiano sino como humano, no puedo ser imparcial ante las exigencias de pan."

Las declaraciones oficiales de la Conai eran más concretas: "La experiencia de la primera etapa del encuentro en San Andrés Larráinzar resulta iluminadora para preparar tma metodología mas adecuada que facilite a las partes el llegar a acuerdos. Las diferencias culturales entre ellas y lo inédito del camino mexicano para resolver el conflicto hacen necesario encontrar procedimientos que superen las barreras de

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comimicación. Éstas, que en general no son percibidas con claridad en la opinión pública, no se limitan al idioma sino que implican diferentes lógicas y visiones de la realidad. La Conai estará en condiciones de ofrecer a las partes propuestas que ayuden al diálogo y la negociación."

Respecto a las declaraciones hechas por Samuel Ruiz en la Universidad Iberoamericana, el día 29 Luis Felipe Bravo, senador del PAN y miembro de la Cocopa, dijo: "Es evidente que la guerrilla en Chiapas está estrechamente vinculada al trabajo realizado por la dióce-sis en San Cristóbal, y por lo tanto es explicable la declaración que hizo el viernes el presidente de la Conai, que desde hace seis años previó el conflicto en Chiapas y la necesidad de su intermediación [...] A veces hemos encontrado en algunas actitudes, expresiones y movimientos que realiza la Conai algunas inclinaciones que no acreditan una im-parcialidad plena, pero esto ya es conocido."

Mientras los actores involucrados intercambiaban declaraciones, en el estado de Chiapas continuaban las acciones tendientes a restablecer la calma. El día 26, Roberto Fuentes Domínguez, del Congreso local, afirmó que las acciones continuas para lograr la paz, emprendidas por el gobierno federal y la guerrilla zapatísta, habían permitido el retomo de unos veinte mil indígenas a las comimidades de la región Lacando-na, de donde habían huido por el conflicto armado; "Los primeros resultados de la comunicación entre las partes en conflicto propiciaron ima distensión en la región de la Selva Lacandona. Había en el estado 23 mü desplazados en los mimicipios de Ocosingo, Altamiranp y Las Margaritas, ahora sólo quedan tres mil, ya se está reconstruyendo el tejido social, debido a la continuidad de las pláticas de paz." Agregó que por lo menos veinte mil niños habían normalizado su actividad escolar, suspendida durante más de un año por el conflicto.

El día 27, en Tampico, Tamaulipas, Alfonso Guillén GuiUén, padre de Rafael Sebastián Guillén, presunto líder del EZLN, dijo que al gobierno le convenía respetar la vida del subcomandante Marcos ya que en caso de asesinarlo o dañarlo el país se incendiaría, "pues es considerado como un héroe en México [...] temo por su vida." Respecto del PRI dijo que "no me da confianza", aunque vota por los candidatos priístas porque "ahí milita mi hija, la ex diputada Paloma Guillén."

El mismo día, en Chiapas, el general Mario Renán Castillo, comandante de la séptima región militar, aseguró que "lo que sucede en Chiapas es im problema político-social que no consideramos como tma guerra con nuestros propios hermanos [...] se percibe un gran avance en el proceso de paz al efectuarse las pláticas entre el EZLN y el gobierno

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federal [...] el gobierno no está engañando a nadie; hay la mejor volun-tad de la parte gubernamental y creo que ellos también buscan la solución del problema." Aseguró que el Ejército acataría todas las disposicio-nes que emanaran de los acuerdos de paz, ya que "si existe una o varias leyes para que haya paz y concordia, nosotros acataremos las dis-posiciones del Congreso de la Unión y del Presidente." Agregó que, por su parte, habían cumplido con lo dispuesto en la Ley para el Diálogo.

El mes de marzo terminó con expectativas renovadas sobre la viabilidad del diálogo. No obstante, en la entidad seguían presentándose problemas de origen agrario. El día 28, por ejemplo, miembros de la Or-ganización Campesina Emiliano Zapata se posesionaron de la finca cafetalera San Luis Los Andes, propiedad de Mario Estrevino, localiza-da en el municipio de Motozintla en la Sierra Madre de Chiapas.

El día 29, algunos periódicos informaron que alrededor de 150 lacandones de la comimidad de Naha, ubicada en el norte de la Selva Lacandona, habían visto invadidas sus tierras por miembros de la etnia tzeltal, sin que, en palabras de Marie-Odile Marión Singer, antropólo-ga que ha trabajado con lacandones durante veinte años, "ninguna autoridad estatal o federal haya hecho nada por resolver esta invasión, que ha provocado la destrucción de por lo menos doscientas hectáreas de selva y que en im corto plazo puede conducir al etnocidio de esta comunidad lacandona."

Eraclio Zepeda, secretario general de gobierno del estado de Chiapas, informó el 29 que cuerpos policiacos del gobierno del estado, con el resguardo del Ejército Mexicano, habían desalojado dos grandes predios cafetaleros, las Fincas Liquidámbar y Prusia, en la Sierra Madre de Chiapas, que se encontraban ocupadas desde hacía nueve meses por grupos de campesinos armados de la Organización Campesina Fran-cisco Villa y de la OCEZ. Aseguró que el desalojo en las fincas se había desarrollado en forma pacífica y que no se habían registrado enfrentamientos rü hechos qué lamentar.

Pero no todos los conflictos tenían necesariamente raíz agraria. El día 29, Miguel Montejo Méndez, comisariado ejidal del municipio de Tumbalá, informó que "al menos medio centenar de presuntos militantes del PRD saquearon y destruyeron más de cien viviendas en el ejido Emiliano Zapata", perteneciente a ese municipio, donde además violaron y asesinaron a machetazos a una menor de edad.

A pesar de algunos conflictos, se percibía un clima de creciente distensión en la zona, reforzada por las pláticas de paz en Larráinzar. En el mes de mayo, se realizaría la segunda reunión en esa sede.

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Mayo, 1995

Mayo, 1995

Mayo fue un mes en el que el diálogo prosiguió, si bien a un ritmo mucho más lento que el deseado por el gobierno fed eral, debido a las constantes interrupciones solicitadas por el

EZLN para consultar cada propuesta de la delegación gubernamental, las cuales tenían una duración de varias semanas.

No obstante, el proceso de negociación parecía consolidarse, en la percepción de la sociedad, como la única vía aceptable para solucionar el conflicto. Ello aun frente a las posiciones de algunas personas, que vaticinaban constantemente el advenimiento de la guerra. Los órganos de mediación y coadyuvancia, a pesar de la polémica que despertaban entre algunos observadores, iban ei\contrando su posición y desempeñando sus tareas con fluidez y conocimiento del tema.

Las instituciones gubernamentales intensificaron sus trabajos, en el di-seño y puesta en marcha de distintos programas de atendón a los rezagos y necesidades de los chiapanecos y se incrementaron las negociaciones con di-versas organizaciones sociales y campesinas, aun cuando no siempre con éxito.

En síntesis, mayo fue im mes de avances lentos, pero sostenidos, tanto en la negociación con el EZLN como en la solución de los problemas de fondo de Chiapas.

Se establece el acuerdo de distensión integral, recíproca, proporcional y verificable

A los constantes problemas de orden agrario, en el mes de mayo se su-mó un aumento en la conflictividad de origen religioso. Asimismo, sur-gieron denimcias sobre actividades militares de grupos zapatistas o, por lo menos, simpatizantes del EZLN. Alrededor del diálogo, los diferentes actores involucrados y voceros de otros sectores sociales expresaron sus opiniones sobre el proceso.

Por ejemplo, el día 2, José Álvarez Icaza, de la Convención Nacional Democrática (CND) declaró: "La sociedad civil ha hecho más de lo que era de esperarse, por lo que hay ocasiones lamentables en que el sub Marcos dice 'desatinos' —expuso que—. Lejos de que el sub Marcos nos eche cubetazos de agua fría que nos dan en toda la torre, debería estimular la participación de la sociedad civil, así como apreciar el

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esfuerzo de muchos mexicanos, pues sólo hay que recordar que hemos tenido 16 meses de paz y no de guerra."

La CND, xma de las primeras iniciativas civiles del EZLN, que se había formado a partir del 8 de agosto de 1994, parecía entrar en una etapa de crisis. El mismo día 2, Rosario Ibarra informó: "Desde hace ya varios meses hemos venido viviendo xma profunda crisis dentro de la CND. El problema central es que la CND no ha estado a la altura de las tareas políticas para las cuales fue creada. Diseñada originalmente como im instrumento de la sociedad civil para luchar contra el partido de Estado, ha quedado reducida a ima forma de expresión de la vieja y fracasada izquierda mexicana. Esto lo único que ha logrado es echar a la gente de la Convención. La CND debe ser una especie de red de redes, que tenga como objetivo la convergencia en la acción y la creación de ámbitos de diálogo abiertos."

Respecto a los conflictos religiosos y agrarios, el 1 de mayo el Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas (CEDECH) informó que au-toridades y "caciques" de la comunidad El Puerto, municipio de Ve-nustiano Carranza, habían expulsado a trece campesinos presbiterianos y amenazado con arrojar a 65 familias católicas que se oponían a ése destierro. El CEDECH afirmó que los trece expulsados estaban refugiados en el municipio de Teopisca, donde permanecían familias desplazadas en meses pasados por profesar la religión evangélica.

El mismo día, un centenar de campesinos del ejido Nuevo Francia, en el mtinicipio de Escuintla, invadió la finca cafetalera de cien hectáreas Las Nubes, "ubicada en la zona alta de la localidad, en las inmediacio-nes de la reserva ecológica El Triunfo, La Procuraduría General de Justicia del Estado indicó que los labriegos habían penetrado a la hacienda, ase-gurando que contaban con una resolución presidencial que acreditaba al ejido como propietario de esas tierras, destinadas para la ampliación de Nueva Francia.

Por su parte, la CIOAC acordó intensificar su lucha y la imidad con el movimiento independiente y democrático nacional "para derrotar al actual gobierno y su política de hambre y represión contra el pueblo." En el cuarto Congreso Estatal Ordinario de la CIOAC, realizado en el auditorio del SUTERM con la participación de unos 200 campesinos de varios municipios, se indicó que después del levantamiento armado, la lucha y las reivindicaciones del EZLN trajeron nuevas esperanzas para el pueblo, extendiéndose el movimiento social y político en Chiapas y en todo el país. Para esas fechas, la CIOAC aseguraba tener presen-cia en 25 municipios y en cuatro regiones de las nueve que comprende

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el estado, también afirmaba contar con 25 mil militantes. En poder de esa organización se encontraban quince mil hectáreas "recuperadas" desde enero de 1994, las cuales no estaban regularizadas.

El día 2, el procurador de justicia del estado, Jorge Enrique Hernández Aguüar, informó que agentes de Seguridad Pública Estatal y soldados del Ejército Mexicano habían desalojado las fincas cafetaleras Sayula y Chicharras, en el municipio Ángel Albino Corzo, que habían sido invadidas por militantes de la Unión Campesina Francisco Villa.

El día 8, Felipe Aguirre Franco, obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, declaró que la guerrilla zapatista había utilizado la in-fraestructura eclesial católica para difundir, a través de los catequistas indígenas, un contexto ideológico "que promueve el enfrentamiento entre ricos y pobres."

Mientras tanto, el día 3, Alberto Hilerio Rodas, síndico mimidpal de Escuintla, había informado que unos doscientos presuntos militan-tes del EZLN venían realizando maniobras militares desde hacía casi tres meses, en la reserva ecológica El Triunfo, ubicada en la zona serrana. A su vez, la agente el Mirüsterio Público del fuero común inició la ave-riguación previa 1/219/95, por los delitos de privación ilegal de la li-bertad y asociación delictuosa, a raíz de los hechos registrados en la comunidad Monteflor Arriba, perteneciente a Villa Comaltitlán —en los límites de Escuintla—, donde aparentemente el mismo grupo había secuestrado, el día primero, a nueve policías de Seguridad Pública Municipal y había quemado la patrulla que tripulaban.

El día 5, Mario Renán Castillo, comandante de la VII Región Militar, afirmó que el subcomandante Marcos no se encontraba en el área controlada por la guerrilla zapatista: "Lo que sabemos es que no está en la zona; las fuerzas militares no investigan el paradero" del estratega militar del EZLN. Manifestó "la confianza de los militares en que las pláticas entre ambas partes deriven en un acuerdo satisfactorio, y sobre todo, para los chiapanecos." Subrayó que el Ejército Mexicano no retiraría de sus posiciones a los militares destacados en Chiapas, toda vez que en las pláticas iniciadas en Larráinzar no se había alcanzado un acuerdo en ese sentido.

El general Alfonso Hernández Morales dio a conocer que, unos días antes, mil indígenas tojolabales habían retomado a la comunidad El Edén, en el mimidpio de Las Margaritas, con lo que sumaban 15 mil 300 personas las que se habían reincorporado a sus comunidades, siendo que desde el inicio del conflicto habían huido 29 mil de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Agregó que a los que retornaban se les

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apoyaba con aperos de labranza, utensilios de cocina, despensa para un mes, apoyo económico por 350 nuevos pesos, incentivos comunales que incluían aves de corral y láminas de zinc para reparar sus viviendas.

Un día antes, el gobernador Julio César Ruiz Ferro había descartado que el desarrollo de la entidad pudiera convertirse en rehén del diálogo de paz, ya que su reactivación, se estaba dando en función de las de-mandas sociales. Indicó que los tiempos del diálogo no tenían nada que ver con las acciones que se realizaban en el estado: "Para nosotros, todo lo que tenemos que hacer en el ámbito económico y social, lo hacemos con base en las demandas de la población y no del diálogo de paz." Destacó que, dentro del Programa de Cien Días en materia de salud, se había concluido la construcción de varias clínicas en la región de Los Altos y Selva Lacandona, y se habían puesto en marcha acciones médicas en favor de la población.

En esos días, el dirigente de la SOCAMA, Pedro Fuentes, reveló que el EZLN, que operaba en esa zona serrana, había iniciado el reclu-tamiento de campesinos inconformes en ocho comunidades, con el objetivo de proporcionarles adiestramiento militar para "recuperar fincas cafetaleras". Informó que el grupo que operaba en el área de la reserva ecológica El Triunfo era encabezado por el comandante Abel; sus miembros se cubrían el rostro con pasamontañas y paliacates: "presuntamente el fin de la organización es la toma de predios ante la incapacidad del gobierno para solucionar el conflicto agrario." Aseguró también que la

Sedeña ya conocía las operaciones del grupo, que supuestamente contaba en sus filas con miembros de la OCEZ-CNPA.

Ante estas situaciones, en particular los conflictos agrarios, el gobierno continuaba con sus esfuerzos por encontrar soluciones concertadas. El día 8, el coordinador del Programa de Bienestar Social y Desarrollo Sustentable, Dante Delgado Rannauro, propuso atender la problemática social que enfrentaban los chiapanecos mediante tres mesas de trabajo. Durante una reimión con dirigentes de las agrupaciones que integraban la AEDPCh, Delgado planteó revisar su situación en tres mesas: pro-blemas agrarios, proyectos productivos y desarrollo comunitario; mu-jeres, autonomías, derechos humanos y justicia, y libertades políticas.

Sin embargo, las pláticas entre el coordinador del Programa de Bienestar Social y Desarrollo Sustentable para Chiapas, Dante Delgado, y los representantes de la AEDPCh fracasaron parcialmente, al no llegar a más acuerdo que el de revinirse el 16 de mayo, aunque ambos reiteraron su voluntad de dialogar. La asamblea puso en duda la voluntad

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gubernamental para resolver la problemática chiapaneca, "cuando los desalojos, detenciones y asesinatos de dirigentes están a la orden del día."

En otro rubro, la Semarnap anunció el día 10 la inversión anual de cien millones de pesos para abatir los rezagos en materia de agua po-table en el medio rural chiapaneco durante el periodo 1995-2000. El objetivo era lograr que la cobertura de 45 por ciento en el servicio de agua potable en zonas rurales alcance, en el año 2000, 76 por ciento. Se informó también que en 1994 había concluido la construcción de un primer paquete de obras de suministro de agua en beneficio de 167 mil habitantes en las regiones de Los Altos y Selva Lacandona, con una inversión de 64 millones de nuevos pesos.

El día 11 se dieron a conocer estimaciones de investigadores de la Urüversidad Chiapaneca, los que indicaban que desde que estalló la con-flagración armada en enero de 1994, alrededor de 26 mil personas que huyeron de sus lugares de origen habían dejado materialmente abandonadas unas doscientas localidades ubicadas en la zona de in-fluencia del conflicto. Antes del levantamiento armado del EZLN, en los municipios de los Altos, Norte y Selva de Chiapas se registraban no menos de 140 defunciones al año de niños menores de cinco años de edad, a causa de enfermedades diarréicas prevenibles. "A quince meses del alzamiento, el panorama es de 67 niños muertos de cada mil nacidos, 382 escuelas fueron cerradas desde entonces, dejando sin educación a mas de 17 mil niños indígenas; 35 xmidades médicas del IMSS también cerraron sus puertas en esa región."

Eraclio Zepeda Ramos, secretario general de gobierno de Chiapas, reiteró que el estado no compraría un predio más, pero alentó a crear fideicomisos para la adquisición de terrenos. Respecto a las invasiones, dijo que sólo con el cumplimiento de Estado de Derecho y las vías jurídicas podrían resolverse los problemas de tenencia de la tierra: "No deben confundirse ocupaciones de predios por motivos políticos con acciones que son verdaderamente por la tenencia de la tierra. Fuera de la zona de conflicto hay más de seiscientas propiedades invadidas."

Jorge Enrique Hernández Aguilar, procurador de justicia, calificó a su vez de "relativa calma" la situación que prevalecía en el estado. Agregó que, a pesar de los esfuerzos emprendidos por las corporaciones policiacas para frenar los ilícitos, se continuaban registrando algimos secuestros y que el indicador de delincuencia era el mismo que el registrado hacía año y medio. Precisó que en materia agraria era poco lo que se había avanzado, aunque se había reducido el número de

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invasiones de tierras, a través de las concertaciones con las organi-zaciones sociales: "nosotros hemos observado el problema, y más que una situación entre priístas y zapatistas, son rencillas que se han dado al interior de las comunidades."

No obstante lo anterior, el día 9 el grupo campesino armado que operaba en la zona de El Triunfo afirmó que se encontraba preparado para repeler cualquier acción de ataque "que eventualmente realicen guardias blancas o elementos de seguridad pública." Esto fue declarado por una comisión de treinta elementos del grupo, ante la prensa. Aclararon que no pertenecían al EZLN, pero que se cubrían el rostro para no ser identificados. Aceptaron pertenecer a la OCEZ-CNPA y aclararon que su lucha era por la tierra y no por el poder político. Reconocieron tener en su poder dos fincas y dijeron que podrían iniciar la toma de otras haciendas si no eran atendidas sus demandas agrarias. Se trataba de aproximadamente 150 personas armadas con rifles, escopetas y algunas metralletas, procedentes de los municipios de Escuintla, Motozintla y Acacoyagua. Finalmente dijeron que esperarían al inicio del diálogo del 12 de mayo en Larráinzar para decidir sus siguientes pasos.

En Las Margaritas, Mario Ruiz Ovando, delegado de la Sedesol, dijo que unos 16,600 indígenas y campesinos habían retornado a 84 comunidades de la Selva Lacandona, a un mes de haber iniciado el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN. Explicó que, hasta ese mornento, aún quedaban imas trescientas familias de desplazados que habitaban en albergues y casas particulares de cinco municipios del estado.

El día 12, Carlos Tello, director general del INI, informó que la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los Pue-blos Indios discutía una propuesta para "dotar de personalidad jurídica constitucional a las comunidades indígenas." En la misma se consideraba que para "incorporar cabalmente" las demandas de los pueblos in-dígenas no bastaba con elaborar la Ley Reglamentaria del artículo 4 constitucional. "Por el contrario, es indispensable introducir modi-ficaciones al texto actual del cuarto, y modificar el 115. El texto no recoge entre las demandas de los pueblos indígenas la de la 'Autonomía Re-gional', que abanderan decenas de organizaciones y comunidades indígenas nucleadas en la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, pero sí la de Autogobierno a partir de sus propias formas de organización social." Citaba también las demandas sobresalientes a las que había que dar respuesta: derecho al territorio como un espacio

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para desarrollar su cultura, al uso de sus lenguas, a la práctica de su sis-tema de creencias y conocimientos y el manejo de sus recursos naturales.

Mientras estos acontecimientos se desarrollaban, los intercambios entre las partes y las declaraciones sobre el proceso de negociación continuaban. El día 2, Genaro Alamilla, obispo emérito de Papantla, Veracruz, señaló que el obispo Samuel Ruiz y la Conai habían sido parciales en favor de los "sublevados". Agregó que la salida al conflicto chiapaneco estaba en una reforma profunda e integral en el sistema político mexicano. Precisó que el presidente Ernesto Zedillo tenía la responsabilidad de promover esa reforma del sistema, en cuya iniciativa se encontraría la clave de la democracia y no mediante la violencia o los enfrentamientos armados. Indicó que la Conai y Samuel Ruiz no habían llevado una línea de intermediación imparcial, sino que, por el contrario, habían actuado con intención de obstaculizar las tareas del diálogo con la parte gubernamental.

El mismo día, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, de la delegación gubernamental para el diálogo, manifestó qué en la segunda ronda de conversaciones en San Andrés Larráinzar se buscar ían acuerdos definitivos: "Hay muchas cosas qué hacer y estamos trabajando duro para llegar con propuestas que conduzcan a la pacificación de Chiapas. Queremos la paz y trabajamos por ella." Subrayó que la delegación acudiría al encuentro del 12 de mayo con capacidad de decisión: "Esperamos que la contraparte haga lo mismo para avanzar en las conversaciones."

Un día después, la Comisión de Concordia y Pacificación informó que haría una serie de recomendaciones a diferentes instancias, entre ellas al canciller José Ángel Gurría y el director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Carlos Salomón, para que fueran "más prudentes" en sus declaraciones y acciones en torno del conflicto chiapaneco. En im comunicado de seis puntos, la Cocopa reiteró su reconocimiento a la Conai como la instancia de mediación aceptada por las partes y juzgó que solamente competía a las propias partes en conflicto calificar el trabajo de su mediación.

El 5 de mayo, Saúl, miembro del EZLN, dijo que la guerrilla zapatista no depondría las armas y continuaría su lucha si el gobierno mexicano no retiraba a las tropas federales de la zona de conflicto y si se resistía a atender sus exigencias: "El EZLN no abandonará jamás las armas porque éstas representan la única garantía de que el gobierno cumpla su compromiso de impulsar avances substanciales en materia de justicia, libertad y democracia." Saúl rechazó las propuestas gubernamentales

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de que los miembros del EZLN se concentraran en tres pun tos geográficos y que la organización se convirtiera en fuerza política civil: "El gobierno no puede encerrarnos para impedir que continuemos nuestra lucha"; afirmó que el EZLN no se constituiría en fuerza política "porque su lucha no fue para convertirse en un partido, sino para exigir que haya libertad, justicia y democracia."

Estas declaraciones, hechas una semana antes de reanudar las conversaciones, presagiaban un rechazo oficial del EZLN a la propuesta de distensión del gobierno. No obstante, la delegación mantuvo sus esperanzas de que, en última instancia, las bases zapatistas otorgarían a su dirigencia el mandato de negociar la propuesta.

Entre quienes veían con esperanza y serenidad el proceso se encontraban altos mandos militares. El día 5, Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la VII Región Militar, dijo: "La guerrilla zapatista tiene características diferentes a las de Centro y Sudamérica, al perseguir más objetivos políticos que militares [...] que ya están siendo resueltos por las autoridades correspondientes." Consideró que, en caso de fracasar las negociaciones de paz entre el gobierno federal y el EZLN, aún quedaban instancias para evitar im desenlace armado entre los dos grupos: "Hay que considerar que tenemos un gran Congreso donde están todas las tendencias políticas; ellos van a encontrar el camino correcto en caso de que las pláticas sufran un revés."

No todos los sectores de la sociedad veían con buenos ojos la actuación del Poder Legislativo a través de la Cocopa. El día 6, en Aguascalientes, durante una sesión extraordinaria de la Convención Nacional De-mocrática, los delegados acordaron pedir la salida de la Cocopa de su labor de intermediación (sic.) en Chiapas, debido a "su parcialidad y su sumisión a los intereses del gobierno." El Consejo Nacional de representantes de la CND animció también su asistencia como testigo en el inicio del diálogo por la paz el 12 de mayo en Larráinzar, en donde presentarían una agenda de temas para la discusión, producto de una amplia consulta nacional que efectuaba la convención.

La fecha de la nueva reimión se acercaba y las instancias de mediación y coadyuvancia preparaban todo lo relacionado con la infraestructura física y la seguridad, en particular los "cordones", con el fin de que la reunión transcurriera en calma y en condiciones de producir resultados favorables. Al mismo tiempo, algtmos actores políticos de la entidad presionaban por una mayor celeridad en el diálogo, haciendo pre-dicciones ominosas en caso de que no ocurriera así. El día 7, por ejemplo. A m a d o Avendaño, "gobernador de transición en rebeldía", tras

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manifestar que se le habían dado muchas "largas" al asunto, advirtió que, de no resolverse en breve el conflicto chiapaneco, estallaría "una guerra civil en todo el país." Aseveró que el gobierno federal temía tanto a las guerrillas que su empecinamiento estaba provocando tin despliegue de recursos económicos "que mejor debería emplear en otras cuestiones." Ejemplificó que, por cada guerrillero zapatista, México invertía en alimentación y gastos de cincuenta soldados, "ya que el 60 por ciento del Ejército Mexicano se encuentra en la zona de conflicto", información que resultó ser falsa.

Cabe destacar aquí que, el día 7, Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas, informó sobre la aprobación de ima nueva ley electoral:

"Con la aprobación —de forma unánime— de la nueva Ley Electoral del estado de Chiapas, queda de manifiesto no sólo el consenso de todos los partidos existentes en el estado, sino la voluntad de la sociedad, que encuentra en ella una oferta para la convivencia pacífica y civilizada. En lo esencial, esta ley es muy avanzada porque establece ima clara autonomía de los órganos electorales. La calificación de las elecciones será hecha por los ór-ganos electorales, en sus diferentes niveles. En los próximos procesos electorales se podrán establecer coaliciones y frentes en-tre diferentes partidos. En lo que se refiere a los tiempos para los partidos políticos en los medios de difusión, habrá mayor equidad. Las diferentes regiones y los diversos sectores de la población estarán mejor representados. De quince diputados de mayoría se pasará a 24, y en el caso de los plurinominales, de once a dieciséis. En los ayuntamientos se ampliará el número de regidores con origen plural."

El día 8, la Cocopa hizo un llamado para que a partir del día 12, "el EZLN y el gobierno federal, sin más dilaciones, lleguen a avances reales y significativos." La Comisión confirmó que habría cuatro cordones de seguridad, en los cuales participarían la Cruz Roja, alrededor de mil doscientos indígenas, organizaciones ciudadanas y cerca de mil dos-cientos elementos de la Policía Militar. La Cocopa insistió en el llamado al grupo rebelde y a la representación gubernamental para que en esa ocasión, en principio, "sean más días los que se ocupen en sentarse a la mesa de las negociaciones, y que se avance en cuestiones concretas, que se vaya ya amarrando la firma de la paz."

La diputación del PRD dio a conocer una declaración sobre el conflicto en Chiapas, en la que llamaba al Ejército Mexicano a regresar a sus

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posiciones del 8 de febrero y a que el EZLN mantuviera sus posiciones de ese momento, con el fin de crear condiciones entre ambas partes pará una solución negociada a dicho conflicto. De igual manera, exhortó al gobierno federal a ofrecer una respuesta satisfactoria a las exigencias del EZLN y estimó "reprobable la pretensión gubernamental de confinar a los zapatistas en reservaciones." También pidieron que se incluyera en la agenda del diálogo "la parte sustantiva" de las negociaciones, pues, advirtió, la prolongación del conflicto "ha polarizado a las diversas fuerzas políticas y económicas del estado y ha impedido construir un clima de convivencia donde se pueda invertir y combatir los enormes rezagos." Quedaba claro que la diputación del PRD se oponía a la propuesta de distensión del gobierno y apoyaba la del EZLN, rechazada por el gobierno por incumplir con imo de los principios de San Miguel, el de "reciprocidad proporcional".

En respuesta a las opiniones de la diputación del PRD, Gustavo Iruegas, de la delegación gubernamental para el diálogo, dijo que para el gobierno federal, para el EZLN y para la sociedad mexicana "es inaceptable" pensar en las áreas de concentración propuestas para el grupo rebelde, como "reservaciones indígenas". Iruegas aceptó que la negociación se concentrara en aquellos planteamientos que corres-pondieran a las causas que originaron la sublevación en Chiapas, en tanto que los temas nacionales podrían ser motivo de diálogo pero no de resolución, pues involucraban a otros sectores de la sociedad me-xicana. Sobre planteamientos de carácter nacional que pudiera presentar el EZLN, subrayó que la delegación gubernamental se limitaría a ser el canal de propuestas al poder federal.

El día 9, Mario Saucedo, secretario general del PRD, informó que el CEN del PRD mantendría su posición de revisar la participación de la fracción parlamentaria perredista en la Cocopa. "El PRD espera que se puedan sentar las bases para antmciar un proceso de distensión real"; entre ellas, mencionó "el retomo de las fuerzas armadas a las posiciones del 8 de febrero, manteniendo el EZLN sus actuales posiciones, y sentar las bases que permitan ima distensión a fondo de los problemas que se han planteado por parte de los zapatistas."

Patricia Ruiz Anchondo, del Movimiento para el Diálogo Nacional (MDN), señaló que el encuentro del 12 de mayo debía ser contextualizado dentro del diálogo nacional y sentar las bases para lograr, por la vía pacífica, las transformaciones políticas, económicas y sociales que requería el país. Indicó que la actuación de la Cocopa había estado subordinada al Ejecutivo Federal y trataba de desplazar a la Conai de

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las negociaciones. En un texto leído frente al edificio del PRI, los dirigentes del MDN pidieron a la Cocopa que contribuyera al marco para un diálogo que alcanzara, no la rendición o la derrota de cualquiera de las partes, sino una paz con justicia y dignidad "...para ello, es necesario que el encuentro de San Andrés cumpla con los mínimos siguientes: 1. Que se realice fuera de Chiapas, preferentemente en el DF; 2. Que sea público, para evitar manejos informativos dolosos y se conozca de manera directa lo que ahí se discute, propone y acuerda; 3. Que la agenda abarque temas de carácter nacional y estatal; 4. Que el Ejército Federal se repliegue a las posiciones mantenidas hasta el 9 de febrero."

El 10 de mayo, la Secretaría de Gobernación reiteró la volimtad del gobierno por avanzar en la solución en Chiapas. Simultáneamente, el subcomandante Marcos aseguró que le seguían persiguiendo para obtener su rendición o asesinarlo.

El día 12, un poco antes de que iniciara la nueva ronda de negociaciones, Andrés Manuel López Obrador, del PRD, dijo: "Son ingenuos los que creen que el gobierno quiere el diálogo sincero y la paz justa y digna en la Selva Lacandona." Puso en duda la palabra del gobierno federal, "porque no ha resuelto los conflictos en Tabasco y en Chiapas desde hace meses." Señaló que "el diálogo por la paz es una estrategia oficial para ganar tiempo y encontrar la forma de liquidar al movimiento."

Del 12 al 15 de mayo se verificó la segunda reunión entre las partes. En ella, el EZLN presentó los resultados de su consulta, los cuales re-chazaban "vmárúmemente" la propuesta de distensión del gobierno y reiteró su propuesta de la reunión anterior.

Ante la falta de una nueva propuesta del EZLN, la delegación gubernamental presentó una propuesta de "Acuerdo de distensión in-tegral, recíproca, proporcional y verificable", que incluía siete rutas, a lo largo de las cuales el Ejército retiraría contingentes de uno o varios pxmtos, en los que se instalaría el EZLN. Se permitiría la supervisión por organismos aprobados por las partes.

Las rutas eran:

1.Entre Monte Líbano y San Caralampio, se dejarían Taniperla y Perla de Acapulco.

2.Entre El Avellanal y Santa Elena (sur), se dejarían Las Tacitas y Santa Elena (norte).

S.Entre Cerro de la Estrella y El Avellanal, se dejaría El Jordán. 4.Entre Patihuitz y La Sultana, se dejaría El Prado.

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S.Entre La Sultana y San Quintín, se dejarían La Soledad, Ojo de Agua y Santa María.

ó.Entre Nuevo Momón y Las Margaritas, se dejaría Nuevo Chiapas. y.Entre Nuevo Momón y Guadalupe Tepeyac, se dejaría Vicente

Guerrero.

Nuevamente, la delegación del EZLN solicitó tiempo para realizar consultas sobre la propuesta gubernamental. Con el fin de poder avan-zar al siguiente pimto (agenda, formato y reglas de procedimiento) la delegación del gobierno propuso xm Acuerdo Mínimo sobre Medidas de Distensión, leído por el obispo Samuel Ruiz el 14 de mayo. Este Acuerdo, que supoiua un ejercicio concreto, acotado y por tanto sujeto de am-pliación, incluía el reagrupamienfo del Ejército Mexicano en espacios determinados a lo largo de una ruta acordada por las partes, a cambio de que el EZLN cooperara en el mantenimiento de la seguridad pública en otros pimtos de dicha ruta.

El EZLN aceptó firmar el Acuerdo Mínimo, sujeto a las consultas para las que había solicitado tiempo. Con este Acuerdo, se pasó a la discusión de la agenda, formato y reglas de procedimiento.

La delegación gubernamental presentó ima propuesta sobre este tema, que incluía cuatro temas generales, a desarrollarse en mesas de trabajo simultáneas, más una plenaria en la que se discutirían los acuerdos alcalizados, con plazos precisos para las consultas.

Por su parte, el EZLN no presentó propuesta alguna, incumpliendo el compromiso previo de abordar ese tema en esta reimión, ni dio res-puesta a la propuesta del gobierno. De nueva cuenta, solicitó tiempo para realizar consultas. Así, la reimión concluyó sin acuerdos, pero con la promesa del EZLN de consultar la nueva propuesta de distensión de la delegación gubernamental, así como la relacionada con agenda, formato y reglas de procedimiento.

El día 16, el PRD propuso al EZLN que tma comisión de ese grupo se hiciera presente en la mesa del diálogo nacional. En respuesta, el EZLN señaló que "era necesario dar a conocer sus posiciones nacionales por-que ése era el contenido de su lucha". La dirigencia zapatista informó que en la mesa de San Andrés Larráinzar "había im cambio importante en la actitud de la representación gubernamental, de menos presión—para la contraparte; lo atribuían— a lo que estaba pasando en el país, como la manifestación del primero de mayo."

Felipe Calderón, secretario general del PAN, dijo que de transformarse en un partido político o en ima agmpación cívica y deponer las armas el

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EZLN debía tener un espacio en el diálogo nacional para la reforma política del Estado. Expresó que el EZLN debería participar, siempre y cuando abdicara de cualquier acción violenta: "Si una sociedad quiere construir su futuro con base en el Derecho y la paz, tiene que privilegiar las opciones no violentas."

En Motozintla, Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas, calificó de positivos los avances obterüdos entre el EZLN y el gobierno federal e instó a las partes a acelerar el proceso de negociación para iniciar la paz y la reconciliación en el estado.

El día 18, algunos periódicos registraron declaraciones de "fuentes militares", las cuales señalaban que el reagrupamiento del Ejército Mexicano y la creación de espacios para que los zapatistas ubicaran sus fuerzas implicaba un "repliegue" de los soldados, ya que "en algo se está cediendo." Explicaron que, con el retorno de más de veinte mil desplazados a sus lugares de origen y las fricciones que se habían presentado en muchas de las comimidades entre los simpatizantes de los zapatistas y quienes reclaman la presencia de los soldados, resultaba imperante la permanencia del Ejército para evitar, incluso, posibles enfrentamientos.

Rodolfo Elizondo, diputado por el PAN y miembro de la Cocopa, consideró que lo alcanzado en la última sesión de negociaciones en San Andrés era "un avance, aunque el deseo general es que fuera más dinámico y rápido." Animció que la participación de la Cocopa en la consulta que realizaría el EZLN sobre la propuesta gubernamental y cuyo resultado se haría saber en la próxima reimión sería en calidad de "testigos". Para eUo habrían de revmirse con el secretario de Gobernación, y con la Conai, con el fin de acordar la visita que se haría a alguna comimidad del EZLN en la consulta. En relación con la Conai, el día 25, Adolfo Pérez Esquivel, del Comité Pro-Nobel de la Paz para Samuel Ruiz, informaría sobre el comienzo de la campaña a favor del Nobel de la Paz para Samuel Ruiz.

Al igual que en otros meses, mientras el diálogo proseguía, las instituciones del sector público continuaban con su tarea de atender los rezagos de Chiapas. El día 16, en Motozintla, Mario Luis Fuentes, direc-tor general del DIF, animdó que en 1995 se invertirían en Chiapas ochenta millones de pesos en im programa especial de alimentación y nutrición familiar, en el que se daría prioridad a comunidades de 94 municipios de Los Altos, el Norte, Fronteriza, la Selva y la Sierra Madre, "donde los re-zagos y carencias no sólo persisten, sino que se han profundizado, pues los abusos, injusticias y carencias representan una afrenta para los

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habitantes y uná preocupación creciente de las autoridades." Anunció que ese año se beneficiaría a 95 mü familias con la entrega mensual de despensas y a otras 25 mil que, de manera extraordinaria, se había venido apoyando a raíz del alzamiento del EZLN.

Carlos Rojas, secretario de Desarrollo Social, animció, de manera con-junta con el gobernador del estado, Julio César Ruiz, una inversión por 323 millones de pesos y la instalación de veinte centros de atención so-cial para servir a 470 comunidades de la Selva Lacandona y las Cañadas.

El día 20, Aurora Berdejo Arvizu, del periódico Excélsior, informó: "Los municipios del estado de Chiapas se verán verdaderamente beneficiados con la firma del Convenio de Desarrollo Social entre la Federación y el gobierno del estado. El monto total del Converüo de Desarrollo Social/firmado por el gobernador Julio César Ruiz Ferro y el titular de la Sedesol, asciende a 926 millones de pesos, de los cuales 398.1 millones se destinarán a los Fondos de Solidaridad Municipal [...] Todos los programas que se incorporan tienden a la elevación de niveles de vida en los mimidpios chiapanecos, que sin duda, podrán tener una mayor independencia económica y podrán fijar sus prioridades de inversión para cada caso."

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud, dijo que, durante 1995, el gobierno federal invertiría en Chiapas mil cien millones de pesos en materia de salud. Precisó qué Chiapas contaría con 36 nuevas unidades de primer nivel, 17 centros de salud rehabilitados y equipados, así como once hospitales generales remodelados.

Pero los conflictos agrarios persistían. El día 20, el señor Bracamontes Gris, líder de los productores de café de Escuintla, dijo que "este mu-nicipio se encuentra en poder de campesinos armados, supuestos miembros del EZLN, quienes tienen ocupadas las fincas cafetaleras Las Nubes, San Luis, Los Andes, Buenos Aires y Belén, pero otra docena de haciendas están amenazadas de invasión." En una carta dirigida al secretario de la Defensa, Bracamontes calificó a estos grupos como "delincuentes armados al mando de quien se hace llamar comandante Abel. Por ello, es urgente establecer un operativo con personal de seguridad pública estatal y de! Ejército Mexicano [...] los afectados por las invasiones han interpuestó sus denimdas, y se pide a las autoridades realizar las acciones pertinentes de concentración y desalojo que garanticen la tranquilidad [...] los productores cafetaleros vivimos en la angustia y demandamos el restabledmiento del Estado de Derecho, además de que no se contamine la zona de la costa, pues ahora atraviesa momentos de intranquilidad por los secuestros, asaltos y robos."

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El día 24, Daniel López Juárez, campesino de Sabanilla, afirmó que "más de 150 campesinos de Sabanilla, muchos de ellos armados con rifles y pistolas calibre 22, mantienen secuestrados desde ayer a tres ejidatarios de ese mismo municipio por la disputa de un predio." Los campesinos Mario López Juárez y Jorge López López no habían sido vistos desde el día 22. Dijo que los 150 campesinos del paraje Unión Hidalgo, vecino de Queoich, habían invadido 237 hectáreas de su propiedad el 17 de mayo. Esos terrenos, precisó, formaban parte de una dotación de 339 hectáreas que el gobierno había comprado para sesenta familias en marzo del año anterior. Sin embargo, sus vecinos las reclamaban para sí y por ello las invadieron "sin importarles que legalmente son nuestras y que, como ellos, todos somos campesinos pobres." El indígena chol señaló que los invasores se habían apoderado también de cuarenta reses propiedad del ejido.

Luis Enrique Pérez Mota, secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, informó que, por la vía de un fideicomiso, el gobierno estatal había adquirido tres mil hectáreas para la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), a cambio de lo cual sus miembros se com-prometieron a no invadir más tierras, compromiso que romperían meses más tarde. Pérez Mota expuso que la compra de tres mil hectáreas beneficiaría a 920 familias que integraban los cuarenta girupos de esta orgarüzación, con presencia en once mimicipios.

El día 26, campesinos de la Unión Popular Francisco Villa ocuparon la finca cafetalera Liquidámbar, en el municipio de Ángel Albino Corzo, tal como lo informó el dirigente estatal perredista, Carlos Bertoni Unda, quien explicó que alrededor de las cuatro horas, unos mil labriegos de la comunidad Julián Grajales, a escasos kilómetros del complejo cafetalero, armados con palos y machetes, se habían posesionado de la propiedad, de cinco mil hectáreas. El líder estatal del PRD dijo que los campesinos permanecerían en el lugar hasta que las autoridades les adjudicaran esas tierras para desempeñar sus labores de cultivo.

Estos casos son solamente ejemplos de muchos otros sucesos rela-cionados con disputas por tenencia de la tierra, que constantemente se presentaron en Chiapas, antes y durante eí conflicto. Era necesario, en la visión gubernamental, avanzar lo más rápida, pero prudentemente, posible en el diálogo, con el fin de definir acciones concertadas que permitieran resolver los problemas agrarios.

Así lo entendía Felipe Arizmendi, obispo de Tapachula: "La falta de solución a los problemas de rezago agrario, las carteras vencidas, la nula atención al campo, la preparación del proceso electoral de octubre, donde

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se mezclan la lucha por el poder político con las inconformidades sociales, la inseguridad y la amenaza de surginüento de grupos armados, provocan en Chiapas un clima de inestabilidad que podría alejar la paz y la reconciliación [...] no solucionar el rezago agrario es causa de mucha inestabilidad, como la toma de predios por campesinos armados."

El día 28 el periódico La Jornada dio a conocer declaraciones de im grupo de indígenas tzeltales de Ocosingo, quienes señalaban que soldados del Ejército Mexicano impedían que en esa zona se realizaran las consultas sobre la propuesta gubernamental, ya que "patrullan por tierra, y los sobrevuelos de aviones y helicópteros son a diario." Los indígenas tzeltales explicaron que los soldados llegaban a su comimidad "a diario, para patrullar, pero lo más grave fue los días 24,25, y 26 porque echaron bala al aire, aquí cerquita de nuestras casas, y eso sí está mal." No obstante, no informaron de rünguna agresión o enfrentamiento.

Durante la última semana del mes, las partes y los órganos de coadyuvancia y mediación siguieron buscando caminos para mejorar el clima del proceso y acelerar los tiempos. El día 23, Oscar López Velarde, senador del PRI y miembro de la Cocopa, informó que la representación gubernamental había aceptado la invitación del EZLN para participar como observador en las "consultas de base" que realizarían los zapatistas, a partir de las cuales definirían su posición respecto a las propuestas hechas por el gobierno federal.

El 24, la Comisión de Concordia y Pacificación declaró que habían acordado la elaboración de sendos reglamentos relativos a la dinámica a seguir durante el desarrollo del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal en Chiapas y sobre las medidas de seguridad que debían otorgarse a cada delegación. Señaló que, en el segundo reglamento para las negociaciones de paz, se buscaría definir las garantías de seguridad de las comisiones y que las mismas no podrían romperse si el diálogo llegara a interrumpirse por cualquier razón.

El día 28, Samuel Ruiz dijo que, para los zapatistas, las cuestiones políticas y las sociales estaban "íntimamente ligadas." Aclaro también que la Conai no sería la instancia verificadora de los eventuales acuerdos de paz a los que llegaran el gobierno federal y los zapatistas y que el proceso ya estaba en una firme fase de negociación, "pues ya se piensa en las medidas de distensión, normas para el diálogo y la agenda."

El 29, la Cocopa informó que haría llegar al EZLN ima propuesta de "pequeño reglamento" que permitiría dar ima "mayor agilidad" al diálogo en el encuentro del 7 de jimio en San Andrés Larráinzar. César Chávez, diputado del PRD y presidente en tumo de la Comisión, agregó

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que se esperaría que en dicho encuentro el EZLN aceptara firmar un reglamento de seguridad, en el cual se garantizaría la integridad de las partes y de las comisiones (Conai, Cocopa), aun en el caso extremo de un rompimiento de pláticas. Como parte de los acuerdos, se proponía en dicha reglamentación lograr que los "tiempos muertos" en las discusiones no fueran "tan largos", que la espera de la prensa "no sea tan larga" y que la información fluyera más adecuadamente. Además, se formalizarían los cinturones de seguridad, para que el primero fuera de la Policía Militar; después el de la Cruz Roja Mexicana; luego el de la población de San Andrés Larráinzar, y finalmente el de la sociedad civil.

A pesar de que tanto el gobierno federal como la Cocopa habían con-siderado en im primer momento asistir a las consultas del EZLN, al conocerse la invitación por escrito redactada por el subcomandante Marcos, las dos instancias reconsideraron la posibilidad. El comunicado zapatista decía, en su parte final;

Las condiciones para asistir a esta consulta son:

1. No podrán hacer uso de cualquier tipo de vehículo que no sean sus pies.

2. No podrán asistir otros que no sean los propios delegados del gobierno.

3. Gada quien se (sfc) cargará con sus cosas, no podrán acompañarse de cargadores, edecanes o ayudantes.

4. Deberán sujetarse a las reglas que funcionarán en cada comunidad.

5. A los que quieran asistir se les estará esperando el día 31 de mayo de 1995 en La Realidad.

En un comunicado fechado el 29, la delegación gubernamental afirmó: "Lamentablemente, el texto de la carta, por su forma y fondo, difiere de la seriedad con que la invitación se hizo en la mesa de negociaciones y en realidad constituye ima retracción de la misma [...] la representación gubernamental reitera su disposición a realizar visitas o encuentros que, con reglas acordadas por las partes y en el espíritu de la Declaración de San Miguel sirvan al propósito fundamental de la distensión y el buen entendimiento."

Por su parte, la Cocopa también rechazó acudir a la consulta. En tm comunicado leído por el vocero, Jaime Martínez Veloz, se señalaba que "en virtud de que el tono de dicha misiva no puede ser considerado con seriedad, esta comisión no tiene comentario alguno." Samuel Ruiz

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declaró que la decisión, tanto del gobierno como de los legisladores, respecto de la invitación del grupo rebelde no afectaba ni trastocaba el diálogo para la paz, que se reanudaría el 7 de junio en San Andrés Larráinzar.

Así, el mes terminó con la expectativa de reanudar el diálogo el 7 de jimio, tal como estaba programado, y con la esperanza de poder alcanzar acuerdos en materia de distensión y de agenda, formato y reglas de procedimiento. El clima, si no era el más propicio, sí era adecuado para proseguir con el diálogo. La delegación gubernamental esperaba que el EZLN diera una respuesta positiva al Acuerdo Mínimo sobre Disten-sión, al que se había comprometido en la reunión del 12 de mayo. En su visión, ello permitiría avanzar en los acuerdos procedimentales y pasar a los "temas sustantivos".

Durante todo el mes, diversas organizaciones, como la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía y el Congreso Nacional Indígena realizaron foros y actividades que empezaron a delinear una serie de propuestas sobre derechos y cultura indígenas, en particular relacionadas con los temas de autonomía y "usos y costumbres", que posteriormente alimentarían la discusión de la mesa 1, relacionada con esa temática, así como la Consulta Nacional Indígena que se llevaría a cabo meses después.

Asimismo, mayo fue también im mes en el que empezaron a vivirse algunas tensiones relacionadas con el proceso electoral —para elegir al-caldes y diputados locales— que tendría lugar en octubre del mismo año. Además, diversos municipios experimentaron im alto grado de criminalidad y violencia, producto de conflictos agrarios, religiosos, electorales y políticos, que se añadían a la delincuencia común. Varias alcaldías fueron tomadas y posteriormente liberadas. En fin, que se hacía necesario avanzar en la solución del conflicto con el EZLN, para concentrarse en la aguda problemática de Chiapas.

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Junio, 1995

Junio, 1995

Iunio se caracterizó principalmente por dos acontecimientos: la reimión entre las partes, del 7 al 11, y la expulsión de tres sacerdotes extranjeros que trabajaban en Chiapas.

La reunión del 7 al 11 no registró avances significativos, al mantenerse las diferencias sobre el tema de distensión, el cual, por cierto, fue pos-puesto, ante la relativa calma que reinaba en la llamada zona de conflicto y ante el clima de distensión general en el estado. Las partes pasaron a discutir el tema de agenda, formato y reglas de procedimiento, en el que se presentaron las primeras diferencias, centradas básicamente en las posiciones sobre la estructuración de las pláticas. El gobierno proponía que la discusión se diera en mesas simultáneas, con la posi-bilidad de alcanzar acuerdos en todos aquellas materias en que eso fuera posible y de posponer la negociación en aquellos puntos en los que se registraran diferencias sustanciales. El EZLN proponía que las mesas fueran consecutivas, para lo cual era necesário agotar toda la agenda de cada mesa antes de pasar a la siguiente. En opinión del gobierno este esquema retardaría innecesariamente la negociación. La discusión de estos pimtos se prolongaría en las sigtiientes reuniones, en el mes de juUo.

Por otra parte, el 22 de junio, autoridades migratorias detuvieron y deportaron a tres sacerdotes extranjeros, por la comisión de diversos actos ilícitos durante su estadía en México. Esta acción, atmque no vin-culada directamente con el diálogo, tuvo repercusiones de corto plazo sobre el mismo, al generar diferentes reacciones de actores del proceso.

Junio fue, entonces, im mes relativamente tranquUo, de continuidad en el diálogo sin avances de importancia y con el único incidente signi-ficativo de la expulsión de los sacerdotes. A pesar de esta acción, el diálogo continuó de manera fluida, aunque marcado por las tácticas dilatorias del EZLN.

Se estanca el diálogo

El mes se inició con intensas actividades de los actores involucrados en la negociación, con miras a preparar el encuentro programado para el 7 de juiüo. El día 1, la Cocopa se reunió con la delegación gubernamental para intercambiar puntos de vista sobre el docvimento de reglas mínimas

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para la discusión en las conversaciones de San Andrés. Un proyecto simüar había sido enviado, vía la Conai, al EZLN. Jaime Martínez Veloz declaró que se esperaba consenso sobre las reglas de discusión, así como de acreditación de la sociedad civil y la prensa, y que en la reimión se agotara la agenda programada en San Miguel, para "pasar a discutir de lleno los problemas que originaron el levantamiento del EZLN, como la cuestión agraria, el rezago social y los aspectos electorales, es dedr, todos los asuntos que las partes están dispuestas a tratar."

Al día siguiente, el propio Jaime Martínez Veloz señaló que los legisladores, a través de la Conai "planteamos la necesidad de hacerle llegar al EZLN el reclamo que hay en la sociedad, en términos de que se entre a discutir los asuntos sustantivos que le dieron origen al conflicto, para agilizar el diálogo y avanzar sustancialmente para agotar la agenda [...] si hubiese alguna violación a la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Pacificación, ésta debe ser denunciada con oportunidad a las auto-ridades y a la COCOPA. En caso contrario, pensamos que existe la necesidad de no esgrimir argumentos que sirvan como pretexto para evitar llegar al fondo del problema."

El 3 de junio se publicó un comunicado del EZLN, llamado "Mensaje a la II Asamblea Nacional Indígena", en el que manifestaban: "La iniciativa de decreto para la creación de regiones autónomas pluriétnicas, y las propuestas que reforman y adicionan los artículos 4,53, 73,115 y 116 de la Constitución, nos parecen bien en lo general. Sin embargo, pensamos que deben considerar dos drcimstandas fundamentales: 1) Deben inscribirse en el proyecto de una Nueva Constitución Política; 2) deben ser pasadas a referéndum o plebisdto entre los pueblos in-dígenas de todo el país. La opiiüón de los directamente afectados es lo más importante."

El día 4 se publicó una entrevista del embajador Gustavo Iruegas, miembro de la! delegación gubernamental para el diálogo, con el periódico La Opinión, de Los Ángeles. En ella dijo: "El gobierno de México espera que el EZLN acepte su propuesta de establecer 'corredores' de distensión, y que avance el diálogo de paz en el estado de Chiapas." Analizó las posibilidades de que el Ejército y el EZLN "chocaran" por compartir el mismo terreno: "Ese riesgo existe en la actualidad y riesgos similares dependen de la voluntad de las partes [...] el gobierno del presidente Ernesto Zedillo pretende que los zapatistas dejen de ser im grupo insurrecto y se conviertan en una organización legal del tipo que ellos decidan y quieran [...] sólo de esta forma, los zapatistas lograrán el espacio de autonomía que buscan y solo así

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conseguirán las cosas por las que luchan." Sin embargo, Iruegas advirtió que "el camino que habrá de recorrerse para lograr este objetivo se antoja aún muy largo."

El mismo día, la Comisión de Concordia y Pacificación propuso al EZLN y a la representación gubernamental que en el siguiente encuentro no se levantaran las mesas de negociación hasta que se hubiera agotado la agenda.

Por su parte, Sergio Obeso Rivera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), informó que solicitarían al gobierno fede-ral y al EZLN su inclusión en el diálogo que se reanudaría el miércoles 7 en San Andrés Larráinzar, con el fin de emitir opiniones, ofrecer soluciones y recibir información de primera mano sobre el proceso.

Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Premio Nobel de la Paz 1980 e integrante del Comité Pro-Nobel de la Paz para Samuel Ruiz, consideró que las medidas de distensión propuestas por el gobierno mexicano al EZLN deberían estar enmarcadas en contextos más amplios y más profundos de solución de los problemas que planteaba el grupo indígena. Dijo que la pobreza y el conflicto de identidad de los grupos indios, debían ser el marco primero de solución "porque no se puede hablar de seguridad sin solucionar los problemas de fondo." Anunció que se reuniría con Samuel Ruiz, miembros de la Cocopa, la Conai y organismos sociales, para valorar el avance de las negociaciones en Chiapas, du-rante su estancia en esa entidad.

El día 5, en un comunicado hecho público al día siguiente, la Conai aseguró que los desalojos de tierras, hechos de sangre y detenciones de campesinos "no ayudan a la distensión en Chiapas" y no contribuían a generar una atmósfera favorable para el diálogo. Estos acontecimientos "pueden convertirse en obstáculos para el proceso de pacificación que todos anhelan [...] La Conai observa con preocupación que en el lapso del segimdo al tercer encuentro, y sobre todo en días recientes, se han realizado despojos, hechos de sangre y aprehensiones en diversos lugares."

Felipe Aguirre Franco, obispo de Tuxtla Gutiérrez, dijo que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) habilitaría de nueva cuenta la Comisión de Paz y Reconciliación para Chiapas. En ella participarían las tres diócesis de Chiapas y sería presidida por Sergio Obeso Rivera.

Guillermo del Río Ortegón, senador por el PRD y miembro de la Cocopa, dijo que ese organismo propondría ima agenda de discusión de cinco puntos para el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal: problemas sociales, agrarios, indígenas, reforma electoral y justicia.

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Señaló que, en la reunión del día 7, las partes deberían abordar los asuntos que dieron origen al conflicto armado y alcanzar acuerdos con-cretos "porque así lo demanda la sociedad, que exige avances sustanciales en las negociaciones." Consideró además que la propuesta gubernamental de distensión "tiene demasiados problemas para que sea aceptada por el EZLN, y como la representación federal no tiene" previsto variar su postura, la negociación se puede estancar."

Heberto Castillo Martínez, también senador por el PRD y miembro de la Cocopa, dijo que si el gobierno y el EZLN "no se deciden a acabar con sus mutuas desconfianzas y malentendidos, existe el riesgo no sólo de que se prolongue el proceso de paz, sino de que se rompa." También planteó que "es indispensable que lo más pronto posible se establezcan las condiciones para que el encuentro negociador se dé entre el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y el subcomandante Marcos. En sus planteamientos en vísperas del nuevo encuentro en San Andrés Larráinzar, Heberto Castillo también comentó que entre el gobierno y la Cocopa "generó malestar la carta del EZLN en que se señalaban las condiciones para concurrir a atestiguar la consulta entre las bases zapatistas [...] eso más que una invitación parecía una prueba de resistencia." •

El día 6, Heberto Castillo consideró que "no se podrá dar un diálogo definitivo porque en aquella entidad hay problemas qué ni siquiera se han comenzado a plantear, son distintos, de carácter político, de desarrollo de recursos energéticos, energía hidráulica, hidroeléctrica." Expuso que el problema social de Chiapas debía ser resuelto paralelamente al conflicto político, que los recursos deberían enviárselos a los chiapanecos para que ellos resolvieran sus carencias "porque yo creo que a nosotros no nos gustaría que vinieran los de Chihuahua, Yucatán o Baja California a resolvemos los problemas de contaminación, por lo que no se que está haciendo allá Dante Delgado". Agregó que la única garantía para que se cumplieran las promesas para Chiapas era que los zapatistas mantuvieran sus armas, "es decir que no haya desarme [...] yo estoy de acuerdo con ellos, pues cómo van a empezar a desarmarse para dialogar, eso es absurdo, primero resuelven los problemas y luego que dejen las armas."

Jorge del Valle, de la delegación gubernamental para el diálogo, negó que existiera en ese momento "un conato de rompimiento o tensión extrema" que pusiera en peligro el proceso, aimque las diferencias sobre los "cinturones" de seguridad en tomo a la sede del diálogo volvieron a surgir al conocerse que im grupo de niños participaría en ellos. Del Valle

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consideró que la presencia de menores en los "cinturones" de seguridad era "impensable e improcedente", además de que representaría im acto de propaganda.

Carlota Botey, diputada federal por el PRD, informó: "Aprovechamos para denimciar públicamente graves provocaciones militares en contra del Campamento Civil por la Paz, instalado en la localidad La Garrucha, municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapais. El pasado 3 de junio a las 9 de la mañana, y mientras los integrantes del Campamento Civil por la Paz preparaban el desayuno de los escolares, arribó al poblado de La Garrucha un numeroso contingente del Ejército Nacional. 5ste inusitado despliegue es violatorio del espíritu y la letra de la Ley de Concordia y Pacificación aprobada por el Poder Legislativo Federal el pasado 11 de marzo."

Simultáneamente, Miguel Limón Rojas, secretario de Educación Pública, animció que la dependencia a su cargo pondría en marcha ese verano un programa especial para Chiapas llamado "La escuela no tiene vacaciones", mediante el cual se buscaría recuperar el tiempo perdido para la enseñanza en la zona de conflicto. Miguel Limón informó además que en aquella entidad, la federación invertiría en educación dos mil millones de pesos para impulsar los diversos niveles educativos, entre ellos el medio superior y los planteles técnicos: "Con el programa emergente para Chiapas, los maestros se prepararán ya para recibir a los alumnos que enfrentan condiciones especiales, puesto que las razones que llevaron a la interrupción de la actividad son graves, y esto implica un teabajo adicional que, entre otras cosas, llevará a los niños a tomar clases durante el verano."

Ese día, ocho integrantes de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV) fueron detenidos luego de enfrentarse con agentes de Seguridad Pública. Los miembros de la UCPFV, que realizaban una mar-cha en el tramo carretero Ángel Albino Corzo-Revolución Mexicana, dispararon contra los agentes policiacos, por lo que éstos repelieron la agresión con gases lacrimógenos.

El día 7 de junio, un poco antes de iniciarse la nueva ronda de negociaciones, el EZLN dio a conocer un comunicado t i tulado "Convocatoria de la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia", que decía:

Hoy pensamos que sigue siendo necesaria la formación de un amplio frente de oposición a la política gubernamental. Hoy nos encontramos en el preludio de im nuevo intento de diálogo con el

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supremo gobierno. Hoy exigimos un diálogo nacional entre quienes se oponen al cambio democrático y quienes luchan por hacerlo realidad. Nos estamos dirigiendo a todos nuestros her-manos para proponerles una consulta nacional e intemacional que nos oriente a todos sobre los pasos que debemos dar y el rumbo que debemos seguir en este momento histórico. Les proponemos la organización de una Gran Consulta Nacional con las siguientes preguntas:

1. ¿Estás de acuerdo en que las principales demandas del pueblo de México son: tierra, vivienda, trabajo, alimentación, salud, educación, cultura, información, democracia, libertad, justicia y paz?

2. ¿Deben las distintas fuerzas democratizadoras unirse en un amplio frente de oposición y luchar por las trece demandas principales?

3. ¿Debe hacerse vma reforma política profunda en términos que garanticen equidad, participación ciudadana, incluidas la no partidaria y no gubernamental, respeto al voto y padrón confiable?

4. ¿Debe el EZLN convertirse en una fuerza política independiente y nueva?

5. ¿Debe el EZLN unirse a otras fuerzas y organizaciones y formar una nueva organización política?

Semanas después, el día 25, el EZLN propondría a la Convención Na-cional Democrática como organizadora de la consulta intemacional y pro- • motora y difusora de la nacional, la cual sería organizada por Alianza Cívica.

La tercera reunión en San Andrés Larráinzar tuvo lugar entre el 7 y el 11 de jtmio. En ella se leyeron los resultados de la consulta del EZLN sobre la propuesta gubernamental de distensión integral. El EZLN dijo que aquélla contenía puntos buenos y malos, por lo que no se le aceptaba ni rechazaba totalmente. Posteriormente, presentó una "primera alternativa" al programa de distensión, que retomaba la idea de las rutas.

La delegación gubernamental hizo notar que esta alternativa no cumplía con el Acuerdo Mírúmo, que consistía en la selección de una ruta para poner en práctica el mecanismo. Además, nuevamente el EZLN proponía que el Ejército Mexicano realizara diversos movimientos, sin ofrecer ninguna acción en reciprocidad.

En respuesta a este señalamiento, el EZLN presentó una propuesta concreta para cumplir el Acuerdo Mínimo, eligiendo la ruta Las Margaritas-San Quintín. Pedían que el Ejército Mexicano se reposicionara

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en los extremos de la ruta, pero no especificaba ninguna acción recíproca delEZLN.

Por su parte, la delegación gubernamental presentó una propuesta de acuerdo para el inicio del caso de prueba del esquema de rutas, llamado "distensión por aproximación", seleccionando la ruta Monte Líbano-San Caralampio, por ser ésta la única coincidente en las propuestas anteriores de ambas delegaciones^

El EZLN hizo una contrapropuesta modificada, que ya incluía la aceptación de vigilar la seguridad pública, pero insistiendo en la ruta Las Margaritas-San Quintín y proponiendo como su base de ope-raciones el punto de Guadalupe Tepeyac, ocupado por el Ejército Mexicano.

Esta propuesta fue considerada inviable por la delegación guber-namental, ya que la ruta propuesta por el EZLN no había sido consultada con el Ejército Mexicano. Además, dado el simbolismo político otorgado por ambas partes a Guadalupe Tepeyac, se consideraba inoportuno realizar el primer ejercicio en dicha ruta.

La Conai hizo entonces una propuesta de mediación para el programa de distensión, que dividía la propuesta del EZLN en dos etapas: primero, el Ejército Mexicano se reubicaría en Las Margaritas y Vicente Guerre-ro, extendiéndose posteriormente a San Quintín. Como entre Vicente Guerrero y San Quintín se ubica Guadalupe Tepeyac, la propuesta no resolvía el problema de fondo.

Con el fin de reducir el carácter político de este punto, la delegación gubernamental propuso instalar vma de las mesas de trabajo en ese lugar, después de intentar un primer ejercicio de aproximación en la ruta Monte Líbano-San Caralampio, que como se ha dicho, había sido aceptada anteriormente por ambas partes.

En una segunda versión de su propuesta modificada, el EZLN retomó la división de fases hecha por la Conai, con la única modificación de que la primera etapa supondría un reposicionamiento del Ejército en Las Margaritas y Nuevo Momón. Guadalupe Tepeyac seguía ubicándose en la segunda etapa. Finalmente, y ante la dificultad de encontrar puntos de acuerdo en este tema, se pactó que el EZLN y el Ejército Mexicano se mantuvieran en las posiciones que mantenían hasta ese momento. Pesó en esta decisión de las partes el hecho de que, a lo largo de las semanas en que se había estado discutiendo el tema, no se habían presentado situaciones o hechos que hicieran pensar en la urgencia de un esquema de distensión, por lo que se consideró que las pláticas podían avanzar hacia el siguiente punto, sin contratiempos ocasionados por incidentes

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de violencia entre el Ejército Mexicano o los cuerpos de seguridad y grupos armados del EZLN.

Ante el empantanamiento de las negociaciones, la delegación guber-namental propuso avanzar en el contenido de la agenda y posponer el tema de la distensión para vma etapa posterior. Así, se decidió pasar al siguiente ptinto, agenda, formato y reglas de procedimiento, con el objeto de permitir el inicio de la discusión de los temas sustantivos, es decir, los que dieron origen ál conflicto.

La delegación gubernamental hizo ima propuesta de agenda gene-ral, con los siguientes temas:

1. Programa de distensión integral. 2. Derechos y cultura indígena. 3. Bienestar y desarrollo. . 4. Democracia y justicia.

Estos temas se desarrollarían en mesas de trabajo simultáneas. Los temas de carácter local —chiapaneco— producirían compromisos con-cretos que deberían ser cumplidos por las autoridades. Los subtemas de carácter nacional darían origen a declaraciones conjuntas y recomendaciones para las instancias de debate y decisión nacional.

Por su parte, la propuesta del EZLN constaba de dnco puntos:

1. Medidas de distensión. 2. Temas políticos, sociales, económicos y culturales. 3. Acuerdo regional de concUiadón entre los actores de la crisis chiapaneca. 4. Acuerdo de cese de hostilidades. 5. Participación política y sodal del EZLN.

El punto dos se presentaba desagregado en cuatro apartados, cada uno de los cuales contenía todos los temas, enfocados desde di-ferentes perspectivas: el nacional general, el indígena, la mujer y el ámbito regional chiapaneco. La delegación gubernamental conside-ró, en ese momento, que la propuesta del EZLN complicaba y alargaba excesivamente el proceso de diálogo, al sugerir la negodadón de un listado exhaustivo de temas de carácter nacional y al incluir una gran cantidad de actores, además del EZLN y el gobierno. Asi-mismo, la división de las mesas por sectores poblaciónales se con-sideró como menos adecuada que la división temática que hacía el gobierno.

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En cuanto a la agenda y el alcance de los temas, el EZLN planteaba que el carácter de sus demandas era nacional y por lo tanto la temática y los acuerdos deberían tener impacto a ese nivel. Por su parte, el gobierno federal argumentaba que el conflicto era regional y de origen indígena, por lo que los temas deberían estar enfocados hacia estos aspectos y en este nivel, además de que los zapatistas no tenían representatividad suficiente para decidir asimtos que competían a todos los mexicanos.

Tras diversos intercambios directos entre las partes, la Conai presentó el documento "Puntos de acuerdo en la Agenda", que básicamente reproducía la propuesta gubernamental. Esto permitió que la agenda incluyera cuestiones que no fueran exclusivamente indígenas. La reunión finalizó sin acuerdos específicos y se programó una nueva ronda para el 4 de julio, en la que prosegmría la negociación sobre agenda, formato y reglas de procedimiento.

Mientras se desarrollaban las pláticas, el día 8, el Segundo Tribunal Unitario de Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, dictó for-mal prisión a ocho presuntos integrantes del EZLN detenidos en febrero de 1995, al descubrirse una casa de seguridad de esa organización en el poblado de Cacalomacán, mimidpio de Toluca. Los presuntos miembros del EZLN habían sido deteiüdos por los delitos de asociación delictuosa, homicidio, lesiones y acopio de armas.

Ramón Sosamontes, diputado federal por el PRD, declaró: "Si el EZLN decide integrarse a las filas del PRD y asumir nuestros principios y estatutos, será bienvenido", dado que eUo podría contribuir a definir el sentimiento generalizado respecto a la existencia del grupo armado en Chiapas y a que la población opinara sobre lo que debería proceder.

El día 9, Ernesto Zedillo, presidente de la República, afirmó que su gobierno no ha hecho compra alguna para atender el conflicto en Chiapas, "afortunadamente no hemos necesitado armas ni las vamos a necesitar, espero, para resolver este problema. Por eso, hemos insistido en la negociación. Yo tengo la esperanza, el deseo y la convicción política de que sea a través de esta, como resolvamos el conflicto."

El senador por el PRI, general retirado Alvaro Vallarta Ceceña, señaló que el Ejército Mexicano mantendría en Chiapas las posiciones estratégicas necesarias para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad de los habitantes de la zona. "Existe—sostuvo— plena disposición de la parte gubernamental porque en la reurüón de San Andrés se logren acuerdos tendientes a alcanzar la paz definitiva [...] el subcomandante Marcos ya cumplió su papel histórico de hacer

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conciencia entre la población mexicana sobre los serios problemas y rezagos que padece la sociedad, pero ya es tiempo de que asuma su res-ponsabilidad y colabore de una manera seria y responsable para lograr la paz, sin la cual no habrá desarrollo ni progreso social en Chiapas [...] hay un consenso generalizado en la sociedad de que el EZLN debe dejar las armas y sumarse a la vida política nacional."

El día 11, el general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional, manifestó que el Ejército estaba dispuesto a ceder en las negociaciones de paz, excepto en lo que se refiriera a zonas estratégicas, como el caso específico de Guadalupe Tepeyac: "En estos momentos que vive la nación, el Ejército y la Fuerza Aérea tienen la responsabilidad jurídica y moral de robustecer a las instituciones con im desempeño intachable, hasta donde es humanamente razonable y exigible." En tanto, "altos mandos militares" confiaron que no estaban dispuestos a ceder Guadalupe Tepeyac, población que era vm símbolo para los rebeldes y ima posición estratégica de control para las fuerzas armadas. Cuando ratificaron que acatarían cualquier decisión que acordaran las partes respecto a las rutas, señalaron que "tácitamente consideran que no se deben abandonar ptmtos estratégicos [...] con esta medida, se busca mantener vigente el Estado de Derecho y proteger a la ciudadanía en la zona de conflicto, así como garantizar la seguridad de nuestras tropas."

El general Tomás Angeles, miembro de la delegación gubernamental, afirmó que los movimientos de relevo y abastecimiento que realizaba el Ejército Mexicano en la llamada zona de conflicto, "son totalmente acordados, aceptados y justificados." Señaló que, desde la creación de la Ley para el Diálogo, se había contemplado la necesidad de efectuar movimientos por parte del Ejército, "pero son movimientos adminis-trativos para llevar abastecimiento por tierra y por aire, principalmente en helicóptero." Declaró que era falsa la realización de movimientos nocturnos y la incursión del Ejército Mexicano en comunidades. Añadió que el Ejército "es muy disciplinado y tiene mucho control sobre sí. Está cumpliendo con ima tarea y no es una carga moral el que per-manezca cumpliendo esa labor en Chiapas."

Mientras distintos sectores de opinión expresaban sus posturas, los gobiernos federal y estatal continuaban con la ejecución de proyec-tos de bienestar social. El día 11, Mauricio Ituarte Hurtado, delegado del IMSS en Chiapas, anunció que, con una inversión de 21 millones 700 mil pesos, en dos meses más quedaría concluido el Hospital Rural del IMSS-Solidaridad en Altamirano, que beneficiaría a más de 18 mil

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chiapanecos, en su mayoría indígenas habitantes de comunidades de la zona de conflicto.

El día 14 se publicaron declaraciones de Alfonso Guillén, padre de Rafael Sebastián Guillén Vicente, a quien las autoridades atribuyen la identidad del subcomandante Marcos. En ellas decía: "Exhorto hoy aquí al EZLN a dejar las armas y convertirse en partido político, ya que el pueblo mexicano, los pobres-pobres y los sin voz, necesitan más im líder que un mártir." Recalcó que el 19 de junio iría a la selva chiapaneca "para reunirme con mi hijo", ya que ese día cumpKa 38 años de edad. Consideró que en el país hacía falta un partido que viniera a limpiar y fortalecer a la izquierda, así como líderes de la estatura moral y el conocimiento de Marcos. Sobre las negociaciones para la paz en Chiapas, Guillén dijo que en las primeras rondas vio lentas las pláticas y ya en la última fase del diálogo vio mayor solidez. Además, expuso, a las dos partes convenía re-solver el conflicto: "Al gobierno para no tener un problema, y a los rebel-des para que este hombre (Marcos) siga siendo líder y no quede en mártir."

En tm comunicado difimdido el 14, la Conai informó que el gobierno había aceptado corroborar las denuncias documentadas sobre presuntas movilizaciones militares que realizaba el Ejército Mexicano en las co-munidades de la zona de conflicto. En el comurücado se indicaba que, debido a las condiciones difíciles que atravesaba el proceso de diálogo y negociación, debía generarse mayor participación y responsabilidad de todos los mexicanos para lograr acuerdos: "La Conai da a conocer la disposición manifestada por la delegación gubernamental para verificar las denimdas documentadas de presuntas anomalías en la conducta del Ejército Mexicano en la zona de conflicto [...] en los días intermedios, previos al siguiente encuentro, la Conai procurará hacer los contactos ne-cesarios entre las partes para avanzar más expeditamente en los temas restantes de las reglas de procedimiento, así como en lo referente a los temas que quedaron pendientes en el encuentro pasado."

Sobre el mismo tema, Javier Zenteno, director general de Asimtos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y miembro de la delegación gubernamental, afirmó: "En la aplicación del Estado de Derecho en la zona de conflicto de Chiapas no habrá ningún despliegue ni operati-vos militares o policiacos de carácter especial [...] como fue anunciado a los miembros del EZLN durante las conversaciones, sólo se perseguirá a aquellas personas que, haciéndose pasar por zapatistas, cometan delitos del fuero común o federal."

El día 15, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que parte del personal militar destacamentado en el estado de Chiapas sería relevado,

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luego de permanecer "por un prolongado periodo de tiempo" en servicio en esa entidad. El relevo se realizaría con el fin de propiciar condiciones que favorecieran la integración familiar del personal militar. "Se mantendrán los efectivos que actualmente se encuentran desplegados, con tropas descansadas y con im elevado nivel de adiestramiento y moral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las misiones que les han sido asignadas."

Diversos incidentes de violencia seguían presentándose con frecuencia en Chiapas, particularmente en las zonas Altos y Norte. Por ejemplo, el 16 de jimio, simpatizantes del EZLN expulsaron a cincuenta campesinos del ejido Misopá, mimidpio de Tila, los cuales tuvieron que refugiarse en el ejido Melchor Ocampo, municipio de Macuspana, Ta-basco. Estos incidentes, al irse acumulando, fueron generando tm clima que posteriormente propiciaría la percepción, en ambas partes, sobre la necesidad de encontrar esquemas de reconciliación, dado que pro-gresivamente fueron gravitando sobre el proceso de diálogo.

Asimismo, persistían diversos conflictos agrarios, algunos de los cuales eran resueltos por las instituciones, aunque otros quedaban pendientes. El día 9, Banrural firmó im convenio con indígenas de cinco municipios de la entidad, en el que se comprometía a entregar recur-sos por seis millones de pesos para la compra de tierras en la región de Los Altos. El acuerdo se dio luego de que un grupo de campesinos había mantenido retenidos a unos cien empleados de la institución. Los seis millones formaban parte de un crédito por quince millones que no había sido entregado por completo, para la compra de setecientas hectáreas en los mimidpios de Chilón, Sitalá, Yajalón, Ocosingo y Pantelhó.

El 10 de junio, a cuatro días de permanecer retenidos en una casa ejidal del municipio de Villa Corzo, dos funcionarios de la SAGDR, fueron canjeados por la entrega de cheques que amparaban créditos de Procampo con garantía. Más de mil campesinos, aglutinados en la Unión de Uniones de Ejidos de la Región Costa, Centro y Frailesca, presidida por Noel López, fueron los responsables de la privación de la libertad de los funcionarios. Los acuerdos entre las partes contemplaban que el gobierno del estado pagaría los créditos con garantías de Procampo, a quince ejidos de los munidpios de Cintalapa, Ixtapa, Chiapa de Corzo, OcozocoauÜa y Villa Corzo, por ima cantidad aproximada de once mil hectáreas, que equivalía a más de cinco millones de pesos.

El día 13, José Bonilla Robles, de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, declaró que, a 18 meses de haber comenzado el conflicto armado, en Chiapas continuaba violentándose el Estado de

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Derecho, con la existencia de mil invasiones, el robo de un millón de cabezas de ganado y pérdidas en la agricultura de 80 por ciento de los cultivos.

El 14, Eraclio Zepeda Ramos, secretario general de gobierno del estado dé Chiapas, dijo que el gobierno del estado utilizaría la fuerza pública para desalojar los más de seiscientos predios invadidos por organizaciones indígenas y campesinas, con el fin de garantizar el Estado de Derecho: "El gobierno busca el camino de la concertación para dar respuesta a las demandas agrarias, pero por supuesto no cancela su posición de aplicar la ley, de garantizar el ejercicio del derecho cuando las conversaciones fracasen en el tema de las invasiones."

Respecto al proceso de negociación, en los días subsiguientes a la reunión del 7-11 de junio, los diversos participantes y actores invo-lucrados expresaron opiniones y posiciones sobre el diálogo. El día 12, Guillermo del Río, de la Cocopa, declaró: "No se avanzó porque la ruta contempla Guadalupe Tepeyac, y el gobierno no quiere que el Ejército abandone esa posición porque es un símbolo para los zapatistas, lo que quiere decir que se está cuidando más lo que significa el honor, que dar im gesto de buena voluntad."

Por su parte, Heberto Castillo, también de la Gocopa, llamó al gobierno y al EZLN a pasar ya a la discusión de los temas que dieron origen al conflicto armado en Chiapas, "porque hasta ahora sólo es un ritual de diálogo y no un diálogo concreto". Heberto Castillo anotó que, en cada ronda de negociaciones, los zapatistas desconocían los acuerdos tomados en las anteriores conversaciones, se olvidaban de los convenios y dificultaban con ello la ilación de las pláticas y, en consecuencia, la resolución final del problema.

Gustavo Iruegas, de la delegación gubernamental para el diálogo, afirmó el mismo día que la delegación gubernamental asistiría al próximo encuentro de San Andrés, a iniciarse el 4 de julio, con la firme decisión de abordar los problemas de fondo que ocasionaron la rebelión armada. Externó su esperanza de que, para el siguiente encuentro, el EZLN abandonara sus tácticas de distracción y de propaganda y se centrara en la discusión de la problemática de los indígenas que habitan en las regiones de la Selva y de Los Altos. Subrayó que los miembros del EZLN habían desestimado la oferta "amplia y generosa" que en materia de medidas de distensión les había hecho la representación fede-ral y que inclusive se habían negado a continuar la discusión sobre las reglas de procedimiento. Mencionó que en esa etapa no se había avanzado y que se había perdido un valioso tiémpo, que pudo haberse

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utilizado en atender los asuntos de fondo, es decir, las demandas de las comunidades indígenas.

Jorge del Valle, también de la delegación gubernamental, dijo: "Las acciones de seguridad pública para contrarrestar la delincuencia organizada en la zona de conflicto se establecerán a la brevedad posible, y permitirán la distensión en la entidad."

El 13, Dionisio Pérez Jácome, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dijo que, debido a la actitud del EZLN, "que ha evitado asumir compromisos que hagan avanzar los diálogos de paz de San Andrés Larráinzar, el Congreso de la Urüón podría reformar o inclusive derogar la actual Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna." Expuso que, frente a la actitud de los zapatistas, sólo se les podía hacer exhortos, pues con base en la legislación en vigor, no había instrumentos jurídicos que permitieran presionar al grupo de rebeldes para agilizar la solución. Advirtió que "el pueblo se puede cansar, pues no es justo ni razonable que el grupo armado aproveche el marco jurídico establecido para el diálogo, solamente para realizar actos de propaganda."

El 14, la Comisión Nacional de Intermediación anunció que procuraría hacer los contactos necesarios entre el gobierno federal y el EZLN, con el fin de lograr un avance expedito en temas pendientes y reglas de procedimiento. Señaló que la mediación en el conflicto armado chiapaneco había valorado positivamente los avances alcanzados respecto a la agenda del diálogo, los niveles nacional y estatal para la misma, y la participación en las mesas de trabajo.

Durante el resto del mes, las partes, la mediación y la coadyuvancia se dedicaron a preparar las propuestas para la cuarta reunión de San Andrés, que se realizaría a partir del 4 de julio. En cuanto al contexto, a los conflictos religiosos, agrarios y políticos se sumaría el generado por la expulsión del país, el día 22, de tres sacerdotes extranjeros que trabajaban en Chiapas.

El día 19 volvió a surgir el conflicto entre chamulas evangélicos ex-pulsados y católicos tradicionalistas expulsadores, tras varios meses de calma. El saldo hasta la noche de ese día era de cuatro indígenas secuestrados, uno consignado ante las autoridades judiciales, y el cierre de los principales accesos a San Juan Chamula y tres municipios más de la zona. El problema comenzó a las 5:00 horas, cuando un grupo de evangélicos "ejecutó" dos órdenes de aprehensión en contra del presunto cacique Manuel Gómez Pacheco, que la Policía Judicial Estatal no había cumplimentado. El detenido, acusado de delitos relacionados

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con expulsiones por supuestos motivos religiosos, fue entregado a las autoridades judiciales luego de su aprehensión. Dos horas después, un grupo de presuntos caciques "detuvo" en San Cristóbal de las Casas, a Sebastián Gómez Pacheco, de cincuenta años de edad, y supuestamen-te a tres hombres en San Juan Chamula, en cuya cabecera permanecían custodiados por sus captores. A partir de ese momento, cientos de evangélicos desterrados comenzaron a organizarse y bloquearon los dos principales accesos a Chamula "para impedir que los caciques vengan a liberar a su compañero preso." El conflicto se resolvió temporalmente el día 20, al ser liberados los "detenidos" de cada bando.

El día 27, el gobierno del estado informó que "como parte de las acciones para restablecer el Estado de Derecho" la Policía de Seguridad Pública había montado un operativo para rescatar a cincuenta indígenas presbiterianos, que permanecían secuestrados desde el 4 de mayo. En esa fecha, los mil quinientos habitantes del poblado Emiliano Zapata, en el municipio de Tumbalá, fueron obligados por un grupo armado a abandonar el lugar; los asaltantes quemaron 38 casas y saquearon las dos escuelas y la tienda Conasupo de la localidad. Una vez que se dispersó la población, los secuestrados fueron llevados a las rancherías El Naranjil y La Revancha, donde se les encerró en el templo y se les mantuvo tres días sin probar alimento. Durante el operativo de rescate se logró la captura de los 24 presimtos responsables del ataque.

Dos días después, un grupo de evangélicos expulsados que se encontraban en el municipio de Teopisca desde el 15 de febrero, cuan-do autoridades rurales de Venustiano Carranza los habían desalojado, fueron agredidos por unos quinientos habitantes de esa comunidad. Los evangélicos de Aguacatenango de Carranza fueron agredidos por sus coterráneos al enterarse estos últimos que la Procuraduría General de Justicia del estado había girado orden de aprehensión en contra de Vicente Juárez Aguilar, auxiliar del juez municipal de ese poblado, por su responsabilidad en la expulsión del 15 de febrero.

En cuanto a los conflictos agrarios, el día 19, efectivos de la Policía de Seguridad Pública del estado desalojaron nueve predios en el mimidpio de Jiquipilas y apresaron a 53 individuos por el delito de despojo. El procurador dé justicia, Jorge Hernández Aguilar, confirmó el desalojo de los predios El Vergel, La Joya, La Joyita, San Francisco, Poza Rica, Nuestra Señora y Nazaret, que sumaban 654 hectáreas. Los campesinos, militantes de la CNC, CIOAC, PRD y Antorcha Campesina se habían apoderado de los predios en los treinta días anteriores.

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Adicionalmente, las negociaciones entre los funcionarios del Pro-grama para el Bienestar Social de Chiapas y agrupaciones como AEDPCh no prosperaban satisfactoriamente. El día 20, el secretario de la Reforma Agraria, Arturo Warman, anunció que el rezago agrario de Chiapas quedaría finiquitado durante 1995. Las invasiones y los desalojos continuarían, provocando actos de violencia.

Mientras las actividades de las partes y los organismos de mediación y coadyuvancia continuaban, el obispo Samuel Ruiz García realizó tma breve visita a España, en la que, entre otras actividades, realizó un intenso cabildeo en favor de su candidatura al Premio Nobel. En ima homilía prommciada en ese país advirtió sobre la imposibilidad de quemar tiempos y hablar de rendición y punto final, sin haber antes resuelto el capítulo social en Chiapas. Ervla parte inicial de una plegaria por la paz, dijo: "Bendice la rebelión de las comimidades indígenas de Chiapas en su lucha por la tierra; su desquite de la indigencia y esta fuerte sacudida de siglos de conquista, de opresión [...] ¡Acuérdate de los chiapanecos pobres! ¡Que el Ejército se vaya! ¡Que se busque la paz con justicia y dignidad! ¡Ayuda a México!" Acontinuación, en una paráfrasis del "Pa-dre Nuestro", dijo: "Padre Nuestro que estás en la selva, así como en la Tierra, santificado sea tu nombre en los indígenas. Venga a nos tu reino de democracia, libertad y justicia. Hágase tu voluntad aquí, en la patria, como en el diálogo; danos hoy el pan de la hermandad; perdona nuestra sed de hambre y justicia, así como nosotros perdonamos a los soldados y a las guardias blancas."

El día 22 de junio, autoridades de la PGR detuvieron a tres sacerdotes eixtranjeros que operaban en Chiapas: el párroco de Sabanilla, Rodolfo Izal Elorz, de nacionalidad española; Loren Riebe, de nacionalidad esta-dounidense, quien fungía como párroco de Yajalón, y el párroco de Venustiano Carranza, Jorge Barón, de nacionalidad argentina. La Se-cretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos, informó a la diócesis de San Cristóbal de la detención de los tres sacerdotes, la cual se debió a la realización de actividades pro-hibidas por su estatus migratorio, relacionadas con disposiciones contenidas en los artículos 120,121 y 125 de la Ley General de Población. Después de realizar las investigaciones y actuaciones correspondientes con estricto apego a las garantías que nuestras leyes les otorgan, se descubrió que los sacerdotes habían participado, durante su estancia en el estado de Chiapas, en diversas actividades ilícitas y otras no autorizadas de acuerdo con su calidad migratoria, que fueron objeto de numerosas denuncias por parte de vecinos de la zona, afectados por

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dichas actividades. Los tres sacerdotes serían deportados a sus países de origen.

Esta acción legal despertó diversas reacciones en la sociedad mexicana. El clero católico y sus organizaciones afiliadas o simpatizantes rechazaron la medida y exigieron su reversión. Otros grupos se pronunciaron en favor de la acción y enf a tizaron la necesidad de que todos los extranjeros, independientemente de su profesión, respetaran íntegramente las leyes migratorias de México.

En su primera reacción, David Fernández Dávalos, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que las acciones eran violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, así como de los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el gobierno, por lo que demandaba su inmediata libertad, "toda vez que dichas personas no cometieron delito alguno", además, dijo que las expulsiones ponían en evidencia "una ola de vio-lencia que altera el Estado de Derecho y atenta contra la seguridad de las personas."

Al tener conocimiento de la aprehensión dé los sacerdotes, la diócesis de San Cristóbal solicitó por escrito a la Secretaría de Gobernación que tal decisión fuera revocada. El vicario general de la diócesis, Felipe de Jesús Toussaint Loera, advirtió que ese hecho incrementaba la tensión en Chiapas y dificultaba el proceso de paz.

Cabe señalar que muchos defensores de los sacerdotes, al tiempo que negaban toda vinculación de los mismos con el EZLN, insistían en ubicar a las detenciones en el contexto del conflicto con ese grupo armado.

La CIOAC calificó la detención y expulsión del país de los sacerdotes como un acto de "agresión y provocación de fuerzas políticas reac-cionarias y oscurantistas contra la Conai y el obispo Samuel Ruiz." Advirtió la organización que no era tiempo de que "los actos de fuerza y represión ocupen el escenario que le corresponde a los recursos de la política, porque de ser así se constituirían en señales inequívocas de que se está apostando a la opción policial y militar para resolver la problemática del país." Tanto los jesuítas como los frailes dominicos manifestaron públicamente su rechazo a la medida.

Ramón Godínez, de la CEM, calificó como una "descortesía" de las autoridades migratorias contra Samuel Ruiz, la captura y deportación de los tres sacerdotes extranjeros y advirtió que el gobierno no debía intervenir en asuntos "que sólo le competen a la Iglesia [...] espero que este acontecimiento no entorpezca los diálogos de San Andrés Larráinzar, sino que éstos continúen su cauce normal [...] son dos asuntos que inciden

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en la lucha por la justicia y la democracia, pero que no se deben mezclar; xmo es entre el gobierno y EZLN; el otro es entre el gobierno y la diócesis de San Cristóbal de las Casas."

El día 23, cinco sujetos fuertemente armados intentaron entrar violentamente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en San Cristóbal de las Casas, presuntamente para rescatar a los tres sacerdotes extranjeros, porque suporúan que estaban recluidos en ese lugar. Así lo informó el subprocurador de justicia del estado. La Secretaría de Gober-nación informó, en el Distrito Federal, que diez sujetos armados se habían apoderado del sistema de informática que contenía datos de los movi-mientos de extranjeros en la zona de conflicto, así como de los expe-dientes de cada tmo de éstos. La dependencia agregó, en un comtmicado, que los desconocidos vestían de negro y en los hechos no hubo heridos.

La diócesis de San Cristóbal de las Casas pidió a las autoridades mexicanas que permitieran el retomo de los tres sacerdotes, así como el "cese de las acciones de calumnia, hostigamiento y difamación" en su contra. Las autoridades mvmicipales de Yajalón se unieron al llamado y solicitaron al presidente Ernesto Zedillo que regresara quien hasta el día 22 había sido su párroco, el estadounidense Loren Riebe. Los católicos que con mayor energía protestaron fueron los de Yajalón, donde el día 23 se realizó una marcha para exigir a las autoridades que se permitiera el retorno de los tres sacerdotes. Durante la manifestación, unos quinientos católicos advirtieron que "mientras más violen nuestros de-rechos como ciudadanos mexicanos, mayor será nuestra energía para construir el reino de Dios y im cambio con justicia y dignidad."

El 24, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, afirmó que la detención y expulsión de los tres sacerdotes formaba parte del "conflicto de baja intensidad que se desarrolla desde hace meses en el país [...] la Segob miente al afirmar que los arrestos se realizaron con estricto apego a las garantías que nuestras leyes otorgan a los extranjeros [...] los tres presbíteros no recibieron documentos que acreditaran la motivación y fundamentación de sus arrestos, ni tuvieron oportunidad de conocer el nombre de sus acusadores; en otras palabras, se violaron los artículos 14,16 y 20 constitucionales."

El día 25, la Secretaría de Gobernación informó que no se pretendía instaurar im clima de persecución, sino úiücamente cumplir con la ley. Aludiendo a los datos del INM y a las 16 denuncias presentadas por pobladores de las localidades chiapanecas, la dependencia aseguró que, en todos los casos, las investigaciones realizadas habían confirmado que los tres sacerdotes extranjeros "cometieron diversos actos ilícitos."

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Éstos consistieron en la promoción de invasiones de tierras, hostiga-miento físico y amenazas de despojo a vecinos de la zona, así como la realización de acciones de proselitismo político.

Guillermo Schulenburg, abad de la Basílica de Guadalupe, sostuvo que la deportación era un acto apegado a la ley y a la Constitución y que la jerarquía eclesiástica "no tiene nada que decir." Aseguró que todos los sacerdotes que laboran en ima nación distinta a la suya "deben cumplir con las normas legítimas y civiles de ésta."

En ima columna periodística publicada el día 26, Jorge Fernández Menéndez afirmó que los sacerdotes habían participado en tareas de aprovisionamiento de armas al EZLN y en tomas de tierra que habían concluido en acciones violentas. "Ellos formaron parte, en Venustiano Carranza, Yajalón y Sabanilla, de la estructura organizativa de lo que se ha llamado el frente norte del EZLN [...] no son los casos únicos; según información oficial, otros once sacerdotes o monjas extranjeras permanecen en la Diócesis en una situación irregular [...] no nos engañemos, ese tipo de acciones tomadas por el INM, ayudarán a reafirmar una cierta legalidad en el estado y a volver al marco de la ley."

Sergio Obeso Rivera, presidente de la CEM, dijo que si el obispo Samuel Ruiz insistía en inconformarse por la detención y expulsión de los sacerdotes extranjeros el conflicto armado en Chiapas "podría agravarse." El arzobispo, quien también calificó de "opinión respetable" la del presidente de la Conai, en el sentido de que el arresto de los clérigos hacía perder credibilidad al Estado, sostuvo que, aunque no conocía con detalles el caso, todo hacía suponer que el gobierno tuvo las pruebas suficientes para justificar la expulsión de los curas católicos, porque "si im sacerdote se extralimita y no se atiene a lo que su ministerio le exige, yo estoy de acuerdo con que nos apliquen la ley."

Samuel Ruiz afirmó que la "inexplicable expulsión [...] es señal de una línea dura que avanza fuertemente en el país [...] con ello se quiere volver a la posición oficial de los primeros días de enero de 1994, de que son extranjeros los que generaron el conflicto en Chiapas." Advirtió de las serias consecuencias que para el Estado mexicano se derivarían de la deportación de los curas. Enfatizó que las acciones tendrían repercusión en el proceso de paz.

Jaime Martínez Veloz, diputado del PRI y miembro de la Cocopa, aseguró que con la expulsión de los sacerdotes extranjeros se ponía en riesgo el éxito de las negociaciones para la paz en Chiapas.

El día 26, indígenas choles católicos de Sabanilla realizaron pere-grinaciones de 42 comunidades hada la cabecera murücipal, para protestar

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por la expulsión de su párroco, el español Rodolfo Izal, y para demandar su retomo. Presentaron una carta, aparentemente firmadá por dnco mil per-sonas, dirigida al presidente Zedillo, en la que solicitaban el regreso del párroco.

Adicionalmente, un grupo de tres mil campesinos de la OCEZ instaló im plantón en la entrada principal del palacio de gobierno de Tuxtla Gutiérrez, para exigir la entrega de recursos de Procampo y protestar por la deportación de los tres sacerdotes extranjeros.

El día 28, Heriberto Cruz Vera, párroco de Tila, dijo que la expulsión de los sacerdotes era una provocación abierta a todos los creyentes: "Cuando hablo de fe, me refiero a la gente pobre, humilde y sencilla que ya no es manipulada por el sistema [...] con la expulsión de los sa-cerdotes hubieran querido una reacción violenta de la gente [...] los religiosos de la región norte han sido acusados de traficar armas y pro-mover invasiones por las asociaciones ganaderas, que han sido afectadas por las ocupaciones de tierras y el asesinato de algunos de sus socios en los municipios de Yajalón y Salto de Agua [...] la gente tiene confianza en los sacerdotes, pues cuando nadie llegaba a ellos estaba un sacerdote."

Mientras la polémica por la expulsión se desarrollaba, algunos campesinos, miembros del EZLN, abandonaban esa organización para reintegrarse a las actividades productivas. Por ejemplo, el día 24, José Díaz López, representante de campesinos y ejidatarios de la comunidad de Prado Pacayal, del mvmicipio de Ocosingo informó que al menos seiscientos zapatístas de diez comunidades de la región norte de la zona de conflicto en Ocosingo, habían abandonado las filas del EZLN para reingresar a la vida productiva. José Díaz López dijo que esas personas habían firmado im acta de retiro de las armas ante las organizaciones campesinas de la región, como condición para hacer su vida normal. Precisó que en la región Avellanal, unos cien zapatistas habían dejado las armas y el pasamontañas para reincorporarse a la normalidad; en Amador, ochenta; en Cañadas de Agua Azul, treinta; en Patihuitz, doscientos; Prado Pacayal, 120; Soledad, sesenta; Valle de San Quintín, veinte, y unos cien más en Estrella. Adicionalmente, el Consejo de Representantes Indígenas de Los Altos de Chiapas denunció que su-puestos perredistas participaban en expulsiones en los municipios de Venustiano Carranza y Amatenango de Valle.

El mes terminó en medio del debate sobre la expulsión de los sacerdotes y principalmente con los preparativos para la siguiente reunión entre el gobierno y el EZLN. A lo largo de jimio, los partidos políticos empezaron a prepararse para las elecciones locales que tendrían lugar el 15 de octubre.

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Julio, 1995

Julio, 1995

Durante el mes de julio, el Presidente de la República sustituyó al secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, por Emilio Chuayffet. No obstante, ratificó íntegramente a la delegación

gubemamentál para el diálogo con el EZLN. El mes se caracterizó por la realización de dos rondas de negociaciones

directas, del 4 al 7 y del 24 al 26. En ambas, persistieron las diferencias sobre los temas de distensión y reglas de procedimiento. Respecto al primer tema, ante la insistencia del EZLN en proponer una ruta excesivamente larga y complicada, lo cual se percibió como táctica dilatoria, la delegación optó por retirar de la mesa su propuesta de "distensión por aproximación", que contenía el esquema de rutas. En cuanto al segundo, al terminar el quinto encuentro, el 26 de julio, las partes se comprometieron a entregar, el 20 de agosto, nuevas propuestas a la Conai, con el fin de que este organismo buscara aproximaciones, que serían presentadas a las partes en la siguiente reunión, que quedó programada para el 5 de septiembre.

A fin de mes, y en el contexto de la reimión entre las partes, surgió im tema que durante algunos días suscitó un debate: la propuesta de reunión directa entre el secretario de Gobernación y el subcomandante Marcos, atribuida por el comandante Tacho a declaraciones de panistas miembros de la Cocopa, y la cual, dijo, era respaldada por el EZLN. El PAN, en voz del diputado Rodolfo Elizondo, aclaró que se trataba de im malentendido surgido de una conversación con la prensa.

Algtmos conflictos religiosos, políticos y agrarios persistieron en y entre comtmidades chiapanecas, al tiempo que las autoridades federales y estatales continuaban con sus esfuerzos por instrumentar políticas de bienestar social, sobre todo en las zonas más marginadas.

La disputa por los tiempos

El mes de julio se inició, todavía en medio de algunas acciones y reacciones relacionadas con la expulsión de los sacerdotes extranjeros, la permanencia del conflicto religioso, especialmente en San Juan Chamula, y los preparativos para la reunión del día 4. El 3 de julio, el licenciado Emilio Chuayffet Chemor, que hasta entonces se desempeñaba

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como gobernador del Estado de México, fue nombrado por el Presiden-te de la República como nuevo secretario de Gobernación, en reemplazo del licenciado Esteban Moctezuma.

El día 1, Felipe Toussaint, vicario general de la diócesis de San Cristóbal, anunció que, ante el temor de ser perseguidos, detenidos y expulsados del país, catorce sacerdotes, religiosos y religiosas de diver-sas nacionalidades que trabajaban en la diócesis local habían solicitado im amparo. Dijo que el Concejo Pastoral "teme por la seguridad de los agentes de pastoral de la diócesis de San Cristóbal, principalmente de los extranjeros." Acusó a la Procuraduría de Justicia del estado de "incitar" a la Secretaría de Gobernación a "actuar en contra nuestra."

Ese día, Jorge Utrilla Robles, edil de Yajalón, informó que más de cuatro mil indígenas choles y tzeltales habían realizado una marcha para exigir el retomo de los tres sacerdotes extranjeros expulsados por el gobierno.

Del 4 al 7 de julio se realizó el cuarto encuentro entre la delegación gubernamental y el EZLN, en la cual las partes pasaron a la discusión de las reglas de procedimiento que normarían el proceso de diálogo.

Desde el día 4, la delegación gubernamental había dejado en claro" que si el EZLN continuaba con sus tácticas dilatorias y no terua dis-posición para agotar en la cuarta fase del diálogo las reglas de pro-cedimiento, el gobierno actuaría solo en las acciones para beneficiar socialmente a las comunidades dentro de la zona de conflicto. Además, subrayó que el EZLN seguía jugando con los tiempos, en espera de los resultados de la consulta nacional e internacional a la que había convocado para definir su futuro como organización.

En la reimión, el EZLN presentó ima propuesta en la que rechazaba la negociación simultánea de los cuatro temas y el concepto de "sesión per-manente" de cada mesa de trabajo, proponiendo una negociación pvmto por punto, de manera secuencial, en 16 mesas de trabajo. La base de esta propuesta fue ima argumentación sobre la diferencia entre el tiempo del gobierno y el "tiempo indígena". En esta reunión no fue posible alcanzar acuerdos, ya que el gobierno consideraba que el formato propuesto por el EZLN implicaba un proceso muy lento de negociación, y presentó un ejercicio con esta propuesta, en el que el diálogo, en términos óptimos, tardaría un poco más de tres años. Por esta razón, su propuesta fue agilizar e intensificar la negociación mediante mesas de trabajo paralelas y simultáneas, acortando y reduciendo los periodos de consulta.

En cuanto a las reglas de procedimiento, el EZLN proponía que cada pimto de la agenda se tenía que agotar para poder avanzar al siguiente tema. La delegación propuso que las divergencias que se pudieran

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presentar en algunos puntos específicos no condicionaran el avance de la negociación, sino que su discusión se dejara para el final.

Durante los días de la negociación, el gobierno continuó con las acciones de bienestar social. El día 1, el Gobernador presentó el Programa de Financiamiento para el Desarrollo Rural de Chiapas 1995-2000, que contaba con un presupuesto de 846.2 millones de pesos. Señaló que ese programa incluía a la ganadería, agricultura, agroindustrias, pesca y actividades forestales.

El día 2, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural anunció que los cafeticultores de Chiapas y Oaxaca recibirían créditos por 250 millones de pesos para incrementar la producción del aromático. En Chiapas, la meta para 1995 era apoyar a 66 mil productores, con una inversión global de 160 millones de pesos.

El día 5, el INEA informó que destinaría ese año treinta millones de pesos para abatir el analfabetismo en Chiapas. Se preveía disminuir los altos índices de analfabetismo en las comimidades indígenas del estado, que en conjunto la colocaban como la entidad del país con el mayor número de personas que no saben leer ni escribir.

Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que la organización humanitaria Médicos sin Frontera le había comimicado el término de su programa de asistencia médica en el estado de Chiapas. La cancillería precisó que la conclusión del programa de asistencia de dicha organización se debía a que los servicios de salud proporcionados por las instituciones mexicanas cubrían satisfactoria-mente toda la entidad.

El día 7, en Huixtla, Julio César Ruiz Ferro, gobernador del estado, informó que la SRA había emprendido tm programa de entrega de tierras a campesinos cuyas resoluciones presidenciales no habían sido ejecutadas durante décadas, lo que permitiría avanzar en la solución de los problemas de rezago agrario prevalecientes en Chiapas.

El día 9, diversos grupos de católicos indígenas y campesinos rea-lizaron peregrinaciones simultáneas en 41 parroquias de la diócesis de San Cristóbal, para demandar el retomo de los tres sacerdotes extranjeros expulsados del país. Al mismo tiempo, Samuel Ruiz declaró que se buscarían "otros caminos" judiciales y diplomáticos para exigir a las autoridades que regresaran a Chiapas a los sacerdotes. La diócesis con-vocó para el primero de agosto una peregrinación nacional que se concentraría en la Basílica de Guadalupe.

El día 10, los diputados y senadores de la Cocopa propusieron al secretario de Gobernación, Emilio Chauyffet Chemor, que en la mesa

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de negociación con el EZLN se resolviera únicamente sobre los temas locales y que se dejara la decisión sobre temas nacionales al Congreso de la Unión.

Ese día, Esdrás Alonso González, presidente de la Alianza Ministe-rial de Los Altos de Chiapas, informó que tres evangélicos habían resultado heridos con armas de fuego en un enfrentamiento entre indígenas tzotziles, en el paraje conocido como Cuchulumtic, mimidpio de Chamula. Católicos tradicionalistas arengados por caciques se habían presentado armados, aproximadamente a las quince horas, con el fin de expulsar a las familias evangélicas que habían regresado el 17 de agosto de 1994 a su comimidad. Posteriormente, el presidente del Concejo Municipal y el juez municipal fueron agredidos a las 18 horas por irnos cuarenta evangélicos, cuando los funcionarios estaban en el centro administrativo de la PGE estatal. Al frente de los agresores que irnmipieron de manera violenta en las oficinas gubernamentales estaba el dirigente del Consejo de Representantes Indígenas de Los Altos de Chiapas, Domingo López Ángel.

Dos días antes, Samuel Ruiz había dicho: "Todo el mundo sabe que hay buenas razones que justifican al EZLN." Indicó que la Iglesia Católica no apoyaba la lucha armada, pero sí las exigencias de los zapatistas: "Recibimos donaciones, incluso por sumas millonarias, para el EZLN, pero las devolvemos siempre [...] el EZLN quiere movilizar a la gente en favor de una sociedad más justa [...] no desea la guerra ni algún tipo de poder en el Estado, sino cambios sociales urgentes [...] naturalmente que no soy neutral, porque me remito a la injusticia y exijo justicia para los pueblos indígenas y para los pobres indios marginados."

La CEM informó ese día que había acordado reunirse con el EZLN el 24 de julio, para "escuchar directamente a los protagonistas, hacemos ima idea de lo que está pasando y así informar al Vaticano." La Comisión Episcopal para Coadyuvar a la Paz y a la Reconciliación en Chiapas la integraban Samuel Ruiz, Felipe Aguirre, Felipe Arizmendi, Héctor González, Raúl Vera y Carlos Talavera.

El día 11, el obispo de Cuemavaca, Luis Reynoso Cervantes, criticó a Samuel Ruiz, pues dijo que sus métodos pastorales "rayan en excesos, fomentan la lucha de clases y el radicalismo, y pregonan vma teología de la liberación desvirtuada."

Respecto al diálogo, el día 16 Heberto Castillo, de la Cocopa, consideró que el EZLN estaba perdiendo el tiempo en abanderar demandas de carácter nacional, "que no se le pueden cumplir ahora ni nimca." Opinó que "definitivamente desde Larráinzar no se puede concretar la reforma

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política nacional, o ¿ya se les olvidó a los zapatistás que existen partidos? ¿Está equivocada lá estrategia del EZLN? Sí, porque quieren plantear en una mesa regional problemas nacionales. Por ejemplo, el problema de las etnias, que es complicadísimo. Eso se tiene que resolver a un nivel más general, pero yo no he visto que el EZLÑ plantee las demandas que sostenía el 1 de enero." ,

Ese mismo día, Miguel Álvarez, secretario ejecutivo de la Conai, se refirió a las "notables presiones e incomprensiones respecto al avance del diálogo" en el IV encuentro en Larráinzar. Explicó que las estrategias y proyectos del gobierno federal y del EZLN se mantenían en sus posturas originales, con diferencias de fondo, por lo que la "fuerte disputa de estrategias políticas ha incluido los lugares, los tiempos, las agendas y los formatos y también la mediación". Por ello "no sorprenden los ataques que ha sufrido Samuel Ruiz, áunque nO dejan de ser incongruentes cuando son derivados de la estrategia de una de las partes, la gubernárñental."

El 17, la direct iva estatal del PRD anunció que real izar ía manifestaciones mimicipales y distritales el 20 de julio, en protesta por la falta de acuerdos concretos en las reuniones de San Andrés Larráinzar entre el EZLN y el gobierno federal.

Al día siguiente, Jaime Martínez Veloz, diputado por el PRI y miembro de la Cocopa, afirmó que el EZLN se había prestigiado no tanto por sus aciertos, como por el fracaso de las iniciativas del Estado y el gobierno para enfrentarlo. Luego de 19 meses de pireséncia pública del sub-comandante Marcos, Martínez Veloz criticó que aquél utilizara el recurso más frecuente, "el poder carismático y el voluntarismo, colindante con el fundamentalismo [...] esa organización armada ha convocado re-petidamente a liquidar al PRI, a quien niega toda posibilidad de reforma [...] a sus aliados de ayer, hoy los acusa de traidores, y sin rendir cuentas del primer fracaso, asigna a sus simpatizantes la tarea de construir un amplio movimiento de masas, una suerte de frente político que se concibe incluyente y plural."

La AEDPCh determinó, el día 18, realizar movilizaciones en por lo menos diez municipios chiapanecos para e l día 20, con el fin de exigir repuestas concretas a todas sus demandas. Las acciones para "medirlas fuerzas" se realizarían en los mxmicipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Frontera Comalapa> Comitán, Palenque, San Cristóbal de las Gasas, Ocosingo, Simojovel, Motozintla y Venustiano Garranza, y tendrían también como objetivo exigir solución a las demandas del EZLN, en la mesa de diálogo de San Andrés Larráinzar.

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Unos días antes, el Gobernador de Ghiapas había llamado a los grupos católicos y evangélicos de San Juan Ghamula a que concretaran un pacto de civilidad y pusieran fin a sus diferencias. Ruiz Ferro recibió a representantes de ambos bandos y les propuso que se establecieran mesas de negociación, que incluirían a representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Procviraduría General de Justicia del estado.

Pero los conflictos violentos no sólo eran religiosos o agrarios. El día 14 indígenas choles de la comxmidad de Sulhjá, en el municipio de Tila, se enfrentaron con palos, machetes y armas de fuego, de lo que resultaron cuatro personas muertas, tres del PRI y ima del PRD. Los hechos se suscitaron cuando partidarios del PRD dieron muerte a Gornelio y Manuel Pérez; como venganza a esta acción, los priístas ultimaron a Héctor Pérez Torres. Él enfrentamiento se originó porque Milton Pérez Guzmán había denvmciado ante las autoridades mxmicipales de Tila que estaba siendo hostigado por el grupo de perredistas, y como con-secuencia de ello, lo desaparecieron jimto con su esposa y violaron a una de sus hijas. El día 18, también en Tila, y tras de haber sido acusados de "brujos", ocho habitantes de la comunidad El Gerro fueron asesina-dos a machetazos y escopetazos por otro grupo de indígenas.

El día 20, Femando Andrés Ortiz Gruz, juez sexto de distrito en ma-teria penal con sede en el Reclusorio Norte, dictó auto de formal prisión a María Gloria Benavides, alias comandante Elisa, por los delitos de posesión de armas prohibidas y rebelión. Sin embargo, María Gloria Benavides continuaría en libertad provisional, la cual le había sido otorgada imos días antes, por no tratarse de delitos graves, toda vez que fueron sobreseídas las acusaciones por asociación delictuosa y terrorismo.

El día 21, y en respuesta a la publicación en la revista Proceso de extractos del libro La Rebelión de las Cañadas, de Garlos Tello Díaz, la diócesis de San Gristóbal negó haber tenido participación directa o indirecta en el alzamiento armado de 1994 y manifestó que "no es tratando de buscar responsables como se encontrará solución a las demandas de los indígenas y campesinos de Ghiapas." Galificó de "falsa y absurda", la afirmación de que en algún momento hubo una ruptura entre la diócesis y el EZLN, pues "no puede haber ruptura entre quienes no ha existido imidad."

Durante esos días, unos tres mil desplazados de la zona de conflicto en Las Margaritas regresaron a sus comtinidades, con la intención de cultivar sus tierras y generar recursos para subsistir. Félix Santís, representante de los desplazados, informó que en los albergues de Las

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Margaritas quedaban unos 450 indígenas tojolabales, que se negaban a regresar "ante la falta de seguridad de la región."

Coincidentemente, la Secretaría de Desarrollo Social informó que, desde febrero de 1995, había apoyado el regreso de 22 mil personas a sus comunidades de origen: "Entre el 21 de febrero y lo que va de julio ha retomado el 89 por ciento de las familias a 174 comunidades de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, La Trinitaria e Independencia.

El Gobernador informó que el gobierno federal había destinado más de 313 millones de pesos para programas sociales y productivos en la llamada zona de conflicto, con el fin de atender las demandas que dieron origen al alzamiento armado. En toda la entidad se ejercerían ese año alrededor de dos mil quinientos millones.

El día 22, James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, ammció durante una gira de trabajo por Chiapas, que el organismo destinaría a ese estado 450 millones de dólares en 1995, para catorce proyectos en materia de vivienda, educación, salud y desarrollo rural.

Durante esos días empezó a generarse una demanda campesina que meses después ocasionaría conflictos de importancia en Chiapas. El día 18, unos ochocientos militantes de la CIOAC pidieron aí gobierno estatal que el precio de garantía del maíz se incrementara de 715 a dos mil pesos. Uno de sus representantes manifestó que había disparidad entre los precios de los insumos para la producción y el precio de la tonelada de maíz, lo cual ocasionaba un déficit en el rendimiento de las cosechas.

El día 19, Arturo Warman, secretario de la Reforma Agraria, declaró que en Chiapas, durante el primer semestre del año, se habían comprado más de veinte irdl hectáreas para entregarlas a los campesinos. Estas se sumaban a las poco más de 125 mil que se habían entregado a partir de 1992, las que representaban casi el 8 por ciento de la pequeña propiedad en ese estado. Indicó que para la compra de tierras en Chiapas, la fe-deración había destinado cien millones de pesos. A través del programa crediticio Pro-Chiapas se compraría a los propietarios tierra valuada hasta en veinte mil pesos de crédito por beneficiario, cada imo de los cuales tendría acceso a un máximo de cinco hectáreas. Warman aclaró que en Chiapas, la SRA no había establecido ningima demanda jurídica en contra de particulares por excedentes de tierra.

El día 20, 54 comunidades indígenas y campesinas de la entidad recibieron de manos del gobernador estatal, Julio César Ruiz Ferro, y del subsecretario de Desarrollo Regional de la Sedesol, la cantidad de 3 millones 923 mil 51 pesos, para inversión en proyectos productivos.

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Ese m i s m o día, y como parte de las movilizaciones regionales convocadas por la AEDPCh, miles de indígenas y campesinos par-ticiparon en marchas y bloqueos realizados en diversos municipios del estado, para demandar al gobierno federal que "demuestre volimtad de avanzar en las negociaciones de San Andrés Larráinzar y dé respuesta a las demandas del EZLN." Los organizadores informaron que se habían efectuado protestas en diversos lugares de Los Altos de Chiapas y en municipios como Venustiano Carranza, San Cristóbal de las Casas, Amatenangó, Ocosingo, Tapachula, Comitán, Frontera Comalapa, Palenque, Bochil y Ángel Albino Corzo. En contraparte, ganaderos de diferentes partes de la entidad marcharon también en Tuxtla Gutiérrez para solicitar al gobierno del estado que continuaran los desalojos para garantizar la seguridad, y pidieron la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional para incrementar los grupos de policías de reservas rurales, en lugares estratégicos.

El día 21> el Gobernador se pronunció por la legalidad y condenó el atropello a los derechos de los chiapanecos, "porque siempre será un obstáculo para la paz y la producción." Durante una gira de trabajo, entregó dos mil documentos agrarios, con lo que en total sumaban 43 mil certificados expedidos en la entidad hasta esa fecha.

El día 23, más de quinientos militantes del PRD y de la CIOAC realizaron una marcha en Tapachula, para demandar solución al problema agrario chiapanecb y transparencia en los comicios a efectuarse el 15 de octubre, en los que se renovarían alcaldías y diputaciones locales.

Al día siguiente, y con la finalidad de encontrar soluciones a la problemática de las comunidades de la Selva Lacandona, se realizó la instalación de la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Sustentable. La Comisión se subdividiría para atender Asimtos Agrarios, Desarrollo Sustentable y Servicios, evaluaría los proyectos que afectaran o modificaran el uso del suelo y estaría presidida por el mandatario estatal; la vicepresidencia" estaría a cargo del secretario de Desarrollo Agrario, Ltiis Enrique Pérez Mota, y como secretario técnico, el titular de la Secretaría de Ecología, Froylán Esquinca Cano, además de con-tar con la participación de integrantes de la comunidad lacandona.

Respecto al diálogo, dos días antes de iniciarse el quinto encuentro entre las partes, el diputado Jaime Martínez Veloz dio a conocer "para su discusión" un doctimento de diez tesis sobre el "papel político" de la Comisión. En una de eUas proponía; "La Cocopa elevaría su peso moral y su autoridad política si saludara y apoyara la consulta convocada por

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el EZLN, que apela a la opinión social sobre su eventual transformación en organización política." En otra proponía que la Cocopa ejerciera su autoridad política para demandar al gobierno que los movimientos del Ejército se mantuvieran en estricto apego a sus facultades constitucio-nales. Añadía: "La Cocopa debería declararse comprometida con el esclarecimiento de las supuestas violaciones a los derechos humanos en Chiapas." Sugería que la Comisión utilizara su autoridad, para exigir al gobierno el despliegue de una estrategia de bienestar social que fuera parte del cambio político para los chiapanecos.

El día 23, en un comunicado, la delegación gubernamental indicó que, ante la iniciativa gubernamental, modificada "con el árümo de tener un acercamiento", el EZLN debía hacer un esfuerzo que. mostrara la voltmtad política para avanzar en el proceso de diálogo. Señalaba que se había puesto en la mesa ima propuesta que, de ser aceptada por los zapatistas, permitiría discutir los temas importantes y resolver las demandas, de tal manera que a finales de ese año las partes podrían firmar el Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad. En el mismo documento, la delegación proponía que los temas de bienestar y desarrollo fueran simultáneos, y que los temas de distensión integral, conciliación entre los distintos sectores y participación política y social del EZLN fueran secuenciales, es decir, punto por punto. A cambio, demandaba que el tiempo de negociación fuera más intenso y continuo, esto es, que en lugar de trabajar cuatro días y tener recesos de veinte, se tuvieran jomadas de trabajo de lunes a viernes, de manera ininterrumpida.

Del 24 al 26 de julio, las partes retomaron el tema de distensión. Ante la decisión del EZLN de utilizar el esquema de rutas con fines que la delegación gubernamental consideró como dilatorios, al insistir en una ruta excesivamente larga (Ocosingo-San Quintín) y estratégicamente conflictiva, la delegación gubernamental optó por retirar su propuesta de distensión de la mesa de negociaciones. De hecho, la ruta propuesta por el EZLN incluía tres rutas en una. En cuanto al tema de reglas de pro-cedimiento, se mantuvo el desacuerdo fundamental entre mesas de trabajo simultáneas o secuenciadas. Las partes se comprometieron a enviar nuevas propuestas a la Conai el 20 de agosto, con el objetivo de reunirse nuevamente el 5 de septiembre.

En información difundida el día 25, Marco Antonio Bernal, coordinador de la delegación gubernamental, lamentó que el EZLN manipulara y retrasara el diálogo de paz y afirmó que si la negociación no avanzaba, el gobierno actuaría en auxilio de las comunidades

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indígenas que habitan la zona de conflicto. Las delegaciones apenas platicaron durante treinta minutos. La agenda acordada previamente señalaba que se abordaría de inmediato la continuación de la discusión re-ferente a las reglas de procedimiento. Pero los zapatistas informaron que aún no tenían el documento de respuesta y que necesitaban afinar su postura, lo que les demoraría por lo menos hasta las 18 horas del día 24. En consecuencia, solicitaron abordar el tema de medidas de distensión y sugirieron adoptar la ruta Ocosingo-San Quintín, posición que, como se ha señalado, originó que la delegación del gobierno retirara de la mesa su propuesta de distensión.

El día 25, Arturo Farela, presidente de la Confraternidad de Iglesias Cristianas y Evangélicas, afirmó que era tiempo de que el EZLN actuara con mayor claridad en las negociaciones de paz en Chiapas, "pues hasta ahora el ámbito nacional ha desvirtuado las causas que dieron origen al movimiento y disminuido su credibilidad entre la sociedad [...] La rea-lización de una quinta etapa del diálogo nos lleva a visualizar la exis-tencia de dos corrientes antagónicas en el interior del EZLN: una representada por Tacho, Zebedeo, David y Trini, a quienes les interesa la justicia social para los indígenas de Chiapas; y otra que encabeza el subcomandante Marcos, quien busca la confrontación [...] Ante esa situación, se hace necesario eliminar ambigüedades en los plantea-mientos del EZLN y hablar con mayor claridad, si en verdad se desea avanzar. Los asuntos nacionales no les compete a los zapatistas resolverlos, y entre más insistan en rebasar el .marco jurídico, menor será la credibilidad que logren entre la población."

Víctor Manuel Díaz Romero, dirigente de la Concamin, dijo que no había corresponsabilidad del EZLN y que sus propuestas "no son sufi-cientemente sólidas ni hay seriedad." Aun más, consideró que el gobierno "ha cedido demasiado", pero luego buscó matizar: "Nunca es demasiado cuando se lucha por la paz, pero el gobierno ha sido muy consecuente".

El 25 en la noche, el comandante Tacho dio lectura a un comvmicado en el que los zapatistas informaban que propondrían a su directiva realizar un encuentro directo entre el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet y el subcomandante Marcos, tal y como lo habían sugerido en días pasados algimos legisladores del PAN, siempre y cuando se realizara en las condiciones necesarias de seguridad y con todas las garantíás. En el comunicado, afirmaban que los delegados del EZLN que asistían al diálogo de paz no veían ninguna disposición de escuchar de parte de los delegados gubernamentales, que "continúan con su actitud prepotente y altanera."

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Por su parte, el embajador Iruegas, de la delegación gubernamental, hizo un detallado recuento de las ofertas que habían hecho y de las sistemáticas negativas del EZLN, y sostuvo de frente a los nueve delegados del EZLN que "con mentiras, falsedades y chantajes no se puede llegar a la paz." Enseguida aclaró que "deben saber que no nos van a cansar, que seguiremos dispuestos a negociar a pesar de las mentiras y de las tácticas dilatorias."

En respuesta al comunicado leído por Tacho, el diputado panista Rodolfo Elizondo, miembro de la Cocopa, respondió que "todo se debió a una mala interpretación" que se hizo de sus declaraciones a la prensa, cuando le preguntaron si sería viable im encuentro entre Marcos y el secretario de Gobernación. "Al llegar a Chiapas el pasado sábado —explicó—ima reportera preguntó sobre la posibilidad o conveniencia de un encuentro entre ambos personajes, debido a las circunstancias en que se encuentra el diálogo, y yo respondí que eso podría ayudar a destrabar las negociaciones."

El día 26, diputados del PRI y del PRD lamentaron la actitud "intransigente y sectaria" del EZLN, que en su opinión demeritaba los esfuerzos realizados por las diversas instancias que colaboraban para la solución del coivflicto. Ramón Sosamontes, vocero del PRD en la Cámara de Diputados, planteó que aceptar la propuesta del EZLN "es echar por la borda todo lo logrado por quienes han participado en las nego-ciaciones, por el solo interés del EZLN de ganar tiempo [...] Creo que el EZLN está jugando con los tiempos y está esperando la definición de la izquierda en México, que se dará en el Congreso Nacional del PRD."

Así, la reunión entre las partes terminó sin avances sustantivos, mientras otros acontecimientos sucedían en Chiapas. El día 30, en el mimicipio de Tila, cerca de mil indígenas de la zona norte del estado realizaron una peregrinación para "reinstalar" a los catequistas y encargados del templo de San José Limar, el cual había sido cerrado violentamente el 14 de julio por tm supuesto "grupo paramilitar". Los organizadores informaron que cuando los lugareños llegaron en grupo a la comvmidad de Limar, el templo ya había sido reabierto.

En Motozintla, diez personas resultaron heridas y tres viviendas incendiadas, durante im enfrentamiento a machetazos, pedradas y palos suscitado entre militantes de la OPEZ y del Comité de Participación Ciudadana de ese lugar (CPC), al pretender estos últimos desalojar a los labriegos del campo de fútbol "Francisco Sarabia", que mantenían en su poder desde hacía nueve meses. La directiva de la OPEZ reprobó las acciones realizadas contra sus compañeros demandantes de tierras

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y responsabilizó al gobierno estatal y a la SRA de los hechos, por no brindar respuestas a sus planteamientos de la entrega oficial de los terrenos "que por derecho nos pertenecen."

El día 30, Samuel Ruiz exhortó a todos los religiosos a "desactivar", desde la acción evangelizadora, "los focos bélicos que se están dando entre grupos o partidos que resucitan rencillas anteriores." Aseguró que los resultados de la consulta convocada por el EZLN y el primer informe de Zedillo "repercutirán en la postura del gobierno y la guerrilla en el próximo encuentro en San Andrés." En una carta que circulaba en las 42 parroquias de la diócesis dejaba entrever que los comunicados divulgados por los emisarios gubernamentales tenían el propósito de "opacar la información relativa a la entrevista entre los obispos y la delegación del EZLN durante el 24 de julio, y la petición de que el secretario de Gobernación y el subcomandante Marcos sostuvieran un diálogo directo."

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Agosto, 1995

Agosto, 1995

urante agosto, el conflicto chiapaneco transitó por dos vías: por I vina parte, los actores directamente involucrados en el proceso de San Andrés Larráinzar continuaron sus esfuerzos por

reformular sus propuestas, en particular las referentes al tema de agenda, formato y reglas de procedimiento, con el fin de alcanzar acuerdos que permitieran avalizar hacia la discusión de los temas sociales, culturales, políticos y económicos. Los esfuerzos fructificarían en la entrega a la

Conai, el 20 de agosto, de las nuevas propuestas, que a la postre permitirían, en el encuentro del 5 de septiembre, llegar a un acuerdo e iniciar la negociación de la Mesa 1: Derechos y Cultura Indígenas.

Por otra, se presentaron diversos acontecimientos externos a la mesa de negociaciones: en primer lugar, el Ejército Mexicano inició un programa de asistencia social para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la llamada zona de conflicto, recibió a grupos de le-gisladores, rechazó expresamente la posibilidad de una salida militar y permitió el acceso dé periodistas a sus establecimientos en Chiapas.

En segundo lugar, la Cruz Roja Internacional anunció, el 27, su salida déla zona de conflicto, ante el clima de distensión, presencia institucional y legalidad que prevalecía.

Por último, el EZLN realizó su Consulta Nacional por la Paz y la Democracia, en la que los participantes, poco más de un millón de per-sonas, se pronunciaron claramente en favor de que el EZLN depusiera las armas y se constituyera en una organización política legal y pacífica. No obstante, el subcomandante Marcos ignoró este mandato, declaró "agotado" el diálogo de San Andrés y afirmó que no dejaría las armas.

Ello provocó confusión e indignación en la sociedad mexicana, que rechazó, en su mayoría; las posiciones de Marcos y reiteró su vocación pacifista, que reclamaba el abandono de la vía armada.

La consulta Nacional del EZLN

Durante la primera parte del mes se presentaron algunos conflictos de tipo religioso, principalmente vinculados al caso de San Juan Chamula y a manifestaciones relacionadas con la expulsión de los tres sacerdotes

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extranjeros, detenidos el 22 de junio. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció una serie de acciones de tipo social.

El día primero, el Ejército Mexicano informó que mantenía siete agrupaciones de labor social para contribuir con el plan emergente que se aplicaba en las Cañadas, con im monto de noventa millones de pesos, con el fin de dar respuesta a las demandas sociales del EZLN. Los traba-jos se efectuaban en coordinación con las dependencias encargadas de construir obras públicas y los destacamentos militares de la zona de con-flicto del estado. Se informó también que el Ejército había entregado más de 71 mil 799 despensas a las familias de esa región, así como desayunos escolares y material didáctico.

El día 2, la CNDH dio a conocer el Segundo Informe Especial sobre el Problema de las Expulsiones en las Comimidades Indígenas de Los Altos de Chiapas y los Derechos Humanos, en el que se afirmaba: "La solución exige la concurrencia de varias y muy diversas voluntades po-líticas: los tres niveles de gobierno, las organizaciones políticas y reli-giosas de la región y, desde luego, los propios grupos indígenas [...] las causas y las consecuencias de las expulsiones de indígenas rebasan el ámbito religioso —ya que— el problema religioso oculta y expresa tma compleja realidad económica, social y política, que tiene que ver con la vida comxmitaria y su relación con el exterior [...] no se creara tma ciu-dadanía especial, pero sí una ley que proteja y defienda los usos, las cos-tumbres y las tradiciones de los grupos o comunidades indígenas [...] pero en ningún momento se puede crear un estado de excepción."

El 3, se informó que, con el apoyo de diversas organizaciones civiles, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas enviaría al presidente Ernesto Zedillo y al dirigente de la CEM, Sergio Obeso Rivera, "miles de cartas en apoyo" al retorno de los tres sacerdotes expulsados del territorio mexicano.

Ese día, la Secretaría de la Defensa Nacional respondió fa-vorablemente a la comisión del ramo de la Cámara de Diputados, para que legisladores de todos los partidos realizaran visitas a las instalaciones de la dependencia y se produjera "el intercambio de criterios y pensamientos en relación al Ejército Mexicano", con los altos mandos militares. La respuesta de la Sedeña a la Cámara de Diputados se produjo luego de la insistencia de los legisladores de todos los partidos para intercambiar puntos de vista con los mandos del Ejército Mexicano y conocer de manera directa aspectos relacionados con la presencia militar en Chiapas y Guerrero, además de la lucha contra el narcotráfico.

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El general Mario Renán Castillo, comandante de la Séptima Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, dijo que, para el Ejército, "la sali-da militar al conflicto que vive Chiapas es algo que no llegará jamás [...] esa posibilidad ni la consideramos, no es la doctrina de las fuerzas ar-madas pensar en combatir ni destruir a nuestra propia gente, eso quedó demostrado el 9 de febrero pasado." En una reunión con periodistas de catorce países europeos, el general Castillo explicó que la doctrina militar mexicana no preveía la guerra entre mexicanos. Cuestionado sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos y ejecuciones sumarias de que algunas personas habían acusado al Ejército, Castillo afirmó que de eso nadie había dado pruebas, como tampoco se habían aportado documentos de las acusaciones que se habían hecho al principio, di-ciendo que hubo bombardeos; "por el contrario, el Ejército reconoce las demandas que dieron lugar al levantamiento armado, aunque no los medios que se emplearon."

La Presidencia de la República permitió que se reanudaran las visitas de corresponsales extranjeros y diplomáticos de las embajadas "más im-portantes" acreditadas en México a la zona de conflicto en Chiapas.

El Comité de Defensa Evangélica de Chiapas informó que las autoridades de San Juan Chamula y los dirigentes de los expulsados evangélicos reanudarían pláticas al día siguiente en Tuxtla Gutiérrez, para tratar de resolver el conflicto religioso por medio del diálogo. Sin embargo, el CEDECH se mostró escéptico sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos concretos, debido a la "intransigencia de los caciques chamulas, quienes ayer golpearon salvajemente y encarcelaron al tzotzil Domingo Gómez Pachulel, acusado de haber abandonado la religión católica." El CEDECH sostuvo que "con el pretexto de que el problema es de carácter religioso, los caciques han expulsado, golpeado, encarcelado y hasta violado a miles de evangélicos que han optado por liberarse de la sumisión en que los han mantenido por décadas, con la complicidad del PRI, que muchas veces solapa sus delitos por el interés de los votos."

En la reunión aludida, el Gobernador del estado consideró que los problemas ancestrales de evangélicos y católicos tradicionalistas del municipio de San Juan Chamula se podían solucionar en la mesa de negociaciones. Durante la sesión privada que funcionarios de su administración y representantes de los grupos indígenas iniciaron para discutir los conflictos religiosos de la zona, el mandatario dijo que la única propuesta del gobierno del estado era la de apoyar acciones de desarrollo social. El presidente del concejo municipal de Chamula, Sal-

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vador López González, ratificó su posición de no permitir que en la cabecera municipal y en las comunidades habitaran personas con creencias diferentes a las católicas. A su vez, el presidente de la Alianza de Pastores Evangélicos, Esdrás Alonso, apuntó que la posición de los evangélicos "es que nadie debe estar al margen de la ley, y a quien lo haga, debe aplicársele el castigo para que pueda haber orden."

La CNDH dio a conocer im informe sobre conflictos religiosos en las regiones Los Altos y Selva, en el que se decía: "En los últimos 28 años, en la región de Los Altos y límites de la Selva Lacandona del estado de Chiapas, hubo 132 expulsiones de grupos indígenas —el 24 por ciento de manera violenta— de las comunidades de San Juan Chamula, Zinacantán, Mitontic, Chenalhó, Amatenango del Valle, Oxchuc, Oco-singo, Teopisca, Tenejapa, Venustiano Carranza, Pantelhó y Las Marga-ritas. De ese total de destierros, 32 se efectuaron con violencia física, ocasionando la muerte de once personas, dos desaparecidas y más de doscientas heridas. Sólo en San Juan Chamula, el número de expulsiones asciende a 94, con diecisiete agresiones físicas en que murieron once indígenas, en su mayoría menores de edad. Las expulsiones obedecen a que los desterrados son familias que se han convertido a credos contrarios a la religión predominante en los citados lugares [...] El ver-dadero móvil de las autoridades expulsoras es el de conservar y reforzar su dominio y los intereses de los grupos y caciques que los apoyan."

El día 4, en San Cristóbal de las Casas, más de un millar de representantes evangélicos de las principales etnias del estado integraron el Consejo Indígena Evangélico de Chiapas (CIEC), para exigir al gobierno el respeto a la libertad de creencias y la aplicación de la ley en el caso de las expulsiones por supuestos motivos religiosos. Los líderes tzeltales, tzotziles, tojolabales y choles de quince municipios advirtieron que, de no aplicarse la ley, "habrá guerra entre los indígenas." Advir-tieron darse cuenta de que el gobierno "sólo cumple cuando hay presio-nes, eso quiere decir que a lo mejor le gusta que los indígenas presionen, como han hecho otros grupos." Esta referencia la hicieron en relación con el EZLN, sobré el cual, dijeron, "no estamos rü a favor ru en contra."

Unos días anteé, en Tapachula, unos doscientos militantes de la OPEZ se posesionaron de las oficinas regionales de la Sedesol y mantuvieron privados de su libertad por varios días a por lo menos seis funcionarios de esa dependencia. En este movimiento participaban representantes de cuarenta comxmidades pertenecientes a once mtinicipios de la sierra del Soconusco y costa de Chiapas, en donde, según los representantes, los alcaldes Jorge Lara Bnmo, de Villa Comaltitlán, y Carlos Raymimdo

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Toledo, de Huixtla —de extracción panista— se habían negado a apoyarlos con recursos para el mejoramiento de viviendas de 1,500 familias, ya que "están condicionando los recursos para que el próximo 15 de octubre voten por sus candidatos." Asimismo, exigían la entrega de créditos para la producción de maíz y solución al rezago agrario. La situación se prolongó por varios días, incluso después de que se había iniciado la entrega de viviendas.

Durante esos días se realizó una reunión del Comité para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Racial, de la ONU, al cual el gobierno mexicano aportó información adicional sobre la situación de Chiapas, especialmente de los esfuerzos de los gobiernos de la República y estatal para superar la marginación en esa entidad del sureste, debido a que im documento anterior había soslayado la rebelión del EZLN y sus demandas. El informe adicional sobre Chiapas era oportuno, dado qué el documento regular cubría el periodo de 1991 a 1994, pero no hacía referencia al movimiento armado.

Días antes, la diócesis de San Cristóbal de las Casas había denuncia-do que la "campaña de difamación, calumnias y mentiras que se ha desatado nuevamente —contra su labor pastoral, pretendía— dividir al pueblo y provocar vma violencia que pudiera romper el delicado proceso de paz" en la entidad. Al mismo tiempo, informó que decenas de indígenas y campesinos de las 42 parroquias habían salido el día primero rumbo a la ciudad de México para participar en una peregrinación que se realizaría en ese lugar, con el fin de exigir el retorno de los tres sacerdotes extranjeros "injustamente" expulsados del país.

Al mismo tiempo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer que el juzgado segundo de lo penal del fuero federal adscrito a San Cristóbal había sobreseído el amparo interpuesto por sacerdotes y religiosos extranjeros de la diócesis de San Cristóbal de las Casas el 30 de junio anterior, con el objeto de evitar ser expulsa-dos del país. Las autoridades federales consideraron que no era necesario el amparo, porque no existía ninguna persecución en su contra para ser deportados del país. "La diócesis de San Cristóbal de las Casas está tranquila porque las autoridades han hecho tma declaración pública en autos judiciales de que no están preparando ninguna acción. Estamos conformes con la decisión del juez que sobreseyó el juicio en favor de los religiosos", señaló el Centro.

Sin embargo, el obispo Samuel Ruiz declaró: "El gobierno mexicano tendrá que garantizar el retorno de los tres sacerdotes expulsados y corregir los informes amañados que motivaron su destierro, en un acto

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de justicia." Después de una reunión privada con el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, el prelado encabezó una ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe, en conmemoración del 25 aniversario de las Comunidades Eclesiales de Base.

En Tuxtla Gutiérrez, se anunció que las 55 organizaciones sociales de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco habían dado de plazo hasta el 14 de agosto al gobierno federal para llegar a acuerdos concretos en sus demandas productivas, económicas y sociales, o de lo con-trario emprenderían movilizaciones a partir del 21. La AEDPCh se refirió concretamente al representante presidencial Dante Delgado, de quien dijo; "Da largas a la reclamación de las organizaciones sociales, pues hasta la fecha en las mesas de negociaciones el Gobierno Federal no ha dado respuestas, y fuera del diálogo el gobierno estatal reprime, enfrenta y encarcela a dirigentes sociales [...] si para el 14 de agosto próximo no hay respuestas a las demandas, simultáneamente en 21 municipios del estado comenzarán las movilizaciones de los sectores sociales."

Unos días después, en Tapachula, la Unión Campesina Democrática (UCD), dijo que la SRA había entregado a 42 familias de la UCD, 337 hectáreas correspondientes a la segunda ampliación del ejido Hidalgo. Aseguró que para el cumplimiento de la resolución se habían afectado los predios Miura, La Soledad, La Herradura, y Los Toritos, que sumaban 337 hectáreas. "Sin embargo, aún faltan setenta hectáreas del rancho Pecos Bill, el cual la SRA pretende transferir próximamente." Por otra parte, se informó que la UCD gestionaba la dotación de otras mil 77 hectáreas en beneficio de 232 familias de los municipios de Motozintla, Mapastepec, Tonalá y Tapachula, mediante la vía fiduciaria, con el otorgamiento de créditos, para lo cual se integraban los expedientes que se requerían para ser presentados ante la banca.

Mientras estos y otros acontecimientos sucedían en Chiapas, las partes y organismos involucrados en el diálogo gobiemo-EZLN continuaban con sus esfuerzos y tomas de posiciones, con miras a la próxima reunión directa y con el objetivo de acelerar el proceso y alcanzar acuerdos.

El día primero, Samuel Ruiz, de la Conai, declaró: "La paz en Chiapas va para largo, porque aún no hay un proceso de cambio que lo permita, sin embargo, vamos ganando y vamos a ganar."

El día 2, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja declaró: "En el estado de Chiapas están dadas las condiciones para encontrar una salida política al conflicto armado [...] pero eso corresponde a los mexicanos." Manifestó que las tareas de ese organismo en el estado de Chiapas habían sido apegadas a los principios de

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neutralidad, imparcialidad e independencia. "En los últimos 18 meses, nuestras delegaciones han brindado asistencia médica y participado como intermediarios entre el gobierno y los zapatistas [...] tras la insu-rrección del EZLN, el CICR, que prestaba servicios en Chiapas desde el 5 de enero de 1994 gracias al apoyo y la colaboración de la Cruz Roja Mexicana, presentó un ofrecimiento de servicios a las autoridades de México con el fin de poder, en los límites de su cometido, asistir a las víctimas del conflicto y velar porque las partes garantizaran la protección estipulada en el derecho internacional humanitario."

El día 3, la Cocopa determinó impulsar "decididamente" la reforma del Estado y el diálogo nacional para abrir ese espacio de negociación al EZLN, y consideró que no debía descartarse la posibilidad de que el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el subcomandante Marcos se reunieran "próximamente". "En la próxima reunión se presentará una serie de documentos que, además de reinsertar el punto de la reforma del Estado y del diálogo nacional, buscarán las fórmulas para optimizar los recursos de la obra pública en Chiapas."

Ese día, en el programa de televisión Nexos, Jorge del Valle, miembro de la delegación gubernamental, consideró necesario un nuevo camino para el diálogo de paz en Chiapas, "pues el V encuentro en Larráinzar mostró que el formato actual de negociaciones se agotó." Durante su participación. Del Valle hizo un balance del diálogo. Dijo que la más reciente ronda de negociaciones había presentado "un punto de inflexión". Recordó que la delegación gubernamental, al negociar con el EZLN, se subordinaba a la Ley para el Diálogo, "que es su referente legal". Del Valle estableció que muchas organizaciones habían exigido al EZLN hacer un esfuerzo mayor para encontrar la solución del conflicto. Empero, rechazó que el gobierno pretendiera una salida militar, "porque las condiciones no lo justifican." En el mismo programa, Luis Hernández Navarro, asesor de la Confederación Nacional de Orga-nizaciones Cafetaleras y del EZLN, opinó que el gobierno quería imponer sus propias reglas y limitar el asunto a una cuestión local. Hizo notar que la Uamada "larga espera por la paz", en realidad era menos larga que la que habían debido vivir los pueblos indígenas en espera de justicia.

Los conflictos en las comunidades proseguían. El día 6, la policía tabasqueña aprehendió a-uno de los presuntos autores de la muerte de ocho miembros de una familia en la ranchería Misopá, municipio de Tila. Adolfo López Vázquez admitió haber participado en los hechos, en los que perdieron la vida ocho presuntos brujos. El detenido narró que pertenecía a ima organización secreta vinculada al EZLN. Dijo que

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sus superiores le dieron la orden de matar a los miembros de aquella familia, pues se sabía que iban a desertar. Añadió que el viernes 4 sus compañeros de grupo lo detuvieron, acusándolo de traidor; lo amarra-ron a un árbol toda la noche, pero el día 6 por la madrugada su primo Juan López lo liberó. Logró hviir hacia la ranchería Melchor Ocampo, en Macuspana, Tabasco, la población más cercana a Misopá, Chiapas, donde lo detuvo la policía.

El día 8, el Secretario de Gobernación recibió a los líderes de las cáma-ras de Senadores y de Diputados, al titular de la CNDH, al coordinador de la delegación gubernamental para las negociaciones de paz en Chia-pas, Marco Antonio Bemal, y a Dante Delgado Rannauro. El encuentro versó sobre la situación que prevalecía en el estado y los pasos que adopta-ría el gobierno federal para avanzar en las negociaciones de paz y en la solución de los problemas que dieron origen al conflicto chiapaneco.

Ese día se anunció que la Sedesol había destinado un millón seiscientos mil pesos a integrantes de siete organizaciones campesinas y sociales de las regiones de Los Altos, Costa y Centro, en apoyo a la asistencia técnica y productiva. En un comunicado, el Gobernador indicó que de esos recursos fueron entregados quinientos mil pesos a la ARIC, cien mil a la Socama y cincuenta mil al CEOIC.

El día 9, la policía estatal desalojó a irnos trescientos campesinos de la OCEZ que mantenían bloqueada la carretera que comimica a Comitán con Tuxtla Gutiérrez, para exigir la entrega de créditos del Procampo. La OCEZ informó que en la operación se detuvo a 19 indígenas, hombres y mujeres. "Ya estamos cansados de que las autoridades nos traigan con puros engaños y promesas que nimca cumplen", indicó im dirigente tzotzil. Según el dirigente de la OCEZ, los manifestantes no habían cerrado la carretera totalmente, ya que cada dos horas se permitía el paso a los vehículos. Advirtió: "La lucha no termina aquí. Si las auto-ridades no dan respuesta a nuestras demandas y no liberan a nuestros compañeros, vamos a tomar otras medidas de presión."

El día 11, el Comité Internacional de la Cruz Roja informó que du-rante sus 19 meses de estancia en Chiapas había erogado alrededor de tres millones de dólares en ayuda humanitaria para indígenas y campesinos de la llamada zona de conflicto. Añadió que, en esas fechas, el organismo asistía de manera permanente a un grupo de 750 indígenas tojolabales de Guadalupe Tepeyac y otros ejidos aledaños, que el 10 de febrero habían huido hacia las montañas en el municipio de Las Margaritas. También se encargaba de trasladar a los representantes del EZLN al diálogo de San Andrés Larráinzar.

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El día 12, agentes de la Policía Judicial estatal desalojaron catorce predios que organizaciones campesinas de los municipios de Tila, Tumbalá y Sabanilla mantenían en su poder desde hacía un año y medio. La PGJE señaló'que, con esas acciones, sumaban 19 los predios desocupados en los últimos días, sin que se hubiera registrado violencia, puesto que los campesinos se habían retirado ante la presencia de la policía. Fidel Culebro, dirigente de la Unión de Pequeños Propietarios, demandó a los gobiernos estatal y federal que continuaran con los programas de financiamiento, con el objetivo de que se pudieran implantar proyectos productivos en dichos predios. Dijo que los desa-lojos por parte del gobierno estatal brindaban confianza a los productores rurales para que procedieran a activar la economía chiapaneca: "Las acciones de la PGJE son una muestra de que se busca restablecer la tranquilidad y que los afectados vuelvan a sus propiedades, que han permanecido abandonadas."

El día 12 se dio a conocer una reunión de ARIC-Independiente en el ejido Betania, en la Selva Lacandona, en la que 250 delegados de sesenta ejidos y veinte rancherías concluyeron que "no se ha visto la volimtad política del gobierno federal para darle tma salida justa y digna a los planteamientos del EZLN." Los delegados acordaron apoyar al EZLN, "porque sus demandas son las mismas por las que venimos luchando desde hace más de veinte años, sin que hasta el momento hayan sido resueltas en lo más mínimo." Mantuvieron la exigencia de re-conocimiento "a las regiones autónomas de los pueblos indios de acuerdo al artículo cuarto constitucional [...] las condiciones de vida siguen como siempre: mal. La presión militar del 9 de febrero provocó que los trabajos de la milpa se limitaran a la siembra de media o un cuarto de hectárea [...] continúan los sobrevuelos [...] aquí no han llegado más médicos que los de los organismos civiles [...] la vacunación de los niños ha sido Uevada a cabo por las religiosas de la clínica de San Carlos (en Altamirano)."

Al día siguiente, en Huehuetán, el gobierno del estado de Chiapas hizo entrega de 2 millones 694 mil pesos en créditos a mil 124 cafe-ticultores del sector social de 16 comunidades de ese municipio. Du-rante la entrega de los cheques, el mandatario reconoció que ése era el momento propicio para que los cafeticultores resolvieran sus problemas financieros y se establecieran las bases para obtener una mejor producción en el futuro.

El día 14 se conoció que el Papa Juan Pablo II había designado como obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas a Raúl Vera López, uno

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de los siete integrantes de la Comisión Episcopal para la Paz en Chiapas y hasta ese día obispo de la diócesis de Ciudad Altamitcino, Guerrero. Originario de Acámbaro, Guanajuato, Vera López se recibió de ingeniero químico en la UNAM, fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1975 y

.obispo el 6 de enero de 1988. Fué capellán de estudiantes universitarios y, desde 1985, coordinador de la Familia Dominica en México. De acuerdo con su trayectoria anterior, de corte conservador moderado, los analistas especializados en la Iglesia Católica pensaron, en un primer momento, que Vera López había sido designado coadjutor en un intento por controlar y vigilar a Samuel Ruiz, con cuyas posiciones no coincidía el Papa. El tiempo mostraría a un Raúl Vera inclinado a respaldar las posiciones de Ruiz, en algunos casos de manera radical.

En sus primeras declaraciones, el obispo adjunto de la diócesis de San Cristóbal de las Casas manifestó que desde su misión evangelizadora contribuiría a la paz y la conciliación en esa entidad, y que inclusive ofrendaría su propia vida por lograr la pacificación. Dijo conocer bien las causas de la rebelión chiapaneca, ubicadas en la pobreza y la marginación, producto a su vez de la injusticia, por lo que una paz digna y duradera necesariamente debía partir de este conocimiento con el fin de encontrar una solución a esos problemas.

Sin embargo, el día 15, el nuncio apostólico, Girolamo Prigione, consideró que la designación de Raúl Vera López como obispo coadju-tor de San Cristóbal de las Casas "es para que enderece lo que está torcido [...] el Papa Juan Pablo II ha nombrado al obispo Vera López para que vaya a mejorar las cosas [...] le tocará estudiar la situación, y si hay algo que esté torcido, tendrá que enderezarlo." No obstante, declaró que la designación no era el paso previo para la remoción del obispo Samuel Ruiz García.

En cuanto al proceso de diálogo, después de una reunión interna en San Juan del Río, Querétaro, la Cocopa insistió en que no debía descartarse un diálogo directo entre el secretario de gobernación y Marcos. También anunciaron que presentarían una iniciativa para incorporar al EZLN, a El Barzón, a representantes empresariales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y universitarios al diálogo sobre la reforma del Estado.

Gustavo Iruegas, de la delegación gubernamental, realizó decla-raciones a la prensa el día 14. Al referirse a la posibilidad del encuentro entre el Secretario de Gobernación y el subcomandante Marcos, admitió que un proceso de pacificación como el de Chiapas "abre muchas opciones." Explicó que en principio fue rechazada esa posibilidad porque

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por parte del EZLN "no estaba planteada en términos del progreso de la negociación." A propósito de la anulación de la vía militar, expresó el negociador: "El uso de las armas quedó deslegitimado en México desde el cese del fuego, y eso ha sido aceptado por las dos partes."

El día 17, la delegación gubernamental intercambió puntos de vista con la Cocopa, sobre el estado de las pláticas. En la reunión, los legisladores expresaron su interés por "relanzar" el diálogo nacional y vincularlo con la mesa de San Andrés.

El 21, la Conai informó que las dos delegaciones habían entregado, a tiempo y por escrito, sus propuestas sobre formato, agenda y reglas de procedimiento, a lo que se habían comprometido al término de la reimión anterior. Una vez recibidos los documentos, la.Conai los entregó a las partes, para que los valoraran.

El día 22, en Tuxtla Gutiérrez, más de doce mil indígenas y campesinos de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco, que estaban en plantón en la plaza principal, se apoderaron en forma violenta de edificios públicos, les rompieron los cristales y retuvieron a funcionarios federales. Provenientes de diversas comunidades de Chiapas, principalmente de las regiones autónomas del "gobierno de transición en rebeldía", los indígenas protestaban "por-la falta de respuestas agrarias, sociales y económicas." En una propuesta política dirigida a las autoridades federales, manifestaron su desacuerdo por la falta de contestaciones luego de noventa días de negociación. Denunciaron los ochenta desalojos, más de cuatrocientos detenidos y encarcelados por el problema agrario desde el año anterior y los más de cuarenta asesinados por este mismo conflicto. Pidieron el regreso del Ejército Federal a sus cuarteles, la salida de los presos políticos, entre ellos Sebastián Entzin Gómez y Javier Elorriaga. Demandaron que las autoridades judiciales federales y estatales cáncelaran los cientos de órdenes de aprehensión contra campesinos, así como la desaparición y castigo a grupos paramilitares."

El día 23, la delegación gubernamental viajó a la zona de conflicto, dentro de la cual visitó siete comunidades: Guadalupe Tepeyac, San Quintín, Amatitlán, Las Tacitas, El Censo, La Soledad y La Sultana.

El día 25, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, expresó su confianza en el trabajo de mediación que se realizaba para alcanzar la paz en Chiapas, tras xma reunión con el Obispo Samuel Ruiz. Durante la reunión, el obispo explicó cómo estaba conformada la Conai y cuál era su punto de vista de la situación. El obispo informó que la Conai continuaba afinando los preparativos del siguiente encuentro de San

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Andrés Larráinzar, que comenzaría el 5 de septiembre, jimto con la Cocopa.

El movimiento "El Barzón" anunció el día 26 que había entablado contacto con el EZLN y se había entrevistado con miembros de la Conai, así como con la delegación gubernamental, con la finalidad de participar en la mesa de San Andrés Larráinzar el 5 de septiembre, en la que pretendían que se discutiera el problema de las carteras vencidas y la "destrucción de la economía nacional." Agregó que la delegación gubernamental había mostrado "buena recepción" a la solicitud barzonista de que la agenda de San Andrés incluyera la discusión sobre xm plan de emergencia económica y el problema de las carteras vencidas.

Ese día, las comunidades indígenas tzeltales, choles y zoques del Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi'Nich, la Unión de Co-mimidades Indígenas de la Selva de Chiapas y la Asamblea para Re-solver Nuestros Problemas, acordaron integrarse al Movimiento Civil Zapatista. Al explicar que el Movimiento Civil Zapatista "es im frente de organizaciones democráticas chiapanecas que busca la paz con justicia", los integrantes del CDLI señalaron que, con su imión al citado movimiento, se comprometían a buscar nuevas formas de relación en-tre las culturas indígenas y la occidental. "Ofrecemos respeto y esperamos trato igual [...] el Movimiento Civil Zapatista busca negociar con el gobierno federal y estatal en las mesas propuestas por el EZLN en San Andrés Larráinzar." Extemaron su rechazo a las negociaciones promovidas por Dante Delgado, porque "sólo quiere aislar al EZLN, pro-metiendo a los indígenas que les solucionará todas sus demandas y necesidades [...] con el nuevo movimiento se promoverá im nuevo Congreso Constituyente y la creación de una nueva Constitución, así co-mo un gobierno de transición en Chiapas, encabezado por Amado Avendaño Figueroa."

El día 27 tuvo lugar un suceso que inidalmente se caracterizó como un esfuerzo del EZLN por avanzar en su transformación hacia la vida po-Ktica dvil y legal, pero que a la postre produciría escasos resultados con-cretos: la Consulta Nacional e Internacional por la Paz y la Democracia.

Según Alianza Cívica, la Consulta transcurrió en el interior de la República con participación mesurada y en un ambiente de tranquilidad, alterado sólo por incidentes aislados. En Tuxtla Gutiérrez, las expec-tativas se vieron rebasadas, ya que se contó con la asistencia de más de sesenta mil personas a las casillas instaladas en esa ciudad. También en Tabasco hubo respuesta a la convocatoria, ya que de acuerdo a la demanda las mesas se triplicaron, al pasar de 186 a 486.

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Los dirigentes de AC estimaron que el nivel de asistencia ciudadana había sido de alrededor de un millón trescientos mil ciudadanos. Con resultados preliminares (que se acercaron mucho a los finales), se informó que, con respecto a la primera pregimta, 97.87 por ciento respondió que sí, 1.18 por ciento dijo que no y 0.95 por ciento manifestó no saber. A la pregunta dos, 94.42 por ciento dijo que sí, 4.59 que no y 2.99 por ciento "no sé". Respecto a la pregunta 3, el 95.37 por ciento dijo que sí, 2.18 por ciento que no y 2.45 por ciento dijo no saber. La pregunta cuatro, sí de 57.53 por ciento, el no de 33.68 y la indecisión del 8.79. Sobre la pregunta 5,41.43 por ciento dijo que sí, 50.56 por ciento que no y el 8.01 manifestó no saber.3

Según un reporte del periódico El Nacional, se pudo constatar que la mayor cantidad de votantes se registró entre las 8:00 y 10:00 horas, luego que iniciaron sus trabajos las mesas de recepción. Posteriormente el ausentismo se prolongó por el resto del día. Para las 16:00 horas, la mayoría de las mesas de recepción, según revelaron sus encargados, llevaban recibidas entre sesenta y noventa opiniones.

La Cocopa planteó que el gobierno de la República debía apoyar los resultados de la consulta nacional convocada por el EZLN, ya que ésta representaba ima oportunidad histórica para incorporar, si así lo decidiera la mayoría de los mexicanos, a este grupo armado al escena-rio político del país. Comentaron que, si los resultados favorecían a la opción política como vía para alcanzar sus objetivos, el subcomandante Marcos se habría anotado otro éxito al haber incorporado dentro de la cultura revolucionaria la habilidad para convertirse, aun sin deponer las armas, en una fuerza política independiente.

. El subcomandante Marcos declaró que no depondrían las armas, aun en el caso de que la mayoría les pidiera convertirse en im organismo político, "porque ésa es nuestra sobrevivencia y la usaremos sólo en defensa propia."

El PAN consideró que la consulta era "nada más una medida publi-citaria por parte del EZLN". Comentó que si el EZLN en realidad quisiera convertirse en una fuerza política, lo haría sin necesidad de una encuesta: "Si el EZLN se transforma en un partido político o incluso en agrupación cívica o política, distinta a la de tm partido, y siempre y cuando rechace la vía armada, debe tener im espacio en la discusión nacional."

3 Ver crónica correspondiente al mes de junio de 1995, día 7, fecha en que se lanzó la convocatoria y se publicaron las cinco preguntas.

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En ima reunión nacional en Oaxtepec, el PRD aprobó una propuesta, hecha por la mesa que discutió sobre el tema de los movimientos sociales, según la cual se establecía la línea de propiciar "una alianza nacional con todas las orgarüzaciones sociales y civiles, incluido el EZLN, con la finalidad de conformar un frente nacional para la transición pacífica [...] la idea básica es generar estructuras orgánicas de coordinación con los movimientos sociales del país."

El día 28, Alianza Cívica, consideró que, para el gobierno y para el EZLN, los resultados de la consulta debían ser tomados en cuenta como "un mandato popular". Dijo que el gobierno no podía ignorar las opiniones vertidas en la consulta y estaba obligado a responder, acep-tando o rechazando lo manifestado por la población "porque ya no puede dejarla al margen de las decisiones importantes, como lo ha hecho en el pasado." En espera de tener los resultados finales, desde su perspectiva la consulta no alcanzó a cubrir lo que se deseaba: dos millones de votos a nivel nacional.

La Cocopa declaró que la consulta "fue un buen termómetro de lo que la gente piensa [...] en términos generales quedó claro que sí debe convertirse en una fuerza política, pero tendrá que haber congruencia: no podrá existir ningún partido político armado; no podría pasar a ser parte de la sociedad o del pueblo sin dejar las armas ...los participantes de la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia no salieron a votar en apoyo al EZLN, sino a extemar su deseo de que los zapatistas dejen las armas e incursionen en la vida política."

El PRI consideró que, pese a la escasa respuesta que obtuvo su Consulta Nacional, el EZLN debía acelerar su incorporación al escenario electoral para que en 1997, una vez convertido en fuerza política independiente, participara en la conformación del nuevo Congreso de la Unión, donde podría ocupar los espacios que la "vieja izquierda mexicana" ha dejado vacantes.

La diócesis de Tuxtla Gutiérrez señaló que, una vez hecho el veredicto, los zapatistas debían ser coherentes con sus postulados, dejar las armas y reincorporarse a la vida pacífica. ;

El día 29, Alianza Cívica, con 76 por ciento de los resultados, confirmó que la tendencia de que el EZLN se transformara en fuerza política autónoma seguía al frente con 53.2 por ciento.

El día 30 se dio a conocer tm comunicado de Marcos, en el que expresaba: "El diálogo de San Andrés está agotado. En el sureste mexicano hay una guerra. Su fase de combate está en suspenso, pero, puede reiniciarse en cualquier momento. La última esperanza está en la

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iniciativa de la sociedad civil. La paz que queremos no puede ser la que imponen las armas ocultas tras la hipócrita careta de la legalidad. La paz que queremos, que merecemos, es la paz nueva, la que construyamos nosotros mismos, la paz que no sea una vergüenza para quien la vive."

En términos generales, la Consulta generó dos reacciones, en cuanto al número de personas que participaron. Los simpatizantes y orga-nizadores, como Alianza Cívica, la CND y otros movimientos, consideraron que fue "todo im éxito". Otras organizaciones consideraron que la participación fue escasa y básicamente reducida a quienes regularmente apoyaban o simpatizaban con el EZLN.

En lo que todos los sectores (partidos, asociaciones religiosas, organizaciones sociales, medios de comunicación, empresarios) coin-cidieron, fue en que los resultados de la Consulta arrojaban un mandato muy claro al EZLN: transformarse en una fuerza política civil, legal y pacífica, para lo cual era indispensable que abandonaran las armas.

Por eso causó confusión en algunos e indignación en otros el comu-nicado del 30 de agosto, en el que Marcos declaraba el agotamiento del diálogo, así como el vídeo diftmdido unos días antes de la Consulta, y otras declaraciones posteriores, en las que afirmaba que, incluso si "el pueblo" se lo pedía, no dejaría las armas. Mucha gente se pregvmtó, en ese momento, cuál era el sentido de realizar una consulta y afirmar de antemano que no se acataría uno de los posibles resultados, de hecho el qüe al final se materializó.

A fin de cuentas, el EZLN no acataría el mandato de sus simpatizantes: permaneció como una organización armada, que se resistía a transitar a la vida legal y pacífica.

Pero la Consulta no fue el único hecho significativo de la última semana de agosto. El mismo día en que aquélla se realizó, el 27, la Cruz Roja Internacional anunció que, por considerar que el proceso de paz había tomado el curso adecuado, había decidido suspender sus actividades en Chiapas. En opinión de ese organismo, Chiapas vivía un estado de relativa calma, rnstitucionalidad y prevalencia del Estado de Derecho, que hacían irmecesaria su presencia por más tiempo. Este hecho contrastó notoriamente con la declaración de Marcos sobre el agota-miento del diálogo y la "guerra en suspenso".

La Conai, por ejemplo, rechazó que el diálogo por la paz en Chiapas estuviera "agotado". Afirmó que en ese estado se estaba más lejos de la guerra y más cerca de la paz: "El diálogo se ha fertilizado con la participación y los acuerdos tomados por la socie-dad civil."

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La Comisión de Reconciliación y Paz del Episcopado demandó al EZLN disposición, respeto y compromiso para la paz; consideró que tras la consulta, era momento de que las posiciones fueran cada vez más propositivas y menos dilatorias, en aras de encontrar la justicia y la pacificación: "El EZLN no puede primero convocar a ima consulta a la sociedad mexicana, para después simplemente ignorar que México apuesta hoy todo por la paz."

A pesar de las declaraciones de Marcos, la Cocopa informó que, jimto con la Conai, preparaba tm nuevo formato para agilizar las negociaciones de paz, ante el "agotamiento del actual".

El mes terminó entre numerosas reacciones, de los más diversos sectores, ante los tres hechos más relevantes del fin de mes: la Consulta, el retiro de la Cruz Roja Internacional y el comtmicado de Marcos. La gran mayoría de las expresiones apoyaban el proceso de paz (los más en-terados estaban en favor de reformas al formato, para agilizar las discusiones) y rechazaban la postura antinegociadora de Marcos, al que le reprochaban no acatar los resultados de la consulta organizada por su propio movimiento. No obstante, y a pesar de las declaraciones sensacionalistas del líder del EZLN, el proceso se encaminaba hacia una fase que terminaría con resultados sumamente positivos: la reimión del 5 de septiembre, en la que las partes alcanzaron, por fin, im acuerdo sobre agenda, formato y reglas de procedimiento y procederían a iniciar la discusión de los "temas sustantivos", empezémdo con "Derechos y Cultura Indígenas".

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Septiembre, 1995

Septiembre, 1995

El mes de septiembre marcó la pauta de las rvegociaciones en Chiapas, sobre todo a partir de dos elementos decisivos; el llamamiento del Jefe del Ejecutivo en su Primer Informe de

Gobierno, para que en las negociaciones de paz se dejaran de inmediato los aspectos procedimentales y se pasara al tratamiento de los problemas de fondo que dieron origen al conflicto, por otra parte, la iniciativa de la Comisión dé Concordia y Pacificación y la disposición del presidente Ernesto Zedillo para que el EZLN se incorporara al Diálogo Nacional para la Reforma del Estado, con el fin de abrirle espacios de participación política al grupo rebelde.

Con estos dos elementos de fondo, se logra destrabar el proceso de negociación que hasta este momento se había concentrado en establecer las bases que lo conducirían y que había tenido escasos resultados.

Con la firma de los acuerdos que se lograron en la sexta reunión de San Andrés Larráinzar, sobre agenda, formato y reglas de procedimiento del Protocolo de Bases para el Diálogo y la Negociación de un Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad, se cierra im ciclo funda-mental de la negociación y se abre un nuevo periodo en el que se co-mienza a avanzar en la solución de las causas que dieron origen al conflicto armado, partiendo del tema central: los "Derechos y Cultura Indígenas".

Por otra parte, el entorno chiapaneco se caracterizó por una gran politización de los conflictos sociales, generada por la víspera de los comicios para la renovación de los ayuntamientos y del Congreso local que se realizarían en octubre. El desarrollo del proceso electoral, con campañas de bajo perfil y problemas internos de los partidos, así como la violencia política fueron los elementos dominantes durante sep-tiembre, aunque el ambiente se distensionó de manera importante después de los acuerdos alcanzados entre el gobierno federal y el EZLN. Otros asuntos relevantes fueron el conflicto religioso de San Juan Chamula y los actos delictivos de grupos organizados.

La iniciativa presidencial destraba el diálogo

Tres elementos del contexto resultaron de vital importancia para que la sexta reunión de Larráinzar se convirtiera en la puerta de salida al

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callejón en que se estaba convirtiendo la negociación. Éstos fueron: la iniciativa política que retomó el gobierno, anunciada en el primer in-forme del Presidente Zedillo; la apertura de espacios políticos al grupo armado, a través de la propuesta de la Cocopa y del impulso presidencial a la participación del EZLN en el diálogo nacional, y los resultados de la consulta nacional zapatista, que mayoritariamente demcindaron la transformación política del grupo armado.

El carácter propositivo del mensaje del presidente Ernesto Zedillo, en su primer informe de gobierno, sobre la situación del diálogo de paz, tuvo ima importancia determinante para que se lograra desempantanar la negociación. Las iniciativas del Jefe del Ejecutivo abordaron tres aspectos: trascender de inmediato los aspectos procedimentales y pasar a la discusión sustantiva de los problemas de fondo que dieron origen al conflicto; comenzar a resolver las demandas urgentes de las co-munidades indígenas que se habían agravado a raíz del levantamiento armado, y establecer un nuevo pacto entre el Estado y los pueblos indígenas, que se basara en el reconocimiento pleno de sus derechos en el marco constitucional y jurídico de la República, para lo cual propuso realizar una consulta nacional sobre este asimto.

El mensaje presidencial respondía a la impaciencia social que se manifestaba por la falta de avance en el diálogo, en el que tma vez más, el gobierno de la República reiteraba su compromiso. Exhortó al mismo tiempo al grupo armado y a quienes le secundaban a que cambiaran su actitud confrontacionista por tma que permitiera un mayor acercamiento en las posiciones de las partes negociadoras. Señaló: "En Chiapas debemos continuar el diálogo con un lenguaje de paz, no de guerra; de reconciliación, no de amenaza; de esperanza, no de rencor."

El énfasis presidencial en fortalecer las vías del diálogo para resolver el conflicto contrastaba con la postura del EZLN para desgastarlo y desacreditarlo como una alternativa real de solución. El 30 de agosto, un día antes del informe presidencial, Marcos envía un mensaje a los participantes en la Conferencia Nacional por la Paz, organizada, entre otros grupos, por la Coalición de Orgarüsmos No Gubernamentales para la Paz (Conpaz), en el que advertía "la guerra en Chiapas puede reini-ciarse en cualquier momento [...] el diálogo de San Andrés está agotado."

Esto provocó una critica generalizada al vocero zapatista, co-menzando por las propias instancias de mediación, quienes difirieron de esta opinión por considerar que el grupo guerrillero no valoraba el esfuerzo colectivo que se había hecho hasta el momento para darle tma salida pacífica al conflicto. No faltaron las voces fatalistas que auguraban

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el rompimiento de las pláticas y un probable escenario bélico. La intervención del gobierno federal ratificando su postura de asistir a la sexta rexmión, independientemente de la declaración zapatista, y de su voluntad para sostener como linica opción para resolver el conflicto la vía del diálogo, nulificó el efecto publicitario del comunicado zapatista. Por otra parte, quedaba claro que nuevamente el EZLN recurría a tensar la situación para obtener mayores prerrogativas en la negociación y que volvía a insistir en su estrategia de nacionalizar el diálogo y rebasar a la mesa de San Andrés.

Sin embargo, tuvo tal rechazo el mensaje del EZLN, que al inicio de la sexta ronda de pláticas, David, imo de los delegados zapatistas, tuvo que dar xma explicación pública del comunicado, para aclarar que no habían dicho que el diálogo estaba roto, sino que ya "quedaba chico el diálogo de San Andrés" y lo que pedían era un "diálogo nacional donde pudieran participar todos." En estas circtmstancias de estancamiento del diálogo, el gobierno fede-ral y la Cocopa, tomaron la iniciativa política para plantear soluciones que dieran respuesta a las demandas del EZLN que obstaculizaban el avance de las negociaciones.

Al día siguiente de su Primer Informe de Gobierno, el Presidente Zedillo se reúne con los miembros de la Cocopa, quienes le plantean, con el fin de reactivar la negociación, incorporar al EZLN al Diálogo Nacional para la Reforma del Estado, con dos posibles modalidades, participando directamente o bien realizando un foro específico sobre el tema en Chiapas.

El Jefe del Ejecutivo acepta la propuesta dé la Comisión Legislativa y le pide su coadyuvancia, para que, en coordinación con la Segob, buscaran los mecanismos que pudieran incorporar al grupo armado al diálogo nacional.

Este paso fue de gran importancia porque se fortaleció la vía institucional al ubicar a la Cocopa como uno de los factores centrales para destrabar el diálogo, y por otra parte, porque le abrió un espacio de participación política al grupo rebelde.

Con la aprobación presidencial, la Cocopa invita a ima reunión al EZLN para intercambiar puntos de vista sobre su incorporación al diá-logo nacional. Dicha reunión tiene verificativo el 10 de septiembre, al mismo tiempo que se lleva a cabo el sexto encuentro de San Andrés Larráinzar. En ella, la Cocopa entrega al grupo armado el documento titulado "Reiniciar el diálogo para la Reforma del Estado: ima experiencia nacional". Asirrüsmo, le pide que haga los comentarios, reflexiones y propuestas que estime procedentes respecto del capítulo relativo a la incorporación de nuevos actores a la reforma del Estado.

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Al término de esta reimión, el EZLN y la Cocopa firman un acuerdo, en el cual ésta adquiere el compromiso de impulsar la participación del grupo armado en el diálogo nacional. Asimismo, ambas instancias se comprometieron a volver a reunirse después de que los zapatistas estudiaran el documento que se les había entregado.

Después de que el EZLN consulta a sus bases, se reúne con la Cocopa en La Realidad y firman im acuerdo conjunto en el cual el grupo rebelde acepta participar en un foro nacional sobre la mujer; hacerle llegar a la Cocopa sus propuestas de carácter nacional, y entregarle su propuesta de diálogo nacional. Por su parte, la Cocopa se compromete a recibir, estudiar y responder las propuestas del EZLN y canalizarlas a las instancias correspondientes.

A raíz de la confusión que se generó con relación a que si no era excluyente la mesa del diálogo nacional con la mesa de San Andrés Larráinzar, la Cocopa explicó el carácter complementario que tendrían ambas.

La aceptación por parte del Presidente de la República y de la Cocopa, de que el grupo armado participara en el diálogo nacional no fue bien vista por todos los actores políticos. Las razones que esgrimieron qtiienes se oponían a la incorporación del EZLN al diálogo nacional, en los términos que dejaban entrever algunos miembros de la Cocopa con-siderando su salida de Chiapas y manteniendo su identidad oculta, fueron que no era adecuado negociar los asuntos de interés nacional con un grupo que permanecía en la clandestinidad, encapuchado y que se negaba a dejar las armas, sobre todo porque cualquier acuerdo al que se llegara no implicaba ningima corresponsabilidad del grupo armado, además de que su representatividad nacional estaba en duda. Esta posición la mantenían el PAN, un sector mayoritario del PRI y repre-sentantes de la Iglesia, de la iniciativa privada y de diversas organi-zaciones sociales. Quienes apoyaban su participación, entre otros el PRD, el PT y algxmos académicos, señalaban que sus demandas tenían tm carácter nacional y que su representatividad no estaba en duda, por lo que ni el PRI ni el PAN ni el gobierno "pueden condicionar la incor-poración del EZLN al diálogo nacional a la entrega de las armas, porque sería tanto como pedirles la capitulación y ponerlos en manos de las guardias blancas y los finqueros."

En este contexto se da una intensa discusión de la Cocopa con la delegación gubernamental al inicio de la sexta reimión de San Andrés Larráinzar, en tomo a la forma de participación del EZLN en la mesa nacional sobre la reforma del Estado.

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Ya anteriormente la Cocopa había expresado a la prensa que propondría la participación directa del grupo armado en la mesa cen-tral, incluso fuera de los límites de Chiapas. Este señalamiento fue el que al parecer llevó a la delegación gubernamental a fijar su posición pública para precisar la situación.

En su declaración, el coordinador de la delegación gubernamental, Marco Antonio Bemal, apuntó que la Gocopa estaba sobreinterpretando el acuer-do con el Presidente; que la eventual participación del EZLN en el diálogo nacional no lo eximía del compromiso de llegar a acuerdos en San Andrés; que el gobierno federal no estaba dispuesto a ceder en su responsabilidad en el proceso de paz —pues por ley éste era contraparte única del grupo armado en la suscripción del Acuerdo de Concordia y Pacificación—; y que la participación del zapatismo en la mesa central de diálogo no podía implicar situaciones de excepción y privilegio, como la clandestinidad y mantener su condición armada y rebelde.

Esta aclaración a los miembros de la Cocopa, aunque le causó muchas críticas al jefe de la delegación porque se entendió que contradecía el compromiso del presidente Zedillo, fue de gran importancia porque estableció los límites y condiciones para la integración del grupo armado al diálogo nacional, ya que algunos de los legisladores querían interpretar el acuerdo con el Presidente, en el sentido que los zapatistas participaran directamente en las pláticas de Bucareli sin ninguna restricción, y sin que a cambio hubiera algún tipo de compromiso de su parte.

El día 8, en un intervalo que se abrió durante la sexta reunión para que los delegados del grupo armado trataran diversos aspectos, la Cocopa y los representantes del EZLN emitieron un comunicado conjunto en el que se estableció el compromiso de impulsar la par-ticipación de éstos en el Diálogo Nacional para la Reforma del Estado. La Comisión Legislativa reiteró que tanto el diálogo para la reforma del Estado como el de San Andrés no eran excluyentes, sino complemen-tarios, precisando que el segundo era la base para buscar la solución al conflicto en Chiapas y a la problemática indígena.

La delegación gubernamental respondió de inmediato a este co-municado señalando que una vez que se había planteado la posibilidad de establecer un mecanismo para ventilar las demandas de carácter nacional formuladas por el EZLN, no debía existir ya por parte de éste ningún obstáculo o pretexto para proceder a la brevedad posible a la insta-lación de las mesas de trabajo que atendieran las demandas de fondo.

Con la formalización del compromiso para su participación en el diálogo nacional, la actitud de la delegación del EZLN se modifica

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sustancialmente, lo que permite alcanzar acuerdos. Por vez primera, im representante de los zapatistas dio una opinión favorable hacia su contraparte; Tacho declaró que "se ha arribado a una actitud un poco más flexible por parte de la delegación gubernamental", sin embargo, acusó al mismo tiempo a ésta de tratar de distorsionar lo que ocurría en la mesa de negociación, pues en su opinión era demasiado prematuro hablar de acuerdos. Un día después de esta declaración se firma el documento de agenda, reglas y procedimientos.

El asunto sobre la participación del EZLN en la reforma del Estado se resolvió después en forma satisfactoria para todos los actores políticos, mediante la fórmula de realizar foros especiales sobre los temas que estaban planteados en la agenda de discusión, para que sus resolutivos que tuvieran alcance nacional se hicieran llegar a las instancias correspondientes. El EZLN convocaría a estos foros, la Cocopa ayudaría a su organización en términos de logística y sería la responsable de llevar los resolutivos a las instancias de decisión nacional. Por su parte, el gobierno daría las facilidades necesarias para que se llevaran a cabo estos eventos, incluyendo la seguridad de los delegados zapatistas.

Si bien la Consulta zapatista obtuvo una respuesta importante que le permitió medir sus simpatías y su capacidad de convocatoria, las ex-pectativas del EZLN sólo se cumplieron parcialmente. La Consulta no se convirtió en tm enjuiciamiento al régimen, ni tampoco obtuvo la asistencia que ellos esperaban, a pesar del triimfalismo con el que evaluaron sus re-sultados, el EZLN sabía que no tenía la fuerza suficiente para desprenderse del escenario de San Andrés y buscar tina proyección nacional por vías independientes del gobierno, por lo que se veía obligado a seguir negociando.

Sabía que una parte importante de quienes respondieron a las seis pregimtas zapatistas asistieron no con la intención de promover una nueva alternativa política, sino con la creencia de que su opinión contribuiría a que el grupo rebelde dejara las armas y se convirtiera en una fuerza política legal, tal como lo demostraron los resviltados de la misma, donde quedó claro este consenso social que lo urgía a convertirse hacia la vida civil pacífica.

A ello se sumó otro factor: los resultados del Congreso Nacional Perredista, en el que se planteó deslindarse de los métodos armados para reivindicar demandas sociales; pusieron en duda una alianza estrecha EZLN-PRD en el futuro inmediato, pues la fracción que promovía ésta había sido derrotada. El acuerdo de Oaxtepec mostraba que, al menos en el corto plazo, la convergencia entre el grupo armado

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y los partidos opositores para derrotar al gobierno era sólo un buen deseo de algunos. Una prueba de ello fue que el propio Marcos se distanció del PRD y del PAN al criticarlos duramente y señalar que el camino hacia la transición democrática "está en la sociedad civil."

En ese comunicado que se publicó el día 30, el EZLN vuelve a intentar, con nulos resultados, rebasar la mesa de San Andrés, convocando a un diálogo nacional sin el gobierno y sin los partidos políticos, contra los que arremete.

Este nuevo desacierto del jefe zapatista le vuelve a costar política-mente un mayor aislamiento y graves cuestionamientos a su indefinición ideológica y a la falta de un proyecto político claro. Todos los partidos, hasta sus aliados más cercanos, se deslindan de su postura antipartido, antielectoral y caracterizada por algunos como fundamentalista.

Reafirmada la voluntad del gobierno federal para continuar con la negociación y presentándole al EZLN un nuevo cauce a sus demandas de carácter nacional, da comienzo la sexta ronda de pláticas, que se lle-va a cabo del 5 al 11 de septiembre, con mejores expectativas de alcanzar acuerdos que las anteriores

Para la delegación gubernamental, el reto de este encuentro era superar, conforme a las orientaciones del informe presidencial, las cuestiones procedimentales y abordar de inmediato la discusión de los temas sustantivos. Esto se traducía en que tenía que tratar de trascender la discusión de la agenda, formato y las reglas de procedimiento, llevarla hacia la instalación de la primera mesa de trabajo e imprimirle una dinámica más eficaz a la mesa.

Por su parte, la Cocopa jugaría un papel fundamental en los resul-tados de la reunión, pues luego de su encuentro con el Presidente, era claro que sería esta instancia la principal responsable de abrirle al EZLN una vía de participación en el diálogo nacional, con el fin de destrabar el punto de los temas nacionales en la mesa de Larráinzar, al mismo tiempo que sería un factor muy importante de conciliación en las discrepancias que tuvieran lugar entre la delegación gubernamental y la del EZLN.

En lo que respecta al EZLN, había dos elementos que los presionaban para entrar en la lógica de negociar y pasar a los temas sustantivos. Éstos eran, primero, los resultados de su consulta, que le exigían avanzar hacia su transformación política, y segundo, la invitación que se le hacía para participar en el diálogo nacional.

En el inicio de la rexmión se definieron las posiciones sobre las reglas, que básicamente ratificaron las posturas que las partes habían

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intercambiado de manera indirecta a través de la Conai el 20 de agosto. Al ver que la posición del EZLN no había cambiado y mantenía sus numerosas reservas al texto, sin ofrecer acercamiento alguno, el gobierno propuso trascender la discusión sobre reglas de procedimiento y acordar los términos para la instalación de la primera mesa de trabajo. La Cocopa intervino para conminar a la delegación gubernamental a que no se saliera de la agenda y se concluyeran los pendientes sobre el tema.

Ante este emplazamiento y el exhorto similar de la Conai, el gobierno aceptó, pero señaló que esto debería hacerse en la perspectiva de producir los acuerdos básicos que llevaran a la instalación de la primera mesa. El EZLN, por su parte, se opuso a esa petición y demandó que se discutiera su documento de respuesta, que era sencillamente un recuento de acuerdos y desacuerdos sobre el tema, lo que llevaría a prolongar indefinidamente la reunión, con pocas posibilidades de obtener resultados positivos. El comandante Tacho acusó a los representantes del gobierno de tratar de forzar a los zapatistas a instalar la primera mesa de negociación sobre los derechos indígenas.

Durante el transcurso de la negociación, se abrió im receso en la mesa que el EZLN utilizó para realizar sus encuentros con la Cocopa y la Conai para discutir su participación en el diálogo nacional.

El paréntesis duró casi tres días. En él los zapatistas convinieron con la Cocopa que en Larráinzar VI se acordaría lo relativo a las reglas, sin asumir compromiso alguno sobre la instalación de la primera mesa. Asimismo, los legisladores se comprometieron formalmente a abrirle espacios de participación al EZLN tanto en la mesa de la reforma del Estado —sin definir aún la modalidad de su participación— como en la reforma a la legislación nacional sobre derechos indígenas, a través de im foro espe-cial, que se realizaría en las condiciones que el EZLN solicitara.

Al reanudarse la plenaria, la delegación gubernamental planteó a los zapatistas asumir un compromiso, consistente en que la reunión no concluyera hasta que se hubieran alcanzado los objetivos de ambas delegaciones: concretar las reglas e instalar la primera mesa.

El EZLN estaba listo para partir, pues consideraba que los acuerdos con la Cocopa eran ya suficiente materia para sostener un nuevo receso largo, por lo que se resistía al compromiso, pero la Conai lo convenció de que el diálogo nacional y el de San Andrés corrían paralelos, y que aunque el primero era un escaparate político nacional muy importante, la obli-gación legal del zapatismo era negociar la paz en Larráinzar. Con estos argumentos la delegación rebelde se convenció de continuar la plenaria.

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Siguieron cuatro días de intensa negociación. El EZLN presionó con insistencia para obtener concesiones en el reglamento; pero en su tarea de acercamiento, el gobierno concedió en la estructura de los grupos de trabajo que integrarían invitados y asesores en cada mesa conforme a la propuesta zapatista. Asimismo, se estableció el procedimiento que habría de seguirse para desahogar las discusiones de los invitados, de las cuales se obtendrían informes de consensos, convergencias y divergencias que se identificaran entre los asistentes, los cuales servirían como base de discusión y elaboración de acuerdos entre las delegaciones.

Al mismo tiempo, la delegación gubernamental mantuvo muy firme su posición en el decisivo punto de los temas nacionales, con respecto a los cuales se acordó que los consensos a que se llegara no tendrían un carácter de compromisos sino de pronunciamientos conjuntos, considerando que el grupo rebelde no tenía la representatividád que se quería autoasignar. El gobierno consiguió este punto y en general las reglas quedaron de forma aceptable para ambas delegaciones.

Otro aspecto en el que cedió el gobierno fue que las negociaciones de los puntos de la agenda no se llevaran a cabo de manera simultánea, sino por temas, aunque la delegación gubernamental logró que se esta-bleciera un formato mucho más ágil que el propuesto por el EZLN, de acuerdo con el cual la negociación duraría más de tres años en una si-tuación de pláticas ininterrumpidas y sin desacuerdos o divergencias que la prolongaran. Por otra parte, logró que se redujeran a cuatro mesas de trabajo y tres temas de los quince que propuso inicialmente el EZLN.

Posteriormente se pasó al asvinto que más interesaba al gobierno, relativo a la instalación de la primera mesa de trabajo. Su discusión fue sencilla y rápida, gracias a que el EZLN, desde el intercambio previo de documentos a través de la Conai, había expresado numerosas coincidencias con la propuesta gubernamental. El primer compromiso que se alcanzó fue que se instalaría la mesa sobre Derechos y Cultura Indígenas y posteriormente las correspondientes a Democracia y Justicia y Bienestar y Desarrollo, propuestas por el gobierno, así como la de Derechos de la Mujer, que solicitó el EZLN. Finalmente, por iniciativa del gobierno de Chiapas, se convinieron las fechas para la instalación formal de la mesa de Derechos y Cultura Indígenas el primero de octubre y la de sus grupos respectivos el día 17 del mismo mes. Se llegó a vin primer desglose del tema y se asignaron los subtemas a los grupos de trabajo correspondientes.

Quedaron pendientes de definirse algunos otros subtemas y grupos, que se resolverían en el siguiente encuentro, así como otros asimtos, entre

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ellos: el número de invitados que cada parte llevaría a la mesa; el reglamento que se aplicaría —cuya propuesta se acordó que fuera elaborada conjuntamente entre la Cocopa y la Conai —; la presencia y cobertura de los medios informativos en la mesa, así como la sede y el calendario de labores de los grupos de trabajo.

Finalmente, después de seis días de negociaciones y de más de veinte documentos intercambiados entre el EZLN y el gobierno federal, se logran por primera vez importantes acuerdos tendientes a discutir los problemas de fondo que dieron origen al conflicto.

El día 11 de septiembre, las delegaciones del gobierno federal y del EZLN, firman en San Andrés Larráinzar el documento de Agenda, Formato y Reglas de Procedimiento del Protocolo de Bases para el Diálogo y la Negociación de un Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad.

Por parte del gobierno federal firmaron el coordinador de la delegación, Marco Antonio Bemal Gutiérrez, y Jorge del Valle; del EZLN, Tacho, David y Zebedeo; por la Cocopa, el diputado Jaime Martínez Veloz, y por la Conai, el obispo Samuel Ruiz García.

En la agenda se establecieron cuatro mesas de trabajo y tres temas. Las mesas de trabajo convenidas fueron:

I. Derechos y Cultura Indígenas. n . Democracia y Justicia. in. Bienestar y Desarrollo rV. Derechos de la Mujer en Chiapas.

Los temas fueron:

• Conciliación entre los distintos sectores de la sociedad chiapaneca. • Participación política y social del EZLN. • Distensión integral, que comprende las medidas de distensión que

erradiquen las posibilidades de que se reanuden las hostilidades.

La suma de los acuerdos consecutivos firmados al concluir cada mesa y al abordarse cada tema, habría de constituir el Acuerdo de Concordia y Pacificación, que prevé el artículo primero de la Ley del Diálogo.

En el formato se definieron los diferentes tipos de reunión, las funciones y propósitos de cada una y se estableció la dinámica de dis-cusión que se seguiría para desahogar cada ptmto de la agenda.

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De acuerdo con el formato, las mesas de trabajo se agotan según el procedimiento de ronda con asesores e invitados y plenaria resolutiva en tres fases: la primera para establecer las bases de negociación mediante la identificación de convergencias y divergencias, la segunda para pactar compromisos y acuerdos conforme a las bases de negociación y la tercera para ratificar y suscribir, luego de un periodo de consulta, pronuncia-mientos, acuerdos y compromisos. Los temas, por su parte, pueden ser abordados cuando las partes lo consideren conveniente, en sesión plenaria.

Las reglas de procedimiento establecieron el marco normativo en cuanto a tiempos, carácter y alcance de la negociación en cada vina de sus fases, así como las atribuciones, responsabilidades y las formas de participación de las instancias que intervienen en ella (delegaciones del gobierno federal y del EZLN, Cocopa, Conai, asesores, invitados). Asimismo, especifican la modalidad que pueden tener los documentos que emanan de la mesa de negociación, los cuales son de tres tipos; tienen el carácter de compromisos, lo que atañe a las soluciones para el estado de Chiapas; tienen el carácter de pronunciamientos conjuntos a instancias de debate y decisión nacional, en aquellos temas de alcance nacional en los que las partes hayan logrado consenso; y tienen el carácter de pronunciamientos unilaterales todos aquellos aspectos, tanto locales como nacionales, en los que el gobierno federal y el EZLN no hayan logrado convergencias. Asimismo, se establecieron los mecanismos que permitirían la continuidad del diálogo en caso de desacuerdos o dificultades en la negociación.

Uno de los logros más importantes en esta etapa fue que el Presidente de la República se constituyó en el factor decisivo para el avance de las negociaciones. Esto fortaleció su investidura y generó una expectativa optimista entre las diferentes fuerzas políticas del país respecto a Chiapas, luego del accidentado y lento proceso para establecer las bases de la negociación.

Por otra parte, se creó un clima de distensión propicio para la realización de los comicios que se efectuarían en octubre.

Gracias a la gestoría de la Cocopa, en tanto representante del Congreso y de su pluralidad política, el zapatismo consiguió su objetivo de presentarse como un actor de dimensiones nacionales.

La Cocopa, por su parte, adquirió un papel central en la negociación que muchos, incluso el propio EZLN, se negaban a concederle.

La Conai fue desplazada como la principal instancia mediadora, sin embargo, le fue reconocido el importante trabajo que realizó de acer-

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camiento de posiciones en cuanto a las reglas, que resultó de vital importancia para la firma del acuerdo. El obispo Samuel Ruiz, fue uno de los que más celebraron la firma de estos primeros acuerdos, cali-ficándolos como "un parteaguas histórico para el país." El obispo de San Cristóbal pasaba por una etapa de dificultades que mermaban su capacidad de interlocución. Por una parte se observaba un distan-ciamiento con el EZLN; por otra, su campaña de promoción para obtener el premio Nobel de la Paz no tenía el eco esperado, y finalmente el nombramiento, por parte del Vaticano, de un obispo coadjutor en su diócesis, Raúl Vera López, que se interpretaba como un contrapeso a Samuel Ruiz, con el fin de contener su activismo político y fortalecer la visión ecuménica de la Iglesia Católica.

Los avances logrados en esta sexta reunión fueron vistos también por diversos sectores sociales, como un hecho sumamente positivo para el proceso de paz. Sin embargo, en contraste con el optimismo manifestado por este avance, la actitud zapatista fue nuevamente de minimizar lo que se había logrado en ese momento —que no era poco— su incorporación al diálogo nacional, que redimensionaba al EZLN, y el abordaje de los problemas concretos de las comunidades indígenas. El vocero de la delegación zapatista, manifestó al concluir la firma de los acuerdos que "no hay que hacer fiesta del modesto acuerdo obtenido en la mesa de San Andrés, ya que no hay todavía solución real a las demandas de nuestros pueblos."

A raíz de los resultados favorables que se alcanzaron en la sexta reunión, se dinamizaron otros procesos para coadyuvar a la solución de las demandas sociales del grupo armado. El día 20, la Segob y la Cocopa acuerdan promover la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena —que había propuesto el presidente Zedillo— entre las 56 etnias del país para que se integraran sus planteamientos a la elaboración de la Ley de Derechos Indígenas. Con el propósito de fortalecer a algunos de los municipios con mayores rezagos sociales en la entidad, el gobierno estatal entregó recursos extraordinarios a once municipios de la región de Los Altos, por cerca de nueve millones de pesos. Por otra parte, entregó recursos por más de once millones de pesos a 5,500 productores de café y repartió 6,400 becas a estudiantes de educación básica. Debido a la cercanía de las elecciones para ayuntamientos y Congreso local, que se celebrarían el 15 de octubre, el panorama estatal estuvo caracterizado por tin ambiente de agitación política por la intensificación de las campañas de proselitismo de los partidos y una mayor pola-'

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rización de las fuerzas contendientes, que se agudizó por diferentes hechos de violencia y por las denuncias de irregularidades en el proceso electoral.

Se llegaba a unas elecciones que tenían a su favor que se había recién aprobado por consenso tina ley electoral, que entre otros avances había incrementado el número de sus distritos electorales sobre el criterio de ampliar la representatividad de las comunidades indígenas, permitió el registro de nuevos organismos políticos y ciudadanizó los órganos elec-torales, entre algunos de sus aspectos más relevantes! No obstante, la violencia política que se había manifestado en varios mxmicipios deva-luaba estos logros y cuestionaba de antemano los resultados de los comicios.

Muestra de ello fue lo sucedido en el municipio de Ángel Albino Corzo, donde fue asesinado Antelmo Roblero Roblero, candidato del PRD a la presidencia mimicipal de esa localidad, por lo que líderes y candidatos del PRD realizaron un plantón frente al palacio de gobierno acusando a miembros del PRI de este hecho. En represalia por la muerte de su candidato, un grupo de perredistas secuestraron a los candidatos priístas a alcalde y síndico, lo que desencadenó una lucha frontal entre ambos partidos, que dejó como resultado cinco personas muertas y dos desaparecidas.

Por su parte, militantes del PRI acordaron que no permitirían la realización de los comicios en ese mimicipio hasta que no se conociera el paradero de sus dos compañeros. Asimismo, iniciaron un plantón permanente en el edificio del Comité Directivo Estatal del PRI en la capital del estado, para exigir la presentación de sus candidatos. La dirigencia del PRI declaró que los enfrentamientos que se habían dado en este municipio se debían a problemas de la tierra y antagonismos religiosos y no a las diferencias políticas, como habían tratado de presentar los perredistas. '

Mientras tanto, el subsecretario de gobierno del estado, Uriel Jarquin, informaba que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Procuraduría de Justicia del estado los responsables del asesinato del perredista Antelmo Roblero Roblero, eran miembros del PROCUP e integrantes de la organización Francisco Villa, organizaciones a las que responsabilizó de intentar generar ingobernabilidad y desestabilidad en la entidad, en vísperas de las elecciones. Asimismo, dio a conocer que con relación al secuestro de los dos priístas, la Policía de Seguridad • Pública no había tenido resultados positivos y que continuarían las investigaciones sobre el caso.

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Ante la gravedad de la situación, los miembros de la Cocopa anunciaron que se entrevistarían con el gobernador del estado, Julio César Ruiz Ferro, para encontrar una solución al conflicto, ya que, dijeron, "los crímenes en el municipio son vina clara provocación al proceso de paz de San Andrés Larráinzar."

De igual forma, los líderes de la AEDPCh advirtieron que la violencia en ese lugar podría generalizarse y extenderse a otros municipios de la región, ya que desde su perspectiva el fondo del conflicto no era la pugna entre PRI y PRD, sino los problemas creados por los cacicazgos regionales que se oponían a cualquier cambio, particularmente a perder el poder que habían sustentado durante muchos años.

En la región norte, en el municipio de Tila, se presentaron también enfrentamientos entre perredistas y priístas que en los últirhos cuatro meses habían dado como resultado 19 muertos y doce desaparecidos. El PRD, junto con la Coordinadora de Organizaciones no Guberna-mentales y el Centro de Derechos Humanos de la diócesis de San Cristóbal, denunciaron que en este municipio se había formado un grupo paramilitar del PRI llamado Paz y Justicia, al que responsabilizaban de la persecución y asesinato de sus militantes.

A raíz de estos enfrentamientos en Tila, más de 350 personas tuvieron que desplazarse hacia el municipio de Salto de Agua. Ante estos hechos de violencia, las cuatro fracciones de la Cámara de Diputados firmaron im pimto de acuerdo para formar una comisión legislativa que visitó la zona norte de Chiapas, con el fin de analizar la situación y recopilar datos al respecto. En su visita, los diputados recogieron diversos testimoiüos que señalaron la existencia de grupos armados, que actuaban ante la indiferencia de los cuerpos de seguridad pública del estado, los cuales operaban en la zona desde hacía cuando menos cinco meses.

Por otro lado, uno de los conflictos que se sumó a la problemática política tuvo que ver con las desavenencias que se manifestaron al inte-rior de los partidos. En cuanto al PRD, el caso más relevante fue el de la renimda de la senadora Irma Serrano a su militanda, debido a que la di-rigencia nacional de ese partido no aceptó la candidatura de Domingo López Ángel, líder evangélico de los desplazados de San Juan Chamula, por tener antecedentes penales. La Senadora acusó a Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente de ese instituto político, de manipular la se-lección de candidatos en la entidad.

El PRI, por su parte, enfrentaba serios problemas de división interna entre sus grupos regionales de TuxÜa Gutiérrez y Tapachula, los dos centros urbanos más importantes de la entidad, por desacuerdos en la

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selección de candidatos. Éstos llegaron a ser de tal magnitud que, de acuerdo con el desarrollo de las campañas, se anticipaba que podían perderse. Otros de los problemas que tenía el partido oficial eran su débil estructura partidaria, la desorganización que había mostrado a lo largo de la campaña y la desvinculación que había manifestado con grupos y organizaciones sociales importantes. Todo ello anticipaba una elección competida para el priísmo, en la cual se pronosticaba que sufriría ima derrota de cuando menos el 30 por ciento de los espacios que se disputaban, lo que nunca había acontecido en la historia electoral de la entidad. La situación en este municipio había tendido a agravarse por las confrontaciones entre católicos tradicionalistas y evangélicos. El rumbo que empezó a tomar el conflicto resultaba aún más preocupante, pues las autoridades de los católicos tradicionalistas amenazaron con separarse de Chiapas y de la federación, si no eran expulsados los evangélicos.

Por su parte, éstos anunciaron el peligro inminente de que se iniciara "vma guerra santa." Incluso solicitaron la militarización del municipio, "para desalentar las pretensiones separatistas de los caciques priístas y evitar mayores confrontaciones entre católicos y protestantes", señaló el presidente de Confraternice, Arturo Farela.

Otros acontecimientos que tuvieron relevancia en el contexto estatal fueron las denimdas que se hicieron por las agresiones en contra de trabajadores de la salúd en San Cristóbal, la fuga masiva de reos en la cárcel de Copainalá, el asalto a la cárcel de Bochil, realizado por un grupo de sujetos armados que liberaron a un delincuente acusado de violación, y el saqueo de la finca Santa Elena, en el municipio de La Trinitaria, efectuado por un grupo armado.

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Octubre, 1995

Octubre, 1995

Después de poco más de cinco meses de pláticas, el diálogo logró pasar de las cuestiones reglamentarias y procedimentales a la discusión de las causas que originaron el conflicto, con lo cual

se transmitía a la sociedad entera no sólo el ánimo de avanzar hacia la paz, sino también y sobre todo, de buscar soluciones justas a las demandas ancestrales de las comurüdades indígenas. Con la instalación de la primera Mesa de Trabajo sobre Derechos y Cultura Indígenas y la realización de la primera fase de la misma, la mesa de San Andrés vivió en octubre un giro sorprendente y positivo, que abrió espacio para la interlocución de nume-rosos actores (locales y nacionales), que de una manera u otra se encontraban vinculados con el conflicto, con sus causas y /o con sus posibles soluciones.

Sin embargo, como ha sido recurrente a lo largo de este accidentado camino hacia la paz, los hechos del contexto local y nacional volvían a poner en riesgo la negociación. Así ocurrió al concluir los trabajos de la primera fase de la mesa, cuando eñ la ciudad de México, la PGJDF detuvo a Fernando Yáñez Muñoz, señalado como uno de los principales dirigentes del EZLN, por portación de armas prohibidas.

Los grupos y personajes políticos afines al zapatismo reaccionaron enérgicamente, señalando que se trataba de ima provocación montada por algvmos sectores del gobierno que buscaban desestabilizar el proceso de paz, mientras que los negociadores de las partes, y las comisiones mediadoras expresaban su sorpresa y preocupación. De esa manera, una cuestión estrictamente de carácter judicial se politizaba, gravitando sobre la mesa y poniendo en suspenso las pláticas. La situación era muy difícil, pero el sobreseimiento de la acusación que solicitó la procuraduría al juez (y que éste otorgó) facilitó la superación del problema, aunque no impidió sus repercusiones políticas.

Se instala la mesa de Derechos y Cultura Indígenas

Además de este incidente, las elecciones municipales que se realizaron en Chiapas el día 15 estuvieron a punto de convertirse en otro elemento perturbador de la mesa de San Andrés. Sin embargo, quienes así lo anticiparon o pretendieron, perdieron la apuesta, pues la jomada elec-toral fue pacífica y transparente, aunque poco concurrida, debido a los

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presagios de violencia y a la "orden" de Marcos para que las comu-nidades de las Cañadas se abstuvieran en las votaciones.

Octubre dio inicio con ima noticia que demostraba cuánta era la necesidad del EZLN de crecer políticamente al nivel nacional y qué ruta quería seguir para lograrlo. El mensaje zapatista del 30 de septiem-bre para crear una "gran mesa de diálogo nacional sin el gobierno ni los partidos", dejaba ver que la intención de los zapatistas no se limitaba a participar en el diálogo para la reforma del Estado, sino que busca-ba crear una mesa paralela a la de Barcelona, donde el EZLN asumiera la representación de los "sin partido" y pudiera al mismo tiempo cuestionar las vías partidarias y electorales para hacer política.

Este anuncio fue el marco que envolvió la reunión previa al encuentro de San Andrés que sostuvieron el día último de septiembre los dirigen-tes del EZLN con la Cocopa. En ella, los rebeldes pidieron la ayuda de los legisladores para la instalación de esa "gran mesa" con la "sociedad civil", como "una aportación al proceso de paz."

Antes de que diera inicio el encuentro privado, varios legisladores descalificaron el planteamiento, porque a su juicio representaría construir "un diálogo aparte", exclusivo para EZLN, y esos no eran los términos del ofrecimiento que se había hecho para incorporar al grupo armado en el debate nacional. Expresaron que la propuesta de Marcos era invia-ble, excluyente y no daba margen a la participación de todas las fuer-zas políticas nacionales. Opiniones semejantes habrían de exponer en días sucesivos los voceros de distintos sectores sociales como la Iglesia, la iniciativa privada, los partidos políticos/los intelectuales y los perio-distas. El efecto del antmcio zapatista pareció ser de arümadversión, desconfianza e incluso desilusión por parte de quienes esperaban una de-finición más clara de los rebeldes acerca de su futuro político, a la luz de la consulta nacional que éstos habían realizado en agosto.

Después de varias horas de plática, el encuentro EZLN-Cocopa, realizado en el poblado La Realidad, mimidpio de Ocosingo, concluyó con la firma de un acuerdo conjunto, cuyo contenido es, en resumen, el siguiente:

1. El EZLN acepta la propuesta de participar en un foro especial sobre asuntos indígenas y otro sobre el tema de la mujer.

2. El EZLN se compromete a hacer llegar a la Cocopa sus propuestas. 3. La Cocopa se compromete a recibir, estudiar y responder las propuestas del E2XN. 4. El EZLN se compromete a entregar a la Cocopa una propuesta de diálogo nacional. 5. La Cocopa se compromete a recibir, estudiar y responder esa propuesta. 6. Cuando el EZLN y la Cocopa consideren necesario volverse a reunir, realizarán

nuevos encuentros.

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La Cocopa evaluó el encuentro como "sumamente provechoso" y agregó que contribuiría a agilizar el diálogo de San Andrés y la parti-cipación de los zapatistas en la discusión sobre la reforma del Estado.

Al día siguiente, primero de octubre, las delegaciones del gobierno y del EZLN arribaron a San Andrés para realizar el séptimo encuentro de diálogo, cuyo objetivó era concretar la instalación de la primera Me-sa de Trabajo sobre Derechos y Cultura Indígenas.

El primer resultado que se consiguió en esta ronda de pláticas fue im acuerdo sobre las medidas mínimas de seguridad que se aplicarían en la primera mesa de trabajo. El acuerdo señalaba que en todas las etapas se debía garantizar la integridad de las partes y evitar incidentes o provo-caciones. Se definieron las medidas para los traslados de las delegaciones, así como para todos los presentes en las sedes del diálogo; la integración y colocación de los cinturones de seguridad en torno a la sede de las pláticas; el papel que jugaría la Policía Militar y las formas de acreditación de los participantes, que correrían a cargo de la Cocopa y la Conai.

Al finalizar el primer día de pláticas, el EZLN emitió un comunica-do a la prensa, en el que expresaba su preocupación por el clima de ten-sión y los hechos de violencia que se registraban en algunas zonas de la región norte, particularmente en Tila y Ángel Albino Corzo, los cuales ponían en riesgo la viabilidad del diálogo y el camino hacia la paz. Por ello, hacía un llamado al gobierno para que tomara cartas en el asunto.

En el segundo día de pláticas se avanzó en la desagregación del tema en subtemas y se aprobó la integración de la inesa, así como el reglamento de la misma. Al discutir la desagregación, surgió un punto delicado: dónde se discutirían los problerhas de la tierra.

El asunto se presentaba con vm doble perfil: como parte del derecho y la cultura indígena, pero también como un capítulo de la problemática nacional (tenencia de la tierra y políticas de bienestar social), por lo que su definición resultaba importante. El EZLN insistió en incluir ambas perspectivas en el temario de la primera mesa, pero el gobierno argu-mentó que eso haría más compleja la discusión y se perdería la naturaleza y el propósito principal de la misma.

La decisión final fue separar su tratamiento, quedando para la primera mesa los asuntos de integridad y usos de la tierra comunal, mientras que en una mesa subsiguiente se abordarían los problemas de propiedad y explotación. El resto de la agenda se desahogó sin mayor inconveniente.

Al dar por concluido el encuentro, el día 3, la Cocopa y la Conai dieron una conferencia de prensa, en la que informaron de sus resultados (ver recuadro). Ambas comisiones coincidieron en señalar que el séptimo

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encuentro representaba vm avance sustancial en el diálogo "a pesar de los incidentes negativos en el contexto nacional y estatal."

RESULTADOS DE LARRÁINZAR VII

Acuerdo sobre desagregación del tema. Subtemas acordados: 1. Comunidad y autonomía: derechos indígenas; 2. Garantías de justicia a los indígenas; 3. Participación y representación política de los indígenas; 4. Situación, derechos y cultura de la mujer indígena; 5. Acceso a los medios de comunicación; 6. Promoción y desarrollo de la cultura indígena. A cada uno de estos subtemas corresponde un grupo de trabajo.

Reglamento de mesas y grupos de trabajo. Algunas de sus disposiciones más relevantes son: ,

• Los grupos de trabajo en la primera fase estarán integrados por invitados y asesores de las partes, quienes participarán como oradores para proponer

• posibles formas de solución al subtema que les corresponda. Las sesiones de esta fase tendrán ima duración máxima de seis días; en caso de que algún grupo no haya concluido sus labores durante ese periodo, las partes harán los ajustes de tiempos convenientes. Las propuestas de los participantes serán recogidas en síntesis indicativas elaboradas por la Cocopa y serán transmitidas a una segimda etapa de la mesa.

• Al concluir el trabajo de los grupos, se abrirá un receso de im máximo de tres semanas para la instalación de las mesas de trabajó de "segunda fase", en las cuales participarán quince invitados de cada parte en comisiones co-rrespondientes a cada subtema. Estas sesiones tendrán una duración máxima de seis días, pero las partes podrán hacer los ajustes de tiempo que resulten más convenientes. Las comisiones de trabajo recibirán los informes de los grupos de primera fase y con base en ellos tratarán de elaborar propuestas de consenso, que serán transmitidas a las partes en la plenaria de acuerdos.

• Una vez que concluyan los trabajos de la segunda fase, se abrirá un receso de máximo cuatro semanas, para posteriormente instalar ima plenaria de las partes, en la que se buscará la concreción de acuerdos, propuestas conjuntas y compromisos, teniendo como base la discusión de las etapas previas.

• Los invitados y asesores no sustituyen a las partes, por lo tanto sus propuestas de solución no reflejan necesariamente la posición de las mismas sobre el tema ni las obligan a suscribirlas.

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Por su parte, la delegación del gobierno emitió un comunicado de prensa, en el que valoró el buen ánimo que prevaleció en la reunión y el método que se utilizó para discutir, y señaló que ambas condiciones fueron las que permitieron avanzar de forma sustantiva. Expresó su seguridad de que los resultados de este diálogo habrían de contribuir a la distensión, tanto en la mesa como en el contexto estatal, y adelantó que buscaría la forma de atender las preocupaciones expresadas por el EZLN sobre la situación en las comunidades de la zona norte.

Otro aspecto a destacar es que mientras se desarrollaba el encuentro en San Andrés, el EZLN dio a conocer a través de la prensa nacional las listas de asesores e invitados qué llevaría a la mesa I, sobresaliendo en la primera los nombres de varios destacados especialistas en el tema indígena, como Luis Hernández Navarro, Rodolfo Stavenhagen, Héctor Díaz Polanco, Gustavo Esteva, Armando Bartra, Andrés Medina, Adriana López Monjardín, Luis Villoro, Julio Moguel, Luisa Paré, Angélica Inda y Ricardo Robles. Algunos de ellos acudieron pronto a Chiapas e incluso se entrevistaron con los dirigentes del EZLN. La lista de asesores de los rebeldes también incluyó a varios de sus presxmtos integrantes detenidos en febrero. En cuanto a sus invitados, el EZLN nombró como tales a representantes de diversas organizaciones y pue-blos indígenas de Chiapas y de otros estados del país.

Un día después de la clausura de la reunión, tuvo lugar otro anuncio importante, esta vez de origen institucional, relacionado con la mesa de Chiapas, específicamente con la cuestión indígena. El Congreso de la Unión anunciaba que convocaría, conjuntamente con el gobierno de la República, a una Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena, para legislar en favor de las etnias del país. La convocatoria fue aprobada ese mismo día, después de que fuera analizada por los miembros de las comisiones de Asuntos Indígenas de ambas cámaras.

El objetivo de la Consulta sería conocer los puntos de vista, diag-nósticos y propuestas emitidos por las propias comunidades, que permitieran al Congreso contar con la información suficiente para proponer las iniciativas de legislación correspondientes.

Los temas que se definieron como ejes de la Consulta fueron:

1. Usos y costumbres en la organización jurídica y política de las comunidades indígenas.

2. Cultura indígena. 3. Participación y representación política de los indígenas. 4. Derecho consuetudinario y la impartición de justicia.

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5. Desarrollo y bienestar social. 6. Tierras y / o territorios indígenas.

El factor político más importante del contexto que rodeaba a la mesa de Larráinzar en las primeras semanas de octubre lo constituían sin duda las elecciones municipales, que habrían de llevarse a cabo el día 15. Las con-diciones para realizar en Chiapas im proceso electoral ejemplar estaban dadas. La entidad contaba con la legislación electoral más adelantada de todo el país, emitida con el consenso de todos los partidos políticos registrados, tanto nacionales como estatales. Los órganos que tendrían bajo su control la celebración de los comicios estaban en manos de los ciudadanos y no habían recibido un solo cuestionamiento sobre su actuación. Como nunca antes, los partidos contendientes tuvieron los mismos espacios en los medios de comunicación electrónicos y escritos. Las campañas político-electorales se habían desarrollado, en su mayor parte, en un ambiente de civilidad y sin incidentes mayores.

Una característica más que otorgaba certeza sobre la legitimidad y transparencia del proceso era la cantidad de observadores que estarían presenciándolo. A doce días de las votaciones, el Consejo Estatal Elec-toral informó que había recibido cerca de dos mil solicitudes de quienes deseaban acreditarse como observadores electorales, pertenecientes a once instituciones chiapanecas (xmiversidades, grupos literarios, ONG's, empresarios y ecologistas, entre otros) y tres organismos nacionales. Además, en los primeros días del mes, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó integrar un grupo plural de legisladores que acudiría a Chiapas para observar el proceso antes, durante y después de la jomada comicial. La Cámara de Diputados también firmó un punto de acuerdo al respecto y envió otra comisión de observadores.

A pesar de todos estos elementos positivos, las voces que advertían sobre los fantasmas de la violencia o el fraude no estuvieron ausentes. La más alarmista de ellas fue la del obispo Samuel Ruiz, quien el día 4 declaró a la prensa que "por la forma en que se van desarrollando los hechos, si no se dan los correctivos necesarios, en Chiapas habrá un día 15 sangriento." Por eUo, consideró necesario posponer las elecciones, "para evitar retrocesos en el diálogo de San Andrés."

Ala posición del prelado se sumaron varios dirigentes de Organismos No Gubernamentales cercanos al EZLN, quienes en la misma fecha advirtieron su preocupación ante la posibilidad de que se cometiera un fraude electoral y sentenciaban: "Sesenta años de reelecciones han de-mostrado que el gobierno del estado sólo será una caricatura del gobierno

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federal, es decir, que adolecerá de todos sus vicios. No es eso 16 que deseamos, rio es eso lo que hace falta en Chiapas. Reaccionemos de una vez, no seamos cómplices de una situación que a todos nos envilece."

La Cocopa y el gobierno no compartían esta visión de las cosas. La primera emitió im comunicado el día 5, en el que exhortaba a ciudadanos, partidos políticos y autoridades a colaborar activamente para que en los comicios estatales "ganen la paz y la democracia", subrayando que los nuevos ayuntamientos y el siguiente Congreso local serían los en-cargados de concretar, en buena parte, los acuerdos que hubieran de derivar de los diálogos de paz. Por eso, señaló, "confiamos en que en los próximos comicios, los ciudadanos saldrán a sembrar con sus votos las semillas de paz, justicia y dignidad que desean."

En el mismo sentido se expresó el gobernador Ruiz Ferro, quien aseguró que en Chiapas habría elecciones trasparentes, confiables y seguras, que concluirían con un voto de paz.

Para contrarrestar las opiniones de quienes anxmciaban la violencia y el fraude, los ocho partidos políticos registrados en Chiapas sus-cribieron también un llamado al voto y a la paz. En él rechazaron tajantemente el pronóstico de Samuel Ruiz y su irüciativa de posponer las elecciones. Asimismo, durante una reimión con el gobernador del estado, los líderes partidistas de la entidad condenaron "cualquier intención que pretenda hacer creer que el proceso electoral será motivo de violencia" y aseguraron que en Chiapas "están dadas las condiciones para la realización de una jomada electoral que todos deseamos sea en paz y armonía." El gobernador, por su parte, advirtió que "ir contra la volimtad de partidos y ciudadanos que han preparado las elecciones, es construir calzadas reales para que transite la violencia."

Felipe Aguirre Franco, obispo de Tuxtla, fue otro de los que de-fendieron la realización de los comicios, y en torno a lo declarado por su homólogo Samuel Ruiz, aseveró que "si se superan los peligros antes de las votaciones y después de ellas, se dará una mayor paz y tran-quilidad en favor de las negociaciones de Larráinzar. No tienen por qué suspenderse los comicios."

El presidente de la LVni Legislatura local, Francisco Sau Lara, también respondió al obispo de San Cristóbal y reiteró que las condiciones le-gales para que los comicios fueran limpios, claros y transparentes, estaban dadas.

A pesar de todas estas opiniones en contrario, el presidente de la Conai no se retractó, y el día 7 insistió en que era necesario analizar con detenimiento "si las autoridades tienen capacidad para atajar la ola de

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violencia que podrían generar los comicios del 15 de octubre" o si era mejor posponerlos. Aseguró que varias comunidades chiapanecas se estaban armando y "hay algimas en donde se está pensando en no votar, sino en tomar las alcaldías, porque el proceso electoral no es creíble."

La AEDPCh apuntaló la posición del obispo, al asegurar en un desplegado de prensa que el proceso electoral en Chiapas "no garanti-za que se manifieste plenamente la volimtad del pueblo [...] todo indica que las elecciones serán un fraude."

De nueva cuenta, los protagonistas políticos locales rechazaron la profecía del obispo y las acusaciones de sus aliados y reiteraron su confianza en las elecciones. La autoridad electoral estatal, encabezada por Jorge Amador Coutiño Lemus, y los representantes de los ochó par-tidos contendientes coincidieron en señalar que la situación en la entidad era normal y se tenía la certeza de que los comicios se realizarían en un ambiente de paz y credibilidad.

Más allá de cualquier pronóstico, las elecciones municipales si bien no resultaron la puerta que se abrió de golpe para que a Chiapas entraran la paz y la democracia, sin duda sí representaron un gran paso en la evolución política del estado y en el fortalecimiento de sus procesos democráticos. Baste señalar que el número de candidatos a los ayim-tamientos y al Congreso local que participaron en la contienda (670) fue casi cuatro veces mayor al registrado en los comicios de 1991. El PRD, por ejemplo, logró un registro histórico, con cien candidatos a alcaldes, habiendo un total de 111 municipios en disputa. Asimismo, el PRI, el PFCRN, el Frente Democrático Chiapaneco y el PRD fueron los cuatro partidos que más candidatos a diputados por mayoría relativa y de representación proporcional registraron. Según algunas encuestas previas a la votación difundidas en la prensa, los partidos de oposición tenían amplias posibilidades de lograr, por primera vez en sesenta años, la mayoría en el Congreso local y un alto porcentaje de las alcaldías, incluyendo las ciudades más importantes.

Pocos días antes de la jomada electoral, el EZLN puso en marcha ima estrategia de agitación y provocación para boicotear los comicios por la vía de la descalificación y el llamado al ausentismo, ya que las previsiones sobre la intención del voto en Chiapas no favorecían a su aliado, el PRD, y sí en cambio podían afectarlo en caso de que en la zona en que estaba asentado resultasen electas autoridades mtmicipales que no se subordinaran a él. Por ello, en las vísperas de la votación se de-sataron las movilizaciones zapatistas, sustentadas en el simbolismo del 12 de octubre, fecha insigne de la resistencia indígena. Ese día:

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• Una marcha de miles de indígenas simpatizantes del EZLN llegó a San Cristóbal, lanzando enérgicas protestas contra el PRI y descalificando la vía electoral como forma de transitar a la democracia.

• Lo mismo ocurrió en Tapachula, donde militantes de la AEDPCh expresaron que participarían en la insurgencia civil para la conformación de "consejos municipales en rebeldía", sustentados en sus organizaciones y bases sociales, en caso de que se cometiera un fraude electoral.

• Grupos de manifestantes de Ocosingo y Palenque aseguraron que no participarían en las elecciones locales y nombrarían a sus gobernantes por medio de usos y costumbres. En el caso de Ocosingo, acordaron impedir la entrega de paquetería electoral y la instalación de casillas en esa demarcación, argumentando que no había condiciones adecuadas para realizar las votaciones.

• En el ejido Morelia, ubicado en el municipio de Chanal, grupos indígenas prozapatistas dieron posesión al Consejo de Ancianos co-mo la máxima autoridad de ese "municipio rebelde". Señalaron que "por las anomalías que hemos visto en el proceso preelectoral, nos retiraremos de las elecciones con nuestro candidato y nos goberna-remos con el Consejo de Ancianos en nuestro municipio autónomo."

La inquietud que causaron en la ciudadanía chiapanéca estas movi-lizaciones se acrecentó en las regiones de influencia del EZLN, pues según algunas versiones difundidas por dirigentes del PRD, en la víspera de la votación, Marcos dio la orden de que la gente de esas comimidades no saliera a sufragar.

Lo que ocurrió el día 15 era hasta cierto pimto previsible: la intimidación hada los electores provocó un abstencionismo superior al 60 por ciento. En otras regiones la baja votación se explicó por condiciones climatológicas desfavorables o bien por faUas en la ubicación de las casillas.

Sin embargo, los vaticinios de la violencia afortimadamente fallaron. La jomada electoral fue tranquüa y con muy pocos incidentes, todos eUos de menor importancia. La sorpresa llegó después, al difundirse los re-sultados oficiales del conteo final de casillas; el PRI ganó 84 de los 111 municipios (varios de ellos identificados como "zapatistas") y 26 de las cuarenta diputaciones locales.

Desde que se cerraron los centros de votación y comenzaron a co-nocerse las tendencias del conteo, las distintas fuerzas políticas comenzaron a reaccionar. El PRD poco tardó en iniciar movilizaciones y en demmciar un supuesto fraude que le habría arrebatado, a su juicio.

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más de treinta alcaldías. Sus acciones fueron más allá de las protestas ante la autoridad electoral y se tradujeron en tomas de alcaldías y ofici-nas electorales, bloqueos de carreteras, incendio de documentación elec-toral oficial y enfrentamientos con la policía o con militantes del PRI. Aun cuando los perredistas argumentaron que los resultados eran fraudulentos, no dejaron de aceptar que un factor decisivo que provocó la caída de su votación y lo escaso de sus triunfos fue el llamamiento zapatista a no votar. Ello propició que Porfirio Muñoz Ledo y Marcos pro-tagorüzaran, en la última semana del mes, una áspera polémica pública sobre el asunto, que se amplió entre el resto de la dirigencia perredista y requirió la intervención de Cuauhtémoc Cárdenas para conciliar posiciones.

El PAN por su parte, se mostró complacido por los resultados, que le otorgaban el triimfo en varias ciudades importantes, incluyendo la capi-tal del estado, y sólo impugnó casillas en cuatro alcaldías. Por último, el PRI expresó su satisfacción por los resultados y anunció que defendería sus triunfos por la vía legal y sin recurrir a medidas de presión. De hecho, todos los actores políticos, excepto el PRD y el EZLN, ratificaron la legalidad de los comicios, la claridad de sus resultados y la legitimidad de quienes fueron triunfadores.

El día 19, el presidente Zedillo envió im mensaje de felicitación a todo el pueblo chiapaneco, por su comportamiento ejemplar en la jornada comicial, lo cual demostraba una vez más que en Chiapas lo que la gente quiere es la democracia, la paz y la estabilidad.

No obstante este consenso social, la movilización poselectoral perredista-zapatista se sostuvo durante el resto del mes, sobre todo en Las Cañadas y la región Fronteriza, tratando de articularse con los demás elementos que estaban presentes o que habrían de sumarse a la co-yuntura (la reunión de San Andrés, la detención de Germán, el conflicto i n t e r n o que vivía la ARIC-Unión de Uniones, y otros).

Los resultados de esta nueva campaña de insurgencia civil, el PRD-EZLN, fueron los siguientes: suspensión de elecciones en Ocosingo y Nicolás Ruiz; toma violenta de las alcaldías de Acapetahua, Villa Co-maltitlán. Bejucal de Ocampo (donde fueron secuestrados el alcalde y 23 personas más), Unión Juárez, Amatenango del Valle, Soyaló, El Bos-que, Metapa de Madero y Ciudad Hidalgo; bloqueo de la carretera fron-teriza en Ciudad Cuauhtémoc; enfrentamientos violentos con la policía en Simojovel y secuestro del presidente municipal priísta de Tumbálá.

A pesar de la virulencia con que el bloque EZLN-PRD reaccionó al resultado de los comicios, no logró su intención de cambiarlos o

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deslegitímarlos. Poco a poco, los edificios tomados y los bloqueos de caminos comenzaron a ser desalojados y la estabilidad de las zonas afectadas por la movilización se fue recuperando.

En restimen, se trató de un proceso electoral tranquilo/competido, poco concurrido, pero sobre todo con procedimientos y resultados claros y creíbles, que dejaron satisfechos a sus participantes. El EZLN pretendió boicotearlo, pero con muy malos resultados: se desprestigió ampliamente al proyectarse a sí mismo como enemigo de los procesos electorales y de los partidos políticos; entró en una línea directa de confrontación con la dirigencia del único partido que hasta entonces le había demostrado simpatía; y no sólo no pudo ampliar su radio de influencia territorial en Chiapas por la vía de conseguir alcaldes "zapatistas", sino que éste se redujo. Además, las organizaciones políticas que promovieron la resistencia civil entraron en tma nueva fase de desgaste, que no les redituó beneficios de corto o largo plazo.

Cuando a partir de la VI revmión de San Andrés Larráinzar, el EZLN y la delegación gubernamental convinieron en la necesidad de instalar las mesas de discusión sobre las causas sustantivas del conflicto, se abrió vma nueva etapa de la negociación: la de resolver.

Desde la perspectiva de la delegación gubernamental, resolver las causas del conflicto no implicaba la solución expedita dé todas las de-mandas y agravios. Implicaba sí, la disposición del Estado mexicano a encontrar una solución de principio a la crisis chiapaneca, que res-pondiera tanto a la hondura de las demandas sociales, como a la herencia histórica del propio Estado.

El EZLN, por su parte, seguía manteniendo ima estrategia de dos vías (negociación-insurgencia), que se ratificaba en su nueva propuesta política, en la que planteaba establecer un "diálogo nacional con la sociedad civil", sin la participación del gobierno ni de los partidos políticos, paralelo la mesa de San Andrés y al diálogo nacional de los partidos y la Segob. , v

La postura del EZLN obedecía a que se encontraba entrampado en la coyuntura, sufría un aislamiento progresivo y el clima político le era, si no adverso, sí por lo menos desfavorable. Se encontraba acotado militarmente, con sus bases de apoyo desarticuladas y disminuidas, sin eco en sus ini-ciativas políticas rü impulso de sus aliados que le permitieran recuperar su protagonismo nacional, y además había salido muy mal parado en los comicios locales. Por ello su estrategia era, por un lado, la construcción de un espacio de lucha civü fuera de Chiapas —creando un frente político opositor, radical y no partidario— y paralelamente seguir negociando

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con el gobierno para mantener cierto margen de maniobra, política y propagandística.

La delegación del gobierno Uegó a esta primera fase de la Mesa sobre Derechos y Cultura Indígenas con el ánimo de avanzar en la identi-ficación y el diagnóstico de los problemas planteados en la agenda de Larráinzar y forjar acuerdos indicativos sobre las posibles formas de re-solverlos. Ello contribuiría también a conducir al EZLN hacia una dinámica irreversible de negociación y acuerdos con el gobierno, así como a la progresiva distensión en el estado.

Para evitar caer en la ideologización y politización de las discusiones, terreno al que le pretendía llevar el EZLN, el gobierno arribó a San An-drés con im grupo de invitados constituido sobre todo por dirigentes de organizaciones y comxmidades indígenas de Chiapas, lo que permitió de-jar constancia de que su interés estaba en escuchar a los actores reales del tema, y sobre todo a los más directamente afectados por el conflicto. El equipo de asesores de la parte gubernamental, menos numeroso que el del EZLN, se componía de investigadores y profesionales del área indígena que colaboraban para instituciones como el Instituto Nacional In-digenista, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, así como del gobierno del estado.

Pero lo más importante del desempeño del gobierno fue que en los grupos de trabajo respetó escrupulosamente la libre expresión de todos los asistentes y sólo intervino para cuestiones estrictamente regla-mentarias. Ésa era la mejor manera de evitar provocaciones o discusiones estériles y hacer que los propios participantes se fueran concentrando en las propuestas, más que en la retórica. Gracias a ello, el diálogo en la mesa fue auténtico y fructífero, y el propio EZLN lo reconoció.

En cuanto al grupo armado, su estrategia estaba centrada en buscar a toda costa nacionalizar la discusión, mediante invitados y asesores de otros estados del país. Con ello buscaba, colateralmente, promover su liderazgo en los movimientos indígenas y campesinos de México y proyectarse como aglutinador de la izquierda social vinculada al campo. También buscó "ganar la calidad" de los participantes, a través de asesores intelectuales de reconocido prestigio, con lo que buscaba, por una parte, trascender los acuerdos a que se llegara en San Andrés y por otra, desarticular la posibilidad de que los intelectuales fueran convocados como asesores gubernamentales (Femando Benítez, Gonzalo Aguirre Beltrán, Armando Bartra, entre otros).

Se estima que entre miembros de las delegaciones oficiales, inte-grantes de las comisiones de intermediación y coadyuvancia, invitados

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y asesores de las partes, sin contar los participantes en los cinturones de seguridad y el personal de logística, a esta reunión asistieron cer-ca de seiscientas personas que constituyeron así un amplio y represen-tativo mosaico de ideas, experiencias y formas de entender este tema trascendental para la paz y el desarrollo en México.

Ése fue el escenario en el que, el 18 de-Octubre de 1995, iniciaron sus actividades los seis grupos de trabajo en que se estructuró la Mesa I: Derechos y Cultura Indígenas, correspondientes cada uno de ellos a los siguientes subtemas;

1. Comunidad y autonomía: derechos indígenas. 2. Garantías de justicia a los indígenas. 3. Participación y representación política de los indígenas. 4. Situación, derechos y cultura de la mujer indígena. 5. Acceso a los medios de comunicación. 6. Promoción y desarrollo de la cultura indígena.

El más polémico de estos subtemas sería sin duda el de autonomía. Al respecto, la demanda del EZLN era el establecimiento en todo el país de un régimen de autonomías regionales para los pueblos indígenas, que brindara a éstos capacidad plena de gobierno, control territorial y jurisdicción pro-pia. Por eUo privilegió entre sus asesores e invitados a dirigentes con ex-periencia al respecto, como GÜberto López y Rivas, quien participó en la creación de la Región Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua para los pueblos Miskitos; el senador perredista por Tabasco Auldárico Hernández Jerónimo y el diputado (también del PRD) Antonio Hernández Cruz, am-bos de origen indígena y dirigentes de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) y promotores de las regiones autónomas en México.

El gobierno, en cambio, expresaba su interés por concretar un acuerdo que permitiera a los pueblos y comunidades indígenas decidir libre y democráticamente la forma de ejercer su autonomía en los niveles que ellos mismos consideraran más adecuados, de acuerdo a sus intereses, capacidades y oportunidades, respetando en cualquier caso la soberanía del país, sin contravenir el orden constitucional y respetando el pacto federal.

En los demás temas, el propósito del EZLN era convertir a los grupos de trabajo en foros de difusión ideológica y deslegitimación para el gobierno federal, planteando demandas desproporcionadas imposibles de negociar (nuevo Constituyente, nueva Constitución, gobierno de transición, renegociación del TLC, entre otros). Si bien inicialmente sus

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invitados y asesores acudieron a posturas fundamentalistas y buscaron la confrontación ideológica con los invitados y asesores gubernamen-tales, posteriormente modificaron su táctica y buscaron puntos de consenso. Este cambio de actitud obededó a lá propia dinámica de tra-bajo en los grupos y a que sus delegados pudieron comprobar la autenticidad de los invitados del gobierno, así como la voluntad de sus representantes para llegar a acuerdos y compromisos.

Desde el pimto de vista de los actores involucrados en el diálogo, lo nuevo fue el papel jugado por la Cocopa, quien asumió im rol fundamen-tal en la tarea de conducir al EZLN por caminos institucionales, sobre todo al haber intercedido para que el gobierno le abriera espado en el diálogo nadonal, aun arriesgando con ello su autoridad moral y su capital político. El hecho es que la Cocopa había logrado acreditarse, ante el EZLN y ante la opinión pública, como ima instancia pacifista y de buena fe, lo que la convirtió en un actor cada vez con mayor peso en el proceso de negociación.

La Conai, por su parte, había sufrido un desplazamiento importante, entre otras cosas por el reacomodo en la diócesis que significó el nombramiento del obispo coadjutor Raúl Vera, quien habría de reem-plazar a Samuel Ruiz en la conducción pastoral; por el nuevo prota-gonismo de la Cocopa en San Andrés; por la derrota del propio Ruiz en la carrera por el premio Nobel de la Paz, y por la actitud de desafío que la diócesis asumió frente al gobierno en esas fechas, a raíz de los problemas migratorios que terúan algunos de sus sacerdotes de origen extranjero.

Para reposicionarse, la Conai quiso ganar terreno en la mesa, alineándose con el EZLN, a través, por ejemplo, de tratar de gestionar, en favor de éste, puntos de "consenso" que realmente no se habían estableado en los grupos de trabajo. Sin embargo, en la medida en que se fue hadendo evidente la racionalidad y buena fe de los invitados y asesores gubernamentales, la mediación fue reorientando su actitud hada ima posición más neutral. Sus integrantes reconocieron al final que la reimión había sido exitosa por la apertura del gobierno.

La actitud gubernamental en la primera etapa de esta mesa de trabajo, dio como resultado un diálogo ágil, sin sobresaltos y atendiendo el objetivo central de reconocer, identificar y proponer la forma de resolver los problemas más importantes de los pueblos indígenas. Fue espe-dalmente acertado rechazar que los grupos de trabajo se convirtieran en foro para el enfrentamiento ideológico y político con el EZLN, así como el enfoque de privilegiar la presencia de invitados y asesores indígenas y chiapanecos. Ello acotó las pretensiones del EZLN de

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"nacionalizar" artificialmente la reunión y de poner contra la pared a los representantes de un gobierno supuestamente aislado y sin puentes con las comunidades indígenas o enfrentado con el medio intelectual. - Otro elemento de central importancia en el comportamiento guber-namental fue evadir la estrategia z'apatista de "asamblea" (sacar propuestas conjimtas en los grupos por "mayoría de voces"), que buscaba arrinconar a la delegación del gobierno y obligarla a recurrir al veto como único instrumento para enfrentar una tentativa avalancha de iniciativas inne-gociables. En contraste, el gobierno logró acreditar y hacer prevalecer el método de búsqueda de consensos, lo que permitió asentar el diálogo como un proceso de genuina negociación, en el que al final las partes lograron sacar adelante objetivos viables, a cambio de ceder en retórica.

Habría que mencionar también la importancia de que se haya podido contar con un reglamento muy preciso, que permitió allanar excesos polémicos y lograr que las síntesis indicativas de los grupos incluyeran consensos de gran trascendencia, que sí aportaban materia para elaborar acuerdos entre las partes (ver recuadro).

Primera fase de la Mesa I: Derechos y Cultura Indígenas Resultados generales de los debates

Grupo

1. "Autonomía y comunidad:

derechos indígenas"

Resultados

Posiciones de consenso: 1) el señalamiento de que no hay una concepción única sobe autonomía indígena, sino varias (que parten del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pue-blos); 2) que la autodeterminación indígena puede ser resuelta en términos de nuevos derechos para' las comunidades, y que las "regiones autónomas pluriétnicas" no gozan de cabal consenso indígena; 3) que la autonomía no implica separatismo, sino expresión de una diferencia en búsqueda de su superación histórica ("la autonomía se perfila como el camino para iniciar una nueva rela-ción de los pueblos indígenas con el Estado"), y 4) que la re-glamentación de la autonomía no es algo que pueda resolverse en una sola entidad federativa, siao que es un asunto que afecta la legislación indígena del Estado mexicano y, por tanto, debe ser trabajada en los foros de consulta nacional convocados al efecto y en el contexto de la reforma del Estado en curso.

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Primera fase de la Mesa I: Derechos y Cultura Indígenas Resultados generales de los debates

Grupo Resultados

n . "Garantías de justicia a los indígenas"

Los principales consensos indicativos fueron en el sentido de reformar el sistema de justicia con medidas de corto, mediano y largo plazo, para garantizar el respeto a los derechos y garantías de las y los indígenas, y lograr vina procuración y administración de justicia igualitaria, pronta y expedita, para lo cual se hace necesario conciliar las legislaciones conducentes y los áriibitos jurisdiccionales, de forma que se incorporen a ellos los usos y costumbres tradicio-nales de las comimidades indígenas, sin que esto sea pretexto para mantener prácticas que ocultan intolerancias y violación de los derechos humanos.

n i , "Participación y representación

poKtica de los indígenas"

Los consensos indicativos se dieron en dos áreas: a) en materia de reformas electorales, donde se señaló que debe haber corresponden-cia entre el número de habitantes indígenas y su representación política; que debe buscarse proporcionalidad en las representaciones electas; que deben crearse nuevos municipios y distritos electora-les locales; que deben reconocerse los "usos y costumbres" en la elección, duración y remoción de los gobernantes indígenas; y que debe terminar el monopolio de los partidos políticos en las formas de participación y representación política de los indígenas, y b) en materia de reformas legislativas, donde se planteó que éstas deberían estar orientadas a dotar de personalidad jurídica a las comunidades, garantizar la libre elección de los agentes municipales, incorporar a las comimidades a las labores de los cabildos y reconocer el sistema de cargos y las figuras de consulta popular, plebiscito y referéndum, típicas de las comunidades indígenas. Todo ello implicaría efectuar cambios a los artículos 4o y 115 constitucionales. También se alcanzaron consensos indicativos sobre la necesidad de fortalecer la participación indígena en las políticas de desarrollo que afectan sus comunidades.

IV. "Situación, derechos y

cultura de la mujer indígena"

Los principales consensos indicativos giraron en torno a la ampliadón de la participación de la mujer indígena en la vida de sus comxmidades y en el acceso a los cargos de poder, así como el fortalecimiento de los servicios de salud y educativos destinados a ese sector, con mejores programas de atención, información y prevención de salud, y apertura de espacios para la participación de las mujeres indígenas en la elaboración y evaluación de los programas educativos. Asimismo, se expresó un claro rechazo a las organizaciones religiosas y poKticas (partidos), que dividen a las co-munidades por no reconocer las tradiciones indígenas.

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Primera fase de la Mesa I: Derechos y Cultura Indígenas Resultados generales de los debates

Grupo Resultados

V. "Acceso de los indígenas a los

medios de comunicación"

Los consensos fueron en el sentido de garantizar un acceso más amplio de los grupos étnicos a los medios. Se precisaron formas específi-cas de participación de las comimidades indígenas en las distintas fases del proceso de comunicación social. Y se señaló, finalmente, la pertinencia de que los propios indígenas puedan dirigir y admi-nistrar los medios de comunicación que actúan en sus comunidades (estaciones de radio en lenguas indígenas).

VI. "Promoción y desarrollo de la

cultura indígena"

Los consensos indicativos se desprendieron de dos definiciones centrales: la primera, la conciencia y voluntad indígenas de plena pertenencia a la nación mexicana, que es la que encuadra sus demandas de autodeterminación; la segunda, sobre el propósito de los pueblos indígenas de determinar en forma autónoma su desarrollo cultural, que aspiran a que se convierta en derecho. La primera definición implica desarrollar nuevos esquemas culturales para incorporar a los aspectos nacionales las aportaciones indíge-nas y viceversa. La segunda, la readecuación de diversas ins-tituciones culturales (INl, CNCA, INBA, SEP) y la readecuadón de políticas específicas (becas, estudios, proyectos culturales), con el fin de que ambas den espacio a la libre expresión de los pueblos indígenas. En materia de demandas específicas, los consensos se dieron en tomo a: promoción de la educación bicultural y bilingüe, mayores apoyos y espacios para el acceso de los indígenas a la cultura, superiores medios para el desarrollo de sus lenguas y defensa y desarrollo más vigoroso del patrimonio cultural y la sabiduría tradicional de los in-dígenas (herbolaria, medicina tradicional, etcétera).

Al término de la rexmión, las partes acordaror\ que en la elaboración de las síntesis indicativas —que de acuerdo con el reglamento debía presentar la Cocopa—, participaran directamente asesores designados por las delegaciones, con el fin de consensar los documentos y evitar que fueran impugnados en la segimda fase.

Con el desarrollo favorable de este encuentro, las negociaciones entraban en ima fase definitoria y su balance mostraba avances muy importantes, como los siguientes:

a) Se acreditó la vía del diálogo y la negociación como la forma más adecuada para bviscar la solución de los problemas que originaron el con-

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flicto, y se hizo patente que si el diálogo era asumido con seriedad y voluntad de arribar a acuerdos/podía desembocar en acuerdos sustantivos. b) Se logró precisar y profundizar el diagnóstico de la situación indíge-na en Chiapas y en el país, así como enriquecer las propuestas de solución, en las que se reflejó la heterogeneidad de situaciones y la pluralidad cultural y étnica de las comvmidades indígenas. c) Aun cuando el EZLN quiso centrarse en la reclamación y la retórica, finalmente entró en una dinámica de propuestas concretas, que pudieran llevar hacia acuerdos y compromisos con el gobierno. Contra su intención inicial, la reunión fue, por defirüción, anticlimática y anti-dramática: fue pimtual y se condujo bajo im esquema que escasamente permitía desplegar el discurso "rebelde" y las tácticas de "asamblea". d) Gracias a la presencia de invitados y asesores directamente vinculados a la problemática, quedó plasmada la dimensión real del EZLN como parte del movimiento social e indígena de México. El encuentro dejó en claro que el grupo armado no tenía el monopolio de la representación étnica y que sus propuestas no eran compartidas necesariamente por todas las organizaciones de este tipo en el país. e) Se logró que el EZLN ya no fuera visto como factor de riesgo para la sociedad. El cumplimiento de la agenda de trabajo alejaba paula-tinamente el peligro de enfrentamientos bélicos e iba construyendo el andamiaje para la paz en Chiapas. f) Se logró establecer un principio de reconocimiento y de confianza entre las partes, que desde el encuentro de San Miguel no se había consolidado.

Aún no habían terminado de retirarse del Centro de Convenciones El Carmen, en San Cristóbal, los asistentes a los grupos de trabajo, cuando xm nuevo incidente ponía en riesgo lo difícilmente construido a lo largo de meses de discusión y negociación política. La noche del 21 de octubre, en una colonia al norte del Distrito Federal, efectivos de la PGJDF detuvieron en flagrancia a Femando Yáñez Muñoz, alias Comandante Germán del EZLN, portando im rifle AK-47, una pistola calibre nueve milímetros y 64 cartuchos útiles, así como un gramo de cocaína. Después de su detención fue puesto a disposición del juez séptimo de distrito en materia penal del D.F., por el delito de portación de armas de fuego reservadas para uso exclusivo del Ejército, la armada y la fuerza aérea. Yáñez era xmo de los prestmtos dirigentes del EZLN sobre los que se había girado orden de aprehensión en febrero, la cual se encontraba

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suspendida por mandato de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Estos hechos no se conocieron sino hasta el día 23, cuando ya había concluido la mesa de trabajo, por lo que no tuvieron un impacto inmediato sobre la misma. Sin embargo, las reacciones de todos los sectores políticos que se hicieron sentir en los días consecutivos fueron generando cada vez más presión sobre los actores del diálogo y propiciando un ambiente de incertidumbre sobre la continuidad de las pláticas.

El día 24, la PGR emitió un boletín de prensa en el que precisaba algunos puntos acerca de la detención de Germán. Sobre todo, insistió en que la aprehensión no tenía relación alguna con la orden judicial girada el 8 de febrero, sino estrictamente por los delitos en que había inctirrido el día 21 de octubre, de los cuales la Ley del Diálogo no podía eximirlo.

En la misma fecha, un comimicado de la Segob exhortaba a las partes que negociaban en San Andrés a mantener una actitud de diálogo y conciliación ante esta eventualidad, "que no violenta lo dispuesto en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, ya que ésta sólo suspende las investigaciones sobre delitos cometidos hasta antes del 11 de marzo, fecha en que entró en vigencia la propia ley."

Ese mismo día, la Cocopa realizó una reunión urgente de sus integrantes, en la que resolvió entrevistarse con el presidente Zedillo, el procurador de la República Antortío Lozano y el procurador del Distrito Federal José Antonio González Fernández, para conocer a detalle la situación jiuídica y política del caso y a partir de ahí asumir ima posición sustentada en la ley. También tomaron la decisión de visitar a Yáñez para conocer su testimonio.

Fue muy amplio el consenso de los actores sociales al señalar qúe el responsable de este incidente era el gobierno. Algunos lo interpretaban simplemente como ima torpeza de los mandos policiacos, pero otros lo advertían como una acción deliberada de "sectores oscuros" que buscaban entorpecer las pláticas justo en el momento en qué sé abría el auténtico diálogo político. Los asesores del EZLN, el PRD, las ONG's vinculadas al movimiento chiapaneco, editorialistas y columnistas de prensa, así como líderes religiosos y empresariales coincidieron en señalar que con la detención del presimto líder zapatista se abría un bache muy profimdo en el camino hacia la paz y era obligación del gobierno volver a pavimentarlo para continuar hacia adelante. El punto más delicado de la discusión era si con la detención se violentaba o no

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el marco legal del diálogo. Otros aspectos delicados giraban en tomo a las denuncias hechas por la defensa, los grupos civiles prozapatistas y algunos periodistas, sobre la presunta violación a las garantías individuales de Germán durante su detención e interrogatorio.

Antes de entrevistarse con el Secretario de Gobernación y con los procuradores Federal y del D.F., la Cocopa se mantuvo en sintonía con estas posiciones y exigió que el presunto líder guerrillero fuera liberado, lo cual a su juicio era la única solución jurídica y política que permitiría regresar a una situación de normalidad. Incluso el senador Heberto Castillo presentó su renuncia a dicha comisión y calificó la detención de Germán como una provocación proveniente de "un sector del gobierno que quiere crear condiciones de guerra."

La Conai respaldó la posición de la Cocopa, al concluir en voz de su secretario, Miguel Álvarez Gándara, en forma categórica: "Preocupa que todavía no hay vma convergencia de todas las corrientes del Estado apostándole a la paz. Todavía aparecen los signos de las corrientes que quisieron ima salida dura. Eso es lo que está detrás de este incidente. Esperamos la pronta liberación de Yáñez, pero aun con ella, los focos rojos quedaron prendidos con esta situación."

No obstante, después de entrevistarse con los legisladores, los titulares de la Segob, la PGR y la PGJDF emitieron un comunicado conjunto, en el que se señalaba que la situación jurídica de Yáñez estaba en el ámbito del Poder Judicial Federal y que se iban a explorar posibles vías de solu-ción al problema que no violentaran la observancia del Estado de Derecho.

Cinco días después del arresto de su presunto dirigente, el EZLN se declaró en alerta roja y señaló que dependía de lo que ocurriera en lo subsecuente para saber si su delegación regresaba o no a la mesa de pláticas con el gobierno. No reconoció que Yáñez fuera integrante suyo, pero reiteraba que al estar protegido por la suspensión decretada en la ley del 11 de marzo, su aprehensión era una flagrante violación a la misma y por ello el resto de los indiciados el 8 de febrero que sí pertenecía a la dirigencia zapatista estaban en peligro de correr la misma suerte. Moisés, el vocero que hizo la declaración, subrayó que el EZLN no podía negociar "con im gobierno que viola la ley hecha por él mismo y que podría incumplir los acuerdos de paz a que eventualmente se llegara."

Ante este anuncio, la Vn región militar descartó que se fueran a incrementar los patrullajes o desplazamientos de efectivos militares en Chiapas. Agregó que la alerta roja del EZLN no modificaría en lo absoluto la conducta de sus tropas ni provocaba cambio alguno en la situación militar del estado.

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Finalmente, el día 26, el gobierno resolvió el problema. Alrededor de las 17 horas, la PGR presentó ente el juez competente una solicitud de so-breseimiento para dejar sin efecto la acción penal. Se trató de una salida políticamente acertada y jurídicamente válida. Con ella además se consiguió el beneplácito de las comisiones de mediación y coadyuvancia, las cuales exhortaron a las partes a mantenerse dialogando. Los mismos voceros que habían reclamado la liberación del presunto dirigente expresaron que se trataba de im triunfo de la movilización social y la justicia y no vma acción de buena fe del gobierno. También hubo quienes cuestionaron la salida que se dio al asunto, sobre todo juristas y pe-riodistas que alegaban que el sobreseimiento resultaba un absurdo y una aberración jurídica que finalmente no hacía sino torcer la ley en favor de decisiones políticas. .

Así las cosas. Femando Yáñez dejó el reclusorio oriente el día 27 de octubre, luego de seis días de prisión y de agitación de los protagonistas del conflicto para evitar un desbarrancamiento del proceso de paz.

A pesar de que el elemento tensionante estaba resuelto en lo inmediato, la desconfianza entre los actores de la mesa quedó muy afectada y sería necesario redoblar el esfuerzo de todos ellos para mantener estable la negociación. Sobre todo, era indispensable enfrentar y disipar el cúmulo de interpretaciones y especulaciones —^ingenuas o interesadas— que se hicieron en la prensa y en los entre telones políticos sobre el incidente. Algunas de las diferentes conclusiones que se manifestaban sobre el caso Germán eran las siguientes:

- Fue vm aviso del gobierno hacia el EZLN, porque éste al parecer se estaba abasteciendo militarmente para preparar el reinicio de las acciones violentas (en las semanas anteriores a la detención de Yáñez se habían detenido dos cargamentos de armas en Centroamérica, que pro-bablemente estaban destinadas al EZLN). - Fue una acción inducida por el panismo gubernamental al frente de la PGR, cegado por su cerrazón, su insensibilidad política y su intolerancia. - La orden no salió de los primeros círculos gubernamentales ni de las jefaturas policiacas, sino de grupos de políticos de la vieja guardia priísta, buscando la desestabilización del gobierno del presidente Zedillo. - Fue la prueba más dara de que no existe una conducción lineal de las de-cisiones gubernamentales y de que ante los numerosos imprevistos las autoridades sólo aciertan a instrumentar medidas erráticas, reactivas a circimstancias políticas fuera de su control.

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A este ambiente de desconfianzas y suspicacias, que afectaba sobre todo al gobierno, se sxmiaron las declaraciones del propio Yáñez, quien una vez liberado no dejó de insistir sobre el carácter político de su detención, dio extensas declaraciones y entrevistas a los medios de comunicación para subrayar que no era zapatista "aunque quisiera serlo", y prácticamente solicitó que la Cocopa, la Conai y el EZLN lo invitaran a participar en la mesa de San Andrés.

Sólo la Cocopa mantuvo una posición republicana y después de la liberación de Yáñez reconoció que en esa decisión prevaleció el interés de la nación y se demostró la buena fe del gobierno para seguir adelante con las pláticas en Chiapas. Entrevistados por separado, sus miembros señalaron que sólo restaba que el EZLN pusiera su parte y se mantuviera en la mesa de negociación. Al final los rebeldes desactivaron sus alarmas y se declararon listos para volver a la mesa, lo que ocurrió el 13 de noviembre, al dar comienzo la segunda fase del tema L

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Noviembre, 1995

Noviembre, 1995

Noviembre fue un buen mes para el proceso de diálogo: durante la segunda fase de la Mesa I, sobre Derechos y Cultura Indígenas, realizada entre el 13 y el 19, las comisiones de trabajo

revisaron las convergencias y divergencias registradas en la fase ante-rior por los grupos de trabajo y encontraron 57 puntos de consenso que servirían para definir acuerdos en la fase inmediata siguiente. El clima de la segxmda fase fue de trabajo y ánimo de encontrar propuestas viables que pudieran ser consensadas. Al término de la reunión, se anunció que el EZLN realizaría, con el apoyo de la Cocopa, un Foro Especial Indígena, del 3 al 8 de enero de 1996, para el cual el gobierno de la República otorgaría todas las garantías necesarias. Asimismo, la Secretaría de Gobernación anunció que, junto con la Cocopa, encontraría fórmulas adecuadas para incorporar al EZLN al Diálogo Nacional sobre Reforma del Estado.

Adicionalmente, en los últimos días del mes, el presidente Ernesto Zedillo realizó vma gira de trabajo por Chiapas, durante la cual reiteró su firme apoyo a la búsqueda de una salida pacífica al conflicto con el EZLN, así como su compromiso con el desarrollo, la justicia y la paz en el estado.

Segunda parte de la Mesa I

El mes inició con varios sucesos indirectamente relacionados con el proceso de diálogo. El día primero. Femando Yáñez, alias comandante Germán, quien había sido detenido y liberado unas semanas antes, protagonizó un incidente en la Cámara de Diputados, al gritar injurias contra varios diputados.

Ese mismo día, Samuel Ruiz García, presidente de la Conai, dijo que un mensaje que el papa Juan Pablo II había dirigido a los indígenas a finales de 1993, en Yucatán, podría haber sido uno de los factores que desencadenaron el levantamiento de los indios de Chiapas. Explicó que el Papa había hablado del papel activo de los indios en el desarrollo del continente latinoamericano y los había calificado de "motor del proceso" de desarrollo. Criticó la idea que tiene el primer mundo del desarrollo, "que ha aumentado el abismo entre ricos y pobres", y destacó que el

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levantamiento de Chiapas era consecuencia de esa evolución. Ruiz dijo que rechazaba la violencia, pero que comprendía a los indios que, tras varios siglos de represión, no veían otra posibilidad de provocar cambios sociales.

La Conferencia del Episcopado Mexicano notificó que el obispo coa-djutor de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera López, era el nuevo res-ponsable para abordar, por parte de la Iglesia Católica, el tema de los sacerdotes extranjeros expulsados y de otros más que tenían problemas migratorios.

En el municipio de Ángel Albino Corzo, la PGJE continuaba las investigaciones sobre el homicidio del presidente municipal electo, Ausel Sánchez Pérez, de extracción priísta, perpetrado unos días antes, y cuyo cadáver había sido encontrado en el paraje conocido como El Porvenir. El día primero, el PRD rechazó cualquier vínculo con la Unión Campesina Popular Francisco ViUa, a la que presuntamente pertenecían los homicidas, además de que no reconocía a ningún perredista de en-tre los diez presuntos responsables del crimen.

En cuanto al proceso de diálogo, Marco Antortío Bemal declaró, luego de una reunión privada con integrantes de la Cocopa y la Conai, que las pláticas de paz en Chiapas no se habían interrumpido, y que existía plena disposición para otorgar todas las garantías de seguridad a los asistentes a las negociaciones, principalmente el EZLN. Oscar López Velarde, de la Cocopa, consideró que el diálogo debía mantenerse por encima de cual-quier incidente, como el ocurrido con la detención de Femando Yáñez.

El día 2, el general Mario Renán Castülo, comandante de la VII Zona Militar, rechazó que se estuviera llevando a cabo una militarización del estado de Chiapas o que se hubieran incrementado los sobrevuelos o el número de efectivos en la zona del conflicto: "La situación es nor-mal y se mantiene únicamente el abastecimiento de tropas y de la población civil, así como la rotación rutinaria de personal." Añadió qüe para las tropas acantonadas en Chiapas, el anuncio del EZLN de la llamada "alerta roja" (a raíz de la detención de Femando Yáñez) no había implicado ningima movilización de soldados. Cuestionado sobre algunas declaraciones del subcomandante Marcos en el sentido de que el gobierno federal trataba de aniquilar a los zapatistas, el General afirmó que dichas aseveraciones carecían de fundamento y que los militares, jimto con el gobiemo federal, esperaban una solución pacífica y lo más pronto posible del conflicto chiapaneco. Señaló que no tenía ningún elemento para afirmar que los zapatistas estuvieran relacionados coñ el narcotráfico.

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En San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García negó haber declarado que el mensaje del papa Juan Pablo 11, pronunciado en Yucatán en 1993 hubiera sido uno de los factores que desencadenaron el levantamiento de los indígenas de Chiapas: "Yo dije que el Papa había intuido la insurgenda de un nuevo actor en el continente, los indígenas." Felipe Aguirre Franco, obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, coincidió al asegurar que el mensaje del papa Juan Pablo n a los indígenas "los impulsó a pedir un cambio mediante acciones audaces y no con un levantamiento armado."

El día 4, Fernando Uribe Calderón, presidente de la Cruz Roja Mexicana, informó que esa institución había invertido más de 165 millones de pesos en los programas de atención a las comunidades chiapanecas. Aseguró que la institución a su cargo permanecería ahí hásta que todas las comunidades afectadas por el movimiento armado regresaran a la normalidad y contaran con los elementos mínimos dé supervivencia.

En un documento dirigido a sus agentes de pastoral, la diócesis de San Cristóbal de las Casas afirmaba que el "ejercicio de diálogo que tuvo lugar en los grupos de trabajo establecidos entre el gobierno federal y el EZLN hace dos semanas resultó sumamente fructífero y novedoso." En lo que constituyó xm balance de los resultados de la primera etapa de los grupos de trabajo, destacó que tanto el gobierno federal como el EZLN habían expresado su satisfacción por el desarrollo de todo el proceso y por el hecho de que se habían rebasado las expectativas. Sin embargo, comentaba que "desafortunadamente", el mismo día en que los dele-gados del EZLN retornaban a sus bases, se dio a conocer a la opinión pública que la PGR había aprehendido a Yáñez Muñoz: "Para la opi-nión pública este hecho se interpreta como un pretexto con una clara intencionalidad política, constituyendo además una violación a las garantías otorgadas por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas."

Un día después, Genaro Alamilla Árteaga, obispo emérito de Papantla, consideró que en el conflicto armado de Chiapas "ha habido una excesiva tolerancia por parte del gobierno federal, y en tanto el 'encapuchado mayor' continúe con sus actitudes de prepotencia, tratando de desconocer a las autoridades civiles con las que se debe dialogar, el proceso de paz se alargará más de lo debido [...] Hasta ahora, la actitud de los enmascarados ha sido negativa, no se ha dialogado con seriedad y no se ven indicios de que haya un camino para la paz [...] si el gobierno continúa con su actitud de sobrada tolerancia, pasará un

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año más sin que se solucione el conflicto chiapaneco y vendrán otras rondas de negociaciones sin que se llegue a nada claro."

Respecto a los presuntos zapatistas detenidos a raíz de los operativos del 9 de febrero de 1995, el día 6 de noviembre, María Gloria Benavides, comandante Elisa, fue absuelta de los cargos de sedición, rebelión y posesión ilegal de armas, con lo cual recuperó plenamente su libertad.

El día 8, la Cocopa instó a los mexicanos a poner un cerrojo a todo embate especulativo y llamó a cerrar filas en torno a los procesos de diálogo y reforma del Estado, así como a difimdir certidumbre, "que es lo que demanda la nación en el momento actual [...] la pretensión de implicar al Ejército Mexicano en el origen del rumor ignora no solamente la formación y pasado histórico de las fuerzas armadas, sino también pasa por alto su participación actual en el proceso de pacificación en Chia-pas, mediante el cual ha acreditado plenamente su lealtad a las instituciones y su indeclinable compromiso con la paz [...] estamos, en el caso de Chiapas, frente a im proceso en operación que rinde sus primeros frutos: discusión fructífera, acuerdos iniciales, entendimiento, mejor nivel de comprensión y respeto entre las partes [...] los actores principales han acreditado no solamente en el discurso, sino también en los hechos, su voluntad por privilegiar el ejercicio del diálogo, la salida política y la solución pacífica al conflicto."

La Conai entregó a la delegación del gobierno federal y al EZLN la síntesis indicativa de las actividades de los grupos de trabajo realizados del 18 al 22 de octubre, las cuales servirían de base para la siguiente etapa de negociaciones, programada para el 13 de noviembre.

El día 9, en un encuentro con integrantes de la etnia maya en Yucatán, Ernesto ZediUo, presidente de la República, señaló que "México no podrá llamarse justo hasta que la justicia llegue en verdad a las comunidades indígenas de nuestro país", y ratificó su compromiso firme e invariable de servir a todas las comunidades.

Ese día, Carlos Tello Macías, director del INI, afirmó que en 1996 la atención a los diez millones de indígenas del país sería una prioridad, la cual de manera directá estaría a cargo de todas las dependencias federales y no sólo del INI, con un presupuesto que llegaría al doble de los ochocientos millones de pesos ejercidos en 1995. Como parte del nuevo esquema, quedarían también como programas preponderantes los de Fondos Regionales para la Productividad y el de Albergue para Niños Indígenas, los cuales serían reforzados y ampliados. "El programa de albergues cuenta en estos momentos con mil casas-escuela en todo el

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país, en donde viven y cursan sus estudios regulares un total de sesenta mil niños de diferentes etnias."

El día 12 se informó que la AEDPCh afrontaba serias dificultades internas y externas, después de seis meses de negociaciones con la Comisión para el Bienestar y el Desarrollo Sustentable de Chiapas. En una reunión entre treinta y seis organizaciones agrupadas en la asamblea general de la AEDPCh, se rindió un informe de los resultados de las negociaciones, que habían iniciado desde mayo, con la representación del gobierno federal. Las comisiones de la AEDPCh señalaron que las autoridades presionaban para que se firmara el finiquito agrario y que habían tenido que aceptar siete millones seiscientos mil pesos, 20 por ciento de lo demandado por las organizaciones campesinas, para proyectos productivos. Se informó que las negociaciones con el gobierno habían sido muy difíciles y que éste seguía presionando a las organi-zaciones campesinas para que firmaran el finiquito agrario, que tenía como base cinco hectáreas, con valor de cuatro mil pesos para cada campesino solicitante.

Así, en diversos ámbitos, los conflictos agrarios continuaban en Chiapas, afectando la vida productiva del estado, pero también dañando severamente el tejido social, al permanecer como fuente de en-frentamientos y divisiones. Por esos días, la Federación Estatal de Propietarios Rurales de Chiapas denunció ante autoridades federales "el clima de zozobra que vive Chiapas, particularmente en algimas regiones alejadas de la zona de conflicto, debido a las invasiones de tierras productivas [...] en lo que va del año se han registrado 130 secuestros de pequeños propietarios, quienes temen perder sus cosechas a consecuencia de esa problemática." Fidel Culebro, representante de la organización, puntualizó que no se habían realizado los pagos correspondientes por la compra-venta de 390 propiedades, con una superficie total de 39 mil 900 hectáreas y un valor de 327 millones de pesos, como se había acordado entre propietarios e invasores. "Durante los primeros diez meses de este año se invadieron seiscientos predios fuera de la zona de conflicto del EZLN, que representan un millón ocho-cientas mil hectáreas y que afectaron a quince mil propietarios rurales."

Por su parte, la SRA informó que había adquirido cincuenta mil hectáreas de tierras para resolver más de mil quinientos expedientes agrarios en la entidad. El costo de las tierras ascendió a doscientos millones de pesos, y sirvieron para dar respuesta a las demandas de 45 organizaciones campesinas locales. La Secretaría agregó que aún estaban pendientes casi quinientos expedientes, de más de 25 organizaciones

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que demandaban la compra de tierras en el estado, los cuales tenían un avance de 90 por ciento en su resolución.

El día 13, en Tila, Felipe López Pérez, dirigente de la UGÓCP, afirmó: "la defensa rural Paz y Justicia es una fuerza de jóvenes de sesenta comunidades que se coordina con los ganaderos de la región y el gobierno del estado; cuenta con tres centros de adiestramiento militar y sus integrantes portan uniformes azules y un listón rojo en el brazo izquierdo." Paz y Justicia, explicó, realizó sus primeras acciones en marzo, cuando atacó en Tila y Tumbalá a las comunidades de Xucjá, Misopá Chilhá, Nuevo Limar, Pantianija, Emiliano Zapata, Usipá y el ejido Benito Juárez en el mimicipio de Palenque.

Ante esta información, Gustavo Moscoso Zenteno, suprocurador de justicia del estado, negó rotundamente la existencia de un "grupo espe-cial" cuando se le pregvmtó de Paz y Justicia como grupo armado: "Para nosotros, en la región, los únicos cuerpos de seguridad son los de Seguridad Pública del estado. No existe ningiin otro cuerpo que hayamos detectado." Sobre las averiguaciones previas abiertas por los hechos de violencia en Tila, Salto de Agua y Tumbalá, dijo no tenei- el dato exacto e insistió que en la procuración de justicia no distinguía entre perredistas y priístas: "Los perredistas hablan de una fuerza apoyada por Seguridad Pública; eso se lo manifiestan a la prensa, pero cuando tenemos reimiones les pedimos pruebas y nos dicen que no las tienen."

Pero estas declaraciones fueron refutadas por el diputado local electo del PRI, Samuel Sánchez Sánchez, quien señaló que la creación de Paz y Justicia había obedecido al proceso de "radicalización en la orientación" de los simpatizantes de zapatistas y perredistas en los ejidos y comu-nidades: "Si bien el movimiento zapatista despertó una simpatía enorme por sus demandas de caminos, tierra, educación y salud, que es ima lucha que nosotros hemos Uevado para romper ima serie de ataduras en la zona, los problemas empiezan cuando aparecen estas actitudes beligerantes [...] Con la muerte, en marzo, del líder indígena Nicolás Pérez Ramírez —que el diputado atribuyó a perredistas— im personaje con arraigo en las comunidades y que encabezaba demandas fundamentales como la construcción de caminos, las comimidades se empiezan a agrupar al ver que hay una persecución de líderes en todos los niveles y finalmente forman lo que autodenominan Paz y Justicia."

En medio de estos conflictos, y con el compromiso de no invadir una sola hectárea más de tierra y desocupar las que tenían en su poder, cuatro organizaciones campesinas de Chiapas, entre ellas la CNC, firmaron con los gobiernos federal y estatal el primer finiqtiito agrario que, según

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las autoridades, ponía fin al reparto en la entidad. Se entregaron formalmente más de doce mil hectáreas en beneficio de 4 mil 372 familias que militaban en la CNC, en dos organizaciones del PFCRN, en la Alianza Nacional Campesina Alfredo Bonfil y en la OPEZ. Arturo Warman dijo que la demanda agraria de Chiapas sería totalmente satisfecha a mediados de 1996, cuando se hubieran entregado cerca de 120 mil hectáreas a los campesinos chiapanecos.

Marcelino Gómez Núñez y Caralampio Gómez, dirigentes de la AEDPCh, denunciaron que durante 1995 habían sido asesinados en Chiapas más de cuarenta "compañeros", encarcelados 860 luchadores sociales y desalojados más de sesenta predios "recuperados". En conferencia de prensa, acusaron "al gobierno represor de Julio César Ruiz Ferro y Eraclio Zepeda —de— realizar una ofensiva contra los grupos opositores y democráticos con la finalidad de retornar a las épocas represivas, romper el diálogo de pacificación y buscar una salida militar al conflicto chiapaneco."

Del 13 al 19 de noviembre se realizó la segunda fase de la Mesa I, sobre Derechos y Cultura Indígenas, en la cual se formaron comisiones de trabajo que se encargaron de identificar, discutir y presentar alter-nativas de solución sobre la problemática indígena, de acuerdo con los resultados obtenidos en los grupos de trabajo. En esta fase de la ne-gociación se establecieron 57 puntos de consenso, que reflejaban la necesidad de realizar una serie de reformas de fondo para enfrentar los problemas de los pueblos indios y fimdar un nuevo pacto social entre el Estado, la sociedad y los indígenas.

El día 15, los reporteros Guadalupe Irízar y Daniel Pensamiento, del periódico Reforma, informaron: "El diálogo continuó ayer en esta población (Larráinzar), pese a los incidentes que dejaron im muerto y cuatro heridos en San Cristóbal de las Casas, luego de que la policía estatal desalojara un predio invadido por organizaciones campesinas pertenecientes a la AEDPCh. La representación gubernamental se comprometió ayer a dar una respuesta seria a las denimcias presentadas por el EZLN sobre movimientos militares, policiacos y paramilitares en los mtmicipios del Norte, Altos, Costa y Selva de Chiapas. La tensión registrada el lunes por el desalojo se vio disminuida ayer, luego de gestiones de la Cocopa ante la AEDPCh y el gobierno estatal. Tras una serie de reuniones, tanto las organizaciones campesinas como el gobier-no del estado se comprometieron a suspender tanto las invasiones como los desalojos [...] (también) quedaron instaladas las comisiones de traba-jo sobre los seis temas acerca de cultura y derechos indígenas. En el

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curso de la tarde, los trabajos de las comisiones giraron en torno a la dinámica que se seguirá en esta fase y la agenda que contendrán estos subtemas. El tema de la autonomía, tino de los puntos centrales de la ne-gociación, se subdividió en siete pvmtos específicos; autonomía, admi-nistración de justicia, desarrollo y recursos naturales, educación, derechos políticos y participación, y las reformas constitucionales y legales."

Luego de seis días de negociaciones, el gobierno y el EZLN llegaron a los puntos de consenso. Entre los aspectos centrales estaba la necesidad de un nuevo pacto social entre el Estado, la sociedad y los pueblos indios, a partir de la base de la libre determinación y la autonomía de los pue-blos indios. Las referencias al artículo 27 de la Constitución, uno de los temas más polémicos en esta fase, quedaron entre corchetes para ser discutidas posteriormente, en la Mesa lU, sobre Bienestar y Desarrollo. La necesidad de modificar cuando menos los artículos 4,43 y 115 de la Constitución Federal, así como la remunicipalización y redistritación de los lugares con numerosa población indígena, fueron algunos de los puntos consensados. Se asentó también, en los documentos consensa-dos, la necesidad de reconocer los usos y costumbres en la elección de autoridades municipales y en general en los distintos planos de repre-sentación y participación política.

Un día antes de que concluyera esta fase, el 18 de noviembre, el EZLN denunció movimientos militares "extraordinarios" en el estado. El coordinador de la delegación gubernamental, Marco Antonio Bernal, declaró que los movimientos militares en Chiapas eran "producto de la presencia de un grupo armado en la entidad."

En cuanto a la evaluación de la segunda fase, la delegación guber-namental consideró que lo fundamental había sido "el debate serio que se dio", y la presentación de propuestas argumentadas y elaboradas con el ánimo de encontrar solución a las causas profundas del conflicto.

La evaluación del EZLN no fue tan positiva, como lo señaló el co-mandante Tacho: "Lo decimos claro, tenemos dudas porque hasta el momento no vemos todavía las señales con los hechos que demuestren una voluntad política (por parte del gobierno); por nuestra parte, reiteramos nuestra voluntad de diálogo." Al dar por concluida la segimda fase de diálogo con el gobierno dijo que no recibían evidencias de paz: "No hay señas de que el gobierno tenga voluntad de resolver los problemas por la vía pacífica y política [...] hay señales de guerra, hay señales de amenazas, hay persecuciones, hay desalojos, hay represión en Chiapas y en varios estados del país."

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El día 20 se informó que, según el resolutivo acordado por las delegaciones del gobierno y del EZLN, durante la primera quincena de diciembre la Cocopa, en coordinación con la Conai, haría llegar a las partes el informe y la relación de los trabajos de la etapa más reciente, que contendrían los documentos conjuntos consensados, así como las propuestas divergentes. Se dijo que la plenaria resolutiva de esa mesa, que iniciaría el 10 de enero, estaría integrada hasta por doce miembros de las partes y hasta veinte asesores por cada una. Se establecía, asimismo, que cuando por común acuerdo de las partes se consideraran alcanzados los objetivos previstos, se declararía im receso de hasta veinte días naturales, que se utilizarían para realizar las coñsvdtas que requirieran.

Unos días antes, el 17, el EZLN había celebrado doce años de su fvmdación, a decir de sus líderes y militantes. En esa ocasión, el EZLN declaró que no quería separarse de la nación mexicana, sino "ser parte de ella y que se les acepte como iguales."

El 20, el EZLN anunció que efectuaría un Foro Nacional sobre Derechos y Cultura Indígenas, con el objetivo de buscar consensos en-tre las 56 etnias del país, para la realización de la plenaria sobre el mismo tema, que llevarían a cabo con el gobierno federal. En la misma fecha, el secretario de Gobernación comunicó a la Cocopa que el gobierno ofrecería garantías suficientes para la realización de dicho foro, que tendría lugar del 3 al 8 de enero de 1996.

Mientras se llevaba a cabo la segunda fase de la mesa, Juan Carlos Bonifaz Trujülo, coordinador de la fracción priísta en el Congreso del estado, declaró que "la próxima legislatura local, que quedará integra-da mañana/pugnará en el inicio de sus actividades por analizar las causas que dieron origen al conflicto armado y buscar solución a las de-mandas sociales de la población". El coordinador de la fracción del PRD, Gilberto Gómez Maza, indicó que "es conveniente someter a discusión las propuestas de autonomía indígena y revisar minuciosamente nuevas legislaciones para los pueblos autóctonos de la entidad."

El día 23, el secretario de Gobernación dijo que el EZLN no estaría excluido del Diálogo Nacional y que, al igual que otras organizaciones, serían convocados "próximamente, cuando se defina la mecánica que se seguirá en el proceso de la reforma del Estado." Explicó que el hecho de que los zapatistas no estuvieran en la mesa central del diálogo no significaba que su participación quedaría marginada de todo el proceso de Diálogo Nacional.

Mientras tanto, los conflictos religiosos proseguían en la entidad. El día 20, Jorge Enrique Hernández Aguilar, procurador de justicia del

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estado, informó que elementos de Seguridad Pública continuarían con im operativo establecido en el paraje Arvenza I, mvmicipio de San Juan Chamula, después de im enfrentamiento ocurrido unos días añtes entre católicos y evangélicos, que había dejado un saldo de seis muertos y cinco heridos. El funcionario señaló que el enfrentamiento a balazos se había suscitado entre ambos grupos, al no encontrar las vías adecuadas para solucionar sus diferencias políticas y religiosas, por lo que los agentes de Seguridad Pública continuarían con el operativo para mantener el orden y de ser posible rescatar a los evangélicos reterüdos.

Al día siguiente, los indígenas evangélicos chamulas rompieron las pláticas, al no asistir a una reunión con el grupo de chamulas tradi-cionalistas convocada por el gobernador del estado, quien inme-diatamente llamó al diálogo y a la cordura entre las dos partes para evitar más ervfrentamientos. Domingo López Ángel, diputado local por el PRD y líder evangélico, confirmó el rompimiento del diálogo y señaló que era imposible dialogar con los caciques chamulas. Denimció que las autoridades políticas que presidían el ayuntamiento utilizaban los recursos para comprar armas, para enfrentarse con los evangélicos.

El día 25, la Comisión Plural para la Reconciliación del Pueblo Chamula, integrada por diputados locales y otros fimdonarios, suscribió ima carta de intención en la que puso de manifiesto "la voluntad de con-tribuir a la búsqueda de ima solución definitiva al conflicto que desde hace treinta años viven indígenas tzotzües católicos y evangélicos de San Juan Chamula." A la instancia se sumaron representantes de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, de las iglesias evangélicas, de la Secretaría de Gobernación, de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, de los poderes Ejecutivo y Judicial de Chiapas y autoridades del Consejo Mimicipal Chamula. La Comisión Plural consideró que la solución del conflicto "es esencialmente potestad del pueblo chamula, con el'concurso y apoyo de las demás instancias, tanto oficiales como independientes."

No obstante, el grupo de evangélicos chamulas no se presentó a la instalación de la primera mesa de diálogo acordada por la Comisión Plural. La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Religiosos de Gobernación solicitó la participación de los evangélicos para un próximo encuentro, programado para el 15 de diciembre.

Arturo Farela Gutiérrez, presidente de Confraternice, hizo notar que "en Los Altos de Chiapas hay indígenas que profesan la religión evangelista y tina cantidad importante de ellos, quienes apoyaron en su momento al EZLN y al subcomandante Marcos, ahora lo están re-considerando [...] Desde que se produjo el levantamiento en armas, en

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enero de 1994, han transcurrido casi dos años y la gente siente que no ha obtenido ningún beneficio para la comunidad [...] los indígenas, evangelistas en este caso, llegaron a la conclusión de que el movimiento zapatista se ha desviado de sus cauces originales y está politizado en exceso [...] quienes han salido de las filas del EZLN en las últimas semanas están convencidos que en las negociaciones con los represen-tantes del gobierno, los delegados zapatistas, por instrucciones de sus superiores, han hecho a un lado los aspectos sociales de la gente de Chiapas, de las familias indígenas que viven en condiciones miserables en Los Altos, para darle mayor relevancia a las cuestiones políticas de alcance nacional [...] esas posturas los evangélicos las consideran ajenas a ellos, a sus comvmidades y a Los Altos de Chiapas."

Respecto a conflictos de orden agrario, unos días antes la AEDPCh había anunciado el rompimiento del diálogo con Dante Delgado, coordinador del Programa para el Bienestar y el Desarrollo Sustentable de Chiapas, que se había iniciado en mayo de 1995, así como su des-conocimiento del gobierno de Julio César Ruiz Ferro. La AEDPCh exigía el retiro del Ejército Mexicano de las comunidades indígenas, el reconocimiento de un nuevo orden democrático para la entidad sustentado en el "gobierno de transición en rebeldía", una nueva Constitución y un Congreso Constituyente; una nueva ley agraria que atendiera "de manera definitiva" el rezago agrario, reforma al artículo 27 constitucional y reconocimiento de las regiones autónomas.

Asimismo, Gustavo Zárate, dirigente de la AEDPCh, confirmó el día 21, en una carta dirigida al presidente Zedillo, que al iniciarse la "Jomada de Lucha por la Conquista de la Democracia y ima Paz con Justicia y Dignidad", habían sido bloqueadas dieciséis importantes arterias que comimicaban al estado con otras entidades, y que el diálogo con Dante Delgado se había roto, al no encontrar "eco a nuestras demandas."

El 23, Beltrán Antonio Robles Hanssen, subdelegado de la PGR, in-formó que el Ministerio Público Federal había consignado a dieciséis integrantes de la AEDPCh, que habían participado en bloqueos ca-rreteros. Indicó que con esas dieciséis personas, sumaban 34 las consignadas por el delito de ataques a las vías de comunicación. Como vma solución al problema del obstáculo carretero, la Segob propuso a la AEDPCh una reunión con los secretarios de Desarrollo Social y de la Re-forma Agraria. El vocero de la AEDPCh, Gustavo Zárate, indicó que en esa reunión participarían, además, los secretarios estatales de Gobierno, Eraclio Zepeda Ramos, y de Desarrollo Agrario, Luis Enrique Pérez Mota.

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Los conflictos de este tipo no sólo resultaban de las difíciles negociaciones con la AEDPCh. El día 22, en Motozintla, más de medio centenar de campesinos armados se posesionaron de la hacienda cafetalera El Prado, de 120 hectáreas, propiedad de Everardo Soto López, sumando con ésa ocho las fincas en poder de labriegos demandantes de tierras de ese mimicipio, presvmtamente pertenecientes al FPFV y a la OCEZ-CNPA.

El 23, productores asistentes al XVI Congreso Nacional Ordinario de la Unión de Cañeros anunciaron pérdidas por más de 17 millones 500 mil pesos para la zafra 1995/96, como resultado de la invasión de tres mil plantaciones cañeras en los municipios de Socoltenango, Venustiano Carranza y Las Rosas. Los productores responsabilizaron a las organizaciones campesinas Tierra y Libertad, CIOAC-CNPA, OCEZ y Casa del Pueblo, de propiciar esa situación, aprovechando el levanta-miento armado en la región.

El 24, las policías Judicial y de Seguridad Pública del estado de-salojaron a los campesinos que mantenían invadidas las fincas cafetaleras El Prado y Belén, localizadas en el municipio serrano de Motozintla, y aprehendieron a dos presvmtos dirigentes. La PGJE aseguró que no se había tenido que emplear la fuerza pública, ya que, por la movilización de los agentes, los invasores se habían dado a la fuga; sin embargo, en El Prado, que había sido tomada hacía tres días, se capturó a Luis Vázquez Díaz, presunto dirigente de la OCEZ. En el rancho Belén, que había sido tomado ochó meses atrás, al parecer por miembros del Frente Popular Francisco Villa, fue detenido Lucio Pérez Robledo, quien se dijo líder de los labriegos. Las otras seis fincas tomadas en Motozintla continuaban en poder de los invasores.

En otra parte del estado, y luego de 72 horas de haber sido desalojada por elementos de Seguridad Pública y Judicial del Estado, el día 24 fue nuevamente invadida la finca Aurora del municipio de Frontera Comalapa, por militantes de la OCEZ.

El día 26, Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la CIOAC, dijo que, aim cuando la demanda de tierra en el estado de Chiapas superaba las 120 nül hectáreas, la SRA pretendía solucionar el problema agrario con sesenta mil, "y ésta es una oferta limitada que lejos de re-solver el conflicto lo agrava." Agregó que los campesinos habían decidido romper las negociaciones con la SRA y el gobierno del estado para buscar directamente tma entrevista con el presidente Zedillo, "ya que no sólo no se da solución al conflicto agrario y social de la entidad, sino que en los dos liltimos meses la represión se ha recrudecido, al

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grado de que más de treinta dirigentes campesinos han sido asesinados en este lapso." Añadió que la mayor parte de las tierras reclamadas estaban tomadas por los campesinos y grupos indígenas, "y son alrededor de 120 mil hectáreas, sesenta mü más de lo que la SRA está ofreciendo." ,

El día 28, José Narro, de la Cocopa, informó que el presidente Zedillo había designado al secretario de la SRA, Arturo Warman, responsable de dar seguimiento a la evolución de los problemas agrarios en Chiapas y atender los compromisos adquiridos ante las comunidades indíge-nas por el gobierno de la República. También informó que los integrantes de la Cocopa se reunirían "la próxima semana" con el Secretario de la SRA y con el responsable de la Reforma Agraria en Chiapas.

El día 29, la AEDPCh anunció una nueva jomada de movilizaciones para diciembre en todo el estado, la cual incluiría la ocupación de edificios de varios ayuntamientos, marchas y plantones en los municipios más importantes y im segundo bloqueo de las principales carreteras de la entidad. Rechazó, además, la presencia en las negociaciones de Eraclio Zepeda y Enrique Pérez Mota, secretarios de Gobierno y Desarrollo Rural del gobierno estatal. Hizo im llamado al EZLN para que considerara la suspensión del diálogo de San Andrés Larráinzar "mientras el gobierno estatal mantenga el clima de represión, la persecución y los desalojos en contra de indígenas y campesinos integrantes de la AEDPCh."

Por su parte, Dante Delgado Rarmauro celebró que el presidente Ernesto Zedillo hubiera dispuesto la asignación de recursos suficientes para atender la demanda de tierra en el estado de Chiapas, y agregó que se había cumplido la instrucción presidencial de impulsar la su-peración de los problemas en esa entidad mediante el diálogo y la con-ciliación. Indicó que el organismo a su cargo había concluido la captación de demandas agrarias en Chiapas, tras un trabajo que había iniciado el pasado mayo, y que eso había permitido que se íevcintaran minutas con las organizaciones campesinas y pequeños propietarios. En ese sentido, detalló que, previo a las nünutas con las organizaciones citadas, se habían recogido demandas de los campesinos por 94 mil hectáreas, y que estaban pendientes mecanismos de fomento a la actividad productiva, proyectos productivos e infraestructura para el desarrollo. Dijo; "El pro-blema social y político de Chiapas es una vía de dos rieles: las organizaciones sociales y los pequeños propietarios. Por ello se debe guardar el equilibrio y hacer que sea productivo el campo en Chiapas, con factores de armonía y de equidad en el campo chiapaneco."

Unos días antes se habían reunido en Chicomuselo, cerca de la línea fronteriza, unos 250 parvifundistas. El dirigente local de la Confederación

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Nacional de Propietarios Rurales, Fidel Culebro Trejo, declaró que los ganaderos habían perdido la confianza en las autoridades del gobierno estatal y federal, por lo que serían ellos mismos quienes procederían a "desalojar a los delincuentes, pase lo que pase."

Así, el mes terminó en medio de renovadas esperanzas de una solución pacífica al conflicto, gracias al avance obtenido en la segunda fase de la Mesa sobre Derechos y Cultura Indígenas y a pesar de los persistentes conflictos agrarios, políticos, sociales y religiosos que sufría la entidad, sobre todo en las zonas indígenas. Otro suceso alimentó las esperanzas: el día 30, el Presidente de la República realizó una gira de trabajo por el estado.

En Tuxtla Gutiérrez, donde acudió a una reimión de trabajo sobre desarrollo municipal, el presidente Zedillo anunció la canalización a Chiapas de recursos federales por 3,650 millones de pesos para 1996, lo que mantendría a ese estado como la entidad con mayor gasto social federal del país.

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Diciembre, 1995

Diciembre, 1995

Diciembre abrió un compás de espera en la negociación, que presentaba expectativas favorables por el avance en las pláticas sobre Derechos y Cultura Indígenas. El presidente Zedillo

continuó con su gira por el estado, en la que reafirmó su decisión de buscar una salida negociada al conflicto y de encontrar soluciones a las demandas de los indígenas mexicanos. El gobierno federal reiteró su disposición de hallar mecanismos adecuados para incorporar al EZLN al Diálogo Nacional para la Reforma del Estado.

Por otra parte, la Cocopa se reimió con el EZLN y con el Presidente de la República. En diversas juntas, la Cocopa y la Conai negociaron y ob-tuvieron la anuencia del gobierno y el Ejército para la construcción de cuatro centros culturales, los "Aguascalientes", donde a partir del día 28 el EZLN y sus simpatizantes celebraron el segundo aniversario del levantamiento.

Asimismo, se consolidaron los preparativos para el Foro Especial Indígena, que tendría lugar del 3 al 8 de enero de 1996. El diálogo continuaría a partir del 10 de enero, con la plenaria resolutiva de la Mesa I.

Así, durante diciembre el gobierno facilitó al EZLN la realización de diversos eventos, que, presumiblemente, le permitirían avanzar hacia su conversión en fuerza pacífica y legal. Presentes estuvieron, como en todos los meses, los conflictos agrarios, políticos y religiosos, ínter e intracomunitarios, a pesar de los esfuerzos de las instituciones por encontrar acuerdos y soluciones.

La Comisión para el Bienestar Social y el Desarrollo Sustentable de Chiapas, que había sido encabezada por Dante Delgado, fue sustituida por la acción conjimta de diversas dependencias federales y estatales. Sus negociaciones con la AEDPCh fueron, finalmente, infructuosas, aimque se alcanzaron acuerdos con algunas otras organizaciones campesinas.

El EZLN se incorpora al diálogo Nacional para la Reforma del Estado

Al iniciar el mes, el presidente Zedillo se encontraba aún de gira por el estado. El día primero, en Tenejapa, el Presidente hizo suyas las demandas de los indígenas chiapanecos y las resumió en cinco puntos fundamentales:

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1. Seguir trabajando para hacer permanente la recondliadón, con base en el respeto a la ley y en los principios democráticos "que todos promulgamos."

2. Con la participación de la iniciativa privada, reactivar la vida económica del estado, particularmente en aquellas regiones donde el conflicto ha significado grave afectación de la actividad productiva.

3. Seguir trabajando para abatir con mayor rapidez los' graves rezagos sociales que vive Chiapas.

4. Preservar y recuperar los recursos naturales.

5. Seguir dialogando para establecer la instítudonalidad y hacer valer, en el marco de la paz y de la democracia, el Estado de Derecho en la entidad.

Recordó que estaba en marcha una Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígenas, en la que se recabarían a profundidad las ideas y propuestas de las diferentes etnias de México, para encontrar los caminos más adecuados hada la justida, lá democrada, el bienestar y el desarrollo.

En la Cámara de Senadores, Cirila Sánchez Mendoza, senadora por el PRI y presidenta de la Comisión de Asimtos Indígenas, señaló que "los grupos étnicos del país aspiran al respeto de sus derechos in-dividuales y de sus comunidades, formas de gobierno, costvimbres y sus tradiciones, su lengua y sus recursos naturales, sin injerencias de partidos o de autoridades mestizas [...] hada ello se avanza en la Consulta Nacional convocada por el presidente Zedillo [...] la penetración de las sectas religiosas, los partidos políticos y los cacicazgos regionales propician la división en las comunidades, al alterar la convivenda de éstas, por ello se impulsa una nueva legisladón donde las formas de go-bierno sean basadas en los usos y costumbres, de acuerdo con tradiciones irunemoriales, en las que participen todos los integrantes."

También a principios del mes, fueron relevados los comandantes de zona, de guarniciones y agrupamientos militares del Ejército Mexicano ubicados en la zona de conflicto de Chiapas. Entre los cambios, destacó el del general Daniel Nicabardo Velázquez Cardona, comandante de la 31 zona militar con sede en Rancho Nuevo, ubicada a diez kilómetros de San Cristóbal de las Casas, y en la cual estuvo al frente desde principios de 1995. El.militar fue sustituido.por el también general Germán Trejo Zozaya, quien hasta ese momento había sido comandante

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del agrupamiento del Ejército Mexicano en el municipio de Bochil, en el norte del estado. El general Jorge Justiniano González Betancourt, quien se desempeñaba como comandante de la guarnición en San Cristóbal de las Casas, fue designado titular de la 36 Zona Militar, ubicada en Tapachula, en la costa del estado. Ésa fue la primera vez que se relevó simultáneamente a los comandantes de zona, de guarniciones y agrupamientos militares en la zona de conflicto, desde el inicio de 1994, cuando el EZLN le declaró la guerra al Ejército Mexicano.

En el plano agrario, el día primero dirigentes de la organización campesina Arriera Nocturna firmaron un convenio con el gobierno estatal para finiquitar la demanda agraria de esa agrupación, mediante siete mil hectáreas que serían entregadas a los agricultores. El secretario de Desarrollo Agrario estatal, Enrique Pérez Mota, afirmó que por lo menos mil 838 padres de familia de las etnias tzeltal y chol de las regiones Norte y Selva se verían beneficiados con alrededor de treinta millones de pesos que se erogarían para comprar las tierras.

Adicionalmente, la orgarüzación independiente Xi'Nich y el gobierno del estado firmaron un acuerdo agrario, que incluía la compra de siete mil hectáreas de tierras para mil ochocientos campesinos de esa orgarüzación, y el compromiso de ésta de no invadir un predio más y desocupar los que tenía en su poder de forma ilegal. Éste fue el primer convenio agrario firmado entre el gobierno de Julio César Ruiz Ferro y la organización opositora, integrante de la AEDPCh.

En un comunicado, la AEDPCh consideró "un error político grave la decisión de Xi'Nich al firmar el convenio agrario mencionado, en estos momentos cuando el gobierno golpea, desaloja, asesina y encarcela a los luchadores y organizaciones sociales [...] se nos presiona a todas las organizaciones campesinas para que firmemos un finiquito agrario, que significa vender nuestra dignidad y una traición a la lucha agraria de todos los campesinos e indígenas de Chiapas [...] la AEDPCh se deslinda públicamente de la posición asumida por Xi'Nich y llama a sus bases y dirigencias a reconsiderar su posición [...] al mismo tiempo, en el marco de la pluralidad de la AEDPCh, las organizaciones que la integramos, tienen la libertad de tomar sus decisiones y asumir responsablemente sus consecuencias."

Arturo Luna, dirigente de la AEDPCh, declaró: "Chiapas está en guerra, y mientras no se resuelvan las demandas sociales y los conflictos políticos, rezagados desde hace 503 años, para que haya justicia y libertad, no se puede hablar de ima pacificación en el estado." Antes de iniciar una asamblea de dos días para evaluar los resultados de las movilizaciones

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del 20 de noviembre, el dirigente Arturo Lima añadió que el gobierno federal "está presionando a la AEDPCh para que negocie con el gober-nador Julio César Ruiz Ferro, cuyo gobierno ilegítimo no reconocemos."

Respecto al proceso de diálogo con el EZLN, el día 4 se notificó de la suspensión de una reunión programada entre el EZLN y la Cocopa, debido a que la organización armada se negó a asistir "por falta de garantías —ya que— se han observado intensos movimientos de equipo militar en la zona." En realidad, los movimientos militares se debían al relevo y renovación de mandos y tropas en Chiapas.

La Conai, que sí logró verse con el EZLN, afirmó que la reunión del EZLN con la Cocopa sólo se había pospuesto irnos días, mientras se ajustaban las medidas de seguridad. Por su parte, la Secretaría de Go-bernación calificó de legales los movimientos de tropas, en virtud de la necesidad de renovar al personal.

Finalmente, la reunión entre el EZLN y la Cocopa se llevó a cabo el día 13. En esa ocasión, el subcomandante Marcos reiteró que la Cocopa podía trasladar al Congreso de la Urüón las propuestas del grupo armado relacionadas con el Diálogo Nacional para la Reforma del Estado. Dos días después, la Cocopa se reunió con el presidente Zedillo, con quien intercambió puntos de vista para definir la participación del EZLN en el Diálogo Nacional.

El día 16, en un comunicado, el subcomandante Marcos insistió en avanzar en el diálogo de paz con el gobierno, aunque, dijo, "las autoridades no han olvidado la solución armada." Señaló también que el PAN, "tercera fuerza en la disputa por el poder y más priísta que el PRI, no apuesta por democratizar a México, sino por relevar el sistema de partido de Estado con un nuevo sistema, igual de absurdo."

En declaraciones relacionadas con el encuentro entre la Cocopa y el EZLN, Juan Carlos Gómez Aranda dijo que en los recorridos realizados por Guadalupe Tepeyac y La Realidad se había encontrado un ambiente muy favorable, e incluso, "el propio subcomandante Marcos manifestó su reconocimiento al Presidente de la República, a los secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional, por hacer los ambientes fa-vorables para organizar los foros próximos."

Cesar Chávez, miembro de la Cocopa, sostuvo que el reconocimiento por parte del gobierno federal "de que el grupo armado es un actor más del espectro político y que puede incorporarse al diálogo nacional para la Reforma del Estado, en las modalidades que la Cocopa consense con el propio EZLN y el gobierno federal, representa un paso enorme hacia la solución del conflicto."

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El día 17, la Conai extendió un amplio reconocimiento al papel realizado por la Cocopa y sostuvo que, con su participación madura en el conflicto chiapaneco, se aseguraba el camino institucional. No obs-tante, indicó que sería iluso pensar que el sólo cauce jurídico podía garantizar él avance en aspectos como la autonomía indígena, pues "además de las leyes, se requiere de un espíritu de apertura que permita, además del reconocimiento hacia esa peculiaridad en las comunidades indígenas, una apertura que fomente el desarrollo y la evolución de estas poblaciones de México."

Durante las últimas semanas del año, se suscitó una controversia re-lacionada con la construcción de cuatro "centros culturales y recreativos" realizada por el EZLN en las comimidades de La Realidad, Oventic, La Garrucha y Ejido Morelia. El Ejército se oponía a la construcción de tales centros, dada su preocupación por la posibilidad de que éstos fueran a servir como bases de entrenamiento, acopio de armas o algún otro fin táctico o estratégico de carácter bélico. A su vez, el EZLN denunció hostigamiento en las localidades mencionadas, y negó que los centros, denominados "Aguascalientes", tuvieran algún propósito no pacífico.

Ante esta situación, se consideró conveniente buscar algún acuerdo, con la participación de los organismos de coadyuvancia y mediación. El 26 de diciembre, tras una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Cocopa y la Conai, se anunció que se había alcanza-do vm principio de acuerdo para la distensión militar en el estado, así como una reducción de los patrullajes del Ejército y la anuencia gubernamental para la construcción de los "Aguascalientes" y la realización en éstos de actividades culturales con motivo del segundo aniversario del levantamiento.

Este incidente, al que se conoce como "la crisis de los Oventics", pudo ser solucionado sin mayores consecuencias debido a la oportuna intervención de las autoridades civiles, a la buena disposición del Ejército Mexicano y a la tarea de los organismos de coadyuvancia y mediación.

El día 28, el gobierno hizo un llamado al EZLN "para que adopte tma conducta responsable y seria y para que ofrezca garantías sobre el de-sarrollo de los actos previstos para iniciarse el día de mañana, a efecto de que transcurran tranquilamente y con apego a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas."

Ese mismo día, en el mensaje inaugural del Encuentro de Comunidades Indígenas en Oventic, el CCRI-CG del EZLN afirmó que los nuevos "Aguascalientes" eran para la construcción de la paz justa y de un país democrático y libre. El Encuentro se desarrolló pacíficamente

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y sin incidentes negativos, con todas las garantías por parte de las autoridades.

El día 30, Guillermo del Río Ortegón, de la Cocopa, aseguró que la firma de la paz en Chiapas estaba cercana: "Todo indica que si hay buena fe, no habrá obstáculos y las dos partes, gobierno federal y EZLN, demostrarán que con las armas de la razón pueden concluir una guerra. Esto podría formalizarse a partir del 10 de enero, en que se iniciará la tercera fase de las negociaciones [...] Nadie puede negar que el gobierno federal, en coordinación con las autoridades del estado, han canalizado fuertes inversiones para mejorar las condiciones de los indígenas. Hay nuevos caminos, hospitales, escuelas y apoyos para la producción en el campo. La inversión no sólo del gobierno, sino también de la iniciativa privada, se ha empezado a canalizar para crear nuevas fuentes de empleo y reactivar la economía estatal."

Así, durante diciembre se abrió el camino para apoyar la conver-sión del EZLN en fuerza política pacífica y legal, al facilitarse la rea-lización de los festejos por el segundo aniversario del levantamiento, la celebración del Foro Especial Indígena (del 3 al 8 de enero de 1996), y la tercera fase de la Mesa I, del 10 al 19 de enero, en la que las partes con-sensaron los documentos de acuerdo que serían firmados en febrero de 1996.

Mientras estos acontecimientos se desarrollaban, el contexto estatal seguía presentando conflictos de orden político, agrario y religioso. En algunos de ellos se registraron avances, pero otros se estancaron. De igual manera, se realizaron algunos eventos indirectamente relacionados con el diálogo entre el gobierno y el EZLN.

El día 4, 36 familias tzeltales expulsadas de las comunidades de Ahuacatenango y El Puerto, en el municipio de Teopisca, anunciaron que se estaban organizando para retornar "por su cuenta" a sus pue-blos, después de que el gobierno del estado se había "negado a brindarles garantías." Desde el mes de enero de 1995,186 indígenas se encontraban refugiados en los barrios de San Sebastián y El Ramajal, del mismo mimicipio; Juan López y Javier León informaron que sus agresores habían destruido 34 viviendas y que se habían visto obligados a aban-donar unas 112 hectáreas de tierra.

El día 6, indígenas expulsados de San Juan Chamula y diversas organizaciones evangélicas manifestaron su disposición a reanudar el diálogo con los católicos el 15 de diciembre, a condición de que el go-bierno estatal les diera im informe detallado de los avances para hallar ima solución "pacífica, duradera y con verdadero sentido de justicia."

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En una carta dirigida a la Comisión Plural para la Reconciliación y al gobernador del estado, los indígenas desterrados pidieron la presen-tación de un informe sobre las investigaciones para aclarar el paradero del protestante Agustín Pérez López. También pidieron información de lo realizado sobre la situación de unos trescientos niños evangélicos, a quienes no se les permitía ir a la escuela en los parajes chamulas.

Durante la realización de una Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA) acordó participar en el Foro Nacional Indígena del EZLN y advirtió que "con el incremento y despliegue de fuerzas militares gubernamentales en la Selva Lacandona está amenazado el proceso de paz." A esta asamblea de la ANIPA asistieron quüüentos delegados de 149 organizaciones, de 31 pueblos indios radicados en 21 estados de la República; asimismo, participaron delegaciones de indígenas quiché, kakchiquel y q'echi, de Guatemala; de los pueblos apaches, dinhe, seminol y nahoas, de Estados Unidos, y de organizaciones invitadas de Canadá y Dinamarca. En asamblea plenaria, los indígenas acordaron como "plan de acción de 1996" declarar regiones autónomas en todo el país, "respetando el proceso y las con-diciones de cada estado o región"; convocar para el mes de octubre un Tribimal de los Pueblos Indios de México, en el cual revisarían su historia y "la barbarie dominante racista con la que nos han tratado por siglos."

El día 11, los líderes Domingo López Ángel y Abdías Tovilla Jaime, de la CEDECH, reiteraron que no participarían en la Comisión Plural para la Reconciliación del Pueblo de San Jüan Chamula —creada después del cruento enfrentamiento en Arvenza 1— "nüentras no renuncie el pro-curador general de justicia del estado, Jorge Hernández Aguilar, y el subprocurador indígena David Gómez." Domingo López Ángel dijo que "los caciques chamulas están preparando un nuevo ataque en la comunidad de Cuchulumtic. Lo quieren hacer el mismo día 15 de diciembre, cuando estén en la reunión de la Comisión Plural, para demostrar que no son ellos los que encabezan los enfrentamientos; ése es el plan de las autoridades chamulas."

El día 15, católicos tradicionalistas y evangélicos de San Juan Chamula acordaron con la Comisión Plural para la Reconciliación de San Juan Chamula, de la LIX Legislatura local, tma tregua "que se mantendrá por tiempo indefinido, comprometiéndose a respetarla mientras exista el diálogo, lo que representa un importante paso para terminar con la violencia que ha prevalecido durante décadas en la región." Convinieron aplicar la ley sin distinción de grupos en ese municipio, después de que los evangélicos habían aceptado rerniciar el diálogo para la reconciliación

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del pueblo, al confirmarse la detención de Antonio Jiménez Gómez, alias Antorüo Shilón Pérez o Chiquito Carranza, presunto responsable del secuestro del evangélico Agustín Pérez López.

El presidente de la Comisión, Juan Roque Flores, y el director gene-ral de Asuntos Religiosos de la Segob, Armando López Campa, calificaron la reimión como fructífera, ya que se habían dado pasos significativos al lograr establecer un acuerdo entre los grupos de evangélicos y católicos locales. Señalaron que las autoridades tradicionales habían entregado un documento al gobernador Julio César Ruiz Ferro, donde se comprometían a no obstaculizar el acceso de los niños evangélicos a los centros escolares de las comunidades Arvenza I y n, de ese municipio.

El representante de los católicos tradicionalistas, Manuel Hernández, manifestó que en el acuerdo se exponía que la "aplicación de justicia será igual para los indígenas católicos y evangélicos." Incluso se determinó mantener vina tregua de no-agresión, además de aceptar la creación de una comisión y subcomisión que verificarían la procuración de justicia en el municipio. A su vez, el representante de los eyangélicos, Salvador Collazo Gómez, indicó que se habían dado avances en esa reunión, pero que la PGJE debía "esclarecer el paradero dé Agustín Pérez López, desaparecido en septiembre pasado."

El día 16, en medio de im clima de tensión, se llevó a cabo, de manera parcial, el retorno de doscientos indígenas tzeltales evangélicos expulsados a las comunidades de El Puerto y Ahuacatenango. En este último lugar, la comunidad retiñida en la plaza de armas impidió la entrada a unos cincuenta indígenas, a pesar de la presencia de policías armados con metralletas. Temprano, los líderes evangélicos Esdrás Alonso y Abdías Tobías, en compañía del diputado local Domingo Ló-pez Ángel —imo de los 25 mil chamulas evangélicos expulsados— se reunieron con el subprocurador Gustavo Moscoso y el subsecretario de gobierno, Uriel Jarquin, para encabezar el retomo de los tzeltales ex-pulsados a mediados de ese año. La decisión del regreso de los expulsados por cuestiones religiosas se tomó sin haber llegado a un acuerdo con las dos comunidades tzeltales, ubicadas a irnos cuarenta kilómetros de San Cristóbal de las Casas.

El día 17, el procurador de justicia del estado informó que ya había sido encontrado el cuerpo del indígena evangélico Agustín Pérez López, secuestrado el 20 de septiembre por católicos tradicionalistas del municipio de San Juan Chamula. Ápuntó que, luego de una intensa búsqueda, en la que detuvieron al presunto secuestrador Antonio

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Jiménez Gómez, alias Chiquito Carranza, los cuerpos policiacos habían hallado el cadáver en las cercanías de la carretera del mimidpio alteño de Chenalhó.

El día 18, la Sedeña anunció la creación de una nueva zona militar en Ocosingo, Chiapas, dentro de la Vn Región Militar, lo cual, según la dependencia, "responde sólo a cuestiones geográficas y al objetivo de ejercer un mayor control en las operaciones que se realizan en esa área." La Sedeña rechazó que la creación del nuevo "mando militar" fuera a provocar un incremento de efectivos o materiales de guerra, o que tu-viera alguna relación directa con el conflicto armado en esa entidad. Por otra parte, el nombramiento del general de brigada Jorge de Jesús Wabi Rosel como comandante de la 39 Zona Militar en Ocosingo, se siraió a los 22 relevos en mandos castrenses que en regiones y zonas militares habían tenido lugar a partir del primero de diciembre. La Sedeña señaló que esos cambios eran de rutina.

El día 20, el general Mario Renán Castillo informó que el Ejército no pondría en marcha operativos especiales durante la realización de los festejos por el segundo aniversario del levantamiento zapatista, que tendrían lugar a partir del día 28.

El día 21, en Villa Comaltitlán, más de cien integrantes de la OPEZ invadieron el ejido 23 de octubre, luego de desalojar violentamente a imas sesenta familias, según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado. Presimtamente dirigidos por Hernán Villatoro Barrios, los labriegos llegaron al ejido y amenazaron a los pobladores para que abandonaran sus chozas, argumentando que esa tierra "les correspondía."

En medio de estos y otros conflictos, las instituciones estatales y fe-derales continuaban con su tarea de atender las necesidades sociales de Chiapas. El día 7, la Secretaría de Gobernación informó que, "en virtud de que la Coordinación del Programa de Bienestar Social y Desarrollo Económico Sustentable para el estado de Chiapas ya cumplió sus funciones", sería sustituida por tres instancias que coordinarían tareas con el mismo propósito. El organismo, encabezado desde febrero de 1995 y hasta noviembre del mismo año por Dante Delgado Rannauro, fue desplazado por el trabajo conjunto de tres secretarías. El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, informó de la decisión anterior a representantes de la AEDPCh. A la entrevista acudieron, por la AEDPCh Rubicel Ruiz Gamboa y Arturo López, de la OCIVC; Wilmar Juachin, de la CNPA-OCEZ; Caralampio Gómez y Efraín Morales Arroyo, de la OPEZ; Candelaria Ramírez, José Domingo Hernández y Jorge Arturo

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Ltma, de la CIOAC, y Trinidad Martínez. Adicionalmente, Delgado Rarmauro fue removido como Procurador Agrario y en su lugar fue nombrado el diputado federal por Veracruz, Dionisio Pérez Jácome.

Por esas fechas se informó que los servicios coordinados de salud de la zona fronteriza habían ejercido un millón quinientos mil pesos en infraestructura médica, en atención a 115 comunidades rurales de la re-gión, donde habitan 48 mil indígenas y campesinos. El director de la jurisdicción sanitaria 111, Carlos Esquinca Albores, señaló que la mayor parte de los recursos, aplicados entre octubre de 1994 y el mismo mes de 1995, se habían destinado a cincuenta y cinco comunidades. Esa acción se efectuó con el fin de contrarrestar en esa área los brotes de enfermedades infectocontagiosas en la población infantil.

El día 20, el INI informó qué durante 1995 había ejercido dos millones ochocientos mil pesos en la implantación de sesenta proyectos pro-ductivos, en igual número de comunidades de diez mimidpios de la Sierra Madre de Chiapas, para beneficiar a miembros de las etnias mame, mocho y cakchiquel. Fueron beneficiados un poco más de cuatrocientos productores de maíz, frijol, miel, hortalizas, ganado ovino y bovino, entre otros.

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud, dijo que el presupuesto destinado en 1995 a ampliar la cobertura de los servicios de salud a la población no derechohabiente en el estado de Chiapas, había ascendido a 472 millones de pesos, lo que se reflejó en la rehabilitación y reequipamiento de 73 nuevas vmidades móviles.

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Chispas: crónica de una negociación primera par te

Impreso en los talleres d e Espiral Editora SA d e CV

Aniceto Ortega 817-301, Col. del Valle México. DF.

La edicio'n consta d e 2 5 0 0 ejemplares

marzo de 1999

Para evaluar en toda su magnitud el esfuerzo reflejado en estas crónicas que presentan Marco Antonio Berna! y Miguel Ángel Romero, se debe hacer historia y prospectiva. Se debe recurrir a la memoria contra el olvido.

El que le tocó encabezar a Bemal, fue el más ambicioso de todos los procesos de pacificación que se han dado en estos cinco años y el más frustrante porque, siendo el único que estuvo realmente cerca de llegar a acuerdos de fondo, fracasó por la falta de voluntad política de muchos actores, por las ambiciones personales de otros, e incluso devino, posteriormente, en un retroceso que se reflejó en la masacre de Acteal.

Primera edición.