II PARTE

LA SEPARACIÓN DE PANAMÁ

Y SUS CONSECUENCIAS INMEDIATAS

Victoriano Lorenzo, epílogo de una confrontación político-social y proemio de un devenir diplomático vergonzoso

Arturo Guzmán

INTRODUCCIÓN

El punto axial de mi intervención apunta, en primera instancia, a verificar el significado que representa el caudillismo de Victoriano Lorenzo en el contexto social de un grupo marginal del terruño patrio; por otra parte, a mostrar ciertos nexos entre el escenario istmeño y la geoestrategia expansionista imperialista de los Estados Unidos a finales del decimonono y comienzos del XX. Con este pro­pósito, básicamente, divido mi exposición en dos áreas: la biografía del personaje y la cuestión social, y la inserción del Istmo de Panamá en los planes imperialistas norteamericanos. Por último, avanzo unas reflexiones a manera de lecciones para el porvenir.

Desde el punto de vista historiográfico, aunque modestas en el análisis, generosas han sido las contribuciones de especialistas y legos panameños a favor del esclarecimiento del sitial que le corresponde a Victoriano Lorenzo en los lauros de la historia patria panameña de finales del XIX e inicio del XX. Igualmente, hay que reconocer que no han faltado escritos, aunque marginales, de estudiosos co­lombianos. A ellos nuestro agradecimiento.

En términos generales, los puntos focales de los estudios muestran un in­terés por su accionar como líder comunitario, la participación como guerrillero en la guerra de los Mil Días y el juicio que lo condujo al fusilamiento.

Las primeras menciones del caudillo indígena corresponden a la literatura generada por los copartidarios y detractores de leva, donde, por un lado, están los que escriben sus remembranzas sobre la contienda fratricida y, por otro, motiva­dos por el acoso de la opinión pública, los que en un esfuerzo de desahogo inter­no hacia la infamia cometida con el mártir, endilgan con dedo acusador a miem­bros del bando liberal por no haber podido evitar semejante latrocinio. Al primer

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grupo corresponden Lucas Caballero, Víctor Manuel Salazar, Manuel Antonio Noriega, Domingo De la Rosa y Donaldo Velasco, entre otros1. Al último grupo pertenecen principalmente Eusebio Antonio Morales, Belisario Porras, Juan José Mendoza Q. y Juan Arosemena Quinzana, para sólo citar algunos autores2.

En cuanto a la historiografía nacional panameña posterior a los momen­tos liminares, ésta empieza a generar frutos, poco antes de promediar el siglo pasado, con la narrativa de Rubén Darío Caries, y en adelante con las reflexiones de Ernesto Castillero Reyes, Diógenes De la Rosa, Jorge Conté Porras, Humberto E. Ricord, Alvaro Menéndez Franco y un sinnúmero de aportes parciales3. Este bregar académico no ha sido en vano, ya que hoy-a cien años de su desaparición física- el concepto que prefigura al legendario personaje nimba la lucha que li­bran los sectores populares organizados de Panamá, tales como el movimiento estudiantil, los sindicatos obreros y los profesionales de la educación.

1 Lucas Caballero es autor de Memorias de la Guerra de los Mil Días. Víctor M. Salazar escribió Memorias de la Guerra. Manuel Antonio Noriega redactó Recuerdos históri­cos de mis campañas en Colombia y en el Istmo: 1867-1877; 1885-1886; 1900-1902. Domingo S. De la Rosa nos legó para la posteridad Recuerdos de la Guerra (1899 a 1902); Cauca y Panamá. Donaldo Velasco publicó La Guerra en el Istmo. 2 Eusebio Antonio Morales redactó el artículo "Prisión y proceso de Victoriano Lorenzo. Mi testimonio". Aunque con menor protagonismo, Belisario Porras escri­bió sus proezas y descargos en la obra Memorias de las campañas del Istmo 1900; Juan José Mendoza Quirós es autor de Mis memorias sobre el General Victoriano Lorenzo 1900-1902 y Juan Arosemena Quinzana ofrece algunos pasajes titulados La Guerra de los Mil Días. 3 En 1950, Rubén Darío Carlos publica Honor y paz en el Istmo. Su investigación se puede considerar, hasta ese momento, como la más completa biografía de la guerra de los Mil Días en Panamá. Ernesto Castillero Reyes inició en 1953 un alegato sobre Victoriano Lorenzo, donde el personaje no sale bien librado. Como contraparte, en este sentido, el gran ensayista Diógenes de la Rosa escribe Victoriano Lorenzo, el cholo en armas (puntos de vista). Jorge Conté Porras se puede considerar el histo­riador que más líneas le ha dedicado hasta ahora al cholo guerrillero. Su obra se encuentra dispersa en una multiplicidad de artículos en periódicos y boletines lo­cales. Como ejemplo cito el trabajo "Victoriano Lorenzo, el guerrillero de las sie-pras". El tema del cholo guerrillero empezó a trillarse en los periódicos con gran despliegue a partir de 1966, cuando desde una propuesta oficial se empezó a valo­rar al personaje. En la obra de Humberto E. Ricord titulada Panamá en la Guerra de los Mil días, si bien obedece a una visión general del conflicto, llama la atención el gran aporte del jurista en cuanto al análisis del juicio que se le siguió a Victoriano Lorenzo. Recientemente -en mayo de 1903- apareció la contribución de Herbert G. Nelson A., titulada Victoriano Lorenzo en la Historia de Panamá. En realidad este escrito constituye un panegírico del héroe codesano, en el que se interrelacionan hechos y percepciones cargadas de emotividad.

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La conmemoración oficial del centenario, con sus ribetes elitistas, tiene su expresión contestataria popular en el aforismo filosófico que acuñó el cholo gue­rrillero de la serranía codesana que reza "la pelea es peleando".

VICTORIANO LORENZO Y LA CUESTIÓN SOCIAL

¿Quién es Victoriano Lorenzo? ¿Quién es esta figura histórica tan controversial que en un momento es elevado al pedestal de la Patria y colocado en un nicho de destellos cual oráculo de un porvenir, y en otro es soterrado por el propósito más vil de una inteligencia calcinada por humores ideológicos de quinta esencia?4

Esta son preguntas que caben, ante un medio frivolo y poco dado a inmor­talizar los afanes patrios como lo es nuestro Panamá; no obstante, la aureola de combatiente social del cholo guerrillero asoma lozana en la memoria colectiva de las capas populares panameñas, cuando también se cumplen 100 años de su mar­tirologio.

Motivos metodológicos me conducen a dedicarle unos párrafos biográfi­cos a este insigne hijo de la gleba panameña, dentro de la carga social que explica y da sentido a su existencia primaveral, sin que prescinda a ratos del obligante dato anecdótico. Para lograr lo propuesto, me detendré a analizar las muy escasas cartas que generara Victoriano, desde la celda, con el propósito de acercarme al conocimiento de su ser humano, con sus virtudes y fragilidades, su ideario y con­cepción sodal de su pueblo5.

Victoriano nace en la segunda mitad del siglo XIX en el caserío de El Cacao, hoy jurisdicción del distrito de Capira, en la región Oeste de la provin­cia de Panamá. Fueron sus padres Rosa Lorenzo y María Pascuala Teolla, cam­pesinos de una no muy lejana estirpe indígena del grupo Ngobe Buglé y que, en virtud del proceso de aculturación hispana que asimiló a este sector desde si­glos anteriores, se les califica de manera un tanto despectiva como "cholos" (Caries, 1966). Según un estudio reciente del pasado año 2000, relacionado con las "raíces y cepas familiares" del héroe, además de una hermana, se le identifi­can tres hermanos.

4 La figura de Victoriano Lorenzo ha sido analizada desde la óptica histórica, pero también figura en el género ensayo, como tema en el parnaso panameño y con elegías novelescas. Tal es el caso de la novela didáctica del laureado escritor Carlos F. Changmarín, El guerrillero transparente (Victoriano Lorenzo). 5 Nuestra historiografía ha destacado al personaje con matices de héroe fulgurante, corriendo el riesgo de haber descuidado el análisis de las pocas evidencias que dejó el guerrillero, en cuanto a la percepción que tenía del pueblo que representaba. Desde esta perspectiva merecen considerarse las elucubraciones clásicas e impeca­bles, por lo cadencioso de la prosa, de los autores Diógenes De la Rosa y Alvaro Menéndez Franco.

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De la pareja formada con María de los Ángeles Zamora engendró una hija llamada Victoriana Lorenzo, ya fallecida, a la cual sobreviven tres hijos y un nú­mero no determinado de bisnietos (Gutiérrez, 2002). Por cierto, inexplicable­mente las investigaciones realizadas en nuestro medio negaban o desconocían la existencia de la prole del héroe, cuando en realidad era de dominio público en el poblado de Llano Grande, jurisdicción del Distrito de Chame, la descendencia de Lorenzo por la rama de su hija Victoriana6.

Victoriano fue un campesino que a la edad de nueve años fue tutelado por el reverendo jesuita de la parroquia de Capira, Antonio Jiménez, bajo la autoriza­ción de su padre Rosa Lorenzo. El talento y su disposición diligente en los años que permaneció en el recinto edesial capireño bastaron para que gozara de la estima del sacerdote y se desempeñara como sacristán.

A los 25 años, en 1889, es nombrado por el alcalde de la provincia de Coclé, Eligió Ocaña, como "rejidor" de los sitios de Trinidad, Cacao y Cirí; cargo que con anterioridad había desempeñado su padre (Conté Porras, 1978: 7). Un año después, en 1890, se matrimonia con María Lorenza Moran, pero esta unión zo­zobra dos años más tarde cuando es recluido en la cárcel de las Bóvedas en la ciudad de Panamá, al declarársele culpable del homicidio de Pedro de Hoyos o Espejos, un lugareño de Sincelejo, departamento de Bolívar, quien le disputaba la jurisdicción administrativa de regidor, y en consecuencia el cobro de los impues­tos "del trabajo personal subsidiario, pecuario y los de diezmos y primicias" de los caseríos de dichos parajes, a favor de la alcaldía de Capira (Obando Quintero, 2003: 5).

De la correspondencia generada en el despacho de Victoriano sobre dicho conflicto, se colige que como autoridad es respetuoso del principio del orden y la jerarquía y, además, consistente en penar la transgresión de la estima y el honor de su persona. Es por ello que denuncia ante el señor prefecto de Coclé las "ame­nazas, y con su carácter de hombre de otros lugares", las tropelías del citado Ho­yos (Obando Quintero, 2003: 7). Puntualiza en los vejámenes padecidos por su detención la presencia amenazante de "escopetas, puntas y terserola" y su con­ducción hacia Capira caminando "amarrado" por espacio de dos horas. Además, enfatiza que si tal acto no es penado por el señor alcalde de Penonomé, entonces él hará justicia y "después que no lo persigan". En este último pasaje, es evidente que se desborda la indignación del individuo que siente que no alcanza a ser asistido por el imperio del derecho.

Tal vez algunos intérpretes de la vida de Victoriano calificarían esta con­ducta como propia de un serrano o montaraz que no conoce términos medios o

6 Dado que tengo raíces por la rama paterna en el poblado de Llano Grande, me consta la existencia de los parientes que le sobreviven a Victoriano Lorenzo.

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conciliadores, pero sería una apreciación improcedente si se tiene en cuenta que posiblemente el remedio del conflicto estaba en delimitar las jurisdicciones res­pectivas de los distritos de Capira y Penonomé. No obstante, ésta resulta una voluntad administrativa que dista de ser efectiva, por cuanto los resortes del apa­rato estatal en esta materia son frágiles, o los asuntos indígenas del derecho posi­tivo no fueron prioritarios en la agenda del Estado colombiano, si exceptuamos la promulgación de la Ley del 4 de junio de 1870 relativa a la reducción de indios y sus implementaciones de 1871 que procuran un territorio para la etnia Dule o los llamados Cunas (Turpana, 1991: 4b)

No hay que desconocer que en el mundo doméstico istmeño de aquellos días, siendo presidente del Estado de Panamá Buenaventura Correoso, se pro­mulga la Ley 19 de 12 de octubre de 1868 relacionada con la creación de "Reser­vas o resguardos indígenas", cuyo propósito es garantizar tierras comunes a los indígenas. De paso se dictan disposiciones sobre el régimen administrativo espe­cial, que reconoce la tutela de la Iglesia Católica, como aquella que ordena que "los Gobernadores de Indígenas deberán cumplir por sí o por medio de sus agen­tes las órdenes legales de las autoridades, que tengan por objeto hacer compare­cer a los indígenas para prestar algún servicio público o acto para el que estén legalmente obligados" (Conté Porras, 1996: 5).

En este apartado que se relaciona con asuntos jurisdiccionales, resulta im­perativo puntualizar que el diferendo Capira-Penonomé hunde sus raíces en la institucionalidad de la citada figura colonial del siglo XVIII conocida como ca­bildo indígena, y que en el caso de la región de San Juan Bautista de Penonomé comprendía los territorios de Donoso, Capira y el Chagres. Como esta corpora­ción atiende la custodia de las tierras comunitarias -es decir, los llamados res­guardos- en común vínculo protector que dispensan las autoridades eclesiásti­cas, este concepto logró arraigo tradicional en Coclé. En tales circunstancias, no extraña que la imprecisión de la delimitación de estas circunscripciones arrastra­ra añejas disputas, como la que ocurre entre las comunidades de La Huaca, Cirí y el Cacao, y la pretensión que "reclama para sí la población de Capira" en 1878 {Ibid)7.

Es probable que el régimen socio-político-cultural que dicha figura signi­fica y el peso institucional recobrado por la Iglesia durante el período de la Rege­neración colombiana, retardaran aún más cualquier cambio en esta materia. En cuanto a la disputa que protagonizaron Victoriano y Pedro de Hoyos, como las autoridades competentes no deslindaron oportunamente las diferencias entre

7 El aporte de Conté Porras, sobre las autoridades tradicionales y la jurisdicción, cobra dimensiones racionales en las correspondencias de Victoriano Lorenzo, ya que con anterioridad no se le había encontrado una explicación lógica a la disputa de mando de los "regidores" Victoriano Lorenzo y Pedro de Hoyos, como veremos más adelante.

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ambos funcionarios, a la postre, los abusos cometidos por el citado Hoyos termi­naron en su desenlace fatal.

Victoriano debió permanecer encarcelado hasta los primeros meses de 1899, a pesar de haber alegado su legítima defensa y estar asistido por un abogado ta­lentoso como Carlos A. Mendoza, que además de ser copartidario gozaba de un prestigio profesional nacional (Mendoza, 2003)8. Este prolongado confinamien­to, si bien trunca una oportunidad de potencialidades que se observan en el joven dirigente, le proporciona la oportunidad de biselar sus conocimientos y relacio­narse con prestantes figuras del liberalismo panameño como Belisario Porras y Carlos A. Mendoza con los cuales su padre mantenía amistad previa.

A su salida del presidio, en julio de 1899, debió actuar como "gobernador de indígenas" que es un cargo de una autoridad tradicional étnica, según lo he­mos demostrado, y no sinónimo de "rejidor" como lo han confundido hasta ahora los estudiosos del procer codesano, porque esta responsabilidad es un compo­nente muy propio de la estructura administrativa heredada de la cultura hispana, pero debidamente adaptado al medio americano. Investido de este liderazgo nato, actúa como vocero del depauperado grupo aborigen del "distrito de Penonomé" que se siente asediado por los impuestos, los maltratos y carentes de garantías frente al ejercicio de los "alcaldes" y los "regidores", según lo denuncia mediante un "memorial" que envía al despacho del vicepresidente de la República (Obando Quintero, 2003: 9-11). Mas su gestión ante las autoridades de Bogotá no tiene efectos.

Ciertamente hay que reconocer que en un momento del largo confina­miento en la cárcel que padeció Victoriano, en 1897 una vocería similar la desem­peñó un coterráneo llamado Venancio Agraje Troya, quien informa al goberna­dor de Panamá, Ricardo Arango, sobre "las contribuciones que nos obligan a pagar con la presencia violenta y amenazante de los miembros del ejército es el impuesto personal, un peso con cincuenta centavos o de trabajo personal forza­do, y hasta cinco pesos por el impuesto de degüello de cada res vacuna, y dos pesos de cerdo" (Conté Porras, 2002; Caries, 1966)9. Semejante exacción onerosa que la nación indígena de Coclé debía cancelar al fisco departamental, se traduce a través del vocero en un fatalismo grupal, al quedar al desnudo que ni el proyec­to político estatal, otrora de los "radicales", con sus dogmas civilistas, de libertad individual, y la convivencia del hombre como ser civilizado; ni el establecimiento

8 En esta obra se publica el conocido alegato de Eusebio A. Morales titulado "Mi testimonio" (1903), el cual trata sobre la detención y las gestiones del Dr. Morales contra el juicio de Lorenzo. J Todo parece indicar que este personaje llegó a ser el segundo "gobernador de los indios" de las montañas de Coclé, escogido en elección popular con base en la Ley 89 de 1890, pero fue depuesto por el cura de Penonomé porque lo consideró "sub­versivo".

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de una administración centralista vigente para entonces, en la que se determina que la soberanía residiría en la nación como un todo, habían permeado a esta sociedad marginal. ¡Qué lejos está la aplicación del ideario de la República de Ciudadanos con que soñaba Colombia! La igualdad es un concepto etéreo, un elemento usual de la retórica político-partidista de los bandos en pugna (Mendoza y Stamato, 1996: 11-29)10.

La denuncia de una "raza indígena pobre de solemnidad, siempre abando­nada, siempre desconocida, y a la que pocas veces se le quiere escuchar", es per­cepción y realidad de los propios afectados. Y como "sabemos -agrega el líder Venancio- que el gobierno no tiene facultades para conceder a los indígenas to­das las garantías, como antiguos habitantes de Colombia", solicita que les conce­da la posibilidad de pagar los impuestos, como era costumbre, "trabajando en el mantenimiento de los caminos en buen estado" y que se pueda consumir carne de res o de cerdo en la comunidad, por lo menos una o dos veces en el año. Dichas peticiones, según una carta de Victoriano Lorenzo con fecha de 7 de julio de 1899, tuvieron por respuesta una "resolución" que fue remitida al señor prefecto de Coclé y de ese despacho "no se ha tenido conocimiento de ella hasta hoy" (Obando Quintero, 2003: 11).

Retomando a nuestro personaje Lorenzo, un año después de su salida del presidio, en junio de 1900 se incorpora con un grupo de cholos codesanos a la guerra civil político-partidista, de manera aparentemente circunstancial, cuando el caudillo liberal panameño, Belisario Porras, le encarga al grupo de 200 indivi­duos que comanda, que transporte un parque de guerra desde San Carlos a las inmediaciones del poblado de La Chorrera, que está a 35 kilómetros de las gote­ras de la ciudad de Panamá, para el asalto final en julio del mencionado año.

Sabido es que el ejército liberal fue aparatosamente derrotado en el Puente de Calidonia. En este episodio trágico Victoriano no tiene participación alguna, dado que las armas y demás pertrechos encomendados a su persona quedaron a la espera de ser reclamados por los jefes liberales, pero esto no se dio. El jefe indígena se devuelve con el valioso cargamento y lo atesora en la montaña, hasta nueva orden (Sisnett, 1972)".

Con ese lamentable suceso se cierra la primera campaña en el Istmo, la cual fue fugaz, pues sólo duró cinco meses. Pero, paradójicamente, este desastre también compromete decididamente a Victoriano en el nuevo rumbo del con-

10 En cuanto al cambio del curso político administrativo del Istmo en estas calendas, merece consultarse la obra de Baltasar Isaza Calderón, titulada Historia de Panamá, 1821-1916. Carlos A. Mendoza y su generación. 11 Manuel Octavio Sisnett. 1972. Belisario Porras o la vocación de la nacionalidad. Panamá: Imprenta Universitaria. Para una comprensión amplia sobre la primera campaña de la guerra de los Mil días en el Istmo, merece la consulta de la hasta ahora insuperable biografía del Dr. Porras, escrita por Manuel O. Sisnett.

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flicto en los escenarios panameños, toda vez que desde octubre lidera las nuevas operaciones mediante la modalidad guerrillera, que a partir de entonces se gene­ran en la región codesana y parte de la veragüense. La lucha liberal armada man­tiene hálito, sobre todo por el accionar de dos focos guerrilleros: el del coronel Manuel Patino y el general Manuel Antonio Noriega en las regiones de Chepo y llanos de Coclé -entre noviembre de 1900 y mayo de 1901- y, sobre todo, el del capitán Victoriano Lorenzo en los alrededores de Penonomé y la serranía, que desde esta ciudad se prolonga hasta Veraguas, con su asiento en el sitio de La Negrita12.

La incorporación inicial de Victoriano Lorenzo en la guerra de los Mil Días, la explica Porras en función de que fue un pacto en el que convergen dos motiva­ciones: el desplazamiento o alejamiento de los líderes liberales del poder político -condición que llama "descastados y filibusteros sin patria"- y la necesidad de reivindicaciones sociales de la cholada codesana, la cual caracteriza como "una raza de proscritos en la Cordillera, a donde los arrincona cada día más la codicia de la torpe autoridad de nuestra tierra" (Escarreola, 2002)13.

Para el caudillo azuerense Belisario Porras parecía que ambas situaciones tenían algo de "desgracia común" y por ello, para incorporar al sector liderado por Lorenzo a la contienda, aprovecha el malestar social de la situación excluyen-te en que secularmente han vivido y les promete "redimirlos del inicuo pago del diezmo y de otras cargas". Promesas de una retórica demagógica o no en aquel momento, lo cierto es que uno de los actos administrativos que llevó a cabo Po­rras, como presidente de la República de Panamá durante su primer período, fue promulgar el Decreto 44 de 27 de junio de 1914, por medio del cual se crea la reserva indígena de Coclé (Conté-Porras, 2001: 9)

Quizás este acto marcó un hito inicial en la lucha reivindicativa, que al amparo del pendón liberal, libraron los indios codesanos en los funestos años de 1900-1902. Por lo demás, ni hablar, todo indica que todavía en 1953, después de varias administraciones liberales, "seguían vigentes el pago del diezmo para la iglesia, y otros gravámenes para el Estado"14 (Castillero, 1953).

12 Sobre la campaña de Manuel Patino y Manuel A. Noriega, consúltese con prove­cho la memoria "Recuerdos históricos de mis campañas en Colombia y en el Istmo[...], op. cit. Para el caso del conocimiento de la guerra de los Mil Días en Veraguas y el accionar de Victoriano Lorenzo, consúltese la obra de Sara J. De Troetsh titulada Sociedad rural y guerra civil: Veraguas en la Guerra de los Mil Días. (Edición Colegio Panameño de Historiadores. Panamá, 1998). 13 Esta investigación abunda en pasajes anecdóticos de las batallas libradas por los liberales durante el período de la segunda campaña. 14 Ernesto J. Castillero R. 1953. "La verdad sobre Victoriano Lorenzo". Revista Siete, año l.Vol. 15, mayo 23 de 1953, p. 10.

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Sobre el fenómeno de la guerrilla codesana y su combatividad, la historiografía panameña ha procurado exaltarla en sumo, como si se tratara de un hecho único en la América Latina de aquel momento. En realidad, dicha es­trategia cundió por un tiempo en las lides liberales colombianas, como lo testi­monian las incursiones de Avelino Rosas, Tulio Varón y Ramón Marín. El exceso ha llegado a retocar al propio Victoriano Lorenzo de un aura arcano y a calificar­lo como el "primer guerrillero del siglo XX" -según reza un epitafio oficial en el sitio donde se doblegó fulminado por las tres descargas asesinas- o bien, como se afirma en otro momento, "primer guerrillero de América Latina". Quizás este comportamiento se explique en función de nuestro medio, que no exhibe otro trauma tan prolongado, tormentoso y al mismo tiempo heroico como la guerra de los Mil Días, que provocó una sangría de cerca de 5.000 muertos, en un Pana­má al que penosamente la poblaban 316.000 habitantes, de los cuales dos tercios vivían dispersos en la campiña, y la capital departamental alojaba apenas a 25.000 individuos aproximadamente. En el otro extremo, la ponderación del mestizo guerrillero lo descalifica y reduce a despreciable. Su táctica es estigmatizada de "inhumana" y al grupo subalterno de Victoriano se le tilda de "facciosos".

El aguerrido combatiente indígena istmeño se mantuvo alzado en armas desde octubre de 1900 hasta noviembre de 1902, cuando lo sorprende la firma del Tratado de Paz Wisconsin. A raíz de las intenciones del cumplimiento de este acuerdo bipartidista entre liberales y conservadores, aupado por el gobierno norteamerica­no, Victoriano es aprehendido el 29 de noviembre de 1902 en el poblado de San Carlos, sin que aparentemente tenga conocimiento de esta situación -si nos atene­mos a lo que trasluce el testimonio de un protagonista de calidad, sobre aquel inci­dente-, por su copartidario el general Benjamín Herrera y, mediante una sutil deci­sión sospechosa emanada del citado Herrera, es trasladado a la bahía de Panamá en el "Bogotá" y posteriormente entregado alas autoridades departamentales.15 Éstas, a su vez, lo mantienen recluido en la cárcel de las Bóvedas, sin que se definan las causales de su detención por espacio de poco más de un mes, al cabo del cual es encausado por delitos comunes que se suponen había cometido personalmente, o bien por las tropas bajo su mando durante la guerra.

Lo interesante aquí es que durante este cautiverio, hasta su ejecución, Victoriano Lorenzo redactó tres cartas en las que deja traslucir algunos rasgos muy reveladores de su personalidad, del grupo social a que pertenece y retrata ciertas circunstancias cotidianas administrativas de la región codesana indígena. Estos aspectos pasaremos a dilucidarlos, ya que han sido hasta ahora tocados tangencialmente y en su mayoría ignorados por la historiografía oficiosa, tal vez con propósitos tendenciosos (Obando Quintero, 2003: 20-26).

15 Para mejor conocimiento sobre la detención de Victoriano Lorenzo, consúltese Mendoza (2003).

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En una carta dirigida a su "amigo", Don Juan de D. Rodríguez, que reside en el poblado de La Trinidad, con fecha 10 de enero de 1903, luego de estar cua­renta días detenido, le indica taxativamente, que está preso "entregado por [ Ben­jamín] Herrera al Gobierno". Esto equivale a identificar que su detención es con­secuencia de una felonía cometida por quien fuera el director general del Ejército Unido del Cauca y Panamá, el general Benjamín Herrera. Además, se revela en dicha misiva el optimismo que tiene de salir incólume, una vez comparezca ante los tribunales ya que dispone de un abogado, la ayuda de "muchos copartidarios", y como persona que ha sido formada en la fe cristiana, se remite a la voluntad de Dios. Victoriano transpira hasta esos momentos ingenuidad o ignora la trama que se teje en contra suya.

Nueve días después, el 19 de enero de 1903, vuelve a dirigirle otra carta a Rodríguez. Y aunque se ocupa por un momento de instruirlo para que custodie adecuadamente unas escopetas que le pertenecen -entre las que figuran tres que envió desde San Carlos, probablemente, durante el incidente en que fue deteni­do- , no deja de llamar la atención el interés inconfesado que muestra por dichas armas, cuando le aconseja que "no las tenga visible".

Lo medular de las líneas que siguen consiste en la facultad que se abroga de ordenar al citado Juan de D. Rodríguez que "nombre al señor Filomeno Sánchez de gobernador de indígenas", pero considerando que deberá ceñirse a una especie de decálogo de conducta, donde prive el respeto a las personas -según el texto, esto se logra tratando "bien a la gente"-, se aplique la justicia -es decir, "castigar con justicia"-, sea un conciliador -que "procure la buena armonía con sus gober­nados"- y que las relaciones entre los miembros de la comunidad se desenvuel­van cordiales y ausentes de intrigas, chismes, denuncias recíprocas, y cuiden de sus conductas cuando visiten los pueblos, evitando embriagarse. La nota expresa "que procure que la indiada se usa unos con otros, que no sean intrigantes, chis­mosos, y que cuando salgan a los pueblos no se emborrachen, ni se estén denun­ciando uno a otros cosas que no saben".

El liderazgo comunitario del cholo guerrillero pareciera no haberse mina­do, aun estando encarcelado, pues desde dicho confinamiento no deja de orde­nar, tanto en lo relativo a sus propiedades privadas, como en los asuntos públicos, ni que se le obvie una consulta para luego determinar qué hacerse. -Al respecto la carta dice "que antes de dar un paso que lo consulten con Ud., [Juan de D. Rodríguez] que Ud. me lo avisará a mí para que entonces pueda fallar"-.

La tercera carta, con fecha de 4 de marzo de 1903, que consideramos como la mejor articulada en cuanto a razonamientos que lindan con la existendalidad del personaje, la dirige a los "Señores Gobernadores, Alcaldes Rejidores y Comi­sarios indígenas, de los Distritos, Capira, Antón, Penonomé, la Pintada, Ola y Donoso". La prosa de esta correspondencia transmite una carga sentimental, que a ratos semeja una despedida. La misma revela al antiguo "héroe de montoneras" -como lo calificó alguien alguna vez- como un reo que abrumado por la soledad,

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la falta de libertad y el desencanto ante la mora judicial -después de tres meses de cautiverio-, se muestra conciliador ante su verdugo, o sea el gobierno conserva­dor. Tal vez barrunta malos presagios de su condición o las fuerzas de las circuns­tancias lo asedian con el pensamiento que una vez esgrimiera en su cuartel de La Negrita: "Si a mí me cogen preso me fusilan".

El otrora guerrillero desafiante lanza a las autoridades tradicionales del nu­meroso pueblo indígena de Coclé, el más apreciable testimonio sobre la ética que debe regir en el desempeño de sus cargos. En el orden de los preceptos figuran:

1. No participar de ninguna aventura que algún grupo de liberales rezagados realice en sus jurisdicciones, ya que la "pax americana" había sido implanta­da con el Tratado de Wisconsin. Para Victoriano, a dichos grupos insurrectos los califica de "cuadrillas", pues carecen de altos propósitos, y su existencia obedecería a una motivación de pillaje, y esa acción es punible.

2. Ser consecuente con la responsabilidad que el cargo de autoridad otorga. En reciprocidad, el gobierno se traducirá en garante de la vida, honra, y bienes adquiridos con decoro por el funcionario. El precepto liberal sobre el rol que debe desempeñar el gobierno dentro de un Estado de Derecho es diáfano en el pensamiento de Victoriano. Al respecto señala que "tendrán por el gobierno toda garantía en su persona, bienes e intereses y propieda­des que es lo que debe ambicionar toda persona pobre y libre, sostenerse con el asiduo propio de su trabajo". En su propósito de contemporizar con las máximas autoridades civiles del Istmo, Victoriano le acredita al gober­nador del departamento y a los tribunales de justicia un ejercicio cónsono con aquellos subalternos que se desempeñan adecuadamente, ai decir que "son muy dignos justicieros y apresiadores de los que saben respetar y obe­decer a las autoridades de su mando".

3. Enaltecer el trabajo agrícola como fuente del bienestar familiar en una so­ciedad marginal y de escenarios bucólicos donde resultan imperativos la armonía y el trabajo comunitario (dicho consejo lo expresa así: "Acudir a la agricultura, que es la prosperidad de los pobres y el bien de toda familia, procurar la armonía con sus vecinos, ayudarse en sus trabajos mutuamen­te y os prosperareis con vuestros hijos...").

4. Finalmente, advierte a las autoridades frente a las amenazas externas que sigilosa y sutilmente se presentan en algún momento en el medio rural; pues se debe estar prevenido para no ser objeto de seducción o dolo por embaucadores con poses de recaudadores de dineros con fines altruistas a favor del propio Victoriano, no consentir incursiones armadas y de visitas proselitistas religiosas.

En aparente contradicción con las interpretaciones sobre la figura del re­belde guerrillero y su significado frente a la personalidad del Estado nacional denominado República de Panamá, Victoriano Lorenzo explica su accionar en la

JÉZL

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guerra de los Mil Días, calificándola como político-partidista y nada más. Así lo confirma cuando señala que la razón de participar en la contienda fue para "de­fender nuestro partido", y "la persecución de nuestros enemigos políticos". No obstante, y en párrafo seguido, el procer se desliza sobre concepciones sociales que puntualizan en las eternas pugnas clasistas que dan sentido a los movimien­tos reivindicativos con miras a la transformación de las realidades, que es el ver­dadero ingrediente que explica la mística y el heroísmo que en el torbellino de la guerra demostró la cholada codesana.

Así las cosas, Victoriano clarifica esta situación en sus percepciones escri­tas y depone la peregrina tesis de un conservador contemporáneo de aquel mo­mento, Donaldo Velasco, que ve en la movilización montonera un factor catalítico inducido y no espontáneo, capaz de corroer los cimientos del edificio social elitista que su ideología conservadora sustenta y defiende. Al respecto señala que: "Una de las peores consecuencias de la expedición del doctor Porras, fue la de inculcar en los pacíficos y laboriosos habitantes del Departamento el espíritu de rebelión y de crueldad [...]". Apreciación por demás positivista, que nos remonta al re­cuerdo del título de la sugerente obra sociológica de Carlos Rangel Del buen salvaje al buen revolucionario.

Ya en las líneas finales de la carta que comentamos, inerme ante el fatalismo hacia donde parece discurrir su eclipsada libertad, Victoriano espeta una espe­ranza amarga de cambios venideros sin tiempos: "yá se llegará el dia en que las autoridades de esta Capital, como las de toda la República se convencerán en que los pueblos hay gamonales que solos hancian y envidian todo para ellos y á la sombra de la Justicia abusan de la inocencia de los naturales vecinos de esos Dis­tritos". La garantía de la paz pactada entre los representantes conservadores y liberales no roza los derechos del hombre de la gleba indígena. Es una paz frágil porque es cosmética, pues responde a intereses exógenos y no apunta hacia la resolución del problema social de las masas irredentas codesanas y más allá.

Por otra parte, bien pudo ser que Victoriano Lorenzo sosegara su espíri­tu con una comunicación recibida del vicepresidente de la República, José Ma­nuel Marroquín, por entonces encargado del Poder Ejecutivo, con fecha 28 de marzo de 1903, quien como respuesta de un "memorial" que le enviara el 9 de febrero donde le solicita la libertad, le señala que si su delito es "común" enton­ces queda bajo la jurisdicción ordinaria, o sea que su juicio sería de conoci­miento del juez superior. Todo parece indicar, no obstante, que desde ese mo­mento el sumario instruido por dicho juez superior es trasladado al mando de Sicard Briceño, quien raudo ordena los trámites para completar el expediente que se utilizará en el proceso, que ya tiene ribetes de un futuro consejo de gue­rra verbal, pero del cual no tiene certeza la opinión pública (Ricord, 1989)16. De

16 La obra de Ricord agota el análisis del encausamiento militar que se llevó a cabo contra Victoriano Lorenzo y sus connotaciones político-sociales.

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esta manera se exhuma un procedimiento instituido por el gobierno de Marroquín, Decreto 212 del 18 de febrero de 1901, cuya finalidad había sido precisamente el exterminio de las guerrillas en Colombia. En el departamento de Panamá se aplica por única vez y extemporáneamente, según se tiene cono­cimiento, en el caso de Victoriano Lorenzo.

En otra carta fechada el 4 de mayo de 1903 -lamentablemente incompleta, en la actualidad es custodiada por el Archivo Nacional de Panamá-, quizá la última que redactara desde el "presidio de Panamá", y al parecer dirigida al gobernador del departamento de Panamá -en ese entonces el jurista Facundo Mutis Duran-, Victoriano le suplica sobremanera que interceda para que el comandante general -es decir, el general Pedro Sicard Briceño, quien funge como comandante en jefe del Ejército del Atlántico y del Pacífico en Panamá- proceda a trasladar las suma­rias de su caso al juez superior, como había sido hasta el 30 de marzo. Tal tentativa parece un esfuerzo desesperado, pero vano, de Victoriano por sustraer su situación, supuestamente delictiva, de las garras del militarismo y que fuera tratado como un asunto "político", o en todo caso, "común u ordinario".

El doctor Eusebio A. Morales, en su "Testimonio" sobre el juzgamiento y ejecución del general Lorenzo, comenta que "de cuando en cuando circulaban [rumores] sobre el juzgamiento militar del detenido"; si esto es así, entonces no extrañan los frágiles medios que utiliza el cholo para que el sumario se atienda por el ramo civil, como hemos dicho antes. Para entonces, las medidas de seguri­dad del reo son extremas, y sus custodios lo mantienen virtualmente inmoviliza­do "al mismo tiempo [con] una cadena, un grillete y una palanca de hierro". Estas evidencias confirman que el juicio es inminente.

Para el 13 de mayo en la tarde, comentarios quedados de dominio limitado a unos pocos, o en otras palabras el manejo de información filtrada, barajan la designación de los miembros del consejo de guerra y el "fusilamiento para la tarde del 15". Parafraseando al laureado Gabo, el epílogo de la historia de una muerte anunciada, rondaba y era cuestión de horas y, agrego, pregonada con an­ticipación por la propia víctima17 (Ferguson, 1973).

El consejo de guerra verbal se realizó el 14 de mayo y finalizó en horas de la madrugada del 15 cuando se leyó la sentencia: "se condena al reo Victoriano Lo­renzo a sufrir las siguientes penas: la de muerte [...]". A las ocho de la mañana se pronunciaron las notificaciones de rigor sobre la ejecución que sería a las cinco de la tarde en la Plaza de Chiriquí. En efecto, así fue.

Sobre las causas y trascendencia de esta muerte retornaremos oportuna­mente al examinar los pormenores de la diplomacia norteamericana en el con­texto de la guerra de los Mil Días en Panamá, que es el objeto del subtema que a continuación abordo.

17 Para conocimiento del expediente de Victoriano Lorenzo, consúltese la recopila­ción de los documentos por Ferguson (1973).

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LA INSERCIÓN DEL ISTMO DE PANAMA EN LOS PLANES IMPERIALISTAS NORTEAMERICANOS

Tras la proclamación enérgica de la teoría del "Destino Manifiesto" en 1881, Esta­dos Unidos consolida su carácter de potencia imperial con la derrota española de 1898. Su inmensa gravitación económica y política en aquel período de expan­sión tiene en James G. Blaine el más ardiente impulsor de una concepción agresi­va de gran influjo en las relaciones de este país con las restantes repúblicas del continente americano, al sur del Río Grande.

La formulación estratégica para la expansión imperial se cimentó no sólo en el engrandecimiento comercial, sino también con implicaciones correlativas que conducirían a un sistema hemisférico basado en el intercambio pacífico, en la acción del arbitraje ante las disputas y la verificación de foros para ventilar los problemas interamericanos. Fue éste el fugaz concepto de una política exterior estadounidense de índole americana donde la paz, la amistad y la expansión co­mercial serían los pilares.

La última década del siglo XIX presenció un nuevo orden mundial, en el cual las potencias del momento, Francia, Alemania, Inglaterra y Rusia, desarro­llan un gran movimiento de expansión colonial que tuvo por escenario el conti­nente africano y ciertas regiones del sureste y extremo oriental asiático. A esta apetencia febril territorial se sumaron también Japón y los Estados Unidos.

En este interregno nuestra América -específicamente el mediterráneo americano- es objeto de flagrantes actos de despojos políticos, no territoriales como antes de promediar el siglo XIX, por parte del intervencionismo norteame­ricano: se inmiscuye en la guerra de independencia de Cuba en 1898 y, subsecuentemente, ocupa la isla; igual suerte corre Puerto Rico al desconocerse la Carta Autonómica concedida por España en 1897 (Arauz, 1993).

Fue así como se materializó el profetice enunciado del presidente Monroe (1822) "Cuba y Puerto Rico son apéndices naturales de Estados Unidos". La En­mienda Platt y el Tratado de París -entre España y los Estados Unidos- dieron a tales actos figura legal. Pronto sobrevendría la ignominia panameña, mal llama­da la "creación de Panamá". A partir de entonces, en la lógica de la diplomacia norteamericana, se plantea como política de Estado la construcción de un canal en Centroamérica, que haga posible una real articulación del vasto territorio de la Unión. Los pasos de los representantes de la Compañía Nueva del Canal, de interesar al gobierno de William McKinley en este sentido para que opte por la ruta panameña, empiezan en firme el 2 de diciembre de 1898. Ex profeso, el Pre­sidente manifiesta en su mensaje anual al Congreso la prioridad con que debe atenderse dicha iniciativa y así lo plasma diciendo: "La construcción de tal vía marítima es hoy más que nunca indispensable a la íntima y pronta comunicación entre nuestras costas orientales y occidentales, exigida por la anexión de las islas Hawai y por la expansión futura de nuestra influencia y nuestro comerdo en el Pacífico. Así como el control por este Gobierno de esa vía marítima ha venido a ser hoy necesidad imperativa de nuestra vida nacional [...]".

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De manera que es en este contexto cuando cobran relevancia los negocios políticos que se suscitan en el medio panameño, y en particular los diferendos de las facciones liberal y conservadora. La última contienda fratricida finisecular que registran los anales colombianos proporcionó las condiciones catalíticas que condujeron, por un lado, a mediatizar el acto separatista de 1903 y, por otro, al establecimiento del enclave canalero que se denominaría "Zona del Canal".

No cabe la menor duda que la guerra civil de los Mil Días constituyó un motivo supremo de preocupación, tanto para el gobierno de Colombia como para el de Estados Unidos, altamente interesados en entablar negociaciones sobre la posible construcción de un canal interoceánico en el Istmo de Panamá. De momento, la diplomacia de la nación norteña había logrado progresos decisivos en dirección a la efectiva comunicación intermarina: por un lado, la abrogación del Hay-Pauncefote y, por otro, la promulgación de la Ley Spooner (Uribe, 1976). En consecuencia, la pacificación del país era el único ingrediente fallante. Sin embargo, sobre este asunto, Washington había aguardado cautelosamente el de­sarrollo de los acontecimientos en Panamá, donde la facción liberal mantenía vigencia y se sostenía, luego del desenlace fatal del Puente de Calidonia, el 24 de julio de 1900 -resultado equivalente para el liberalismo istmeño a la derrota de Palonegro para el liberalismo colombiano-, hasta la llegada de los refuerzos caucanos de Benjamín Herrera, sobre todo gracias a la guerrilla codesana enca­bezada por Victoriano Lorenzo. La aplicación con rigor de la cláusula XXXV del Tratado Mallarino-Bidlack de 1846 resulta cuestión de tiempo.

Esta aparente falta de concreción de política exterior en esta materia, debe conducirnos a pensar en una actitud oportunista de los norteamericanos por aprovechar los vaivenes del conflicto fratricida18. Por ejemplo, cuando la expedi­ción de Belisario Porras rompe hostilidades en marzo de 1900, con el desembar­co en Punta Burica -en la provincia limítrofe de Chiriquí con la república de Costa Rica-, los marines del acorazado "Pennsilvania" atracan en Pedregal en una actitud vigilante, aunque para nada entorpecen la operación liberal.

Otro incidente que también ilustra nuestro aserto es que, durante los cin­co meses siguientes de desplazamiento de las tropas restauradoras por las saba­nas del Pacífico -región de las provincias centrales de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé- hasta el abortado asalto a la ciudad de Panamá, los revolucionarios no fueron interferidos por las fuerzas navales norteamericanas; salvo las consabidas advertencias del cónsul norteamericano, Hezekiah A. Gudger. Éste fue enfático en afirmar que "su país no permitiría hostilidades bélicas en las ciudades de Pa­namá y Colón, ni en la línea del Ferrocarril". Un comportamiento similar de los

18 Consúltense los autores Humberto Ricord y Manuel O. Sisnett, los cuales estu­dian las campañas en el Istmo. De igual manera se recomienda consultar la compi­lación de Conté-Porras (1986).

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gendarmes yankee se observa ante la toma de Colón por los generales Patino y Barrera; mientras que, llegado otro momento, los acorazados "Tribune", "Machias" y "Marietta" demoran el desembarco en Colón de las tropas oficiales procedentes de Cartagena.

En el caso de la victoriosa invasión de Benjamín Herrera iniciada por el puerto de Búcaro en Tonosí -al suroeste de la provincia de Los Santos- el 24 de diciembre de 1901, luego de su arrasador avance hasta Aguadulce -en la provin­cia de Coclé-, fue obstaculizada en los propósitos de propinar una derrota con­tundente al conservadurismo en el poder, toda vez que se hizo patente la garantía estadounidense al libre y expedito tránsito a través de la línea ferrocarrilera, se­gún lo estipulaba el citado Tratado Mallarino-Bidlack de 1846 (Escala, 2000: 13-20). No debe perderse de vista que en la inteligencia de la representación colom­biana en Washington ya rondaba la impresión del peligro inminente de un movi­miento secesionista en Panamá, "ya sea espontáneamente o por sugerencias indi­rectas de intereses extranjeros" -según expresa J. V. Concha, en una nota de abril de 1902-, que a la postre podría desencadenar en la ocupación inmediata del territorio istmeño por Estados Unidos.

Las apetencias del coloso norteño por la ruta istmeña fueron en ritmo as­cendente, al extremo de ocurrírsele al presidente Roosevelt, en agosto de 1902, la compra de la misma. "¿Por qué no podemos comprar el istmo de Panamá de inmediato, en vez de arrendarlo a Colombia?", se pregunta el sicario imperialista. Razonamientos descomedidos como éstos no hacen dudar de los malabares di­plomáticos del capitalismo internacional por asegurarse el privilegio de la ruta (Beluche, 2003)19. Así, con la firma del Tratado de Wisconsin, el 21 de noviembre de 1902, Estados Unidos logra sortear el único factor que hacía impracticable la colonización de una sección del territorio colombiano. La coartada para la cap­tura, que conllevaría al vil asesinato de Victoriano Lorenzo, había sido elaborada. Fue éste el documento que, como un corsé, limitó los intereses del vigoroso libe­ralismo istmeño, que intuyó en la guerra de los tres años la posibilidad de las autonomías económica y política del departamento. Para el gobierno yanqui este proceder político no se oponía a sus propósitos, pero lo cierto es que la conclu­sión y debate del Herrán-Hay era inminente y constituía la movida de una ficha clave en el juego de las negociaciones canaleras.

El obstáculo lo sería, eso sí, el caudillismo de Victoriano Lorenzo con su capacidad de convocatoria y de lucha en el seno de la serranía central del Istmo; lo que aseguraría, como lo había demostrado en la guerra de los Mil Días, quizás, largos años de hostilidades sostenidas, dada la táctica montonera o de guerrillas

19 Esta obra, que se precia de ser una reevaluación del Acto Separatista de 1903, constituye un alegato que sólo responsabiliza a los Estados Unidos. Dicho plantea­miento ha vuelto a generar una combustión de opiniones encontradas en Panamá.

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empleada para oponerse a sus opresores gubernamentales y, en última instancia, al grupo dominante rural codesano. Para el águila norteña había llegado la hora de plantar sus garras en el territorio istmeño, y no sería concebible la presencia de un elemento perturbador, más aún, en las esferas de los grupos sociales margina­dos del agro, como lo era Victoriano Lorenzo.

No cabe duda del temido peligro que significó la figura del cholo guerrille­ro, tanto para los intereses colombianos como para los norteamericanos. Su re­ducción a prisión no bastó como una 'garantía de tranquilidad en el Departa­mento de Panamá'. Fue necesaria la desaparición física.

En estos momentos, cuando se cumplen cien años del vil asesinato del cholo guerrillero, esos mismos intereses foráneos vuelven a esgrimir, con el len­guaje contemporáneo, el argumento de la "neutralidad" de la ruta, cual remedo del pálido precepto de la necesidad del "libre tránsito" por el Istmo de Panamá, como lo fue en el pasado siglo XIX. La viabilidad de dicha neutralidad no deja de ser un factor distorsionador de la vida social y política de Panamá, puesto que nuestro país se encuentra sometido a un régimen de Derecho Internacional sui generis, al pactar con los Estados Unidos el Tratado Concerniente a la Neutrali­dad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá (Vega Reyes, 2000: 164-175).

Tautología histórica de un imperio. Ayer, Estados Unidos en comunión con los intereses socio-políticos y económicos de los sectores conservadores enquistados en el estamento militar colombiano, en la administración oficial istmeña y en el grupo élite de la región, coartó a la cholada codesana las posibili­dades de buscar nuevos senderos de justicia social, mediante el suplicio de su líder Victoriano. Hoy, ese mismo poder norteamericano incontrastable y la eco­nomía mundial, con sus demandas geopolíticas y económicas insaciables, asedia a los pueblos de la geografía codesana y del entorno limítrofe de la provincia de Panamá, con la proyectada ampliación del reservorio hídrico que garantizará la eficiencia de los tránsitos por el Canal de Panamá.

Los nuevos sacrificios, que para los campesinos, descendientes del grupo que liderara Victoriano Lorenzo, implican la modificación del escenario bucólico con sus modos de vida, son interpretados como una amenaza de desarticulación de su cultura. La lucha por sus derechos sociales en los actuales momentos, se ha redimensionado en el contexto de una organización amplia y popular, cuya arma es la denuncia, con miras a la solución pacífica del conflicto. No cabe duda que la impronta rebelde de Victoriano, si bien constituye el icono mayéutico que enca­mina las luchas populares en nuestro país, todavía es más evidente en la marcada intensidad que nutre el espíritu combativo que exhibe, actualmente, este sector marginado de Panamá.

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REFLEXIONES A MANERA DE LECCIONES PARA EL PORVENIR

La conmemoración del Centenario de la República de Panamá resulta propicia para que, desde la perspectiva historiográfica, se reexaminen o ponderen los di­versos enfoques del acontecer social, económico, político y cultural del país.

Escrutar los pisos socio-culturales del pasado de la colectividad es tarea ardua, pero necesaria. Constituye un ejercicio inapelable, que debe redundar en el fortalecimiento de la espiritualidad nacional, como condición suprema que da sentido a la sociedad políticamente organizada. De esta manera, el conocimiento real de los prohombres, que con su tesón procuraron forjar el complejo edificio aludido, no deja margen a posiciones ideológicas con pretensiones individualistas. Muy por el contrario, con el propósito de encaminar nuestra labor intelectual hacia una sociedad más justa, urge dotarnos de una dosis de rubor, y reconocer que el objeto que sometemos a escrutinio tiene naturaleza humana. Que el accio­nar histórico de los individuos, por extraordinarios que sean o que parezcan, sólo tiene validez si califican de "paradigma", por la esencia social que lo nutre. Desde esta perspectiva, la figura de Victoriano Lorenzo cobra sentido y relevan­cia para los panameños. La Historia nos ha demostrado que, por encima de su arrojo y la templanza de carácter, al cholo codesano lo nimban otras virtudes dignas de ser destacadas. El liderazgo natural que bulle en su interior, la inconfor­midad por los cambios superiores de la realidad ignorados por los gobiernos -como lo es la justicia social-, el carácter popular y hasta pudiéramos decir "de­mocrático", que se percibe en su concepción de la vida, son otros tantos atributos, que no deben extraviarse de la agenda ciudadana panameña de hoy

Otro aspecto que revela nuestro estudio apunta hacia los riesgos incontro­lables de violencia, a los cuales se expone la sociedad y todo gobierno nacional que ignora o desconoce las necesidades básicas de las mayorías. Al respecto, un reciente estudio del Banco Mundial denominado Evitar la trampa del conflicto, refuerza este aserto cuando destaca que "la causa principal de las guerras civiles es la pobreza".

Resulta interesante señalar que el legado ideológico del líder indígena codesano, aun cuando no sea sistemático, permanece y tiene vigencia en un seg­mento importante de las clases obreras y campesinas panameñas, que se identifi­can con las situaciones opresivas que vivió la nación indo-mestiza a la que perte­neció Victoriano Lorenzo, y que las hacen suya porque, sociológicamente ha­blando, dicho grupo es una pieza raizal del complicado cuadro étnico cultural de Panamá.

Finalmente, en cuanto al significado que representa el mártir indígena, desde la óptica de la personalidad internacional panameña, no cabe duda que constituye un eslabón del costo social que reclamó Estados Unidos para estable­cer el enclave canalera y fraguar con los sectores conservadores citadinos del Ist­mo y los intereses financieros de la fracasada compañía del Canal Francés, la fun­dación de la República de Panamá.

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Costos fiscales para Bogotá de la pérdida de Panamá

Carlos Eduardo Valencia

ha separación de Panamá ha sido uno de los hechos que más fuertemente marca­ron a los colombianos y los latinoamericanos de comienzos del siglo XX. La pér­dida del Istmo fue un capítulo más de las primeras acciones del imperialismo norteamericano en el hemisferio y vino a sumarse a las invasiones y compra de los territorios mejicanos y a la guerra contra España que llevó a la salida de los ibéricos del Caribe.

Fue tan dramática que la mayoría de trabajos que han hecho los historia­dores, abogados, diplomáticos, políticos y hasta periodistas colombianos sobre el tema se han dedicado a señalar los móviles - e n la mayoría de los casos catalogándolos de injustos- por los que Panamá se independizó. A la vez que se esfuerzan por mostrar la grave lesión que sufrió Colombia ante la pérdida de su territorio más valioso.

Sin embargo, por increíble que parezca, es mínimo, por no decir nulo, lo que saben los colombianos sobre cuánto les costó la salida del Istmo de su país. Se limitan a decir que debió ser mucho y que con toda seguridad era mucho mayor lo que Panamá le producía al gobierno central que lo que la Nación les devolvía a los istmeños.

Claro que calcular cuánto es ese costo es una tarea compleja y que requiere un esfuerzo de investigación importante. Por eso en estas páginas sólo asumire­mos una parte de ese problema: hablaremos sobre los costos fiscales de la separa­ción desde una perspectiva exclusivamente coyuntural: los diez años en torno a ese 1903 en el que Panamá dejó de ser departamento.

Somos conscientes que el problema tiene otras dimensiones, por ejemplo la riqueza que el mercado panameño le generaba a las empresas colombianas, o

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CARLOS EDUARDO VALENCIA

las ventajas que propiciaba Panamá a los mercados monetarios fragmentados que tenía Colombia en esos años, o, en una palabra, el aporte que hacía al PIB.

Pero como todos esos ámbitos desbordan las posibilidades de este artí­culo, nos limitaremos a una de las dimensiones relevantes del problema: la fiscalidad. Especialmente, pretendemos mostrar que en realidad Panamá, en términos de la operación fiscal ordinaria, es decir, recaudos de rentas, suple­mentos y remesas y los gastos y costos de sostenimiento de las obligaciones nacionales, producía mucho menos a la nación que lo que ella le aportaba. Que ese déficit provenía exclusivamente del gasto militar en la región, lo cual es casi una paradoja si se tiene en cuenta que al momento de defender el departamento, los "esfuerzos" militares fueron casi macondianos, por llamarlos de alguna manera, y no sentirnos tan mal por las ridiculas acciones que se emprendieron.

Además, queremos decir que los costos reales que se asumieron estuvieron en dos niveles. Primero, con la independencia, Bogotá dejó de percibir recursos frescos que conseguía gracias al endeudamiento externo en el que ponía a Pana­má como garante, en el ámbito interno con los préstamos que le efectuaba la Compañía del Ferrocarril e indemnizaciones con la Compañía del Canal. Segun­do, porque en los años siguientes a la separación continuó pagando la porción de la deuda externa colombiana que le correspondía a Panamá.

Evidentemente, podría existir un tercer costo: el no percibir los recursos que generaría el canal cuando entrara en funcionamiento. Sin embargo, ese cál­culo pertenece más al mundo de las hipótesis contrafactuales y demanda una investigación adicional que también la historiografía está en mora de hacer y que es de una gran importancia.

EL PESO DE LOS MILITARES

Luego de estas aclaraciones, pasemos a discutir los problemas. Empecemos de­jando en claro que los últimos meses de Panamá como parte de Colombia fueron difíciles en términos fiscales. Todo el año, las oficinas del Istmo enviaron deses­perados telegramas a Bogotá buscando conseguir que se les realizaran giros, que en su opinión eran extremadamente necesarios, no solamente para cubrir los gastos, sino para apaciguar los ánimos en medio de las fuertes tensiones políticas que se vivían en la región y que cada día empeoraban, entre otras cosas, por la precaria condición económica del fisco nacional.

Para demostrarlo es suficiente citar uno de los muchos telegramas que lle­garon al Ministerio del Tesoro en 1903, procedentes de Panamá, que permiten hacernos una idea de lo grave de la situación:

Panamá 12 (4 pm) Buenaventura 12 de junio de 1903 Vicepresidente - Ministro Bogotá

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COSTOS FISCALES PARA BOGOTÁ DE LA PÉRDIDA DE PANAMÁ

Situación fiscal muy alarmante. Convendría hacer giros. General Huertas (AGN, caja 23, carpeta: 97)

Como decimos, este es uno de los ejemplos de la gran cantidad de comu­nicaciones en el mismo tono. Tono que no dejaba de ser dramático, a pesar de las remesas que enviaba la Pagaduría Central y que buscaban aliviar, en parte, la situación. Por ejemplo, la siguiente comunicación que daba cuenta del pago de salarios atrasados:

Panamá 16 (10 y 5 am) Buenaventura 16 de octubre de 1903 Ministro del Tesoro Mendoza Doile gracias de nombre poder judicial por esfuerzos su señoría para aliviar situa­ción empleados ramo recibida primera remesa Presidente del Tribunal Gómez O. (AGN, caja 23, carpeta 3: 79)

Como veremos un poco más adelante, los giros económicos que hacía Bo­gotá eran importantes. Sin embargo, nunca lograron alcanzar para cubrir el alto nivel de egresos de la caja panameña. La razón: el fuerte gasto militar en la región. Según los datos de Patricia Pizzurno Gelos, el batallón Colombia en Panamá cos­taba $15.000 mensuales que sumándolos a los gastos generales de la misma uni­dad, terminaba significándole a la Hacienda Nacional unos $20.000 cada mes. Luego, el mantenimiento subió aún más, cuando se incorporó el batallón I de Infantería que implicaba desembolsos mensuales adicionales por $7.421,20 (Pizzurno, 1990:81).

Valores que, como es conocido, no se pagaban con toda la regularidad y que llevaban a que los militares tuvieran que enfrentar difíciles condiciones y por ende mantuvieran una fuerte tensión con la administración nacional. Así, 1903 fue es­pecialmente angustiante debido a la iliquidez de la caja. No había suficiente dinero para el pago de las tropas, ni para la cancelación de los salarios de los funcionarios gubernamentales. A tal punto llegó la crisis que el general Vásquez Cobo se rebeló contra el gobierno civil, cuando el gobernador Facundo Mutis no le permitió em­plear algunos cruceros como embarcaciones en el comercio de cabotaje entre Pa­namá y Pedregal para procurarse recursos para sufragar la nómina de la tropa, que en promedio se adeudaba hacía seis meses (Arauz y Pizzurno, 1993: 238).

Esta situación de fuerte iliquidez en Panamá, era bastante extraña a los ojos de Bogotá, sobre todo si se tiene en cuenta las remesas que había girado en los últimos meses. Por tal razón, y atendiendo a la obligación legal, el gobierno nacional envió una visita de auditoría a la oficina de la Administración Departa­mental de Hacienda Nacional que se empezó a realizar el 25 de julio de 1903 y que se extendió hasta el 8 de agosto (AGN, caja 3, carpeta 2: 35-43). Gracias a ella, hemos conocido con algún detalle las operaciones fiscales del primer semestre del último año panameño como departamento colombiano.

M9\__

CARLOS EDUARDO VALENCIA

Antes de esta visita fiscal, hacía varios años que al Istmo no llegaban comi­siones de este tipo, pues las urgencias de la guerra no lo habían permitido. Cuan­do los funcionarios comenzaron su indagación sobre el manejo de los recursos públicos, lo primero que hallaron fue que el libro de diario (en el que se anotan diariamente las operaciones contables) tenía un atraso de 23 meses y la explica­ción que se les ofreció es que el contador había muerto. Y los restantes empleados tampoco habían podido actualizarlo ya que se enrolaron en las filas del ejército del gobierno. Además, las cuentas de 1899, 1900 y el primer semestre de 1901 estaban listas para ser remitidas a Bogotá pero no se habían podido enviar por la falta de mensajeros y la interrupción de los correos nacionales (AGN, caja 3, car­peta 2: 35).

Sea como sea, los funcionarios visitantes lograron encontrar algunos deta­lles sobre la situación fiscal en general y el peso que sobre ella recaía en cuanto al gasto militar en particular. Lo primero que hallaron fue que la situación era com­plicada ya que en la guerra el general Carlos Albán había convertido la oficina de Administración Departamental de Hacienda Nacional en "intendencia y proveeduría de los ejércitos del Cauca y Panamá"(AGN, caja 3, carpeta 2: 35). Sin embargo, esta razón no explicaba suficientemente la iliquidez, pues las remesas de Bogotá y el fin de la guerra debían haber permitido la recuperación de las finanzas.

Por lo menos, tal era la postura con la que llegaban los visitadores y así se la expresaban a los funcionarios panameños. Textualmente decían:

Habiendo manifestado extrañeza el infrascrito secretario por la penuria en que se encuentra la caja de la oficina, no obstante haberse terminado la guerra y haber ingresado á la oficina fuertes sumas de dinero provenientes de las rentas que cobra aquí la Nación, de las remesas que han venido de Bogotá y de los crecidos suple­mentos que ha hecho el Departamento... (AGN, caja 3, carpeta 2: 36).

A esta afirmación los funcionarios departamentales que atendían la auditoría se apresuraban a contestar que las dificultades tenían por causa los cos­tos militares que seguían siendo tan altos como en la guerra, que allí el final de ella no había llevado a la reducción de lo pagado a este rubro y que por ende la situación se mantenía como un par de años atrás, cuando el general Albán estaba a cargo.

Pero no se quedaban con esta respuesta en el aire. Pasaron a dar cinco razones y evidencias que sustentaban su afirmación. La primera es que en el de­partamento había muchos, tal vez demasiados, generales, jefes y oficiales de alta graduación que por tener esos altos grados tenían sueldos caros: "$800.oo, $600.oo, $400.oo pesos de plata mensuales" (AGN, caja 3, carpeta 2: 73). Estos gastos eran grandes pero al menos eran sueldos que hacían parte de la operación y corres­pondían a los costos que la oficina debía asumir como rubro corriente.

180

COSTOS FISCALES PARA BOGOTÁ DE LA PÉRDIDA DE PANAMÁ

Sin embargo, allí no terminaba el problema; la segunda razón que presen­taban era que a estos gastos militares, que al menos eran corrientes, se les venían a sumar otros irregulares e ilegales, que consistían en que algunos oficiales de alta graduación, sobre todo generales, que estaban asignados a unidades de otros de­partamentos, periódicamente se desplazaban hasta Panamá para cobrar sus sala­rios y los viáticos correspondientes a este viaje. El funcionario no tuvo problema en señalar con nombre propio algunos de los generales:"... los generales B. Silva, Ayala, &a. y vienen aquí periódicamente a cobrar sus sueldos, más los viáticos de venida y regreso..." (AGN, caja 3, carpeta 2: 37).

Si ya los gastos regulares e irregulares de nómina eran una carga pesada para el departamento, se les venían a agregar, como tercer factor, el sostenimiento de los buques Cartagena y Pinzón en los que se incluían el pago de salarios de la tripulación, en la que de nuevo el alto número de jefes y oficiales de alta gradua­ción se hacían presentes:

"... Más los gastos de agua, carbón y provisiones de boca que consumen dichos buques en sus viajes frecuentes al puerto de Colón, que también paga por esta oficina..." (AGN, caja 3, carpeta 2: 37).

La cuarta razón que daban los funcionarios eran los pagos a militares por deudas atrasadas y que según ellos "asciende a fuerte suma" (AGN, caja 3, carpeta 2: 37). Por quinto y último, agregaban "el crecido número de inválidos del ejérci­to a quienes se les pagan sueldos y raciones" (AGN, caja 3, carpeta 2: 37), a los que se les sumaban los vales por medio sueldo a los jefes y oficiales que estuvieron detenidos varios meses en Aguadulce y a los que el Decreto 153 de 1897 en el artículo 58 les garantizaba que durante el tiempo de su retención se les cancelaría la mitad de su sueldo.

Estas cinco razones, que explican en alguna medida la iliquidez de la caja fiscal nacional en Panamá, son, en el peor de los casos, irregulares y en el sentido estricto solamente la que concierne al pago de nóminas de unidades militares de otros departamentos es ilegal, debido a que la ley prohibía expresamente este tipo de pagos.

Sin embargo, la visita encontró otras razones que abiertamente eran corruptas y delictivas. La más grave de ellas consistía en el pago de "los valores por sueldos y raciones de militares pertenecientes á batallones que ya no existen" (AGN, caja 3, carpeta 2: 37); otra menos grave, pero carente de la mínima ética, era el pago de viáticos y pasajes a militares que en realidad habían viajado en navios del gobierno y por ende a quienes no les habían costado nada los despla­zamientos que realizaron.

Por supuesto, los encargados de la oficina decían que todos los pagos los realizaron cumpliendo la orden de la comandancia general pero que a ellos, en su momento, sí les habían parecido algo irregulares.

181

CAREOS EDUARDO VALENCIA

Tabla 1 Egresos del libro de la Caja de Panamá

Fuente: (AGN, caja 3, carpeta 2: 40)

Rubro

Servicio militar

Servicio de la marina

Servicio civil y gastos varios

Total

Monto

$562.566,00

$118.456,00

$227.678,70

$908.700,70

%

61,91%

13,04%

25,06%

100,00%

Si estas declaraciones, donde abiertamente se les adjudica a los gastos mi­litares la grave situación de las finanzas nacionales en el departamento, las cruza­mos con los datos del libro de caja para los primeros siete meses de 1903, que hemos organizado en la Tabla 1, lo que encontramos es que en efecto el gran rubro de la composición de los egresos es el que se va en el gasto de guerra y defensa.

Gráfico 1 Composición de egresos. Panamá 1903

Servicio civil y gastos varios

I r O/,.

marina 13%

1 • ••-'

^^^gfígÑmSjk Servicio militar 62%

••V/-.;.VcV,C.v.- C • : . : . : • • : . : • ,

Como lo muestran la Tabla 1 y el Gráfico 1, casi el 62% de los gastos perte­necen al estamento castrense y el 13% a los servicios de marina; así, únicamente $227.678,70, correspondientes al 25%, son empleados en los gastos civiles. Es suficientemente claro que el hueco que intentaba llenar las remesas que se enviaban a Panamá estaba compuesto casi exclusivamente por los militares, ya fueran como pagos regulares, irregulares o delictivos.

Los militares destinatarios de los fondos eran en su mayoría oficiales de alto rango: siete generales, seis coroneles, un sargento mayor, tres capitanes, dos tenientes, siete sargentos y únicamente dos soldados; el total de la nómina men-

182

COSTOS FISCALES PARA BOGOTÁ DE LA PÉRDIDA DE PANAMÁ

sual era de $11.337,60. Sin embargo, como muchos de estos militares se desplaza­ban hasta Panamá para cobrar sus sueldos, ellos aprovechaban la ocasión para exigir que se les cancelaran los montos correspondientes a dos meses, con lo que otra infracción se cometía, pues el Decreto 1829 de diciembre de 1902 prohibía ese tipo de pagos.

EL DESORDEN ADMINISTRATIVO Y LOS INGRESOS FISCALES

Adicional a estos gastos, también debemos sumar lo de vales pagados pero no legalizados, es decir, cuyo soporte contable aún no se había tramitado. Ese era el caso de la compra y gastos de sostenimiento del crucero nacional "Pinzón" (AGN, caja 3, carpeta 2: 41). Ni siquiera era del todo claro cuánto dinero le hacía falta a las oficinas nacionales en Panamá para poder cubrir los costos que a través de ella se tramitaban.

El problema del desorden era aún más grave que la falta de legalización de vales y papeles. Negocios de más cuantía, y en ese sentido más importantes, tam­bién estaban enredados contablemente y ya nadie sabía cómo eran las cuentas. Este era el caso de la habilitación del Muelle de la Boca que había costado $200.000 en oro americano y que canceló la administración del fisco pero que debía ser reembolsado por la Compañía del Ferrocarril de Panamá. Sin embargo, sobre un negocio de tanto valor los administradores no tenían claro cuánto dinero se ha­bía recuperado de la Compañía y cuánto faltaba por ser reintegrado. La razón para tal desorden era que el general Carlos Albán remitía cantidades que no lle­gaban a cubrir la totalidad del negocio pero de las que al parecer no se tenían soportes (AGN, caja 3, carpeta 2: 41).

Otro negocio en las mismas condiciones de desgreño administrativo eran las cuentas con el Banco Nacional. La administración tenía un vale por $500.000 en billetes del Banco que hasta la fecha de la visita no había sido cancelado (AGN, caja 3, carpeta 2: 41) ni se tenía claro cómo se iba a recuperar la plata de un establecimiento en liquidación desde hacía varios años.

Como si con esto no fuera suficiente para tener claro que las oficinas na­cionales en el departamento de Panamá vivían en un permanente déficit, a pesar de las remesas y suplementos que le enviaban de Bogotá y del mismo Panamá y de las rentas nacionales en la región, debemos agregarle dos nuevos problemas. El primero, un vale por $300.000 que había firmado el general Albán, dinero que empleó para su traslado hasta Riohacha y que, por estar muerto, ya difícilmente legalizaría. El segundo, otros $300.000 entregados al general Julio Giraldo de los "que también se ignora el producto" (AGN, caja 3, carpeta 2: 41).

Así las cosas, los gastos en las funciones sociales de la Nación en Panamá se veían en la más absoluta precariedad. En 1901 al hospital se le adeudaban $7.000 y a su vez la institución, únicamente por las carnes consumidas, debía $14.000 (Pizzurno, 1990: 92). Y la situación de los funcionarios de la administración fis­cal era igual de precaria. En un memorando de 1898, el administrador pide que

183

CARLOS EDUARDO VALENCIA

se eleven los $10 mensuales que se destinan al pago del canon de arriendo del local y que se les asigne $ 15 para conseguir una oficina que cumpla con los míni­mos requerimientos exigidos, pero

Si acaso V. S. estime inconveniente hacer el aumento que solicitó, me permito suplicarle que siquiera entonces el gasto de $12,50 mensuales que actualmente se pagan por no ser de justicia que el excedente de $2,50 ó sea de $30,00 anuales salga del bolsillo del administrador... (AGN, caja 9, carpeta 3: 19).

Pago bastante alto para un funcionario al que no se le cancela su salario con regularidad y que, además, debe cubrir con sus propios fondos los gastos del Estado. Pero si se descuidaba también le tocaba llevar los muebles de la oficina, pues el 23 de mayo de 1903 en el incendio de Panamá, el mobiliario de la inspec­ción del puerto se quemó y no había presupuesto para reponerlo (AGN, caja 9, carpeta 4: 38). Los muebles no eran gran cosa y sabemos esto porque para la misma oficina en 1899 se levantó un inventario que aparece en la Tabla 2.

Tabla 2 Inventario de muebles, inspección del puerto y jefatura

del Resguardo Nacional de Panamá Fuente: (AGN, caja 3, carpeta 3: 6)

Cantidad

3

2

1

6

1

1

2

1

6

6

1

4

2

6

2

Muebles

Mesas chicas en mal estado

Escritorios en mal estado

Estante chico en mal estado

Sillas en mal estado

Silla giratoria

Reloj

Tanques chicos para agua

Falva en mal estado con sus enseres

Chumaceras de cobre

Porras en mal estado

Bandera en mal estado

Remos en mal estado

Velas, mayor y chiquita en mal estado

Cojines en mal estado

Cañas

184

COSTOS FISCALES PARA BOGOTÁ DE LA PÉRDIDA DE PANAMÁ

Como es evidente, no se requería mucho dinero para reponer las pocas sillas y mesas. Sin embargo, no se tenía, a pesar de no saber qué había pasado con los $200.000 de oro americano de la habilitación del muelle o con los $300.000 entregados al general Albán. Por eso la solución era continuar pediendo giros, llámense remesas o suplementos, a las instancias respectivas. No había otra sali­da, porque las rentas no alcanzaban y otras fuentes de ingresos ya no estaban disponibles.

Los ingresos corrientes de la oficina nacional en Panamá fueron también levantados por la visita de mediados de 1903 y aparecen en la Tabla 3. Lo primero que debemos decir de los datos es que las cuentas están descuadradas. Nosotros hemos trascrito el monto total que aparece en el documento, $734.559,35, pero la suma de cada uno de los rubros da $724.430,55, esto es, un descuadre de $10.128,80.

Tabla 3 Ingresos del libro de caja. Panamá, enero a julio de 1903

Fuente: (AGN, caja 3, carpeta 2: 39)

Rubro

Salinas

Papel sellado y timbre nacional

Telégrafos

Derechos consulares

Derechos de degüello

Derechos sobre minas

Multas impuestas por autoridades nacionales

Extracción de lastre de Panamá

Ingresos varios

Derechos de pesca de perlas

Depósitos sobre rentas de cigarrillos

Depósitos sobre rentas de tabaco

Remesas de otras oficinas

Remesas de la pagaduría central

Suplementos departamentales

Total

Monto $

17.938,35

20.459,20

727,15

1.973,00

81.666,55

356,35

32,00

1.039,50

30.443,20

7.100,00

30.000,00

17.500,00

22.102,80

427.492,45

65.600,00

734.559,35

%

2,48%

2,82%

0,10%

0,27%

11,27%

0,05%

0,00%

0,14%

4,20%

0,98%

4,14%

2,42%

3,05%

59,01%

9,06%

100,00%

185

CARLOS EDUARDO VALENCIA

El informe de la visita también hacía claridad que se debía agregar la exis­tencia en caja del primero de enero de 1903 que correspondía a $5.134,75 más los derechos de exportación que se habían pagado en oro pero de los cuales se había estado disponiendo y que por ende no estaban registrados pero que en pesos de plata correspondían a $36.321,15. Por último, se sumaron los préstamos que se habían conseguido del comercio local y que en los primeros siete meses del año llegaron a $131.000, lo que arroja un gran total, según los cálculos de los funcio­narios, de $907.015,25.

En el gráfico siguiente colocamos las proporciones de cada uno de estos ingresos, agrupándolos para poder ver con claridad la importancia de cada uno. Del primero que debemos hacer una advertencia es de los derechos de exporta­ción que en la visita aparecen como pesos de plata mientras los restantes están en papel moneda. Como es bien conocido, durante los años de la regeneración con­vivieron paralelamente tres tipos de moneda: pesos-oro, pesos-plata y papel mo­neda. Cada uno se empleaba en diferentes cuentas y generalmente, como en este caso, los pagos de exportación se hacen en oro o plata. Para poder realizar la conversión hemos empleado dos métodos. El primero es utilizando el total que da la visita ($907.015,25) y a éste se le restan todos los rubros; la diferencia debe corresponder con la equivalencia de los $36.321,15 de los derechos de exporta­ción, en este caso son $51.584,70. La otra forma ha sido usando la corresponden­cia, que propone losé Antonio Ocampo en los anexos de Colombia y la economía mundial (Ocampo, 1998: 402), de tasas de cambio de 1,873 y 1,503 entre pesos-oro y papel moneda con pesos-plata, respectivamente. Por este método, los dere­chos de exportación son $45.353. En términos porcentuales, respecto al total de ingresos, la diferencia entre uno y otro dato son 0,69%, es decir, completamente irrelevante para nuestros fines.

Gráfico 2 Ingresos más relevantes de Panamá en 1903.

pagaduría cen

tedios de degüelle:

186

COSTOS FISCALES PARLA BOGOTÁ DE LA PÉRDIDA DE PANAMÁ

Así las cosas, los derechos de exportación no eran una de las fuentes rele­vantes de la administración nacional en Panamá; su aporte era de un escaso 5% al 6%; menor que el 9% que se conseguía a través de los derechos de degüello, una de las rentas nacionales en los departamentos más importantes de fines del siglo XIX. Específicamente, en el Istmo entre 1897 y 1898 el aporte promedio mensual fue de $7.396,69; aunque en agosto del 97 fue de $10.043,35 y en los últimos meses del 98 estaba en $6.953,35, registrándose una caída importante. En cambio, el promedio mensual de 1903 es de $11.666,65. Sin embargo, no po­demos afirmar que sea más alto, en tanto los altísimos índices inflacionarios como consecuencia de las emisiones de la guerra, así como los fuertes controles mone­tarios impuestos luego de ella, hacen que sean prácticamente incomparables las dos cifras a pesar de tener sólo unos años de distancia.

Gráfica 3 Comportamiento de los ingresos declarados por degüello. Panamá,

agosto 1897-diciembre 1898

Fuente: (AGN, caja 26, carpeta 1; caja 23, carpeta 2; caja 8, carpeta 2)'

aíiof.un) --

Para confrontar los datos de ambas fechas preferimos hacerlo mediante su peso relativo en el total de ingresos. Para los 17 meses de finales del XIX, en prome­dio la renta de degüello panameña le significó a la Nación el 6,3% mensual, que es bajo, si se compara con el 9% que arrojaron las cuentas de 1903. Lo que no quiere decir que la renta haya caído o aumentado. Solamente quiere decir que su impor­tancia en la estructura de los ingresos fue mayor en 1903, pues como lo muestra el Gráfico 4, únicamente en agosto de 1897 llegó a estar por encima del 9%.

1 Los datos de noviembre de 1897 y agosto y septiembre de 1898 fueron estimados a partir de los saldos de los meses inmediatamente anteriores y posteriores.

187I

CARLOS EDUARDO VALENCIA

Para comprender ese alto peso relativo en los balances de agosto de 1897 y en 1903, debemos detenernos en las remesas nacionales. Ellas, en tanto eran una de las fuentes más importantes de los ingresos en Panamá, determinaban la rele­vancia relativa de los ingresos: cuando llegaban y eran abundantes, las otras fuen­tes perdían peso, y al contrario, cuando escaseaban, los otros ingresos eran los de mayor preponderancia.

Gráfico 4 Comportamiento porcentual de los ingresos por degüello

sobre el total de ingresos mensuales. Panamá, agosto 1897-diciembre 1898

Mes

Esta relación entre las transferencias desde Bogotá y las otras fuentes de ingresos nacionales en el departamento es lo que explica el comportamiento casi inverso que presentan los Gráficos 4 y 5. Cuando las rentas de degüello van ca­yendo desde agosto de 1897 hasta diciembre del mismo año, es porque las remesas de la pagaduría central van aumentando en esos mismos meses. El punto más alto de los giros bogotanos es ese didembre con los $56.000 (Gráfico 6) que co­rrespondieron al 15,7% del total percibido por los panameños, monto que preci­samente se corresponde con el mes en que la renta de degüello fue, en términos relativos, la más baja aunque en valor absoluto era apenas un poco menor de lo que se registraría en los primeros meses de 1898.

Por el contrario, los primeros tres meses de 1898 el valor relativo del degüello aumentó gracias a la caída de los envíos de recursos desde Bogotá, tal y como se muestra en el Gráfico 6. Sin embargo, el bajo monto de los giros bogotanos fue gradualmente sustituido por las remesas que llegaban desde Barranquilla.

¡188

COSTOS FISCALES PARA BOGOTÁ DE LA PÉRDIDA DE PANAMÁ

Gráfico 5 Comportamiento porcentual de las remesas nacionales

sobre el ingreso total mensual. Panamá, agosto 1897-diciembre 1898

p

18,0%

16.0%

14,0%

12,0%

10,0%

8,0% •

4,0%-

2,0%'

na

-

Ago

-97

Sep-

97

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Mes

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30 3C 5C 5 5 3 5 OS V.

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Gráfico 6 Comportamiento de las remesas nacionales. Panamá,

agosto 1897-diciembre 1898

CARLOS EDUARDO VALENCIA

Gráfico 7 Comportamiento de las remesas desde Barranquilla.

Panamá, agosto 1897-diciembre 1898

25-000,00

20.000,00

1 15,000,00

10,000.00 -

5,000,00 -

n

—

-

Mes

En el Gráfico 7 se aprecia el importante aumento en los traslados entre enero y mayo de 1898, que si bien no llegan a ser los $56.000 transferidos desde Bogotá en diciembre de 1897, sí son montos relevantes. Para hacernos una idea de la dependencia de los recursos de la Nación en Panamá con los traslados barranquilleros, es suficiente con mirar que el promedio de lo enviado desde la Pagaduría Central en este año y medio es de $14.789, mientras el barranquillero es de $16.650, esto es, un poco menos de $2.000. La diferencia es por el caso atípico de ese diciembre que elevó el promedio nacional; de lo contrario, Barranquilla contribuiría con alrededor de $5.000 más que Bogotá.

Pero, además, el comportamiento de las remesas costeñas, a pesar del fluc-tuante comportamiento que tienen, va a ganar una gran relevancia en la estruc­tura de ingresos de la oficina nadonal de la administración panameña. En el Grá­fico 8 aparecen los porcentajes de estos giros y cómo de un modesto 4,3% que tienen al comienzo del período se van haciendo fuertes hasta llegar al 31,9% en noviembre de 1898. Por supuesto, hay un par de meses en que caen, pero sólo son dos casos.

190

COSTOS FISCALES PARA BOGOTÁ DE LA PÉRDIDA DE PANAMÁ I

Gráfico 8 Comportamiento porcentual de las remesas de Barranquilla sobre el ingreso

total mensual. Panamá, agosto 1897-diciembre 1898

• £

i

5 5 . a

25.0% -

20,0% -

L-,0%

10.0%

i r - 77 -

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Recapitulando, lo que hemos afirmado en los últimos párrafos es que la estructura de los ingresos de la oficina fiscal nacional en Panamá dependía estre­chamente de las remesas que les llegaran, mientras que su vinculación con las rentas departamentales, incluyendo las transferencias que le hace el departamen­to, es mínima. Para demostrarlo evidenciamos, primero, el bajo impacto de los derechos de exportación en 1903 y, a juzgar por los balances mensuales de 1897 y 1898, estos montos son mínimos. Segundo, que los suplementos departamenta­les en el primer semestre del año de la separación representaron sólo el 7,2%, y eso que los políticos panameños en esos meses hablaban de la cantidad de dine­ros que tenían que transferir. Aún más, entre agosto de 1897 y diciembre de 1898, el departamento en total sólo trasladó $9.000, que se contabilizaron en los meses de diciembre 97 y enero 98, mientras que Bogotá envió más de $207.000 y Barranquilla más de $249.000 en el mismo período.

Tercero, y tal vez lo más sustancial, es que al tomar la renta departamental más importante, la de degüello -al final del período contable acumulaba $ 161,960,40 contra los $60.400 recaudados por los correos que aparecían en el segundo lugar-y comparar su peso relativo en los ingresos contra el total -Bogotá + Barranquilla-de las remesas recibidas, se encuentra una correspondencia casi perfecta, si el año y medio se divide en tres períodos y se asume el total de transferencias como variable independiente. En el Gráfico 9 aparece esta correlación.

191!

i CARLOS EDLARDO VALENCIA

Gráfico 9 Correlación entre porcentajes normalizados de total remesas nacionales

y renta de degüello. Panamá, agosto 1897-diciembre 1898

B , , 9

-2,50 -2,00 -1,50 I -0,50 0,00 0.50

Porcentaje normalizado total remesas

Para hacer comparables los porcentajes, hemos hecho lo que la estadística llama normalizar. En el gráfico se ve con claridad que existen tres intervalos: el anterior al cero en las remesas, el que está entre 0 y 0,5 y el superior al 0,5. Para que su interpretación sea más clara, hemos colocado los coeficientes de correla­ción, ordenados para cada período en la Tabla 4; como se, ve en los meses de agosto a febrero y octubre a diciembre, la relación es muy estrecha, mientras que en el intermedio, esto es, marzo a julio, no es tan fuerte.

Tabla 4 Correlación entre porcentajes normalizados del total de remesas y renta

de degüello. Panamá, agosto 1897-diciembre 1898.

Meses agosto 1897-febrero 1898 marzo 1898-julio 1898 octubre 1898-diciembre 1898

índice de correlaciones 0,834 0,486 0,997

Así, es bastante clara la dependencia del comportamiento del peso relativo de la renta de degüello con los porcentajes de dinero transferido a Panamá, es decir, para que la oficina del Istmo pueda mantener su operación en aquellos años eran indispensables las transferencias, sean de la Pagaduría Central o de Barranquilla. Y este fenómeno es tanto para 1897 y 1898 como para 1903. En este último año, Bogotá enviaba $427.492,45, que son casi el 50% de los ingresos, esto

1192

COSTOS FISCALES PARA BOGOTÁ DE LA PÉRDIDA DE PANAMÁ

es, que en gran parte el funcionamiento se logra gracias a los traslados que la Nación hace al departamento. Desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta única­mente los ingresos corrientes, era mucho más lo que Bogotá entregaba a Panamá que lo que Panamá giraba a la Nación. El aporte medianamente importante de la economía panameña a los ingresos corrientes de 1903 eran los $178.500 corres­pondientes al 19,68% que giraban las personas y empresas a título de depósitos, ya sea sobre los cigarrillos, el tabaco o el más importante, el de los comerciantes.

LOS PROBLEMAS DE LIQUIDEZ

A juzgar por los valores en caja encontrados en la visita, la liquidez de la oficina también era baja. Según los datos hallados, se tenía un registro de $5.134,75 para el primero de enero de 1903 (AGN, caja 3, carpeta 2: 39). Pero de éstos, al parecer solamente $2.695,45 están en metálico, el restante son, de nuevo, vales sin legali­zar (AGN, caja 3, carpeta 2: 35).

La convivencia de vales con dinero en la cuenta de caja no es sólo un pro­blema que esté en los libros de 1903. En los libros de 1897 y 1898, la confusión de las cuentas es tal, que el rubro correspondiente es nombrado como caja y cartera y por ende nos es muy difícil calcular con exactitud la disponibilidad que tiene la oficina. Lo que hemos hecho es granear la diferencia entre el crédito y el débito de cada mes en esa cuenta y así al menos lograr tener una idea de cómo era el movimiento de la caja nadonal en Panamá.

Gráfico 10 Diferencia entre crédito y débito de operaciones mensuales. Panamá,

agosto 1897-diciembre 1898

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Como se ve en el Gráfico 10, la caja fluctúa fuertemente en un rango bastan­te amplio y sin que presente un ritmo temporal evidente. Lo único que podemos afirmar con cierta seguridad es que el monto que encontraron los visitadores en 1903 no es un valor muy distinto al de los último años del siglo XIX, y en ambos casos la liquidez es un problema serio al que se enfrentan los administradores.

Como la liquidez tendía a rangos bajos y fluctuantes y las remesas nacio­nales escasamente alcanzaban a cubrir el 76% de los gastos militares, se hacía necesario que la administración del fisco recurriera a los agentes privados locales para conseguir los recursos fallantes; entonces, 1903 fue un año aún más duro para los intereses económicos nacionales en Panamá.

Como hemos dicho, la caja panameña vivía en un permanente desangre debido a los cobros de los militares colombianos de todas las regiones del país. En ese sentido, Panamá solamente actuaba como intermediario, pues la Nación re­mitía sus fondos pero éstos luego se transferían a los otros departamentos a tra­vés del pago de nóminas.

Sin embargo, en esta operación Panamá debía buscar unos recursos adi­cionales para el financiamiento de esas nóminas. Dineros que conseguía a través de los negocios privados. Pero en 1903 gran parte de estas posibilidades se cerra­ron. Los banqueros dejaron de prestar por los montos que se les adeudaban. En un telegrama de mediados de año se deja constancia de su negativa:

Panamá 4(10 am) Buenaventura 4 junio de 1903 Ministerio del Tesoro Bogotá Remesa treinta mil pesos no alcanza pagar banqueros y niégase prestar sino autorizan giros cable no se sucederá aquí. Administrador (AGN, caja 23, carpeta 3: 96).

Si los banqueros cerraban sus puertas a la administración nacional, y es válido suponer que para que se dieran estas negativas los móviles iban desde razones económicas hasta políticas, la Compañía del Ferrocarril también guar­daba la misma distancia:

Panamá 19 (5 pm) Buenaventura 19 mayo 1903 Ministerio de Guerra Bogotá Compañía Ferrocarril no da ni carbón ni agua porque no pagase de contado urge foro cable cincuenta mil pesos oro (AGN, caja 23, carpeta 3: 90).

Con las puertas cerradas en los bancos y en la Compañía del Ferrocarril, la administración se hacía cada vez más difícil, pues la única manera que le quedaba a la Nación de conseguir dineros en la región era a través de los suplementos departamentales, es decir, los traslados de fondos del departamento hacia el fisco nacional en Panamá.

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COSTOS FISCALES PARA BOGOTÁ DE LA PÉRDIDA DE PANAMÁ

Pero este camino tampoco fue muy expedito en 1903 y la región se negaba a realizarlos, o a servir de fiador en las operaciones nacionales y así bloqueaba las pocas opciones que le quedaban a la oficina para continuar operando. El primero de julio llegó un telegrama en el que se decía:

Vapores Bogotá Darién no pueden seguir Cauca. Falta carbón. Compañía Ferro­carril exige pagarlo contado u orden gobernador suministro. Este niégala. Vásquez (AGN, caja 23, carpeta 3: 98).

Al siguiente día, 2 de julio de 1903, el gobernador panameño contestó a este telegrama del general Vásquez a través de un fuerte cable que dirigió a Bogo­tá, y en el que se quejaba de los suplementos que debía realizar y que, como siem­pre, se empleaban en el pago de gastos militares. En el telegrama se lee:

Panamá 2, Buenaventura 2 julio 1903 Vicepresidente Bogotá Y le suministrado fondos dpnto sesenta mil pesos plata para gastos militares guar­nición y comandancias flotilla atlántica pacífica. Situación insostenible. Público indignado por ingentes gastos que se hacen pesar sobre Departamento. Si no es posible poner orden y suprimir comandancias vereme obligado renunciar. Gobernado (AGN, caja 23, carpeta 3: 100).

Así, si bien existían las posibilidades de conseguir recursos mediante el concurso de las finanzas departamentales, esas opciones eran cada vez más re­motas pues no existían las condiciones para efectuarlas. La situación era tan gra­ve como para que el gobernador se atreviera a formular un ultimátum como el que acabamos de transcribir y amenazara con pasar su renuncia, a la vez que acababa de negar su apoyo para mediar en conseguir los dineros necesarios para la operación naval que denunciaba el general Vásquez.

EL MANEIO ECONÓMICO LUEGO DE LA SEPARACIÓN

Pero, además, no solamente los problemas de la administración nacional en Pana­má eran fiscales. Estos asuntos cada vez ejercían una mayor presión sobre la ya muy complicada tensión política en el departamento. Por supuesto, la precariedad eco­nómica de Colombia en Panamá no fue un móvil para la separación de noviembre, pues la situación era similar en los restantes departamentos y, sin embargo, éstos no se separaron. Pero la pobreza colombiana frente a los altos gastos en la región y la consecuente presión que ejercía para conseguir suplementos departamentales sí se empleaba como una excusa política que justificara la secesión.

Al final, los ultimátum dejaron de ser una amenaza y efectivamente el de­partamento de Panamá dejó de enviar los suplementos, ya no eran posibles, el departamento se había convertido en una nueva República. Pero, por paradójico que parezca, esto no significó un alivio a la carga fiscal colombiana debido a los

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gastos panameños. Claro que con la separación, la administración nacional en el Istmo desapareció, pero Colombia no deseaba reconocer la independencia y de­bió continuar asumiendo los compromisos internacionales que su antigua re­gión había contraído o le correspondían.

En 1905, jorge Holguín, a nombre del gobierno del general Reyes, renegociaba la deuda colombiana en Europa y dentro de ella mantenía la propor­ción de los empréstitos que correspondían a la recién creada Nación, como meca­nismo para no reconocer implícitamente su independencia.

En su carta del 18 de octubre de 1905 al consejo de bondholders, Holguín afirmaba que:

En el mencionado convenio aprobado definitivamente, no se estipuló condición ninguna sobre la parte de la deuda colombiana que debe pagar Panamá. Colom­bia se comprometió a pagar el capital y los intereses de toda la deuda, llevando su delicadeza y su previsión hasta el extremo de no aceptar el artículo 8o que ponía en guarda sus derechos, porque no se creyera que tal estipulación implicaba el reconocimiento de la nueva república... (AGN, caja 1, carpeta 4: 29).

Colombia intentaba mantener por lo menos su pretensión formal para que no se reconociera la separación panameña; a cambio, debía mantener sus esfuerzos fiscales y continuar pagando el total de la deuda, incluyendo el porcen­taje que le correspondía a los istmeños.

Claro que el gobierno del general Reyes, como casi todos los colombianos informados de la época, sabía que las posibilidades reales y ciertas de recuperar el antiguo departamento eran completamente inexistentes. Por lo tanto, se intentó firmar un tratado con Estados Unidos en el que Panamá asumía propordonal-mente la deuda colombiana contraída antes del 3 de noviembre de 1903. El mon­to se fijó en 2.500.000 dólares que serían cancelados en 10 anualidades, cada una de US$250.000 y que serían asumidos, a nombre de los panameños, por los nor­teamericanos desde 1908 (López Michelsen, 1989: 155).

Pero las tensiones políticas en Bogotá y en general en toda Colombia eran tan fuertes como para obligar al gobierno a no insistir más en ese tratado y por el contrario negociar la deuda en términos globales y no por proporciones. Si no lo hacía así, las críticas que recibiría serían fuertes.

El único móvil para mantener el compromiso por el total de la deuda no era sólo la política interna o la diplomacia internacional. También había una jus­tificación económica de por medio. En una carta de unos días después, el mismo lorge Holguín le comentaba a Rafael Reyes que:

... por consiguiente, no hay ninguna duda sobre el particular: lo que Colombia reciba de Panamá es para su Tesoro, puesto que nada tiene que dar á los tenedores de la deuda una vez que su gobierno se comprometió á pagarla toda y dio garantía para el pago de toda ella (AGN, caja 1, carpeta 4: 34).

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COSTOS FISCALES PARA BOGOTÁ DE LA PÉRDIDA DE PANAMÁ

Desde una perspectiva puramente económica, mantener el pago de la deu­da no era un buen negocio. Se trataba casi de generar, indirectamente, un perío­do de gracia para los panameños -y por esta vía a los norteamericanos- que no tendrían que pagar por un tiempo la proporción de la deuda colombiana que les correspondía, mientras que Colombia efectuaba esos desembolsos. Además, en general, adelantar pagos supone asumir los costos de la pérdida de control del dinero por el anticipo que se esté realizando.

Dicho esto, sin embargo, el gobierno colombiano aspiraba a sacar algún provecho de la situación, al intentar negociar después con Panamá directamente, y probablemente en esto tenía razón, ya que si permitía que los tenedores de los bonos colombianos negociaran por su propia cuenta, sería posible que los intere­ses de Colombia fueran perjudicados aún más.

Pero más interesante es que la carta entre el embajador en Europa y el Presidente, al igual que el fracasado tratado, dejan ver con toda claridad que Colombia era plenamente consciente que las posibilidades de que el Istmo re­tornara al país eran nulas, y que por lo tanto, al no poder conseguirse de inme­diato el dinero que pretendía compensar la pérdida, había que preparar la si­guiente fase del proceso de negociación y empezar a pensar en la indemniza­ción que se podría conseguir unos años después, cuando el clima político lo permitiera.

En realidad, lo alarmante de la negociación económica colombiana res­pecto a la perdida de Panamá con los intereses europeos en los siguientes años a la separación, no fue con los poseedores de bonos de deuda sino con la Compa­ñía del Canal y las 50.000 acciones que poseía la Nación en ella. Para comprender la situación, volvemos a citar cartas entre Holguín y Reyes:

Conforme a esta modificación, que con toda posibilidad será ley de la república [francesa] la Antigua Compañía del Canal de Panamá quedará exonerada de la parte (60%) que le corresponde en los derechos de registro. Quién debe pagar el 40% de diferencia? Evidentemente la Nueva Compañía del Canal. Pero como esta Compañía tiene en sus manos las 50.000 acciones (ó su equivalente en dinero) sobre las cuales puso hace tiempo embargo, es más proba­ble que vuelva ahora á decir que el pago lo hará pero cargándolo en cuenta a Colombia (AGN, caja 1, carpeta 4: 68).

Es decir, tras de que Colombia había perdido un departamento de su terri­torio y que con él se iban las posibilidades de encontrar en algún momento recur­sos importantes para su economía, además, como hemos dicho, lo que en reali­dad perdió con la separación de 1903 fueron las fuentes de recursos frescos, lo que sí supuso un fuerte golpe para el fisco nacional, que venía a sumarse a los problemas con la Compañía del Canal.

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Como es bien conocido, las negociaciones con las compañías -Antigua y Nueva- siempre fueron difíciles y el desorden administrativo de las empresas y del Estado, la especulación financiera en las bolsas, las condiciones tecnológicas de de­sarrollo de la construcción y hasta el contexto insalubre de la región, jugaron para que jamás fuera posible una relación armoniosa2. Como si esto fuera poco, venía a sumársele la separación panameña y con ello una maraña aún peor de problemas. Entre ellos, quién debía asumir los costos de los registros en Francia, donde, a su vez, los embates políticos en torno al tema eran fuertes y los intereses privados jugaban insistentemente en los debates en el parlamento.

Como el Estado tenía la posición más débil en esa tensión, y como todo hilo se rompe por la parte más delgada, al final sería Colombia quien terminaría asumiendo los costos, pues la Antigua Compañía ya no existía y la Nueva simplemente trasladaba los rubros correspondientes al Estado colombiano. Así, al final terminó perdiendo: el territorio panameño, la construcción del canal, las fuentes de recursos frescos, los intereses y el capital de la proporción de la deuda externa que le correspondía a la nueva República y hasta las acciones y los derechos de registro en Francia.

Recapitulando, hemos dicho: primero, que las rentas nacionales en Panamá -derechos de exportación, de degüello, depósitos sobre cigarrillos y tabacos y otros-no alcanzaba a cubrir ni el 30% de los gastos que Colombia asumía en la región. Segundo, que aunque suene paradójico si se tiene en cuenta los hechos de noviem­bre de 1903, en lo que más se gastaba dinero era en la defensa y protección del Istmo -si es que podemos llamar tan eufemísticamente al gasto militar-. Tercero, que gran parte de ese gasto era irregular y hasta fraudulento. Cuarto, que la fuente principal de recursos en los últimos años para la oficina fiscal en Panamá eran los giros nacionales y no los suplementos departamentales y menos las rentas regiona­les. Quinto, que en ese año las fuentes tradicionales de recursos en la zona: Compa­ñía del Ferrocarril, los bancos y el departamento, dejaron de entregar recursos, lo que a su vez incrementó la tensión política. Sexto, y último, que luego de la separa­ción, Colombia continuó con los pagos por el total de la deuda sin excluir la pro­porción panameña y que las razones para ello fueron sobre todo políticas y de la negociación económica asociada a ella.

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'- Para consultar sobre este problema, véase, entre muchos otros, a Lemaitre (2003)

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nación de Antioquia.

Panamá y sus efectos territoriales en Colombia. Siglos XIX y XX

Fabio Zambrano

LA ADSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE PANAMÁ A SURAMÉRICA

La arquitectura territorial del continente definió al Istmo de Panamá como una especie de "gozne", como un "espacio bisagra", encargado de comunicar macroespacios distantes, sean éstos el Atlántico y el Pacífico, o el norte y el sur del continente. Estas vocaciones territoriales han marcado las dinámicas políticas de la administración de Panamá, desde el inicio de la constitución del imperio espa­ñol en América. Una de las paradojas históricas que encontramos al analizar las dinámicas espaciales de Panamá es que mientras estuvo adscrita a la administra­ción política de la Nueva Granada, sus relaciones espaciales eran mínimas, mien­tras que, luego de su separación, sus efectos territoriales han sido profundos, como veremos en esta ponencia.

Estas vocaciones comunicadoras aparecen desde el momento mismo en que el inicio del poblamiento del continente americano tuvo en el Istmo de Pana­má su paso natural de tránsito entre el norte y el sur del continente. Puente natu­ral entre estos macroespacios, desde la Conquista muestra una función de comu­nicación que luego va a ser sistematizada por el Estado español, que lo va a sepa­rar, en términos administrativos, de Centroamérica para adscribirlo a las unida­des administrativas del sur, primero al Perú y luego al Nuevo Reino de Granada, dos posesiones españolas de ultramar que derivaban sus riquezas de los Andes.

Desde el momento en que Vasco Núñez de Balboa descubrió el océano Pacífico, Panamá se convirtió en el gozne que une diversos macroespacios del imperio español. Su vocación de eje de comunicaciones entre la costa occidental de Suramérica y el Caribe provocó que la geopolítica española impusiera sus in­tereses y le asignara al Istmo funciones de comunicación entre los lugares pro­ductores de recursos mineros, las montañas andinas del Perú, y la metrópoli donde

FABIO ZAMBRANO

se acumulaban, España. Estas funciones, determinadas por intereses imperiales, van a llevar a que Panamá sea escindida políticamente de Centroamérica y sea inscrita en la dimensión administrativa de Suramérica. Consideramos que ésta es una de las razones para entender que Panamá sea adscrita a la Nueva Granada y dependa administrativamente de una ciudad como Santa Fe, con la que nunca va a establecer relaciones directas, sino político-administrativas.

La condición de la costa caribeña de la Nueva Granada de ser la "proa continental" de Suramérica, es decir la porción más al norte de Suramérica, va a definir la designación de Cartagena como el puerto encargado de asegurar mili­tarmente las relaciones de este subcontinente con el Caribe y por lo tanto con España. A su vez, la inmensa riqueza de metales preciosos provenientes del virreinato del Perú y su extracción a favor de España, forzó la construcción de un corredor, de doble vía, entre Lima, Panamá y Cartagena. Estos intercambios for­jaron unas relaciones coloniales muy estrechas entre el puerto caribeño de Cartagena y el puerto sobre el Pacífico de Ciudad de Panamá, las cuales se conso­lidaron en razón a los servicios militares que ofrecía Cartagena, de los cuales Portobelo era un gran beneficiado.

Cuando se establece en 1550 la Real Audiencia en Santa Fe, el puerto de Cartagena pasó de la jurisdicción de Santo Domingo a la santafereña. En esta nueva audiencia, las gobernaciones conferidas toman como referencia los hitos costeros, como es el caso de Santa Marta, Cartagena y Panamá. A su vez, el Nuevo Reino de Granada estaba asignado al virreinato del Perú, que incluye a Panamá (Morales, 1988: 396). Así, encontramos que, con las primeras definiciones políti­co- administrativas que adelanta España, el Istmo de Panamá aparece incluido en Suramérica.

La constitución de la Audiencia de Panamá, es decir la definición de cierta autonomía administrativa de Panamá, muestra los vaivenes que España tiene en otorgarle independencia administrativa de los centros andinos, fuentes de los grandes recursos, sean mineros o tributarios. Así, en 1535 se establece la Audien­cia de Panamá, y en 1542 se suprime. En 1563 se restablece, en 1717 se suprime, en 1722 se restablece, en 1751 se suprime, para quedar como una gobernación bajo la administración del virreinato santafereño.

El traslado de la jurisdicción del Perú al Nuevo Reino de Granada tiene que ver con el desarrollo de las economías y las dinámicas demográficas en los siglos XVII y XVIII, cuando se encuentra que el virreinato del Perú resulta total­mente desmesurado para administrar estos territorios, pues contiene 5 audien­cias y 10 gobernaciones, y por ello se aplica un reordenamiento territorial. Estas reformas tienen que ver con los nuevos intereses del Despotismo Ilustrado borbónico, el cual buscaba la eficiencia administrativa según los nuevos intereses imperiales.

Por ello en 1717 se crea el virreinato de la Nueva Granada, suprimido años después y restablecido definitivamente en 1739. Cuando sucede esto, surgen ten-

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PANAMÁ Y SUS EFECTOS TERRITORIALES EN COLOMBIA.

SIGLOS XIX Y XX

siones por la capitalidad. Si bien Santa Fe presenta como atributos su centralidad y la alta densidad demográfica de su territorio, otros esperaban que la expansión caribeña presionara por una nueva capital que fuera puerto. La gobernación de Panamá, el cabildo de Cartagena y el obispo de Caracas comandan estos intereses de cambiar la capital. Pero de nuevo la geopolítica imperial terminó imponién­dose y confirmó a Santa Fe como capital del nuevo virreinato. Otra vez, las fun­ciones de comunicación se imponían como criterio para mantener en los Andes la capital administrativa de esta gobernación que tenía costas en el Caribe y en el Pacífico, pues esta ciudad andina, que se encontraba a varios meses de los puertos marítimos, aseguraba las comunicaciones terrestres entre Quito y Cartagena, así como con Caracas. Esto lo podemos observar en los itinerarios del correo a fina­les del siglo XVIII, donde se puede observar la importancia de la Nueva Granada en relacionar los circuitos del correo que provenían de los Andes del Sur con la fachada caribeña, y de allí conectar con el correo marítimo que salía de Cartagena hacia España.

En el nuevo virreinato se incluyeron las provincias que conformaban el Panamá español: Veraguas, Darién, Portobelo. Este virreinato incluía cuatro macroespacios: el Nuevo Reino, la Capitanía General de Venezuela, Quito y Pa­namá. Era evidente que los intereses españoles por conservar una unidad admi­nistrativa tenían el sentido de mantener la unidad de la fachada caribeña, el cos­tado Pacífico y el corazón andino. De nuevo encontramos a Panamá cumpliendo la función de bisagra que unía estos espacios, pues ejercía como una especie de cordón umbilical entre Lima y sus gigantescas riquezas de plata y su traslado a España.

LOS EFECTOS DE LA CRISIS CARTAGENERA

Durante la Colonia, al igual que durante el siglo XIX, la circulación de las provin­cias del occidente de la Nueva Granada, como Pasto, Cauca y Antioquia, no se hacía por el Pacífico puesto que por las dificultades de transporte tenían que buscar el río Magdalena para salir por el puerto de Cartagena. La fachada maríti­ma del Pacífico se encontraba cerrada, en razón a las dificultades de las comuni­caciones entre el valle del río Cauca y el puerto de Buenaventura, pues el camino que seguía el cañón del río Dagua no ofrecía condiciones seguras para el tránsito de mercancías, y en invierno tampoco el de viajeros.

En razón de ello, los comerciantes de Quito, Pasto y Popayán tenían que utilizar el camino de Guanacas, que salía a La Plata, en la Provincia de Neiva, o por el camino del paso del Quindío, el más recurrido, para buscar el puerto de Honda y luego seguir la ruta del río Magdalena hacia Cartagena. La paradoja geográfica era total, pues estas provincias se encontraban a pocos kilómetros de la costa pacífica pero tenían que utilizar el Caribe distante.

A su vez, Cartagena, plaza fuerte de España en el Caribe, prestaba diversos servicios urbanos, definidos según los intereses imperiales españoles, siendo uno

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de ellos el de asegurar la protección militar de la Carrera de Indias, como se deno­minaba a la flota española encargada de comunicar a España con estas posesio­nes de ultramar. Con esta función militar estaba también la de plaza de comercio, íntimamente relacionada con la famosa feria de Portobelo, puerto panameño sobre el Caribe. Estas relaciones comerciales y militares se aseguraban con la centralidad administrativa de Santa Fe.

Pero la crisis de independencia provocó una profunda desintegración de estas relaciones. La guerra de independencia impuso un costo demasiado alto a la costa Caribe, pues destruyó los puertos marítimos como Riohacha, Santa Marta y Cartagena, al igual que los fluviales del río Magdalena. La destrucción física de Cartagena está acompañada de la pérdida de más de la mitad de su población, la ruralización de su entorno y la desaparición de buena parte de su élite. Los efec­tos de esta crisis presentan varias manifestaciones.

Una fue la pérdida de la concepción global del espacio que tenía el imperio español y que no heredó la república de la Nueva Granada. España organizaba sus posesiones de ultramar disponiendo los diferentes espacios como partes de un todo, el imperio, y por ello el Caribe estaba organizado como una especie de pivote, de territorio bisagra, encargado de conectar a Europa con América. En ello el Caribe jugaba un papel central, pues tenía la función de ordenador de los espacios americanos. Como bien lo describe Alberto Abello:

El Caribe surge ante Occidente para confirmar una verdad. Arrastrados por las corrientes comerciales de la génesis del capitalismo llegan los navegantes coman­dados por Colón un 12 de octubre finalizando el siglo XV. Las nuevas fuerzas económicas fueron capaces no sólo de la aventura que significaba adentrarse en un mar desconocido sino de confirmar lo que hasta el momento el Santo Oficio había condenado a la hoguera. El Caribe es el punto inicial de contacto entre Eu­ropa y el Nuevo Mundo, y lo que desde ese contacto inicial se deriva transforma la economía y la sociedad del Viejo Mundo. Entre el siglo XV y el siglo XVIII, entre el descubrimiento de América y las revoluciones francesa e industrial, Occidente presencia el auge del mercantilismo, del capitalismo comercial, interpretado como la primera y germinal fase del capitalismo. Adelantos en ei conocimiento y las tecnologías del transporte fueron soporte de la expansión comercial. Galeones y carracas, brújulas y astrolabios, y el desempolvar el conocimiento ancestral sobre la posible redondez de la Tierra se constituyeron en la base científica de una primera globalización económica: surge al decir de Wallerstein la Economía Mundo. Economía y ciencia se unen en el momento cuan­do se gritó ¡Tierra! desde la Santa María. La llegada al Caribe será el comienzo del florecimiento del capitalismo en el Occidente europeo y de la formación del mer­cado mundial (Abello, 2002).

Con la profunda crisis en que entra Cartagena, la cual dura todo el siglo XIX, así como la de los puertos del bajo Magdalena, la Nueva Granada perdió el

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PANAMÁ Y SUS EFECTOS TERRITORIALES EN COLOMBIA.

SIGLOS XIX Y XX

contacto con el Caribe, y se inició la sustitución de ese nombre por el del Atlánti­co. Este cambio de toponimia nos muestra la pérdida de la mirada sobre este mar, y con ello se ejemplifica el encerramiento del país en los territorios andinos. No es gratuito que las bonanzas exportadoras se presenten a grandes distancias del mar, como fue el caso del tabaco en Ambalema, la quina en las vertientes del sur y el café en las cordilleras Oriental y Central. El desarrollo de las economías exportadoras en los espacios andinos y la crisis de Cartagena influyeron decisiva­mente en el cambio de relaciones entre Bogotá y los territorios costeros.

La crisis de Cartagena, así como este tipo de desarrollo, implicó la disten­sión de los lazos que durante 300 años de relaciones imperiales se habían forjado entre Cartagena y Panamá. Ésta es una de las razones para comprender que du­rante el siglo XIX el Istmo quede un tanto a la deriva de las relaciones con la Nueva Granada, y más bajo las dinámicas internacionales, y con ello vaya per­diendo contacto con nuestro país. Sin embargo, encontramos grandes contrastes entre la suerte de los puertos de Panamá y la decadencia de Cartagena. Además, debemos tener presente que el contacto entre Panamá y nuestra costa pacífica era casi inexistente.

En efecto, como ya lo señalamos, el tránsito entre el valle del río Cauca y la costa pacífica era bastante difícil, como lo demuestra el testimonio del viajero francés Gaspar Teodoro Mollien en 1823, quien bajó por el río Dagua en un aza­roso viaje en canoa y llegó al puerto de Buenaventura, donde encontró un poblamiento que no se compadecía con la importancia que debería tener el puer­to. Luego, al tratar de seguir su viaje a Panamá, encontró dificultades para hallar transporte, por la escasez del tránsito marítimo por esa ruta. Este viajero nos dejó el testimonio de la precariedad de este puerto:

Por fin, sin peligro, pero no sin trabajo, llegamos a ese puerto de Buenaventura en que tantas ganas tenía de verme. (...) Por la importancia y por la belleza de su situación, Buenaventura debería ser una ciudad considerable; un comercio activo debería dar animación a su puerto; una población rica e industrial debería llenar sus calles, y numerosos barcos deberían entrar y salir sin cesar, pero sin embargo no hay nada de eso. Una docena de chozas habitadas por negros y mulatos, un cuartel con una guardia de once soldados, tres piezas puestas en batería; la casa del Gobernador, lo mismo que la de la Aduana, es de paja y de bambúes, situada en la islita de Cascajal, cubierta de hierbas, espinos, fango, serpientes y sapos: eso es Buenaventura... Buenaventura, hoy por hoy, no es nada (Mollien, 1970: 37).

Sin embargo, las relaciones territoriales no se limitaban a las transacciones comerciales, pues con la independencia se estableció otro tipo de contacto y se construyeron nuevas redes, ahora políticas. En efecto, a pesar de la debilidad del comercio de cabotaje entre el occidente colombiano y los puertos panameños, la República significó el establecimiento de otro tipo de relaciones. Desde la tercera década del siglo XIX, nuevos lazos se establecieron entre la élite residente en Ciu-

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dad de Panamá y la distante Bogotá, con la introducción de la representación política, tanto al Senado como a la Cámara de Representantes, y esto sirvió para que las familias que monopolizaban la propiedad territorial y el comercio con­trolaran el manejo político de las nuevas relaciones entre Panamá y la Nueva Granada. De manera paradójica, es en este momento en que la élite panameña empieza a viajar a Bogotá, cuando menos contacto tenía la gobernación de Pana­má con la Nueva Granada, de la cual hacía parte, al menos comparativamente al que había tenido hasta el siglo XVIII.

Por ejemplo, para la primera mitad del siglo XIX, la familia Arosemena tuvo a varios de sus miembros como integrantes del Congreso durante 17 legisla­turas. La familia Fábrega asiste con sus miembros en 13 legislaturas. La familia García estuvo en 7 legislaturas en el Congreso: en 1833, 1834, 1835, 1836, 1842 y 1844. La familia López en 3 legislaturas: en 1834,1835 y 1836. La familia Del Bal en dos legislaturas (Figueroa, 1978: 114). A su vez, José de Obaldía, uno de los políticos panameños más importantes de mediados del siglo XIX, ocupó el cargo de vicepresidente en 1853 y 1854. Este político formaba parte de la red política que controlaba Santander desde Bogotá, en buena parte gracias al control de los cargos públicos. Cabe anotar que los cargos públicos del orden provincial son ocupados por los latifundistas y los comerciantes, quienes se reparten los puestos de diezmeros, gobernador, así como los cargos de representación política. El con­trol de la burocracia y la participación en las redes dientelistas se convirtieron en los nuevos medios para asegurar la continuidad del control que esta élite había tenido durante la Colonia.

No falta que, con las actividades políticas, varios miembros de estas fami­lias decidan estudiar en los colegios y seminarios de la capital.

Una tercera acotación incumbe al cartagenero José Ángel Santos, en siete oportu­nidades diputado por el Departamento de Panamá, sede de sus asuntos materia­les. Privilegiado intermediario, participará, en los debates, defendiendo el progra­ma económico y político de la oligarquía urbana. Merced a sus cuantiosas relacio­nes bogotanas, facilitará los nexos entre los comerciantes panameños y el poder central (Figueroa, 1978: 213).

Igualmente, el manejo de la burocracia del Estado central fue otro factor de relaciones, pues permitió que profesionales de diferentes provincias de la Nueva Granda pasaran por el Istmo. Este fue el caso, precisamente, del cartagenero Ra­fael Núñez, cuyo primer ejercicio profesional lo realizó en Panamá, donde cono­ció a su primera esposa, emparentada con los poderes locales.

Por otra parte, hay que tener presente que el Panamá republicano se en­cuentra fragmentado en dos espacios, el "útil", es decir el corredor de circulación entre los dos puertos, y el "Panamá profundo". Esta fragmentación espacial está acompañada por otra social, los grupos subalternos, conformados por la pobla­ción afrogranadina, los indios y los mestizos. En estas estructuras la pertenencia

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a los partidos políticos sirvió de instrumento de control político de estos grupos, al proporcionar elementos de identidad en sustitución de los sentimientos identitarios provenientes de un nacionalismo panameño que aún estaba en cier­nes y limitado a una pequeña élite. Precisamente esta funcionalidad de los parti­dos de consolidar redes de poder local es la que explica el papel que desempeña un personaje como José de Obaldía, encargado de conectar las clientelas locales con las nacionales, cuyo centro estaba en Bogotá.

Cuatro actas de independencia se producen en la primera mitad del siglo XIX y las cuatro ratifican su pertenencia a la Nueva Granada. Éstas son las de 1821,1830,1831 y 1840. No hay asomos de separatismo, entre otras razones por la profunda crisis por la que atraviesa la economía panameña durante este perío­do, al igual que la neogranadina. Los que firman estas actas en su mayoría ocu­pan los cargos públicos de mayor importancia. No es gratuito que en estos mo­mentos de penuria económica, el control del Estado se convierte en un refugio ante las dificultades de otras fuentes de ingresos.

Los años posteriores a la Independencia -1821- están hipotecados por una rece­sión económica que perdura, grosso modo, hasta 1849. La falta de franquicias comerciales aumenta las dimensiones de la crisis. Muchas fortunas, de cuño colo­nial, se disipan. Los comerciantes urbanos disponen de poquísimos capitales, com­parados con los negociantes foráneos británicos, franceses, norteamericanos, que residen en el Istmo donde son bienvenidos. Habida cuenta de los riesgos inheren­tes al ejercicio del comercio, en una república ávida de proteccionismo, los oligarcas urbanos están impelidos a saturar, a más del comercio, los empleos burocráticos. Reciben honorarios de Bogotá y pueden, así, asegurar el sustento de sus prolíficas familias. Esto no les ofusca en lo absoluto, ya que son los herederos de una tradi­ción burocrática colonial, aún vivaz (Figueroa, 1978: 166).

Para comprender mejor esto, es necesario tener presente que esta élite, en su gran mayoría, proviene de los descendientes de los militares y los burócratas. "En la zona de tránsito, y más particularmente en la capital, los empleos burocrá­ticos, aureolados de genuino prestigio, son codiciadísimos por los criollos. Pues­to que la agricultura agoniza y el desdén por el trabajo manual persiste, la buro­cracia encarna una de las válvulas que les permite conservar, guardadas las pro­porciones, el relativo fausto de antaño" (Figueroa, 1978: 166). A su vez, esto forjó nuevas relaciones con la Nueva Granada republicana y en especial con Bogotá, desde donde se manejaban los nombramientos de la mayoría de los cargos públi­cos, como ya lo señalamos. Esto se puede observar en la correspondencia de Fran­cisco de Paula Santander, quien controla hasta los nombramientos menores, como el del portero del edificio de la gobernación en Chagres. Entre estos empleos se encuentran los proporcionados por los servicios aduaneros, los empleos posta­les, los empleos de Hacienda, el Estanco del Tabaco, el monopolio del aguardien­te, empleos municipales y los de la gobernación.

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La masonería fue otra red que permitió consolidar los lazos en estas déca­das iniciales del siglo XIX. Se funda en ei Istmo al ritmo en que Santander la está creando en los años veinte, y luego un panameño contribuye a refundarla en Bogotá en 1849. Esta red vinculaba a los hombres públicos simpatizantes de la idea de la República y empeñados en la construcción de la opinión pública. Ade­más, las logias masónicas de Panamá y de Bogotá dependían del Gran Oriente de Jamaica.

SENTIMIENTO NACIONAL E INDEPENDENCIAS

A pesar de los varios puntos de encuentro, más asociados a las estructuras políti­cas que a las dinámicas económicas, los intereses comerciales istmeños tendían hacia la divergencia con los que se expresaban en Bogotá, pues mientras la capital es proteccionista, la élite panameña cifra sus esperanzas en el librecambio. Du­rante las primeras décadas republicanas la oligarquía panameña va a solicitarle al poder central el establecimiento de franquicias comerciales, peticiones que son denegadas. La naciente república es proteccionista, condición que es contraria a los planes de los comerciantes panameños, además de centralista. Cuando se es­tablece el librecambio, desde 1850, y luego el federalismo, hay otras fuerzas que actúan presionando hacia la divergencia entre los intereses panameños y los neogranadinos. Esto se inicia en el escenario de la diplomacia.

En efecto, como reacción a las amenazas del imperialismo inglés, el 12 de diciembre de 1846 se firma en Bogotá el tratado Mallarino-Bidlack, el primero ministro de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada, y el segundo, encargado de negocios de Estados Unidos. En este tratado se ponía bajo la protección de los Estados Unidos la soberanía del Istmo. A cambio de ciertas ventajas de tránsito, los Estados Unidos se comprometía a garantizar la soberanía de Colombia. Es evidente que con este tratado el gobierno de Colombia reconocía su impotencia para defender esta porción del territorio nacional, y de manera ingenua lo pusie­ron bajo la protección de la potencia más interesada en controlar la comunica­ción interoceánica. Como señalamos, entre las razones que motivaron a los go­bernantes granadinos para ratificar este tratado pesó la política inglesa de asegu­rar una vía intprrvrpánira nnr C.pntroamérica. nara lo cual bahía reconocido en i a i „ ^ „ , » „ „ „ „ — — r „ » ^ , „ „ , J

1845 al rey de los Mosquitos, o misquito (Tirado, 1976: 43). Posteriormente, en 1848 se firmó en Washington un contrato entre una compañía norteamericana y el gobierno colombiano para la construcción de una ferrocarril en el Istmo de Panamá, contrato que fue ratificado en 1850, en el que se le concedió a la compa­ñía el privilegio exclusivo de construir un ferrocarril, para lo cual los inversionistas recibían de manera gratuita los terrenos necesarios para la vía, los puertos, ade­más de una concesión gratuita de 150.000 fanegadas de tierras baldías. El ferro­carril fue terminado en 1855 (Tirado, 1976: 45).

Razones geopolíticas llevaron a los Estados Unidos a definir estos intereses en Panamá. Primero, este accionar se encuentra dentro de los principios de la

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Doctrina Monroe, "América para los Americanos". Segundo, el descubrimiento del oro en California. En efecto, las riquezas auríferas californianas van a deman­dar un poblamiento proveniente de la costa este, y por ello entre 1848 y 1869 la migración entre las dos costas se produce por el Istmo. Si hasta ahora la integra­ción de Panamá con la Nueva Granada era marginal, y estaba relacionada con la necesidad de los poderes locales de arroparse bajo el Estado neogranadino, la incomprensión de las nuevas dinámicas geopolíticas, las nuevas fuerzas econó­micas, la distancia entre Bogotá y el Istmo y, fundamentalmente, las necesidades estratégicas norteamericanas, van a consolidar un naciente nacionalismo pana­meño.

LAS NUEVAS DINÁMICAS TERRITORIALES: 1849-1903

El estancamiento de la economía panameña sufre una transformación radical desde 1849. Si desde el principio del período republicano los intereses económi­cos de la élite panameña son divergentes de los de Bogotá, desde 1849 esto se va a acentuar. Panamá se transforma en el istmo de Nueva York (Figueroa, 1978:261). Los intereses norteamericanos se incrementan en el corredor comunicador, el dólar reemplaza la moneda nacional, y hasta el nombre del puerto en el Caribe es modificado, pues el puerto de Colón comienza a llamarse Aspinwall, en honor al empresario constructor del ferrocarril; se publican diarios en inglés, y los comer­ciantes de esa nación comienzan a dominar los negocios.

La construcción del ferrocarril produjo un mayor desequilibrio entre el corredor de comunicación y el resto del territorio panameño al generar una ma­yor valorización del territorio que conectaba los dos puertos. Igualmente, las ciu­dades terminales ven multiplicar su población en pocos años. Ciudad de Panamá pasó de 4.897 habitantes en 1843 a 13.311 habitantes en 1864. El comercio, el transporte de pasajeros y los servicios que se prestan fueron las actividades que dinamizaron notoriamente esta porción del territorio. Este auge espectacular pronto llegó a su fin, cuando en 1869 se inaugura el ferrocarril transcontinental americano y se inicia en Panamá una década de profunda recesión. Con ello se pone en evidencia la fuerte dependencia del Istmo de los factores dinamizadores externos que son los que determinan su economía y sus dinámicas demográficas, políticas y sociales. Los intereses imperialistas se dejan sentir de una manera evi­dente.

De otra parte, el federalismo en Panamá -1855 a 1885- va a significar el establecimiento de la tan ansiada descentralización, pero también de la inestabi­lidad política total. De 1863 a 1886 el Estado Federal de Panamá tuvo 26 presi­dentes, y sólo 4 concluyeron su mandato, además de las guerras civiles y el am­biente de anarquía que reinó durante este período. Período de desestabilización pero también de descentralización, en fin, que es terminado de tajo en 1886 con la constitución centralista de Caro y Núñez. Este cambio de relaciones con el poder central va a constituirse en una de las causas de la separación del país andino.

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EFECTOS DEL CANAL EN LAS DINÁMICAS TERRITORIALES COLOMBIANAS

En 1914 se dio apertura al canal interoceánico y con ello se produjeron cambios profundos en las estructuras territoriales colombianas. Para comprender el signi­ficado de estas transformaciones, es conveniente tener presente que están asocia­das a la construcción del Ferrocarril del Pacífico, así como la consolidación del cultivo del café en la cordillera Central.

La coincidencia del Canal de Panamá, abierto en 1914, y la condusión del Ferrocarril del Pacífico, iniciado por Francisco Cisneros en 1878 hasta que el 1 de enero de 1915 llega a Cali (Pardo, 1972: 398), va a generar una gran fuerza por las consecuencias en las comunicaciones del occidente colombiano y sus efectos te­rritoriales. Se señala que en el lapso de dos años después de 1915 el volumen de exportaciones aumentó en más del 100%, el número de pasajeros en 300% y el cargamento movilizado en 500%, al tiempo que la carga de importaciones sólo aumentó en 17% (Latorre, 1986; 41).

Al mismo tiempo, el puerto de Buenaventura que tenía en 1918-1919 el 8,2% del volumen de comercio de los cuatro puertos principales: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, en 1927-1930 pasó al 21,3%, y en 1943-1947 al 43%. Cabe destacar que antes de 1914 casi todo el café se exportaba por los puertos del Caribe, mientras que en 1944 esta cifra se aproximaba al 60% del café que utilizaba el puerto de Buenaventura, al cual llegaban los sacos del grano por el ferrocarril del Pacífico {Ibid: 41).

El impacto en Colombia de la apertura de la vía interoceánica en Panamá fue casi tan importante como la construcción de los ferrocarriles cafeteros. A su vez esto generó un fuerte impacto en la urbanización:

,. .contrario a la experiencia del resto de Latinoamérica, muchos centros urbanos secundarios en Colombia crecían con tanta rapidez como Bogotá. El desarrollo más acelerado de las zonas occidentales del país, que se beneficiarán más de los ferrocarriles y de la apertura del Canal de Panamá, constituye el factor que hizo de la urbanización en Colombia tan diferente de las de otros países de Latinoamérica (Mcgreevey, 1975:41).

El auge del occidente a partir de estos dos hechos se da de manera simultá­nea al inicio de la crisis de Barranquilla. En efecto:

Desde finales de la década del treinta la ciudad había visto deteriorar su situación económica global llevando a una pérdida del dinamismo industrial en los años cuarenta y cincuenta. El principal factor detrás de esta evolución fue la pérdida del liderazgo portuario de Barranquilla como resultado de la competencia de Buena­ventura. Ya para 1935 este último puerto se había convertido en el principal con­ducto para las exportaciones -si se usa como medida el número de toneladas ex­portadas- [... ] En 1942 Buenaventura se había convertido en la principal entrada para las importaciones. Varios factores contribuyeron al desplazamiento de

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Barranquilla por Buenaventura como primer puerto colombiano. Uno de ellos es la proximidad de esta última a las zonas productoras de café, el principal producto de exportación. La apertura del Canal de Panamá en 1914 le dio un fuerte empu­jón al puerto de Buenaventura pues le permitió el acceso a los mercados del este norteamericano y Europa. Además, una serie de mejoras realizadas en los años veinte y treinta en los muelles la dotó con la infraestructura necesaria. Por último, la conexión en los años veinte de Cali con Popayán, Ibagué, Bogotá y Caldas a través del Ferrocarril del Pacífico ayudó a que Buenaventura se consolidara den­tro de una red nacional de transporte en la cual el papel del río Magdalena, y por tanto Barranquilla, disminuyó significativamente (Meisel, 1993: 23).

El declive de Barranquilla como principal puerto colombiano provocó un fuerte estancamiento industrial, lo cual produjo el cierre de fábricas. Entre 1938 y 1951 la población de Barranquilla creció a una tasa por debajo de las de Cali, Medellín y Bogotá, y posteriormente, entre 1951 y 1964, tuvo la menor tasa de crecimiento entre las diez ciudades principales del país (Meisel, 1993).

Es evidente que la proximidad de la apertura del canal produjo el acelera­miento de las obras del Ferrocarril del Pacífico, el cual, una vez llega a Cali, con­tinúa su expansión hacia el norte del valle del río Cauca, buscando las zonas pro­ductoras de café en la cordillera Central. El café se vuelve la principal carga de exportación, a la vez que el ferrocarril se convierte en la principal motivación para expandir el cultivo del grano. La reciprocidad es total y a los pocos años la vertiente occidental de la cordillera Central está conectada con el puerto del Pací­fico y, gracias al canal, con los mercados del Atlántico. "En 1917-1918 el Ferroca­rril del Pacífico llega a Pereira. En 1917 había transportado sólo 8.633 sacos de café, en 1919, 76.470 y en 1921,218.292 sacos. [...] En los años veinte se continúa febrilmente la construcción de la línea ferroviaria hacia Manizales que se termina finalmente en 1928 y un año después también Armenia queda conectada al siste­ma del Pacífico con la línea hacia Nacederos" (Palacios, 1983: 338).

Los efectos que esto produce en la geografía cafetera son totales, pues esta nueva infraestructura de transporte es la que asegura que estos territorios, hasta ahora aislados de las dinámicas exportadoras, se conviertan en los nuevos ejes del desarrollo económico colombiano. Este es el caso de Caldas:

En los veinte años que van de 1910 a 1930, Caldas se convierte en el primer produc­tor de café del país, desplazando y superando a los departamentos tradicionales lo mismo que a Antioquia... Sería irreal achacar al ferrocarril la causa de este desarro­llo agropecuario. Este medio de comunicación llegó muy lentamente a Caldas como a todo el país. Las mercancías se transportaban a lomo de muía o de buey hasta los puertos del Cauca o del Magdalena, aunque naturalmente la integración de las re­giones productoras, con el Ferrocarril del Pacífico, en los años veinte, y la construc­ción del cable aéreo de Manizales a Mariquita-Honda, activó la expansión cafetera, ganadera y agrícola iniciada decenios antes (Palacios, 1983: 320).

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Los efectos que tienen el Ferrocarril del Pacífico y el puerto de Buenaven­tura son definitivos en la conformación de una nueva territorialidad nacional. Recordemos que la organización de la infraestructura de comunicaciones de Colombia es predominantemente en sentido Sur-Norte y que la única apertura lateral es la que comunica el corazón central con el puerto occidental. Sin esta apertura lateral no es posible pensar en la expansión cafetera, con las dimensio­nes que presentó en el departamento de Caldas y norte del Valle del Cauca.

La ampliación del Ferrocarril del Pacífico sería decisiva para cambiar el diseño de los transportes colombianos. Durante el siglo XIX el predominio de las exporta­ciones estuvo en la costa Atlántica, secundada por Cucuta. Para 1932, Buenaven­tura en el Pacífico, es ya el principal puerto de exportación de café dando princi­pio a una hegemonía duradera que comenzó con la apertura del Canal de Panamá en 1914 y la consiguiente aceleración de la construcción de una red ferroviaria verdaderamente cafetera que enlazaría los más ricos distritos productores del oc­cidente colombiano con ese puerto, historia que hace parte del segundo ciclo de expansión de la caficultura colombiana.. .Entre 1910-1930 el ferrocarril se tornó crucial para acelerar la expansión cafetera en su segundo ciclo. Pero es evidente que en todo el período de transición, 1903-1910, los costos de transporte tanto ferroviarios como fluviales amenazaron seriamente la existencia misma del sector cafetero... (Palacios, 1983: 56)

ECONOMÍA CAFETERA Y PRIMACÍAS URBANAS

La consolidación de la economía cafetera en la cordillera Central fue definitiva para la construcción de una nueva red urbana, así como para la definición de las primacías urbanas. Por ejemplo, antes de que el café se consolidara como el fac­tor determinante del ordenamiento espacial colombiano, la red urbana más im­portante de Colombia se encontraba en la cordillera Oriental, como lo había sido durante cientos de años. Pero desde principios del siglo XX la geografía cafetera ha transformado la distribución espacial de las primacías urbanas, pues desde la apertura del Canal de Panamá y de la construcción del Ferrocarril del Pacífico, la red urbana más importante es la que se encuentra en la cordillera Central.

Esta radicalidad del cambio de la distribución espacial se explica por dos factores: la economía cafetera y la migración antioqueña hacia el sur, y otros cam­bios desde comienzos del XX, representados en la industrialización y el desarro­llo del sistema de transportes. En efecto, en el censo de 1918,12 de los 30 munici­pios más poblados son centros productores de café1. Así, centros cafeteros como Andes, Fredonia, Abejorral, Manizales, Aguadas, Líbano, Pereira, Calarcá, Sonsón,

1 Según el censo cafetero de 1927. Véase Diego Monsalve. Colombia cafetera, s.p.i. Hemos tomado como indicador el número de palos de café sembrados.

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Santa Rosa de Cabal, entre otros, aparecen entre los municipios más poblados de Colombia. Cabe anotar que, de estos 12 municipios cafeteros sólo 3 de ellos apa­recían en 1870 dentro de los 30 más poblados, aspecto que nos permite resaltar a la economía cafetera como el factor clave en el poblamiento durante este período y responsable del traslado de la red urbana de la cordillera Oriental a la Central (Latorre, 1986: 86).

Los ferrocarriles fueron en gran parte responsables de la organización del espacio en ese momento. El ascenso de Cali es un ejemplo claro, a la vez que de los municipios de Boyacá y Santander que desaparecen como pertenecientes al rango de los municipios más poblados, ninguno tenía conexión férrea. Esto tam­bién se observa en el caso de los puertos, puesto que los fluviales no surgieron y todo el beneficio se dirigió a los centros de desarrollo comunicados con el río por ferrocarril, a diferencia de los marítimos que sí crecen, incluyendo a Cali que empieza a funcionar como un "puerto seco" de la región cafetera de la cordillera Central.

Los efectos demográficos de la consolidación urbana de la cordillera Cen­tral continuaron en la primera mitad del siglo XX. Para el censo de 1938, los cambios en la distribución espacial de la población son definitivos. En la cordille­ra Oriental, más exactamente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, vivía el 29,2% de la población nacional, cifra que era prácticamente la mitad de la que vivía en esa región un siglo antes. Por contraste, en la cordillera Central, en Antioquia y Caldas, vivía 23,5%, es decir, más del doble que un siglo antes. A su vez, la economía cafetera se consolidaba como el factor causal más importante de estos cambios, puesto que 15 de los treinta municipios más pobla­dos eran productores de café. Por esto en el cuadro respectivo aparecen ciudades como Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, Líbano, Calarcá, Santa Rosa de Cabal, Tuluá, Sevilla, Chaparral y Aguadas, las cuales, según el censo cafetero de 1932, se encontraban entre los centros con mayor número de palos de café sembrados, y también aparecen como los municipios de mayor crecimiento demográfico. Es evidente que en el ordenamiento territorial la economía exportadora ya se ha convertido en el factor determinante.

Por supuesto que sin los cambios en la infraestructura de transportes que significaron el Canal de Panamá y el Ferrocarril del Pacífico, los cambios en la urbanización de la cordillera Central no habrían tenido la dinámica que presen­taron. Sin acceso a los mercados de Europa y a la costa Este de los Estados Unidos, no es posible pensar en el auge tan espectacular que tuvieron estos centros cafete­ros en el occidente colombiano. Paradójicamente, el momento en el cual Panamá tiene una fuerte incidencia en las dinámicas territoriales colombianas es poste­rior a su separación.

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Ediciones Tercer Mundo. Tirado, Alvaro. 1976. Colombia en la repartición imperialista (1870-1914). Medellín:

Ediciones Hombre Nuevo.

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La biografía de la nación panameña

Armando Martínez Cárnica

INTRODUCCIÓN

Asumiendo la indicación de Ramón Maximiliano Valdés (1903) que atribuyó el acontecimiento del 3 de noviembre de 1903 a "la manifestación sincera, firme e irrevocable de la voluntad de un pueblo", esta ponencia examina brevemente, desde la perspectiva de la biografía de la nadón panameña, las siete experiencias políticas de 1821, 1830-31, 1840-41, 1855, 1860-61, 1885-86 y 1903 que construyeron una singular representación histórica de gran utilidad para la configuración de una con­ciencia nacional distinta de la que integró a la nación colombiana.

La biografía de la nación panameña hace referencia al ser mismo del pue­blo panameño. Durante el siglo XIX este pueblo estuvo escindido entre dos posi­bilidades de existencia política: la posibilidad de mantener su existencia como parte de la nación colombiana, siempre y cuando se le garantizara un elevado nivel de acción independiente bajo un régimen federal, y la posibilidad de cons­truir una nación distinta de la colombiana. En 1903 se resolvió para siempre esta tensión entre dos poderosas ideas rivales al triunfar, definitivamente, el republicanismo panameño independiente del Estado colombiano. Los hitos im­portantes de la marcha de un poco más de ocho décadas hacia ese triunfo final de la posibilidad de existencia independiente de los istmeños como nación pueden ser marcados por los acontecimientos políticos de 1821,1830-31,1840-41,1855, 1860-61,1885-86 y 1903, es decir, por siete circunstancias en las cuales los istmeños enfrentaron las dos posibilidades de existencia política que siempre tuvieron ante su mirada y eligieron una de ellas desde sus propias posibilidades circunstanciales de realizarlas.

Fueron las visiones, decisiones, actos y sacrificios de los istmeños que se destacaron en cada uno de esos acontecimientos las que construyeron el ente

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histórico que hoy llamamos República de Panamá, distinto del ente histórico co­lombiano y de ese viejo antecedente olvidado: la jurisdicción de la Real Audiencia de Panamá y de la siguiente Comandancia General del Istmo. Es responsabilidad de unos istmeños eminentes, de sus esfuerzos de ocho décadas, la existencia inde­pendiente de su república y de su proceso de construcción de una nación inde­pendiente. Atribuirla a la estupidez o a la ambición de los dirigentes de otras naciones, o a la suerte de algún aventurero francés, es ignorar que la posibilidad de existencia independiente de la República de Panamá estuvo a la vista de los istmeños desde que cesó en su territorio la función del Estado indiano. Si los conductores del Estado colombiano no supieron extinguir definitivamente esa posibilidad, haciendo triunfar para siempre la opción de integración de los istmeños a la nación colombiana, esa es su responsabilidad.

La existencia jurídica de la nación panameña data de 1903, es decir, desde el momento de su separación respecto de la nación colombiana. Pero este hito fue el resultado de un proceso de ocho décadas que revirtió la integración origi­nal a la nación colombiana, que pareció consolidarse definitivamente en 1855 -cuando alcanzó su máxima aspiración de ser un estado federal-soberano-, me­diante la acumulación de unos recuerdos y unos sentimientos distintos de los de la nación colombiana, los cuales cristalizaron una conciencia social proclive a la separación respecto del cuerpo ciudadano colombiano. Esa conciencia y esos sen­timientos nacionales de los istmeños fueron alimentados por una singular repre­sentación histórica que fue expuesta el mismo año de la separación. En este sen­tido, se mostrará enseguida que la historiografía istmeña actuó en este proceso como un "instrumento pedagógico político-cosmovisional" (Heidegger, 1936) eficiente para el proceso de configuración de una biografía de la nación paname­ña antes de que ésta adquiriese su existencia constitucional.

UNA TRADICIÓN OLVIDADA

Cuando se examina, en perspectiva histórica, la formación de las tres repúblicas que resultaron de la disolución de la República de Colombia que fue erigida en Cucuta en 1821, se acude al principio uti possidetis para explicar la continuidad uc id iiduiciuii uc ias Junsuicciuiics uc ids icaics auuicncias uc oamaic u i ? , v^a-

racas 1786 y Quito 1563 en la determinación de los territorios nacionales que reclamaron los nuevos estados de la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Pero se olvida que Panamá también fue sede de una real audiencia desde 1535, plena­mente restablecida en 1563, cuya jurisdicción se extendía por la costa del Océano Pacífico hasta el puerto de Buenaventura. Se olvida también que existía una vieja tradición de unión entre las provincias de Popayán y Quito, erigidas en 1538 por el capitán Pizarro como una sola gobernación, separada por la energía de Belalcázar, y vuelta a unir cuando se estableció la Real Audiencia de Quito.

La creación del Virreinato de la Nueva Granada logró suprimir la audien­cia de Panamá, pero solamente hasta 1751, es decir, después de un poco más de

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LA BIOGRAFÍA UE LA NACIÓN PANAMEÑA

dos siglos de tradición jurisdiccional. Y cuando la junta Suprema de Santafé su­primió la Real Audiencia en 1810, sus oidores y dos nuevos virreyes -Benito Pérez y Francisco Montalvo- establecieron su nueva sede justamente en Panamá, desde febrero de 1812 hasta 1816. Las tradiciones provinciales indianas fueron muy fuertes precisamente porque estaban respaldadas por las independencias de las jurisdicciones de los gobiernos provinciales, fuesen gobernaciones, corregimientos o simples cabildos. Pero cuando una ciudad había sido asiento de una audiencia pretorial los sentimientos de preeminencia de sus vecinos permanecían intactos, celando contra los intentos de subordinación de otras cabeceras de gobierno pro­vincial. Si los sangüeños y los vélenos no olvidaron sus preeminencias frente a la nueva jurisdicción del corregidor del Socorro, ni los gironeses frente a la del co­rregidor de Pamplona: ¿por qué habrían de olvidar sus "fueros y preeminencias" los panameños frente a los presidentes de la Nueva Granada? Si no lo hicieron los payaneses hasta finales del siglo XIX, con menos razones quienes habían sido vednos de la sede de una real audiencia pretorial.

Efectivamente, el coronel Tomás Herrera recordó -en su alocución como presidente del Estado Soberano del Istmo que fue proclamado en 1840- que el Istmo había sido en una época la sede de "una capitanía general con audiencia y cancillería real, del mismo modo que Venezuela y Quito, como comprueba la ley 4a título 15 libro 2°de la Recopilación de Leyes de Indias", un antecedente que justificaba la constitución del "pueblo istmeño" en Estado independiente y sobe­rano.

LA DECISIÓN DE 1821

En 1821 había dejado de existir para siempre la entidad política conocida con el nombre de Nuevo Reino de Granada, de cuyo momento final había sido testigo el vecindario panameño como sede de la Real Audiencia y del virrey mientras pudo ejercer poder la Suprema junta de Santafé, convertida en Estado Soberano de Cundinamarca, hasta que las tropas comandadas por el general Bolívar la subor­dinaron al Congreso de las Provincias Unidas. Al nacer la nueva entidad histórica republicana, organizada bajo el nombre de Colombia por el poderío de los ejérci­tos libertadores de los territorios de las antiguas audiencias de Caracas, Santafé y Quito, se puso en marcha el esfuerzo de construcción de una nueva nación de ciudadanos al tenor de las decisiones del Congreso de Angostura.

El prestigio continental del general Bolívar y el poder del general José de Fábrega decidieron a los istmeños en este momento a integrarse a esta opción política, olvidando su antigua tradidón autonómica. Pese a la relativa pobreza de sus campos, el Istmo también contaba con orgullosos grupos de comerciantes avezados en el tráfico hacia Guayaquil, del lado del Pacífico, o hacia los puertos metropolitanos del lado del Atlántico.

El 10 de noviembre de 1821 el cabildo de la ciudad de Los Santos y sus vecinos prestantes firmaron su independencia de España, "deseosos de vivir bajo

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el sistema republicano que sigue todo Colombia". Titulándose Villa Libre Ciudad, proclamó su independencia bajo el auspicio y garantía de Colombia, a cuya soli­citud accedió gustosa. El coronel losé de Fábrega, gobernador de la provincia de Panamá, invitó a las personas notables de esa dudad a una junta general para resolver lo que se haría respecto de la invitación de Colombia. Ésta se realizó el 28 de noviembre siguiente, y 31 personas notables de Panamá firmaron el acta de su independencia del Gobierno español, declarando que "espontáneamente y con­forme al voto general de los pueblos de su comprensión", el territorio de las pro­vincias del Istmo pertenecería en adelante "al Estado Republicano de Colombia, a cuyo Congreso irá a representar oportunamente su diputado". Lo mismo decla­raría el vecindario de Santiago de Veraguas el primero de diciembre siguiente, y el de Portobelo cuatro días después. Don losé de Fábrega, "coronel que fue de los Ejércitos Españoles", fue declarado jefe superior del Istmo.

El 29 de noviembre siguiente, el coronel Fábrega comunicó al Libertador esta decisión, iniciada por el vecindario de la villa de Los Santos, solicitando su "alta protección" y apoyo para formar una guarnición de 300 hombres. Desde Popayán, el primero de febrero de 1822, El Libertador contestó al coronel Fábrega para congratular a la provincia de Panamá por lo acontecido, y para nombrarlo gobernador y comandante general de esa provincia:

Panamá, el centro del Universo, es regenerado por sí mismo, y libre por su propia virtud. La acta de independencia de Panamá es el monumento más glorioso que puede ofrecer a la historia ninguna provincia americana. Todo está allí consulta­do, justicia, generosidad, política e interés general (Lecuona, 1948).

El 9 de febrero de 1822, el vicepresidente Santander expidió el decreto que erigió el departamento del Istmo, integrado por las provincias que habían perte­necido a la Comandancia General del Istmo, gobernado por un intendente. El coronel losé María Carreño fue puesto en este cargo, y el coronel Fábrega en el empleo de gobernador de la provincia de Veraguas. En el ámbito judicial, los juzgados del Istmo fueron incorporados a la jurisdicción del Tribunal del Centro de Colombia.

En la memoria colectiva de los istmeños, el 28 de noviembre de 1821 fue la fecha de su "adhesión espontánea" a la nación colombiana, tal como fue recorda­do en el artículo 7o del acta panameña del 9 de julio de 1831. La idea de la "adhe­sión espontánea y libre" de los istmeños a Colombia se mantuvo durante todo el siglo XIX como una amenaza -la de que espontánea y libremente se podría anu­lar - y como un orgullo provincial: la de que no se le debía la independencia de España a nadie más que a sí mismos.

El 2 de marzo de 1824 se plantó en la plaza principal de La Chorrera el Árbol de la Libertad, en presencia del general José María Carreño, comandante general e intendente del departamento, y del cura párroco, José María Blanco. En

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LA BIOGRAFÍA DE LA NACIÓN PANAMEÑA

el sermón que éste pronunció en la iglesia parroquial, recordó que "la adhesión espontánea que hemos hecho a la República de Colombia" les imponía el deber de respetar sus leyes, dado que sus autoridades habían prometido "proporcionar a sus habitantes las felicidades terrenas". Las virtudes del general Bolívar, "el pri­mogénito de la Libertad", lo hacían el mejor modelo de la sumisión a las leyes y a las autoridades legítimas, a diferencia de otros guerreros que se complacían en "desolar los pueblos y sacrificar millares de víctimas por elevarse, asegurar su tiranía y perpetuar su despotismo". La función de las autoridades civiles era la de "allanar los caminos de la prosperidad terrena" y al obedecerlas, más por amor que por temor, se formaban "republicanos fieles e hijos verdaderos de Colombia"1 (Ricaurte, 1988). Tal era el sentimiento de adhesión de los istmeños a la figura de El Libertador, esperanza del engrandecimiento de Colombia.

EL PRONUNCIAMIENTO DE 1826

El 13 de septiembre de 1826 se reunieron en Panamá todas las autoridades políti­cas y militares del Istmo, "y un número infinito de ciudadanos" para examinar "la situación política de la República con motivo de los pronunciamientos de los Departamentos de Guayaquil, Asuay y Quito, a consecuencia del de Venezuela". Acordaron todos mantener el vínculo de unión con los pueblos de Colombia y llamar de regreso al Libertador Bolívar para que restableciera la unión. Pero ad­virtieron que cuando se reuniera la gran Convención Nacional, los diputados del Istmo harían conocer la opinión de que "el bienestar de este Departamento, y el general de la República, exigen bajo cualquier aspecto que se vea que el territorio del Istmo sea un país hanseático".

LA DECISIÓN DE 1830-1832

En 1828, proclamada la dictadura del general Bolívar, se celebró en Popayán una especial reunión de los generales que se comprometieron a derribarla y a expul­sar de la Nueva Granada a sus homólogos venezolanos. Asistió a ella un destaca­do coronel istmeño, Tomás Herrera, una figura central en el curso de los aconte­cimientos posteriores. El tema de la reunión fue el destino político de los territo­rios colombianos una vez se cumpliera el objetivo militar acordado. Se dio por descontado que de las tres antiguas audiencias saldrían tres estados nacionales nuevos, con sólo respetar el principio utipossidetis. Pero, ¿cabría la posibilidad de formar un cuarto estado de cara al Océano Pacífico? Y, en tal caso, ¿cuál sería su capital? Popayán, Panamá y Guayaquil aspiraban a serlo. El hecho es que esta opción política, respaldada en tradiciones de autonomía política relativa, marcó la acción política independiente de payaneses, istmeños y guayaquileños durante

1 "Discurso pronunciado por el presbítero José María Blanco en la iglesia de La Chorrera el 2 de marzo de 1824". Panamá. Por Diego Santiago González (1826).

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el resto del siglo. Las libertades que concedía la organización federal satisfacían a los moderados, pero hombres enérgicos y ambiciosos como el general Mosquera y algunos de los Arosemena aspiraban a mayor independencia.

Contrarrestar esa aspiración de mayor independencia exigía un trato cui­dadoso de los conductores del Estado de la Nueva Granada y del Ecuador, los dos estados que efectivamente se constituyeron en 1831 como respuesta a la dictadu­ra del general venezolano Rafael Urdaneta y que se incorporaron, respectivamente, a las provincias de Popayán, Pasto, Panamá, Veraguas y Guayaquil. Pero justa­mente en este año esas provincias se permitieron unas acciones políticas inde­pendientes como respuesta a la crisis política que dejó la disolución de Colom­bia. Pastusos y payaneses participaron en la Convención constituyente del Ecua­dor, mientras que los diputados de las dos provincias istmeñas se decidieron a constituir el Estado del Istmo. La opción de formación del cuarto estado fue ex­perimentada en ese momento por los istmeños, una impronta que la mayoría de los granadinos no valoró en todo su significado durante el siglo, con la excepción de cuatro de sus más brillantes políticos: Francisco de Paula Santander y los ge­nerales nativos del Cauca José María Obando, José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera.

La resolución de esta crisis de la Nueva Granada, la más grande del siglo porque amenazó su sobrevivencia política, dependió de los tres militares que ha­bían participado en la reunión de 1828: los generales Obando y López trajeron de regreso a las provincias del sur, mientras que el coronel Herrera comprometió todo su prestigio en la disolución del cuarto estado del Istmo y la agregación de sus provincias a la Convención neogranadina de 1832.

En Panamá, el personero del Común solicitó al cabildo, el 25 de septiem­bre de 1830, que ante la grave crisis política acaecida en Colombia se debería encargar al Libertador Bolívar el gobierno constitucional de la República, pues era la única persona capaz de restablecer el orden público turbado. Al día si­guiente, un cabildo abierto examinó la separación de Quito y Guayaquil, acto de graves consecuencias para las relaciones mercantiles del Istmo pues aquellos lo consideraban extranjero "por razón de haber permanecido adictos a la Nueva Granada". Los asistentes acordaron pronunciarse por la separación de Panamá respecto del gobierno de Bogotá y encargar a El Libertador el gobierno de la Re­pública, momento en el cual se reintegrarían a Colombia. El general Espinar fue nombrado jefe civil y militar del Istmo. Este pronunciamiento fue interpretado por el general Espinar como "un movimiento reaccionario a favor de la adminis­tración de Bolívar", y no como una "revolución de castas", interpretación que luego le dio don José de Obaldía.

Con el propósito de someter al general Fábrega, gobernador de Veraguas, dejó Panamá en las manos del coronel venezolano Juan Eligió Alzuru. Pero éste lo despojó del mando el 21 de marzo de 1831, prometiendo poner fin a los abusos cometidos por aquél. La llegada a Panamá del coronel Luis Urdaneta y del grupo

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de militares venezolanos expulsados de Guayaquil presionó un cambio en la con­ducta de Alzuru, quien trazó un plan para la independencia absoluta de Colom­bia. El 8 de julio amotinó al pueblo, reunió en sí el mando político y militar. Al día siguiente, los panameños se congregaron en la Casa Consistorial "para discu­tir en perfecta calma los intereses preciosos del país y asegurar las grandes venta­jas que debe reportar el Istmo del nuevo pacto bajo el cual intentan confederarse Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, separados entre sí por los sucesos extraor­dinarios que han tenido lugar en la República".

Considerando que el Istmo sufriría "graves daños" si fuese incorporado al Estado de la Nueva Granada, acordaron erigirse en "territorio de la Confedera­ción Colombiana" con administración propia, de tal modo que "perteneciendo a todas las secciones Ecuador, Venezuela y la Nueva Granada, ninguna disponga de él exclusivamente". Para ello, su territorio debería ser la residencia del Congreso de los ministros plenipotenciarios de la Confederación Colombiana, y cada una de las secciones podría aprovecharse así comerdalmente del camino carretero que la Cámara Departamental del Istmo había concedido a una compañía de capitalistas. Aunque Panamá conservaría provisionalmente la Constitución co­lombiana, así como sus armas y pabellón, tendría su propia Dieta, jefe superior militar el coronel Juan Eligió Alzuru y jefe superior civil el general José de Fábrega. Mariano Arosemena y José de Obaldía habían logrado neutralizar el proyecto de la independencia absoluta. La Dieta Constituyente fue convocada para el 15 de agosto de 1831, integrada por los diputados cantonales de las provincias de Pana­má y Veraguas.

El camino hacia la constitución del cuarto estado colombiano se había abierto. Pero esta situación fue revertida por el coronel Tomás Herrera, nombra­do comandante general del Istmo por el gobierno granadino, y con la ayuda de Obaldía y del coronel Francisco Picón, una vez que se supo que Alzuru había tomado el mando civil para no posesionar a Fábrega y desterró a varios notables del Istmo. Mientras tanto, el general Flórez maquinaba la anexión del Istmo al Ecuador. Derrotados militarmente Alzuru y Urdaneta, el mando civil de Panamá pasó a losé Vallarino y el mando militar siguió en Herrera, los actores principales de la destrucción del proyecto del cuarto estado y de la anexión de las dos provin­cias del Istmo al naciente Estado de la Nueva Granada. En la representación his­tórica de los chiriqueños -acta del 31 de marzo de 1861-, fue la división militar mandada por el general Luque, estacionada en Panamá, la fuerza que revirtió el proceso de autonomía de 1831, unida a las "complicaciones políticas".

El coronel Herrera, Obaldía y Arosemena no olvidaron el proyecto del cuar­to estado federal, como tampoco el general Obando olvidó el suyo, centrado en Popayán. Pero estos proyectos fueron pospuestos en vista de la urgencia de forta­lecer el Estado de la Nueva Granada contra las pretensiones del general Flórez. Desde Paita, un corresponsal anónimo le advirtió al coronel Herrera sobre lo que anhelaban los guayaquileños partidarios de Flórez: "Que si Obando les quitó por

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la fuerza a Pasto y a los chocoes, ellos lo recobrarán a su turno y con sus premios, pues que se tomarán el Cauca, el Istmo y hasta los locos del Atrato para tener puertos en el Atlántico" (Herrera: 1928). El general Obando no cesaba de adver­tirle al coronel Herrera sobre la ambición de Flórez respecto del Istmo y sobre la necesidad de aplazar sus proyectos respecto de sus respectivos "cuartos estados" federales:

Acuérdese usted de mis opiniones sobre el Cauca, y lo que hablamos; por hoy no es el tiempo, la Patria lo exije, y yo cedo hasta que llegue el día. Usted debe pensar del mismo modo. Haga que vengan los diputados, aunque sea a firmar la Consti­tución, que estará muy buena. Escríbame sobre su modo de pensar y concertemos la suerte de nuestra Patria.

La causa de la "Patria Común" que Obando proponía a Herrera era, en ese momento, la de la Nueva Granada reintegrada, "fuerte y organizada". Con el tiem­po, calculaba Obando, podrían hacer lo que convenía a Popayán y al Istmo "de un modo legal y sin hechos que lo dejan todo a disposición de las revoluciones".

LA DECISIÓN DE 1840-1841

La guerra de los caudillos supremos de las provincias -1840-1841- volvió a poner sobre la arena política la idea de los estados federales del Cauca y del Istmo. El coronel Herrera había sido destituido de la jefatura militar del Istmo, el 10 de mayo de 1839, por el secretario de Guerra, general Tomás C. de Mosquera, porque no quiso seguir al pie de la letra las instrucciones recibidas al tenor de "los dictados de su conciencia". El 18 de noviembre de 1840 una asamblea reunida en Panamá redactó el acta de independencia del Istmo como estado "soberano, libre e independiente de la Nueva Granada", firmada por 104 personas. Herrera ocupó la jefatura del nuevo Estado y Mariano Arosemena integró el Consejo de Estado con Nicolás Orozco y Tadeo Pérez de Ochoa. Esta vez se adoptó la opción de construcción de una nueva nación independiente de la Nueva Granada.

Por su parte, el general Obando organizó en Popayán, a finales de abril de 1841, un Gobierno autónomo nara las provincias del sur —Popayán, Buenaventu­ra, Cauca, Chocó y Pasto- con tres secretarías de estado -Interior, Hacienda y Guerra-. Este gobierno fundó su propia Gaceta oficial, declaró a Tumaco puerto franco y dictó diversas medidas fiscales y militares.

La versión oficial sobre la separación del Istmo en 1840-1841 fue dada por el coronel Tomás Herrera al presidente granadino recientemente elegido, el gene­ral Pedro Alcántara Herrán, en una carta que dató en Panamá el 8 de julio de 1841 (Herrera, 1928: 411-417). Ante las noticias de los sucesos de la guerra que los caudillos supremos de varias provincias adelantaban contra la Administra­ción Márquez, los istmeños habían juzgado que se había roto el pacto fundamen­tal de asociación política y que la Nueva Granada se había disociado. Ante la

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perspectiva de esa desaparición del gobierno general, decidieron reasumir en sí la soberanía. Por ello, redactaron en una asamblea que se reunió en la ciudad de Panamá un acta de pronunciamiento en ese sentido, el 18 de noviembre de 1840, acto que se repitió en los diez cantones que integraban las dos provincias de Pa­namá y Veraguas, y convocaron a una convención de diputados para el siguiente año. Las opciones políticas que esa asamblea había considerado fueron dos: "In­dependencia absoluta del Estado del Istmo, o unión al resto de la Nueva Granada bajo un gobierno de forma federal".

El pronunciamiento panameño del 18 de noviembre de 1840 partió de la consideración de la erección de Cartagena en estado independiente y de la insu­rrección de las provincias de Pasto y Popayán, decidiendo cancelar las obligacio­nes que se habían contraído por la Constitución de 1832. En consecuencia, las provincias de Panamá y Veraguas se erigieron en "Estado Soberano" y anuncia­ron que solamente negociarían con las otras provincias de la Nueva Granada sobre la base de la adopdón de un régimen federal, dado que se mantenían en vigor tanto su constitución como sus leyes. Fue nombrado el coronel Tomás Herrera como jefe superior del Estado y el doctor Carlos de Icaza como vicejefe. Un consejo de tres personas fue integrado con Mariano Arosemena, Nicolás Orozco y Tadeo Pérez de Ochoa.

Conforme a lo convenido, el primero de marzo de 1841 abrió sus sesiones en Panamá la Convención Constituyente del Estado, integrada por los diputados de los cantones de las provincias de Panamá y Veraguas, presidida por José de Obaldía y Mariano Arosemena. El 18 de marzo siguiente fue aprobada la Ley fundamental del Estado del Istmo, "independiente y soberano", manteniéndose la disposición a seguir siendo parte de la Nueva Granada si ésta se daba una organi­zación federal de estados, pero anunciando que "en ningún caso se incorporará el Istmo a la República de la Nueva Granada bajo el sistema central". Dos comisio­nados negociarían la incorporación del Estado del Istmo a la federación que for­marían las demás provincias de la Nueva Granada. En una carta enviada a esta Convención, el coronel Tomás Herrera -jefe superior del Estado del Istmo que sancionó esta ley fundamental dos días después-justificó este acto con una críti­ca a la Carta Constitucional de 1832, responsable -en su opinión- del no estable­cimiento del régimen federal, el único que nos conviene.

Como se sabe, los triunfos de los ejércitos comandados por el general Pedro Alcántara Herrán en las provincias granadinas del interior quebrantaron la volun­tad de los dirigentes de la provincia de Cartagena. El coronel Vicente Herrera llegó entonces a un acuerdo con el coronel Anselmo Pineda y Ricardo de la Parra, envia­dos con poderes especiales por el ministro granadino en Quito, el 31 de diciembre de 1841, para la reincorporación del Istmo a la Nueva Granada a cambio del olvido de "todas las ocurrencias políticas" y del ofrecimiento de "todos los ensanches mu­nicipales que son necesarios para consultar y fomentar los intereses de las localida­des". El coronel Herrera se mostró entonces confiado en que los "ensanches muni-

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cipales" prometidos por el Gobierno Nacional "despertarán la industria, activarán el comercio, progresarán las luces" en el Istmo.

Pero los dirigentes de la Nueva Granada incumplieron todas las promesas hechas al coronel Herrera, quien permaneció en el exilio de Guayaquil hasta 1845. Durante este tiempo pudo el coronel Herrera saber exactamente con cuáles ami­gos podía contar en Bogotá: el coronel antioqueño Anselmo Pineda y el general bogotano Joaquín María Barriga. El coronel Pineda había comprometido su pa­labra en las negociaciones de reincorporación del Istmo en las que participó en 1841, y por ello se esforzó para conseguir que el Congreso granadino aprobara la licencia para que Herrera regresara a Panamá y fuese reinscrito en la nómina militar. Según el presidente Herrán, el coronel Pineda fue "el primero de los ami­gos" de Herrera, porque "ha sentido los males de usted como si él mismo los sufriera, y ha hecho por usted cuanto ha estado a su alcance".

Así, desesperado por la inutilidad de todos los esfuerzos empeñados con­tra un Congreso dominado por los vencedores de la Guerra de los Supremos, en octubre de 1844 el coronel Herrera se quejó de que el coronel Pineda no había hecho todo lo que debía en su favor. En cambio, su amistad con el general Joa­quín María Barriga, también compañero de armas, se afianzó cuando éste fue a Panamá como gobernador, al comienzo de la Administración Mosquera. Al dejar este cargo, este general le recomendó al presidente que nombrara en su reempla­zo a Herrera, tal como efectivamente ocurrió. Actuando luego como secretario de Guerra de esta Administración, el general Barriga hizo cuanto pudo por la reincorporación de aquel a la nómina militar. En 1847, cuando éste se encompadró con Pablo Arosemena, quien le solicitó que fuera el padrino de bautismo de uno de sus hijos, fue Herrera quien lo representó en la ceremonia sacramental. En el tiempo de los comicios presidenciales de 1848, el general Barriga reconoció que el coronel Herrera "ha sostenido siempre mi candidatura". Producida la elección del 7 de marzo de 1849, éste fue quien le propuso al presidente López que nom­brara al coronel Herrera como su sucesor en la Secretaría de Guerra y Marina. Al producirse este nombramiento, el general Barriga se alegró de ser sucedido en un empleo, por segunda vez, por su amigo Herrera.

Las relaciones del coronel Herrera con el general Tomás Cipriano de Mosquera fueron ambiguas, pues el primero no confiaba en el buen uso del po­der que practicó el segundo. En julio de 1838, cuando este general era el secreta­rio de Guerra de la Administración Márquez, se valió de los servicios del coronel Herrera para enlistar a los oficiales istmeños que podrían ser destinados a comi­siones militares. Casi al final de la Guerra de los Supremos, el general Mosquera se esforzó por seducirlo para que el Istmo volviera a integrar la Nueva Granada -carta del 28 noviembre 1841-, argumentando que conservaba "por el Istmo, por usted y muchos amigos que tengo en ese país, interés y aprecio". Le ofreció enton­ces su "valimiento" en favor del Istmo para "terminar las desgracias de la Patria en aquel interesante país", y el mando militar de Panamá.

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LA BIOGRAFÍA DE LA NACIÓN PANAMEÑA

La oposición del Congreso le impidió al presidente Herrán cumplir esta promesa, obligando al general Mosquera a escribirle, en octubre de 1844, para prometerle que si ganaba las elecciones presidenciales se encargaría de promo­ver la obra del camino del Istmo. Efectivamente, fue durante la Administración Mosquera que el Congreso le devolvió a Herrera el cargo de coronel. Ya como presidente, Mosquera le dijo a Herrera-9 de mayo de 1845- que quería a Pana­má "como a mi patria natal y espero dar pruebas en mi Administración". Como ya se dijo, este presidente nombró a Herrera gobernador de Panamá, en di­ciembre de 1845, en reemplazo del general Barriga, prometiéndole en ese mo­mento: "vamos, pues, mi querido amigo, a ocuparnos seriamente en la prospe­ridad del Istmo". Pese a todo, el presidente Mosquera no logró obtener el apoyo del coronel Herrera para que los representantes de Panamá votaran en 1849 en favor de la candidatura presidencial del doctor Cuervo, por las razones que se mencionan enseguida. En 1850, cuando el ex presidente Mosquera estableció su residencia temporalmente en Panamá, donde fue electo miembro de su Cá­mara Provincial, ya el coronel Herrera estaba en Bogotá como secretario de Guerra y Marina. Además del general Barriga, el coronel Herrera contó en la Administración Mosquera con un viejo amigo: el doctor Florentino González, quien había sido su compañero de prisión en el castillo de Bocachica, en los tiempos de la dictadura de Bolívar.

Desde su regreso a Bogotá, el doctor González fue su confidente e infor­mante de todo lo que sucedía en el Congreso. Al posesionarse en la secretaría de Hacienda, en octubre de 1846, le anunció que en la Legislatura de 1847 "haremos alguna cosa decisiva por el Istmo, para que venga a ser lo que debe, en el mundo comercial"-carta del 18 noviembre 1846-. Así fue como durante los años 1847 y 1848 gestionó en el Congreso dos proyectos importantes para el Istmo: la cons­trucción del ferrocarril, una obra que adjudicó inicialmente a la Compañía Fran­co-Inglesa, y la franquicia aduanera para los puertos del Istmo.

Por otra parte, el coronel Herrera nunca pudo perdonar al general Pedro Alcántara Herrán y al doctor Rufino Cuervo lo poco que hicieron por terminar su exilio en Guayaquil. Inicialmente el general Herrán fue su amigo, y durante la Administración Márquez su informante sobre todos los asuntos que tuvieran que ver con el Istmo, para "hacerle algún bien a éste". En junio de 1838 le mandó saludos a "mi señora Panchita y las señoritas sus hermanas". Ya posesionado en la presidencia, le ofreció presionar al Congreso de 1842 con su renuncia para que no aprobara medida alguna contra el coronel Herrera, acusado entonces de re­belde y sospechoso de complicidad con el general Obando. Aunque al fin el Con­greso aprobó la ley del 31 de mayo de 1844 que le permitió regresar a Panamá, tras lo cual el presidente Herrán le envió de inmediato el pasaporte correspon­diente, no pudo escapar al resentimiento de Herrera.

Cuando el general Herrán terminó su mandato y marchó a los Estados Unidos -octubre de 1847- como ministro de la Legación granadina, se puso a la

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disposición de Herrera, quien no dio respuesta alguna a su ofrecimiento. Pero el blanco de todo su resentimiento fue el doctor Rufino Cuervo, quien actuando como ministro de la Nueva Granada en el Ecuador había usado en 1841 su in­fluencia personal para convencer a Herrera de hacer volver al Istmo a la Nueva Granada y le había enviado los compromisarios, el coronel Pineda y Ricardo de la Parra. En 1842, ya nombrado secretario de Hacienda, prometió ayudar a la causa de la amnistía del Istmo y de Herrera. Estando confiado en Guayaquil, Herrera creyó en las palabras de Cuervo, quien le aseguró en una carta del 7 de noviembre de 1842 que era el "abogado de usted" en Bogotá. Sin embargo, como Cuervo nada pudo hacer para cumplir su palabra ante la actitud revanchista del Congre­so, pronto Herrera pasó a una actitud resentida que no se apaciguó nunca, tal como se probó en el debate electoral de 1848-1849, cuando Herrera se concertó con los doctores Obaldía y Asprilla para votar contra él, desestimando incluso las presiones del general Mosquera.

LA DECISIÓN DE 1855

Estando abierta la posibilidad legal para realizar su vieja aspiración, el goberna­dor Obaldía conjuró el pronunciamiento militar del 29 de septiembre de 1850, encabezado por el general José Domingo Espinar y el doctor E. A. Teller, director del periódico local Panamá Echo, encaminado a independizar la provincia de Panamá del Estado de la Nueva Granada. Apresados los dos cabecillas, el cónsul de los Estados Unidos en Panamá, A. B. Cowiner, se apresuró a entregarle a este gobernador una carta firmada por 56 comerciantes norteamericanos estableci­dos, en la que se aseguraba que no tenían nada que ver con la conspiración y que estaban listos a combatirla (Informe y documentos relativos a la conspiración del 29 de octubre de 1850 en Panamá, 1850).

Actuando como gobernador de Panamá, el doctor Justo Arosemena pro­nunció la alocución de la conmemoración 29 de la independencia del Istmo. Ex­puso entonces las grandes perspectivas que se habían abierto a su provincia por la fiebre del oro en California y por la libertad de comercio que les había sido concedido a sus puertos por el Congreso granadino. Miles de norteamericanos recorrían el Istmo en las dos direcciones, "derramando el oro que gustosos nos dan por nuestros oportunos servicios, y nadie entre nosotros es tan inerte que no especule en algún ramo de la industria". Ya no existía la mendicidad ni el ocio, pues todo era "animación, movimiento, júbilo y esperanza". El Istmo se estaba haciendo "grande, rico y poderoso", ofreciendo asilo y trabajo "a todos los habi­tantes del globo", ofreciendo pronto un ferrocarril para acortar la distancia entre los dos mares (Arosemena, 1850). La hora de su independencia federal se había tornado ya urgente. Dos años después, llegó a Bogotá para ocupar la curul de representante a la Cámara por esta provincia. Fue su oportunidad para gestionar el proyecto de conversión de las cuatro provincias del Istmo -Panamá, Azuero, Veraguas y Chiriquí- en un estado federal, presentado el 12 de mayo de 1852,

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LA BIOGRAFÍA DE LA NACIÓN PANAMEÑA

bajo la forma de un acto legislativo reformatorio de la Constitución (Proyecto de acto reformativo de la constitución, 1852).

Puesto en segundo debate en la Cámara de Representantes, el secretario de Relaciones Exteriores propuso agregar un artículo que facultase para erigir, me­diante leyes posteriores, otros estados en la Nueva Granada. La aspiración pana­meña había forzado así el paso hacia la adopción del régimen federal en todo el país, plegando a los políticos conservadores que predominaban en Antioquia y Boyacá al proyecto. Una vez aprobada esta adición al acto legislativo proyectado, el representante Ponce propuso adicionar otro artículo que erigiera de inmediato el Estado del Magdalena -integrado por las provincias de Cartagena, Santa Mar­ta, Mompós, Sabanilla, Riohacha y Valledupar-, pero fue negado por 20 votos contra 17 que estuvieron a favor. Debatido el proyecto original con la primera adición, resultó aprobado en las dos cámaras legislativas.

La sanción legal de la nueva Carta Constitucional en 1853, según el proyecto aprobado dos años antes en el Congreso, detuvo temporalmente el proceso legal de la adopción del acto legislativo que daría existencia al Estado federal de Panamá. En 1854 fue debatido de nuevo en el Congreso este acto, pero el golpe de estado del general Meló detuvo el proceso legal cuando ya había sido aprobado en el Senado e iba a pasar a la Cámara de Representantes. El doctor Justo Arosemena se preparó entonces para las sesiones de la Legislatura de 1855 con un opúsculo titulado El Estado federal de Panamá, que hizo publicar en la Imprenta de Echeverría Herma­nos. Se trataba de una historia del Istmo desde la perspectiva de su esfuerzo de largo aliento por convertirse en un estado federal, cuya intención era la de neutralizar las modificaciones que habían sido introducidas al proyecto original.

Una vez reinstalado el gobierno constitucional de la Nueva Granada con la ausencia del presidente Obando, quien debía afrontar el juicio de responsabili­dad por el golpe del general Meló, asumió la conducción del gobierno nacional el vicepresidente José de Obaldía, quien en el Congreso de la Nueva Granada había representado por varios años a la provincia de Panamá. En su mensaje al Congre­so de 1855 relató que los trabajos del Ferrocarril del Istmo estaban ya a punto de culminar, anunciando que una vez que estuviera en plena operación atraería un flujo de pasajeros, caudales y negocios de tal magnitud que sería necesario crear "una entidad territorial que comprenda el trayecto intermarino y las islas más cercanas" -la isla de Manzanillo, donde se estaba fundando la ciudad de Colón-, administrada "por un magistrado de su propia elección", legislatura propia y los funcionarios judiciales que fuesen necesarios. La perspectiva de apertura de un canal interoceánico presionaba también en esa dirección, pero sin necesidad de reformar la Constitución, ya que bastaría un simple acto legislativo que presenta­ría al Congreso este año (Obaldía, 1855).

Efectivamente, esta intención fue convertida en el acto legislativo adicio­nal a la Constitución -27 febrero 1855-, por el cual fue creado por fin el Estado "federal soberano" de Panamá. Este Estado dependería de la Nueva Granada en

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los asuntos de relaciones exteriores, ejército y marina, crédito nacional, naturali­zación de extranjeros, rentas y gastos nacionales, uso de los símbolos nacionales, tierras baldías, pesos y medidas oficiales. Todos los demás asuntos administrati­vos y legislativos pertenecían al Estado de Panamá, al igual que el sistema de adua­nas. Una asamblea constituyente de 31 miembros, elegidos por las cuatro provin­cias, aprobaría la constitución de dicho estado y elegiría al presidente. El artículo 12 de este acto legislativo facultaba a cualquier otra porción territorial de la Nue­va Granada a erigirse en estado federal mediante la aprobación de leyes expresa­mente dirigidas a tal fin. La ley del 24 de mayo siguiente precisó el tema de la administración de los negocios de la nación en el Estado de Panamá: para esos negocios, el Estado de la Nueva Granada consideraría a Panamá como provincia, y para los asuntos militares como un departamento. Las rentas de manumisión y papel sellado se convirtieron en estatales, y la nación le donó a este Estado las fortalezas de Panamá, Chagres y Portobelo, así como cuatro casas que habían servido de sede a las aduanas.

El 13 de mayo de 1855, el vicepresidente Obaldía convocó la apertura de la Asamblea constituyente del Estado de Panamá para el 15 de julio siguiente, inte­grada por 31 miembros que representarían a las provincias de Panamá, Veraguas y Chiriquí, pues la provincia de Azuero había sido suprimida por el Congreso el 9 de marzo anterior. El día indicado se reunió la mencionada Asamblea, eligien­do de inmediato a Justo Arosemena como jefe provisional del Poder Ejecutivo del Estado. Efectivamente, el 15 de julio de este año se instaló la Asamblea Constitu­yente del Estado de Panamá con los diputados de las provincias de Panamá Justo Arosemena, Bernardo Arce Mata, Bartolomé Calvo, Mariano Arosemena, José Arosemena, Joaquín Asprilla, Fermín Jované, Tadeo Pérez Arosemena, José Ma­ría Remón, Santiago Sandoval, Carlos Icaza Arosemena, Pablo Elias de Icaza y Ramón Vallarino; de Veraguas, Juan Bautista Amador, Manuel María Arosemena, Eustacio y Luis Fábrega, José Fábrega Barrera, Dionisio Fació, Santiago de la Guar­dia, José del Carmen Peña, José Melquíades Pinilla, Juan Manuel Pino y José Ig­nacio Rosa; y de Chiriquí, José de Obaldía, Agustín Jované, Lorenzo Gallegos y Juan N. Venero. El doctor Justo Arosemena fue escogido como jefe superior provisorio del Estado. La primera Constitución política de este Estado fue apro­bada el 18 de septiembre siguiente.

LA REPRESENTACIÓN DE 1861

Buenaventura Correoso expuso en 1886 su opinión acerca de que la guerra civil de 1860 fue el acontecimiento que marcó la tregua de los dos partidos en el Istmo y la institucionalización de la idea de que los males del Istmo provenían de "la tenaz y maléfica influencia extraña" de Colombia. Desde entonces, una cadena de incidentes protagonizados por la Guardia Colombiana estacionada en Panamá, sin que el Gobierno de Bogotá los castigase, se convirtió en una cadena de agra­vios que produjo en los istmeños "la convicción profunda de ser Bogotá, cabeza

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de la República, de donde han nacido todas las perturbaciones del orden que han tenido lugar en el Estado".

¿Quién no ha visto en todo el país cómo han manejado a su sabor los cír­culos bogotanos la llamada política del Istmo, dividiendo y subdividiendo allí los partidos, con el halago hoy a unos y mañana a otros, según convenía a sus planes? (Conté Porras, 1986: 258)

Con ocasión de la Guerra Civil de 1860-1861, en la ciudad de Santiago de Veraguas se reunieron sus notables el 21 de marzo de 1861, diez días antes del término de la Administración Ospina, para examinar "el trastorno de todos los negocios, que son consecuencia de la guerra que se están haciendo los partidos en el resto de la Confederación". Se consideró que todas las guerras civiles de la Nueva Granada habían sido funestas para el Istmo, cuyos habitantes eran arran­cados de sus trabajos "para ir a perecer en tierras extrañas, por causas que no comprenden ni les importan nada". En segundo lugar, la coerción de los emplea­dos nacionales contra el gobierno estatal, origen de "choques y pendencias entre los dos Gobiernos, o la sumisión del Estado al nacional, por cuanto éste dispone de mayores fuerzas". En tercer lugar, el pago de las contribuciones para sostener los dos gobiernos, el nacional y el estatal, "con gran detrimento de la industria de los pueblos". La novedad de esta reunión fue la consideración de "que un estado, aunque pequeño, puede figurar honrosamente como individuo en la familia de las naciones, siempre que respete estrictamente el derecho de todos los otros pue­blos y de sus ciudadanos, que administre pronta e imparcial justicia, y que abra sus brazos fraternales a todos los hombres honrados e industriosos de la tierra".

La consecuencia de estas consideraciones de los notables del departamen­to de Fábrega fue, explícitamente y por vez primera, la de que "el Estado de Pana­má se separe de la Confederación Granadina, y se organice completamente como un Estado aparte". Se aconsejó una "separación pacífica" y seguir contribuyendo al pago de la deuda exterior granadina. Se pidió al gobernador del Estado que convocase extraordinariamente la Legislatura estatal para resolver sobre esta pro­puesta, y se enviaron comisionados a los otros departamentos -Chiriquí, Colón, Herrera, Panamá y Soto- para promover la discusión que determinase "la deci­sión final de la suerte del Istmo". El acta de esta reunión, firmada por 151 vecinos, fue publicada en el periódico La Estrella de Panamá (1861).

El 31 de marzo siguiente se reunieron los vecinos de David, capital del departamento de Chiriquí, presididos por don José de Obaldía, para leer el acta de los santiagueros. Fue expuesta aquí una representación histórica sobre lo acon­tecido en el Istmo desde el 28 de noviembre de 1821 para demostrar que los conflictos civiles de la Nueva Granada no sólo habían empobrecido al Istmo sino además dividido en partidos políticos. Acogieron la idea de la separación pacífi­ca, "que más parezca un arreglo de familia, consentido sin odio ni dificultades". Aunque ya se habían experimentado todos los sistemas, "desde el centralismo riguroso hasta la federación", la prosperidad del Istmo sólo podría provenir de su autogobierno, de la confianza y de la paz.

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Quizás fue el doctor Obaldía quien expuso en esta reunión la contradic­ción fundamental del Istmo respecto de la Confederación Granadina:

Aún en la suposición de contar el Istmo con presidentes granadinos conocedores de sus intereses y bien dispuestos a favorecerlos, él estará siempre contrariado por la mayoría de los congresos, en fuerza de la singularidad de esos mismos intereses. Así que está en la naturaleza de las cosas que cuestiones vitales para el Istmo se pospongan en aquellos cuerpos a otras de carácter muy secundario que afecten a los estados del norte, del centro, etc., por la sencilla razón de que la diputación istmeña, siendo de número muy reducido, no puede contrapesar la influencia de diputaciones unidas, de una vasta sección de territorio y de una población infini­tamente superior a la de este país (Ricaurte, 1988: 52).

Había conciencia de que el Istmo tenía unos intereses singulares distintos a los de los demás estados de la Confederación, y de que su escaso poder de repre­sentación en este Estado nacional les impedía "abrigar fundadas esperanzas de adelantamiento social y político del Estado de Panamá en tanto que él figure unido a la Nueva Granada". La idea de la singularidad del Istmo respecto del resto de estados federales fue levantada aquí explícitamente, vinculándola además a "la frecuencia con que los partidos políticos de la nación apelan a las armas para decidir las cuestiones que los dividen", causa de paralización del comercio y de las industrias, "desconfianza en el interior, descrédito en el exterior, desmoraliza­ción, miseria", incremento de la deuda exterior, disminución de la inmigración de "extranjeros honrados y laboriosos". ¿Cómo evitar una invasión militar de la Nueva Granada llegado el caso de la independencia? La respuesta dada fue un vaticinio de lo que vendría: solicitando "el protectorado conjunto de los gobier­nos de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia", garantía de que el Istmo jamás sería "teatro de guerra de cualquier especie".

Concluidas estas consideraciones, 124 vecinos de David firmaron el acta que establecía su voluntad de separar el Istmo de la Confederación Granadina para que se organizara como "estado independiente", ojalá de manera pacífica, pero obte­niendo un protectorado conjunto de Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

una vez tomaua uogoía por ci ejercito uei generai iviosquera, ivianuei Murillo Toro fue enviado a Panamá para negociar con los istmeños la constitu­ción de los Estados Unidos de la Nueva Granada. Fue así como el 6 de septiembre de 1861 se firmó el Convenio de Colón por Murillo y Santiago de la Guardia, gobernador del Estado federal de Panamá. En calidad de estado soberano, Pana­má se incorporaría a una nueva entidad nacional que se denominaría Estados Unidos de la Nueva Granada, con las mismas condiciones establecidas en el tra­tado firmado en Cartagena, el 10 de septiembre de 1860, entre los plenipotencia­rios del Cauca y Bolívar. Adicionalmente, Panamá pidió para sí el derecho a la neutralidad en cualquier caso de "guerras intestinas, civiles o de rebelión que surjan en el resto de los Estados Unidos" de la Nueva Granada, adicional al dere-

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cho de neutralidad concedido al Istmo en el caso de guerras internacionales por el tratado firmado por los Estados Unidos con la Nueva Granada. Este derecho eximía a los panameños del pago de empréstitos forzosos en caso de guerra civil. Pero Panamá pidió además plena independencia de su Poder Judicial y de sus funcionarios, negándose admitir jurisdicción alguna de empleados nacionales en su territorio.

LA INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA DE 1855

En 1880 el Barón de Lessepps dio en el Istmo la primera palada para la apertura del canal interoceánico. "Las halagadoras esperanzas de porvenir lisonjero" que se le abrían a los istmeños les hizo olvidar la acción política, y las dos facciones liberales se unieron alrededor del presidente Dámaso Cervera. Pero dos años des­pués, la pugna entre las candidaturas para la presidencia de este Estado -Rafael Núñez y Pablo Arosemena- volvió a dividir a los istmeños, sobre todo porque el elegido fue Núñez. La elección de 1884 complicó las cosas porque Nuñez apoyó al candidato Juan Manuel Lambert a sucederlo contra la candidatura de Justo Arosemena, "el catón istmeño", produciéndose una tensión política tal que hubo que acordar una Convención para aliviarla y evitar la violencia, la cual eligió al general Ramón Santodomingo Vila. Buenaventura Correoso aconsejó neutrali­dad en la guerra civil que había iniciado el general Ricardo Gaitán Obeso, una política tradicional de los istmeños. Pero el general Santodomingo envió tropas al Cauca y a Cartagena, contrariando la tradición. Los reclutamientos de istmeños y los empréstitos siguieron, provocando el malestar general. Pablo Arosemena fue encargado del Estado cuando el general Santodomingo tuvo que marchar a Barranquilla, pero una insurrección militar lo obligó a renunciar porque se negó a declarar la neutralidad del Istmo en la guerra civil colombiana. El general Car­los A. Gónima, nuevo jefe civil y militar del Estado Soberano de Panamá, dictó el 26 de marzo de 1885 el decreto 3 que declaraba la neutralidad del Estado en la guerra nacional. Pero se negó a negociar un armisticio con el general Rafael Aizpuru, quien lo derrotó y se puso al mando del Estado. El desorden hizo que las tropas norteamericanas desembarcaran para proteger la línea del ferrocarril y tomaran Panamá, capturando a Aizpuru y entregándolo al cónsul norteamerica­no. Mientras tanto, la escuadra del almirante Jouett ejercía el control jurisdiccio­nal de las aguas entre Colón y Barranquilla. La situación se resolvió cuando en­traron las tropas del Cauca en Colón y Panamá, quedando el Istmo bajo su co­mandante, el coronel Miguel Montoya, quien puso en prisión a los colaboradores de Aizpuru. La lección del general Correoso fue clara: la tradición de neutralidad del Istmo tenía que ser respetada en el futuro, so pena de una nueva invasión norteamericana, y la causa de todos los males del Istmo tenía nombre propio: los gabinetes bogotanos.

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LA REPRESENTACIÓN ISTMEÑA EN EL CONSEIO DE DELEGATARIOS -1886

Invadido por las tropas norteamericanas y luego por las caucanas, a Panamá le fueron impuestos por Núñez sus representantes ante el Consejo de Delegatarios que firmó la carta de 1886 que terminó con los estados soberanos: Miguel Anto­nio Caro -quien nunca conoció el Istmo- y Felipe R. Paúl. Interpretada esta re­presentación como "degradante tutoría", los istmeños podían ahora compartir el sentimiento de agravio colectivo que les había infligido el gabinete de Bogotá. Este mismo año, el general Correoso repetía que "Panamá no puede ser regido por leyes exactamente idénticas a las de las demás porciones de la República, porque la índole del país, por razón de hábitos y otras exigencias de situación, le imprimen condiciones muy especiales, de completa desarmonía". En su opinión, Panamá requería "el prudente juicio de un gobierno propio, capaz de mantener a esa Babilonia de estos tiempos dentro de los límites sosegados de la unidad y concordia".

La Constitución de 1886 sometió -artículo 201- al departamento de Pa­namá directamente al Gobierno Central de Bogotá, y lo puso bajo la administra­ción de leyes especiales. Esta "degradante tutoría", como la denominó Correoso, se mantuvo hasta 1892, cuando el Congreso aprobó la Ley 41 - 3 de septiembre-que la derogó. La práctica de gobernar el departamento de Panamá con goberna­dores no nativos del Istmo intentó revertir las tendencias desintegradoras. Pero nunca se pensó en Bogotá que para ello hacía falta una representación histórica capaz de integrar a los istmeños en la nación colombiana, pues las medidas de policía y control requerían un soporte en el imaginario de las nuevas generacio­nes de istmeños que vinieron al mundo.

LA PROCLAMACIÓN DE 1903

El 3 de noviembre de 1903 se reunió el Concejo Municipal de Panamá para exami­nar la declaración de independencia del Istmo respecto de la "metrópoli colombia­na" que ese día había realizado un grupo de personas de esa capital, "con el beneplá­cito de los pueblos de su comprensión y de la ciudadanía". Después de un breve debate, se resolvió acoger la proposición de proclamar la independencia del gobier-

i „ „ , u ; " „ u „ „ l . , ^ „ „ , <-„ ; „ A; ui n 1„ ,„.,<-„ J „ i „ f „ i ; „ ; J „ J " 11U C U i U i i i U i d i i U , d U S U I U L d i ü C Ü L C i i i U i S p C Ü S d U i C p d i d Ü C g d i d i d i l i C L d UC i d i C Ü C i U d U .

También se acogió la propuesta de enviar un telegrama al presidente de los Estados Unidos, pues aunque la independencia contaba con el decidido apoyo del Istmo, también debería contar con "la protección directa de los Estados Unidos".

Al día siguiente, reunido nuevamente este Concejo Municipal, se expuso una representación histórica sobre lo acontecido en el Istmo desde el 28 de no­viembre de 1821, fecha en la cual, "por su propio estímulo y en espera de procu­rarse los amplios beneficios del Derecho y de la Libertad", el Istmo se había desli­gado de "los destinos de España y espontáneamente asoció su suerte a la de la Gran República de Colombia". Esa unión no había producido "los bienes que de ese acto se aguardaron", antes bien, el Istmo de Panamá había sido incesantemen-

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te agraviado en sus intereses materiales y morales por los gobiernos colombianos de las épocas de la Federación y del Centralismo, agravios que "en vez de ser atendidos y patrióticamente remediados por quienes debieran serlo, cada día se aumenta la cantidad y se agravan con persistencia y ceguedad tales, que han des­arraigado en los pueblos del Departamento de Panamá la inclinación que por pura voluntad tuvieron a Colombia" (Ricaurte, 1988: 64-65).

Colmada ya "la medida de las querellas y perdidas las esperanzas en el fu­turo", había llegado el momento de "desatar unos vínculos que los retrasan en cuanto tiende a la civilización, que ponen obstáculos insuperables al progreso y que, en suma, les produce infelicidad, contrariando y haciendo completamente nugatorios los fines de la sociedad política en que entraron, movidos por la nece­sidad de satisfacer la obligación de prosperar en el seno del Derecho respetado y de la Libertad asegurada". En consecuencia, el Concejo declaró su separación de Colombia y la constitución de una "República con gobierno independiente, de­mocrático, representativo y responsable que propenda a la felicidad de los nati­vos y de los demás habitantes del territorio del Istmo". Para comenzar el proceso de fundación de una "nueva nacionalidad, libre de poderes extraños", fue consti­tuida una Junta provisional de Gobierno integrada por José Agustín Arango, Fe­derico Boyd y Tomás Arias. Convocada la población de Panamá a cabildo abierto para sancionar este acuerdo, fue aprobado por unanimidad.

El mensaje que esta Junta provisional de Gobierno leyó, el 15 de enero de 1904, ante la Convención Nacional Constituyente, la reunión encargada de trans­formar el departamento de Panamá en una «república independiente, libre y so­berana» con "la universal aprobación del país", es una representación histórica acerca de la biografía de la nación panameña. El centralismo del régimen colom­biano fue presentado aquí como el responsable de la separación del Istmo, sin que el federalismo fuese exculpado. Las "facilidades comerciales" del Istmo no habían sido utilizadas bajo esos dos regímenes, de tal suerte que "el mal debía consistir en algo que se imponía sobre todos esos sistemas y prevalecía sobre ellos para desnaturalizarnos, en algo que realmente hacía sentir una influencia letal y entorpecedora". Ese mal era "la dependencia directa o indirecta de un poder ex­traño que jamás se puso en contacto con las necesidades del país o que las des­atendió de modo voluntario, persistente y criminal".

UNA HISTORIA INMEDIATA DE LA NACIÓN PANAMEÑA

Ramón Maximiliano Valdés publicó en 1903 el primer ensayo histórico sobre La independencia del Istmo de Panamá, sus antecedentes, sus causas y sus justificacio­nes. Anticipándose a todas las representaciones históricas de este acontecimiento que fueron escritas durante el siglo XX, las clasificó en dos grupos:

Las que lo atribuyen a unos cuantos especuladores interesados en las ac­ciones de la empresa del canal, aduciendo que la voluntad popular era ad­versa a la separación.

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Las que atribuyen su autoría al gobierno de Roosevelt, como venganza por el rechazo del tratado Herrán-Hay por el Congreso colombiano.

Pero el acontecimiento del 3 de noviembre, en su opinión, fue simplemen­te "el desenlace lógico de una situación ya improrrogable, la solución de un pro­blema gravísimo e inquietante, la manifestación sincera, firme e irrevocable de la voluntad de un pueblo". Expuso entonces una representación histórica de los cinco hitos del fortalecimiento de la posibilidad de existencia independiente frente a la opción rival;

1830: Junta de Panamá, presidida por el general Espinar, que acordó sepa­rarse "del Gobierno de Bogotá" y pedir que El Libertador condujese la Re­pública. 1840: Pronunciamiento del 18 de noviembre a favor de la independencia del Istmo. El 18 de marzo de 1841 se firma la Ley fundamental del Estado del Istmo, dispuesto a integrar la Nueva Granada si ésta adoptaba el régi­men federal. Acto legislativo del 27 de febrero de 1855 que creó el Estado federal de Panamá. Pronunciamiento del 27 de septiembre de 1860, encabezado por el general Buenaventura Correoso, contra el agente del presidente Ospina -el inten­dente José Marcelino Hurtado- que intentaba romper la neutralidad de Panamá en la guerra civil. Pronunciamientos de 1861: Santiago de Veraguas, etc. Negociaciones de Murillo Toro y Santiago de la Guardia -Convenio de Colón, 6 septiembre de 1861—. Negativa del Congreso a aprobar el tratado Herrán-Hay. Declaración de independencia - 3 de noviembre de 1903-.

Esta representación demostraba que "la tendencia separatista" se había "transmitido con fuerza de tradición casi secular, de generación en generación [...] y que a ella consagraron devoción entusiasta los istmeños más conspicuos de todos los tiempos". La idea de una intervención extraña en la separación definiti­va debía excluirse.

Sin quererlo, Valdés también registró los hitos en los que se había fortaleci­do la posibilidad de que el Estado colombiano mantuviera a los istmeños como parte de la nación colombiana:

La acción continental de El Libertador en 1821, cuyo carisma bastó para incorporar a las dos provincias que formularon el proyecto hanseático: Panamá y Guayaquil. La acción combinada de José de Obaldía y Justo Arosemena en el Congre­so de 1855, causa de la concesión del régimen federal al Istmo.

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El artículo 201 de la Carta de 1886 que sometió al departamento de Pana­má directamente al Gobierno central y administrado "con arreglo a leyes especiales". Esta disposición duró hasta 1892, cuando el Congreso aprobó la Ley 41 -3 de septiembre - que la derogó.

Esta representación histórica sobre la existencia de la nación panameña, expuesta justo en el mismo momento en que proclamó su existencia como per­sona jurídica constituida por la libre voluntad de los istmeños, contrasta con las primeras historias de la nación granadina, publicadas hacia 1850 -Joaquín Acosta y José Antonio de Plaza-, es decir, dos décadas después de la proclamación de su existencia jurídica. Esa simultaneidad de la proclamación jurídica de la nación panameña y de la exposición histórica de su biografía previa, constituida por un conjunto de experiencias históricas que habrían marcado el derrotero de su exis­tencia independiente y separada de la nación colombiana, es el hecho que marca la singularidad de la nación panameña de nuestros días.

ANEXO 1

CRONOLOGÍA BÁSICA DE LA BIOGRAFÍA DE LA NACIÓN PANAMEÑA

10 de noviembre de 1821: Acta de independencia de la villa de Los Santos. 28 de noviembre de 1821: Acta de independencia de Panamá y adhesión a Colombia porque sus "glorias militares y grandes hombres le prometían honor, libertad y dicha". 13 de septiembre de 1826: Acta de Panamá anunciando la intención de convertir el Istmo en un país hanseático. 9 de julio de 1831: Pronunciamiento de Panamá a favor de un cuarto esta­do de la Confederación Colombiana. 18 de noviembre de 1840: Pronunciamiento de Panamá a favor de la "in­dependencia absoluta del Estado del Istmo, o unión al resto de la Nueva Granada bajo un gobierno de forma federal". 18 de marzo de 1841: En asamblea constituyente se aprueba la Ley funda­mental del Estado del Istmo, independiente y soberano, manteniéndose la disposición a seguir siendo parte de la Nueva Granada si ésta se daba una organización federal de estados, pero anunciando que "en ningún caso se incorporará el Istmo a la República de la Nueva Granada bajo el sistema central". 27 de febrero de 1855: Acto legislativo adicional a la Constitución, por el cual se crea el Estado federal soberano de Panamá. 21 de marzo de 1861: Acta del vecindario de Santiago de Veraguas a favor de la independencia respecto de la Confederación Granadina. 31 de marzo de 1861: Acta del vecindario de David a favor de la indepen­dencia respecto de la Confederación Granadina.

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6 de septiembre de 1861: Convenio de Colón, firmado por Murillo Toro y Santiago de la Guardia, por el cual el Estado de Panamá se incorpora a los Estados Unidos de la Nueva Granada con una serie de condiciones a favor de su independencia. 1885: Toma del Istmo por las tropas norteamericanas y apresamiento del jefe militar del Estado de Panamá. 3 de noviembre de 1903: Un grupo de notables panameños proclama la independencia del Departamento de Panamá respecto de Colombia. 3 y 4 de noviembre de 1903: Actas del Concejo Municipal de Panamá pro­clamando la independencia del Istmo respecto de Colombia. 18 de noviembre de 1903: Convención firmada por Bunau-Varilla con el gobierno de los Estados Unidos para la construcción del canal interoceánico, obligándose los Estados Unidos a garantizar la independencia de Panamá. Ratificada por el Gobierno Provisional el 2 de diciembre siguiente.

BIBLIOGRAFÍA

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Informe y documentos relativos a la conspiración del 29 de octubre de 1850 en Panamá. GNG, No. 1171. 17 de noviembre de 1850.

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